La deuda de los negociados K en Venezuela con la justicia parece irrecuperable

Curiosamente, y a diferencia de otros contratos con empresas argentinas para apoyar proyectos de infraestructura y productivos en Venezuela que nunca llegaron a concretarse, la implantación de la Televisión Digital Abierta (TDA) tuvo un desenlace que parecía feliz: el 20 de febrero de 2013, actuando como presidente encargado mientras Hugo Chávez no tenía ni dos días de haber regresado de La Habana para morir en el Hospital Militar de Caracas, Nicolás Maduro puso oficialmente en marcha lo que calificó como la “primera fase” del sistema TDA. Un acuerdo con costos por 120 millones de dólares en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Argentina y Venezuela, sirvió para que en apenas siete meses a los hogares más humildes llegaran antenas, decodificadores y teléfonos celulares que permitían el acceso a una señal de televisión mucho más estable que la analógica, todo de forma gratuita para los usuarios.

El negocio tuvo como beneficiarios a los empresarios argentinos Juan José Levy y Pablo Rubio. Pero, como luego se descubriría, la iniciativa había encubierto un esquema distorsionado de sobreprecios y triangulación de productos, desvío de fondos y participación de empresas sin ningún tipo de experiencia. Ya en mayo de 2017 se daban detalles sobre este proceso judicial en Armando.Info.

La novedad no es solo que el caso permanezca sin resolver a estas alturas. Lo llamativo es la suerte dispar que tuvieron Levy y Rubio en el proceso. Mientras que el primero está siendo investigado por las irregularidades en los contratos -una circunstancia que probablemente quede en suspenso con la profunda reforma que el nuevo presidente Alberto Fernández ha anunciado para la justicia argentina-, el segundo no enfrentó ningún procedimiento judicial. Toda una curiosidad si se toma en cuenta que son muchos los nexos entre ambos y que lleva a pensar que Rubio contó con la protección o de la Providencia o de alguna otra instancia.

El esquema

Según recoge la agencia de noticias argentina Telam, Juan José Levy y Pablo Rubén Rubio estuvieron presentes en un encuentro en la sede diplomática que organizó el entonces embajador de Argentina en Venezuela, Carlos Cheppi, el 21 de febrero de 2013 en Caracas. La reunión se llevó a cabo un día después de la inauguración del sistema TDA y también contó con la asistencia del entonces ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido. Este exfuncionario kirchnerista aparece en diversas causas de corrupción en la Argentina y actualmente se encuentra privado de libertad luego de que la justicia lo condenara por su responsabilidad en un accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, donde murieron 52 personas. Pero además fue una especie de Supra embajador de los negocios argentinos en Venezuela. Levy es allegado a De Vido.

“Un importante número de empresas argentinas mantienen conversaciones con las autoridades venezolanas con el objetivo de incrementar sus exportaciones y para instalar sus plantas en el país caribeño, en el marco del proceso de transferencia de tecnología acordado por ambos países”, se lee en la bajada de la nota de Telam sobre aquel encuentro. 

La agencia señala que el representante de la empresa Novatech Solutions S.A., Pablo Rubio, aseguró que la firma exportó 200.000 decodificadores de manera directa y otros 100.000 kits desarmados para la puesta en marcha de la TDA. Además, dijo que en abril de ese año iban a empezar la instalación en Venezuela de la maquinaria necesaria para el ensamblaje de ese último lote de decodificadores. 

Pero Venezuela debía comprar aún más decodificadores si pretendía beneficiar al 50% de la población a través de este sistema, tal y como se había prometido. Según aseguraron las autoridades venezolanas en la cadena de radio y televisión de ese 20 de febrero de 2013, se disponían a distribuir 600.000 decodificadores en total. Si habían comprado a Novatech, el proveedor argentino, 300.000 decodificadores, ¿de dónde saldrían los demás? 

En esa misma nota de prensa se recogen las palabras de Juan José Levy, que representaba públicamente a Laboratorios Esme S.A., una compañía que fabricaba productos de higiene personal y aseo. Aunque Levy habló con Telam sobre la instalación de una planta en Venezuela para la producción de ese tipo de insumos. Pero se sabe que a través de otras de sus empresas, Bleu Tel y Corporación Gulfos, vendió decodificadores para este proyecto y con sobreprecio. 

A esa conclusión llegó la justicia argentina al analizar los contratos que hicieron las tres compañías vinculadas a Levy con Venezuela. La información fue confirmada por una fuente de Conatel con quien Armando.Info conversó. En la causa judicial se dice que las mercaderías vendidas, como también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme Saic, Bleu Tel S.A. y Corporación Gulfos S.A., fueron contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas argentinas a otros países o en relación con similares productos vendidos por otras empresas a Venezuela o a otros Estados. 

Por ejemplo, la justicia argentina comparó modelos de decodificadores comprados desde la nación austral a la empresa china Sichuan Changhong Network Technologies al costo de 30 dólares a precio de venta detal. Los que aparecían en los contratos investigados que la Corporación Gulfos vendía a Cantv (Venezuela) alcanzaban los 77 dólares por unidad (en una venta cuantiosa, de 275.000 unidades), sin incluir costos adicionales como el seguro y el flete. Los montos en los que se fijaron estos últimos también fueron considerados por la investigación con sobreprecio. Mientras que la misma empresa china tasó el flete y seguro de sus decodificadores vía marítima hasta Argentina a menos de un dólar por unidad; Corporación Gulfos fijó las tasas a Venezuela vía aérea en 19,85 dólares por unidad, y en 10,15 dólares por vía marítima. 

Mismo caso con la segunda empresa. Un contrato entre Bleu Tel y Cantv para la venta de 150.000  decodificadores ya ensamblados provenientes de China estipulaba que el pago total sería de un poco más de 11,8 millones de dólares, a razón de 78,80 dólares por unidad. Ese monto representa casi el doble de lo que la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que se encargó de los decodificadores en la puesta en marcha de TDA en Argentina, pagó por ellos a la misma fábrica asiática. En el caso de los fletes el precio inflado sería también de escándalo. Mientras que UTE pagó cerca de un dólar por cada decodificador transportado, Bleu Tel habría cobrado entre 7 y 15 dólares. 

Lazos de familia

La investigación judicial estableció nexos entre las familias de Levy y de Rubio. Aunque el propio Pablo Rubio no se mencione en el documento de 226 páginas emanado del Poder Judicial de Argentina, sí figuran su esposa, Marcela Carolina Paz, y su hermano, Julián Francisco Rubio. Este último procesado y señalado como accionista menor y director suplente de la empresa Corporación Gulfos, perteneciente a Levy. Gulfos está vinculada a su vez con otra empresa: Frolem Corporation LC.

Frolem Corporation fue, en su momento, accionista mayoritaria de Gulfos. Apareció en los llamados Panama Papers como una empresa offshore registrada en Nevada, Estados Unidos, asesorada por el estudio Mossack Fonseca. De acuerdo con los documentos de esa masiva filtración procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), Juan José Levy fungía en la empresa como intermediario y los accionistas eran Gabriel Znidardic y las firmas Kastel Limited y Sunlead Enterprises Inc. En la investigación que dirigió la fiscalía en su contra se sugiere que Frolem sería la pieza clave en un mecanismo pensado por los empresarios para dar apariencia de origen lícito al dinero que provenía de los diversos contratos que se hacían a través de las empresas argentinas. 

El otro vínculo que aparece en este entramado es el de Frolem Corporation con Marcela Carolina Paz. Frolem, representada por Miguel Álvaro Romero, suscribió dos contratos de mutuo acuerdo con Paz, por un total de 80.000 y 50.000 dólares en efectivo, para invertir en el mercado de bienes raíces de Argentina. Al no declarar esos 130.000 dólares en efectivo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina, habría incurrido en evasión fiscal. 

Pero la relación no termina allí. En la base de datos de los Panama Papers figura Marcela Paz como intermediaria de la empresa Dockland Properties, ubicada en Islas Vírgenes Británicas. Julián Rubio, además de ser su cuñado, presidió la sociedad de bienes raíces Dockland Argentina, la que se presume es hermana gemela de la anterior. Otros dos Rubio también aparecen relacionados con esta última: Carolina y Rubén José. 

En un reportaje del diario argentino La Nación se recoge la versión según la cual el FPB Bank, un pequeño banco panameño, encendió las alarmas luego de analizar movimientos de 40 millones de dólares vinculados con Levy; con su esposa, María Julieta Ratto; y con sus socios de otra empresa llamada Grupo Núcleo: la familia Rubio y Maximiliano González Kunz. La entidad, según refiere el artículo, estudia si las operaciones bancarias relativas a ese dinero, provienen de intercambios entre la estatal venezolana Cantv y la firma Dockland Properties. Por este caso, según reporta Infobae, Levy está siendo procesado en Panamá. 

Finalmente aparece una tercera sospechosa: Sunblaze Foundation. Creada en Panamá en marzo de 2014 tiene a Levy como intermediario. Señala La Nación que fue una de las investigadas en Panamá tras la alerta del FPB Bank. 

No parece casual que justamente las empresas escogidas por Cantv para la compra de decodificadores sean las de Levy y la de Rubio. Algunos de los nexos se pueden ver en esa investigación. Lo que sí es extraño es que a pesar de tantos vínculos entre ambos sea solo el primero quien tenga una extensa y minuciosa investigación en su contra. Uno está siendo procesado por la justicia argentina y aparezca en medios de comunicación nacionales e internacionales por las irregularidades relacionadas con sus empresas -el abogado de Levy se negó a conversar con Armando.Info alegando que no quiere afectar el juicio de su cliente- y el otro, incluso, continuó haciendo negocios con el Estado argentino.  

Un Rubio silencioso

Tanto como relacionarse y hacer negocios, Pablo Rubio sabe esconderse. La única foto que aparece en internet es la que se encuentra bajo este párrafo, cedida por la web minutodecierre.com. Desde ese portal confirmaron que la fotografía proviene de Migraciones y se pudo comprobar la veracidad de la información al contrastarla con la fotocopia del pasaporte del empresario de Novatech. 

De resto, no hay más imágenes de quien pudiera calificarse como un empresario “exitoso”, lo que refuerza la idea de que Rubio contrató servicios para limpiar su reputación y borrar trazas de su imagen en la web, tal como lo afirmó la prensa argentina, que aseguró que Rubio pagó hasta millón y medio de dólares por un servicio de limpieza de imagen a La Agencia de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, dos importantes consultores y publicistas argentinos.

Se especula que esa limpieza de reputación habría influido en que Novatech y otras empresas vinculadas a Rubio (y a Levy) volvieran a participar en la licitación para la venta de computadoras en un plan estatal argentino llamado Conectar Igualdad. Este fue un programa que lanzó en el año 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de reducir la brecha digital en Argentina. Consistía en entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, educación especial y de formación docente, y aunque el plazo original era de tres años se extendió y continuó incluso durante el mandato de Mauricio Macri hasta que en 2018 se reemplazó por Aprender Conectados. 

El programa era financiado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, y una de las premisas era que las compras se hicieran a empresas argentinas para impulsar la economía nacional. De esta forma quienes determinaban el precio conveniente para la compra de netbooks eran todas empresas locales. Durante el kirchnerismo las empresas PC Arts, Grupo Núcleo y Novatech, entre otras, participaron y ganaron.

Pero durante el gobierno de Macri se determinó que el precio en el que se venían comprando los artefactos era sobrevaluado. Una vez que desde el Ejecutivo amenazó con comprar las netbooks a empresas foráneas, las licitaciones bajaron casi a la mitad. Esto quiere decir que las mismas empresas que ofrecieron y vendieron equipos tasados cada uno en 500 dólares, durante el kirchnerismo, redujeron su precio a 250 dólares por unidad, ante la posibilidad de perder la cotización a manos del mercado internacional. 

¿Qué pasó después?  En 2017 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Ministerio de Educación y Deportes a través de su sociedad del estado, Educar, realizó la licitación para la compra de 450.000 netbooks del Programa Conectar Igualdad. De acuerdo con un informe de la jefatura de gabinete de ministros de Argentina, se presentaron once ofertantes cubriendo los 22 lotes para adquirir las casi medio millón de netbooks. “El modelo es la nueva versión del entregado el año pasado. El Ministerio de Educación y Deportes pagará un estimado entre U$D225 y U$D230 por computadora”, refiere el documento. 

Allí se señalan los once ofertantes, de los cuales ocho fueron seleccionados para la adjudicación. Figuran de nuevo Grupo Núcleo, Novatech y PC-Arts (con el nombre de Bangho), además de Newsan S.A, Coradir S.A y Positivo BGH.  

Sólo durante 2014, PC Arts, Grupo Núcleo y Novatech le vendieron notebooks a la Anses por 890 millones de pesos argentinos -112 millones de dólares-  incluyendo el servicio técnico. La primera de las empresas vendió 47.000 unidades, al igual cantidad que la segunda cuya cotización eran 82 pesos menor ( 4.094 pesos -511 dólares-y  4.012 pesos -502 dólares- respectivamente). Mientras que Novatech vendió 124.000 netbooks a 4.101 pesos -512 dólares- cada una. La conclusión es casi obvia: las empresas vinculadas con Rubio y Levy habrían competido falsamente entre sí, alzándose con un negocio grande. 

En 2017, aunque a mitad del precio, el negocio de las tres continuó. Armando.Info intentó contactar varias veces a Rubio a través de Novatech, pero se informó cada vez que estaba de viaje. 

Los privilegios de Argentina

El proyecto de Televisión Digital Abierta o Televisión Digital Terrestre fue asignado a la antigua Investigaciones Aplicadas, que hoy se llama INVAP Sociedad del Estado. La empresa estatal argentina se dedica al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Ya había desarrollado el proyecto de TDA en la nación austral. 

Pero éste no era el primer contrato jugoso que hacía la estatal con Venezuela. Poco después de la creación del convenio binacional en 2004, INVAP llevó adelante un proyecto con el Ministerio de Salud venezolano que consistió en la construcción y equipamiento de 19 centros de radioterapia en el país. Diez años más tarde, Venezuela le pagaría por el mantenimiento y actualización de esos mismos centros, misión que se vio interrumpida por la crisis venezolana. 

Documentos y resúmenes de gestión de INVAP dan cuenta de que desde 2012 la compañía se desempeñó como contratista principal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) en la instalación y puesta en marcha de las trece estaciones de Televisión Digital para la venezolana Cantv. 

El 15 de marzo de 2012 Da Vido, por Argentina, y Jorge Arreaza, por Venezuela, firmaron un “Convenio de Cooperación para el Intercambio de Experiencias y la Implementación de Acciones Conjuntas en Materia de Políticas Públicas de Inclusión Digital, Telecomunicaciones y Contenidos Educativos y Culturales”. Días más tarde, el 29 de marzo de 2012, se legalizó el “Contrato Sistema de Televisión Digital Terrestre entre la empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima- Arsat y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv)” con las firmas de Néstor Pablo Tognetti, presidente de Arsat, y Manuel Fernández, por Cantv. (Ver documentos). 

El documento enumera las 33 cláusulas del acuerdo. En la octava, titulada Contraprestación se señala que “el monto máximo de contraprestación a favor de LA CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, pagaderos con recursos provenientes del Fideicomiso del Convenio Integral de Cooperación suscrito con la República de Argentina, es la cantidad fija de Veintiún Millones Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Siete Dólares ($ 21,128,407.00)”. A través de tres adendos se fijó el monto final de 25,578,407.00 de dólares, más la cantidad de hasta otros dos millones de dólares que corresponderían al equipamiento de la estación cabecera y telepuerto de los mismos para un total.

Ese monto, que es de la primera fase del sistema, ejecutado por Arsat, no incluía el costo de los decodificadores, según se pudo comprobar en el listado de entregables que refieren los contratos. Solo la instalación de las trece estaciones de transmisión, con todos sus equipos. 

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología del año 2012 se menciona la adquisición por parte de Venezuela de una cantidad de receptores, aunque no especifican el origen de todos:

Adquisición de partes y piezas, e instalación de una línea piloto de ensamblaje de 650 decodificadores en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez de La Carlota.

Ensamblaje de 100.000 decodificadores en Brasil para la transferencia tecnológica y de conocimientos al equipo técnico venezolano, ejecutado por Telecom Venezuela C.A. 

Adquisición 300.000 decodificadores Semi Knocked Down (SKD) para ser ensamblados en Venezuela.

Ensamblaje de 600 decodificadores SKD en Venezuela como parte de la prueba piloto de la línea de producción nacional 

Contratación de la línea para el ensamblaje de los decodificadores SKD en Industrias Canaima, adquiridos a los proveedores argentinos y brasileños, así como el decodificador desarrollado por el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones.

La premura por la expansión del sistema de TDA y la presión para que se compraran los decodificadores a empresas argentinas, se llevó por delante el esfuerzo de ingenieros venezolanos que venían trabajando con Brasil en el desarrollo de receptores muy avanzados. 

En 2010 los ingenieros venezolanos del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit), impulsados por la Comisión para el Despliegue de la TDT en Venezuela, fueron al Centro de Referencias de Tecnologías Innovadoras (Certi) de Brasil en el marco de la cooperación con ese país que se había firmado para la transferencia tecnológica para el diseño y fabricación de un decodificador venezolano. Se ideó un modelo original y único, con tecnología nacional pero con microprocesador extranjero (suizo).

De entre las ventajas de este equipo, pensado en la tecnología televisiva venezolana, se cuenta con que el usuario tenía la posibilidad de acceder a las señales de TDA, de Cantv Satelital, la TV de Red de fibra óptica y el ABA de Cantv a través de un mismo equipo. Otro de los elementos diferenciadores del equipo tiene que ver con el ahorro y uso eficiente de la energía.

Dos meses antes de la culminación de la primera fase del proyecto, el 1 de noviembre de 2012, a la salida de una reunión con representantes del gobierno brasileño, encabezada por el entonces Canciller Antonio Patriota, el Presidente Chávez mostró el prototipo del corazón de un decodificador de TDT, desarrollado por el Cendit.

El 28 de diciembre de 2013, en el acto de inauguración de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (TVFANB), el entonces ministro Fernández dio cuenta del estatus del proyecto TDA al presidente Nicolás Maduro.  “Al día de hoy, en este momento en que estamos hablando, hay 18 estaciones al aire, los 18 puntos más poblados de nuestro país, que suman en torno a 53-54% de la población, tienen transmisión”, dijo con respecto a la señal TDA. 

Incluye en este resumen también información relacionada con los decodificadores aunque él los llama receptores. (Ver video) Allí explica que fueron desarrollados a lo largo del último año y medio, por “científicos venezolanos que están en La Carlota, del Cendit, con Brasil, en la alianza que tenemos con Brasil”. 

“Hemos producido los desensamblados que ensamblamos aquí de Argentina, en Industrias Canaima (…) hemos producido 72.000 receptores. En los hogares de Venezuela, el día de hoy hay 362.000 hogares que tienen un receptor. De ésos, 72.000 fueron ensamblados por manos venezolanas y lo disfrutan familias venezolanas”. 

Esto quiere decir que años de esfuerzo y de intercambio tecnológico con Brasil concluyeron con el ensamblado de solo 72.000 aparatos. La posibilidad de fabricar más receptores “venezolanos” se acabó precisamente porque debido a los altos volúmenes de compra de decodificadores a empresas argentinas, la compañía suiza que fabricaba los microprocesadores culminó el tiraje de los aparatos venezolanos y se abocó a fabricar únicamente los de las empresas chinas, subcontratadas por las argentinas, sin saber que todos iban a culminar en el país caribeño. 

El plan original para darle cobertura televisiva digital a la población venezolana contaba con tres fases. En la primera se crearon 13 estaciones transmisoras y en la segunda, desarrollada en 2013 e inicios de 2014, se sumaron 9 más y así se alcanzó a 22 estaciones con sus transmisores desplegadas. Esto permitió alcanzar una cobertura del área donde se concentraba casi un 60% del total de la población. Para que las familias pudiesen tener acceso al servicio precisaban de un decodificador. Documentación emanada de Cantv a la que Armando.info tuvo acceso señala que hasta el 17 de junio de 2014 se había repartido 424.675 decodificadores en todo el país. Para fines de ese año el monto ascendía a 500.000, de los cuales 350.000 habían sido ensamblados en Venezuela. Entre esos últimos se cuentan los 72.000 que se hicieron entre Brasil y Venezuela. La tercera fase, que empezó en 2015, tenía como meta instalar 17 estaciones más de las cuales solo se lograron ocho. 

Desde el colapso económico de Venezuela, la tecnología dejó de ser prioridad y se frenaron todos los proyectos relacionados con la ampliación de la TDA. Hoy se estudia la televisión satelital como una forma más eficiente y económica de llegar a más hogares en menos tiempo. Venezuela, que tiene en órbita tres satélites, pudiera aprovecharlos para alargar la señal televisiva sin necesidad del mantenimiento de las estaciones transmisoras que tanto dinero le costaron al tesoro nacional.