La construcción frustrada de la soberanía farmacéutica

Era la cuarta vez que su hijo convulsionaba por no tener el medicamento. El jarabe Valpron -que solo cuesta 7 bolívares- evita que su cuerpo se sacuda de forma rápida e incontrolable a causa de su enfermedad. Pero no se consigue. Ángel Toro, de la farmacia La Floresta –ubicada en el municipio Guacara, estado Carabobo-, fue uno de los portadores de la mala noticia: “No tengo nada para la epilepsia”, recuerda haberle contestado al padre desesperado. Es uno de los casos que más han conmovido en lo que va de año a este vendedor, que responde de forma similar a quienes acuden a su local en busca de antigripales, multivitamínicos, antihipertensivos, desparasitantes, anticonceptivos. De todas las ramas, dice. No sabe que a pocos kilómetros de su negocio debía construirse un Complejo Farmacéutico Socialista destinado a abastecer a toda Venezuela y a los países de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (Alba). Ni que en Mérida, Miranda y Anzoátegui se ubicarían otras fábricas de medicamentos, que, como las de Guacara, jamás se concretaron.

El expresidente, Hugo Chávez, prometió, entusiasta, que en el país habría soberanía farmacéutica. Pero eso no se cumplió: cuatro complejos farmacéuticos -impulsados por el Ministerio de Salud (Mpps) mediante convenios internacionales- no se construyeron, aun cuando el Gobierno nacional firmó acuerdos con empresas extranjeras y aprobó recursos para su ejecución. La planta de medicamentos de una universidad (que solía fabricar, entre otros, los anti-convulsionantes que aquel padre urgido buscaba en la farmacia de Guacara) pasó a manos del Estado en 2010 para la recuperación de su producción, lo cual tampoco se cumplió.

Toro, por eso, arruga la cara cuando le hablan de estos proyectos. Tras dos meses sin recibir medicamentos para la hipertensión –la primera causa de muerte en Venezuela-, le llegaron apenas 24 unidades. “Y eso, por supuesto, se lo quiere llevar una sola persona, pero uno lo vende racionado”. Incluso recibe, a veces, solo dos unidades de otros medicamentos.

La llegada de un cliente interrumpe su explicación, pero es una escena que ilustra lo que viene relatando: Toro toma el récipe y descarta uno por uno los antibióticos allí apuntados. El joven se lleva las manos a la cabeza: es la octava farmacia que visita en el día.

En Caracas, nadie declara sobre las plantas farmacéuticas en la cartera de Salud. El cambio de gestión, luego de la designación de la ministra Nancy Pérez el 2 de septiembre de 2014, está en proceso y los nuevos funcionarios desconocen los proyectos, dijo Alejandro Cabrera, del departamento de Comunicaciones del ministerio.

Mientras tanto, la Federación Farmacéutica Venezolana estima este mes un déficit de 60% en Caracas y 70% en el interior del país. Ello en un contexto en que el acceso a los medicamentos aún depende de las importaciones en tiempos de escasez de divisas -reconocida por el Gobierno nacional, tras el desfalco de más de 30 millones de dólares al Estado venezolano a través de empresas de maletín-. Las fábricas que garantizarían el abastecimiento interno de medicinas desde 2012 –de acuerdo con declaraciones de la ex ministra de Salud, Eugenia Sader- aún no existen. La asociación internacional para estos fines no funcionó.

La botica del Alba

Durante la transmisión número 329 de Aló Presidente, el entonces mandatario Hugo Chávez admiraba la maqueta del Complejo Farmacéutico Socialista, propuesta para promover la soberanía farmacéutica. Durante la transmisión del programa, grabado en las instalaciones del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) el 3 de mayo de 2009, Chávez explicó que el proyecto del Complejo se ubicaría en un terreno de 20 hectáreas en el municipio Guacara del estado Carabobo y sería capaz de abastecer a los países del Alba –Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas-.

El entonces ministro de Salud, Jesús Mantilla, y el jefe de proyecto, Fernando Urbano, mencionaron algunos de los medicamentos a producir: antibióticos cefalosporínicos y penicilínicos –de gran consumo en el país-, medicamentos inyectables, insulina, fluidoterápicos, líquidos estériles, sólidos no estériles. Estos últimos, por ejemplo, para enfermedades como la malaria, tuberculosis y Mal de Chagas. También hablaron de un centro de formación para capacitar profesionales farmacéuticos dentro del complejo.

- ¿En cuánto tiempo vamos a construir esta maravilla? - preguntó Chávez.

 -Para que vea, mi comandante, anoche cuando estábamos hablando, ya le dimos prioridad a la planta de antibióticos cefalosporínicos-, contestó Mantilla.

-Pero, ¿no hay un tiempo? - insistió el mandatario.

- Sí, esto nosotros planteamos elaborarlo…-, dijo el ministro mientras señalaba una de las plantas.

- En todo, Mantilla, en todo, ¿cuántos años?

- Tres años, mi comandante.

La promesa fue empezar la primera fase en julio y culminar una de las plantas en los siguientes ocho meses. Chávez pidió, para acortar los tiempos, trabajar varias etapas de manera simultánea. “¡Porque, sino, tardamos diez años!”.

Seis años después, a finales de 2014, el terreno está cubierto de vegetación, de una maleza tan alta que casi oculta por completo la valla que indica que ese espacio es propiedad de la misión barrio adentro, adscrita al Mpps. No hay Fábricas. Ninguna señal de tecnología.

Nadie en los alrededores conoce el proyecto, a excepción de una señora mayor que vende empanadas. Hace años, recuerda, fueron algunas personas a informar que en ese lugar se levantarían unos almacenes para medicamentos. “Hicieron una limpieza y no volvieron”, cuenta.

La empresa encargada de los primeros trabajos fue Oficina Técnica 1854, que, según el Registro Nacional de Contratistas, cumplió en 100% con sus contratos de levantamiento topográfico, deforestación, limpieza de terreno y estudios geotécnicos. Fueron las únicas labores concretadas antes de que la obra se paralizara tras la salida del ministro Mantilla, según José Mur, vocero de la empresa. “Había una valla del proyecto, pero la mandaron a quitar cuando se paró todo”, dijo.

Cinco años atrás, Chávez pidió a Mantilla que se comprometiera a cumplir, antes de aprobar el financiamiento del complejo farmacéutico. “Muchas veces se aprobaron recursos para programas que no tenían el proyecto ya elaborado, ¿eh? Y en eso estamos ahora siendo sumamente exigentes (…) Bueno, te voy a aprobar, por supuesto, lo de 2009, que son 86 millones de bolívares”. Informó entonces que los fondos provenían de los dividendos de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv) y que el costo total del proyecto era de 60 millones de dólares aproximadamente.

La ex ministra Sader retomó en 2011 el tema de la fabricación de medicinas. No hizo alusión –ni ella ni nadie- a la propuesta de 2009. Dijo que Venezuela produciría medicamentos en 2012 en tres plantas construidas mediante convenios internacionales con Colombia, Cuba y Portugal. La Memoria y Cuenta del Mpps de ese año menciona un proyecto de la empresa farmacéutica colombiana Vitalis para el levantamiento de dos plantas de antibióticos, una de liofilizados y otra de carbanemens, en Guacara. Se firmó un convenio de asociación con un costo de 38 millones de dólares por ambas fábricas (10 millones por concepto de transferencia tecnológica).

El informe ministerial del año 2012 estimó la edificación del galpón de cabanemens para septiembre de 2014. Una solicitud de entrevista fue enviada al grupo farmacéutico Vitalis-Vitrofarma, pero hasta la fecha no hubo respuesta. Toro, quien lleva 15 años trabajando en la misma farmacia, desconoce, como otros vecinos guacareños consultados, sobre alguna construcción de ese tipo. Ni siquiera el Colegio Farmacéutico de Carabobo maneja datos al respecto, aseguró su presidenta, Yelipza Moreno.

Sin medicamentos ‘made in ULA’

La Memoria y Cuenta de 2013 de la cartera de Salud no ofrece reportes de las fábricas de Guacara, pero sí sobre un proyecto similar -de dos plantas productoras de antibióticos liofilizados y carbanemens, en convenio con Colombia a través del grupo Vitalis/Vitrofarma y a un costo de 38 millones de dólares- en Lagunillas, estado Mérida, específicamente en la Universidad de Los Andes (ULA). El informe oficial registra retardos por inconsistencias encontradas en el proyecto de las empresas colombianas, las cuales “cambiaron totalmente” –apunta el documento- lo acordado en el contrato de asistencia técnica y transferencia tecnológica. Las contratistas habrían disminuido el tamaño de la planta y retrasado la construcción. El ministerio, ante esto, acordó la instalación de mesas de trabajo, entre los equipos técnicos de Venezuela y Colombia, para redefinir el plan. El convenio no se cumplió, pero sigue en pie, con los mismos actores.

La contratista venezolana, Diseño, Proyectos y Construcciones Pirela C.A. (Diproca), alcanzó 30% de ejecución física en obras civiles para ese proyecto, pero paralizó sus labores en diciembre de 2012 por falta de pago, explicó Nixon Pirela, presidente de esta empresa radicada en el estado Zulia. Su contratante, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) -organismo del Mpps-, le adeuda desde entonces 12 millones de bolívares. Pirela manifestó que los precios presentados hace dos años por Diproca ya están obsoletos debido a la inflación y deben ser reajustados. No tiene noticias sobre su pago ni de una posible reanudación de la obra.

Venezuela, sin embargo, importó materiales y equipos para una planta que no existe. Shanghai Zhongla QC & Trading Co. es la contratista encargada del suministro de máquinas y servicios para la producción y control de calidad de los fármacos. Esta empresa envió una serie de equipos al Puerto de La Guaira, que -según reportes del Mpps- permanecen en la aduana. La compra de materia prima también se concretó el año pasado: el Sefar recibió en marzo 2 mil 500 kilos de materia prima de parte de la compañía China Meheco Co., con fechas de vencimiento entre noviembre y diciembre de 2015.

Expertos farmacéuticos advierten que la vigencia de los medicamentos depende de la caducidad de su materia prima. El material importado, entonces, debería ser procesado –convertido en antibiótico-, distribuido y usado en los próximos 12 meses. Pirela desconoce estas adquisiciones. “No hay infraestructura lista, así no se debe comprar nada todavía”, dijo.

El doctor Luis Leal, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Farmacéutico y profesor de las Facultades de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Santa María, considera que no hay necesidad de recurrir a otros países para desarrollar estos proyectos: “nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero no hay voluntad política. No nos toman en cuenta”. Asegura que los profesionales farmacéuticos de las universidades del país están en capacidad de asesorar en materia de producción de medicamentos. “Nosotros en la UCV tenemos el primer laboratorio de una universidad nacional y no se nos ha consultado”, reclama.

El caso de Proula Medicamentos ilustra la ruptura entre el talento farmacéutico nacional y el Estado. Una fábrica de medicinas creada por la ULA en 1995, que quebró entre 2009 y 2010 por dificultades financieras y operativas, tras el silencio gubernamental ante las solicitudes de apoyo. Está a pocos metros del proyecto inconcluso de las empresas colombianas.

La obsolescencia de los equipos y la regulación de precios de algunos medicamentos perjudicaron progresivamente el funcionamiento de esta empresa, cuya producción incluía polivitamínicos, mucolíticos, expectorantes, antialérgicos, analgésicos, antitusígenos, broncodilatadores, antiparasitarios, antipiréticos, antihipertensivos, antibióticos, psicotrópicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, diuréticos e, incluso, anticonvulsionantes. La mayoría hoy escasos en el país.

Proula, incluso, elevó al ministerio en 2002 una propuesta de fabricar antirretrovirales para el tratamiento de personas con VIH y Sida –que hoy también protagonizan las denuncias de escasez-, en cooperación con el Ministerio de Salud de Brasil. Asesores de la empresa brasileña Far-Manguinhos visitaron la planta en 2003 y confirmaron la factibilidad de la idea. Proula se reunió varias veces con autoridades ministeriales, pero el cambio constante de gestión en la cartera de Salud dificultó la continuidad de los acuerdos. La respuesta recibida en 2009, finalmente, cerró las puertas: “El Estado se reserva la producción de medicamentos oncológicos, antirretrovirales, biotecnológicos y soluciones fisiológicas como parte del plan estratégico de producción de insumos para la salud”. Sin embargo, la fábrica, según Germán Rodríguez –ex director de Proula-, estaba incluida desde 2002 en ese plan, por iniciativa de la ministra de Salud, María Lourdes Urbaneja. “No hubo compromiso de parte del ministerio”, concluyó Rodríguez.

Las peticiones de ayuda económica para rescatar Proula no fueron contestadas, ni por el Mpps ni otros organismos estatales. En mayo de 2009 presentaron una propuesta ante la Gobernación de Mérida y un representante de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para entregar la planta a cualquier ente del Estado que garantizara su continuidad operativa. Eso ocurrió al año siguiente: Proula pasó a manos del Mpps. Su reactivación, ahora con el nombre de Complejo Farmacéutico Socialista, fue anunciada por la ministra Eugenia Sader en 2012, con una inversión de 18 millones de bolívares. También se destinaron 15 millones en infraestructura y 3 millones en compra de insumos y materia prima, según una nota oficial.

Javiela Arias -hija del gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas- asumió la Dirección General del complejo entre 2011 y 2013. Su gestión ha sido señalada por fallas de producción: el diputado Carlos Ramos, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denunció en agosto la paralización de la planta, pese a las inversiones que se hicieron bajo la administración de Arias. El gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, y el ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, encabezaron inspecciones este año a propósito de las irregularidades operativas. Las confirmaron y prometieron apoyo.

La producción, según Rodríguez –quien presidía la fábrica antes de la transferencia-, no se recuperó. “Está el personal allí, les pagan su sueldo y cestatickets, pero no hacen nada (…) Hasta tienen una materia prima que se les venció y ya no pueden usar (…) Esas cosas me las cuentan trabajadores de allí”, dijo.

Más fábricas fantasmas

Un guion similar al de Guacara: el Complejo Farmacéutico de los Valles del Tuy –estado Miranda- estaría destinado a la producción y comercialización de medicamentos necesarios para el Estado venezolano y, progresivamente, para los países del Alba. Se extendería en un área de 60 hectáreas, para la edificación de cinco plantas: de productos inyectables, de bulbos líquidos y liofilizados, de sólidos orales (tabletas y cápsulas), de semisólidos (cremas y ungüentos) y otra de tratamientos residuales. La entonces viceministra de Recursos para la Salud, Isabel Iturria, dijo en mayo de 2011 que el estudio de factibilidad estaba completo, así como los diagramas generales. Las declaraciones oficiales, los documentos del ministerio y la realidad física, una vez más, no coinciden.

La valla que está en la entrada del terreno, con una imagen de la obra, parece mal ubicada: detrás no hay mayores señales de construcción, salvo una máquina (una retroexcavadora) en desuso. O, al menos, no se utiliza allí: no hay excavaciones, ni vigas, ni cemento, ni ningún tipo de estructura. Eury Varela, ingeniera residente del proyecto, frecuenta el lugar, pero no a propósito de la edificación del complejo, sino porque trabaja en obras que se desarrollan cerca de ese terreno. Ella mentiría si diera una fecha de entrega de las fábricas de medicamentos. No lo sabe, dijo. Labora para la empresa Inversiones Holguín, que en abril de 2012 hizo trabajos de remoción vegetal, contratada por la compañía cubana Constructora del Alba Bolivariana C. A. Ésta fue creada en 2005 con capital mixto cubano-venezolano y ostenta diversos contratos con los programas de salud que impulsa el Gobierno nacional. También fue favorecida con el contrato de construcción de Ciudad Caribia, un complejo habitacional para 20 mil apartamentos. 

Varela explicó que el complejo está paralizado porque el Gobierno nacional no ha entregado los recursos. La razón, según la ingeniera, es que el proyecto presentado por los cubanos aún espera la aprobación del Ministerio de Salud y la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), organismo adscrito al Ministerio de Industrias. La Memoria y Cuenta del Mpps de 2012 indica, no obstante, que el financiamiento ya fue aprobado a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Fondo Independencia.

A principios de este año, el diputado Bernardo Guerra solicitó en la plenaria de la Asamblea Nacional investigar los 300 millones de bolívares que -según fuentes internas consultadas por el parlamentario- fueron destinados a la obra. Ningún otro diputado habló del tema ese día. El silencio se extiende hasta la Contraloría General de la República: los Complejos Farmacéuticos Socialistas –inconclusos, con fallas de planificación y administración irregular de recursos- no han sido sometidos a revisión en ninguno de sus informes. La fiscalización regional no es más alentadora: el coordinador de Contraloría Sanitaria del estado Anzoátegui, Reny Valdez, no tiene información sobre las plantas de antibióticos cefalosporínicos y penicilínicos en construcción en las adyacencias de la Base Aérea Luis del Valle García, en Barcelona. Desde 2010 el Mpps evalúa la posibilidad de materializar ese proyecto en convenio con la República Portuguesa, a través del grupo farmacéutico Atral Cipan. Tiene un costo de 96 millones de dólares y su cronograma indica una fecha de culminación para noviembre de 2014. Valdez, sin embargo, duda: “Yo creo que eso no se ejecutó”, dijo. Tampoco saben el presidente del Colegio de Médicos, Arquímides Velásquez, ni la presidenta del Colegio Farmacéutico, Julie Romero. “No me sé ni la dirección”, dijo la segunda.

En 2011 -cuando la ex ministra Sader anunció estas alianzas con Colombia, Cuba y Portugal- el informe de gestión del Mpps reconoció debilidades en cuanto al seguimiento y evaluación de los convenios internacionales, por no contar con una base de datos para estos fines. Los obstáculos reportados en 2013 también cuestionaban la capacidad de vigilancia de este organismo sobre las fábricas, todas ubicadas en el interior del país: el informe de ese año alertó sobre la poca articulación entre las direcciones del ministerio con las coordinaciones regionales. 

“Una cosa importantísima es la independencia (…) Tener nosotros nuestra propia capacidad instalada”, dijo Chávez en 2009 y pidió al ministro Mantilla que, además de la producción soberana de medicamentos, Venezuela también se encaminara a reducir sus compras de materia prima; que la salud venezolana no dependiera de las importaciones. Eso aún no se cumple.