Millones en donativos, recolectados a través de telemaratones, financiaron una casa a las afueras de Caracas donde se alojaron, junto a un puñado de jóvenes de la calle a quienes se quería rescatar, los azotes simultáneos del maltrato, la indolencia y los manejos turbios. Ahora ya nadie da la cara por tantos colmos de la Colmena de la Vida, una utopía de la responsabilidad social privada que naufragó y a la que el Estado tuvo que intervenir.
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Oiga, usted, lea esto: “Pregunten por Rosibel Soteldo, esa mujer que hace unos años ustedes mismos la incapacitaron para seguir trabajando con los niños. Esa que maltrató a un niño haciéndolo comer sus propias heces. Esa que es capaz de voltearle la cara a Víctor en las líneas eléctricas del comedor donde se ponía la comida caliente. Esa que cuando el niño Víctor Alberto Vargas le dan sus ataques de furia, lo contiene a golpes tirándolo a la piscina, con el peligro que pueda ahogarse o podrirse de enfermedades por cómo está el agua que no tiene ningún tipo de tratamiento y cuidado”
La cita anterior corresponde a una de las decenas de denuncias que circulan en la web contra La Colmena de la Vida, un albergue para niños que, durante su creación en 2003, prometía no solo la redención de los jóvenes en situación de calle, sino la posibilidad de vivir en la Venezuela distinta y solidaria que parecía esconderse detrás de los arrebatos de la polarización política, entonces en alza.
Ahora, desde 2013, La Colmena sobrevive a una querella judicial y pone en entredicho su funcionamiento como lugar de reinserción y cuidado para los adolescentes, y su nombre es sinónimo de imágenes siniestras: desde sospechas de malversación de fondos a denuncias de maltratos.
Esto lo confirma Ángela Vera, una periodista que desde 2003 trabajó como voluntaria en La Colmena, que está ubicada en unos terrenos rurales, más allá de la exclusiva urbanización La Lagunita, en el municipio El Hatillo (sureste de Caracas). Una vez, cuenta, pidió permiso para llevar a pasear a una adolescente y cuando la vio, notó que sangraba en la entrepierna. Le preguntó por qué no se había aseado y recordó que unas semanas antes habían donado unos cuantos bultos de toallas sanitarias. La adolescente le respondió que no había en La Colmena y que no tenía ropa para cambiarse. “En ese momento fue cuando decidí renunciar”.
Vera ya tenía registro de otras situaciones, y acusa directamente a cuatro custodios que robaban todo lo que donaban: “Esos días fueron rudos para combatir desde la corrupción hasta el maltrato”. Ella trabajaba en el área de Comunicaciones y asegura haber tenido acceso a todas las cuentas. Confirma, a la vez, la cita sobre Víctor que comienza esta historia. “Lo dejaban entrar y salir. Yo lo busqué dos veces en los alrededores de la plaza de El Hatillo”.
Dice, además, que una niña de 15 años salió embarazada dentro de La Colmena de la Vida y que eso se escondió ante los organismos competentes.
Diana D’Agostino fue otra testigo, pero esta vez desde la otra acera. La ex precandidata a la alcaldía de El Hatillo estuvo bajo la dirección de la Fundación Hatillana de Atención a la Infancia y la Familia desde 2008 y por entonces quiso incluir a los niños de La Colmena en sus planes. Eso no ocurrió debido a la negativa, asegura, de Milagros Blanco, la directora que llegó a La Colmena en 2006. “Había denuncias de drogas, maltratos y toda clase de abusos, pero no puedo confirmar nada”, dice desde el hilo telefónico.
Pero basta de rumores. El expediente AP51-2013-016761 que reposa en el Tribunal Segundo de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene pruebas, incluso, de que algunos niños dormían solos en un área fuera de La Colmena. Se trata de un procedimiento que abrió la Defensoría del Pueblo contra la Asociación Civil Unamos al Mundo por la Vida por, entre otras cosas, la cantidad de irregularidades que ya se denunciaban desde los alrededores del espacio.
Comenzó así: en febrero de 2013 el Consejo de Protección del Niño y el Adolescente ya había enviado una notificación firmada por la entonces directora, Gisela Matos de Ortega, en la que se le explicaba a Miguel Rodríguez Siso –el promotor del proyecto– y a Milagros Blanco –la directora– que había una serie de denuncias contra la gestión. Esta notificación fue ignorada hasta el 5 de noviembre de ese mismo año, cuando se les informa, en el oficio CMDNA-M-164-2013, sobre la revocatoria de registro definitivo de la entidad de atención La Colmena de la Vida. Esto, explica Alicia Guzmán (actual presidenta del Consejo de Protección), se debe a todas las denuncias de maltratos, abusos y otros que habían recibido durante meses. No dio detalles porque, alegó, estaría incurriendo en un delito, pero dejó claro que el organismo procedió a la revocatoria porque los afectados eran los propios niños.
La revocatoria provocó que los 14 adolescentes que estaban dentro del albergue fueran trasladados a otro sitio, probablemente la sede de La Colmena en Guatire, que aún funciona.
Al año siguiente, la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda contra el grupo Unamos al Mundo por la Vida y Milagros Blanco, directora.
En la demanda se cita un parte de la Policía de El Hatillo del 29 de octubre de 2013 (número V-657-13), donde se reporta que un grupo de niños dormía solo sin resguardo del personal del albergue. También, en la demanda, se explica que tres niños tenían hematomas en el cuerpo y que otros tres denunciaron, durante las entrevistas previas, que entre las formas de castigo estaba las de pararse durante horas al sol, en la cancha de usos múltiples. El mismo informe de la Defensoría asegura que las instalaciones estaban en desaseo y que la alimentación era poca. La frase “castigo físico” se repite al menos cuatro veces en el expediente.
Este proceso judicial aún se mantiene en curso. La Defensoría pidió un recurso de protección, que le fue cedido y desde febrero es el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes quien administra La Colmena. Hay niños de nuevo. Desde afuera se escuchan sus gritos y se ve además la entrada y salida de camiones de servicios como agua y basura. Pero la entrada no está permitida.
Durante una entrevista para la televisión ecuatoriana, Miguel Rodríguez Siso contó que en 2001, después de ver caer las Torres Gemelas en Nueva York, se preguntó qué podía hacer él y se le ocurrió una canción que se repitió por toda Venezuela y hasta llegó a ser himno de marchas opositoras:
Y decimos no a la violencia
Y decimos que no a la mezquindad
Es un canto por la vida
Es un canto por la libertad
Y decimos sí por la esperanza
Y decimos que sí por la humanidad
Es un canto por la vida
Es un canto por la libertad
Ese mismo año se organizó un concierto en el sector Las Mercedes de Caracas y luego Unamos al Mundo por la Vida se convirtió en una asociación civil sin fines de lucro liderada por los hermanos Miguel y Carlos Rodríguez Siso. Ya ambos eran populares en las esferas políticas nacionales porque desde su empresa Aip Asesores de Imagen, ambos habían trabajado con Henrique Salas Romer, entonces gobernador del estado de Carabobo (centronorte de Venezuela), tanto en su gestión regional como durante su candidatura presidencial que lo enfrentó en 1998 a Hugo Chávez.
Hasta 2013, Miguel Rodríguez fue presidente de la junta directiva de la empresa Aip, Asesores de Imagen Pública, C.A. Según el Registro Nacional de Contratistas, la empresa se registró en 2012 y para 2013 estaba inhabilitada por no haber actualizado los datos. Se trata de una empresa de publicidad ubicada en la torre Credicard de Chacaíto (centro geográfico de Caracas). El presidente ejecutivo de la empresa es Carlos Eduardo Rodríguez Siso, hermano de Miguel, y también presidente de La Colmena de la Vida.
La empresa tiene un capital de 900.000 bolívares y un promedio de nómina de 30 empleados. En 2009 tuvo contratos con Globovision, Uno Valores Casa de Bolsa y Fondo de Valores Inmobiliarios, entre otros clientes. La empresa se constituyó en 1994 en el Registro Segundo del estado de Miranda y el Distrito Capital.
Salvador González, secretario de administración de la Gobernación del estado de Zulia (noroeste de Venezuela, frontera con Colombia), denunció en 2013 que la mitad de los aguinaldos de los trabajadores de la Gobernación local (a cargo de la gestión previa de Pablo Pérez, ex gobernador opositor), se repartieron entre periodistas, sindicalistas y agencias de publicidad. Entre otras cosas, se refería a Aip, que recibió 2,24 millones de bolívares por un contrato que duró 15 días, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2012. Además de ese, recibió otro por cuatro millones de bolívares, entre enero y marzo de ese mismo año. González hizo las denuncias el 9 de enero de 2013 en el portal web Noticia Al Día. Para ese año, ya La Colmena enfrentaba problemas.
La empresa Aip se encargó en 2006 de la campaña presidencial de Manuel Rosales, ex gobernador de Zulia y mentor de Pablo Pérez, según informó el diario El Universal.
Durante esa entrevista para la televisión ecuatoriana que todavía se puede ver por Youtube, Rodríguez Siso aseguró que La Colmena de la Vida era el sueño de su vida. Pese a sus palabras, la casa de abrigo se convirtió en un infierno.
El primer gran Telecorazón de La Colmena se hizo en 2003 durante una cadena de todas las televisoras privadas del país que se transmitió por más de 25 horas de forma ininterrumpida. Según el informe financiero presentado en 2008 por La Colmena, ese año se recaudaron 6,56 millones de bolívares, sobre una meta de poco más de 7 millones. Con esos recursos se levantó La Colmena en el sector Macizo de El Hatillo, sobre unos terrenos que se entregaron en comodato por parte de la alcaldía y que, según Alicia Guzmán, debían entregarse a la municipalidad en caso de ser revocado el registro, como ocurrió en 2013. Para entonces, la casa de abrigo alojaba al menos a 96 adolescentes que contaban con actividades como clases de pintura, música y natación, además de la educación tradicional y asistencia médica, sicológica y odontológica.
La postal se mantuvo desde 2003 y hasta 2008, período en el que los Rodríguez Siso pudieron celebrar con frecuencia anual el Telecorazón. Según el informe financiero, en esos años se recaudaron más de 29 millones de bolívares.
Pero en 2008 empezó a perderse o el interés o la posibilidad de mantener La Colmena. Milagros Blanco, su directora, que conversó para este reportaje vía telefónica, aseguró que la situación del país generaba poca ayuda por parte de privados y no fue posible repetir el Telecorazón. Se presentaron problemas económicos que, asegura, solo impactaron al personal y no en los cuidados de los adolescentes. De hecho, explica, las denuncias que se han ventilado se debían al personal al que, en ocasiones, no se les pagaba de forma puntual porque los “niños están primero”.
Sin embargo, desde 2010 y según las declaraciones de otros entrevistados, La Colmena solo albergaba a 14 adolescentes, que generaban en gastos, según el informe financiero, 96 bolívares al día, casi 35.000 bolívares al año.
El Telecorazón de 2008 iba a hacerse en el estadio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de Caracas, pero un grupo de motorizados impidió la actividad, que terminó haciéndose en el Aula Magna de la misma casa de estudios. Poco después, la fundación que administra esa sala, bajo la presidencia de Luis Genaro Mosquera Castellanos, demandó a Rodríguez Siso por emitir un cheque sin fondo como pago por el alquiler del recinto. En 2010, una empresa de servicios demandó a Unamos al Mundo por la Vida por el incumplimiento de pagos.
Ángela Vera asegura que pese a la debacle del Telecorazón, aún existían donaciones de privados, tanto en servicios y productos, como en efectivo. Otra muestra de incumplimiento de pagos se refleja en el Instituto de los Seguros Sociales (IVSS). Aunque los ex empleados aseguran que siempre le descontaron el porcentaje para el seguro, el registro patronal muestra una deuda superior 1,5 millones de bolívares acumulada desde 2005, cuando recibían más de 5 millones al año mediante las colectas del Telecorazón.
En la actualidad poco se sabe de Miguel Rodríguez Siso. Desde que la Defensoría del Pueblo interpuso la demanda, no ha habido representación de La Colmena. Milagros Blanco asegura que Miguel y Carlos han estado pendientes de todo y que el proceso judicial se debe a que cambiaron de sede a los niños para subsanar los efectos de un bote de aguas negras dentro del albergue. Dijo, también, que estuvo cuatro meses por Europa y recién llegó durante el mes de mayo.
Miguel Rodríguez Siso vive desde 2013 en Estados Unidos y en su Facebook se ven sus fotos en San Francisco, Nueva York, Orlando y otras ciudades del norte. También tiene una asociación civil llamada Unamos en el estado de Florida y en ocasiones se publican fotos suyas a través de Twitter participando en algunas causas de beneficencia. Además de eso, en el portal www.aporrea.org lo vinculan como directivo de una empresa fundada en Panamá llamada Panbienes, que fue inspeccionada por las autoridades de ese país y en cuya directiva se encuentra, según ese portal, Alberto Federico Ravell, ex director de Globovisión, que también figuró durante un tiempo entre los miembros de la directiva de Unamos al Mundo por la Vida.
El Registro Público de Panamá advierte, de cualquier modo, que realmente fue un familiar político de Ravell quien figuró en esa empresa, a lo que el mismo Ravell aclara –vía telefónica– que no forma parte de Panbienes ni tiene ningún tipo de sociedad con Miguel Rodríguez Siso. Lo único que ratifica, eso sí, es que formó parte de la directiva de la Colmena al principio en la dirección de comunicaciones.
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
Mundo Digital USA, una empresa creada en Florida, y relacionada con otra compañía asentada en Madrid, está usufructuando casi todo el acervo musical de Venezuela luego de una sospechosa y poco clara operación. Se trata de una situación derivada del cambio de paradigma de consumo de las canciones y de cierta displicencia de las principales casas disqueras y los encargados de sus sellos, quienes no supieron advertir a tiempo los cambios legados por la tecnología. Los afectados -cantantes, compositores- siguen siendo los damnificados de siempre. El dinero que deberían devengar por sus creaciones llega incompleto y, a veces, nunca llega.
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
De ser reconocido en la isla de Margarita como heredero de los pintorescos Ranchos de Chana, ha pasado a cultivar otra fama fuera de Venezuela. En Miami, Florida, terruño del exilio cubano y más recientemente del venezolano, Pedro José Castillo Uzcátegui se presenta como un visionario hombre de negocios, pero en la práctica ha consolidado una serie de fraudes que lo han circunscrito a la lista de los buscados por Interpol.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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