No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en la mira de las autoridades del Departamento del Tesoro: oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank llevaban tiempo siguiéndole la pista a transacciones por más de medio millón de dólares hechas a su nombre. Los reportes lo conectaban con presuntas irregularidades de la campaña del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Pero oportunidades sobraban para poder adjetivar como ‘sospechosas’ las operaciones del controvertido asesor político venezolano. Durante su carrera diversas denuncias lo han asociado a narcos, hackers electorales, mercenarios y personajes de otros submundos, señalamientos que, por cierto, suele combatir en pleitos judiciales.
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Juan José Rendón Delgado, jota-jota, el controvertido asesor electoral nacido en Caracas hace 56 años, obtuvo el 18 de mayo de 2016 estatus de asilado en Estados Unidos por calificar como un perseguido político en Venezuela: un logro auténtico.
Pero apenas dos meses después de recibir su carta de asilo y publicarla en su cuenta en Twitter, los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank Trust Company Americas pusieron una bandera roja sobre una de sus transacciones. En un reporte de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviado a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, (FinCEN, por su acrónimo en inglés), alertaron sobre seis transferencias bancarias por un total de 180.020 dólares realizadas entre el 21 de julio de 2016 y 6 de marzo de 2017 a través del banco alemán, presumiblemente en el rol de banco corresponsal. La notificación de sospecha relacionaba las operaciones con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y además agregaba que la circular era apenas una parte de la “revisión continua de la actividad de transacciones sospechosas de Rendón Delgado con el Deutsche Bank” que, para la fecha, totalizaban 542.500 dólares.
Esta alerta sobre Peña Nieto y Rendón forma parte de los reportes incluidos en la filtración de los FinCEN Files, originalmente obtenida por Buzzfeed News y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y 108 medios más de 88 países de todo el mundo, incluido Armando.info. En este caso la información no está en un SAR sino en un boletín interno semanal de la FinCEN, el Kleptocracy Weekly, que resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel.
Si bien el boletín no detalla ni las fechas en que se efectuaron ni las razones por las que estas transacciones resultaron sospechosas —explicación que debió estar en el SAR—, no se ahorra en cambio señalamientos para abonar las dudas en torno al “Political Strategist” —estratega político, entre comillas en el original— al que además marca como Persona Políticamente Expuesta (o PEP, el acrónimo en inglés comúnmente usado en el negocio bancario). Cita al banco para recordar los escándalos de soborno que lo vincularon con narcotraficantes colombianos —“y lo llevaron a renunciar a su puesto como jefe de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos”—, su relación con el caso del hacker electoral, Andrés Sepúlveda, la presunta violencia contra una mujer en Venezuela y su aura oscura como el rey de las campañas sucias en América Latina.
En entrevistas ofrecidas para este reportaje desde Miami, a Armando.info y en una ocasión también a Univisión, Rendón zanja el señalamiento de su figuración en los reportes. Niega que tuviera una cuenta bancaria en Deutsche Bank y asegura que solo trabajó para la campaña de Peña Nieto en 2012 y estas operaciones corresponden a los años 2016 y 2017, mucho después de esos comicios pero cuando su cliente todavía ocupaba la presidencia de México.
Que a tan solo semanas de recibir el asilo estuviera bajo la lupa de las autoridades de vigilancia financiera de su país de recepción, podría parecer un problema serio para cualquiera, menos para J.J. Rendón. Con su invariable vestimenta negra, su hablar pausado, la verdad es que se ha construido un personaje casi mítico. En su carrera ha tenido que apelar muy a menudo a su destreza para sortear con unas declaraciones, un desplante, una verdad administrada, las polémicas que inevitablemente rodean su modo rudo de hacer política.
No será diferente en esta ocasión. Durante la entrevista para explicar por qué una institución como el Deutsche Bank catalogaba como sospechosos sus movimientos bancarios, Rendón se defiende, asegurando que entre 2012 y 2014 recibió 198 “ataques” de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que afectaron su récord bancario. No quiso especificar los ataques, ni cómo podrían afectar su historia bancaria, ni si alguno terminó con el cierre de algunas de sus cuentas bancarias.
Los FinCEN Files han revelado que Deutsche Bank ayudó a mover más de 560 millones de los 677 millones de dólares que figuran en la filtración que involucran a Odebrecht, la constructora brasileña que los fiscales de Estados Unidos acusaron del mayor caso internacional de sobornos en la historia, vinculado al financiamiento de campañas políticas en Latinoamérica, entre ellas, la de Peña Nieto, de la que Rendón fue asesor. Y parte de esa historia pasada ha vuelto ahora como un búmeran no solo en los SAR que monitorean sus transacciones. Ese paso por México sigue levantando sospechas ocho años después.
El pasado 11 de agosto, recién deportado desde Alemania a México, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) que participó en la campaña de Peña Nieto, delató a sus presuntos cómplices en la recepción de pagos de Odebrecht para financiar la campaña presidencial con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconquistó el poder del que lo habían desplazado por doce años.
A Lozoya, quien ahora está cooperando con la justicia de México, lo acusaron tres ejecutivos de Odebrecht de recibir el dinero. Pero el ex director de Pemex ha compartido ahora la responsabilidad diciendo que Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron pagar con ese dinero los servicios a diez firmas de asesorías electorales, entre las que figura la empresa Tulum Investment, de la que Rendón es director. Esta es una de sus tres compañías activas, creada en mayo de 2011 en Delaware, un pequeño estado sobre la costa media del Atlántico, considerado en la práctica como un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.
Según documentos obtenidos de la Fiscalía mexicana y divulgados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estos pagos pretendían ocultar pagos ilícitos provenientes de Odebrecht para los asesores de Peña Nieto. Tales pagos no se reportarían a la autoridad electoral azteca, sino que se disfrazarían como pagos a empresas de extracción de oro, mineral de hierro y de explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.
Lozoya creó la empresa Latin America Asia Capital Holding en las Islas Vírgenes Británicas y allí recibió el dinero de soborno de Odebrecht desde una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza. También se usó para este pago Innovation Research Engineering and Development Ltd., otra empresa fachada de Odebrecht, con varios reportes de actividad sospechosa en la filtración de los FinCEN Files. El dinero evadió la fiscalización de las autoridades suizas y mexicanas porque parecía estar pagando negocios, no servicios políticos.
Aunque el nombre de Rendón figura en el juicio que se le sigue a Lozoya, y el propio asesor reconoce que recibió en mayo de 2012 un pago de 250.000 dólares de la empresa creada por el ex director de Pemex en las Islas Vírgenes Británicas, no se han hecho públicas las evidencias que puedan haber de que él haya simulado, como otros colegas, un proyecto minero para recibir el dinero. Aún su caso está en investigación.
Rendón asegura que solo ha visto dos veces a Lozoya y nunca mantuvo comunicación con él. “Para mis efectos no sabía ni tenía que saber de dónde venían más allá de quién los envió”, dijo, refiriéndose a los 250.000 dólares que le depositaron a nombre de la empresa de Lozoya. Se habría limitado, siempre según su testimonio, a verificar que la empresa que remitía los fondos no estuviera en la lista de entes sancionados por el Departamento del Tesoro.
Sin embargo, al preguntarle sobre en qué lugar y para quién trabajaba en el momento de la transferencia, responde: “Ese no es tu problema. Es información privada”.
El financiamiento de Odebrecht a campañas políticas —que ha quedado al descubierto como un modus operandi con los escándalos de soborno y la detención de las cabezas de la empresa— también tuvo un episodio en Venezuela.
Rendón fue asesor de Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, en su postulación presidencial de 2013. Cuando se trata de Venezuela, ha dicho Rendón, trabaja ad honorem. Sin embargo, para 2012, el estratega quiso cobrar nueve millones de dólares por una asesoría de este tipo, dijeron a Armando.info dos personas que fueron parte del equipo que participó en la campaña de Capriles, que en octubre de 2012 se midió con Hugo Chávez en las urnas electorales; la asignación no se dio. Cuando muere Chávez y Capriles se enfrenta a Maduro en los comicios de abril de 2013 por la sucesión, Rendón sí hace parte del comando.
Por allí andaba otra vez la sombra de Odebrecht. La empresa brasileña de obras de infraestructura buscaba mantener sus contratos en Venezuela —que montaban a 30.000 millones de dólares— en el escenario de una eventual salida del chavismo del gobierno. En las confesiones como testigo del caso Lava Jato del superintendente de la empresa en Caracas, Euzenando Azevedo, señala que la empresa brasileña dio 17 millones de dólares para las campañas presidenciales de la oposición que Capriles abanderó. En 2012 dio los primeros dos millones de dólares y en abril del año siguiente, en la revancha contra Maduro tras la muerte de Chávez, aportó otros 15 millones.
“Yo podría demandar al Deutsche Bank por colocar en su sistema de información privado una información sobre mí que me descalifica como eventual sujeto de poder tener transacciones o cuentas bancarias porque me pone como hacker, violador de gente y de estar ligado al narcotráfico”, reiteró Rendón al asegurar que el banco nunca lo contactó para pedirle explicaciones, aclaratorias que no tendría que rendir, de cualquier manera, si no era cliente de ellos.
Si de algo sabe Rendón es de demandar a quien lo señala. Así ha respondido casi ante cualquier escollo, que son varios en su carrera. Ha demandado a la W Radio de Colombia, Caracol Radio, Grupo Prisa y el diario El Espectador de Bogotá por difusión y difamación en artículos. Por ejemplo, cuando Nicolás Uribe, miembro del Partido de la U en Colombia —el primero de Álvaro Uribe, y luego partido de Juan Manuel Santos—, acusó a Rendón de haberlo amenazado con hacer una campaña sucia en su contra si no sacaba del cargo a Ana María Convers, la directora del programa Colombia Joven.
En su acción legal pretendía recibir doce millones de dólares en compensación por las acusaciones que se hicieron en estos medios sobre campañas de desprestigio y guerra sucia que supuestamente dirigió el estratega político en Colombia durante la campaña de Juan Manuel Santos. Este caso no llegó a nada en tribunales de Florida.
El reporte del FinCEN detalla, entre los antecedentes llamativos de la alerta de transacciones sobre Rendón, el caso del pirata informático Andrés Sepúlveda, quien cumple una condena de diez años de prisión en Colombia. Sepúlveda mencionó a Rendón como la persona que le pagó para hackear y conducir ciberataques relacionados con la campaña en nombre de sus clientes políticos, así como robar estrategias e instalar spyware en oficinas de oposición en nombre del presidente Enrique Peña Nieto. Estas denuncias se publicaron en Bloomberg Businessweek el 31 de marzo de 2016 en un reportaje titulado “Cómo hackear una elección”.
En este caso Bloomberg también fue demandado por Rendón luego de la publicación. En septiembre de 2019 el caso fue descartado por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida y ahora él se prepara para apelar. Cuando llevó este caso a tribunales en Florida, Rendón ya había interpuesto otras cinco demandas por supuesta difamación y daños.
El resumen del SAR incluido en los FinCEN Files también menciona su impasse con el ex presidente de El Salvador y periodista, Carlos Mauricio Funes, ahora exiliado en Nicaragua. Funes lo acusó en 2014 de orquestar campañas de guerra sucia en toda América Latina. Rendón presentó la demanda en la circunscripción de Florida, donde no fue admitida.
Ese mismo año, Rendón entró en el relato de una trama de corrupción en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció un supuesto aporte de dos millones de dólares de dudosa procedencia que habría hecho el publicista venezolano a la campaña de Juan Manuel Santos, de quien fue asesor. El caso comenzó a investigarse en la Fiscalía de Colombia, pero no se encontraron pruebas para respaldar la acusación.
A los señalamientos de Uribe siguieron otros del capo Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos ‘Comba’, quien cumple condena en Estados Unidos. Calle Serna aseguró que él y otros jefes del narcotráfico habían entregado doce millones de dólares a Rendón para que desarrollara una propuesta para la entrega a la justicia de siete narcos. En el expediente se lee que algunas de estas reuniones se hicieron en la oficina del abogado colombiano Abelardo De La Espriella, quien llegó a ser asesor jurídico del empresario Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde en espera de su posible extradición a Estados Unidos, y señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro en empresas comerciales.
El 5 de mayo de 2014 se inició la indagación para verificar si los hechos narrados en los informes de los medios de comunicación efectivamente ocurrieron. Inmediatamente después J.J. Rendón renunció a la dirección estratégica de la campaña para la reelección de Santos, un hecho que llamó la atención a los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank y quedó asentado en el informe de la FinCEN.
La investigación sobre los doce millones de dólares se mantiene archivada por falta de evidencias e información precisa, pero no ha sido dirimida. Si aparece una nueva información relevante, el caso volverá a investigarse.
Para Rendón, todos los antecedentes mencionados constituyen una mala investigación del banco. “El banco en su informe pone un montón de cosas que son falsas y yo considero el informe pobre. Está mal hecho. No confirmado, no actualizado, no hicieron el trabajo de investigación, porque lo que afirma, lo del hacker, está en demanda, él y Bloomberg. Lo del alerta roja de Interpol y las violaciones ya la quitaron los siete países, se echaron para atrás. Lo de los doce millones, está en archivo”, dijo Rendón a Univisión y a Armando.info.
Pese a la compulsión aparente de J.J. Rendón por ir a tribunales, las denuncias sobre sus manejos no se detienen. Además del caso de Odebrecht que sigue su curso en México, este año el polémico estratega político que opera en las sombras, también estuvo involucrado en el pago de supuestos viáticos a una empresa de mercenarios para explorar la idea de una operación comando que detendría a Nicolás Maduro y a sus allegados.
La llamada Operación Gedeón, el chapucero intento de desembarco de fuerzas especiales en Venezuela en mayo pasado para detener a Nicolás Maduro y provocar su derrocamiento, que dejó ocho personas fallecidas y al menos 13 detenidos —incluidos dos ex boinas verdes estadounidenses condenados ya a 20 años de prisión—, ocurrió luego de varios encuentros de Rendón, como asesor oficial del Gobierno interino de Juan Guaidó, con el ex boina verde Jordan Goudreau, representante de la contratista militar Silvercorp. Si bien el episodio provocó a la postre la renuncia de Rendón, no quiere decir que todos sus detalles se hayan hecho públicos. Por el contrario, aún permanece bajo muchas sombras y las dudas que dejó se han saldado con el desgaste en la credibilidad del líder opositor y jefe del Parlamento.
La versión que ha dado J.J. Rendón sobre este asunto es que él sostuvo entre tres y cuatro encuentros con Goudreau. El ex boina verde, según Rendón, pidió una cita para plantear un proyecto post cese de la usurpación para el entrenamiento de las fuerzas militares. En ese encuentro, Goudreau le notificó que ese plan estaba gestándose con militares en el exilio desde noviembre del año 2018. Sin embargo, en un contrato presentado por el contratista estadounidense, cuando la operación ya había fracasado, aparece la firma de Guaidó, de J.J. Rendón y del diputado Sergio Vergara. El representante de la empresa de mercenarios solo mostró siete de las ocho páginas del documento que también firmó como testigo el abogado Manuel J Retureta, un penalista cubano-americano que ha defendido a varios narcos colombianos, que estaba accesible para ese momento en Miami, según Rendón.
El operativo pretendía detener y capturar a Nicolás Maduro para entregarlo a la justicia de Estados Unidos. Para lograr esto, Silvercorp cobraba unos 212,9 millones de dólares. Rendón enfatizó que se trató de “un acuerdo preliminar que no se perfeccionó” porque Goudreau debía demostrar cómo se iba a financiar la operación, quiénes eran los involucrados y que el contrato sólo tenía vigencia de cinco días. Asegura que Guaidó no firmó el contrato, al menos él no lo vió, pero sí lo firmaron 200 personas que no especificó.
Pese al desistimiento en la operación que ha alegado J.J. Rendón, y su posterior fracaso, el estratega giró una transferencia bancaria desde su cuenta personal por 50.000 dólares como una “indemnización por gastos operativos o viáticos” que salieron de su bolsillo altruista que tiene reservado para liberar a Venezuela de la dictadura. “El señor Jordan cuando se reunió con nosotros, que sí se reunió como tres o cuatro veces, algo así, pidió una cobertura de gastos de traslado y esa cobertura se la pagué yo. Y tengo mi respaldo que es un pago de gastos. De boletos, comida, taxi, Uber, de seis traslados desde diferentes ciudades de Estados Unidos para venir a hablar con nosotros”, dijo en una entrevista.
La “fase exploratoria” de la operación alcanzó no solo para gastar 50.000 dólares sino también para realizar dos reuniones con militares venezolanos en el exilio en la residencia de Rendón en Miami.
Fuentes vinculadas a la operación describen uno de los encuentros como “una especie de performance”. Debieron quitarse los zapatos para entrar a la residencia, un lujoso apartamento en Brickell, la zona comercial y de oficinas de Miami. En el lugar estaban sus espadas y los samurai con los que ha adornado la leyenda de su personaje de asesor político, siempre vestido de negro como los guerreros japoneses. En el sanitario, el papel higiénico tenía estampada una caricatura del rostro del fallecido presidente Hugo Chávez.
La primera reunión se dio en octubre de 2019, apenas cinco meses después del fracaso de la intentona de rebelión del 30 abril, cuando —según militares consultados— Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López rompieron los acuerdos y se adelantaron un día para el operativo.
Más allá del personaje creado detrás del estratega político que se ha forjado en América Latina, los militares ligados a esta operación argumentan que buscaron a Rendón porque tenía los contactos necesarios en Estados Unidos. Para esa fecha, Rendón ya estaba en la Comisión de Estrategia del gobierno interino de Venezuela, un cargo para el que fue designado en agosto de 2019. Según ellos, el llamado “rey de la propaganda negra” podía hacer el lobby para obtener apoyo y reconocimiento a la operación. Así se embarcaron en una segunda cruzada.
En esa primera reunión, el consultor se dedicó a demostrar que no solo sabe negociar, tiene contactos y traza estrategias políticas, sino que además tenía en su currículum experiencias y destrezas certificadas para merecer el cargo de comandante en jefe. “Él (J.J. Rendón) siempre pensó que la solución de Venezuela es armada, pese a que su fortaleza es electoral”, dijo una persona cercana a su círculo laboral. El plan iba muy en serio y la configuración de un nuevo mito también.
Para respaldar sus pretendidas habilidades como líder castrense alegó que es hijo de un militar retirado, un suboficial del Ejército. Dijo que había tomado cursos en Estados Unidos sobre entrenamientos tácticos. Aseguró que tenía pericia en el uso de armas y recordó que había formado parte de la operación militar que logró la liberación de la ex candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, de manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Buscaba nuestro respeto”, dice uno de los militares que estuvo en el complot.
El acuerdo preliminar para la eventual extracción de Maduro y de otras personas del Gobierno, iba a costarle a Rendón, y al gobierno interino, un pago multimillonario que debía cubrirse o con futuras exportaciones de petróleo o con la confiscación de las ganancias ilícitas del círculo de confianza de Maduro, según publicó el diario The Washington Post. Pero mantener a los 200 combatientes en el lado colombiano mientras se ejecutaba la acción costaba 2.000 dólares diarios, según una fuente involucrada con el operativo.
Cliver Alcalá, militar en retiro que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de estar involucrado en el narcotráfico en Venezuela, fue detenido en Colombia mientras se gestaba el plan. Él era quien lideraba el entrenamiento de estos jóvenes. Las fuentes consultadas por Armando.info aseguran que al ver que el gobierno de Estados Unidos quitó el apoyo a la incursión con la orden de captura del líder militar de la operación, varios de los combatientes comenzaron a echarse para atrás.
A la Operación Gedeon del pasado 3 de mayo solo llegaron 60 hombres y fue otro fracaso. Y al fracaso siguió la inmolación de Rendón, como lo hizo cuando la campaña de Santos, un control de daños que él muy bien sabe hacer. Liberó de culpas a Guaidó en el camino que supuestamente fue exploratorio, se desligó del resultado final, renunció al cargo de estratega y ahora mantiene la tesis de que la operación siempre estuvo infiltrada y financiada por el gobierno de Maduro.
“El error de la comisión fue no haber denunciado que algo podía pasar, pero la denuncia la hicimos a lo interno”, dijo Rendón.
Asesores que han trabajado con Rendón señalan que el estratega selecciona a sus empleados con incisivas pruebas en las que somete a los aspirantes a jornadas de 48 horas de trabajo sin dormir y duras evaluaciones psicológicas. Todo bajo estrictos acuerdos confidenciales. Uno de los retos de este proceso de selección consiste en encerrar al grupo de contrincantes por el cargo en una habitación para que resuelvan un problema solo con lo que llevaban encima. En una gymkana como esta parece haber derivado la Operación Gedeón, otra oscura polémica aún llena de nieblas que se suma a la carrera J.J. Rendón.
Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
Las filtraciones de los FinCEN Files revelan transacciones sospechosas vinculadas al empresario austríaco-venezolano que multiplican por siete los 100 millones de dólares por los que fue acusado de lavado de dinero en 2015. Sus habilidades le permitieron escapar de las investigaciones y ahora el experto financiero se ha dedicado a guiar a los fiscales federales por el tinglado de corrupción operado por el ex banquero francés Charles Henry De Beaumont, que incluye a empresarios y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Es decir: sus antiguos clientes.
JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han facilitado el movimiento de dinero sucio. Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares levantaron alertas que desbordan a la FinCEN, pero el dinero siguió fluyendo libremente. Una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios, entre ellos Armando.info, revela que el blanqueo de capitales se apalanca en los bancos, que con una gran cantidad de puntos ciegos están en la primera línea de combate de este delito.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
