En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los paraísos fiscales ha cambiado gracias a la filtración; también la práctica del periodismo colaborativo transnacional. Los documentos y comunicaciones del bufete panameño Mossack Fonseca arrojaron luz sobre el ambiente de cinismo e hipocresía donde líderes políticos, capos del crimen organizado y magnates de la esfera corporativa ocultan fortunas malhabidas. Entre los hallazgos había alcancías de personalidades de la Revolución Bolivariana. Pero, a pesar de estos logros, expertos sostienen que hace falta hacer mucho más.
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Hace cinco años surgió una de las imágenes más elocuentes de las contradicciones de la autodenominada Revolución Bolivariana: apareció en las islas Seychelles, un paraíso fiscal del lejano océano Índico, una empresa a nombre del ex jefe de edecanes de Hugo Chávez, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche. Fue un momento especial para poner de relieve las fortunas furtivas que el chavismo esconde en paraísos fiscales, en este caso el de un capitán retirado del Ejército que a sus escasos 36 años movía una fortuna con su esposa Claudia Díaz Guillén, también ex oficial de la Fuerza Armada, quien llegó a coronarse como Tesorera Nacional después de una carrera meteórica apuntalada por el mero hecho de haber sido enfermera del mismo comandante Chávez.
Fue el 3 de abril de 2016 a la una de la tarde de Caracas. A partir de ese momento, 109 medios de 76 países, entre los que destaca Armando.info, empezaron a publicar una batería de primicias bien guardadas en el submundo de los llamados paraísos fiscales. Era la difusión de los llamado Panama Papers, hasta entonces un proyecto mantenido en secreto a pesar de que llevaba más de un año en obras. El misterioso John Doe que entregó a los periodistas del diario Süddeutsche Zeitung de Múnich alrededor de once millones de documentos filtrados desde los archivos de Mossack Fonseca, una de las más grandes empresas de servicios offshore de Panamá y el mundo, puso en marcha la rueda de la historia. Luego se incorporaría el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) para, desde Washington DC, para convertir la materia prima en una base consultable y también para coordinar a medios y reporteros de todo el planeta. Ya nada volvería a ser iguial ni en la práctica del periodismo colaborativo trasnacional ni, más importante aún, en la discusión global sobre la economía sumergida de los paraísos fiscales y los flujos de dineros ilícitos.
Entre las historias venezolanas destacaron Eudomario Carruyo, el ex directivo de la petrolera estatal Pdvsa, con empresas a su nombre y de su familia en las Islas Vírgenes Británicas; también otras compañías en Panamá a nombre del ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Leonardo González Dellán, así como las sociedades de Samark López en Barbados, que le ayudaron a montar una estructura corporativa intacta hasta que Estados Unidos lo señaló en 2017 de ser el “testaferro” de Tareck El Aissami, vicepresidente de Nicolás Maduro para el área Económica.
Mención aparte el caso del general Víctor Cruz Weffer, el responsable del Plan Bolívar 2000, un programa de ayudas que había quedado asociado a uno de los primeros escándalos de corrupción de la era chavista. Pero el tema apenas era un recuerdo casposo hasta que su nombre aparecía en los 2,6 terabytes del bufete panameño Mossack Fonseca, del que salió la ya célebre filtración de los Panama Papers.
A Cruz Weffer lo detuvieron la noche del 20 de marzo de 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, anunció esa noche que el Ministerio Público había librado orden de aprehensión y alerta roja en su contra. Esa fue la última vez que se refirieron al caso. En España, entretanto, no pasó un mes, cuando las autoridades de ese país detuvieron a la pareja del edecán Adrián Velásquez y la ex tesorera Claudia Díaz.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a finales del año pasado acordó dejarlos en libertad provisional con medidas cautelares, mientras se tramita su extradición a Estados Unidos. Se trata de un ejemplo de las riquezas súbitas que aparecen en estos días en la Venezuela chavista pero, más que eso, la trama local de los Panama Papers es apenas una nota al pie de página en la lista de consecuencias e implicaciones que el caso ha generado en cuestión de cinco años.
En mayo de 2016, semanas después de que cientos de periodistas publicaran las revelaciones de los Panama Papers que expusieron de manera masiva los movimientos de dinero y negocios financieros ocultos de políticos, empresarios, figuras deportivas, estafadores y celebridades, un grupo de líderes mundiales -algunos avergonzados, otros indignados y otros que vieron una oportunidad mediática- se reunieron en Londres para denunciar el volumen del flujo mundial de dinero sucio.
El entonces primer ministro británico, David Cameron; el presidente nigeriano Muhammadu Buhari; y el viceministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, entre otros, firmaron la Declaración Global contra la Corrupción, un acuerdo para tomar medidas enérgicas contra las empresas pantalla, frenar a los abogados y contadores que ayudan a los funcionarios corruptos, y aumentar la transparencia para desalentar la evasión fiscal.
Cinco años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido como ICIJ por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios publicaran la investigación de Panama Papers, la lucha contra el secreto financiero y las argucias en el extranjero continúa, con una combinación de victorias y fracasos, y más batallas por venir.
El ex premier británico Cameron se retiró de la política, pero solo después de resistir los pedidos de su renuncia y superar lo que The Guardian llamó “la peor semana de su vida profesional”. Fue luego de que las revelaciones de Panama Papers lo obligaron a admitir que se benefició de un fideicomiso en el extranjero creado por su padre. La Nigeria de Buhari todavía pierde miles de millones de dólares al año a causa de la corrupción y la evasión fiscal. El año pasado, los Emiratos Árabes Unidos recibieron una calificación muy crítica de expertos mundiales que consideraron al país un destino atractivo para los delincuentes.
Si bien los Panama Papers han enviado a criminales a la cárcel y han hecho que otros posibles delincuentes piensen dos veces dónde esconder las ganancias mal habidas, una maraña de leyes plagadas de lagunas legales, paraísos fiscales destinados a maximimizar las ganancias y hábiles intermediarios todavía permiten que prosperen los delitos financieros.
“Hay que seguir presionando”
“En la medida que se tome en cuenta la gravedad del problema, estamos en el camino correcto”, dice Attiya Waris, profesora de derecho y política fiscal en la Universidad de Nairobi, Kenia. “El problema durante tanto tiempo fue que todo esto sucedía en espacios muy opacos, y la gente ni siquiera era consciente de ello”.
Pero, según advierte Waris, el sistema financiero mundial sigue desequilibrado. “Ha habido mejoras en la transparencia, pero en gran medida han beneficiado a los países más ricos”, señala.
El sistema offshore es tan grande y está tan arraigado, que desmantelarlo, o incluso reformarlo, no es algo que se pueda hacer en unos pocos años. “Hay que seguir presionando”, sostiene Lakshmi Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity. ”La formulación de políticas no es un proceso de la noche a la mañana”.
Antes de los Panama Papers -advierte- el debate sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el movimiento de dinero sucio tenía lugar entre funcionarios gubernamentales, banqueros y otros facilitadores corporativos del sistema extraterritorial. “Los grupos de la sociedad civil éramos actores marginales. Ni siquiera estábamos en la habitación”. Pero la investigación de ICIJ les dio un nuevo ímpetu a los activistas anticorrupción y proporcionó ejemplos del mundo real, utilizados para defender los estándares globales y las leyes nacionales más estrictas, opina Kumar.
A largo plazo, -analiza este experto- los escándalos financieros continuos no son una señal de fracaso en la lucha, sino que muestran el camino hacia una reforma real. “Nos dicen qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en términos de políticas y cómo se aplican”.
A media década de las revelaciones de la investigación global de ICIJ, las autoridades continúan investigando e impulsando reformas. Según una búsqueda en la base de datos de noticias de Nexis, solo en el mes de marzo se registraron estos casos:
• En Malta, las autoridades acusaron a Keith Schembri, jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, de lavado de dinero y fraude como resultado de una investigación iniciada en parte por Panama Papers. Y un tribunal escuchó más testimonios sobre el asesinato con coche bomba de Daphne Caruana Galizia, una periodista maltesa que utilizó documentos de la investigación en sus exposiciones de funcionarios gubernamentales de alto rango.
• En Perú, el candidato presidencial Rafael López Aliaga fracasó en su intento de que un tribunal ordenara que se detuviera la investigación sobre su rol en un caso de lavado de dinero relacionado con Panama Papers.
• En Dinamarca, el ministro de Hacienda del país citó la investigación para justificar la contratación de cientos de nuevos empleados a fin de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
• En los Estados Unidos, los fiscales hicieron pública la tercera declaración de culpabilidad en un caso de fraude fiscal que salió a la luz a través de los Panama Papers, y los legisladores citaron esta investigación periodística para respaldar el impulso para promulgar dos leyes históricas ahora ante el Congreso.
Se trata de la Stop Tax Haven Abuse Act, que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer restricciones a jurisdicciones extranjeras o instituciones financieras para contrarrestar el lavado de dinero y los esfuerzos para impedir la aplicación de impuestos en los EEUU, y For the People Act, un proyecto de ley para ampliar los derechos de voto, cambiar las leyes de financiamiento de campañas para reducir la influencia del dinero en la política, limitar la manipulación partidista y crear nuevas reglas éticas para los funcionarios federales, que es conocida como “la reforma democrática más audaz desde el Watergate”.
A pesar de la creciente cantidad de normas que prohíben que los dueños de las empresas puedan mantener el anonimato, múltiples análisis muestran que ningún país logra el nivel de transparencia necesario para detener el crimen financiero en seco.
Transparencia Internacional (TI), una organización sin fines de lucro con sede en Berlín, descubrió que, si bien muchos países prometieron implementar registros públicos de propiedad de las empresas, la acción concreta “generalmente se ha retrasado”.
De los pocos registros públicos de beneficiarios finales que existen, la mayoría se limita a Europa. En África, informó Tax Justice Network, solo tres países tienen un registro digno de elogio. Otros países crean lagunas legales para los fideicomisos o no requieren que la información se haga pública, según descubrió esa organización.
En los años transcurridos desde la publicación de Panama Papers, las investigaciones del ICIJ han revelado limitaciones similares. La investigación de FinCEN Files publicada el año pasado, una asociación de ICIJ con BuzzFeed News y más de 100 socios de medios (entre ellos Armando.info), reveló cómo cientos de empresas creadas en el Reino Unido ayudaron a ocultar miles de millones de dólares en pagos sospechosos.
A pesar de una ley que exige que la mayoría de las empresas del Reino Unido revelen el nombre de los dueños que controlan más del 25% de sus acciones, algunas empresas no proporcionan la información o declaran que sus propietarios son empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales lejanos como las islas Seychelles.
Kumar sostiene que aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que las divulgaciones de propiedad corporativa en el Reino Unido y en otros lugares sean precisas y útiles. Pero mientras el mundo intenta terminar con el secreto que encubrió el sistema durante décadas, considera que “incluso la mala información es mejor que la falta de información. Porque la mala información te da la oportunidad de hacer preguntas y responsabilizar a alguien”.
A raíz de Panama Papers, los paraísos fiscales clave vieron colapsar su modelo de negocio. A finales de 2016, meses después de las revelaciones del ICIJ, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) reportaron una caída del 30% en el número de nuevas empresas creadas en comparación con el mismo período del año anterior.
Han surgido otras naciones, grandes y pequeñas, para llenar el vacío. Estados Unidos, con estados opacos como Delaware y Dakota del Sur, busca atraer agresivamente el dinero extranjero. Estados Unidos se niega a unirse al llamado Estándar Común de Reporte (conocido como CRS por su nombre en inglés, Common Reporting Standard), un acuerdo global creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014 por el cual más de 100 países y territorios se proporcionan automáticamente entre sí información financiera relacionada con los ciudadanos de otro país no residentes.
“Creo que el movimiento de las economías occidentales y avanzadas a favor de la transparencia financiera hará que sea más difícil (aunque no imposible) mover el dinero, incluso a otras jurisdicciones”, asevera Gary Kalman, director de Transparencia Internacional en Estados Unidos.
“Dicho esto, todavía hay muchas cosas que debemos hacer para cerrar las brechas en nuestras propias leyes”, agrega Kalman. Y señala las lagunas para los asesores de inversión, las criptomonedas y el mercado inmobiliario. “Mi sensación es que el ‘lobby de la evasión fiscal’ es más fuerte de lo que uno podría pensar”, advierte este directivo de TI.
Los Emiratos Árabes Unidos , cuyo tamaño es 118 veces más pequeño que Estados Unidos, es otro paraíso fiscal. El año pasado, el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), los criticó por su pobre historial en la lucha contra los delitos financieros. La breve lista de enjuiciamientos en los Emiratos, a pesar de los riesgos conocidos, fue “particularmente preocupante”, dijo el GAFI. Desde entonces, el país ha anunciado medidas enérgicas contra un puñado de bancos y bufetes de abogados.
Desde Panama Papers, ICIJ y sus socios han trabajado juntos en seis investigaciones más sobre dinero sucio y secreto financiero: Paradise Papers, West Africa Leaks, Bribery Division, Mauritius Leaks, Luanda Leaks y FinCEN Files.
Luanda Leaks, que investigó en 2020 el ascenso de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos y la complicidad de sus asesores y abogados, reveló que una empresa de Dubai controlada por un amigo cercano recibió 38 millones de dólares, horas después de que Dos Santos fuera despedida de su trabajo como jefe de la empresa petrolera estatal.
Mientras algunos estafadores y políticos eligen nuevas jurisdicciones para sus empresas fantasma, otros están mirando productos y servicios para el lavado de dinero, más difíciles de detectar para los investigadores.
Las empresas fantasma de bajo costo aún permiten que un dador de sobornos o un receptor de sobornos mueva rápidamente dinero en efectivo contaminado por todo el mundo. Pero esquemas más complicados han llamado la atención de las autoridades.
FBI: Casi 10 billones de dólares, del sector privado de inversiones, fue usado en 2020 como una herramienta de lavado de dinero
El año pasado, un informe filtrado del FBI destacó que casi 10 billones de dólares del sector privado de inversiones fueron usados como una herramienta de lavado de dinero. Los delincuentes incorporan dinero sucio en las inversiones que ofrecen los fondos de cobertura y otros vehículos, según el informe.
Los lavadores de dinero también se están apropiando de la apariencia legítima del comercio internacional para mover dinero ilegal por todo el mundo, dicen los expertos.
Como parte de la investigación de FinCEN Files, ICIJ informó que los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos no procesaron a Kaloti Jewellery Group a pesar de que un grupo de trabajo liderado por Estados Unidos determinó que el comerciante y el refinador compraron oro a vendedores sospechosos de lavar dinero para narcotraficantes y otros criminales.
Tras reconocer que los esquemas cada vez más sofisticados no son una creación exclusiva de los delincuentes, los países y las organizaciones internacionales han centrado la atención en abogados, contadores, administradores de inversiones y otros asesores. En febrero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó su primer estudio sobre los llamados “facilitadores profesionales” de la actividad delictiva.
Estos facilitadores “socavan no solo el estado de derecho, sino su propia profesión”, dijo la OCDE, citando las investigaciones del ICIJ por llamar la atención del público sobre su papel, y pidiendo a los países que interrumpan las actividades de los facilitadores.
Tras la investigación de Luanda Leaks, el regulador de valores de Portugal recomendó enjuiciar penalmente a las empresas de auditoría que trabajaban para Dos Santos. El regulador descubrió auditores que no habían impedido el posible lavado de dinero y no señalaron transacciones sospechosas a las autoridades, cuando había “razones suficientes” para pensar que las transacciones “podrían estar relacionadas con fondos de actividades delictivas”. Más de un año después de esa investigación, no se han anunciado cargos.
* Will Fitzgibbon es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Washington (EEUU) integrada por una red de 267 periodistas de todo el mundo de más de 100 países, cuyo objetivo es investigar historias globales que puedan generar un cambio positivo en la sociedad.
**Traducción al español de Mariel Fitz Patrick, Infobae.
***Versión para Armando.info: Joseph Poliszuk.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela encontró el libro 'Claudia Patricia: mi huella' al allanar el apartamento de la extesorera. Se trata de un panegírico que encargó para contar su vida y la relación que mantuvo con el fallecido presidente. Ella y su esposo aparecieron reseñados en los llamados Papeles de Panamá. El gobierno venezolano ha aprovechado el escándalo mundial para dar la impresión de que está luchado contra la corrupción. Claudia Diaz y su pareja son los grandes afectados de una investigación que avanza sin hacer ruido.
Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, terminó resolviendo ese inconveniente para complacer a esos dos clientes
El nombre de la ex jefa de la petrolera venezolana en Colombia aparece en los papeles de Mossack Fonseca con 100% de las acciones de una compañía creada en junio de 2011 y de la que solicitó la disolución seis meses después. Ahora está desempleada desde agosto de 2015, cuando fue sustituida por la ex cuñada del presidente Nicolás Maduro
Las últimas dos grandes investigaciones globales dirigidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han revelado los negocios offshore de Eligio Cedeño, ex banquero venezolano considerado prófugo de la justicia por algunos y perseguido político por otros. La sociedad Cedel International Investment, dueña de Bolívar Banco y Banpro, también solicitó los servicios de Mossack Fonseca para funcionar en las Islas Vírgenes Británicas
El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación OFL, que agrupa a una veintena de compañías a su nombre, lo convierten en uno de los empresarios del sector de seguros que más ha crecido durante el gobierno chavista
Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta Cadivi, estuvo relacionado con empresas de ultramar
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
