Pasaría por el barista de moda gracias al auge de su marca Café Páramo y cadena de tiendas gourmet. Pero es mucho más que eso. A la sombra de decenas de contratos con el Estado venezolano y divisas preferenciales, Camilo Ibrahim Issa ha expandido un emporio que nació con tiendas al detal y no deja de sumar toda clase de nuevos negocios: aerolíneas, empresas petroleras y prestadoras de servicios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otros. Si bien cultiva el bajo perfil, el reciente escándalo de Plus Ultra en España lo puso bajo los focos. Todavía así, para reconocer su figura en medio de una enmarañada estructura corporativa hace falta seguirle la pista a un grupo de allegados y familiares.
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El secreto del Café Páramo no está ni en el aroma, ni en el sabor. En realidad, es un nombre: Camilo Ibrahim Issa. Se trata de un personaje y una cara no muy conocidas pero que están detrás no solo de esa marca en expansión -empaca, comercializa, exporta café, y abre tiendas al estilo de Starbucks o de Juan Valdez-, sino también de uno de los crecimientos empresariales más espectaculares de la era del chavismo, que se hace sentir en diversas y simultáneas apuestas en categorías que van del consumo masivo hasta la aeronáutica civil.
Porque sí: Camilo Ibrahim también es el hombre detrás de Plus Ultra, la aerolínea nominalmente española pero con inversionistas venezolanos que ahora aparece casi todos los días en las tapas de los diarios de Madrid. Aunque la convención diga que no importa que hablen mal de uno, sino que hablen, la difusión reciente del nombre de la aerolínea no debe haber sido recibida con gusto por Ibrahim, como si de una publicidad gratuita se tratara: la marca aparece en los medios asociada a un escándalo, el de la aparentemente irregular asignación de 53 millones de euros en ayudas por parte del gobierno socialdemócrata del presidente Pedro Sánchez, y ha puesto a sonar en público al empresario de origen libanés, quien cultiva con empeño el bajo perfil y conoce los beneficios de pasar inadvertido.
El estruendo en los medios españoles podría llevar a pensar que ese es el principal negocio de Ibrahim. Pero no es así. De hecho, controla una amplia estructura corporativa en la que Plus Ultra y Café Páramo lucen como las muestras más vistosas, pero no necesariamente las más ambiciosas o rentables. Su organigrama se extiende también a otros negocios al detal, a empresas de servicios petroleros y hasta a las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.
En medio de la deprimida economía venezolana, repleta de malas noticias, el reciente boom de Café Páramo llama mucho la atención. Sin duda refleja una historia de éxito: sus tiendas brotan como hongos -hasta una en Canadá- y la calidad del producto es ponderada a menudo por usuarios en las redes sociales. Pero no todos los granos de esta historia son gourmet. Por algún motivo, la propia compañía se empeña en ocultar a los verdaderos dueños, tejiendo un manto de oscuridad tan intenso como un buen espresso.
Grupo Páramo nació a mediados de 2016, cuando la crisis económica desatada con el gobierno de Nicolás Maduro era inocultable. Dos años después la empresa entró de lleno en titulares de prensa y en la polémica de las redes sociales. A mediados de 2018, los vecinos de la Plaza Altamira, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, se opusieron a la instalación de un quiosco de Páramo en ese lugar pues ya corrían rumores de que sus dueños eran personajes cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. La compañía había acordado con el alcalde, Gustavo Duque, estar allí a cambio de costear el mantenimiento de la plaza. El acuerdo tenía mucho de profanación simbólica: la plaza Altamira ha representado en diferentes ocasiones el bastión central de la resistencia antichavista, no solo en el municipio sino a nivel nacional.
En medio de la controversia y en una acción para atajar la crisis reputacional y los rumores que rodaban como una bola de nieve, la compañía presentó entonces a Guillermo Blanco Hernández como el artífice del emprendimiento. El relato que compartió destacaba su historial como empleado de la banca, repetía ser el dueño, y negaba cualquier vínculo o favoritismo de parte del chavismo. “No tenemos ningún tipo de vínculo con el gobierno nacional (…) Nosotros somos unos emprendedores que creemos en el país, seguimos apostando por el país y trabajando duro”, declaró en unas de esas apariciones en octubre de 2018.
Mientras Blanco Hernández se exponía ante los medios, el verdadero dueño prefirió mantenerse agazapado, tras bastidores. La prudencia de Camilo Ibrahim tiene sus buenos motivos. En una época y entorno en los que el abultamiento de cualquier fortuna genera suspicacias, Ibrahim, además de Páramo, ha sumado a sus haberes varias empresas como Phoenix World Trade Inc, firma con la que maneja la marca de ropa Zara y otras del grupo español Inditex, y Pentech Ingenieros 05, compañía con un largo historial de contrataciones con la gigante petrolera estatal Pdvsa, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
En muchas de esas empresas se repite un mismo elenco de colaboradores y allegados.
Uno de ellos es el propio Guillermo Blanco Hernández, por ejemplo. Aunque lo cierto fue que entró como accionista del Grupo Páramo apenas el 20 de enero de 2019, es decir, semanas después de que declarara a la prensa como pretendido fundador de Café Páramo, según se puede constatar en el registro mercantil. Ese mismo día junto a Blanco también se incorporaron a la gobernanza patrimonial de Páramo, como socio principal, Hassen Hammoud, un joven de nacionalidad canadiense, y José Hernando Calderón Barón, que quedó como socio minoritario.
En cambio, desde la fundación de la compañía en 2016 figuraron como sus primeros socios Kaled Osma Firas, de nacionalidad brasileña, y Aldo Saad Saad, un joven abogado venezolano. Luego, en octubre de 2017, Youssef Hammoud y Ahmed Hammoud, también con ciudadanía canadiense, pasaron a ser los representantes legales.
Tanto los hermanos Hammoud como Aldo Saad Saad, el joven abogado, son fichas repetidas de la estructura corporativa de Camilo Ibrahim Issa.
Ahmed Hammoud, por ejemplo, comparte sociedad con Hassan Ibrahim Osman, hijo de Camilo Ibrahim, en Inversiones Planet Security, creada en Caracas en 2009. Ambos están igualmente relacionados en Fire Bird Inc Limited y Check-In 18 C.A, con las que recientemente asumieron el control de algunas operaciones en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
En Caracas, Ahmed Hammoud, el representante legal del Grupo Páramo, es también socio de Mohamed Ibrahim Ibrahim y Hassan Ibrahim Ibrahim, sobrinos de Camilo Ibrahim, en PHX Security System. Esta empresa acumula una larga lista de contratos con la extinta red estatal Abastos Bicentenario, los ministerios de Comercio, el Despacho de la Presidencia, el Banco Bicentenario y hasta la Embajada de Cuba en Venezuela. Sus ventas a esos clientes van desde cámaras de seguridad hasta artículos navideños, según el RNC.
No por coincidencia, en sus inicios, Grupo Páramo tuvo la misma dirección que PHX Securiy System: la quinta Serbal de la urbanización Campo Claro, en el este de Caracas.
Pero no son estas las únicas conexiones del Grupo Páramo con Camilo Ibrahim.
Aldo Saad Saad, uno de los socios fundadores de la productora de café, es también parte del holding de Camilo Ibrahim en varios de los negocios del duty free y tiendas de retail del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, según detallan fuentes conocedoras de esas operaciones.
Camilo Ibrahim figura además como directivo en España de las empresas Alimentos Los Páramos, registrada en diciembre del año pasado, y de La Compañía de Boconó y Biscucuy SL, creada en enero de 2019. Ambas terminaron expuestas estos días, en parte por la reciente crisis generada alrededor de Plus Ultra. Los nombres de ambas no sólo están vinculadas con la marca Páramo, sino también con dos regiones productoras de café en Los Andes venezolanos. Y el objetivo de las dos es, precisamente, la comercialización “al por mayor y al por menor de todo tipo de alimentos y, en especial, de café en grano, molido, trillado, o en cualquier otra forma, así como la fabricación, manipulación, envasado y tostado de todo tipo de café”.
En esas dos jóvenes sociedades españolas, Camilo Ibrahim comparte directorio con Raif El Arigie Harbie, Rodolfo José Reyes y Roberto Roselli Mielli, todos venezolanos y directivos también de la aerolínea Plus Ultra.
Ninguno de los impedimentos que sensatamente cabría considerar a la hora de montar en Venezuela un negocio de procesamiento y comercialización de café ha desalentado la frenética expansión de Páramo. A saber: ni la larga contracción económica, ni el desplome de la producción nacional del grano -que hoy no supera los 350.000 quintales anuales-, ni siquiera la crisis de un sector afectado durante años por los controles de precios y expropiaciones decretadas por Hugo Chávez a diversas torrefactoras comerciales, algunas emblemáticas y hasta históricas, como Café Madrid o Fama de América. Tampoco lo hizo el pequeño runrún en torno al quiosco de Altamira en 2018, drenado sobre todo a través de las redes sociales.
En realidad, todos esos factores contribuyeron a despejar el mercado y a favorecer la irrupción de Páramo.
El capital de la compañía no dejó de crecer, la oferta comercial suma al menos cuatro tipos de café gourmet y los locales al estilo Starbucks o Juan Valdéz se fueron replicando en sitios estratégicos como aeropuertos, teleféricos o hasta en el mismo centro histórico de Caracas, algo imposible de lograr en estos tiempos sin el consentimiento del gobierno nacional.
Varios locales de Páramo están, incluso, en espacios donde alguna vez el chavismo expropió y desalojó a otros empresarios. Son los casos, por ejemplo, de la tienda que la marca mantiene en la estación del teleférico de Caracas en Maripérez, cuya concesión fue retirada por Chávez al banquero Nelson Mezerhane, y es también el caso del local de Páramo en el antiguo hotel León de Oro, en la avenida Universidad, en pleno centro de Caracas, apenas dos de los catorce establecimientos que hoy tienen en el país. En 2018 fue el propio Maduro quien desalojó de esa zona también cercana a la plaza El Venezolano a pequeños comerciantes dueños de piñaterías y restaurantes. Hoy el local de Café Páramo sobresale en medio del caos del centro histórico de Caracas.
El León de Oro, que ahora alberga a Páramo, es un edificio histórico de dos pisos entre las esquinas de Sociedad y Traposos. Su estampa adorna muchas de las crónicas costumbristas de la Caracas de los Techos Rojos. El inmueble luce una fachada blanca que hace juego con amplios ventanales, balcón y puertas de madera que se levantan hacia lo alto. Solo un pequeño letrero circular con el logo de la marca interrumpe un diseño que evoca a la antigua cuadrícula urbana de la ciudad donde nació y vivió Bolívar. Cerca hay también un local de Golfeados San Jacinto, otra nueva franquicia que, según los empleados, es de “un tal Ahmed (Hammoud)”, mismo nombre del representante legal de Grupo Páramo.
Cuando en octubre de 2018 Guillermo Blanco, como supuesto propietario de Grupo Páramo, quiso desmentir la relación con el chavismo, aseveró que habían conseguido ese espacio en el corazón de Caracas “entregando nuestra carpetica” con el proyecto. “Nos dijeron que adelante, bajo ciertas condiciones, donde teníamos que mejorar todo lo que viene a ser la imagen y la fachada de lo que era el hotel viejo León y con un contrato de arrendamiento por plazo”.
El 12 de agosto del año pasado, Guillermo Blanco participó en un foro virtual organizado por el medio digital Analítica.com sobre “historias de emprendimientos que inspiran”, pero no como representante de Páramo, sino de otra franquicia emergente, esta de helados, llamada La Palettería. Para no ahorrarse indicios, el abridor del foro fue el propio Camilo Ibrahim, en una de sus pocas apariciones en público. Distintas versiones no confirmadas adjudican a Ibrahim la propiedad de La Palettería, que además cuenta ya con un local en otra construcción de significado patrimonial en Caracas, el edificio Los Andes, en Sabana Grande, en cuya planta baja también Café Páramo se estaría disputando un local con la franquicia de Chocolates Noble, "de la misma gente", según recogía Armando.info en un reportaje reciente. Los Golfeados San Jacinto también están allí.
El surgimiento de Grupo Páramo en apenas cinco años no ha pasado inadvertido entre antiguos industriales y productores de café. Para ellos, incluso antes del auge de los establecimientos o de que los empaques de Café Páramo se vieran en algunos supermercados, ya tenían noticias de la compañía y de su aroma.
“Voy a mencionar a dos empresas que son de enchufados, que son Café Páramo y Café Botalón, que básicamente son los que rigen la política y los precios del café actualmente”, reclamó en febrero de 2019 Yoleidy Páez, representante de los caficultores en una asamblea de productores con Juan Guaidó, este en su condición de presidente de la Asamblea Nacional y sólo días después de proclamarse presidente interino de la República.
Si el del verdadero dueño ya es un tema tabú en la compañía, lo mismo ocurre con el lugar donde procesan y empacan el café. Fuentes de la industria aseguran que a Grupo Páramo la estatal Corporación Venezolana del Café le cedió, bajo la figura de comodato, la instalación de Café Madrid en Guacara, estado Carabobo, expropiada hace años por Chávez. “Salimos de un oligopolio que en su momento tenían Fama de América y Café Madrid, para un oligopolio de dos empresas enchufadas del gobierno”, afirma otro productor de café que prefiere que su nombre se mantenga en reserva.
La historia de Grupo Páramo representa entonces otra evidencia de la política, impulsada por Nicolás Maduro, de reprivatización o reparto entre aliados de empresas expropiadas en su momento por Chávez. “Durante años destruyeron el negocio del café y hoy es un negocio de los enchufados”, insiste el productor.
Por supuesto, nada de eso está en la historia oficial de la compañía. Para este reportaje, ni Aldo Saad Saad ni Ahmed Hammoud contestaron a peticiones de entrevistas.
Al cierre de esta edición Reinaldo Gadea Pérez, abogado de Camilo Ibrahim, tampoco había contestado el cuestionario enviado a su despacho por correo electrónico. Gadea Pérez es miembro fundador del bufete Gadea, Lesseur & Asociados, del que también forman parte Gerardo Blyde, dirigente político y ex alcalde Baruta, así como José Simón Elarba, empresario dueño de la recolectora de basura Fospuca.
Fue el propio Gadea Pérez, de acuerdo al relato de varias fuentes, quien acudió al parlamento cuando el diputado Freddy Superlano anunció en 2018, entonces como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, una investigación contra Camilo Ibrahim y otros directivos de su grupo por supuestos hechos de corrupción en contratos con el gobierno para la venta de útiles escolares, así como su posible participación en el negocio detrás de los Clap, el programa gubernamental de distribución de alimentos y otros productos subsidiados de primera necesidad.
“Al señor Camilo Ibrahim se le envió una interpelación, pero acudió el abogado Reinaldo Gadea. Rápidamente nos dimos cuenta de que el señor Camilo Ibrahim tenía muchos dolientes”, relata una de las fuentes entrevistadas. Documentos obtenidos para este reportaje confirman que Phoenix World Trade Inc, la misma que maneja las tiendas Zara, firmó en 2015 el contrato 0231 con la estatal Corpovex para la venta de “morrales escolares y cartucheras”.
Otros de los citados por la Asamblea Nacional fueron Raif El Arigie Harbie y Rodolfo Reyes, quienes son los directivos en España de Plus Ultra y también comparten directiva en las dos sociedades creadas para el negocio del café en Madrid. Tampoco ellos accedieron a la petición de entrevista para este reportaje.
Así como Grupo Páramo esquivó aquella tormenta de 2018, Camilo Ibrahim también escapó al ruido surgido a raíz de la citación por parte de la Asamblea Nacional. Previamente, en 2013 también se libró sobre supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de divisas cometidas por varias empresas relacionadas a Phoenix World Trade Inc, que parecían parte de la misma estructura al compartir directivos y direcciones pero que solicitaban individualmente los dólares ante Cadivi, oficina que administraba el control de cambio. A finales de 2015 un fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa en contra de Phoenix World Trade Inc, ahora reconvertida en un paraguas más amplio llamado Grupo Phoenix World Trade Inc con sociedades en Venezuela, Panamá y República Dominicana, entre otros países.
Luego de todas esas tormentas y en medio del auge empresarial que protagoniza, las circunstancias permiten a Camilo Ibrahim degustar un café y pontificar sobre el “nuevo renacer económico” de Venezuela, tal y como hizo en esa participación pública el año pasado a nombre de emprendedores venezolanos.
Una parábola de progresiva decadencia y abandono describe la tradicional presencia en una esquina de Sabana Grande de la construcción, que en 1949 era el edificio más alto y suntuoso de Caracas. Ocupado al comienzo del gobierno de Chávez por invasores violentos, que lo transformaron en tierra de nadie al alcance de quien quisiera tomarlo a la fuerza, luego de su nacionalización sirvió de comuna estudiantil y de asilo para enfermos de Covid-19. Ya en las últimas, brotes de la economía de bodegones empiezan a colonizar su planta baja.
Agotada de funcionar en un país en crisis y bajo fuertes críticas sobre su operatividad, la empresa que manejaba los servicios automatizados de chequeo y embarque en el principal aeropuerto del país organizó una retirada parcial. En su lugar dejó a cargo una representación que reposa en dos compañías -desconocidas para las líneas aéreas que aún operan en Venezuela- relacionadas con un importante grupo empresarial de origen libanés, que hasta el año pasado solo manejaba las tiendas de duty free, pero que firmaron con el Estado venezolano un contrato que incluye también refacciones en la estructura y equipos del aeropuerto. Las líneas aéreas se niegan a firmar un contrato de servicios con los nuevos operadores, que redoblaron el costo de sus servicios.
De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
