El siguiente reportaje de la “Confidencial”, desde Managua, radiografía un mecanismo por el que un operador financiero del sandinismo, Francisco López Centeno, hace circular fondos de la cooperación venezolana, a través de un oscuro intermediario ruso, para alimentar las arcas de sus propias empresas privadas.
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El ingeniero Francisco López Centeno, conocido como Chico López, funcionario público y empresario nicaragüense, paga y da el vuelto a sus familiares, pero con dinero venezolano.
López, tesorero oficial del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es tenido como el gestor de negocios de Daniel Ortega.
En el frente público, López es presidente de la petrolera estatal Petronic. Pero, a la vez, se desempeña como vicepresidente de ALBA de Nicaragua S.A. (Albanisa), la empresa mixta venezolana nicaragüense a través de la cual el presidente Hugo Chávez envía su remesa petrolera a Ortega.
Constituida en julio de 2007, Albanisa administra el acuerdo entre países en el que Nicaragua se compromete a pagar en 90 días los suministros petroleros venezolanos, mientras el restante 50% de la factura se convierte en créditos blandos destinados, en principio, a fondos para proyectos sociales, entre ellos, la construcción de calles y casas para la población. Las condiciones de esos préstamos establecen que el sector público nicaragüense debe honrar su compromiso en 23 años y pagando una tasa de interés de 2% anual.
Al mismo tiempo, López, ingeniero de profesión, es empresario privado. En el esquema de bicicleta financiera del que López es cadena de transmisión, una de las empresas inscritas a nombre de sus familiares, Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa), aparece como receptora final de los fondos. El esquema lo completan otra empresa privada, Tectasa, fruto de una sociedad entre Tecnosa y un fondo de Tartaria, Rusia; y Caja Rural Nacional RL, Caruna, una cooperativa prevista para servir de canal de distribución de los fondos de la cooperación venezolana dirigidos para el desarrollo de proyectos sociales, pero de la que en los últimos años se han reportado importantes desembolsos para negocios relacionados con el presidente Ortega y su entorno.(http://www.confidencial.com.ni/articulo/3388/las-cuentas-secretas-de-albanisa)
Como todo esquema de triangulación financiera, es complicado. Pero en manos de Octavio Enríquez y Wilfredo Miranda, redactores de la revista Confidencial de Managua, está una pieza que permite descifrarlo: la copia de un contrato por el cual Tectasa recibe de Caruna una cantidad equivalente a casi un millón de dólares.
Las autoridades de la financiera Caruna argumentaron que la empresa de los familiares de López estaba construyendo las llamadas calles para el pueblo, uno de los proyectos insignia de Ortega y, basados en ese interés social, entregaron el fondo para que se los guardara en depósito, dejando abierta la posibilidad de que la empresa pueda presentar un cobro si quiere, pues se lo permite el código civil nicaragüense.
A la vez, Confidencial tiene en su poder la copia del cheque por la mitad del monto del contrato, un desembolso equivalente a 484.099,50 dólares (algo más de once millones de córdobas, la moneda nacional), proveniente de la cooperación venezolana, que el propio ingeniero López Centeno autorizó para que Tecnosa (su propia empresa, y poseedora de 51% de las acciones de Tectasa) lo tuviera en calidad de depósito. El compromiso es regresarlo seis meses después de la firma del contrato, el 23 febrero de 2013.
Por contrato, Tectasa recibiría 968.199 dólares de parte de Caruna, a través de una filial, Alba Infraestructura, en concepto de “depósito”, aduciendo que tenía contratos con distintas municipalidades del programa Calles para el Pueblo. Por otro lado, se tiene constancia de que López autorizó desde Caruna, donde es firma libradora, el depósito de fondos equivalentes a la mitad de ese monto, procedentes de la cooperación venezolana.
Confidencial llamó al ingeniero Edward Centeno, expresidente ejecutivo del Instituto de Fomento Municipal (Inifom), para conocer acerca de la participación de la empresa vinculada al Vicepresidente de Albanisa en la ejecución del programa. Sin embargo, el ahora alcalde oficialista de Ocotal (Departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua) dijo que se dirigía hacia Managua y que no contaba con la documentación para ofrecer una explicación.
El mecanismo de financiamiento conocido como “contrato de depósito”, se rige por el Código Civil. Mediante este procedimiento, Caruna, creadora y participante de otra empresa, Alba Infraestructura, cede el 23 de agosto de 2012 fondos para que Tectasa (participada por Tecnosa) los custodie con la misma diligencia con que lo haría “un buen padre de familia”, se lee en el compromiso.
Según el artículo 3451 del Código Civil nicaragüense, por lo general “el depósito es por su naturaleza gratuito, pero el depositario puede, sin embargo, estipular alguna gratificación”.
La mitad del dinero acordado en el contrato de depósito fue requerido por la empresa el 8 de septiembre de 2012 cuando Oscar Manuel Silva, en su carácter de gerente de Tectasa, envió la solicitud a Alba Infraestructura.
El contrato oficial aparece suscribiéndolo Tecnologías y Sistemas de Tatarstan S.A (Tectasa), una compañía creada en el 2009 de la que Tecnosa posee el 51% de las acciones y el 49% restante es propiedad de una agencia de cooperación del estado ruso de Tartastán.
“En el marco de ejecución de Proyecto Mejoramiento Vial de Calles para el Pueblo y en base a testimonio de escritura pública número 73- Contrato depósito suscrito con su representada, por este medio le solicitamos el 50% de su valor, equivalente a la suma de 484, 099.50 dólares”, escribió Silva a Gustavo Sáenz Macías, gerente general de Alba Infraestructura.
El documento interno muestra además el sello de “Recibido” de Alba Infraestructura, y también el de “Cancelado” el 22 de noviembre de 2012.
Confidencial solicitó una explicación al ingeniero López Centeno, sobre la emisión de un cheque millonario a su propia empresa familiar, pero su asistente indicó que no podía atender a los periodistas. “Él está fuera de la oficina, en cuanto me llame, o regrese, yo le doy su recado”, prometió. Sin embargo, nunca hubo una respuesta a lo largo de toda la semana.
Tecnologías y Sistemas de Tatarstan S.A (Tectasa) -la empresa de la que Tecnosa es accionista mayoritaria- fue inscrita el 20 de marzo de 2009 en el Registro Mercantil de Managua. A Tecnosa se le ha señalado desde 2007 de recibir múltiples contratos del Estado, préstamos del Seguro Social y de aprovechar empréstitos de la cooperación venezolana, sobre todo en el proyecto conocido como Casas para el Pueblo, ubicado en el viejo centro de Managua.
Tecnosa es propiedad de dos hermanas del vicepresidente de Albanisa: Milagros y Yolanda López Centeno, secretaria y tesorera de la junta directiva de la compañía.
Tectasa quedó constituida nueve meses antes de que Caruna crease Alba infraestructura. Su capital inicial fue de 100.000 córdobas (cerca de 4.500 dólares). El objeto social de Tectasa es la construcción de obras civiles, pero también puede realizar actividades comerciales e industriales para la exportación, comercialización, distribución, transporte de bienes y servicios de consumo humano.
Otro hermano del ingeniero Francisco López Centeno, Nester Horacio López Centeno, ocupa el puesto de secretario de la junta directiva de Tectasa.
Tatarstán o Tartaria es un Estado rico en petróleo ubicado en el distrito federal del Volga, a 800 kilómetros al este de Moscú; desde aquel sitio vino al país un ruso para firmar el acta constitutiva de Tectasa ante los oficios notariales de José Vladimir Soto, de acuerdo a la escritura número 8 autorizada a las siete de la noche del 20 de marzo de 2009. El ciudadano ruso se llama –transliterando su nombre de la inscripción en caracteres cirílicos- Rischat Ajmetsafovichol Mujameriadov, y ocupa el cargo de vicepresidente de Tectasa, según versa la escritura.
En la constitución de Tectasa también firmó, a nombre de Tecnosa, Oscar Manuel Silva Ruiz, actual gerente. Silva recibió el nombramiento de gerente en una reunión de accionistas de Tecnosa, celebrada a las cinco de la tarde del 16 de marzo de 2009, es decir cuatro días antes de la conformación oficial de la sociedad anónima Tectasa.
Silva atendió a Confidencial cuando se le inquirió sobre su participación en Tectasa. Sin embargo, no quiso dar respuesta a las preguntas y las derivó a Adrián Pichardo, gerente general de Tecnosa –la empresa familiar de Francisco López Centeno. Pichardo resultó imposible de ubicar.
Las instalaciones de Tectasa están ubicadas en el mismo local donde operó Tecnosa, a una cuadra al norte de la Plaza de la Revolución de Managua. El inmueble aún está en obras. Las oficinas lucen recién pintadas, pero no cuentan con rótulo que las identifiquen, como no sea una raída bandera sandinista asida a un árbol, frente a la construcción. Un aire de provisionalidad y misterio la rodean.
Igual de infructuosa resulta la búsqueda del socio ruso que compareció en la escritura de constitución de Tectasa. Según ese documento, el extranjero presentó su acreditación como representante de la República de Tatarstan tres horas antes de que se creara Tectasa.
Rischat Ajmetsafovichol Mujameriadov es identificado como mayor de edad, casado, ingeniero mecánico y con domicilio en la ciudad de Kazán, República de Tartastán. Ingresó a Nicaragua portando el pasaporte ordinario 628097152 de la Federación Rusa. El ruso presentó la autorización de la Agencia para el Desarrollo y Cooperación Internacional (Adci), adjunta al gabinete de ministros de la República de Tatarstan, que fue otorgada dos semanas antes de la conformación de Tectasa.
La Adci fue fundada en 1993 por el presidente de la República de Tatarstan. Según su website (http://www.adci-tat.com/en/about.html), mantiene oficinas en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La agencia ofrece como servicios, según la misma fuente, “la experiencia de muchos años” en “neumáticos de diferentes fábricas rusas, transporte pesado y buses que trabajan en diésel y en gas (metano), helicópteros de destinación civil, instalaciones energéticos y de bombeo de gas, compresores, automática industrial de petróleo, armadura de tubería y cerradura”.
Cuando se acude a la dirección que corresponde a la oficina de Adci en Managua -residencial Las Colinas, Avenida del Campo, número 118- nadie abre la puerta y solo se escuchan ladridos detrás de su portón rojo. Cuando se hace una llamada telefónica al número que anuncia la agencia, la respuesta es igualmente desoladora. Responde una voz masculina de alguien que prefiere no identificarse y remata, antes de cortar la comunicación. “Yo no sé nada de eso, ¿me entiende? Agencia es una cosa, pero esta es una casa privada. Yo vivo en la casa 118, yo quiero explicar que no sé nada sobre lo que usted me dice y no le puedo ayudar”.
Desde 2007, cuando Nicaragua se sumó al Alba, la asistencia financiera de Venezuela suma U$2,252 millones hasta junio del 2012, según datos del Banco Central de Nicaragua.
Contra las objeciones de los técnicos, pero con el favor de Elías Jaua, el Chávez manirroto de 2010 aprobó una asignación de más de 18 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano para recoger los árboles derribados por un huracán en Nicaragua y convertirlos en el germinador de un emporio maderero con vocación ambientalista y comunitaria. El dinero se desembolsó y la madera se recolectó, pero a Venezuela no ha llegado, diez años después, ni un tablón ni un dólar de retorno.
Es bien sabido que el régimen de Nicaragua desvió los fondos recibidos desde 2007 de la cooperación internacional venezolana, unos 3.600 millones de dólares, para favorecer los negocios privados de la nomenklatura sandinista y del entorno personal del presidente. Ahora nueva documentación demuestra que Caracas tuvo conocimiento del timo, al que no dio consentimiento. Al menos desde 2012 las autoridades venezolanas se quejaron en comunicaciones internas de garantías poco adecuadas, pago en especies de cuotas que debían hacerse en efectivo, y triangulaciones no autorizadas con terceros países, por parte de su aliado en Managua
Desde que Caracas y Managua firmaron en 2007 un acuerdo para el suministro de petróleo subsidiado, el régimen sandinista no solo ha contado con excedentes para políticas clientelares. Gracias a los recursos venezolanos, la familia presidencial ha construido un imperio económico propio, de ambigua condición entre lo público y lo privado. En los últimos cinco años, los negocios de Ortega y asociados han pasado a dominar el mercado interno de la energía, así como las muy rentables exportaciones de alimentos de Nicaragua a Venezuela.
Como el presidente, Mathieu Pigasse ama el rock, es de izquierda y mantiene amistad con Cristina de Kirchner y Rafael Correa. Pero hasta allí los paralelismos: formado en las escuelas de la élite francesa, pasa por editor y escribe libros. Podría ser como Piketty pero prefiere la acción en Lazard, la mayor empresa mundial de asesoría financiera. Le organizó a Rafael Ramírez una reunión con inversionistas en Londres y ahora gestiona la reestructuración de las cuentas públicas venezolanas.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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