La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues daba acceso a liquidaciones en dólares preferenciales de Cadivi, todo ello en el marco del Sucre, el sistema de compensación de pagos creado por los países del Alba. Un ejemplo de tales esquemas es el caso en que una empresa, el Fondo Global de Construcción, en 2012-13 recibió de contratistas del Estado venezolano al menos 159 millones de dólares para el suministro de casas prefabricadas, pero solo entregó productos equivalentes a 3 millones de dólares.
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Paradoja de paradojas en un país exportador de petróleo: por sobre la harina precocida de maíz, el papel higiénico o las medicinas, el dólar se ha convertido en una de las mercancías más escasas y codiciadas en la Venezuela revolucionaria.
Eso es muy cierto ahora, cuando los ingresos de divisas del país se redujeron a menos de la mitad por la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales (se calcula que en 2015 habrá un hueco de 40.000 millones de dólares en las arcas públicas). Pero lo era aún antes, en medio del boom de los hidrocarburos de 2003-2008. Entonces, el régimen de control de cambios impuesto por motivos políticos desde 2003 por el presidente Hugo Chávez –fallecido en el poder en marzo de 2013, al que había llegado en enero de 1999- y administrado por una burocracia agrupada en el organismo Cadivi (Comisión de Administración de Divisas), cerró parcialmente el grifo que surtía de dólares a los ciudadanos venezolanos y, en especial, para empresarios que hacían importaciones o multinacionales que necesitaban repatriar sus ganancias.
Más importante todavía, la demanda de divisas, crónicamente insatisfecha, se topó con un menú de distintas tasas oficiales, que todavía perdura en el Gobierno del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, a pesar de que un nuevo ente, Cencoex (Centro de Comercio Exterior), ha sustituido a Cadivi. El diferencial entre las diversas tasas, y de estas con la cotización del dólar en el mercado negro, definió una novedosa y opípara oportunidad de negocios a cuyo amparo, de manera ilícita, se han amasado grandes fortunas.
Algunos de los esquemas utilizados para sacar provecho del régimen cambiario apenas salen a la luz ahora. Todos tienen, como punto de partida en común, el acceso a dólares con tasa de cambio controlada.
Una investigación realizada en conjunto por los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos), en cooperación con Armando.info (Venezuela), revisó los esquemas de diversas transacciones realizadas en el marco del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) –la canasta de monedas conformada por el Alba-TCP, la alianza regional de regímenes bolivarianos, para facilitar el pago de exportaciones entre ellos-. La investigación determinó que el Sucre sirvió de plataforma para que al menos, 60 empresas venezolanas y 30 ecuatorianas, realizaran operaciones millonarias que involucraron algunas ventas ficticias y firmas fantasmas, así como cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Anguila.
Nueve empresarios venezolanos estuvieron tras estas operaciones que se mantuvieron por menos de un año, y que registraban transferencias a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela, así como la salida de los dólares a cuentas en el exterior, principalmente Estados Unidos y Panamá, a los pocos días de haber llegado la transferencia inicial. Se hicieron pagos por anticipado –antes que se embarcara la mercancía-, exportaciones sobrevaloradas, así como exportaciones fantasmas de productos que nunca llegaron a territorio venezolano.
En este negocio, que brindaba acceso a la tasa de cambio preferencial ofrecida por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), casi la mitad de las empresas eran contratistas del Estado venezolano y tenían razones jurídicas asociadas con importaciones y exportaciones, así como con la construcción. En el caso de las ventas, el sector alimentos era el predominante.
De las empresas venezolanas que hicieron parte de estas transferencias, 27 fueron llamadas a declarar en 2014 por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) al operativo especial “Convocatoria del uso correcto de las divisas” ante la presunción de un ilícito cambiario. Once de ellas no se presentaron y fueron sancionadas.
Entre las transacciones irregulares destacan las transferencias por al menos 159,8 millones de dólares preferenciales de dos contratistas del Estado venezolano a una empresa en Ecuador para la adquisición de kits de casas prefabricadas. Esas unidades debían formar parte de dos desarrollos habitacionales de 8.432 viviendas. Sin embargo, para uno de los proyectos la empresa a cargo apenas hizo despachos registrados de material y ahora sus operaciones están bajo investigación de la Fiscalía ecuatoriana. ¿El resultado neto? Un terreno que permanece baldío en los Valles del Tuy, región satélite de Caracas, a la espera de poder alojar algún a día a miles de familias.
En la carretera de Cúa a Ocumare (Valles del Tuy, Estado Miranda, centronorte de Venezuela), un terreno rodeado por una cerca de alambres estaba destinado a un proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa estatal de construcción masiva de viviendas instituido por el presidente Chávez en 2012. Sin embargo, junto al terreno en la actualidad no hay vallas informativas de la obra, tampoco trabajadores o vigilantes. Apenas unos pocos ladrillos apilados cerca de la entrada dan idea de que allí, en esa parcela de 31,2 hectáreas en el sector Las Mercedes del municipio Urdaneta del estado Miranda, se levanta una construcción.
El sitio es la ubicación de un proyecto de 1.688 apartamentos de dos habitaciones y 1.144 apartamentos de tres habitaciones, en 104 edificios de cuatro niveles, que debía ejecutar Thermo Group C.A. Son los términos de un contrato por 937.393.600 bolívares (un poco más de 217 millones de dólares, a la menor tasa de cambio oficial vigente para la época) suscrito el 27 de marzo de 2012 entre los representantes de esa empresa, Samuel Chocrón Obadía y Menahem Michel Edery, y el Ministerio de Vivienda y Hábitat de Venezuela, representado por Ricardo Molina –todavía hoy a cargo del despacho-.
Thermo Group fue creada en el año 2003 con el objeto de comercializar con productos de belleza “para el ramo de peluquerías, perfumerías y en general bienes de uso personal”, así como la representación de empresas nacionales o extranjeras. Siete años más tarde, en 2010, se incorporó al objeto social la comercialización de casas prefabricadas, materiales de construcción y productos para la fabricación de casas, según indican los documentos de registro de la empresa. En 2011 Chocrón y Edery quedaron como accionistas de la compañía.
El mismo 27 de marzo de 2012, el ministro Molina también firmó en representación de la cartera de Vivienda y Hábitat un convenio de cooperación con ELM Import y su dueño, Héctor David Sirit Rodríguez, para la construcción de 5.600 viviendas en la Ciudad Miranda, también en los Valles del Tuy. El proyecto, valorado por. 1.873.760.000 bolívares (un poco más de 435 millones de dólares, a la menor tasa de cambio oficial vigente para la época), tendría un plazo de ejecución de 24 meses a partir de la firma.
Vecinos del conjunto habitacional afirmaron que el proyecto contó con la participación de múltiples empresas contratistas, por lo que no están en capacidad de reconocer, así como tampoco el concejal Félix Alayón, cuál habría sido la participación específica de ELM Import. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó una denuncia por la opacidad y los retrasos en el desarrollo de la obra de Ciudad Miranda, años antes que ELM Import recibiese el contrato del Ministerio.
Así, el mismo día, Thermo Group y ELM Import ganaron contratos del Estado venezolano para construir desarrollos habitacionales por un valor de 654 millones de dólares.
Paso seguido, las dos contratistas, tanto Thermo Group como ELM Import, acordarían comprar casas prefabricadas a la empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador, en la que Menahem Michel Edery, accionista de Thermo Group, figuraba como Director Principal de la filial venezolana.
Los informes muestran que el Fondo Global de Construcción emitió facturas a Thermo Group y a ELM Import por la venta de casas prefabricadas entre 2012 y 2013. Para proceder con la importación y los pagos, las dos contratistas solicitaron al Ministerio de Industrias venezolano un certificado que confirmase la insuficiente producción de varios materiales para proceder con su importación (un requisito instaurado por el Gobierno de Venezuela para autorizar importaciones y liquidar las divisas correspondientes). El ministro del área, Ricardo Menéndez Prieto, otorgó las certificaciones que facilitaron la importación de casas prefabricadas en septiembre del año 2012 por 409 millones de dólares.
El Fondo Global de Construcción, con su casa matriz en Colombia, constituyó entonces bajo el mismo nombre una firma en Ecuador, que tenía como socios al colombiano Álvaro Pulido Vargas y al venezolano Luis Sánchez Yánez. En Venezuela, sería registrada, también en marzo de 2012, otra empresa bajo el mismo nombre de la que Edery figuraría como directivo.
El Fondo Global de Construcción –primero con domicilio en el estado Carabobo (centro de Venezuela) y luego en Caracas- tuvo originalmente en Venezuela a Gioia Pifano Antonini y a Maritza Antonini Bruzual como accionistas, pero en el mismo año de su constitución la compañía cambió de nombre y en noviembre la totalidad del paquete accionario pasó a la empresa FGDC Latam 2012 de España. FGDC parece corresponder a las siglas de “Fondo Global De Construcción”. La firma española figura a su vez como propiedad de una empresa registrada en Malta en octubre de 2012, de nombre FGDC Malta Holdings Limited.
En sus balances de 2012 y 2013, el Fondo Global de Construcción en Venezuela incluyó entre sus proyectos las construcciones del Centro Comercial Comunitario Catia La Mar, una cancha en El Valle, Hotel Aeropuerto Maiquetía y el complejo habitacional Ciudad Caribia, la mayoría obras en el estado Vargas (litoral central de Venezuela), entidad bajo el mando del gobernador Jorge Luis García Carneiro, ex general del Ejército.
En los convenios firmados entre Venezuela y Colombia para la construcción de casas prefabricadas, figura Alex Saab como representante del Fondo Global de Construcción.
El Fondo Global de Construcción de Ecuador, apenas constituido meses antes, firmó en diciembre de 2012 un contrato por 465 millones para la venta de casas prefabricadas a ELM Import y Thermo Group.
Los documentos obtenidos en Ecuador muestran que el Fondo Global de Construcción de ese país creó una fábrica de paneles ad hoc en Durán (localidad aledaña a Guayaquil, provincia de Guayas) a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción.
A pesar de esa nueva capacidad productiva, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el Fondo Global de Construcción exportó a Venezuela mercancía valorada en la aduana ecuatoriana por solo 3,1 millones de dólares. En ese mismo periodo, el Fondo en Ecuador recibió fondos por 159,8 millones de dólares, girados por ELM Import, una de las dos empresas contratistas del Estado venezolano.
Un oficio del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigido a Héctor Sirit, director de ELM Import, da fe de que esas transferencias, realizadas a través de Banesco Banco Universal y el Banco de Venezuela S.A.C.A. para la importación de kits de viviendas, “fueron efectuadas bajo la modalidad de forma de pago anticipada, de conformidad con lo establecido en el instructivo para la tramitación de operaciones a través del Sucre”.
La diferencia entre los montos fue la que llamó la atención de la Fiscalía de Ecuador, que inició una investigación en julio de 2013 e imputó a los accionistas del Fondo Global de Construcción por presunto lavado de activos. Indicios de sobreprecio en las exportaciones y el uso de facturas falsas fueron presentados en el proceso, que tuvo un retroceso en 2014 cuando fue ordenada su nulidad, porque la Fiscalía no había tenido la autorización judicial para incautar las facturas durante el allanamiento a las oficinas del Fondo Global de Construcción en Ecuador. En la actualidad el caso se encuentra en etapa de indagación previa.
ELM Import y Thermo Group, que contrataron al Fondo Global de Construcción en Venezuela el suministro de casas prefabricadas, fueron beneficiadas con la asignación de divisas a tasa oficial por parte de Cadivi. En conjunto realizaron 572 solicitudes entre 2004 y 2012, que les fueron aprobadas en su totalidad.
Pero en 2012 ambas firmas batieron récords y pasaron a formar parte del ranking de las 200 empresas con mayores asignaciones de divisas por parte de Cadivi. Solo en ese año, ELM Import contó con la aprobación de 244 solicitudes por un monto de 210.889.200 dólares, mientras que a Thermo Group se le asignaron 238.546.800 dólares a través de 276 solicitudes. Cabe destacar que 2012 fue el mismo año en el que se firmó el convenio con el Ministerio de Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas.
Dos años más tarde, ya liquidada Cadivi, Thermo Group formó parte del grupo de empresas llamadas a declarar por el Cencoex para la verificación del correcto uso de las divisas liquidadas a personas jurídicas.
Se intentó contactar en varias oportunidades a los representantes de ELM Import, Thermo Group y el Fondo Global de Construcción en Venezuela.
En el caso de ELM Import, una voz del otro lado del intercomunicador de la oficina reportada en los registros, indicó que la empresa se había mudado de oficina hace más de dos años. El número local proporcionado por los registros conduce a su vez a una compañía que se identificó como Herrajes y Accesorios Herraven y que confirmó la información sobre el cambio de domicilio.
ELM Import transfirió al menos 2,7 millones de dólares a una cuenta de Negosupersa en el Banco Territorial (que terminó en bancarrota), empresa que fue disuelta en agosto de 2013 por la Superintendencia de Compañías de Ecuador, luego de haber registrado una dirección falsa. La dirección coincidía con la presentada por el Fondo Global de Construcción en Guayaquil. Sin embargo, el abogado del Fondo Global, Jorge Zavala Egas, indicó a El Universo que desconoce acerca de cualquier relación entre esa empresa y Negosupersa.
Según Importgenius, Negosupersa realizó exportaciones a al menos ocho empresas venezolanas. En el caso de la empresa Representaciones Santa Caterina –una de ellas- su gerente, Arnaldo Sosa, comentó vía telefónica que la justicia ecuatoriana sí los había contactado, que entregaron todos los papeles que les pidieron y que todo salió con normalidad. También indicó que la firma no recibió Cadivi: “La exportación se hizo con normalidad. Todo fue resuelto, gracias a Dios con normalidad”.
Thermo Group, el Fondo Global de Construcción en Venezuela y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no han respondido a las solicitudes de entrevistas que se hicieron llegar a sus oficinas.
Los documentos de Ecuador muestran que el Fondo Global de Construcción en Ecuador recibió pagos de Cadivi en correspondencia con facturas de exportaciones que nunca se realizaron, así como con facturas que habían sido presentadas con anterioridad por exportaciones ya realizadas.
El Fondo Global de Construcción compró a varios proveedores ecuatorianos materiales como baldosa, sanitarios y cable eléctrico. Entre esas empresas figura Multiproductos Ecuatorianos Prodecve, que firmó un contrato con la empresa pública venezolana Red de Abastos Bicentenaria por $48.460.000 para la venta de cable.
En Ecuador, el abogado de Fondo Global de Construcción Jorge Zavala Egas, explicó a El Universo que la empresa había recibido 159 millones como pago anticipado, modalidad creada por el BCV en 2012. También indicó que la acusación del sobreprecio en las exportaciones no tiene sustento técnico y que ningún fiscal estuvo presente en el allanamiento, por lo que no tiene valor legal.
Luego, en un correo electrónico posterior a la entrevista, Zavala dijo a El Universo que la empresa no guarda relación con otra del mismo nombre creada en Miami (Florida, Estados Unidos) que tiene como representantes a los venezolanos Pedro J. Antar y Pedro E. Silva. Este último está llamado a juicio en Ecuador por su posible participación en un caso de lavado de activos a través del sistema Sucre. El proceso está suspendido hasta que se presente ante los jueces.
El Fondo Global de Construcción en Miami se creó en 2011 y se mantuvo activo hasta octubre de 2012. Antar indicó a El Nuevo Herald que la firma se creó a solicitud su cliente, Pedro Silva, pero que fue disuelta por no tener actividad.
Mientras la justicia en Ecuador y el periodismo trasnacional siguen desentrañando el carrusel de transferencias millonarias en dólares entre empresas interconectadas, en el terreno de los Valles del Tuy destinado a la construcción del complejo habitacional asociado con Thermo Group, una máquina aplanadora de color verde identificada con un logo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como un par de máquinas amarillas de construcción, marca Caterpillar, permanecen estacionadas, como a la expectativa. Los vecinos nada saben de lo que pasa, desconocen incluso el destino previsto para la parcela, y de lo único que han sido testigos es de la entrada y salida ocasional de camionetas.
(*) Este reportaje se investigó y publicó en simultáneo en Armando.info y los diarios El Universo de Guayaquil y El Nuevo Herald de Miami, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.
(*) Un año después de la publicación de este reportaje, la justicia ecuatoriana eximió de culpa a la empresa Fondo Global en uno de los casos sobre el Sucre y pidió, en marzo de 2016, la devolución de $56,4 millones a su favor.
Hasta el Ministerio Público chavista sospechó del comerciante colombiano y de su socio, Álvaro Pulido. Mucho antes de ser detenido en Cabo Verde a solicitud de los Estados Unidos, Saab también estuvo en la mira de los investigadores venezolanos. Su oficina en Caracas fue allanada en 2016 por funcionarios del Cicpc. Para entonces se habían acumulado denuncias en su contra sobre posibles irregularidades en negocios con los Abastos Bicentenario y en la importación de suministros desde Ecuador. Pero a la postre nada evitó que se transformara en el principal contratista de Nicolás Maduro, quien lo designó como su enviado personal.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
