El nombre de Alex Saab vuelve a aparecer. El empresario colombiano, relacionado con la contratista Fondo Global de Construcción, parece reinventarse. Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro y con la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, que dirige José Gregorio Vielma Mora. Los productos pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio, se han dirigido a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera con el que las autoridades venezolanas pretenden paliar el hambre.
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Su rostro ha salido más en las páginas de sociales de los periódicos de Barranquilla que por sus negocios en Caracas. De esmoquin, con corbatín negro y un botón en la solapa, se le vio como pocas veces, posando en la edición del 2 de mayo de 2011 del diario El Heraldo, en una de las bodas de la temporada. Pero desde entonces, el nombre de Alex Nain Saab Morán figura más gravitando alrededor de los contratos furtivos del chavismo que en las fiestas de la costa colombiana.
Primero destacó como constructor del programa gubernamental de la Misión Vivienda; luego como beneficiario de la moneda del Sucre –“el bit coin chavista”– y, ahora, nada más y nada menos que en el cerrado círculo de afortunados que tienen invitación a otra fiesta: la de la importación de alimentos con dólares preferenciales, para subsidiar el programa gubernamental de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El plan asistencialista surgió hace poco más de un año. Empezó con el reparto desordenado de bolsas de comida en las zonas populares y se ha sistematizado al formato de la caja que en teoría reciben quincenalmente las familias censadas. Es la respuesta gubernamental a una crisis económica prolongada por más de tres años, con un desabastecimiento persistente y generalizado, y una inflación de tres dígitos. “Todo el poder para los CLAP”, machaca con insistencia Nicolás Maduro. Con la medida, también quiere evitar las colas de personas a las puertas de los supermercados en busca de productos a precios regulados y su posterior reventa en mercados informales, práctica conocida como “bachaqueo”.
Rastrear las cajas para los CLAP es un viaje confuso que lleva a un entramado opaco, pero ahora se puede advertir que Alex Saab tiene cuando menos una tajada de esta torta. Un centenar de documentos obtenidos para esta investigación prueban que, por medio de una empresa llamada Group Grand Limited, importó alimentos a través de la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, en cuya cabeza está José Gregorio Vielma Mora, militar que participó en el golpe de estado del 4 de febrero de 1992, comandado por Hugo Chávez, y que ha tenido varios cargos públicos durante el chavismo.
Es el mismo Alex Saab que en 2015 fue cuestionado –junto a su socio, Álvaro Pulido Vargas– por un escándalo de corrupción con su empresa Fondo Global de Construcción. La Fiscalía ecuatoriana detectó irregularidades dos años atrás; señaló la simulación y sobrefacturación de exportaciones desde Quito y Guayaquil hasta Caracas, para sacar provecho al control de cambio venezolano a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), creado por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su par ecuatoriano, Rafael Correa.
Según las averiguaciones de los fiscales de Ecuador, eran operaciones vinculadas a los contratos que años atrás concretó Fondo Global de Construcción con organismos venezolanos para levantar casas prefabricadas del programa gubernamental de la Misión Vivienda. No se trata, de cualquier modo, de la única investigación contra el grupo: una reciente publicación del periodista Gerardo Reyes, en Univisión, reveló que tanto a Saab como a Pulido los investiga la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles).
Group Grand Limited fue registrada en Hong Kong en 2013 y, de acuerdo a los papeles de inscripción, desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de 2017, tuvo como accionista y beneficiario a Shadi Nain Saab Certain, familiar de Alex Saab. La conexión entre ambos se repite en dos fundaciones registradas el mismo día en Panamá hace cuatro años, así como también en la firma Saab & Compañía, registrada en 2004 en Barranquilla y disuelta en 2014, según la Cámara de Comercio de esa ciudad del noreste colombiano.
El parentesco entre ambos no es la única prueba de la relación entre Fondo Global de Construcción y Group Grand Limited. La dirección de contacto de Shadi Saab, incluida en el registro de Hong Kong, coincide con la ubicación de una de las dos oficinas que Fondo Global de Construcción ocupó en el Centro Galipán, en El Rosal, una exclusiva zona financiera de Caracas. El detalle de la dirección será otra señal para seguir la presencia casi fantasmal en Venezuela de Group Grand Limited, una compañía sin Registro de Información Fiscal (RIF), ni inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
“Sí, lo que pasa es que manejamos dos oficinas, en el Centro Galipán y acá”
En las facturas emitidas por Group Grand Limited a la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), adscrita a la Gobernación de esa entidad, la dirección vuelve a conducir a las oficinas de Fondo Global de Construcción en Caracas. Ese dato también se repetía en la web de la empresa, pero fue modificado justo después de que se les contactara por teléfono, para solicitarles una entrevista para este reportaje. “Voy a ubicar a la consultoría jurídica y ellos se van a comunicar con usted”, contestaron en esa oportunidad. No hubo atención formal de parte de sus representantes sobre la relación con Group Grand Limited, salvo que una fuente vinculada con la compañía se limitó a indicar que desconocía la razón por la cual la sociedad de Hong Kong tenía como sede en Caracas la misma dirección. “Fondo Global está sólo en lo relacionado con la construcción”, aseveró.
Al seguir los nuevos datos de contacto publicados en el sitio web de Group Grand Limited, la respuesta fue que la compañía tenía dos sedes en Caracas. “Sí, lo que pasa es que manejamos dos oficinas, en el Centro Galipán y acá”, explicó una mujer al otro lado del teléfono. Allí tampoco atendieron al pedido de entrevista. Finalmente, al discar el número telefónico internacional que figura en las facturas de Group Grand Limited, un hombre con acento colombiano identificado como Carlos negó el nexo con Fondo Global de Construcción: “¿Qué es eso, chico? Estás equivocado, esta es una empresa de Hong Kong”, disparó con rapidez y prometió que a los dos días respondería a una entrevista que nunca ocurrió.
La luz verde para el negocio entre Group Grand Limited y la Gobernación de Táchira llegó el 10 de octubre de 2016. Es la fecha de un punto de cuenta en el que José Gregorio Vielma Mora solicitó a Nicolás Maduro la “exoneración del pago de los gravámenes de importación, tasa por servicios aduaneros, Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos del uno por mil (1X1000), gastos operativos y logísticos de Bolipuertos”, relacionados con un “plan especial de abastecimiento alimentario”, que supondría la adquisición de “diez millones de combos de alimentos que serán distribuidos al pueblo venezolano, mediante mecanismos justos, que hagan frente a la guerra económica que hoy impulsan sectores de la oposición nacional e internacional”.
Los recursos saldrían del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden)
Según el cronograma presentado en el documento, 2 millones de combos se entregarían en diciembre de 2016 y los 8 millones restantes entre enero y febrero de este año. Maduro avaló la petición de Vielma Mora y además autorizó 340 millones de dólares para que la empresa de la Gobernación del estado Táchira ejecutara el negocio. Los recursos saldrían del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), entidad creada en 2005 por Hugo Chávez para manejar con discrecionalidad parte de las reservas internacionales y del ingreso petrolero venezolano, de acuerdo a la carta que dirigió la secretaria ejecutiva del Fonden, Arlen Piñate, a un funcionario de la Gobernación de Táchira llamado José Salvador Bolívar.
“En atención al convenio Nº MPPBF-Fonden-CATF 2016-074, suscrito entre su representada y el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A, y al punto de cuenta S/N de fecha 10 de octubre de 2016, aprobado por el presidente de la República, las divisas aprobadas por un monto total de trescientos cuarenta millones de dólares americanos de los Estados Unidos (USD 340.000.000), para la adquisición de rubros de primera necesidad, entre ellos alimentos, deberán ser cancelados de acuerdo a la tasa de cambio de divisas protegidas (Dipro), de conformidad con lo establecido en el convenio cambiario número 35”, dice la misiva con fecha del 10 de octubre de 2016.
La carta de la secretaria ejecutiva del Fonden revela la magnitud del negocio. Los 340 millones de dólares aprobados por Maduro para Vielma Mora superan los 274,2 millones de dólares que liquidó la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) para Alimentos Polar entre 2004 y 2012, o más de la mitad de los 595,2 millones de dólares que en el mismo período percibió la división de Cervecería Polar, el mayor grupo empresarial del país. Los 340 millones de dólares equivalen hoy a una cuarta parte de la deuda que acumulan las empresas agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) con sus proveedores en el exterior por importaciones aún no pagadas por las autoridades.
De los papeles se desprende la discrecionalidad con la que el Ejecutivo nacional maneja las divisas preferenciales, tasadas a 10 bolívares por dólar, un valor ínfimo si se compara con la cotización del dólar “paralelo”, casi 500 veces más alta. Salvo Procter & Gamble y MSD Farmacéutica, ninguna compañía privada obtuvo pagos de divisas por una cifra cercana a esos 340 millones de dólares ni en 2015, ni en 2016. Alex Saab sí consiguió un mejor trato.
Group Grand Limited se lleva buena parte la torta de 340 millones de dólares. Entre el 8 y el 30 de enero de este año esa compañía emitió, al menos, 149 facturas a la compañía de la Gobernación del Táchira por unos 212,3 millones de dólares correspondientes a la venta de un total de 95,1 millones de kilogramos de alimentos, lo que supone un promedio de 2,23 dólares por cada kilo.
En el negocio Group Grand Limited sólo funge como trader y cobra por adelantado. Mayonesa, caraotas, atún enlatado, pastas, harina de maíz precocida, aceite refinado vegetal, salsa de tomate, azúcar, arroz, leche en polvo y lentejas fueron los productos despachados.
Varios empresarios coinciden en que los productos reflejan sobreprecio, si se toma en cuenta que son compras al mayor. Por ejemplo, Group Grand Limited cobró por cada kilogramo de atún 6,29 dólares, por el de salsa de tomate 7,39 dólares y por el de mayonesa 8,17 dólares, por citar los montos más abultados. “Son precios exagerados, muy altos”, sostiene un empresario del sector de alimentos tras analizar las facturas.
Una búsqueda de precios internacionales confirma la opinión del empresario. En supermercados de Colombia, por ejemplo, la salsa de tomate que Group Grand Limited facturó en 7,39 dólares no excede los 5 dólares. Con el atún enlatado ocurre algo similar: supermercados venezolanos compran la presentación de 140 gramos entre 1 y 2 dólares. Con los granos y la pasta pasa lo mismo. “Nosotros estamos comprando las caraotas en 0,99 dólares el kilo y ellos la están vendiendo en 1,77”, alertó otro empresario. “El costo de la pasta que importamos oscila entre 1 y 1,25 dólares el kilo, pero ellos la facturan en 2,22”. En ambos casos el sobreprecio ronda 80%.
En numerosas oportunidades Cavidea ha cuestionado el hecho de que el Gobierno privilegie las importaciones de productos terminados en vez de la compra de materia prima para las empresas. En esa organización repiten que “con un millón de dólares la industria nacional produce cinco veces más de lo que se obtendría por importaciones”. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), tiene una posición similar. “Los CLAP venden productos importados que generan trabajo en otros países, es un uso altamente ineficiente de las divisas”, sentenció recientemente en una rueda de prensa.
Al sumar cada producto que vendió Group Grand Limited, la caja para los CLAP con unos 16 kilos de producto tendría un costo aproximado de 34 dólares, que a la tasa de 10 bolívares por dólar, equivaldría a 340 bolívares, una cifra muy por debajo de los entre 12 mil y 18 mil bolívares del precio oficial. Son cifras que han alarmado a diputados de la oposición venezolana, quienes desde hace meses han denunciado corrupción en el sistema de los CLAP, así como inconsistencias en los precios. Los números, además, echan por tierra la versión reciente del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, quien aseguró que los CLAP se estaban importando al tipo de cambio complementario (Dicom), tasado alrededor de 700 bolívares por dólar.
“Desde el mes de diciembre no nos llega el CLAP”, soltó un joven a Nicolás Maduro en un acto televisado a las afueras de Caracas. A los pocos días se repitió el reclamo durante otra transmisión. Esta vez una religiosa de La Vega –uno de los tantos barrios marginados del oeste de la capital– le dijo al presidente venezolano: “hay mucha deficiencia de alimentación, desde noviembre no llega el CLAP”. Ambos –el joven y la religiosa– se referían a la caja con alimentos subsidiados que el gobierno venezolano vende a la población de menos recursos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Las quejas muestran que los CLAP parecen cuestión de azar. Para los empresarios que importan la mercancía, en cambio, son el premio gordo de una lotería. El negocio no es poca cosa, si se toma en cuenta que el Gobierno pretende atender, al menos, 6 millones de hogares.
“Estamos trayendo productos importados por el gobierno revolucionario de varios países hermanos: Trinidad y Tobago, Colombia, México, Nicaragua y hasta Estados Unidos, el camarada Trump me está ofreciendo CLAP a buen precio”, anunció Maduro recientemente entre risas. “Ustedes se ríen, va a haber sorpresa”.
De los empresarios ungidos por el Gobierno para traer los alimentos no se habla. En febrero se supo que Samark López, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló como “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, es uno de los afortunados. Ahora se sabe que en la lista también figura Alex Saab, a quien se le ha vinculado con una gran aliada internacional del chavismo, nada más y nada menos que la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien se le vio hace pocos días en Táchira agasajada por Vielma Mora.
Fue en 2011 cuando Saab asistió como “representante legal” de Fondo Global de Construcción al palacio de Miraflores, en Caracas, para sellar el convenio que luego derivaría en millonarios contratos. La ceremonia estuvo presidida por los mandatarios Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, y los cancilleres Nicolás Maduro –hoy presidente de la República– y María Ángela Holguín. Con ellos cuatro se sentó hace seis años, pero los papeles de Group Grand Limited hoy revelan otros vínculos políticos: Javier Ernesto Betancourt Valle, que si bien actúa como director de la sociedad antes se desempeñó en la administración pública en cargos como el de cónsul de su país en New York o en el Ministerio de Minas como presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos.
Tras haber realizado un negocio redondo con la Gobernación del estado Táchira, en Group Grand Limited se hicieron cambios administrativos para borrar la pista de Sahdi Nain Saab Certain. De acuerdo a los papeles de registro de Hong Kong, el 24 de febrero de este año las acciones de la empresa fueron transferidas a Eolo Energies INC y Viladrake Internacional INC, dos sociedades panameñas registradas por bufetes al estilo del ya famoso Mossack Fonseca que prestan nombres de personas desconocidas para que, en apariencia, funjan como directivos de otras compañías. Pero cuando llegó la maniobra, el millonario negocio ya había ocurrido.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
