La Oferta Pública de Adquisición no fue a través de la bolsa, sino mediante decretos presidenciales, ni tampoco -como se temía- por una expansión de la empresa militar de servicios mineros, Camimpeg. La corporación estatal, la joya de la corona republicana desde 1976, la industria que da de comer a Venezuela, ha sido tomada por la oficialidad castrense en una operación relámpago de cuatro meses. Un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, preparado para resguardar el orden público, ha sido dotado de poderes sin precedentes para conducirla. Pero los efectos que está teniendo la militarización de Pdvsa son los contrarios a los esperados. El general, absorto en su petrolaberinto, parece comandar ya no el rescate de la empresa, sino su golpe de gracia.
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Fueron reuniones muy tensas, a mediados de diciembre pasado. Las primeras entre el nuevo ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, y los socios favoritos de la estatal venezolana, China y Rusia. “Sobre todo con Rosneft”, indicó una fuente de la estatal. “Los rusos le exigían a Quevedo fecha precisa de pagos adeudados, entre gritos”.
Para el momento, el general que dirigió a la Guardia Nacional en su combate contra las protestas civiles y mortales en la calles de Caracas en 2014, tenía apenas dos semanas en el cargo, y la orden presidencial era la de aumentar en un millón de barriles diarios la producción en una empresa que genera 50% menos que hace una década -de hecho, según expertos, se ha retraído hasta niveles de producción que la industria, entonces en manos de las petroleras internacionales, apenas alcanzaba a finales de los años 40-.
En los pasillos de Pdvsa y el ministerio se aseguraba que el hombre estaba ya agobiado, consciente de que la compañía -agigantada, endeudada, corrupta y deteriorada-, es ingobernable. “Él mismo dijo que no podía exponerse mucho, ni aparecer públicamente”, dijo una fuente que pidió mantener su nombre a resguardo. Las apuestas sobre su salida a mediano plazo eran altas. “El monstruo se lo está comiendo”, se decía.
Con todo, cuatro meses después de esa airada discusión, Quevedo sigue en el cargo. Y ha sido investido de poderes con los que jamás soñaron sus antecesores, ni siquiera Rafael Ramírez, el gerente consentido del ex mandatario Hugo Chávez, quien controló fondos petroleros secretos y acuñó la popular frase de la “Pdvsa roja, rojita”. Entre sus prerrogativas, el militar, tiene ahora hasta el poder de aniquilar al monstruo.
Un monstruo que, al igual que el país, de por sí ya está muriendo. De inanición, impago y del éxodo de sus profesionales. ¿Quizás para transformarlo en otra entidad?
El pasado 13 de abril el presidente Nicolás Maduro decretó que Quevedo, como ministro de Petróleo, liderará una “transición” para reestructurar a Pdvsa y todas las empresas petroleras estatales. Tendrá discreción absoluta para contratar -ignorando la ley de licitaciones y otras- todos los servicios e insumos necesarios para impulsar la producción en las áreas operativas. También para “crear, modificar y eliminar” las empresas petroleras. La junta directiva de Pdvsa, hasta entonces última instancia colegiada de poder y de las decisiones clave de la compañía, ha sido relevada de facto de sus funciones.
“Ni Eulogio Del Pino ni Nelson Martínez pudieron cumplir con la meta de levantar la producción. La pregunta que todo el mundo en Pdvsa se hace es: ¿Podrá hacerlo Quevedo, en peores condiciones que antes, con una junta directiva donde nadie es petrolero, todos son gerentes militares, con menos recursos y sanciones?”, indica una fuente de la empresa.
En medio de la duda, los trabajadores del ministerio y compañía coinciden en que “el coco” ya llegó. “Todos piensan que Camimpeg tomó Pdvsa”, dijo un empleado, refiriéndose a la empresa militar de servicios petroleros y mineros creada por el Gobierno en febrero de 2016. “Desde hace dos años funcionarios comentaban que el gobierno designaría militares para dirigir Pdvsa. Y lo comenzamos a ver con la vicealmirante Maribel Parra”, agregó, refiriéndose a la vicepresidenta ejecutiva designada por Maduro en enero de 2017.
La colonización verdeoliva se extendió casi un año después, cuando en diciembre Maduro designó nuevos miembros ante la junta directiva y presidentes de filiales, la mayoría funcionarios bajo supervisión de Quevedo durante su gestión en el ministerio de Vivienda. En ese decreto del 22 de diciembre, se nombraron cuatro generales a la cabeza de empresas (PDVSA Naval y PDVSA Marina, PDVSA Asfalto, Gas Comunal, Operaciones Aéreas): Jesus Landa, Erling Rojas, Aurelio Cabrera y Manuel Mendible.
La tesis de que Camimpeg absorberá parte de las funciones operativas de divisiones de Pdvsa se airea desde su creación. La entidad asumiría los procesos medulares (exploración, producción y refinación). En caso de una “emergencia” -en el contexto del default financiero y demandas contra la empresa- Camimpeg asumiría los yacimientos y las reservas. “Así liberaría a la estatal de sus compromisos internacionales y hasta de problemas sindicales”, dice otro empleado de la estatal. Sería una estructura más ligera, deslastrada de las filiales no petroleras que al interior de la empresa saben que es necesario eliminar.
Muchos trabajadores que no se han unido al éxodo masivo que afecta a la empresa, seguían aferrados a los llamados de la junta directiva de volver a una empresa estatal de “primer mundo”. “Algo que no sea esto, que parece una casa de beneficencia pública, con comedores abarrotados de gente ajena a la empresa y solicitantes de donaciones circulando por los pasillos y las escaleras de los edificios”, indicó un trabajador, refiriéndose a la sede de la corporación en La Campiña, un barrio de clase media en el noreste de Caracas. En las compañías mixtas, el anhelo entre los trabajadores es casi unánime y de signo contrario a la revolución: aspiran a que las transnacionales retomen el control mayoritario para ser mejor pagados y producir más.
Pero todos saben que la aspiración está en franca contradicción con las discusiones internas de convertir a Pdvsa en una “corporación socialista” y, ahora, con el nuevo mando militar.
Si algo dejó claro el método general de Quevedo ante el disenso fue el piquete de la Guardia Nacional que ocupó los pasillos que conectan el ministerio del Petróleo con Pdvsa, en Caracas, luego de una protesta en el comedor -replicando similares manifestaciones en Anzoátegui, en el oriente de Venezuela- el pasado 23 de marzo.
Trabajadores de la refinería El Palito (Carabobo) protestaron en enero por las condiones laborales CORTESIA Youtube.
Trabajadores de la empresa mixta Petrocedeño protestaron en diciembre por las condiones laborales CORTESIA Youtube.
La imposición de una orden -el método militar, pues- también prevaleció en el Centro Refinador Paraguaná, en la costa occidental del país, otrora el más importante del mundo, y ahora semi paralizado por falta de mantenimiento e inversión. Quevedo instruyó para que las plantas paralizadas y en condiciones delicadas reiniciaran labores, según lo denunció Iván Freites, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado de Falcón, sede del complejo.
El clima laboral ya estaba deteriorado con la ofensiva contra la corrupción iniciada en tiempos de su antecesor, Eulogio Del Pino, y que, selectivamente, el fiscal oficialista Tarek William Saab aceleró en septiembre contra “el ramirismo”, o todo aquel relacionado en el pasado con la gestión de Rafael Ramírez. Sin embargo, la presencia de militares a la cabeza de la organización ha empeorado las relaciones internas y originado la estampida de trabajadores.
En Pdvsa, Quevedo designó a oficiales militares en las gerencias de Automatización, de Informática y Telecomunicaciones, y de Recursos Humanos. “Allí hubo renuncias de inmediato, por los maltratos del nuevo gerente”, dijo una fuente. En enero fuentes calculaban que en La Campiña, cuartel general de la industria petrolera venezolana, se sucedían más de 50 renuncias diarias.
Además, pende todavía sobre el tren ejecutivo la revisión anunciada por Quevedo, como parte de la reestructuración, de cien altos cargos. “Están investigando a todas las personas que desempeñaron funciones de directores, gerentes con presupuestos, para ver si hubo malos manejos”, dice una fuente. El efecto es la parálisis de los pocos procesos administrativos que marchan. “Muchas personas, de compras o servicios, no quieren firmar nada, por temor a la auditoría. Se ven en el espejo de Eulogio”. La estampida de ingenieros en áreas medulares ha sido inédita. Freites estima que más de 20 mil personas se han ido de la empresa, muchas sin siquiera renunciar. "Antes de que los investiguen o lleven presos, muchos gerentes piden vacaciones o se van y no regresan", dijo un operador de refinería en Puerto La Cruz.
En la Faja Petrolífera del Orinoco, regida por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Quevedo también nombró a varios colegas castrenses a cargo de las gerencias de Recursos Humanos, Asuntos Públicos, Planificación y Logística. Las 44 asociaciones estratégicas que hay con socios privados nacionales e internacionales, están siendo revisadas, y el miedo a caer preso por una investigación -que puede obedecer a imperativos políticos más que a la justicia- se ha traducido en la parálisis de los procesos de procura más sencillos, comentan trabajadores de una de las compañías mixtas. Ya hay más de 60 ejecutivos petroleros de Pdvsa detenidos por investigaciones de corrupción. Los últimos, sin que se conozca la causa, son dos venezolanos empleados de la estadounidense Chevron.
Los métodos aterrorizan. Una empleada cercana de Beatrice Sansó, la esposa de Ramírez, que fue presidenta del Centro La Estancia, el inocuo brazo filantrópico de la industria, fue interrogada por agentes del Sebin, la policía política, antes de despedirla. Y a los gerentes apresados de Citgo -la codiciada filial de Pdvsa en Estados Unidos-, “les tendieron una trampa”, según un empleado. La convocatoria a una reunión fue el anzuelo para reunir a los directores. “Ya congregados, llegó el Sebin, disolvió el encuentro y con fotografías de los investigados en mano, fueron identificando una a una a las personas para detenerlas”.
La estampida por miedo juega a favor de Quevedo y el gobierno, que están conscientes del burocratismo que generó la incorporación compulsiva de empleados en el pasado, y que llevó la nómina de 40.000 a 120.000 trabajadores, sin contar las nóminas paralelas que comentan empleados.
“Es un plan no declarado para fomentar que la gente se vaya, acelerando las jubilaciones, prohibiendo los traslados a otros ministerios o las comisiones de servicio”, indican. En medio de una reducción de 50% en los gastos, y de medidas de austeridad ordenadas en octubre, se planteó cerrar filiales no medulares. Pero la idea se engavetó porque tenía un “alto costo político”.
Si la gente en Pdvsa se preguntaba a principios de año cuál es la verdadera línea de Quevedo, el decreto es un buen indicativo. Una empresa socialista, en manos de una sola cabeza.
Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez se hizo notar en 2015. Entonces se le creyó pariente de los 'narcosobrinos', capturados en Haití casi en simultáneo con una operación de la DEA que incautó droga en un yate, anclado en la vecina República Dominicana, del empresario venezolano. Aclarado el error, el Departamento del Tesoro de todas maneras se enteró de él y de sus negocios en 2017. Los montos de sus transacciones bancarias en EEUU y, en general, el crecimiento de su reino empresarial desde 2010 y en varios países a partir de una compañía de servicios petroleros, tenían que llamar la atención, acaso tanto como los éxitos musicales y videoclips de populares cantantes que ha financiado.
Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado en Venezuela por una de farándula y jet set en un rincón exclusivo de República Dominicana, donde ahora sirve de anfitrión a Kim Kardashian y para amigos como el cantante Chyno Miranda. Pero para llegar allí debió completar un tránsito subterráneo que lo trajo desde el ejercicio en los tribunales a los negocios con militares. En esa parábola, la FinCEN lo encontró haciendo transacciones sospechosas con rusos y chinos.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
