En cuatro años de exilio el exparlamentario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia ha participado como accionista en seis sociedades en Costa Rica, a donde fue a dar luego de que en Venezuela lo acusaran por el caso de la Ciudad Judicial Lebrún.
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En Venezuela pasó de aliado de la revolución bolivariana y paisano del presidente Hugo Chávez –títulos ambos honrosos-, a ser señalado como corrupto por algunos de sus compañeros del partido de gobierno y perseguido por la justicia. La fiscalía lo investiga y tiene una orden de captura. Curioso, pues antes de toda esa metamorfosis era alguien que debía impartir justicia. Mientras tanto, Luis Velázquez Alvaray vive como refugiado en Costa Rica, donde se ha convertido en un hombre de negocios.
Luis Velázquez Alvaray se movió por muchos años en la izquierda política, hasta que durante el gobierno de Hugo Chávez ocupó cargos importantes como diputado de la Asamblea Nacional por el partido de gobierno, y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, donde llegó a ser director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). En ese punto de su carrera fue donde se produjo el hecho que lo transformó de justiciero a acusado.
Era el año 2006. Entonces se dio a conocer la historia que produjo su salida de Venezuela. Jesse Chacón, para el momento ministro del Interior y Justicia, denunció irregularidades en la compra de un edificio para el proyecto de la Ciudad Judicial Lebrún, promovida por Velázquez Alvaray desde la DEM. Las acusaciones llegaron al Consejo Moral Republicano y a los dos meses, en mayo de 2006, sus integrantes, Clodosbaldo Russián –contralor general de la República-, Isaías Rodríguez –fiscal general de la República- y German Mundaraín –defensor del pueblo- se pronunciaron en contra del abogado, hecho que genera la salida de Velázquez Alvaray de su cargo como magistrado por orden de la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2006.
Los documentos de la empresa con la que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura realiza la compra-venta para la Ciudad Judicial, muestran que la compañía oferente del inmueble no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras para firmar un contrato de esa escala, que implicaría en su propuesta inicial el pago de 50 millardos de bolívares (23 millones 329.000 dólares, al cambio oficial de la fecha) por parte del Estado venezolano.
A un mes del pronunciamiento del Consejo Moral Republicano, y 21 días después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarase inadmisible su defensa (por medio de un amparo constitucional), Luis Velázquez Alvaray tomó otro rumbo. Así es como el 26 de junio de 2006 aterriza en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica.
“Los venezolanos sabemos históricamente que Costa Rica nos recibe cuando tenemos dificultades políticas. Aquí conseguimos refugio y una forma de rehacer nuestras vidas. Así ha sucedido siempre y se nos respeta, se nos ayuda y se nos auxilia. Después de todos los procedimientos establecidos en las leyes costarricenses y en los tratados internacionales se nos otorgó el refugio en libre condición para permitirnos trabajar”, comenta Velázquez Alvaray sobre su nueva condición.
Llegó alegando persecución política y riesgo físico, por lo que consigue que le den la condición de refugiado. Al ser consultado sobre las amenazas que recibió en Venezuela refirió que “cuando se desempeña correctamente el papel de juez, eres víctima de amenazas e infamias y en este caso se trata precisamente de eso. Combatí a narcotraficantes y ellos son muy poderosos”. Ya porta un carnet de refugiado, pero no por ello refleja la imagen tradicional del desplazado. Vive bien, en un condominio que aloja a costarricenses de altos ingresos en San José.
En cuatro años ha desarrollado ya varios negocios. Ha invertido principalmente en el campo educativo y en la ganadería.
Uno de sus principales aliados ha sido el italiano Sabatino Nino Pacifi. Con él y dos costarricenses creó en septiembre de 2008 la empresa Italcon CR S.A., sociedad patrimonial cuyo fin es el registro de bienes, que define sus actividades de manera general como “el ejercicio del comercio en su forma más amplia”.
Apenas un mes después de la constitución de Italcon, Velázquez Alvaray, dueño de 51 por cierto de sus acciones, y Nino Pacifi, dueño del 49 por ciento restante, adquirieron una propiedad valorada por 54.000 dólares para la compañía. Se trata de un terreno de 2.431 metros cuadrados ubicado al sur de Cortés de Osa, en la costa pacífica de Costa Rica.
Al poco tiempo continuaron las inversiones con su aliado italiano, a quien retrata como “una persona extraordinaria, honesta y trabajadora. Al señor Nino lo conocí por un amigo. Fundó una pequeña finca de 44 hectáreas en Abangares, que yo adquirí con la venta de una finca familiar en Venezuela, que forjé durante 30 años. Era un modelo que lamentablemente tuve que vender”.
Luis Velázquez Alvaray se refiere a su aparición en noviembre de 2008 como presidente de la sociedad Hacienda Sierra Pacífico, que en 2004 había sido fundada por Sabatino Nino y otro costarricense. Dos haciendas, una, de 342 mil 814 metros cuadrados en Abangares y otra, de 94 mil 93 metros en Guanacaste, forman parte de esta sociedad.
Para la compañía registra ese mismo mes la marca Hacienda Sierra Pacífico en el mercado ganadero. La sociedad además es dueña de un automóvil Toyota Hi Lux modelo 2008, adquirido ese mismo año con una hipoteca.
Pero las inversiones de Velázquez Alvaray no se detuvieron ahí. Además de adquirir la sociedad Corporación André Internacional –cuyo único bien es un vehículo Hyundai Elantra modelo 1993-, de la que es presidente, incursionó en el campo educativo.
El 7 de septiembre de 2009 creó la fundación Europa-Iberoamérica con el objetivo de trabajar en proyectos educativos con la Universidad de Ciencias Empresariales (Ucem) en la ciudad de Alajuela, Costa Rica, institución que después entrará en su lista de inversiones, y el Real Instituto de Estudios Europeos. Esta sociedad la constituye con el venezolano Juan Salvador Velázquez Castillo y actualmente se encuentra inactiva.
Tres días después, crea otra compañía asociada al mundo educativo y que en el presente está inactiva: la sociedad anónima Centro de Desarrollo Empresarial. La firma tuvo su sede en las instalaciones de la Ucem y estuvo integrada también por el entonces dueño de esa universidad, Chester Zelaya. Al aportar 25.000 dólares, Velázquez Alvaray se hizo propietario de 50 por ciento de la empresa.
Luego, la cabeza de la Ucem le vende la institución, siendo él junto a otros venezolanos dueño de esta universidad creada en 1997 y que tiene como visión “constituirse en un centro de excelencia en las carreras de su especialidad con un fuerte arraigo comunitario y plenamente identificada con las grandes metas del desarrollo educativo, económico, social y cultural de la Provincia de Alajuela”.
Alvaray refiere que su bagaje en el mundo académico fue una de las bases de esta inversión: “Esa experiencia nos llevó a trabajar para buscar terminar de constituir un excelente centro académico, que es pequeño, pero que en toda su historia se ha destacado por la excelencia académica”.
En su historia universitaria se encuentran las profesiones de sociólogo, abogado y licenciado en comunicación social de las universidades Central de Venezuela, de los Andes (ULA) y Cecilio Acosta, así como estudios de cuarto nivel en la ULA en Ciencias Políticas y un curso de postgrado en Derecho Comunitario de la Universidad de Salamanca, España.
En el país, además de su vida política, también estuvo involucrado con el mundo de los negocios. En este caso, Luis Velázquez Alvaray, se constituyó en un hombre de medios: los diarios Pico Bolívar y Frontera, de la ciudad de Mérida, y De Frente, de Barinas, su ciudad de origen, estuvieron en su portafolio de inversiones.
Sus acciones en el diario De Frente las vendió a uno de los banqueros cuestionados por la Superintendencia de Bancos: Ricardo Fernández Barrueco, zar por un tiempo del aprovisionamiento de las redes alimentarias del gobierno, y hoy preso.
Velázquez asegura que su relación con Fernández Barrueco tuvo que ver con la venta de su parte en el periódico y nada más. Pero no es el único de los banqueros-empresarios ahora en desgracia con el que se vinculó. En este caso, quizás, de manera involuntaria y perjudicial: mantuvo con Arné Chacón, miembro de las juntas directivas de los intervenidos Banco Real y Baninvest, y hermano del entonces ministro Jesse Chacón, una sorda disputa que, según sostiene el propio Velázquez, fue la que motivó las denuncias formuladas en su contra desde el más alto gobierno.
En diversos documentos el exmagistrado narra su negativa a entregar las cuentas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) al banco del hermano del entonces ministro de relaciones interiores y justicia, y la señala como uno de los detonantes de la denuncia de una situación irregular en el proyecto de la Ciudad Judicial Lebrún que lo involucraba directamente a él.
Lo cierto es que distintas modificaciones en el contrato realizado entre la DEM y la empresa Inversiones AZ 2000, C.A., relacionadas con este plan, así como las características de esta compañía levantaron algo más que dudas sobre el cumplimiento cabal de las normas. Luis Velázquez Alvaray tiene expedientes abiertos a cargo del fiscal 57 nacional, Luis Abelardo Velásquez. Uno corresponde a investigaciones por su trabajo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y, el otro, al seguimiento del proyecto de la Ciudad Judicial Lebrún. Por este último, el tribunal 23 en funciones de control del Área Metropolitana emitió en enero de 2008 la orden de aprehensión en su contra para imputarle los delitos de evasión de procesos licitatorios, concierto con contratista y peculado. Para esa fecha el indiciado, sin embargo, ya se aprestaba a hacer las veces de emprendedor sobre suelo costarricense.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
