Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En octubre pasado y tras una operación opaca, por decir lo menos, la empresa Consorcio Veinca tomó el control del central azucarero Pío Tamayo en El Tocuyo, estado Lara.
La planta, que en 1972 alcanzó un récord al procesar casi medio millón de toneladas de caña, fue estatizada por Hugo Chávez en 2010, con lo que quedó condenada a un declive cada vez más pronunciado: desde 2014 allí no se muele caña y solo se refina azúcar importada.
Esa misma parábola de decadencia motivó que fuera casi furtivamente reprivatizada en 2020. Quedó a cargo de una empresa sin experiencia comprobable en el rubro azucarero, Consorcio Veinca, y con dos dueños apenas conocidos: Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Como lo contó Armando.info, entonces se sabía de ellos que tenían antecedentes como contratistas de algunas dependencias del gobierno central y de las gobernaciones de los estados Guárico y Miranda.
Pero luego de esa publicación han surgido documentos y testimonios que muestran cómo los empresarios de Consorcio Veinca de manera callada han venido construyendo un emporio que incluye, ahora además del central de El Tocuyo, los mataderos industriales Roblecito y El Rastro (en Valle de La Pascua y Calabozo, respectivamente, ambos en Guárico), silos del estado Portuguesa, silos del estado Barinas y Complejos de Silos Chaguaramas (Guárico); planta trilladora de arroz de Barinas; y los hatos Los Sauces (Achaguas, Apure), Puerto Miranda y El Roble (en Camaguán y Ortiz, respectivamente, también en Guárico), además de una relación como proveedor de carnes de la poderosa Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal que gestiona el desarrollo integral de la región minera y energética al sur del río Orinoco.
Los testimonios de fuentes conocedoras de la organización interna de Consorcio Veinca, que accedieron a hablar con Armando.info con la condición de mantener sus nombres en reserva, coinciden además en afirmar que la expansión de los negocios del consorcio ha estado amparada por el zar del chavismo para los negocios agroindustriales, el comandante Wilmar Castro Soteldo.
A partir de su designación como ministro de Agricultura y Tierras, Castro Soteldo sostiene una campaña para readjudicar activos y negocios del agro a empresarios privados, casi siempre allegados al propio Castro, y bajo el amparo de figuras legales frágiles, sin mediar concursos o licitaciones.
En esa operación participa activamente Luis Fernando Soteldo, sobrino del ministro, exdiputado de la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y desde abril de 2020 presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A. (Cuspal).
Las gobernaciones de los estados Apure, Barinas, Guárico y Miranda -todas bajo el mandato de militantes del chavismo- son los entes más recurrentes en los negocios de Veinca como lo prueban, por ejemplo, los acuerdos con el Estado que están asentados en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Las fuentes consultadas sostienen que Castro Soteldo es, más que el valedor de Veinca, su principal operador. Una de ellas asegura haber sido testigo de reuniones entre Castro Soteldo, su sobrino y Gudiño. “Lo hemos presenciado en varias oportunidades. Hay reuniones donde Castro y Soteldo giran instrucciones a Gudiño sobre con quién hacer los negocios. En otras, Gudiño ha entregado dividendos a Soteldo”, señala.
Consorcio Veinca fue constituido en Caracas en diciembre de 2009, pero mudó su sede legal a San Felipe, capital del estado Yaracuy, en abril de 2015. En esa región agrícola del centrooccidente del país fue Carlos Gamarra Manzabel, diputado psuvista y exalcalde de San Felipe, quien hizo las gestiones para poner en contacto a los noveles empresarios, Gudiño y Ojeda, con el comandante Castro Soteldo y su sobrino.
Sin embargo, sería en el vecino estado Lara donde iba a desarrollar el grueso de sus operaciones. De hecho, su oficina principal queda en el sexto piso de la Torre Bell, en Barquisimeto, la capital de la entidad.
“Esa es la empresa matriz del holding que dirige Castro Soteldo y a cuyo nombre aparecen la mayoría de los negocios con el gobierno nacional y los gobiernos regionales”, señala una de las fuentes.
Todos los fondos, sobre todo créditos, añade esta fuente, son “exonerados de impuesto al valor agregado y de impuestos sobre la renta”, y a partir de allí, “los destina el Consorcio Veinca a sus centros pecuarios y agrícolas para producir fundamentalmente carne bovina, de cerdo y cereales (maíz y arroz), cuyos productos son finalmente vendidos a la Cuspal con destino a la cajas Clap”.
El basamento jurídico para que empresas como Consorcio Veinca se hagan con el control de plantas estatales es el de la “alianza estratégica”, expuesta en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas. En ella, con un asomo y nada más, se despacha la formalidad de la licitación cuando se trata de “alianzas comerciales o estratégicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras entre personas naturales o jurídicas y los contratantes”.
Precisamente, lo de alianza estratégica se lee en el encabezado del documento que formaliza la entrega del azucarero Pío Tamayo a Veinca: “Para su administración y puesta en marcha”, detalla. El documento tiene el sello del Ministerio de Agricultura.
En la práctica, Consorcio Veinca no es la única empresa próxima a Gudiño que concentra las alianzas estratégicas. Inversiones de América Latina, C.A., también ha sido parte de estas adjudicaciones. Fue constituida el 10 de noviembre de 2017 en el estado Lara y su objeto es la “explotación del negocio de beneficio de ganado vacuno, bufalino, porcino, ovino y aves del corral, y la industrialización de los subproductos de estos géneros”.
Pero no es Gudiño directamente quien está al frente de esta empresa. Las propietarias son Berkys Coromoto García Olivares y María de los Ángeles Gudiño Garrido, la madre y la hija de Gudiño, respectivamente.
No son ellas la única conexión entre Inversiones de América Latina y Veinca, sino también la dirección de la oficina: sexto piso de la Torre Bell, en Barquisimeto, estado Lara. Las fuentes que ofrecen sus testimonios para esta investigación refieren que el edificio de Barquisimeto es donde se toman las decisiones del holding.
El grupo también se ha expandido en los registros mercantiles con otras denominaciones como la de Agroveinca, constituida el 8 de septiembre de 2020. Gudiño y Ojeda son los dueños de esta sociedad, como puede leerse en los documentos de constitución.
El negocio cárnico de Consorcio Veinca tuvo a partir de 2018 dos clientes importantes y consecuentes, dos gobernaciones dirigidas por el Psuv: la de Miranda, con Héctor Rodríguez, y la de Guárico, con José Vásquez. Los acuerdos describen que Veinca suministraría carne a estos entes, pero las cantidades y el destino final del producto son parte de los secretos de estas negociaciones.
La Gobernación de Guárico, en septiembre de 2018, promocionó con fervor una alianza estratégica con Veinca para la puesta en funcionamiento del matadero de Valle de la Pascua. Lo que publicitó la prensa del ente regional como gran atractivo fue la distribución de 63 toneladas de carne para los mercados municipales. Hasta hoy, los trabajadores de la empresa y habitantes de Valle de la Pascua insisten en que la carne nunca llegó a los mercados municipales sino a empresas privadas de cercanos a Vásquez.
Las fuentes que ofrecieron su testimonio para este reportaje señalan, a partir de documentos, que “el consorcio es la operadora del Matadero Industrial Roblecito, en Valle de La Pascua, y del Matadero Industrial El Rastro, en Calabozo, mediante alianza estratégica con el Ministerio para la Alimentación y el Ministerio de Agricultura y Tierras”. Los números de la producción son escondrijos. Los testimonios concuerdan en que carne es lo que menos ha habido a partir de esta alianza.
La carne bovina y de cerdo para las cajas Clap y para los abastos municipales son de los tipos 2, 3 y 4 (las calidades más bajas). Las carnes tipo Premium, sostienen trabajadores de Veinca, son vendidas a grandes cadenas de supermercados.
Los silos (depósitos para almacenamiento y procesamiento de granos) también fueron para Chávez foco de su política expropiatoria. Estuvieron entre las primeras confiscaciones de su administración, empezando por los de la Planta Promabasa, perteneciente a Empresas Polar. La medida fue ejecutada por el padre del presidente, Hugo de los Reyes Chávez, entonces gobernador de Barinas.
Pero los silos que fueron expropiados, además de plantas trilladoras de arroz, también han vuelto a pasar a manos privadas, entre las que destacan varias adjudicaciones tanto al Consorcio Veinca como a Inversiones de América Latina. Las fuentes de la empresa y varios documentos identifican a Pedro Luis Malaver Ruiz como el padrino de las alianzas.
Se trata nada menos que del presidente de la empresa socialista Agropatria (antes Agroisleña, empresa de suministros agrícolas expropiada por Chávez en 2010 y hoy prácticamente en ruinas) y exdirectivo de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas La Casa, C.A. (Casa), que funcionó hasta 2018 para cambiar de nombre a Cuspal, y que en su momento fue una de las principales proveedoras de la red estatal Mercados de Alimentos (Mercal).
“Consorcio Veinca es la operadora de Silos del estado Portuguesa, en Guanare; de Silos del estado Barinas, en la ciudad de Barinas; y de la Planta Trilladora de Arroz, en la ciudad de Barinas; mediante Alianza Comercial con la Corporación Agrícola Socialista del Estado Barinas Hugo Chávez, S.A.con la intermediación de Argenis Chávez Frías, gobernador del estado Barinas”, responde una fuente en Barquisimeto.
Inversiones de América Latina C. A. entra en el tablero mediante la operación del Complejo de Silos Chaguaramas, en el estado Guárico, igualmente, “mediante alianza estratégica con Agropatria S.A. y con la intermediación de su presidente, Pedro Luis Malaver Ruiz”. Todos los acuerdos están refrendados por Castro Soteldo mediante el Ministerio de Agricultura y Tierras.
“Además (dicen trabajadores de Veinca consultados para esta investigación) el holding recibe frecuentemente grandes cantidades de insumos agrícolas de Agropatria S.A. a precios subsidiados, los cuales revende y el sobrante es revendido fundamentalmente a los productores del estado Guárico”.
Las intermediaciones del sobrino del ministro Castro Soteldo, Luis Fernando, a favor del Consorcio Veinca no datan sólo de su paso reciente por Cuspal y no solo se refieren a la transferencia de industrias agrícolas, sino también de propiedades. En 2017, cuando era diputado de la Asamblea Nacional, fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), ente dependiente del Ministerio de Agricultura y Tierras, el mismo que entonces dirigía y que aún dirige su tío.
Consorcio Veinca C.A. es hoy en día adjudicataria de tres hatos: Puerto Miranda, en Camaguán, estado Guárico; El Roble, en Ortiz, también en Guárico; y Los Sauces, en Achaguas, estado Apure. Las tres adjudicaciones, gratuitas todas, se consumaron a través de las disposiciones de Soteldo al frente del INTI.
Lo que allí se produce o se deja de producir ha sido confidencia entre Veinca y las corporaciones estatales con las que han suscrito acuerdos. Lo que ha trascendido se debió a denuncias públicas de los trabajadores de algunas de esas plantas. Así también ocurrió en el central de El Tocuyo. Todavía en abril de 2021, a cinco meses de protestas, quedan trabajadores de la planta en un limbo jurídico, lo que les llevó a crear lo que ellos denominan Comité de Solidaridad Obrera y Popular. “Estamos peleando por mejoras laborales y la reivindicación de 42 trabajadores prejubilados que tienen derecho a la continuidad”, dice uno de ellos desde El Tocuyo.
Las protestas han signado la gestión de Gudiño y Ojeda no solo en su rol de patronos: también, de manera indirecta, les ha tocado en el rol de proveedores, como ocurrió también en diciembre, cuando un grupo de trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana protestó hasta el último día de ese mes porque, hasta esa fecha, no les habían entregado el pernil que les habían prometido y que debía entregar el proveedor, Veinca.
“Un grupo grande de trabajadores, no conociendo las políticas hambreadoras que tiene Pedro Maldonado como presidente de CVG, estuvieron pendientes de una falsa promesa de la entrega de un pedazo de pernil, porque ni siquiera es un pernil, y estuvieron ahí, con la necesidad y el hambre, con la esperanza de que entregaran ese pedazo de proteína”, declaró entonces al portal informativo El Pitazo Cecilio Pineda, secretario de Organización del Sindicato Único de Profesionales de CVG (Sunep CVG) y miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).
Pedro Maldonado, a quien se refirió Pineda, ha sido director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia (cargo con el que, en 2008, se encargó de expulsar de Venezuela al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco), director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidente del Banco Central de Venezuela y, ahora, presidente de la CVG.
En este último cargo suscribió la alianza comercial entre la CVG y Consorcio Veinca para suministrar pernil tanto a trabajadores activos como a jubilados. La protesta hasta el 31 de diciembre perfila que no se cumplió lo prometido. De hecho, aún en marzo de 2021, Pineda asegura que no se entregaron los perniles.
Sin rendición de cuentas, la historia de Consorcio Veinca ha quedado supeditada a denuncias y protestas. Sus dueños solo han ofrecido silencio, como ocurrió con la solicitud de entrevista para este trabajo, que no fue respondida. También intentó contactarse a Wilmar Castro Soteldo mediante el departamento de relaciones públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras, y directamente a Luis Fernando Soteldo. Tampoco hubo respuestas.
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
