La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a la actividad privada, pero con renovados contactos con el Estado y apetencias por negocios inéditos. Uno de ellos, con éxito reconocido, fue el béisbol profesional, donde convirtió a Caribes de Anzoátegui en una potencia. Pero casi al mismo tiempo se embarcó en la constitución de una offshore en Islas Vírgenes Británicas que despertó suspicacias en un despacho de abogados panameño y nunca cumplió su cometido.
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Rafael Gruszka Tress, un hombre de negocios habituado a mantener un bajo perfil, es mejor conocido en Venezuela por haber convertido a una franquicia de relleno surgida de la última expansión de Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Caribes de Anzoátegui, en una virtual dinastía. Es el campeón vigente del béisbol venezolano, y ha conquistado el gallardete en cuatro de las últimas 10 temporadas.
La última vez que Gruszka abandonó por un motivo distinto ese bajo perfil, no le fue tan bien. En esa ocasión aceptó ser el presidente, con carácter de ministro, del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) entre 2001 y 2003, al comienzo del primer gobierno de Hugo Chávez. Diez años más tarde, su gestión pública sería investigada por presuntas irregularidades. En 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora mencionó una de las empresas representadas por Gruszka entre aquellas vinculadas a presuntos hechos de corrupción en la construcción de seis grandes hospitales. La compañía, sin embargo, no se encargó de las obras civiles sino del desarrollo de planos de arquitectura, trabajos que, en su presentación ante el parlamento, aseguró haber cumplido.
En un ámbito más reservado, sin embargo, otra movida de Gruszka levantaba las cejas, en ademán de suspicacia, entre quienes tenían que ejecutarla.
En 2018, Gruszka buscó registrar en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) una comercializadora de suministros y servicios para empresas de gas y petróleo, bajo la denominación de Saigon Oil Corp y con un capital de 10 millones de dólares. Entonces usó los servicios de Overseas Management Company (OMC), un despacho de abogados especializado en servicios offshore con sede en Panamá, cuyos funcionarios iniciaron un encendido intercambio de comunicaciones sobre la idoneidad del cliente.
Así lo muestran documentos de los Pandora Papers, una filtración masiva de 11,9 millones de documentos procedentes de 14 firmas offshore, cuyos servicios consisten en registrar compañías, fideicomisos u otras entidades en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos para clientes adinerados. Aunque los servicios que prestan estas firmas no son ilegales, en algunos casos facilitan la evasión de impuestos y permiten ocultar las identidades de los propietarios de estas empresas.
Decenas de documentos de la filtración, procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (o ICIJ por sus siglas en inglés) y compartidos con Armando.info, entre 150 medios de todo el mundo, muestran que Gruszka no incursionó solo, sino con un socio, en Islas Vírgenes Británicas.
En la carrera por crear Saigon Oil Corp también participó Igor Flasz Goldberg, otro empresario venezolano con el que Gruszka ha representado en tándem a compañías del sector inmobiliario, deportivo, construcción y de servicios. En ese abanico de empresas se encuentra Pemegas, una sociedad dedicada al área de la construcción y de servicios petroleros que llegó a suscribir contratos con la petrolera estatal Pdvsa.
Pero antes de aprobar la incursión de la dupla a la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas, los empresarios debieron explicar sus nexos con figuras de cuestionada reputación.
“Rafael Gruszka e Igor Flasz son accionistas del equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui, y Rafael Gruszka es el presidente actual del equipo. Ambos también están ligados al sector construcción, llevan más de 40 años en ese negocio”, dice la correspondencia entre oficiales de OMC Group.
“Con respecto al vínculo con Alvaro Gorrín”, continúa el mensaje, “Igor Flasz fue socio de Alvaro Gorrín en una empresa llamada Vale Canjeable Ticketven C.A (conocida como Valeven). Ya el señor Igor vendió esas acciones hace más de un año. Hoy en día ninguno de los dos tiene negocios con Alvaro Gorrín”.
La respuesta bastó para incorporar la empresa al registro de las Islas Vírgenes Británicas a finales de agosto de 2018.
Los registros venezolanos también dan cuenta de la existencia de una empresa homóloga llamada Saigon C.A. con 26 empleados, con Gruszka como representante legal.
Sobre la constitución de Saigon Oil Corp., Gruszka dijo a Armando.info, en respuesta a un cuestionario escrito que se le hizo llegar, que él y su socio crearon la empresa para comercializar aceites y lubricantes en Venezuela ante la escasez de estos productos. La empresa, explicó, fue conformada en esa jurisdicción “con el fin de poder obtener cartas de crédito para la compra e importación” de estos productos.
Gruszka añadió que Saigon Oil Corp. y Saigon C.A. no tienen ninguna relación y que en esta última empresa, constituida con el fin de comercializar productos para la explotación minera, vendió sus acciones.
En mayo de 2020, tan solo un año y ocho meses después de su creación, Saigon Oil Corp. fue eliminada de los registros de las Islas Vírgenes Británicas. Según la gaceta oficial de la isla, se debió a que los datos de sus agentes intermediarios no estaban actualizados.
El empresario dijo a Armando.info que la empresa nunca tuvo actividad ni relación con ningún cliente.
El bajo perfil que Gruszka ha preservado en los últimos 25 años contrasta con la dimensión de sus contratos o el alcance de sus socios. “Gruszka ha sido un hombre muy hábil. Sigue manteniendo contactos en el alto gobierno más allá de que no posa como su defensor o simpatizante. Es una figura potable para el chavismo”, dice una fuente familiarizada con la trayectoria del empresario en el ámbito deportivo.
Egresado de un colegio religioso de Caracas y de la Universidad Metropolitana, desde sus inicios el ingeniero civil se hizo un nombre en el mundo de la construcción tras trabajar en el sector privado en empresas como Constructora Sambil o Promotora F.G.P., esta última una compañía que dirige junto a Flasz Goldberg desde su fundación en la década de los ochenta.
Sin embargo, en las décadas que siguieron, Gruszka rápidamente empezó a ampliar sus relaciones a otras ligas. A principios de los 2000 aterrizó en Fondur durante los primeros años de la gestión de Hugo Chávez luego de que el empresario financiara la candidatura del fallecido presidente, según afirmó la desaparecida revista Exceso.
En 2002 y por el Decreto Nº 1.390, el empresario sucedió al general Víctor Cruz Weffer en la presidencia del Fondur. Su paso por el ente adscrito al entonces Ministerio del Despacho de la Presidencia fue breve, pero estuvo salpicado por un señalamiento de corrupción.
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional alegó años después de la gestión de Gruszka, en 2012, presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de más de 400 millones de dólares a Constructora Pinto C.A. por una obra que no llegó a concluirse. No obstante, la comisión determinó que no hubo nada ilícito en la asignación del contrato y propuso cerrar el caso.
Tras su salida de Fondur, Gruszka se adentró en 2004 en un nuevo mercado: el de los vales o tickets de alimentación. Lo hizo junto a su socio de confianza y su antiguo compañero en el colegio y la universidad, Igor Flasz Goldberg.
El acta constitutiva de Vale Canjeable Ticketven, C.A. muestra que Gruszka y Flasz figuran en la empresa desde su origen como acreedores de 20% de las acciones, al igual que Inversiones Loyla C.A., compañía vinculada a Álvaro Gorrín.
Sin embargo, para 2009 Gruszka había vendido su parte y Flasz llegó a hacerse con 80% de Valeven con la ayuda de otra sociedad dedicada a la venta de inmuebles. Así quedó con 40% de las acciones a su nombre y el 40% restante con acciones a nombre de Inversiones Ruda C.A., empresa en la que Flasz también ocupaba el cargo de director.
Junto a múltiples empresas privadas, el gobierno también figuró como uno de los principales clientes de Valeven, con la Vicepresidencia de la República, la Fundción del Niño, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y varias gobernaciones y alcaldías entre sus contratistas.
Al menos hasta 2016 Gruszka formó parte de la directiva de Valeven, con Flasz Goldberg respaldando su gestión. La junta de ese período, que dista del grupo original que conformó la empresa 12 años atrás, la completaron Yoxeline Albino Romero, exfuncionaria de los ministerios de Economía Comunal, Turismo y Economía y Finanzas durante la gestión de Chávez; Marlene Arenas Colina, esposa del exministro de Turismo de Chávez, Pedro Morejón; y Alejandro Medina Andersen, socio de Arenas y de Omar Farías, este último un empresario del sector de seguros que salió a relucir en los Panama Papers de 2016, y cuyas empresas experimentaron un espectacular crecimiento económico durante el chavismo.
La compañía de Gorrín también gozaba de una cuota de poder en la empresa de tickets de alimentación hasta ese año.
La correspondencia filtrada de OMC Group señala que en 2017 Flasz Goldberg vendió sus acciones. Sin embargo, el empresario siguió vinculado a la compañía desde Inversiones Ruda C.A., que desde ese año y hasta 2019 pasó a ser la propietaria de 100% de las acciones de Valeven.
Tras la venta, Valeven cambió su ubicación de la Torre Inecom, en La Urbina —donde los empresarios han alojado al menos otras cuatro empresas, incluyendo Saigon Oil Corp.— a la Torre Ávila, en Las Mercedes.
La lujosa torre de oficinas fue construida por la Inmobiliaria ZAD 110 C.A., otra constructora que, según muestran los registros venezolanos, pertenece al grupo de empresas de Gruszka y Flasz.
En el 2013 la dupla alcanzó una cúspide simbólica en su rol de contratista del Estado, cuando culminó el nuevo mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Nicolás Maduro inauguró la obra de 2.000 metros cuadrados de construcción el 14 de mayo de ese año.
El contrato para erigir la estructura de 54 metros de alto quedó en manos de la constructora Pemegas C.A., empresa que, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), pertenece al arquitecto y entonces ministro para la Transformación de Caracas, Francisco Farruco Sesto Asís, y al presidente de la fundación Oficina para Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia (Foppe), Lucas Pou Ruán.
De acuerdo con el RNC, junto a los Pou y los Sesto, la dupla Gruszka-Flasz también figuraba en Pemegas C.A.; ambos empresarios como parte de la junta directiva y Flasz como accionista de la mitad de la constructora al menos hasta 2009.
Al respecto, en contacto con Armando.info que Gruszka hizo después de publicado este reportaje, afirmó que Pemegas C.A. "no tuvo nada que ver ni en el diseño ni la ejecución de la obra del mausoleo ", y que Sesto renunció a sus acciones en Pemegas cuando fue nombrado ministro de la Cultura por primera vez.(*)
Aunque el mausoleo fue la más notoria y controvertida de las obras desarrolladas por Pemegas, no fue la única. A la empresa también se le encomendó la construcción de la escultura del Bicentenario del 19 de abril en la plaza El Venezolano, en el centro de Caracas.
Desde su conformación en 2004, la compañía se convirtió en una importante contratista del Estado y gozó de preferencia al momento de recibir lucrativos contratos por ser la empresa del ministro. Entre sus clientes se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede), el Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, el Instituto Nacional de la Vivienda, PDVSA y el Ministerio de Salud.
En 2016, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional denunció el desfalco de más de 1.500 millones de dólares destinados al mantenimiento y reparación de la red hospitalaria del país y a la construcción de seis hospitales de distintas especialidades enmarcados en el programa Barrio Adentro IV. De acuerdo con el reporte publicado por la comisión, el Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana (Convialba), adscrito al Ministerio para el Transporte Terrestre, firmó contratos con Pemegas C.A. en 2008 para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería de seis centros de salud especializados.
En el programa de gobierno estaba previsto desarrollar el Hospital General y Materno Infantil, en Apure; el Hospital General, de Oncología y Toxicología de Barinas; el Hospital General y de Urología de Valle de la Pascua, en Guárico; el Hospital General y de Gastroenterología de El Vigía, en Mérida, el Cardiológico de Adultos, en Distrito Capital; y el Centro Nacional del Cáncer en Guarenas, Miranda, posteriormente reubicado a la capital.
Sin embargo, la inauguración de los centros de salud, originalmente programada para 2009, se postergó para 2011. Ese año, bajo la administración de la ministra de Salud Eugenia Sader, se anunció un nuevo contrato con el Consorcio Conmed-MCC y Pemegas y su contratista, Convialba, desaparecieron de la escena.
La llegada de la ministra no solo supuso la salida de Convialba, sino también la sustitución de la técnica de construcción. La titular de la cartera de salud dijo que, ante el retraso de las construcciones iniciadas cinco años antes, los hospitales serían terminados mediante la técnica de prefabricado y estarían listos para 2012.
En el reporte, la comisión de la AN declaró a la ministra Sader como responsable de una serie de irregularidades, entre ellas, contratar a Pemegas C.A. —una empresa que planteaba un conflicto de intereses por sus vínculos con el ministro Sesto— y que no estaba debidamente registrada para la fecha de la contratación, además de realizar “pagos de anticipos no permitidos legalmente”.
El parlamento también denunció la adjudicación de contratos a Pemegas, alegando que los involucrados tuvieron beneficios “excesivamente cuantiosos”.
De acuerdo con Gruszka, Pemegas fue contratada únicamente para llevar a cabo los diseños de arquitectura, así como planos de electricidad, plomería, incendios y otros. Estos trabajos, dijo, fueron entregados en su totalidad y no fueron “cancelados en buena proporción”.
Aseguró también que los arquitectos entregaron cerca de 5.000 planos del proyecto a la comisión de la Asamblea Nacional para su revisión y negó que Pemegas haya sido contratada para “la construcción de ningún hospital”.
Cuando Gruszka se hizo con la mayoría accionaria de Caribes de Anzoátegui, la llamada Tribu ni siquiera contaba con una fanaticada propia y los anzoatiguenses preferían apoyar al Magallanes, tradicional divisa de arraigo en el oriente de Venezuela -aunque la franquicia se asiente en Valencia, estado Carabobo- antes que al equipo local. Para el año 2007, el equipo no había podido alzarse con ningún campeonato.
Ese mismo año, el círculo de Gruszka y de su socio comenzó a expandirse nuevamente y en paralelo a sus otros negocios, solo que esta vez en un nuevo campo. La incursión ocurrió en un momento en el que algunos llamaban a la LVBP la “liga saudita”; tiempos en los que los dólares preferenciales destinados al deporte fluían con abundancia.
Luego de unos traspiés iniciales, Caribes alcanzó su primer título en la temporada 2010-2011, una victoria que sellaría la nueva suerte del equipo y sentaría las bases para que la dupla de empresarios construyeran un campeón.
En 2013 un nuevo socio, pero un viejo conocido, se sumó luego de contar con el visto bueno de la LVBP: el ídolo local, antiguo pelotero de Caribes y el exgrandeliga Magglio Ordóñez. Así, Caribes pasó a contar con dos dueños que se dividían a partes iguales las acciones.
Pero Gruszka y Ordóñez tienen más en común que la titularidad del equipo. A las empresas Orgar Corporación y Venimpro, dos sociedades vinculadas a Magglio Ordóñez y sus familiares, fueron adjudicadas múltiples licitaciones a principios de los 2000, incluyendo una serie de obras para preparar a Puerto La Cruz en su rol de sede de la Copa América 2007, entre ellas el estadio José Antonio Anzoátegui con capacidad de alojar a 40.000 personas.
Ordóñez, al igual que su socio, también tuvo una breve carrera política. Ocho meses después de adquirir la mitad del equipo, el deportista se convirtió en el alcalde del municipio Sotillo por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Caribes pasó de no ganar ningún campeonato a convertirse en el equipo hegemón y actual campeón de la LVBP.
Desde su paso por el Fondur, Gruszka ha erigido sociedades, ha construído contactos y ha acumulado una racha tras otra que ha sabido explotar ágilmente junto a múltiples socios. Sus círculos y negocios se han diversificado de forma próspera en los últimos años, aunque la carrera con Saigon Oil Corp., en las grandes ligas de los paraísos fiscales, fue breve.
(*) Información agregada tras la publicación del reportaje a solicitud del mencionado Rafael Gruszka.
El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a mudarse a Dubai desde Madrid apenas se enteró de la disposición del también exmilitar a someterse a las autoridades de Estados Unidos. Para esa peregrinación, Mirabal debió soltar lastre, así que hizo cambiar de manos un superyate que en 2016 se había comprado a través de una offshore, y pasó su residencia en el suntuoso barrio de La Moraleja al crack del Real Madrid.
El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Fue presidente del extinto Banco Canarias, entidad financiera intervenida por el gobierno de Hugo Chávez en 2009. Acusado por asociación para delinquir y apropiación indebida de recursos de los ahorristas, Gorrín fue apresado en Caracas a finales de 2014 y juzgado en libertad el año siguiente.
Llamado antes Caribes de Oriente, el equipo pasó a formar parte de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras su segunda expansión. Es el actual campeón de la liga y ha acumulado cuatro títulos en las últimas 10 temporadas.
Copropietario de Caribes de Anzoátegui. Adquirió la mitad de las acciones del equipo en 2013 tras retirarse como beisbolista en las grandes ligas. Incursionó brevemente en la política como alcalde del municipio Sotillo, estado Anzoátegui, por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Empresa inscrita en las Islas Vírgenes Británicas por la firma panameña Overseas Management Company. Creada por Rafael Gruszka e Igor Flasz con un capital de 10 millones de dólares para comercializar suministros y servicios a empresas de gas y petróleo.
Ingeniero civil y socio de Rafael Gruszka, con quien ha compartido la titularidad de múltiples empresas. Socio fundador de Valeven, empresa de vales de alimentación, y accionista de Pemegas, controvertida contratista del Estado encargada de la construcción del Mausoleo del Libertador.
Presidente del equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui, ingeniero civil y empresario con múltiples compañías en el área de la construcción. Designado presidente del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) en 2002, su gestión fue investigada años después por la Asamblea Nacional por presuntos hechos de corrupción.
