En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
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Una de las tantas rutas del dinero de Odebrecht llegaba hasta Lisboa, al tradicional barrio de Chiado, el más caro de la capital portuguesa. Allí, en el edificio ubicado en el número 31 de la exclusiva calle Ivens, destaca un apartamento dúplex a nombre de María Eugenia Baptista Zacarías, que lo adquirió a escasos meses de que su esposo, Haiman El Troudi, asumiera como ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro.
Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.
La historia del apartamento aloja, como pocas otras lo pueden hacer, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.
Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.
A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de Expresso de Lisboa, El Nuevo Herald de Miami y Armando.info de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela.
Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que Armando.info reveló entonces.
En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.
Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques.
La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, La división de sobornos, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.
El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi.
María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una reciente entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo.
Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado en julio a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.
El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce.
El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.
Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata –a cargo del caso del Espírito Santo–, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el “titular formal” de Cresswell Overseas, “se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.
La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.
El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.
Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, la investigación de este trabajo pudo confirmar, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña.
Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -ex colonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG, con oficinas en Suiza y Dubai.
Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michel Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.
Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo y con lo que ya se sabía en Suiza y Brasil, permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado. .
¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?
En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que “a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria” con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban periódicamente “la formación de empresas para sus clientes” y que no habían notado nada sospechoso.
Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michel Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era “requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación”. Ostertag agregó: "Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero". Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.
Interpelado en las últimas semanas antes de publicar los Pandora Papers, Alcogal argumentó que “la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación”. Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. "Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley".
Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank, en Antigua.
Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.
Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.
Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira –encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela– a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un “contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles”.
Paulo Murta no respondió una solicitud para contrastar la información que lo involucra en esta investigación. Como en anteriores oportunidades, El Troudi y su esposa también optaron por el silencio. Briceño Punceles, por su parte, reaccionó a través de su abogado, asegurando que todo era “falso”.
Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años luchando por recuperar los 50 millones de dólares que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, dos años después, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.
(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por 'Expresso' de Lisboa, 'El Nuevo Herald' de Miami y Armando.info.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.
Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.
La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Sociedad del Grupo Espírito Santo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.
Ciudadano suizo que manejaba el bufete ICG. Su testimonio señala a la esposa del exministro Haiman El Troudi.
Gestor portugués de empresas offshore a través de bufete ICG, mediante el que se manejaron varias offshore del Banco Espírito Santo. En julio de este año fue extraditado a Estados Unidos para que responda por lavado de dinero proveniente de fondos del Estado venezolano.
Poderosa institución bancaria de Portugal, que fracasó en 2014. Varias auditorías dan cuenta que por sus bóvedas pasaron fondos provenientes de la corrupción en Venezuela.
Bufete que abrió y manejó varias empresas offshore que luego fueron relacionadas con la corrupción de Venezuela y la quiebra del Banco Espírito Santo. Fue creado por el suizo Michael Ostertag y manejado por el portugués Paulo Murta.
Dueño oficial de la empresa Cresswell Overseas. Según la Justicia portuguesa y suiza detrás de él está la esposa de El Troudi.
Exministro para el Transporte y Obras Públicas y expresidente de los metros de Caracas y Los Teques.
Empresa registrada en Panamá a la que Odebrecht envió varias transferencias entre los años 2012 y 2014.
Esposa del exministro de Transporte, Haiman El Troudi, y verdadera beneficiaria de la empresa panameña Cresswell Overseas, según registros judiciales de Suiza y Portugal.
Intermediario que negoció comisiones de 2% con Odebrecht Venezuela y al mismo tiempo representante de la esposa de El Troudi en Portugal y acreedor de cuentas bancarias que le encontraron a ella en Suiza.
