A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.
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Jesús Hombre Salvador (JHS). Tres palabras que pueden ser el lema de una iglesia cristiana, pero no. En esta historia, el monograma cristiano JHS es la seña de identidad de un conglomerado empresarial que está obrando el milagro de crecer en una economía que se hunde y espanta a las trasnacionales. El Grupo JHS es el flamante dueño del Deportivo Táchira –quizás el club con más solera en el fútbol venezolano–, de varios equipos de ciclismo tachirenses, de al menos seis empresas dedicadas a servicios tan disímiles como el aduanero y la producción avícola, de instalaciones industriales en nueve estados del país y hasta de un instituto de beneficencia.
La versión oficial cuenta que son “empresarios venezolanos de origen andino, apostando a la soberanía alimentaria” y que están “comprometidos con la importante labor de brindar servicios logísticos y aduaneros, así como desarrollar la producción de alimentos a nivel nacional”. Pero solo ha sido después de la compra del club de fútbol andino a la familia Kabchi, oficializada en octubre de 2016, que JHS y Jorge Alfredo Silva Cardona, el hombre detrás del emporio, han salido del anonimato.
A Silva se le ha visto, cual presidente de clubes similares de Suramérica o Europa, firmando los contratos con nuevos fichajes y patrocinadores, asistiendo a preventas publicitarias de medios de comunicación, polemizando con jugadores rebeldes y acompañando al equipo en duelos internacionales, como el del 23 de enero ante el Deportivo Capiatá de Paraguay, por la primera fase de la Copa Libertadores. Ese día, incluso, recibió en pleno campo un reconocimiento a nombre del equipo aurinegro, una organización que acaba de cumplir 43 años de historia y que este fin de semana inicia su andadura en el torneo venezolano de primera división.
Ni Silva, de apenas 30 años de edad, ni sus negocios tienen tanto recorrido. En los círculos empresariales se sabe poco de él y de sus cada vez más emergentes empresas. “Hemos visto que es un grupo capacitado financieramente (…) Es una buena posibilidad entregar a estos nuevos inversionistas”, explicó José Kabchi, ex directivo del Deportivo Táchira, el día que presentó a Jorge Silva ante los jugadores y cuando el traspaso del club estaba prácticamente cerrado.
Silva se describió como “nativo del Táchira, pero ahora mismo radicado en Caracas” y como “presidente del Grupo Empresarial JHS”. A los futbolistas aquel nombre debió decirles poco, aunque llevaban meses luciendo en sus uniformes el logo de JHS porque el grupo ya era el principal patrocinador. Ese día Jorge Silva no aludió a su pasado como “técnico administrativo” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) –organismo estatal encargado de la recaudación tributaria– como consta en la decisión 114-2012 del Juzgado Superior Contencioso Tributario de la región Los Andes. En el Seniat confirman que Jorge Silva estuvo en la institución desde febrero de 2008 hasta su renuncia en agosto de 2013, año de la génesis para el Grupo JHS.
Silva, en su breve presentación ante los futbolistas, tampoco explicó cómo sus empresas se han terminado beneficiando de las compras millonarias del Gobierno venezolano a la compañía brasilera JBS S.A, considerada la mayor exportadora de carne del mundo y perteneciente al holding brasilero J&F Investimentos. Quizás no sea una historia que interese a los deportistas, pero sí a quienes se preguntan cómo es que un técnico administrativo de la oficina nacional de tributos ha trocado en empresario próspero.
Dos meses después de la renuncia de Silva al Seniat, el 20 de noviembre de 2013, se registraron en Caracas dos de las seis empresas del grupo: Aves JHS 2013 y Servicios JHS 2013. Los papeles del registro mercantil muestran que sus primeros accionistas fueron Jorge Alfredo Silva Cardona y Víctor Hugo Sánchez Núñez, en una, y el propio Jorge Silva y Ángel Andrés Moreno Carrillo, en otra. También revelan que ambas empresas tuvieron como primera sede principal el edificio residencial Pórtico Del Este, ubicado a pocos metros de la emblemática Torre La Previsora, en Caracas. Que las dos nacieron con un pequeño capital y que finalmente Jorge Silva terminó como único accionista a los pocos meses de fundadas.
El expediente mercantil de Servicios JHS 2013 revela que se trata de una compañía cuyo objeto va desde “brindar servicios profesionales de asesoría financiera, contable, impositivas y administrativas especializadas”, prestar “servicios independientes y asesoría con relación a la gestión logística nacional e internacional y la entrega de mercancías”, a la “realización y asesoramiento de operaciones o actividades aduaneras de importación y exportación y trámite aduanero de todo tipo de mercancía”, así como a “la compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización al mayor de todo tipo de mercancía, tanto nacional, como importada, tales como productos cosméticos, artículos de belleza, artículos de uso e higiene personal para damas y caballeros (…) Venta y comercialización de vehículos automotores nacionales e importados nuevos o usados”.
En menos de dos años el capital de Servicios JHS 2013 pasó de 700 mil bolívares a 64.785.000 bolívares, un incremento de 9.155%. El “informe del contador público” correspondiente al ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2014 –el primer año de operaciones y sólo 13 meses después de fundada– arrojó que la empresa tenía una disponibilidad en los bancos de 4,3 millones de bolívares y casi 40 millones de dólares.
La explicación del rápido auge no está en esos papeles. Tampoco en los listados de asignaciones de dólares baratos –en Venezuela rige un control de cambio desde 2003– de la antigua Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) o el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que han permitido la proliferación de las denominadas “empresas de maletín”. Para rastrear el éxito del Grupo JHS hay que comprender la relación de una de sus empresas, Servicios JHS 2013, con la brasilera JBS S.A, quizás el principal proveedor extranjero de alimentos para el Gobierno venezolano. Ahí está el corazón del negocio.
El Registro Nacional de Contratistas (RNC) arroja algunas pistas. De acuerdo a ese organismo, Servicios JHS 2013 suscribió un contrato con JBS S.A para el “servicio de empaquetado” y “servicios de planta para contenedores refrigerados” entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, pocos meses después de que una comitiva del Gobierno, encabezada por el entonces presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, viajara a Brasil y pactara con JBS un contrato millonario para el suministro de alimentos como carne y pollo.
“Ellos son consignatarios de varios rubros alimenticios que importa el Gobierno, y le distribuyen sólo al Gobierno (…) Ahora mismo están llegando contenedores de leche en polvo de Brasil”, explicó en enero un agente aduanal de Puerto Cabello, el principal terminal portuario de Venezuela. La versión la confirman fuentes ligadas a líneas navieras y al Ministerio de Alimentación. “Antes no sonaban, pero ahora son un emporio empresarial”, acotó el capitán de una empresa, que prefirió el anonimato.
Aunque en el guion corporativo del Grupo JHS no se alude a la relación con la brasilera JBS, en la fachada de su oficina principal, ubicada en el Centro Lido de Caracas, lucen los logos de JHS y el de JBS. En su perfil de Linkedin Jorge Silva también se dice “representante legal y comercial de la empresa brasilera JBS, líder mundial de la fabricación de productos cárnicos”. Ni Silva, ni el Grupo JHS, ni la brasilera JBS contestaron las solicitudes de entrevista formuladas para este reportaje.
El lazo entre el Gobierno venezolano y la brasileña JBS, alianza que en definitiva ha terminado beneficiando a Jorge Silva y su naciente emporio, quedó claro en 2015. Ese año Cabello encabezó una comitiva de funcionarios venezolanos a Brasil, recibida por el expresidente Lula Da Silva. “El objetivo fundamental de la visita a Brasil, más allá del presidente Lula, es buscar convenios, acercamientos, acuerdos que nos permitan en Venezuela disponer de muchos de los productos que aquí en Brasil son generados, son producidos por empresas brasileñas”, declaró Cabello el 10 de junio de 2015.
A Cabello lo acompañó Rodolfo Marco Torres, Giuseppe Yoffreda y su hermano José David Cabello –que es la máxima autoridad del Seniat coincidencialmente desde que Silva entró en ese organismo. Todos militares y con altos cargos en el Gobierno entonces y ahora. “Otro grupo ha estado trabajando y visitando sitios de fabricación de alimentos, de crianza de animales para llevar estas ideas allá a Venezuela y que nos ayuden. Hemos encontrado total y absoluta disposición, estamos seguros que con el apoyo de los empresarios y del Gobierno brasileño la situación en Venezuela puede sobrellevarse y no solo sobrellevarse sino derrotar este sector que ha estado empeñado en causarle daño a nuestro pueblo”, justificó Cabello a medios estatales.
Estaba en pleno apogeo lo que en la narrativa del chavismo se llama la “guerra económica”. Los funcionarios venezolanos dejaron constancia de la visita a las instalaciones de JBS y sus encuentros con Joesley Batista, presidente y socio del holding J&F Investimentos, propietario de JBS. “La visita a nuestros hermanos del Brasil responde a la construcción indetenible de la Vzla potencia”, tuiteó José David Cabello el 9 de junio de 2015. Ese mensaje y otros a través de la red social estaban acompañados de fotos en las que se ve a los funcionarios venezolanos en las oficinas de JBS, así como con Lula da Silva y el magnate, Joesley Batista.
Un reportaje de Bloomberg, publicado el 7 de septiembre de 2015, reveló que el contrato entre Venezuela y JBS ascendía a 2.100 millones de dólares, una cantidad que hoy equivale a 20% de las reservas internacionales del país y que multiplicó el valor de las exportaciones de JBS a Venezuela en años como 2012 y 2013, en los que las compras venezolanas sumaron 324,3 y 517,4 millones de dólares, respectivamente. “Para JBS es una oportunidad de hacer algo que nadie más ha hecho en un país que cuenta con una importante demanda potencial (…) Para Venezuela es una ventaja el negociar con una sola compañía multiproteína con una plataforma logística integrada en lugar de comprar el pollo a una empresa, la carne a otra (…) Venezuela encontró un socio que la respeta”, celebró Miguel Gularte, presidente de la división Mercosur de JBS, según reseñó Bloomberg.
Luego del contrato los despachos de JBS para Venezuela se incrementaron. Sólo entre agosto y noviembre de 2015 llegaron al puerto de Puerto Cabello, al menos, 140 mil toneladas de productos alimenticios como pollo, carne, leche, margarina y hasta pernil. El consignatario de la mercancía fue la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), según registros portuarios de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, y el Grupo JHS se benefició con los contratos de servicios detallados en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Los envíos de mercancía continuaron en 2016, pero en menor medida. “Las órdenes de CASA con JBS están paradas. La orden de compra que está activa es la misma de 2015 y se ha venido trayendo poco a poco”, indicó una fuente ligada al Ministerio de Alimentación.
Pero el negocio se fraguó meses antes de la visita de los funcionarios venezolanos a Brasil. Al menos J&F Investimentos, por un lado, y Jorge Silva, por otro, movieron sus hilos. El 13 de febrero de 2015 J&F Investimentos registró a través del ya célebre bufete panameño Mossack Fonseca una compañía en Islas Vírgenes, denominada J&F Company Services Ltd, para atender sus operaciones comerciales entre Brasil y Venezuela. Los papeles de registro forman parte de los millones de documentos que se filtraron a la prensa en 2015 y que dieron origen a la investigación periodística global conocida como Panamá Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investicación (ICIJ, por sus siglas en ingles).
El objeto de la compañía es funcionar como trading en las operaciones comerciales entre Brasil y Venezuela. Los directores designados para administrar J&F Company Services Ltd fueron los ciudadanos brasileros Valter Bianchi y André Skirmunt, quien se ha desempeñado como ejecutivo de JBS en Brasil. El beneficiario final de la sociedad offshore es J&F Investimentos, que tampoco respondió a la solicitud de entrevista para esta historia.
En paralelo, Jorge Silva y el Grupo JHS estrechaban relaciones con JBS y J&F Investimentos. “Visita del personal de JBS Brasil a las instalaciones de JHS Aves”, tuiteó el Grupo JHS el 3 de marzo de 2015, en un mensaje dirigido a José David Cabello. Pero hay más. A finales de ese mes Jorge Silva y Vladimir Antonio Hoyos Mora, gerente del Grupo JHS, participaron en una convención corporativa que JBS realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina.
Las fotos del evento muestran a Jorge Silva y Vladimir Hoyos con Joesley Batista, el magnate brasilero que meses después recibiría y negociaría con Diosdado Cabello y los otros funcionarios venezolanos, así como con José Batista Sobrinho, el fundador de la empresa que derivaría en el mayor exportador de carne del mundo con presencia global y quizás el grupo privado más importante de Brasil, hoy también investigado por la justicia brasilera.
Tanto JBS como J&F Investimentos han estado bajo investigación en sendas operaciones judiciales denominadas Greenfield y Sepsis, esta última relacionada con la investigación macro que realiza la justicia brasileña conocida como Lava Jato y que ha demostrado cómo la constructora brasilera Odebrecht ideó un esquema de sobornos y lavado de dinero para salir beneficiada con contratos de obras públicas en Brasil y buena parte de América Latina.
En su perfil público el Grupo JHS esconde su conexión con JBS y J&F Investimentos, pero la estructura empresarial levantada por Jorge Silva está hecha a imagen y semejanza de la creada por la compañía brasilera. Bajo el paraguas de J&F Investimentos, JBS está dividida en sus distintas unidades de negocio: Seara, JBS Brasil, JBS Mercosur, JBS USA, JBS Europa y JBS Australia, entre otras. Ese es el modelo seguido por el Grupo JHS en Venezuela.
Además de Servicios JHS 2013 y Aves JHS 2013, el pool de compañías del Grupo JHS lo completan JHS Bovinos, JHS Transporte, Jautec y Andi Empaques, casi todas de reciente fundación y algunas de ellas administradas por familiares de Jorge Silva. Andi Empaques, por ejemplo, nació el 28 de enero de 2015 y sus dos accionistas son Misael Smit Silva Cardona y Yacsury Alexandra Silva Cardona, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Andi Empaques es la compañía encargada del empaquetado de los productos que J&F Investimentos está despachando al Grupo JHS. Entre diciembre del año pasado y enero de este año J&F Investimentos ha enviado alrededor de 3.300 toneladas de leche y 10 toneladas de “chancletas playeras”, según registros portuarios de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. El holding J&F Investimentos también es propietario de una compañía dedicada a la producción de lácteos y de alpargatas, una empresa de calzado. En este caso, el consignatario directo de la mercancía es Servicios JHS 2013, a diferencia de los envíos de JBS en los que CASA era el consignatario, pero donde el Grupo JHS también participa en la prestación de servicios aduanales y empaquetado.
Jorge Silva y el Grupo JHS han asegurado que también tiene ramificaciones en Colombia y Estados Unidos; sin embargo, registros internacionales muestran, más bien, que Silva y sus familiares tienen registradas dos empresas en Panamá, cada una con un capital de 10 mil dólares. Se trata de JHS Servicios, presidida por Jorge Silva, y Masi Logística, en la que el presidente es Misael Smit Silva Cardona. En ambas sociedades el tesorero es Yojan Alfonso Kopp García. Tanto Misael Silva como Yojan Koop forman parte de la junta directiva del Deportivo Táchira.
A falta de goles y pese a la temprana eliminación en la presente Copa Libertadores, esa nueva directiva ha exhibido su poderío económico. Nada más asumir las riendas de la institución Jorge Silva compró el autobús para transportar al equipo de primera división, la plantilla ha viajado en vuelos chárter, algo inusual en el fútbol venezolano por los elevados costos, y se está refaccionado el estadio de Pueblo Nuevo, considerado el santuario del fútbol venezolano y casa del Deportivo Táchira.
“Ellos aparecieron a mediados de 2014 como patrocinadores. Comenzaron como un sponsor alternativo y luego pasaron a ser el patrocinador oficial, hasta que finalmente compraron al club”, resume un integrante de la antigua directiva de la institución. Además del dinero fresco, se notan cambios. “Aquí todo tiene que ser en base al señor Silva”, agrega el ex directivo, quien recuerda que en cada una de sus apariciones en las instalaciones del club iba acompañado de una comitiva de escoltas y demás empleados. “Llegaba con cualquier cantidad de personas encima”, acota.
La nueva directiva también firmó acuerdos con nuevas empresas patrocinadoras como Simmonds Equipment, una multinacional dedicada a la fabricación de contenedores, y Súper Ahorro, una poco conocida compañía tachirense dedicada a la producción de artículos para la limpieza del hogar. Los logos de esas empresas han desplazado de la camisa del equipo a marcas como Pepsi Cola y Maltín, ambas pertenecientes a Empresas Polar –el mayor grupo privado empresarial venezolano–, acosado por el chavismo durante años y con una suerte distinta a la que ahora muestra el Grupo JHS.
En un gesto inusual en él, el 'número dos' del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el gigante de alimentos brasileño JBS, con quien el chavismo ya venía haciendo negocios. Sería la última gran oportunidad en Venezuela de esa corporación. Pero la estructura que entonces usó para pagar los servicios de sus aliados locales no solo despertó sospechas ese año en la banca internacional, sino que también sería el embrión para el surgimiento de la nada de un próspero actor industrial, el Grupo JHS.
Fue fundada en 1948 y tuvo una trayectoria llena de glorias deportivas. Pero desde hace 25 años la franquicia es un ave fénix del balompié profesional, que cada tanto resurge de sus fracasos financieros e institucionales con nuevos dueños, colores y motes, desde el ‘equipo lácteo’ al ‘chocolatero’. Ahora el club que se ha conocido como Deportivo Italia, Chacao, Italchacao y, por fin, Petare, recibe una enésima oportunidad de la mano de una pareja de hermanos, los Savarese, con pergaminos futbolísticos y una carrera empresarial que incluye contrataciones con el Estado venezolano y algunas relaciones controversiales.
Aunque rara vez pase de la zona intermedia de la tabla de una de las ligas profesionales de fútbol más débiles del mundo, el Atlético Venezuela, un club con apenas una década de existencia, maneja presupuestos de otra categoría. Detrás de la franquicia, desprovista de historia y fanaticada, están los denuedos de un ex militar con buena racha para los contratos con el Estado y un grupo de amigos que, entre todos, controlan al menos 29 empresas.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
