El defensor de los malqueridos se apunta al equipo de Nicolás Maduro

Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado Sarosh Zaiwalla no cree en el bajo perfil para escoger a sus clientes, ni en la discreción para defenderlos. Una sonada victoria con la que logró levantar sanciones contra un banco iraní le abrió las puertas para litigar en casos de complejidad económica y política, como lo demuestra su prueba más reciente: representar al régimen de Caracas en tribunales británicos para la disputa legal por el control de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas atrapadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, una pulseada en la que Juan Guaidó llevaba ventaja en el marcador, pero que el letrado de origen indio logró recientemente poner de nuevo cero a cero.

28 octubre 2020

Tanto en el deporte como en los tribunales, Sarosh Zaiwalla dice apoyar a los underdogs, aquellos desvalidos que no cuentan con una gran fanaticada y que nadie daría por favoritos. Quizás porque él considera que encaja en ese perfil: cuando se mudó a Londres para empezar su carrera como abogado en renombradas firmas locales, sus pares británicos lo miraban con desconfianza por tener un nombre indio, acento marcado y la tez cobriza. Por esa razón, el abogado procedente de Mumbai decidió fundar su propio bufete en 1982, Zaiwalla & Co. Solicitors, una pequeña firma ubicada en el distrito legal de la City londinense que en la última década ha ganado notoriedad por representar a clientes como el banco iraní Mellat y la petrolera rusa Rosneft, específicamente en disputas contra sanciones internacionales. Ahora puja ante las cortes inglesas para devolver a Nicolás Maduro el control del oro venezolano resguardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Los esfuerzos del régimen de Caracas, encabezado por Maduro, para acceder a las 31 toneladas de oro valuadas en más de 1.000 millones de dólares se iniciaron en 2018, cuando el entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, viajó hasta Londres para reunirse con oficiales del banco inglés en un encuentro que no arrojó el resultado que sin duda esperaba.

Al mes siguiente, en enero de 2019, entraron en vigor sanciones financieras y comerciales contra la administración de Maduro impuestas por la Unión Europea (UE), que afectaban y afectan a recursos y activos que están en el Reino Unido, y que continuarán siendo efectivas aun después de que se concrete el Brexit, la polémica salida inglesa del conglomerado europeo. Así, el oro que había sacado el gobierno venezolano para dispersar sus activos, quedó atrapado bajo sanciones en las bóvedas inglesas.

Fue entonces, ya en mayo de 2020, que la pugna por el oro se materializó en una demanda del BCV contra el banco inglés ante la Corte Comercial del Tribunal de Primera Instancia (High Court).

Las bóvedas de oro del Banco de Inglaterra resguardan en total cerca de 400 mil lingotes de oro en reservas, valorados en más de 260 mil millones de dólares. Foto: Adrian Dennis / AFP

En un principio, una experimentada firma inglesa de abogados, Stephenson Harwood —que ha representado a Pdvsa en disputas internacionales—, se encargó de representar al demandante, el BCV. Pero “la junta de Maduro”  —“Maduro board” el término con el que se refieren a los gobiernos de Maduro o de Guaidó en los documentos legales ingleses— terminó escogiendo el escritorio de Zaiwalla para recuperar el oro, en una batalla legal que ha significado un reto para los tribunales locales por lo intrincado del caso. Una disputa que también se ha librado en el terreno mediático.

Mientras algunos abogados optan por ser reservados sobre sus clientes, Zaiwalla habla en público y sin pudor sobre su relación con figuras e instituciones controversiales, por decir lo menos. En entrevistas y en su libro Honour Bound (Obligado por el honor) ha dado cuenta de su defensa del integrante de la mafia calabresa, Giuseppe Zappia. O del dictador iraquí Saddam Hussein, por quien actuó como intermediario ante el gobierno del entonces primer ministro Tony Blair en 2002 para alcanzar, en sus propias palabras, un “acuerdo amigable” y evitar el desenlace de una guerra, que de todas maneras llegó.

Zaiwalla & Co. Solicitors se publicita como un pequeño escritorio de Londres capaz de ofrecer servicios de la misma calidad que las firmas que conforman el magic circle (círculo mágico), cinco despachos de abogados con sede en Londres conocidos internacionalmente por su amplia experiencia y rentabilidad.

A diferencia de estos escritorios, Zaiwalla & Co. dice ofrecer a sus clientes tarifas atractivas bajo acuerdos de facturación flexibles y anticipos mensuales fijos para los honorarios de los abogados, que en las firmas de la mítica calle de Chancery Lane oscilan entre 500 y 850 dólares por hora, en el caso de los honorarios de un abogado junior, y a partir de 1.000 dólares por hora en el caso de uno senior.

Lejos de considerar el tamaño de su despacho una desventaja, Zaiwalla ve su firma como una especie de David enfrentado a los Goliat tradicionales, que pasó de especializarse en arbitraje y derecho de transporte marítimo a representar a clientes de alto perfil en arbitrajes y litigio internacional.

Zaiwalla aseguró en un comunicado que el Banco de Inglaterra tiene el “imperativo moral” de permitir que Venezuela acceda al oro para combatir los efectos de la pandemia en el país. Foto: zaiwalla.co.uk

En su website dice que ser un despacho pequeño le permite tomar decisiones rápidamente y “capitalizar nuevas áreas de apertura de la Ley” que, en el derecho común inglés (Common Law), se basa en decisiones judiciales —es decir, precedentes— dictadas por los tribunales.

A lo largo de su carrera, Sarosh Zaiwalla ha forjado una reputación de atreverse a pelear lo que él mismo califica como “casos imposibles de ganar”. Y ahora apunta a replicar el éxito que obtuvo una vez en la defensa cuesta arriba del mayor banco privado iraní, el Mellat, en un caso que guarda similitudes con el del reclamo del oro venezolano.

El precedente iraní

En octubre de 2009 empezó la extensa batalla legal que libró el banco Mellat, la entidad financiera privada más grande de Irán, en los tribunales británicos. Una parte, 20%, del capital de la institución bancaria con sede en Teherán corresponde al gobierno iraní, mientras que el restante 80% a actores privados. 

La disputa legal comenzó dos meses después de que el Ministerio de Hacienda del Reino Unido sancionara al banco, haciendo uso de los poderes que le otorgaba el Acta Contra Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2008, tras asegurar que la entidad estaba involucrada en el programa nuclear iraní.

Una década después de emprender acciones legales ante los tribunales ingleses, el gobierno del Reino Unido acordó resolver la demanda interpuesta por el banco iraní de 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios, por una cantidad que no se reveló. Eso sí, Mellat no cantó victoria sin antes experimentar al menos un par de reveses en las cortes inglesas durante los primeros años de la demanda, justo antes de la incorporación de Zaiwalla & Co. Solicitors al caso.

En noviembre de 2009, Mellat contrató a la firma británica Stepheson Harwood -la misma que empezó a representar a Venezuela en el caso del oro- para impulsar la demanda ante tribunales locales y la Corte Europea de Justicia, bajo el argumento de que la orden promulgada por el Ministerio de Hacienda, que imponía restricciones financieras a entidades iraníes, violentaba el derecho a la propiedad y a un juicio justo. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte de Apelaciones fallaron en contra del banco.

No fue sino tres años después, cuando Zaiwalla pasó a representar a Mellat y el Tribunal General de la UE dictó que no había pruebas que demostraran la relación del banco con el programa nuclear de Irán, que el caso dio un giro.

Zaiwalla llegó a Mellat por recomendación de un antiguo director legal de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní (Nioc, por sus siglas en inglés), empresa que había contratado los servicios del abogado años antes para resolver una disputa legal entre una de sus empresas asociadas y Rosnefteflot, previamente conocida como la Compañía Marítima del Lejano Oriente (Femco), propiedad de la petrolera rusa Rosneft.

El abogado indio cuenta que esa demanda pionera de Nioc terminó en un acuerdo amistoso y que ambas partes quedaron satisfechas.

El resultado exitoso con el caso Mellat, el banco privado iraní sancionado por Reino Unido en 2009, le dio a Zaiwalla y a su bufete con sede en Londres la notoriedad que tanto buscaba.

El trabajo de Zaiwalla con empresas petroleras y marítimas no se limita a este caso. La Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) figura entre sus clientes más prominentes, pues llegó a ofrecer sus servicios al país asiático de forma constante durante una década, hasta principios de los 2000.

El pronunciamiento del Tribunal General de la UE dio un nuevo impulso a Mellat en los tribunales de la región y en los medios de comunicación. En 2013, Zaiwalla llevó el caso hasta el más alto tribunal del Reino Unido, la Corte Suprema, y contrató a abogados de larga trayectoria para representar a los demandantes en las audiencias.

Debido a la confidencialidad de las evidencias, el despacho de Hacienda solicitó realizar el juicio a puertas cerradas. No obstante, en junio de 2013, la Corte Suprema dictó, con una estrecha mayoría de cinco contra cuatro, que las sanciones habían sido ilegales y que la respuesta del gobierno británico era "arbitraria e irracional" y "desproporcionada".

Poco después del fallo de la Corte Suprema, Zaiwalla Solicitors emprendió acciones legales para reclamar al gobierno del Reino Unido una indemnización por daños y perjuicios contra el banco. La victoria no solo sentó un precedente en el sistema judicial inglés y el sistema de justicia de la UE, sino que también le dio a Zaiwalla la notoriedad que tanto buscaba.

Pierde con Rosneft

El resultado del caso Mellat abrió a Zaiwalla las puertas de un nuevo cliente que también intentaba desafiar unas sanciones, esta vez desde Rusia.

Poco después de ganar en la Corte Suprema, Rosneft, la principal petrolera rusa, contactó a Zaiwalla para anular las sanciones impuestas por el Tribunal General de la UE a Rusia en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, la península ucraniana.

El argumento de Rosneft era que la imposición de sanciones dificultaba la recaudación de fondos para que la petrolera estatal y sus otras compañías desarrollaran proyectos, por lo que contrató a Zaiwalla para asistirle, alentada por el precedente que marcó Mellat en los tribunales de la Unión Europea.

La estrategia de Zaiwalla fue mantener el argumento que utilizó con Mellat: que la UE no tenía ninguna evidencia que mostrara la participación de Rosneft en el conflicto con Ucrania.

Sarosh Zaiwalla junto al futbolista Diego Maradona, ambos integrantes de la ONG Football for Unity, con sede en Londres. Foto: Facebook de Maradona

Representada por abogados ingleses, entre ellos Zaiwalla, el 9 de octubre de 2014 Rosneft interpuso un recurso ante el Consejo de la Unión Europea, acción legal que dio comienzo al contencioso para anular las sanciones.

Después de dos veredictos emanados del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General en 2017 y 2018, respectivamente, que manifestaban la negativa de levantar las sanciones, el Tribunal de Justicia desestimó en su totalidad la apelación de Rosneft el pasado 20 de septiembre de 2020. En su veredicto, el tribunal reafirmó que las medidas fueron justificadas y resultan adecuadas para presionar a Rusia para que cambie o abandone su participación en la crisis ucraniana.

Aunque Zaiwalla formó parte del equipo defensor de Rosneft en un principio y anunció una acreditación de cinco años para el panel legal de la petrolera, el nombre del despacho no aparece en las decisiones más recientes emitidas por los tribunales. En cambio, sí aparece el del abogado Lode Van Den Hende, de la firma Herbert Smith Freehills LLP, como representante de la compañía rusa y sus empresas relacionadas.

La contienda por el oro venezolano

Como ocurrió con el banco Mellat, en el caso del BCV salió el bufete Stephenson Harwood para que entraran Zaiwalla y compañía. Ambos casos tienen similitudes: involucran a entidades financieras, sanciones internacionales y han causado un revuelo mediático. Pero la diferencia ahora es que la contienda se libra por el oro retenido bajo la City de Londres.

De cualquier manera, el caso interpuesto ante la Corte Comercial resultaba atractivo para los medios. El Banco Central de Venezuela, representado por Sarosh Zaiwalla, alegaba que los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra son necesarios para financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus.

No es la primera vez que se plantea entre actores internacionales un escenario que obligue a la justicia británica a decidir entre reconocer un gobierno u otro. Sin embargo, el caso venezolano tiene unas particularidades que lo hacen más complejo y atractivo a abogados experimentados, como el hecho de que en los bandos enfrentados se encuentren partes localizadas en un mismo país y de las que una, el gobierno interino opositor,  controla algunos poderes del Estado venezolano, y la otra, que corresponde al régimen de Maduro, controla otros poderes.

Ante la disyuntiva de tener que decidir si entregar las reservas a Maduro o al presidente interino apoyado por la oposición, Juan Guaidó, el banco inglés quedó atrapado entre dos reclamos y pidió al Gobierno decir a cuál de los dos presidentes reconoce como legítimo.

Mientras la justicia británica desentraña el intrincado caso por el oro venezolano, Guaidó tiene el tiempo en contra y la espera favorece a Maduro. Foto: Sebastian Derungs / AFP

Para la contienda en la corte, Zaiwalla instruyó a Nicholas Vineall, un aventajado abogado que ostenta el título simbólico de Queen’s Counsel (QC), o consejero de la Reina, reservado a profesionales de trayectoria en el sistema judicial británico. Vineall cuenta con experiencia en la rama del derecho financiero y anteriormente había defendido el multimillonario reclamo de Mellat contra el gobierno del Reino Unido por las sanciones.

En la contraparte, la junta de Guaidó estuvo representada por Arnold & Porter, una firma global y tradicional, con catorce oficinas repartidas en Estados Unidos, Europa y Asia, y cerca de un millar de abogados en su plantel.

El 2 de julio, el Tribunal de Primera Instancia decidió en contra de Maduro y dijo que el Gobierno del Reino Unido reconoce al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino, por lo que las reservas de oro continuarían retenidas en las bóvedas de la City.

Pero, lejos de concluir el asunto con la primera decisión, menos de tres semanas después Sarosh Zaiwalla anunciaba que la firma ganó el derecho de apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Para la segunda vuelta, esta vez en la Corte de Apelaciones, Zaiwalla instruyó a Vineall y a dos QC más, Vaughan Lowe y Dan Sarooshi, lo que representa un verdadero equipo de lujo para complementar la pericia en derecho financiero de Vineall con la experiencia en derecho internacional de los dos últimos.

La disputa tomó un nuevo giro el pasado 5 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones anuló la decisión del Tribunal de Primera Instancia y le pidió a la Corte Comercial aclarar cuál de los dos gobiernos ejerce el poder, Maduro board o Guaidó board.

La Corte de Apelaciones insistió en que es necesario aclarar si el gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como presidente para todos los efectos y, por tanto no reconoce a Maduro para ningún propósito; o, si por el contrario, reconoce que Guaidó tiene derecho a ejercer todos los poderes de presidente, pero también reconoce a Maduro como presidente de facto.

El BCV anunció haber acordado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinar parte del oro a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Foto: Federico Parra / AFP

Otro de los puntos principales que se discutió en la última audiencia fue la necesidad de aclarar la capacidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para actuar de forma imparcial e independiente, considerando que declaró sin efecto la junta ad hoc del BCV designada por Juan Guaidó el 19 de mayo de 2019.

Sin embargo, antes de las disposiciones dictadas en el veredicto de la Corte de Apelaciones, el juez Stephen Males hace una salvedad y dice que “claramente, la sentencia del TSJ del 1 de agosto de 2016”, que establece que los actos de la Asamblea Nacional son nulos, “pueden haberse basado, en mayor o menor medida, en la opinión del TSJ de que el señor Guaidó no es presidente”, cuestionando la imparcialidad del Poder Judicial.

El juez Males detalla que ese es un asunto que se deberá considerar en el futuro pero que, de ser verdad, “tales sentencias no pueden ser reconocidas o surtir efecto en un tribunal inglés”.

El veredicto de la Corte de Apelaciones, contrario a lo expresado por el equipo legal de Maduro ante los medios de comunicación, no representa necesariamente una victoria para el régimen bolivariano, pero sí significa un retroceso para la causa de Guaidó.

Ahora ambas "juntas" o boards permanecen a la espera de un pronunciamiento de la Corte Comercial. Mientras la justicia británica desentraña el intrincado caso por el oro venezolano, Guaidó tiene el tiempo en contra y la espera parece favorecer a Maduro.

Los marcadores de los tribunales de la City están cero a cero. Zaiwalla aún no destraba las sanciones que pesan sobre el BCV pero ha preservado un empate que, considerando los antecedentes del abogado, pueden alimentar la esperanza en una futura victoria.

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