Cuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un pequeño banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia De Grazia, accionistas en Venezuela, junto a Samark López, de Bancamiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa-Cripto.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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La familia De Grazia, guayanesa pero con orígenes todavía frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la mañana de la gastronomía y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aportó un eslabón necesario para que la estatal Pdvsa evadiera las sanciones internacionales durante la gestión de Tareck El Aissami como Zar del Petróleo.
El pivote para ese fin fue un pequeño banco, el Compass Bank & Trust Corp, fundado en 2013 en Dominica, una de las Antillas Menores del Caribe suroriental, a la que en 2021 la Unión Europea catalogó como un paraíso fiscal.
En esos años las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y su principal producto de exportación actuaban como un lastre para los embarques de petróleo venezolano, que a duras penas solo conseguían enrumbarse hacia puertos alternativos y a los llamados mercados spot. La manera que El Aissami entonces implementó para mantener el negocio en marcha sirvió como germen inicial del caso después conocido como Pdvsa-Cripto: los fondos obtenidos por las ventas internacionales del petróleo sujeto a sanciones se enviaban a cuentas en países asiáticos, desde donde se blanqueaban, convirtiéndolos en criptomonedas que, al final del ciclo, se cambiaban por monedas duras para acumularlas en el Compass Bank de Dominica. La travesía se completaba con la llegada de las divisas en efectivo a Venezuela.
En el esquema participaban los hermanos Carmelo, Levin y Daniel De Grazia, caras visibles de Bancamiga entonces, así como de un grupo de negocios en varios países. El trío, junto con Samark López, el oculto accionista principal del banco y, según la justicia de Estados Unidos, socio y testaferro de El Aissami, quedaron bajo arresto en las publicitadas redadas que el gobierno de Maduro practicó por el caso Pdvsa-Cripto.
Ahora, por documentos que Armando.info revisó y cotejó, se corrobora que Compass Bank sirvió de canal para conducir fondos a Pdvsa que, de otra manera, la corporación no tenía cómo recibir por efecto de las sanciones internacionales. Aunque todo tenía un precio: una porción del dinero que pasaba por las bóvedas del banco caribeño se destinaba a pagar los sobornos que en el esquema beneficiaban, además de a El Aissami, a otros involucrados; los De Grazia y el propio Samark López entre ellos.
El legajo de archivos revisados se divide en facturas de transferencias, el expediente judicial del caso Pdvsa-Cripto, actas constitutivas de Compass Bank y perfiles de las personas relacionadas con ambas instituciones que, de una forma solapada, fungieron como puentes para la concreción de las transacciones.
En un documento expedido el 30 de abril de 2014 por la Mancomunidad de Dominica quedó acreditada la constitución, iniciada el año anterior, de Compass Bank Corporation, con el abogado Pedro Manuel Mezquita Arcaya como director y presidente.
Mezquita, además de socio de los De Grazia en un bufete, en el banco, en casas de valores y hasta en alguna producción cinematográfica, también lo fue del señalado financiero, Luis Alfonso Oberto Anselmi, en la empresa Comercializadora Inver Publix 797, C.A.
Cuatro años después, las apostillas del documento muestran que directores, socios y accionistas se multiplicaron en el Compass Bank. En la lista, revisada para este trabajo, despuntan los nombres de Garlina Josefina Requena Franco, Daniel José de Grazia Suárez y Alfredo Luis Porteles. Los tres son directivos de Bancamiga, Banca Universal, C.A.
Daniel José no es el único entre los De Grazia Suárez cuyo nombre a la larga figuraría en la junta directiva de Bancamiga. Los de Carmelo de Grazia Suárez y Levin Salvatore De Grazia Suárez también.
La tradición familiar de los De Grazia dicta hacerlo todo con los parientes. Antes de su caída en desgracia, su historia se remonta hasta Upata, capital ganadera y agrícola del municipio Piar, estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, y a la llegada de unos campesinos inmigrantes calabreses en 1952, cuando se afianzaba la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Palmerino De Grazia, patriarca del clan, fue merecedor del éxito comercial y del reconocimiento en la región con el restaurante La Fontana, y trampolín en el mundo de los negocios para sus nietos.
En la última década, los hermanos ampliaron los negocios gastronómicos en Miami, Florida, con cinco marcas: Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y, cómo no, La Fontana. Pero los De Grazia empezaron a sonar, no entre los críticos gastronómicos, sino en entes internacionales de monitoreo financiero, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados, por ejemplo, que en septiembre de 2014 ya recibía un reporte de actividad sospechosa sobre las actividades de los hermanos.
En el documento, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank, en Nueva York, advertían sobre unas “transferencias no transparentes” por 200 millones de dólares desde la casa de valores Intersecurities International Inc., en Panamá, a un pequeño banco en Barbados, Continental Bank. Intersecurities pertenecía a los De Grazia.
Los De Grazia y su Compass Bank en Dominica son mencionados repetidas veces en el expediente del caso Pdvsa-Cripto, al que tuvo acceso Armando.info.
El extenso documento resume conversaciones a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y WeChat, ocurridas de junio a agosto de 2022 entre Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Carmelo de Grazia y Samark López. En las conversaciones, los tres se notificaban sobre el éxito de transacciones a través de Compass Bank y se convocaban a reuniones privadas.
El cierre de cada transacción correspondía al momento en que, como describen los documentos y las fuentes consultadas, ya había finalizado el recorrido del dinero de Pdvsa que partía desde sus cuentas en Bancamiga y seguía a otras cuentas, por lo general en Asia, de intermediarios de servicios petroleros de transporte y comercialización. Desde allí comenzaban los esquemas más imbricados, que incluían la conversión a criptoactivos en distintos países, como Estados Unidos, y finalmente al Compass Bank, donde se descontaban las comisiones correspondientes.
“Mano [aféresis coloquial para la palabra “hermano” en Venezuela], recibida la operación”, era la frase que refleja el expediente como habitual de Joselit Ramírez para confirmar a Carmelo de Grazia la recepción de un pago por sobornos.
El expediente menciona una empresa con sede en Dubái que fue una de las favoritas en estos negocios, Zad Fuel DMCC.
“[En] el análisis de la experticia se visualizó otra conversación, de fecha 30 de Agosto 2022, en la cual se evidencia que el contacto Carmelo Nuevo [se refiere a Carmelo de Grazia] servía al imputado Joselit Ramírez para realizar cambios de fondos [dólares], probablemente propiedad de las empresas Zad Fuel DMCC, Saud Construction, o del ciudadano Malak Al Reen, que se encontraban posiblemente en bancos internacionales o en el banco de nombre Zhejiang Mintai Commercial Bank”, detalla el documento.
Un operador financiero que conoció de cerca los esquemas del caso Pdvsa-Cripto y cuya identidad se reserva, explica que Zad Fuel DMCC comercializaba crudo venezolano. En 2022 recibió productos de Pdvsa por casi 52 millones de dólares que, además, quedó debiendo.
El dueño de Zad Fuel DMCC, Saud Shehatha Alanazi, es accionista de otra empresa, S21 Energy DMCC, que también debía hasta agosto de 2022 casi 50 millones de dólares a Pdvsa, según documentos de la empresa gubernamental que pasaban revista a sus deudores.
¿Qué ocurría luego? Estos fondos eran cambiados por “euros, criptoactivos o dinero fiat”, siempre a través del Compass Bank. Samark López, como demuestra el expediente, estaba al tanto de todas las operaciones. En las transcripciones, sobre este caso particular, no se mencionan montos de transferencias.
Aunque fue en 2024 cuando las autoridades venezolanas anunciaron la detención de El Aissami y de López Bello, desde al menos 2017 otras instituciones internacionales ya los habían señalado como partícipes y cómplices de actos criminales. Ese año, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a López y a El Aissami bajo señalamientos de participar en el narcotráfico.
De acuerdo con una nota del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la sanción que recaía sobre Samark López tenía como causa su “papel significativo en el narcotráfico internacional. López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de, y actuando por o en nombre de, El Aissami. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas”.
Un documento de Pdvsa revisado para esta historia deja ver otro ejemplo de cómo funcionaban las transacciones de Compass Bank y las ganancias que se generaban a partir de complicados cálculos en los porcentajes de las transferencias.
Se trata de un informe que concluye que “existía una triangulación financiera entre Bancamiga, Cripto Exchange (un intermediario financiero) y Compass Bank”. En este ejemplo, las transacciones comenzaban con la recepción de pagos en una cuenta en euros de la empresa TT Forest, en Hong Kong. El concepto especificado era el de venta de crudo. Petróleo venezolano, en palabras llanas.
Este esquema coincide con lo que describe el operador financiero consultado por Armando.info, quien resume el mecanismo así: cuando los barcos cargueros con petróleo venezolano llegaban a China, el comprador del país asiático pagaba con USDT (una criptomoneda) o en dinero en efectivo. Los fondos, luego, eran recibidos por “diez cambistas”, entre los que se encontraba Bancamiga.
El informe prosigue con la primera señal que se captó en ese tránsito sobre una parte de los fondos que pagaba comisiones.
“[Los fondos] luego pasaban a una cuenta en Compass Bank & Prime Trust con un costo de operación del 8%. Cabe destacar que los recursos estando en Hong Kong ya gozaban de libre convertibilidad y movilidad, razón por la cual no existe explicación técnica que implique realizar más operaciones con otras estructuras financieras, por lo que el costo de operación total no hubiera superado en ningún caso al 5%”, asegura el informe.
La triangulación, según el mismo documento, derivaba en dos movimientos que generaban la comisión ilegal y que, además, diezmaban los ingresos para la industria petrolera venezolana: “Se podía elevar en 16% el costo transaccional y, regularmente, no traían divisas nuevas en efectivo al país ni para honrar pagos a terceros ni para cubrir los compromisos de la Industria con las Finanzas de la República (...) lo que originaba falta de liquidez de divisas en el mercado interno, presionando el valor del bolívar hacia abajo”.
La demostración de que el esquema funcionaba para esquivar sanciones está en un punto del documento titulado Circulación del dinero por estructura americana. En este se especifica que el dinero también transitaba por Primer Trust, un custodio de criptomonedas que se declaró en quiebra en agosto de 2023.
Esto implicaba que “en algún momento de la transacción, el dinero pasa por los Estados Unidos, aun cuando los recursos estuvieran en criptomoneda, lo que ocasiona alto riesgo para los fondos de PDVSA dadas las sanciones vigentes”.
Sobre este último punto, la presunción que deja ver el informe es que con la triangulación hubo, además, “acuerdos con actores norteamericanos” y justificaciones para cobros de comisiones. Todo esto afectaba a Pdvsa porque se imposibilitaba la cuantificación de ingresos reales por venta de crudo y se dificultaban la visualización de egresos, los pagos a terceros y las ejecuciones de proyectos.
Para evitar la dispersión de esas ganancias entre tantos cambistas se prestó Compass Bank, de acuerdo con la misma fuente anónima que accedió a conversar con Armando.info. Así, los fondos “se concentraban en Dominica y se ofrecían al mejor postor”; es decir, a quien pagase las comisiones más altas.
La comisión fija para los De Grazia era de 2%. “Al día, podían cambiar 50 millones de dólares o más”, asevera, lo que equivaldría a un millón de dólares diarios en comisiones.
Además de las transacciones que refleja el expediente del caso Pdvsa-Cripto, un estado de cuenta fechado en abril de 2022, al que tuvo acceso Armando.info, correspondiente a un solo cliente del Compass Bank, muestra movimientos por 6,03 millones de dólares en 30 días.
Ese cliente del Compass Bank era Oryx Resources de Venezuela, una compañía de exploración y mantenimiento del campo petrolero Carito–Pirital, en Monagas, oriente de Venezuela, perteneciente a Samark López. Mediante esta cuenta se transferían montos para proveedores, desde 15 dólares hasta 100.000 dólares en el documento revisado.
Así se completaba un ciclo que comenzaba en Bancamiga, en Venezuela, y desembocaba en el Compass Bank de Dominica. Y todo se manejaba sobre la base de comisiones. Cuando Pdvsa necesitaba esquivar sanciones, Compass Bank ofrecía un salvoconducto. Ocurrió de esa manera al menos desde 2017, hasta que un buen día a la justicia chavista le dio por poner los ojos sobre los hermanos De Grazia y Samark López Bello.
Pese a la preponderancia de Compass Bank & Trust Corp en esta historia y a su mención en el expediente del caso Pdvsa-Cripto, hasta ahora, al menos de manera pública, la Fiscalía venezolana no ha anunciado una investigación sobre el banco. A juzgar por su página web, continúa funcionando con normalidad.
Lo mismo ocurre con Bancamiga, cuya mayoría accionaria ahora está en poder de José Simón Elarba, abogado y empresario venezolano, además de contratista gubernamental, que desde mayo se hizo también presidente de la junta directiva del banco, una nueva, aparentemente buena, publicitada por la misma institución.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
Hace un mes, el gobierno difundió el hallazgo de un almacén de explosivos que, en palabras del ministro del Interior, «si todo esto explotara (...) no quedaría nada ni nadie». Los registros en galpones de empresas proveedoras de Pdvsa sirvieron entonces para anunciar la desactivación de un plan terrorista de la oposición. Sin embargo, numerosas inconsistencias en el operativo contradicen la versión oficial: que los cartuchos encontrados los fabrique una empresa del Ministerio de Defensa ni siquiera es la más notoria.
Banco fundado en 2013 en la isla de Dominica. Sus principales socios son venezolanos. Fue utilizado para evadir sanciones contra la industria petrolera venezolana.
Institución financiera fundada en agosto de 2006 y que experimentó un explosivo crecimiento a partir de 2015, luego de la entrada de accionistas como Carmelo De Grazia y José Chacín Bello.
Exvicepresidente de Venezuela que fue sancionado por la OFAC en 2017 bajo cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades de ese país contó con el “apoyo financiero” de Samark López.
Contratista del chavismo sancionado por Estados Unidos en 2017, señalado como testaferro y cómplice de Tareck El Aissami en actividades de narcotráfico. Detenido junto con este por las autoridades venezolanas por cargos de corrupción y lavado de dinero. Es mencionado por la Fiscalía de Portugal como prestanombres de Rafael Reiter y Javier Alvarado.
Petróleos de Venezuela, SA, es la empresa petrolera del Estado venezolano, creada en enero de 1976. Nadie sabe con exactitud cuánto dinero ha sido saqueado de Pdvsa, devenida en foco de investigaciones internacionales sobre lavado de dinero y corrupción. Las estimaciones oscilan entre 11.000 y 300.000 millones de dólares solo entre 2002 y 2014, tras la llegada de Hugo Chávez al poder y en medio de la bonanza de los precios del petróleo.
Abogado y empresario venezolano. Propietario de la empresa de recolección de desechos sólidos Fospuca y socio del bufete Gadea Lesseur & Asociados. En 2014, como integrante de la junta directiva del diario El Nacional, fue demandado por Diosdado Cabello por difamación.
Hermano de Carmelo y Daniel, director en Florida del Bocas Food Group LLC, propietario de locales de restauración.
Hermano de Carmelo, director también en Intersecurities, y presidente ven Venezuela del grupo de restaurantes La Fontana, negocio familiar originado en Upata, estado Bolívar.
Abogado y banquero, cabeza de Bancamiga en Venezuela., como presidente de su junta directiva. También era director-accionista de Intersecurities International Inc.
