Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Se retrata con franela roja. Joel Darío Altuve Patiño camina seguro al frente de una masa que enarbola las banderas de la revolución bolivariana. Allí –mirando hacia adelante– se le ve seguro al centro de una foto que presenta de portada en sus redes sociales. Pero no es un dirigente político ni un líder sindical, mucho menos un militante de base; se trata del juez encargado del Tribunal Tercero de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
Lo suyo es claramente el chavismo. Lo dice en sus redes, lo sugieren sus sentencias, lo desnuda la gorra roja con la que se presenta. Y no es el único: al menos uno de cada tres jueces de la República Bolivariana de Venezuela aparece circunscrito en las listas de militantes de la revolución.
Ya a principios de 2006, los magistrados de la República inauguraron el año judicial con el célebre “¡Uh, ah, Chávez no se va!”. Cubiertos por la majestad que embiste la toga negra de la justicia, se levantaron de sus asientos en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para corear el estribillo que solía convocar a los seguidores del líder de la revolución bolivariana. Presente en el auditorio, cual acto electoral, un Hugo Chávez henchido se inflaba de aplausos mientras agradecía el gesto.
Los magistrados venezolanos son chavistas. Ya no es nuevo advertir que la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia está teñida de rojo, pero aguas abajo resulta que buena parte de los jueces venezolanos también están directamente comprometidos con el Gobierno. Sus vínculos quedan de manifiesto, en esta investigación, tras el cruce de cinco bases de datos que mezcla la lista oficial de todos los jueces penales del país con cuatro de los registros que el buró político de la revolución ha venido filtrando desde 1999. Conclusión: 40% de los jueces penales son o al menos han sido acólitos del partido de gobierno.
40% de los jueces penales son o al menos han sido acólitos del partido de gobierno
Aunque el Poder judicial suma 1.125 tribunales penales en todo el país, solo confirma los nombres de 823 jueces a su cargo. De ellos, 332 están en al menos una de las listas de militantes que el Partido Socialista Unido de Venezuela almacenó en los años 2007, 2012 y 2013 o en una anterior del otrora Movimiento Quinta República que encabezaba el ex presidente Hugo Chávez.
Diecinueve de esos jueces incluso están apuntados y refrendados en todas las listas del chavismo. Destaca en ese club la jueza del Área Metropolitana, Fanny del Valle Sánchez, que impuso en 2010 régimen de presentación cada 20 días contra el diputado de la oposición por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, hoy recién encarcelado por un caso político y en ese momento sentenciado por primera vez a causa de un altercado con una funcionaria policial que demandaba abuso a la autoridad, luego de que el parlamentario pasara a convertirse en disidente del gobierno.
Son jueces políticos. Que sus nombres estén asentados en las trincheras del PSUV confirma que en Venezuela la justicia no es ciega
Figura también, entre los incondicionales, el juez Javier Toro Ibarra, cuyo nombre quedará remachado al caso de Araminta González, la joven químico que cayó presa en 2014 tras unos explosivos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dice que encontró en su casa durante un allanamiento que unos “patriotas cooperantes” le incriminaron.
Son jueces políticos. Que sus nombres estén asentados en las trincheras del PSUV confirma que en Venezuela la justicia no es ciega. “Incluso aunque hayan sido coaccionados a inscribirse en cualquier partido”, señala la abogada Laura Louza, quien en los últimos años ha venido advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. “Si fueron obligados a formar parte de un partido es aún más grave, porque retrata a la justicia como brazo ejecutor del Gobierno”.
Si el artículo 26 de la Constitución garantiza una justicia “imparcial”, es aún más expresa en el 256 sobre la necesidad de jueces, fiscales y magistrados ajenos a alguna parcialidad: “(…) desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función”.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Verbigracia, el caso de Edgar Daniel Parra Barrios, que ejerció funciones de juez en el Circuito Judicial Penal del estado Mérida luego de presidir el Frente de Abogados Socialistas y la Asociación Bolivariana de Abogados. Ni hablar del presidente del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, Jaime de Jesús Velásquez Martínez, que hasta 2004 fue viceministro de Seguridad Jurídica del gobierno de Chávez.
No en vano, Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho que año a año publica el World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Aun por detrás de Afganistán y Camboya, la justicia bolivariana lleva más de cinco años a la cola del mundo, de acuerdo con los resultados de más de 100.000 encuestas –aplicadas en simultáneo en todos los países– que miden precisamente el funcionamiento de la justicia penal, así como separación de poderes, lucha anticorrupción, gobierno abierto y derechos humanos entre otros temas.
“El portero de un tribunal goza de más estabilidad que el juez que lo preside”
Sin ir tan lejos, más de la mitad de la población venezolana valora negativamente a sus jueces. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 –que llevan en conjunto las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar–, 56% considera como “muy malo” su trabajo. Al frente de ese estudio, el investigador Roberto Briceño-León indica que aun peor es la idea que el país se ha hecho sobre la relación entre los jueces y los delitos: 52% los vincula directamente mientras que otro 32% cree que están más o menos relacionados.
Al margen de percepciones, la realidad demuestra que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. Del total de 1.125 tribunales penales que hay en el país, en solo 273 se encuentran jueces titulares, de acuerdo con la data procesada para este trabajo, que presenta el TSJ con algunas imprecisiones. Es decir, solo uno de cada 4 jueces es titular, el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que bien pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno. “El portero de un tribunal goza de más estabilidad que el juez que lo preside”, resume Briceño-León.
Si hubiera que hacer un perfil del jurista a cargo de los tribunales penales, los datos indican que se trata de un abogado egresado principalmente de la Universidad Santa María de Caracas y cuyo cargo no obtuvo a través de un concurso de oposición como lo manda la Constitución en el artículo 255. Es simpatizante del chavismo y en 40% de los casos incluso se afilió al partido de gobierno.
En ocasiones hasta se muestra más severo con partidarios y dirigentes de la oposición venezolana. Para muestra Alfredo Baptista Oviedo, del Circuito judicial penal del estado Aragua, quien milita en el PSUV y tuvo más clemencia para sus camaradas, los pistoleros de Puente Llaguno, que con un grupo de jóvenes que el año pasado participaron en una protesta contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.
Los magistrados Maikel Moreno y Marjorie Calderón llegaron hasta la cúpula del TSJ luego de forjarse con fallos contra presos políticos emblemáticos
En sentencia conjunta con otros dos colegas, Baptista declaró inocentes y liberó a cuatro de los sujetos que fueron grabados el 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas disparando contra la concentración que pedía la renuncia de Chávez. Pero privó de libertad el año pasado a 13 jóvenes que participaron en la marcha que la Mesa de la Unidad Democrática convocó el 26 de octubre con el nombre de la “Toma de Venezuela”.
El sistema premia a los chavistas. Los magistrados Maikel Moreno y Marjorie Calderón llegaron hasta la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia luego de forjarse –precisamente en los tribunales penales– con fallos contra presos políticos emblemáticos como el comisario Iván Simonovis. Los eficientes escalan, pero el aparato también sabe expulsar y castigar a los que se salen del molde. Es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, para quien la Organización de Naciones Unidas pidió en 2010 su liberación inmediata así como la reposición de su cargo como titular del Tribunal 31 de Control de Caracas, del que fue destituida tras dictar medidas cautelares contra Eligio Cedeño, otro preso político.
“En Venezuela los jueces no deciden sino que complacen los caprichos del Gobierno”, afirmó Afiuni el 30 de junio de 2015 en una de las mismas salas de audiencia del Palacio de Justicia de Caracas en las que, años antes, destacaba en el podio. "En seis años me destruyeron mi vida, la de mi hija y la de mi familia".
Ese día, Afiuni rompió el silencio sobre una retahíla de torturas y vejámenes que había mantenido en reserva. Narró que una patada con la bota de una funcionaria de la Guardia Nacional le provocó una distorsión en uno de sus senos. Que fue obligada a compartir pabellón y recibir golpes y acosos de reclusas que previamente habían sido condenadas en su despacho. Que en varias oportunidades rociaron con gasolina su celda. Que fue víctima de varias golpizas y que nadie, nadie, hizo nada para evitarlo.
“Quiero que sepa una cosa: a mí me vaciaron el útero”, dijo mirando a uno de los tantos jueces que conocieron el caso. Otro de ellos, ironías de la vida, fue Alí Paredes, el siguiente en caer preso luego de que la Comisión Judicial lo señalara de favorecer al narcotraficante venezolano, Walid Makled, y sus hermanos.
“Nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre"
Paredes fue más clemente con los Makled que con la propia Afiuni, a quien no solo le negó medidas sustitutivas de libertad sino también tratamiento médico. La defensa de la jueza solo atribuía este comportamiento a vínculos entre el jurista y el Gobierno, que hoy se constatan en los registros de militantes del PSUV. “Nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre (...) por la revolución doy la vida como la expuse el 11 de abril en Puente Llaguno”, escribió en 2009 en la página web del mismo partido de gobierno.
Aun con carnet, la revolución también se come a sus hijos. El de Paredes es un ejemplo de los 332 casos de jueces chavistas que desarropa esta investigación y que pululan por los pasillos de los tribunales.
Allí sin embargo, en los vericuetos del sistema judicial, no hay respuestas sobre este tema: como si se tratara de una novela de Franz Kafka, no fue posible que algún representante del Tribunal Supremo de Justicia explicara cómo los de Venezuela son jueces rojos. Mucho menos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura donde, a falta de respuestas, en el Departamento de Seguridad de la institución tomaron los datos del autor de la nota y confiscaron su cédula durante un interrogatorio que reclamaba las motivaciones de sus preguntas.
En lugar de explicar los artilugios que emplean para elegir a los jueces encargados de dirimir los homicidios y secuestros de uno de los países más violentos del hemisferio, la tarde del pasado 6 de julio les pareció sospechoso que alguien indagara en el tema. “Tú eres gringo”, concluyeron.
La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
