La organización del premio Nobel de la Paz 2002 y expresidente de Estados Unidos anunció esta semana el final de su misión en el país, aunque ya en mayo había cerrado su oficina en Caracas, activa desde 2003. El abandono coincidió con la renuncia de los dos representantes que le habían dado identidad en la crisis política local, Jennifer McCoy y Héctor Vanolli, y se produjo tan solo seis meses antes de unas elecciones que se pronostican decisivas para su resolución. Atrás deja la incomprensión de tirios y troyanos y un historial de metas frustradas.
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“I would say the election process in Venezuela is the best in the world”. Tono de voz seguro, tajante. Mano izquierda en movimiento, a modo de énfasis, con cada palabra. Jimmy Carter –ex presidente de Estados Unidos (1977-81), en un conversatorio en la ciudad de Atlanta, Georgia, a pocos días de cumplir sus 88 años– basaba su afirmación en 92 comicios monitoreados –aseguró a los asistentes– por su organización no gubernamental, Centro Carter, dedicada a observaciones electorales, procesos de mediación y defensa de derechos humanos. Transcurría el año 2012, a un mes de las elecciones presidenciales en que Hugo Chávez –con dos periodos consecutivos en el poder– estrenaría la reelección indefinida (aprobada por referéndum en 2009). El Centro Carter era entonces percibido, y desde su llegada al país, como uno de los principales valedores del Consejo Nacional Electoral venezolano.
Chávez agradeció el reconocimiento: "Nosotros decimos que es uno de los mejores del mundo... Él ha dicho, el mejor del mundo", celebró. La relación amistosa Chávez-Carter era de público conocimiento desde una década atrás, cuando el mandatario invitó al Centro Carter al país para labores de mediación, junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el conflicto político gobierno-oposición imperante en 2002. Y llegaron para quedarse –instalaron una oficina en Caracas– hasta mayo de 2015.
Pero este año el Centro Carter cambió, en medio de coincidencias llamativas, y Venezuela –a apenas meses de sus elecciones parlamentarias, y luego de un año, el 2014, cargado de protestas de calle con más 3.000 manifestantes detenidos y denuncias de violaciones de derechos humanos– ya no está en sus prioridades. Asumió una nueva directora general, Mary Ann Peters; la directora para el Programa de América Latina, Jennifer McCoy, renunció, como también lo hizo el representante del Centro Carter en Venezuela, el argentino Héctor Vanolli, y, tras sus retiros, la ONG cerró su oficina en Venezuela para, según un comunicado, “enfocar sus recursos limitados en otros países que han solicitado su apoyo”. Nadie asume, por lo pronto, la vocería del abandono.
El Centro Carter fue fundado por el ex presidente Carter y su esposa, Rosalynn Smith, asociados con la Universidad Emory –también del estado de Georgia, coto de la familia Carter–, en 1982, como una organización sin fines de lucro dedicada a promover la paz y la salud en el mundo, con la resolución de conflictos, defensa de la democracia y prevención de enfermedades en ochenta países, de acuerdo a lo expuesto en su página web. Se ufana de una serie de logros como la observación de 100 procesos electorales en 38 países, el apoyo al sistema de salud en miles de comunidades de África mediante la capacitación de personal médico y voluntario, así como las actividades de pacificación en Etiopía, Eritrea, Liberia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Corea, Haití, Bosnia y Herzegovina, y Medio Oriente.
La organización tiene su sede en la ciudad de Atlanta, capital del estado de Georgia, en el sureste de EEUU, y también incluye una biblioteca y un museo. Un mapa interactivo de su portal digital muestra programas en los cinco continentes y en cuanto a América Latina, aún aparece Venezuela entre sus campos de acción con proyectos de paz y salud: desde 1996 el Centro Carter ha contribuido con la eliminación de la oncocercosis, o ceguera de los ríos, en el territorio nacional, y desde 1998 se desempeñó como observador electoral con la primera invitación del Consejo Nacional Electoral. “Siempre trabajamos con invitaciones. Si nos invitan, participamos”, explica uno de los consultores externos de la delegación venezolana del Centro Carter, que pidió reservar su nombre.
Jennifer McCoy, quien llevaba la batuta de las acciones del Centro Carter en América Latina y se presentaba como vocera principal de la organización en el país, le puso el ojo a Venezuela desde su tesis doctoral acerca del llamado Viernes Negro de 1983 –el 18 de febrero, cuando el bolívar perdió su paridad histórica de 4,30 por dólar y se devaluó 39% frente a la divisa estadounidense–, para la Universidad de Minnesota. McCoy atribuye el acercamiento de Chávez a Carter a las gestiones del ex mandatario estadounidense en materia de soberanía y derechos humanos, como por ejemplo el fin de la presencia colonial norteamericana en el Canal de Panamá. El Centro Carter, invitado de Chávez, se mantuvo en territorio nacional durante su gobierno hasta dos años después de su muerte, bajo algunas críticas tanto del chavismo como de la oposición hacia sus gestiones.
“We can choose to alleviate suffering. We can choose to work together for peace. We can make these changes – and we must”. Estas fueron algunas de las palabras de Carter luego de recibir el premio Nobel de la Paz en 2002, por sus proyectos de resolución de conflictos internacionales y promoción de la democracia y los derechos humanos. Ese año, precisamente, Venezuela se perfilaba como un foco de acción para cualquier héroe de paz: una crisis política intensificada con un intento de golpe de Estado y un paro petrolero en ciernes que desestabilizaría la economía y desencadenaría constantes manifestaciones de calle de ambos bandos de la polarización chavismo-oposición.
La OEA y el Centro Carter, junto al Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), instalaron la llamada Mesa de Negociación y Acuerdos, un proceso de mediación entre el Gobierno nacional y la oposición venezolana, representada por la Coordinadora Democrática. Cada grupo contó con seis representantes. Por el gobierno, estaban el vicepresidente, José Vicente Rangel, el canciller Roy Chaderton, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, el gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, y el diputado Omar Mezza. La Coordinadora Democrática contaba con los líderes políticos Américo Martín, Timoteo Zambrano, Alejandro Armas, así como el sindicalista Manuel Cova, el abogado Juan Rafalli y el empresario Rafael Alfonzo. El objetivo de esta mesa, la búsqueda de una salida electoral al conflicto –el referéndum revocatorio de 2004–, se cumplió, pero entre reclamos de parte de la oposición que denunciaba obstáculos de parte del gobierno para la concreción oportuna de los acuerdos.
Retrasos en las negociaciones, a través –por ejemplo– de la no validación de firmas opositoras, y la derrota electoral frente a la continuidad del gobierno de Chávez derivaron en críticas de la oposición hacia el proceso de mediación: algunos, como el empresario Rafael Alfonzo, aseguran hoy haber estado en desventaja entonces frente a una parcialidad de los mediadores: “En el fondo, parecían mandados a satisfacer lo que el gobierno pedía y no lo que los venezolanos y la oposición pedían, que era una salida pacífica al problema y no un simple acuerdo (…) Defendían al gobierno y cuando nosotros necesitábamos reclamar algo, ellos se quedaban como simples observadores, dejaban que las cosas pasaran”, dice Alfonzo. Américo Martín, también de la Coordinadora Democrática y uno de los fundadores en los años 60 del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por su parte, dice: “Debo reconocer que el Centro Carter tuvo una actuación impecable. Yo entiendo aquel ambiente apasionado y que algunos señalaran a los facilitadores de la negociación cuando se querían acciones más radicales”.
McCoy, sobre el rechazo opositor de entonces, asegura en entrevista por Skype desde Atlanta que el Centro Carter hizo varias pruebas técnicas sin hallar algún tipo de fraude o cambio de votos. “Ellos percibían que iban a ganar y cuando no ganaron, les era difícil creer que el resultado era honesto”. Reconoce, a modo de autocrítica, haber tomado decisiones que afectaron su credibilidad ante la oposición: el uso de un software, diferente al propuesto por miembros de la oposición, para la auditoría de los votos del referéndum, así como la falta de seguimiento de propuestas que rompieran el estancamiento de las negociaciones. “¡Cómo quisiera retroceder el tiempo y usar el otro software!”, exclama.
El propio Jimmy Carter, además, protagonizaría otra negociación con polémicas: el acuerdo entre el empresario Gustavo Cisneros –el magnate de medios de comunicación, presidente de la Organización Cisneros, que entonces arrancaba su proceso de internacionalización– y el presidente Chávez. Luego de publicaciones y rumores sobre el tema, Cisneros se dirigió a la opinión pública para desmentir y confirmar versiones: se reunió con Chávez y Carter en junio de 2004 –dos meses antes del referéndum– a solicitud de este último, en la Base Militar Fuerte Tiuna (la mayor instalación militar del país, al suroeste de Caracas), para “analizar la situación política tan delicada que atravesaba el país”, según su comunicado. El dueño de Venevisión, entonces uno de los dos principales canales nacionales –el otro, RCTV, desaparecería en 2007–, mencionó entonces un consenso entre el gobierno y los medios privados en aras de garantizar una campaña “transparente y equilibrada”. Negó la concreción de un pacto personal con el mandatario, a pesar de que la persecución oficial en su contra y contra sus propiedades cesaron, al tiempo que la línea editorial del canal bajó su tono crítico contra el Gobierno.
“La negociación directa entre los dueños de los medios privados de comunicación y el gobierno fue una iniciativa del Centro Carter desde el principio del conflicto, que fracasó en el primer intento que hizo Carter y en la que yo insistí varias veces hasta que finalmente se pudo llevar adelante (...) Respecto al encuentro secreto entre Gustavo Cisneros y Hugo Chávez, fue posible porque Jimmy Carter tenía muy buena relación personal con ambos y fue el mediador perfecto. Yo solo ayudé a concertar los detalles logísticos”, relata por correo electrónico desde su natal Argentina Francisco Diez, entonces representante del Centro Carter en el país.
Con los acuerdos y cambios de 2004, algunos sectores de la oposición no solo desconfiaron del Centro Carter sino del sistema electoral venezolano: líderes políticos llamaron, con éxito, a la abstención opositora de cara a los comicios parlamentarios de 2005, cuando el chavismo obtuvo la práctica totalidad de la Asamblea Nacional. “Eso fue un gran error, que ellos aprendieron después (...) El Centro Carter cumplía en Venezuela un papel sumamente crítico, muchas veces pasado por alto, que era el de mantener el foco de atención de actores locales y de la comunidad internacional en el tema electoral”, dice Vanolli, el último vocero de la organización en el país. “El Centro Carter era la única institución que mantenía en Venezuela ese ángulo”. Asumió el cargo en 2005, en sustitución de Diez, cuando la organización se dedicó al desarrollo de actividades formativas como seminarios de buenas prácticas electorales.
Pero desde 2006 el Centro Carter y los demás observadores electorales dejaron de serlo: McCoy y consultores externos de la ONG explican que a partir de ese año desapareció la figura de la observación electoral, reemplazada por la de “acompañamiento electoral”, con mayores limitaciones de evaluación del proceso –en términos de tiempo, acceso e independencia del organismo electoral–, así como la prohibición de emitir informes públicos sobre sus consideraciones. Desde entonces, las organizaciones invitadas solo pueden elaborar informes privados para el ente electoral.
En 2012 no fueron acompañantes y se limitaron a hacer un seguimiento de la jornada como una misión de estudio. Pero en 2013 aceptaron la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo las nuevas condiciones. “Lo vimos como una situación especial”, justifica McCoy. El Centro Carter, sin embargo, sí publicó un amplio informe sobre esos comicios presidenciales, en que triunfó el candidato abanderado por el partido de gobierno, Nicolás Maduro, con menos de 2% de diferencia con respecto al candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski. “Explicamos que además de la delegación de acompañamiento, teníamos otra misión de estudio de expertos como en 2012 y que teníamos planes de publicarlo y el CNE entendió eso”, dice. Uso abusivo de recursos públicos y desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación de parte del partido oficial fueron algunas de las irregularidades reportadas por el Centro Carter en este informe, el documento con mayores críticas hacia la parte oficial entre todos los que han publicado referente a elecciones venezolanas.
La oficina en Caracas cerró el 31 de mayo de 2015. Armando.info contactó al Centro Carter para conocer su versión sobre un retiro que hasta entonces había sido silencioso: al día siguiente de la consulta, el miércoles 5 de agosto, la organización emitió un comunicado con información sobre su salida del país, noticia que fue difundida por los distintos medios de comunicación, sin mayores pronunciamientos, hasta ahora, de parte de líderes políticos del gobierno o la oposición sobre el tema.
McCoy y Vanolli, antiguos voceros del Centro Carter en el país, aseguran haber renunciado a sus cargos por razones personales, antes de la decisión. “Todo es una casualidad. Mi renuncia no tiene nada que ver con Venezuela, y lo de Vanolli también es aparte, con sus razones aparte”, asegura quien hoy figura como consultora senior del Programa de las Américas. Dejó el cargo de directora, dice, por una oportunidad laboral como directora del nuevo Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Georgia. “Tomé la decisión a principios de año, pero formalicé mi renuncia en mayo”. La última vez que viajó a Venezuela, a principios de año, solicitó una reunión con el CNE –pues acostumbraba reunirse periódicamente con la presidenta del organismo, Tibisay Lucena–, pero no obtuvo respuesta.
Vanolli, por su parte, asegura que también formalizó su renuncia dos días antes del cierre de la oficina en Caracas del Centro Carter. “El día de mi despedida, es decir, el día anterior a que eso pasara, yo aún no sabía nada. Es la verdad”, afirma. Desvinculados de la ONG, no se consideran en posición institucional para dar luces acerca de la decisión. “Lo cierto es que estos últimos diez años estuvo incapacitado de hacer una contribución eficaz para la transformación del conflicto político de fondo en Venezuela. Su presencia respondía a los vínculos afectivos y el interés personal de Jennifer McCoy en Venezuela y ella no está más en el Centro”, considera Diez, hoy representante para América Latina del Proyecto “Matriz de Acuerdos de Paz” del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos).
Los antiguos miembros de la delegación venezolana del Centro Carter tampoco despejan las dudas sobre el retiro de la organización, más allá de precisar que fue una decisión de la nueva administración. La nueva directora ejecutiva del Centro Carter, Mary Ann Peters, ex embajadora de Estados Unidos, y la nueva directora del Programa para las Américas, Jennie Lincoln, consultora del gobierno de EEUU, ONGs y empresas con base en su experiencia en América Latina; no contestaron a las solicitudes de entrevista para este trabajo sobre la reorientación de las estrategias y prioridades de la organización. De puntillas y por la puerta de atrás el Centro Carter se va de Venezuela.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
Este domingo 30 de julio se realizarán en Venezuela las elecciones para escoger a 537 diputados -solo faltarían ocho representantes aborígenes- que participarán en la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno de Nicolás Maduro se empeña en llevar a cabo. El propio presidente las califica como “las más democráticas del mundo”. Sin embargo, la siguiente mirada a una muestra de los sectores votantes permite detectar entre líneas las anomalías de un proceso para nada regular, abierto o competitivo. Por el contrario, su diseño y ejecución han sido concebidos para pasar por alto la impopularidad del Gobierno y arrimar cada votante a la cuenta del oficialismo.
De vuelta al anonimato tras una fugaz pasantía en la política como candidata a la alcaldía de un municipio de Caracas en 2008, esta rubia empresaria ha sacado partido a la ambivalencia: se le relacionó sentimentalmente a un poderoso militar chavista y a un alcalde opositor. Hace dos años una denuncia de un posible fraude de sobrefacturación expuso a sus socios, lo que permitió detectarla, desde Miami, a la cabeza de un grupo de negocios que crece como proveedor del Gobierno venezolano.
Un nuevo Gobierno se apresta a tomar el poder en Perú, mientras el saliente cae en la mira de la justicia. La primera dama, Nadine Heredia, ya tiene prohibición de salida del país y su esposo, Ollanta Humala, puede que sea encausado. Se les investiga por la recepción de fondos irregulares procedentes de Venezuela en 2005-06. Un vistazo al documento que presentó hace dos semanas para formalizar el caso, muestra qué tiene la Fiscalía para afirmar que el chavismo financió la primera campaña electoral de Humala.
Henrique, el padre, y Henrique Fernando, el hijo, gobernadores del estado Carabobo entre 1989 y 2012, crearon varias compañías en paraísos fiscales con ayuda del bufete Mossack Fonseca con direcciones que no existen en Venezuela.
Antes de medirse en las decisivas elecciones parlamentarias, en las que arriesga el control de la Asamblea Nacional, el oficialismo debe primero tratar de resolver las disputas internas por las postulaciones a diputados, que habrán de dirimirse a sangre y fuego. Luego, los caciques regionales que salgan victoriosos tendrán que tratar de adecuarse a las cuotas por edad y género establecidas desde Caracas.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
