Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Maletas de favores iban y venían, en efectivo, ninguna reclamada, alguna decomisada. Las instituciones oficiales saltaban los flancos legales y, en un sensible límite, se idearon estrategias para multiplicar los recursos para impulsar el proyecto bolivariano en Latinoamérica.
Se crearon los bonos del Sur en la época de mayor bonanza venezolana y este alivió el despeñadero económico que se asomaba en Argentina arriesgando el esfuerzo del matrimonio Kirchner por perpetuarse en la silla presidencial. Entre el 2003 y el 2013 se firmaron cientos de acuerdos de cooperación amparados en un fideicomiso financiero –de 2004– en el que se intercambiaba petróleo por productos y que, hasta el sol de hoy, es un hueco negro donde el dinero entraba sin tener claro su destino final. Así se manejaron al menos 2.000 millones de dólares.
Cada país tenía sus operadores para esta maquinaria. En Argentina, la mano derecha de la trama era Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entre 2003 y 2015 quien hoy ostenta la función de “pieza clave” en la investigación de corrupción conocida como los “cuadernos de las coimas”.
En Venezuela se repiten los nombres de quienes manejaron también durante año la economía del país: el ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, el ex presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes y el ex ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque.
La empresa cordobesa Electroingeniería se anotó en las grandes junto a los Kirchner. En 2004 fue su gran salto a la fama y uno de sus socios se transformó en el operador principal del “club de la obra pública”. En pocos años, diversificaron sus operaciones y se dedicaron a todo tipo de contratos de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes infraestructuras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento y otras especialidades. Además, compraron medios de comunicación, construyeron un aeropuerto en su natal Córdoba e ingresaron al negocio de la industria nuclear.
Con las mieles del éxito por los negocios kirchneristas, la empresa de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta movieron sus piezas hacia Venezuela. Junto a sus asociadas Inelectra S.A. y Sener Argentina S.A. se adjudicaron, en 2009, la construcción de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Termozulia III, a unos 20 kilómetros de Maracaibo y cuyo presupuesto inicial fue de 760 millones de dólares. Además, los acuerdos de cooperación entre ambas naciones contemplaron un programa de trabajo entre la recién creada Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Grupo de Empresas Argentina conformado por Electroingeniería e IECSA, fechado en 2010.
Desde la vicepresidente de Electroingeniería, Ferreyra consiguió el apadrinazgo de su antiguo compañero de celda, Carlos Zannini, amigo, ideólogo del kirchnerismo y ex secretario legal y técnico de la presidencia entre 2003 y 2015, muy cercano a De Vido. Para el 2009, crea el Grupo Eling y el holding sumaba 5 participaciones societarias, al menos 18 empresas y presencia en 8 países. En Caracas la representaba la compañía Eisa Venezuela S.A.
En un tris se cubrió de gloria al obtener licitaciones de importantes obras, desplazando a grandes de la construcción. Pero estas no quedaron desamparadas y con movimientos certeros en el tablero de ajedrez entraron en los negocios del “club de la obra pública”.
Esta dinámica de asignación de contratos es descrito en la resolución de la causa N° 9.608/2018 por los “cuadernos de las coimas” que lleva el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, con fecha de 17 de septiembre de 2018, y que aún permanece abierta. Se lee:
“Las personas que estaban a cargo de las firmas (…) “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.”, “Vialco S.A.” y “Grupo Eling S.A.” -Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luís Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta-, entre otras, participaron, entre otros empresarios y empresas, en las maniobras mediante las cuales estas fueron beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública básicamente ligada a la energía, aproximadamente entre los años 2003 y 2015.
Los responsables de dichas empresas acordaban a cuál le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto CLARENS, como intermediario, Nelson LAZARTE, Roberto BARATTA y a José LÓPEZ, quienes luego se lo daban a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.-”
El acercamiento de las empresas de Ferreyra al presidente argentino fomentó el crecimiento de la operación. Tenía la capacidad de mover los peones y dejar libre otras jugadas para sus competidores, los cuales debían sumarse si querían seguir negociando contrataciones de alto valor en el sector energético.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), dedicada al área de ingeniería y construcción, licitó en varios proyectos locales de envergadura sin ningún éxito. De acuerdo a las declaraciones de uno de sus ex directivos, Francisco Valenti, “de todos estos proyectos hidroeléctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la única empresa que tenemos la expertis hidroeléctrica. Durante el gobierno de los Kirchner sólo obtuvimos dos contratos”.
IMPSA había ganado la primera licitación de las represas del sur de Argentina, en 2008 y revalidada meses después ese mismo año. La haría en asociación con Odebrecht bajo la figura de Unión Transitoria de Empresas (UTE). Fue cancelada en febrero de 2009 por el gobierno y, en 2010, se hizo otro llamado a competir donde resultaron nuevamente seleccionados. Con contrato firmado, les fue revocado en 2012 y adjudicado a Electroingeniería junto a una aliada china. Por esta obra, la empresa de Acosta y Ferreyra es mencionada en una nueva causa judicial (CAUSA 01/08/18 O 08/2013).
Pero esta no es la única causa en la que se nombra a Electroingeniería. También en la causa 18579-0 del 17/10/10, por el caso de Skanska S.A. y las facturas falsas para el cobro de comisiones en el gasoducto del sur. Fue una de las cuatro empresas adjudicadas, junto a Odebrecht y Technit. Aunque esta investigación judicial fue paralizada por años, de nuevo salió a la luz con la imputación a De Vido por los delitos de administración fraudulenta y cobro de sobornos.
Cuando a los miembros del club se les agotaba el fuelle en Argentina, terminaban en Venezuela. Asfixiados por las maniobras gubernamentales de De Vido y sus aliados pero contando con el lobby que les proveía la cercanía con los Kirchner, la “revolución bolivariana” abrió sus puertas a empresas argentinas. En 2006, IMPSA firmó contrato con Electricidad del Caroní (EDELCA) para rehabilitar y repotenciar la central hidroeléctrica Macagua, por unos 150 millones de dólares y para la construcción del laboratorio hidráulico por 50 millones de dólares, de acuerdo a uno de sus directivos. Tres años después, la obra había consumido 353 millones de dólares.
De Vido no solo se llevó el cobro de sobornos, sino se apropió de un terreno fértil para los negocios.
Paralelamente, participaron y le ganaron a importantes empresas trasnacionales la licitación para fabricar y montar las turbinas del complejo hidroeléctrico Manuel Piar en la represa de Tocoma, al sur de Venezuela, cuya construcción llevaba la brasilera Odebrecht, con quien se reencuentra luego del revés con la contratación de las represas de Argentina. Tocoma, no solo tuvo un sobreprecio de 3.000 mil millones de dólares sino que IMPSA entregó solo una de las 10 turbinas que prometía.
A pesar de haber logrado contrataciones en Venezuela, el ex directivo de IMPSA, Francisco Valentin, aseguró durante sus declaraciones al juez Claudio Bonadio por la causa judicial de los cuadernos de las coimas, que nunca pudo librarse de la influencia de De Vido y sus secuaces. Aseguró que debía hacer aportes para “regularizar” los pagos del gobierno de Venezuela, en 2007.
“Interfirieron en los pagos, nos demostraron su poder, los retrasaron en algunos casos entre 120 y 300 días. Esa interferencia se materializaba exponiendo la estrecha relación que tenía Cristina FERNANDEZ con Hugo CHAVEZ. Luego también nos amenazaron con que iban a interferir en la firma del acuerdo de TOCOMA, y que efectivamente pasó, porque estuvo en el limbo durante todo el año 2007 hasta que finalmente se firmó en 2008. Ese stress financiero llevó a la compañía a ceder a las exigencias indebidas. Literalmente una extorsión”, afirmó.
De Vido no solo se llevó el cobro de sobornos –que está siendo investigado en distintos procesos judiciales– sino se apropió de un terreno fértil para los negocios.
“Venezuela es de De Vido… y de Néstor”, es una poderosa frase con que el periodista argentino Luis Majul, en su libro El Dueño, relata el episodio de la “embajada paralela” existente en Caracas y los acuerdos bilaterales manejados por Claudio Uberti, cuando aún investía como funcionario del organismo vial sureño y era conocido como “el señor de los peajes”, en el 2003. Las palabras provenían de la boca del canciller argentino Rafael Bielsa quien se desentendía de las negociaciones políticas y en ese entonces aclaraba: “Venezuela no es mi responsabilidad ni mi problema”.
Tocoma quedó en el olvido de la justicia venezolana con un presupuesto inicial que se ubicaba en 3.000 millones de dólares en 2007 y seis años después ascendió a 7.000 mil millones. Tras erogaciones de más de 10.000 millones de dólares nunca se concluyó, convirtiéndose en uno de los “elefantes blancos” más vergonzosos de la administración revolucionaria. Odebrecht e IMPSA se responsabilizaron mutuamente por el fracaso.
En 2012, Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, agradecía a Hugo Chávez la posibilidad de trabajar en el país y junto a Julio De Vido acompañaban al presidente venezolano en un sobrevuelo sobre el Caroní donde se proyectó la represa. No asomó los problemas que han venido detallando con el pasar de los años y ahora, cuando se encuentra en jaque por la justicia argentina, Pescarmona admite que pagó sobornos por casi 3 millones de dólares para que fluyeran los negocios con Venezuela y hasta lloró por “vergüenza”. Lo cierto es que ha perdido el control del 65% de su empresa.
Como arrepentido en la causa de los “cuadernos de las coimas” advirtió los movimientos en el tablero a cargo de De Vido. No solo se trataba de pagos, aseguró Pescarmona, sino también la exigencia de traspaso de acciones de IMPSA. Contó al juez Bonadio sobre las amenazas que siguieron a la frase “vos necesitas un socio”.
“Vengo con un mensaje de la corona, o te asocias o te asocias”, contó Pescarmona al juez que le dijo De Vido. “Siempre aparecía alguien de ellos pidiendo el 10 o el 15 por ciento de las obras. Me parecía totalmente increíble que nos pidieran esas sumas, más cuando el margen de ganancia era del orden del 5 por ciento”.
Lo cierto es que Pescarmona tenía sus apuestas muy altas en Venezuela y con Tocoma no podía darse el lujo de perder.
Pese a la expansión de IMPSA a nivel internacional, cuando no cedía a las peticiones del matrimonio presidencial eran subyugados y los contratos traspasados a otras empresas como ocurrió en reiteradas oportunidades con Electroingeniería.
Para conseguir la licitación de Macagua, en 2006, el dueño de IMPSA admitió pagar 200 mil dólares en una transacción viciada. El gran operador, José Ernesto Rodríguez, fue el gerente de desarrollo de la industria de Pescarmona por 10 años y quien firmó el contrato en representación de la empresa. Tuvo un rápido ascenso en Caracas y demostró una trayectoria en los negocios que decidió poner a prueba alejado de IMPSA.
En 2007 fundó Madero Trading, el mismo año del escándalo de la valija, cuando se descubrió una maleta con 800 mil dólares en efectivo que viajó desde Caracas a Buenos Aires, en un vuelo particular de la delegación argentina-venezolana conformada por Claudio Uberti y otros funcionarios y que fue decomisada, asomando así los negocios entre ambas naciones. Madero Trading fue señalada por actuar como intermediaria y cobrar el 3% a las corporaciones argentinas que aspiraban entrar comercialmente en Venezuela.
Lo cierto es que Pescarmona tenía sus apuestas muy altas en Venezuela y con Tocoma no podía darse el lujo de perder.
En enero de 2012, Chávez finalizaba su alocución con una matemática simple de los ingresos petroleros:
- 1.189 millones de bolívares para la Central Manuel Piar. ¿Hay unas deudas contigo Pescarmona? Sí. Bueno, hay unas deudas con Pescarmona.
- Y además de eso 145,8 millones de dólares, además de los bolívares. ¡Dios mío! Y para Termozulia, 215,3 millones de bolívares.
- Este es mi librito, la platica, la platica. Vamos a ver, vamos a sacar esto por el Fondo Miranda, los bolívares. Aprobado. ¡Páguenle a Pescarmona! Y con esto aceleramos más, ¿verdad Pescarmona? Aceleramos más ¿no?
Durante el chavismo, IMPSA amplió su participación en distintos convenios: el 23 de julio de 2004 firmó una declaración conjunta con CVG Edelca; el 28 de julio de 2005 la alianza estratégica fue con Dique y Astilleros Navales de Venezuela DIANCA; el 2 de noviembre de 2005 se estableció contrato con CVG Edelca; el 11 de agosto de 2009 firmó un Memorándum de Entendimiento con PDVSA Industrial, S.A. que proponía un proyecto de parques eólicos en Falcón y una fábrica de autogeneración.
El 20 de abril de 2010 anunció el Programa de trabajo con Corpoelec, para el desarrollo de un parque de generación eólica en la zona de La Guajira, en el estado Zulia y firmó una carta de intención para proveer suministros de servicios, equipos y materiales eléctricos; además, repotenciar las turbinas de la Central Hidroeléctrica del Guri. Para esa misma fecha, estableció el Convenio de Asociación fue con PDVSA Industrial, S.A. para la fabricación, ensamblaje y comercialización de aerogeneradores de alta potencia conexos al sector de energías renovables.
Aunque toda la maquinaria para conseguir contratos parecía una sociedad secreta de De Vido y otros funcionarios, a medida que empezó a circular el dinero se fueron incorporando otros actores.
Dentro del esquema de recolección de sobornos destaca el argentino Claudio Uberti, también investigado en la causa de los “cuadernos de las coimas”. Fue ex directivo de la Organización de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre 2003-2007 y principal involucrado en el incidente de la valija. Ante el juez Bonadio confesó recientemente el entramado bilateral de pagos y recolección de fondos empresariales.
Ya ha pasado más de una década desde que había sido mencionado por el ex embajador argentino en Venezuela entre el 2002 y 2005, Eduardo Sadous, de llevar labores diplomáticas “paralelas” y acordar los encuentros empresariales entre ambas naciones. Sadous fue sacado y Uberti promovido después del escándalo de los 800.000 dólares, siendo aún más cercano al kirchnerismo y el chavismo.
Uberti fue descrito como el “gestor” de los negocios y Rodríguez (de Madero Trading y ex gerente de IMPSA) como el “recaudador”. Su cercanía a los negocios de Kirchner y Chávez no sorprende desde hace más de una década.
Los cuadernos que llevó detalladamente el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, describió una operación de sobornos en los gobiernos de los Kirchner. El primero empezó a escribirse el 23 de marzo 2005 y el último, el 03 de noviembre de 2015. Entre octubre de 2010 y 2013 no hubo anotaciones. El diario argentino La Nación publicó su contenido y la justicia se ha encargado de citar a los involucrados.
Hasta la fecha, más de una veintena de altos representantes corporativos argentinos han desfilado ante el juez Bonadio –quien ha manejado al menos cinco causas en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– y el fiscal Carlos Stornelli. Al menos 52 imputados que, al sentirse expuestos, algunos se han acogido al beneficio del arrepentimiento legal que le da la opción de reducir la pena a cambio de cooperar con datos certeros de la operación.
En la resolución de la causa se lee que casi todos confesaron que conocían la maniobra del gobierno kirchnerista de entregar grandes sumas de dólares en efectivo a cambio de privilegios o transacciones preferenciales.
No solo ganaron en su país natal sino que sumaron ceros en sus cuentas gracias a los jugosos contratos con Venezuela. De las mencionadas, las constructoras más grandes de Argentina tuvieron la puerta abierta en el chavismo: Techint (antiguo SIDOR), las cordobesas Electroingeniería y Roggio, IECSA que perteneció a un primo del actual presidente Mauricio Macri, Isolux Corsán, Esuco, la mendocina IMPSA.
La caza de Bonadio ha avanzado en el “mate de la coz”. Así como el rey no puede escapar del ataque de su adversario porque se encuentra rodeado de sus propias piezas, Cristina Kirchner hoy está acorralada por quienes fueron sus allegados. La investigación está en proceso, junto a otras que se han retomado como la del caso de Antonini Wilson (el portador de la famosa maleta de dinero) cuya causa no ha prescrito aún. Uberti fue llamado a declarar por otro juez en lo penal económico porque el hecho se vincula “al contrabando y lavado de activos con sobornos transnacionales”.
El ex funcionario Roberto Baratta, jefe del chofer que escribió los cuadernos, en su última declaración criticó con dureza la poca lealtad de los miembros del club. Él, por su parte, defendió a su jefe, Julio De Vido, y hasta afirmó que colocaría las manos en el fuego en su defensa. Sin embargo, contra los arrepentidos de Pescarmona y Valenti (de IMPSA) dijo que eran unos “mentirosos profesionales”.
En este juego de poder, las piezas negras y blancas siguen haciéndose jaque sin el mate definitivo que le permite a la defensa de Cristina de Kirchner una posición evasiva. “Los arrepentidos se contradicen entre sí, cambian sus versiones, dicen una cosa en esta causa y lo contrario en otra causa”, señalan sus abogados.
Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, Argentina cerró el fideicomiso con Venezuela que suscribieron Néstor Kirchner y Hugo Chávez durante una década. Era administrado por PDVSA y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Tenía una cuenta en el banco suizo UBS que fue cerrada ante la poca transparencia de las operaciones que hubo con dos empresas, entre ellas Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading).
De ese fideicomiso salió y entró dinero a capricho de los interesados. Poco antes de que fuera retirado del cargo de embajador en Caracas, Sadous explicó al canciller argentino la maniobra del manejo de dinero, según relata el periodista Luis Majul en su libro:
“No era que habían desaparecido. Lo que hicieron fue tomar los 91.300.000 dólares, ingresarlos a Venezuela, negociarlos en el mercado paralelo... ¡e hicieron una diferencia de aproximadamente trece millones de dólares! Una vez que lo concretaron, devolvieron el dinero a la cuenta de Nueva York, como si no hubiese pasado nada”.
De Vido acertó a decir: Es probable que haya sido un error, producto de nuestra inexperiencia. No te olvides de que es el primer fideicomiso que hicimos.
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.
A los productores se les paga un precio irrisorio por “el mejor cacao del mundo” y se vende al exterior en divisas a precio internacional. El negocio, aunque todavía no exhibe números de envergadura, es redondo para el que logre establecer el control de las cosechas, su transporte y comercialización, una labor a la que se abocó el nuevo gobernador del estado Miranda apenas asumió el cargo y que pretende establecerse en otros estados productores como Aragua, Sucre y Zulia.
No solo fue Odebrecht: Cuatro empresas obtuvieron una decena de obras para construir grandes infraestructuras en Argentina, casi siempre con el anzuelo de una atractiva cotización y del financiamiento adjunto por parte de un banco estatal de desarrollo brasileño. Pero luego subcontrataban a otros proveedores y, con los proyectos ya en marcha, los costos aumentaban y los fondos los terminaba poniendo el Estado argentino: más de 9.000 millones de dólares, de los que al menos un promedio de 300 millones por obra correspondían a sobreprecios. De paso, hoy muchos de los proyectos siguen sin concluir. El patrón lo usarían las constructoras brasileñas en otros mercados latinoamericanos.
Hasta partidas de caza con helicópteros se han tenido que organizar en Tierra del Fuego para controlar la nueva amenaza que anda en cuatro patas. Pero las jaurías de perros, que ya conquistaron el campo, ahora asedian los centros urbanos del extremo sur de Argentina, desde donde, con frecuencia, se escaparon inicialmente. Mientras ya se reportan ataques contra personas en la ciudad Ushuaia, surgen diversas propuestas para enfrentar el problema.
En medio de expropiaciones, controles de precios y escaseces crónicas, la marca de avena para el desayuno Avelina y su dueño resaltan como las estrellas ascendentes del mercado de consumo masivo en Venezuela. ¿Cómo sacar provecho del peor entorno para los negocios en todo el mundo? Libi lo hizo con maneras quizás poco ortodoxas y hasta lo bastante controversiales como para que el ‘Financial Times’ de Londres le dedicara un reciente reportaje y para que el empresario debiera acudir a la Asamblea Nacional a explicar la naturaleza de sus actividades. Esta indagación encuentra que los intereses de Libi también pasan por las finanzas, las empresas offshore y las propiedades inmobiliarias.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
