Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
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Las dos son venezolanas, las dos se llaman María Eugenia y casi podrían ser almas gemelas. Tienen otras cosas en común además de sus nombres: se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas políticamente expuestas o PEP (siglas en inglés de Politically Exposed Person), a los que hay que prestar especial atención. Además, ambas adquirieron un visado de oro en Portugal, que les selló el acceso a la nacionalidad portuguesa y el derecho a circular libremente por el espacio Schengen.
Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los dos primeros años de existencia del programa de Permiso de Residencia por Actividad de Inversión (ARI) en Portugal, según una lista del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) obtenida y analizada por el diario portugués Expresso.
El dinero que utilizaron para obtener sus visados dorados procedía de sobornos recibidos por sus maridos. Este dinero pasó por empresas offshore encontradas en los Pandora Papers, una filtración de paraísos fiscales que contiene 11,9 millones de archivos y que es la base de un proyecto de investigación coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con Expresso y decenas de otros medios de comunicación, entre ellos Armando.info en Venezuela.
María Eugenia Baptista Zacarías, una de las ungidas con el privilegio dorado, es la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro y hoy diputado a la Asamblea Nacional oficialista por el estado Miranda, entre muchos otros cargos.
Según una investigación de Pandora Papers revelada por Expresso, Armando.info y el diario Miami Herald en octubre del año pasado, El Troudi recibió más de 90 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero creado por el Grupo Espírito Santo (GES).
Los pagos a El Troudi fluyeron a través de cuentas de Cresswell Overseas, una sociedad offshore constituida en Panamá y administrada por el gestor portugués Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado en las operaciones secretas de lavado de dinero del GES que incluyeron la canalización de cientos de millones de euros a miembros del gobierno de Maduro y a ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas públicas en Venezuela.
La esposa de El Troudi recibió un visado de oro a finales de 2013 tras comprar un apartamento dúplex en un edificio de lujo en Chiado, un barrio gentrificado en el corazón de Lisboa, por 1,5 millones de euros, apenas meses después de que su marido se incorporara al gabinete ministerial de Maduro -más temprano había figurado como presidente de las empresas del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, y aún antes, como fundador y gurú del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda-.
Por su parte, la otra María Eugenia, con apellidos Núñez Alarcón, estaba casada con Abraham Ortega, ex director de Pdvsa.
Ortega fue uno de los responsables de poner en marcha las operaciones financieras internacionales de esta petrolera estatal venezolana, incluyendo una inversión de 500 millones de dólares en bonos del GES entre 2011 y 2013, en un momento en el que el banquero Ricardo Salgado se enfrentaba a una desesperada falta de liquidez en el principal activo de su grupo, el Banco Espirito Santo (BES).
Además de invertir en bonos del GES, en 2011, Pdvsa traspasó al BES el sistema de transacciones internacionales de cobro y pago de servicios y bienes, hasta entonces a cargo de JP Morgan y BNP, lo que convirtió a la petrolera venezolana en el mayor cliente del banco portugués.
Cuando abrió su primera cuenta en un banco del BES en la isla atlántica de Madeira, en 2010, Abraham Ortega era todavía apenas un gestor de financiación en la petrolera. La declaración de la renta que forma parte de la documentación de apertura de la cuenta, incautada por la fiscalía, muestra que sólo había tenido 16.000 dólares de ingresos netos el año anterior. Aunque en 2013 ya era adjunto al director financiero de Pdvsa, difícilmente se habría podido permitir entonces un apartamento de lujo en Lisboa.
Los fiscales de Portugal han ido acumulando pruebas contra Ortega. Es uno de los sospechosos en la investigación penal sobre los sobornos pagados a políticos y funcionarios venezolanos que se lleva a cabo en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (Dciap). Gran parte de estas pruebas se recogieron durante la investigación del caso principal del BES, que concluyó en el verano de 2020.
Los fiscales descubrieron que Ortega recibió 10,7 millones de dólares del GES entre mayo de 2012 y junio de 2014. La mayor parte del dinero se originó en Espírito Santo Enterprises, una empresa offshore que funcionaba como un gigantesco fondo de compensación para el GES, y terminó en una cuenta de Dubái a cargo de una empresa offshore panameña, Linux Advisors, administrada por Paulo Murta.
María Eugenia Núñez solicitó un visado de oro cuando compró un apartamento en la Rua Rosa Araújo, en el centro de Lisboa, en octubre de 2013, después de haber recibido una transferencia de 1,3 millones de euros procedentes del fondo ilícito del GES, en nombre de Linux Advisors, a una cuenta que tenía en la sucursal financiera del BES en la isla de Madeira en junio de 2013.
Según un informe elaborado por la Fiscalía en 2018, Paulo Murta informó por correo electrónico a un gestor de cuentas de ESBD, el banco del GES en Dubái, de que esos 1,3 millones de euros transferidos a María Eugenia Núñez iban a ser utilizados para comprar una casa y dos automóviles.
El piso de la calle Rosa Araújo costó 1,152 millones de euros y se pagó en efectivo a través de una empresa abierta en Lisboa por María Eugenia Núñez y de su propiedad al 100%, Alvansal Unipessoal Lda.
Meses después, en abril de 2014, la esposa de Abraham Ortega hipotecó la casa por 515.000 euros al BES y, con esa cantidad, compró un segundo apartamento en el puerto deportivo Parque das Nações, en el frente fluvial del borde oriental de Lisboa.
Durante ese año, Linux Advisors transfirió 2,5 millones de euros a la cuenta de BES Madeira de otra sociedad offshore, Takenson International, también constituida en Panamá y controlada por María Eugenia Núñez, junto con otro beneficiario final.
Los Pandora Papers contienen documentos de apertura de cuentas y varias órdenes de transferencia de Linux y Takenson. Entre ellas se encuentran tres transferencias realizadas desde Takenson a María Eugenia Núñez entre diciembre de 2013 y febrero de 2015, por valor de 450.000 euros.
Ortega fue condenado el año pasado en Estados Unidos a una pena de 28 meses de prisión. El juez decidió aplicarle una pena reducida (a pesar de que los delitos que se le imputaban acumulaban una condena máxima de 50 años) porque cooperó con la justicia, declarándose culpable de recibir 12 millones de dólares en sobornos. El caso no tiene nada que ver con el GES y se refiere a hechos posteriores a diciembre de 2014. Fue imputado como parte de la investigación Money Flight, llevada a cabo por la oficina en Miami de Homeland Security Investigations, que hizo uso de un cooperante que se infiltró durante dos años en una red de lavado de dinero negro proveniente de Pdvsa.
Ni María Eugenia Núñez ni la esposa de El Troudi estuvieron disponibles para hablar. Divorciada desde 2015, la ex señora Ortega es desde entonces ciudadana portuguesa y vive en Lisboa en su apartamento junto al río.
Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre de toda una carrera de estafador. Después de timar a la alta gerencia del banco, está fugitivo presumiblemente en algún lugar de España, donde la prensa lo bautizó como ‘el intermediario de oro’ o ‘el hombre de las mil caras’. Con su rutina del experto petrolero que se ofrece para arreglar negocios con Pdvsa, perfeccionada a lo largo de más de dos décadas, se ha ganado millones de dólares, así como acusaciones penales en varios países.
Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Empresa de maletín registrada en Panamá controlada por María Eugenia Núñez y que recibió transferencias del GES.
Empresa de maletín registrada en Panamá que canalizó transferencias del GES a los esposos Ortega.
Holding portugués liderado por Ricardo Salgado cuyo activo principal fue el Banco Espirito Santo, entidad que recibió numerosas transferencias del Estado venezolano.
Esposa de Abraham Ortega hasta 2015. Obtuvo una visa dorada en Portugal tras comprar lujosas propiedades.
Director Ejecutivo de Planificación Financiera de Petróleos de Venezuela entre 2014 y 2016, acusado y sentenciado en Estados Unidos por ser parte de la trama que desvió 1.200 millones de dólares de Pdvsa.
Esposa de Haiman El Troudi. Obtuvo la visa dorada en Portugal tras la compra de lujosas propiedades.
Ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas investigado por el cobro de sobornos por parte del Banco Espirito Santo y Odebrecht.
