En 2005, un hijo del hoy presidente Tabaré Vásquez -entonces en su primera administración- cerró con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez jugosos contratos para compañías uruguayas de software, de las que era empleado y representante, que prestarían servicios a un proyecto de telefonía nunca completado. Lo que entonces pareció sospechoso de tráfico de influencias y pago de sobornos no se pudo comprobar. Pero un nuevo examen a documentos oficiales y comunicaciones incluidas en los llamados Panama Papers permite establecer que el negocio coincidió con pagos irregulares para, al menos, un alto funcionario venezolano.
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Hasta finales de 2006, el Gobierno de Hugo Chávez entabló negociaciones con diversas empresas extranjeras del área de las telecomunicaciones con miras a crear una telefónica estatal que compitiera con la privada Cantv.
El proyecto quedó amparado bajo el nombre de CVG Telecom. Propuestas desde Uruguay y China estaban sobre la mesa para ser consideradas en la contratación de equipos, software y servicios, que sentarían las bases de esa nueva empresa estatal tutelada por la todopoderosa Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El anuncio de la nacionalización de Cantv en enero de 2007, y su posterior compra a la estadounidense Verizon, dieron al traste con el proyecto. De todas maneras, y a pesar de la cancelación, hubo tiempo para los negociados.
En 2005 se había creado el Fondo Bolívar-Artigas entre los Gobiernos venezolano de Hugo Chávez y uruguayo de Tabaré Vásquez, entonces en su primera administración. Como otros fondos binacionales impulsados por Caracas durante el auge de los precios petroleros, este capitalizaba como inversión o compra de bienes locales unos 200 millones de dólares, parte de la deuda de Montevideo por la factura de importaciones de hidrocarburos.
Durante la primera macrorrueda de negocios organizada en el marco del Fondo, en Caracas en julio de 2005, uno de los participantes llamó la atención: Javier Vásquez, ingeniero, hijo del presidente Vásquez, quien como privado intermedió en algunas de las transacciones firmadas entonces con financiamiento del fideicomiso binacional, en particular, para la adquisición de software uruguayo. Aunque las sospechas sobre tráfico de influencias y pago de sobornos -que llegaron a discutirse en el parlamento y la justicia uruguayas- ensombrecieron la primera gestión de Tabaré Vásquez, no hubo resultado concluyente en las investigaciones. Mientras, en Venezuela, el asunto pasó por debajo de la mesa.
Ahora, más de una década más tarde, con Tabaré Vásquez de nuevo en la presidencia, documentos incluidos en los llamados Panama Papers, así como actas judiciales y registros públicos, analizados durante meses por la revista Búsqueda de Montevideo, revelan una historia en la que varios millones de dólares del negocio en el que trabajó activamente el hijo del presidente uruguayo circularon por paraísos fiscales; algunos de esos fondos terminaron en la cuenta bancaria del hermano de quien a la sazón se desempeñaba como Director de Planificación Estratégica de CVG Telecom, quien entre 2005 y 2006 tuvo a su cargo el análisis de viabilidad de los contratos uruguayos de los proyectos de software.
La trama tuvo inicio gracias a dos decisiones adoptadas por el Gobierno de Hugo Chávez a fines de 2004. Primero creó una compañía estatal de telecomunicaciones, CVG Telecom. Y después, el 23 de diciembre, aprobó un decreto en el que fijaba como política pública la “adopción del software libre”. También, a los pocos meses, la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sancionaba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).
El complemento ideal para facilitar los negocios a los uruguayos llegó el 2 de marzo del 2005. Ese día los gobiernos de Venezuela y Uruguay —cuyo presidente, Tabaré Vásquez, había asumido el día antes— firmaron un acuerdo de “cooperación estratégica” que implicaba crear el Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso de 200 millones de dólares a partir de un porcentaje de las compras de petróleo que realizaba la petrolera uruguaya estatal Ancap a su similar venezolana, Pdvsa. Mediante ese mecanismo, las empresas estatales venezolanas podrían pagar contra ese fondo las compras de bienes y servicios de empresas públicas o privadas de Uruguay.
Uno de los primeros que detectó las posibilidades de los negocios del software fue Javier Vázquez. El ingeniero trabajaba entonces para una corporación privada, Interamericana de Cómputos (Inco), y manejaba la cuenta de Artech, una operación especializada en software libre.
Uno de los acuerdos que cristalizó, justamente, tras la implementación del Fondo binacional, fue la contratación por parte de CVG Telecom de servicios de software y hardware a empresas uruguayas por 63,6 millones de dólares. En febrero del 2006 las contratistas uruguayas, entre las que estaban Inco y Artech, presentaron su propuesta conjunta y en marzo firmaron el contrato con la estatal venezolana, previendo un proyecto de tres años de duración. El hijo del presidente Vázquez participó en el proceso de elaboración y presentación de la oferta ganadora.
El acuerdo provocó que otro empresario uruguayo vinculado al software, Eduardo Gómez Canon, denunciara que le habían robado su oportunidad. “Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa. El entonces diputado Washington Abdalá (del opositor Partido Colorado) solicitó la creación de una comisión investigadora en el Parlamento y después llevó el tema a la justicia penal. Después de meses de interrogatorios y tras el fallecimiento de Gómez Canon, cuyas conductas erráticas habían hecho que perdiera credibilidad, el fiscal Juan Gómez pidió el archivo del caso.
Al olvido del caso también contribuyó la nacionalización de Cantv en 2007. Ya no hizo falta todo el proyecto, que involucraba a los uruguayos, de una telefónica pública. Partes fueron absorbidas por la compañía recién adquirida y otra siguió de la mano de CVG Telecom. No se trató solo de la adquisición de unos data center sino de la provisión de servicios de software.
Poco después de la firma del acuerdo entre las empresas uruguayas y CVG Telecom, el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en servicios offshore, recibió un par de requerimientos. Con apenas días de diferencia, desde Venezuela llegaron dos solicitudes se para comprar sociedades anónimas y abrir cuentas en Panamá que después recibirían dinero del proyecto financiado por el Fondo Bolívar-Artigas.
El 21 de marzo de 2006 José Antonio Fraga compró a través de MF la empresa panameña Eliston S.A. Y para abril ya tenía una cuenta en Credicorp Bank. La velocidad era necesaria porque menos de un mes después recibió el primer giro desde Uruguay por 1,8 millones de dólares.
Fraga solicitó a los panameños que emitieran una factura con una “oferta de servicios” para Fernando Burstin, uruguayo, propietario de Interamericana de Cómputos, Inco, por una “asesoría tecnológica correspondiente al proyecto CVG-Telecom”. Ello se lee en la propia factura, que forma parte de los once millones de documentos contenidos en la filtración llamada Panama Papers, recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) con sede en Washington DC.
A pedido de Burstin, Fraga cambió el destinatario de la factura: en lugar de dirigirla a Inco, debía ir a nombre de Shidner Corporation S.A., otra sociedad del uruguayo Burstin creada ese año.
Parte del dinero que giró Burstin a Fraga siguió moviéndose por algunos meses más. En septiembre de 2006, 690.000 dólares llegaron a una cuenta en Panamá de Hallway International S.A. Esa offshore fue adquirida en marzo del 2006 por Alejandro Giolito, cuyo hermano Pablo era entonces alto ejecutivo de CVG Telecom.
Los hermanos Giolito estaban vinculados al tema informático. Mientras Pablo detentaba el cargo de Gerente de Planificación Estratégica de la estatal, Alejandro trabajaba en una prestigiosa firma caraqueña que asesoró a autoridades ministeriales en la discusión de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Interrogado telefónicamente para esta pieza por la reportera de Armando.Info, Pablo Giolito explicó que su trabajo en CVG Telecom consistía en analizar si un proyecto “tenía lógica y viabilidad” para “estructurar” su desarrollo. “Más allá de eso yo no tenía niveles de aprobación, no tenía presupuesto para eso. Simplemente me llegaba como Planificación Estratégica, yo agarraba y decía: ‘Bueno están todos estos proyectos acá y el más viable es éste o podemos darle la vuelta a este’", detalló.
En ese momento, a su juicio, la propuesta uruguaya no tenía rivales a la hora de poner en marcha el proyecto CVG. “Hacían falta fondos adicionales”, rememora, y si bien había una oferta china, la única opción “realmente factible en ese momento porque no requería dar iniciales o poner una contraparte en dinero, eran esos fondos uruguayos”.
Giolito se desempeñó como gerente en CVG Telecom entre octubre del 2005 y agosto del 2006, y admite que por su trabajo se reunió con “unos siete” empresarios uruguayos del software. El período que integró la compañía estatal coincide con el momento en que los uruguayos presentaron la propuesta ganadora y se firmó el acuerdo.
En los archivos de Mossack Fonseca reposan las pistas de la offshore que Alejandro Giolito incorporó en Panamá mientras su hermano Pablo aún trabajaba en CVG Telecom.
“Sí, yo sabía que él lo había hecho”, acepta Pablo Giolito durante la conversación telefónica, “pero era un negocio de familia en el que yo no estaba involucrado”. Luego, sin reparar en posibles contradicciones, durante la entrevista explicará que llegó a interesarse en la gestión de la empresa para “ayudar” a su hermano en el negocio inmobiliario. Pero que, todavía así, de las transferencias recibidas, “quién las hizo, cómo las hizo… No te lo puedo asegurar si efectivamente ocurrió”.
Lo cierto es que la primera transferencia que recibió la offshore de Alejandro Giolito fue en septiembre del 2006 y provino de Fraga, según consta en la filtración de Mossack Fonseca. Antes de llevarla adelante, el bufete pidió a Fraga que justificara el movimiento de dinero. “La operación se basa en la declaración de dividendos de Eliston S.A. a mi persona y los fondos serán transferidos a Hallway International, S.A. con quien existe una deuda pendiente”, respondió Fraga.
Los panameños le dijeron que necesitarían otros documentos que explicaran la deuda. Entonces la estrategia cambió. Giolito les mandó una factura en la que daba detalles de la “asesoría en el desarrollo” de “aplicaciones informáticas” que su offshore recién creada le había provisto a la de Fraga. El precio final era de 670.973 dólares por 2.900 horas de trabajo. El detalle revelador que incluye la factura es la lista de conceptos que se cobran: “Consultoría en operaciones CPD”, “Seguridad ante fraude”, “Seguridad internet e implementaciones” y “Mejores prácticas CPD”. Son los mismos rubros que Fraga le había facturado antes a Fernando Burstin, el uruguayo jefe de Javier Vásquez.
Fuentes del sector informático consultadas por el reportero de Búsqueda en Montevideo calificaron como “por lo menos llamativas” la falta de detalle en las facturas y los montos que se manejan —en especial el costo de más de 230 dólares por hora—. Burstin rechazó que esos montos estuvieran inflados.
Ni bien tuvieron el dinero en su cuenta, los hermanos Giolito compraron propiedades por un total superior a los 580.000. En dos meses adquirieron un apartamento y un penthouse en el lujoso California Mall de Las Mercedes, una zona costosa del sureste de Caracas. También adquirieron una oficina en el World Trade Center de Montevideo, puesto a nombre de su madre, y pagada a tercios junto a Fraga y a otra socia, la uruguaya-venezolana Laura Pintos Trías.
Pablo Giolito aduce que “en 2008 o 2009” proveyó servicios a Fraga por “consultoría”.
Fraga transfirió a Giolito otros 796.348 dólares en enero del 2008. Igual que en la primera ocasión, antes de mandarle dinero al ex gerente de CVG Telecom, Fraga había recibido una cifra millonaria desde Montevideo: Burstin le giró 1,6 millones en setiembre del 2007. (Fraga declaró al banco que tenía previsto recibir del uruguayo otros dos giros).
La factura para justificar la nueva transacción incluía los mismos detalles de servicios de software que la anterior, aunque en su “segunda fase”. Era la segunda factura que emitía la empresa de Giolito en toda su historia; la primera había servido para justificar la transferencia inicial de 2006.
Ni bien llegó la segunda remesa a su offshore, los hermanos Giolito adquirieron otras tres propiedades por un total que superó 500.000 dólares.
Pablo Giolito aduce que “en 2008 o 2009” proveyó servicios a Fraga por “consultoría”.
Sus declaraciones son contradictorias entre sí y tampoco se compaginan con lo que dicen los documentos incluidos en los Panama Papers.
Ya para 2010, la anualidad de pago de Giolito por empresas administradas por Mossack Fonseca correspondía a cuatro empresas: Hallway Internacional, Glenrock Properties Inc, Kinborough Investments S.A. y Kerwin Properties Incorporated.
En los años siguientes, Pablo Giolito y Laura Pintos, quienes se conocían desde los tiempos en que Giolito trabajaba en la oficina en Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Oficial de Programas de Tecnologías de Información y Comunicación, también se hicieron socios en varias empresas venezolanas, junto con José Antonio Fraga. Algunas, como Parking Valla C.A. y Telecomunicaciones Erictelco, ya no están activas.
“Laura fue socia de Tony (José Antonio Fraga) toda la vida, desde todas las empresas que ellos han tenido”, dice Pablo Giolito. Y de su ex socio Fraga, dijo no verlo desde hace unos cinco años.
En 2009 los Giolito preveían recibir al menos una transferencia más, según se lee en las comunicaciones contenidas en los Panama Papers. Debía llegar en septiembre de ese año, directo desde la empresa uruguaya de Fernando Burstin -jefe de Javier Vásquez, el hijo del presidente Tabaré Vásquez-.
En su declaración a la justicia uruguaya en diciembre del 2008, Burstin dijo que no habían terminado ni de hacer los trabajos ni “de cobrar” en Venezuela. Requerido hace pocos días por el reportero de Búsqueda, Burstin insistió en que, a diciembre de 2007, no tenían “deuda alguna con el proyecto (…) Ni se pagó nada con posterioridad a eso. ¿Por qué? Porque los tipos nos cortaron el proyecto para no pagarnos”.
El empresario uruguayo dijo que contrató a Fraga para el proyecto, pero que desconocía cualquier información sobre las transferencias que recibió Giolito, el ex gerente de la estatal venezolana.
Giolito también negó haber tenido una relación comercial con Burstin. “Todas las relaciones que tú ves allí [en los Panama Papers], nunca son con Fernando Burstin. Yo nunca he tenido una relación directa con él”, aseguró el venezolano al ser consultado por teléfono. “Muchas de las cosas de las que están ahí se toman como ciertas para nunca ocurrieron”, añadió. Sin embargo, después dijo que sí había tenido previsto cobrar 860.000 dólares, aunque por un servicio de “consultoría” que habría ofrecido a Fraga.
Pero también a este respecto los archivos de Mossack Fonseca desmienten a Giolito.
Pablo Giolito envió en agosto de 2009 un correo electrónico a Fernando Burstin, del que el bufete panameño recibió una copia. Mediante el texto Giolito ponía en contacto a Burstin con Egbert Wetherborne, quien atendía “los intereses” de su sociedad anónima en el bufete panameño. Diez minutos más tarde, Wetherborne escribió a otros empleados de MF para informarles que “un sobre” llegaría a sus oficinas. “Es la documentación de soporte para un cheque que se depositará en la cuenta bancaria de la sociedad Hallway International”, detalló.
Dos semanas después Giolito le mandó otro correo a Wetherborne, en el que estaba copiado Burstin, en el que le informaba que las cosas se movían. “El día viernes 4 me informaron que fue realizada la entrega (por parte de la casa de bolsa) de un sobre a tu nombre en las oficinas de Mossfon, contentivo con la documentación y cheque conversado hace algunas semanas entre nosotros. Te pido por favor corrobores esta información para yo informarle al señor Burstin de que ha finalizado este proceso”.
Pero nada había llegado. Ante esto, Giolito insistió: “El ingeniero Burstin está realizando la llamada a la casa de bolsa de Panamá para determinar la información exacta. Los mantendremos informados tan pronto nos comuniquen los detalles”.
Una semana después tenía más información para los panameños, según otro correo. “Acabo de hablar con el señor Burstin, me indica que de la casa de bolsa le informaron que hubo un problema con la emisión del cheque, que fue corregido, y que desde la semana pasada está a la espera de que le confirmen el envío”.
Al día siguiente, fue el propio Burstin el que escribió a los panameños (desde el correo corporativo de Inco, Interamericana de Cómputos): “Ante nada mis saludos y disculpas por la demora. Recién hablé con nuestro contacto de Uruguay quien me confirma que se estaría entregando mañana por la mañana. En paralelo le estoy enviando a Pablo el contacto en Panamá para que lo contacte directamente en el día de hoy”.
La “casa de bolsa” panameña a la que recurriría Burstin para hacer la transacción, según Giolito, era Thales Securities.
Pero algo falló. “Teníamos pendiente la recepción de estos documentos y un cheque, hubo inconvenientes con este último por lo que decidieron realizar una transferencia”, escribió Giolito. Y agregó enseguida que ahora sí el dinero debía llegar a su cuenta bancaria porque Burstin le había dado el “número de referencia” de la transacción.
Pasaron dos días y la transacción no estaba acreditada en la cuenta. Giolito mantenía sus buenos modales en los mails, pero parecía un poco más ansioso. “Tal como les anexé e incorporé en el mail anterior, lo que necesito investiguen es una transferencia en proceso” por “un monto de US$860.600 procedente del HSBC”, escribió. “Necesito que validen si esta información es correcta y qué ha pasado que no ha llegado a la cuenta de Hallway”.
El enredo continuó durante un prolongado intercambio de correos, que concluye en la filtración de los Panama Papers sin despejar si el inconveniente fue superado. En todo caso, el hilo quedó registrado para documentar una relación, al menos de confianza, entre Pablo Giolito y Fernando Burstin.
Entre tanto, y mientras el dinero seguía circulando entre cuentas offshore, la avidez venezolana por proveedores de telecomunicaciones parecía no tener fin.
En noviembre de 2006, el mismo año en que Pablo Giolito -quien había diagnosticado la oferta uruguaya como la preferible- dejara CVG Telecom, y apenas semanas antes de que Chávez nacionalizara Cantv, el comandante revolucionario anunció la suscripción de acuerdos entre Venezuela y la provincia china de Shandong para la puesta en funcionamiento de celdas de tecnología CDMA 450, entre CVG Telecom y Huawei Technology.
Giolito, en su declaración telefónica para Armando.Info y Búsqueda, recordó que esa oferta china fue una de las que le tocó descartar: “¿Qué querían vender ellos? Ellos querían vender tecnología CDMA en frecuencia 450. ¡Basura! Para esa época, doce años atrás, eso ya era basura y el proyecto estaba montado. Una de mis responsabilidades fue decir que eso no servía”.
Pero, de alguna manera, los chinos ganaron.
Se cumple un año de la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que culminó la paulatina conquista ideológica y comercial del sector en Venezuela por el castrismo, tanto como proveedor tecnológico así como mentor ideológico. Por una parte, empresas estatales cubanas como Albet o Copextel encontraron en la administración pública de Caracas voluminosos ingresos y oportunidades para desarrollar una experticia que, de otra manera, no tendrían; por la otra, el comandante Ramiro Valdés impuso su concepción de la informática y las telecomunicaciones como una herramienta de represión y seguridad interna. Los cubanos llegaron a constituir una empresa privada exclusiva para Venezuela y, a través de una compañía binacional, por fin consiguieron un puesto en el nuevo holding venezolano.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
A nueve meses de que se publicara la filtración de los documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocida mundialmente como los ‘Panama Papers’, sólo una persona se mantiene detenida en Venezuela. La abogada Jeannette Almeida Quevedo es acusada de captación indebida, sufre una enfermedad crónica y sus allegados se preguntan cuál es la verdadera razón por la que aún sigue en prisión.
Unos quinceaños particulares han puesto a Caracas a hablar sobre el lujo y la osadía de una fiesta en la que hubo hasta shows de strippers en presencia de menores de edad. En tan sólo un par de horas corrió la pregunta sobre el perfil de semejante anfitrión y cómo había levantado una fortuna que ostenta en tiempos de escasez. En Armando.info desnudamos al personaje y sus empresas.
Omar Farías recibió en enero de 2014 un préstamo de más de 750 mil dólares, que las autoridades dominicanas ahora le cobran públicamente en un juicio que lo ha retratado, con esposas mediante, frente a las cámaras de televisión. Lejos de la buena vida que ha cosechado en tiempos de revolución, en Santo Domingo empiezan a pasar factura a los venezolanos involucrados en la quiebra del ya célebre Banco Peravia.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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