El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos. Nunca pudo justificar el aumento de 1.071 millones bolívares de su patrimonio, equivalentes a 86% de los fondos que manejó entre 2000 y 2003
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Los vecinos de las residencias Juan Manuel Cajigal, ubicadas en el sector San Andrés de la populosa parroquia El Valle de Caracas, se quejan de los problemas que afectan a sus viviendas desde que fueron construidas en la alborada de la autodenominada revolución bolivariana: filtraciones, falta de agua, hacinamiento y obras inconclusas. Los apartamentos, levantados a una cuadra de la estación El Valle del Metro por el Instituto Nacional de Vivienda, Inavi, formaban parte del primer proyecto de envergadura del Plan Bolívar 2000, una alianza cívico militar lanzada por el entonces presidente Hugo Chávez durante el primer año de su gobierno con la promesa de atender directamente a familias pobres, mediante variados servicios: mercados populares, reparación de calles, atención médica y construcción de viviendas populares.
El 6 de junio de 1999, en el programa Aló Presidente número 2, que por aquel entonces se transmitía por Radio Nacional de Venezuela, un voluntarioso Chávez anunció la construcción de unas primeras 128 viviendas populares en el sector de San Andrés valiéndose de la fusión de instituciones del Estado, “para evitar la anarquía y la corrupción”. También, el recién estrenado presidente subrayó que para la edificación de 1.424 apartamentos en el Valle de Caracas y otros 1.800 para los Valles del Tuy, en Miranda, serían invertidos 20 mil millones de bolívares (33 millones de dólares para la época), y que para comenzar sólo el primer año, se habían aprobado 7 mil millones de bolívares (11,5 millones de dólares). “Eso forma parte del Plan Bolívar 2000 en el que yo me juego la vida”, aseguró el exmandatario, cuando la llamada V República era toda efervescencia.
En aquel programa radial de 1999, Chávez también presentó al general Víctor Antonio Cruz Weffer como el flamante jefe del Plan Bolívar 2000, quien se encargaría de manejar un presupuesto de 73.000 millones de bolívares ($120.462.046 de la época) entre 1999 y 2000 para ejecutar un proyecto que fungiría como el primer globo de ensayo de las misiones sociales del gobierno bolivariano.
Pero el oficial, que ocupaba otros tres cargos en la burocracia chavista, no asistió a la inauguración de estas obras. En diciembre de 2001 salió del gobierno por la puerta de atrás en medio de denuncias de corrupción de las cuales sería el principal protagonista.
Apenas llevaba un mes fuera del gobierno cuando Cruz Weffer comenzó a ser investigado por el Ministerio Público (MP) el 14 de enero de 2002, a partir de una denuncia del Seniat y por una serie de reportajes periodísticos publicados en varios medios nacionales que hacían referencia a irregularidades cometidas en el Proyecto Plan Bolívar 2000 y Fondur. Cinco años más tarde, el 18 de abril de 2007, el ex comandante del Ejército fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio.
El Ministerio Público fundamentó su versión con el informe final de auditoría patrimonial que presentó la Contraloría General de la República (CGR) el 31 de enero de ese año, que certificaba que el otrora jefe del Plan Bolívar 2000 y ex presidente de Fondur dispuso de 1,2 millardos de bolívares entre el primero de enero de 2000 y el 30 de junio de 2003. La Contraloría concluyó que Cruz Weffer no pudo justificar cómo el ascenso de su patrimonio a 1.071 millones de bolívares (aproximadamente un millón de dólares para la época) correspondía a sus ingresos como funcionario. El monto equivalía a 86% de los fondos públicos que administró como jefe del Plan Bolívar 2000 y presidente de Fondur.
El 7 de mayo de 2007, tres semanas después de haber sido imputado por el Ministerio Público por delitos incluidos en la Ley contra la Corrupción de Venezuela, Cruz Weffer desvió su trayectoria empresarial a otro continente, a unos 13 mil kilómetros de distancia de las viviendas populares cuyas cintas rojas no llegó a cortar. En Seychelles, un archipiélago de arenas blancas y aguas color esmeralda del Océano Indico, fue registrada a su nombre la empresa Univers Investment Ltd, con un capital de 50 mil dólares.
La inscripción de la sociedad de Cruz Weffer en este paraíso fiscal, reconocido refugio internacional del turismo de lujo y empresas de maletín para el lavado de dinero y evasión de impuestos, no sería la primera operación mercantil que efectúa en el extranjero. En 2007, la Fiscalía venezolana confirmó el rastreo de transferencias por 330 mil dólares realizadas por el oficial imputado hacia cuentas bancarias en el extranjero, según informe de Contraloría General de la República.
A primera vista, el nombre de Cruz Weffer no aparece en la ficha de registro inicial ni en el certificado de continuidad con fecha del 29 de septiembre de 2008 que emiten las autoridades de Seychelles. De hecho, la inscripción de Univers Investment en el archipiélago no la hizo directamente el militar venezolano sino Barreto & Partners Sàrl, una firma de administración de propiedades domiciliada en Suiza, que a su vez es cliente del poderoso bufete de abogados Mossack Fonseca, radicado en Panamá.
El nombre de Cruz Weffer está encubierto bajo la figura de “bearer” (portador, en inglés), una de las fórmulas de registro de empresas que ofrece el bufete panameño para garantizar un alto nivel de secretismo. En su caso, se creó una empresa offshore (que no realiza ninguna actividad económica o comercial en el país donde está registrada y además no paga impuestos) cuyo intermediario, Barreto & Patners Sàrl (cliente de M&F) actuó como representante.
La inscripción de la empresa de Cruz Weffer cumplió las formalidades exigidas por la Seychelle International Business Authority (SIBA), que notificó a la sucursal en el archipiélago de Mossack Fonseca & Company la incorporación de Univers Investment el 7 de mayo de 2007, bajo el número 036837.
Barreto & Partners Sàrl ha abierto unas 47 empresas de maletín en paraísos fiscales (6 de accionistas venezolanos en Seychelles) como intermediario de MF. Su sede, domiciliada en la Route de Lussy de St Prex, Suiza, contradice la magnitud del conjunto de compañías que representa, cuyos propietarios se encuentran alrededor del mundo.
En las bases de datos de MF está registrada la relación del nombre de Cruz Weffer y Univers Investment. Sin embargo, en el intercambio de correos que se da en 2009 entre la casa matriz y la sucursal en Seychelles, trasciende que el SIBA solicitó a MF que actualizara los nombres de los accionistas y direcciones de las sociedades registradas en el archipiélago por exigencias de la enmienda de la Ley en Seychelles. Debían ser entregados antes del 1ero de enero de 2010.
La dirección del accionista único (shareholder) de Univers Investment, tal como lo indica la ficha de registro, no se encuentra a orillas del Océano Índico sino del Mar Caribe, específicamente en Caracas, en las residencias Cascadas La Castellana, situadas en la urbanización del mismo nombre. Se trata de un exclusivo conjunto residencial que cuenta con vigilancia privada y rejas eléctricas.
La autora de esta nota contactó a Cruz Weffer en la dirección de la empresa en Caracas. Solicitaron una entrevista por escrito el 15 de marzo de 2016, así como el 25 de marzo de 2016 con un cuestionario de preguntas sobre las empresas registradas en el extranjero. Vía correo electrónico (30-03-2016), el oficial retirado negó haber registrado Univers Investment: “Revisando por Internet pude verificar que Seychelles son un grupo de Islas pertenecientes al Continente Africano, donde jamás, pero jamás he estado, por tanto mal pude registrar una Sociedad en ese lugar” (sic). También, sugirió que podía comprobarse fácilmente sus salidas y entradas al país mediante una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que “años atrás” adquirió una empresa registrada en Panamá por un monto de $50 para abrir una cuenta en un banco filial del Crediss Suiss (sic) en Ginebra, para solicitar un crédito a la financiadora italiana Credito and Svillupo con el fin de desarrollar proyectos de vivienda en Venezuela. Aclaró que tanto la empresa como la cuenta están actualmente cerradas.
Al contrario de lo que asegura Cruz Weffer, hoy en día no es necesario viajar hasta abrir una empresa en un paraíso fiscal. Pueden emitirse certificados de propiedad difíciles de rastrear conocidos como “acciones al portador” a través de firmas que actúan como intermediarios, como fue el caso de Univers Investment.
La empresa de Cruz Weffer en Seychelles sólo tuvo 4 años de duración, durante los cuales no registró mayor movimiento, según su ficha de registro mercantil. Fue cerrada el 11 de abril de 2011, año en que un tribunal absolvió el juicio por corrupción contra el ex jefe del Plan Bolívar 2000, medida que fue apelada poco después por la Fiscalía.
La cuestionada conducción de Cruz Weffer en el Plan Bolívar 2000 y Fondur se convirtió en el primer escándalo de corrupción del gobierno de Chávez no sólo por el monto público que implicó (unos 120 millones de dólares) sino por involucrar a una de las figuras más leales al presidente fallecido.
Presentado inicialmente por el propio Chávez como un “novedoso plan revolucionario”, el Plan Bolívar 2000 comenzó a ser blanco de señalamientos por irregularidades prácticamente desde su inicio. El diario El Nacional, por ejemplo, publicó que Cruz Weffer había comprado un apartamento en la exclusiva urbanización Colinas de Tamanaco por 1,8 millones de dólares. El general se limitó a decir que era objeto de una campaña de difamación, pero nunca desmintió la compra.
A dos años de su creación, Chávez le fue restando poder a su ejecutor del Plan Bolívar 2000 hasta que el 24 diciembre de 2011, desde su programa radial Aló Presidente, confirmó que la remoción de Cruz Weffer de la Comandancia del Ejército fue una “decisión de ajustar el alicate, como cualquier otra”.
Graduado dos años antes que Chávez, Cruz Weffer ocupó el puesto número 2 de su promoción 1973 en la Academia Militar. Aunque no formó parte del fundacional 4 de febrero (asonada militar que encabezó Chávez en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez), formaba parte de su círculo de confianza.
“Cruz Weffer tuvo un trato privilegiado en los primeros años del gobierno de Chávez. No a cualquiera le daban un sector económico estratégico como la construcción en Venezuela. El presidente fallecido le tenía estima, pero el oficial comenzó a cometer demasiados excesos y eso no se lo perdonó”, observa Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadado.
La analista resalta que Chávez nunca castigó a los uniformados que hubiesen incurrido en irregularidades administrativas, salvo el caso de Raúl Baduel y al militar del Central Azucarero Ezequiel Zamora (Caeez), general Delfín Gómez Parra (condenado en 2011 a 7 años y 7 meses de prisión cuando ya llevaba 5 años y dos meses preso), “Cuando Chávez se molestaba con ellos solía alejarlos, nombrarlos en embajadas. Actuaba como un pater familias en una relación potestad y dominio hacia sus subordinados”.
San Miguel no descarta una posible “guerra sucia” dentro de las fuerzas armadas que impulsó la caída en desgracia de Cruz Weffer. “No era moneda de oro para otros militares, por todo el poder que ostentaba”.
Un dato que resalta un informe sobre Venezuela de la firma estadounidense Stratford (reproducido por Veneconomía en noviembre de 2011) podría dar pistas sobre las fisuras dentro de las fuerzas armadas antes del golpe del 11 de abril de 2002. El entonces ministro de la Defensa, José Vicente Rangel y el alto mando militar emitieron un comunicado público en el que manifestaban su apoyo pleno a Chávez. El documento, que tenía la intención de contrarrestar el descontento dentro del Ejército, no fue firmado por ninguno de los principales comandantes, entre ellos Lucas Rincón y Cruz Weffer, considerados como las fichas militares más importantes de Chávez.
La creciente corrupción dentro el gobierno era una de las principales discrepancias dentro del Ejército a comienzos de la primera década del siglo. Basta con revisar las declaraciones de Cruz Weffer en el año 2000 para entender el criterio que tenía el ex general sobre el manejo de los dineros públicos. Cuando aún era titular de Fondur, manifestó estar en desacuerdo con la modalidad de licitación para escoger las empresas que ejecutarían las obras. “Las ganan 4 o 5 constructoras que son las mafias de la construcción; en cambio con la adjudicación directa le estamos dando cabida a más de 400 empresas pequeñas y medianas”, declaró a El Nacional el 8-03-2001.
Aunque Cruz Weffer procuró pasar agachado después de ser separado de los cargos, no dejó de trabajar indirectamente para el gobierno chavista. Según el registro del Seguro Social IVSS, hasta 2014 fue presidente de la empresa Grandes desarrollos integrales y organizacionales de soluciones sociales C.A (Grandiosos), una contratista del Estado cuyo objeto social es “la ejecución y realización de obras y proyectos relacionados con la construcción civil, eléctrica e industrial”. Un sector sobre el que ya tenía experiencia el general retirado.
Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la vicepresidencia de Grandiosos era ocupada por José Antonio Páez Jurado, compañero de la Academia Militar de Cruz Weffer pero de la promoción 1972 General de Brigada Pedro Briceño Méndez.
Grandiosos está desactualizada en el RNC, es decir, está inhabilitada para contratar con el Estado. Tampoco tiene sede, al menos ya no funciona en la dirección que indica el Registro, en la Torre Credicard de El Bosque. Los nuevos ocupantes de la oficina (el portal de noticias Entodonoticias.com, de abierta línea pro oficialista; una productora de televisión y una academia de modelaje) no tienen información donde ubicar a la empresa de construcción presidida por Cruz Weffer, que se mudó del lugar hace aproximadamente dos años. Los teléfonos Cantv que indica la ficha RNC no funcionan.
En los años que era investigado mas aún no imputado por corrupción, Cruz Weffer se dedicó a actividades empresariales. Aparece como director ejecutivo de la empresa Pac Rim Group, registrada en Caracas en 2005. Pese a no estar en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), esta compañía firmó el 12 de mayo del año siguiente de su creación un contrato de Alianza estratégica con la Gobernación de Carabobo, bajo la administración de Luis Felipe Acosta Carlés -general de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)- para la “construcción, equipamiento, gestión administrativa, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Bartolomé Salom de Puerto Cabello.
Según el documento, la alianza con la Gobernación de Carabobo implicaba más: el otorgamiento de la concesión de 50 años a Pac Rim Group, contados desde el 12 de mayo de 2016 hasta el 12 de mayo de 2056. En esa ocasión, la empresa estimó una inversión aproximada de 850 millones de dólares en infraestructura, equipos y adquisición de terrenos adyacentes para construir la pista del aeropuerto operativo, entre otros gastos. Actualmente, el aeropuerto de Puerto Cabello se encuentra operativo, pero no tiene vuelos comerciales. Pertenece a Bolivariana de Aeropuertos (Baer), adscrito al Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo.
Cruz Weffer también registró propiedades en Estados Unidos junto con su ex esposa, Lenis Josefina León de Cruz antes de ser imputado. Según los registros oficiales de Broward County Florida, el 25 de noviembre de 1996 fueron beneficiarios de una concesión de una propiedad en 16691 Royal Poinciana Dr, Fort Lauderdale, Florida, valorada en $287.300. Esa misma propiedad fue traspasada por la pareja a Corey Schmith el 23 de mayo de 2005.
Otra propiedad donde Cruz Weffer tiene domiciliado su nombre en EEUU es el 524 N Paxton Alexandria, Virginia 2230, donde funciona la compañía Cruz and Tran (registrada el 27 de enero 2011) que según el registro Realtor.com está valorada en $ 493.025.
Cruz Weffer admite vía email que a partir de 2003, cuando pasó oficialmente a retiro, se dedicó a trabajar independientemente. En Venezuela creó dos empresas de construcción (una activa y otra inactiva) y una tercera en el extranjero, de “capital y personal bajo”, aclara. Asimismo, es asesor de varias empresas del sector. Detalla que tiene dos cuentas personales y una jurídica a nombre de Promotora Colinas de Yara que desarrolla un conjunto residencial en Maturín, Monagas, llamado Puertas del Sur Country.
Agrega en el escrito que en el exterior tiene una cuenta personal abierta recientemente en el Banco Banistmo de Panamá, “en virtud de que estoy tratando de desarrollar un proyecto de casas de interes social en ese país”, y una cuenta jurídica a nombre de VK Land Group, administrada “unilateralmente” por su pareja, Krsmer Velásquez Fariñas.
Desde que comenzó a ser investigado por la Fiscalía en 2002, el proceso judicial contra Cruz Weffer ha estado lleno de intermitencias a lo largo de 14 años: anulaciones, recursos de amparo y apelaciones lo convierten en un caso de retardo procesal “en beneficio del imputado”, describe Juan Carlos Apitz, profesor universitario y ex magistrado del TSJ. “Los accidentes han servido para que el imputado no haya sido finalmente condenado y purgue su condena”.
La última decisión judicial que se conoce data del 16 de julio de 2013, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordena el enjuiciamiento contra Cruz Weffer, instruyendo a la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas a resolver el recurso de apelación intentado por el Ministerio Público. Pero “¿dónde está la nueva sentencia? ¿qué pasó con el expediente de la Corte de Apelaciones?”, se pregunta Apitz.
El juicio contra el ex presidente del Plan Bolívar 2000 luce “engavetado”, fórmula que permite que con el tiempo se olviden los delitos y sus respectivas penas, recuerda Apitz. Si se tiene en cuenta que la consumación de los delitos imputados a Cruz Weffer se remontan a 2002, y el artículo 108 del Código Penal indica que una acción penal prescribe a los 15 años, en 2017 podrían quedar sin efecto el proceso penal contra el primer caso de corrupción del gobierno de Chávez.
El 30 de marzo de 2016 Cruz Weffer afirmó vía correo electrónico que la misma Contraloría General de la República reconoció, mediante la derogatoria al Departamento de Estado norteamericano, la existencia de un crédito del Sun Trust Bank por 330.000 dólares, debidamente declarados y recibidos en transferencia en el Banco del Caribe, equivalentes a Bs. 480.000 cuando no existía control de cambio en el país. “Lo adquirido con ese dinero -terrenos, equipos, material para cultivos organopónicos, tractores, plantas eléctricas- se sumaron al incremento patrimonial en vez de ser restados por la más perversa y manifiesta mala intención. La Contraloría manifestó que no debían ser considerados en la declaración jurada de patrimonio por tratarse de una empresa de mi propiedad, Criadero Villa de Lobos, sin embargo sí fueron considerados como incremento patrimonial personal”, aseguró 9 años después del informe de la CGR.
También, sobre lo que califica como “supuesto delito de ocultamiento de datos”, Cruz Weffer indica que el terreno de Nueva Tucacas, estado Falcón, que ciertamente no fue declarado, tenía un valor entonces de Bs. 12.000, que la propia Contraloría describe como “tipo rancho, con calles sin aceras ni cloacas ni asfaltadas”, que además medía 240 metros cuadrados y asegura que nunca fue hasta el lugar a conocerlas, razón por la cual no la incluyó en la declaración. “¿Cuál es la mala intención de ocultar un bien con esas características?”, se pregunta el general retirado.
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