Que en Venezuela la justicia no es justa, es lo que encontró el Tribunal Supremo de Costa Rica en un fallo de marzo reciente. Trataba el caso de un venezolano que, según lo acusaban desde Caracas, fue parte de una estructura que birló casi 23 millones de dólares al estatal Fondo Chino. Huyó y lo pillaron en el país centroamericano. Pero allá repararon en que, sin indicios concluyentes de culpabilidad, extraditar al individuo equivalía a sacrificarlo ante unos poderes nada imparciales u objetivos.
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Dan Dojc nació en Croacia –extinta Yugoslavia–, creció en Venezuela y migró hacia Costa Rica, donde hoy pide refugio. Tiene 38 años, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB) –una de las casas de estudio venezolanas de mayor prestigio– y fue miembro (y tesorero) de SWYAA Venezuela, un programa de intercambio cultural para estudiantes promovido por el gobierno de Japón. Un amigo de la familia asegura que se graduó con honores, tanto de la USB como de un postgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), en Caracas. Pero sus logros académicos jamás lo llevaron a figurar tanto en los medios como en julio de 2013, cuando su nombre apareció en la lista de ciudadanos presuntamente involucrados en el desfalco del Fondo de Cooperación Chino-Venezolano por 84,9 millones de dólares.
Ocho meses antes, el 19 de diciembre de 2012, el entonces viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Interior y Justicia, el mayor general Hugo Carvajal Barrios –su nombre está registrado en la llamada Lista Clinton, en la que el Departamento del Tesoro estadounidense incluye a los presuntos líderes del narcotráfico a los que ha hecho objeto de sanciones financieras–, solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación sobre dos desembolsos irregulares de recursos provenientes del Fondo Chino-Venezolano, emitidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Uno de ellos por 22 millones de dólares a la compañía Kelora S. A. y otro por 62 millones de dólares a la empresa Bismarck Consorcio Trading Corp, ambas registradas en Suiza.
César Augusto Romero, Dubravka Dojc (su mamá), Lea Dojc (su hermana) y él fueron imputados como presuntos coautores de los delitos de estafa agravada, obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, como directivos de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin), cuya filial suiza –de igual nombre– habría recibido los fondos públicos enviados a una de esas dos empresas, señaladas como “fantasmas” por la justicia venezolana. Todos fueron detenidos en 2013 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en distintas partes del Área Metropolitana de Caracas, a excepción de Dan Dojc, quien está residenciado en Costa Rica junto a su esposa. Fue detenido en ese país el 19 de diciembre de 2014 (exactamente dos años después del inicio de las pesquisas) en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián. Pero quedó liberado tras seis meses de reclusión y debe ser indemnizado por el Estado costarricense.
El Fondo Chino-Venezolano fue creado en 2008, con un monto de 6.000 millones de dólares entre el Bandes y el Banco de Desarrollo Chino (BCD). El Ministerio de Finanzas y la presidencia del Bandes recaían entonces en Rafael Isea, exmilitar hoy señalado por presuntos casos de corrupción durante su gestión como gobernador de Aragua –estado ubicado al centro-norte del país, de relevancia económica en términos de producción agrícola y manufacturera– y solicitado por el Estado venezolano a través de la Policía Internacional (Interpol). Este fondo nació para dar prioridad a los sectores estratégicos de la economía venezolana mediante proyectos de desarrollo socio-económico.
Los 84,9 millones de dólares perdidos en 2012 estaban destinados a la compra de maquinaria agrícola para la empresa estatal CVA Pedro Camejo –de mecanización agrícola, transporte, maquinaria pesada, servicio técnico y capacitación–, en el marco del Plan Bienal de Producción de Alimentos 2011-2012. Con una meta de 2.000 tractores para ese año, esta empresa adscrita a la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) sólo ensambló 198 en 2010 y 148 en 2012, según los informes de gestión del Ministerio de Agricultura y Tierras, mientras que en 2011 no hubo reportes de tractores ensamblados.
La proveedora de los equipos agrícolas, de acuerdo con lo estipulado al comienzo de la operación, sería la empresa argentina Pauny S. A., pero, según las indagaciones, las carpetas de su contratación fueron clonadas de manera fraudulenta para favorecer a las compañías suizas, que no figuraban entre las empresas registradas para estos convenios. La entonces vicepresidenta de Finanzas del Bandes (banco que administra el Fondo Chino), María de los Ángeles González, autorizó el desembolso de los recursos. Y no sería el único trámite irregular de su parte: fue detenida el 3 de agosto de 2013 por el FBI en Miami, demandada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, Securities Exchange Commission) por recibir sobornos de corredores de bolsa estadounidenses a cambio de operaciones bursátiles –de compra y venta fraudulenta de bonos– desfavorables para el Bandes. González y tres corredores de bolsa de la firma Direct Access Partners se declararon culpables ante la justicia norteamericana.
En Venezuela, ese mismo año, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó sobre trece órdenes de aprehensión por el defalco al Fondo Chino-Venezolano, que derivaron en la detención de ocho personas: cuatro funcionarios del Bandes –el gerente ejecutivo, Pablo González Hernández, el coordinador legal, César Cortizo Ospino, el analista operacional, Javier Fernández González, y la analista en coordinación legal, María Dona García– y cuatro miembros de la compañía Cavemin –César Augusto Romero, Drubravka Dojc, Lea Dojc y Roberto Pfeffer Almeida–. La fiscal nacional 23° contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros, Marvila Araujo; la fiscal nacional 84° Penal y Aduanera, Dizlery Cordero; y el fiscal nacional 26° Contra la Corrupción, José Miguel Medina, quedaron a cargo del caso.
En menos de 30 días, los fiscales acusaron a González Hernández del presunto delito de peculado doloso propio en calidad de coautor; a los funcionarios Cortizo, Fernández González, Dona García y Ángel Daniel Dávila Briceño (ex analista de la Gerencia de Operaciones del Bandes) como presuntos coautores del delito de peculado doloso impropio; y a los miembros de Cavemin –a excepción de Romero– por presunto forjamiento y uso de documento público en grado de coautoría y cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, de acuerdo con los reportes del Ministerio Público. Sólo seis de ellos quedaron privados de libertad porque Dona García y Dubravka Dojc obtuvieron medidas cautelares, la primera porque amamantaba en ese momento y la segunda por enfermedad.
Transcurrían entonces los primeros meses de gobierno de Nicolás Maduro, quien emprendía una campaña de lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. “Aquí no hay intocables. Caiga quien caiga”, decía. Pero después el proceso se ha ralentizado.
En mayo de 2014 –nueve meses después– los fiscales ratificaron las acusaciones. En julio fue detenido Javier Elías Briceño Scott (ex gerente de operaciones del Fondo Chino-Venezolano) en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México por la Interpol y se convirtió en la novena persona acusada por el desfalco. Ese mes, la Interpol también detuvo a Hugo Rigel Hersen Marín en Madrid, España, y la fiscal Ortega Díaz afirmó entonces el cumplimento de los trámites para su extradición. Declaró que esperaba respuesta del gobierno español, pero hasta la fecha no hay anuncios sobre los avances del proceso.
Dan Dojc fue la última persona detenida por el desfalco.
La justicia venezolana vinculó al ciudadano croata-venezolano con la estafa al Fondo Chino-Venezolano a partir de entrevistas efectuadas a trabajadores del fondo y de la CVA Pedro Camejo, así como también de un reporte financiero que registra el desembolso de 22,9 millones de dólares a la empresa Kelora C. A., transferidos a una cuenta en Suiza que beneficia a la compañía Cavemin, inscrita en la ciudad de Basilea, al norte del país europeo.
Dan Dojc aparece como uno de los representantes legales de Cavemin-Suiza junto a su padre Dragan Dojc, Peter Lorant, Willy Spinnler y Werner Meier, según una parte del expediente 2014-438 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Otra parte del mismo documento, sin embargo, expone a Dragan Dojc, Dubravka Dojc y César Romero como los representantes legales de Cavemin-Suiza. Dan Dojc –cuya condición de representante legal, entonces, no queda clara en el informe judicial– es señalado en el expediente, además, como propietario de Cavemin junto a sus padres y, por ende, como receptor de los fondos pagados a Kelora C. A.
El TSJ solicitó la captura inmediata de Dan Dojc en julio de 2013, así como el bloqueo e inmovilización de sus cuentas y bienes. Pasó más de un año para encontrarlo: la Oficina Central Nacional de la Interpol en San José de Costa Rica informó en octubre de 2014 sobre el paradero de Dojc en ese país, cuando este realizaba trámites de nacionalización a partir de su matrimonio con una ciudadana costarricense. El Estado venezolano formalizó la solicitud de extradición para su detención –dado que en Costa Rica no basta una alerta roja de Interpol para efectuar la captura–, pero el sistema de justicia costarricense la rechazó este año. Aunque el 18 de marzo de 2015 la extradición fue aprobada por el Tribunal Penal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, la esposa de Dan Dojc, María Alexandra Gamboa Van Der Laat, introdujo un recurso de Habeas Corpus para detener el proceso: alegó falta de pruebas y ausencia de condiciones carcelarias mínimas en Venezuela para la garantía de los derechos fundamentales de su pareja, y el caso fue tomado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.
“La Sala Constitucional interviene sólo sobre la privación de libertad y el sustento probatorio que da a lugar a esa privación (...) Nos pareció que no había elementos de prueba directos que vincularan las imputaciones al ciudadano con los tipos delictivos que se le atribuían”, afirmó a Armando.info el magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Fernando Cruz Castro, uno de los encargados de evaluar la solicitud de extradición. El expediente 15-008391-0007-CO expone fallas de la jurisdicción ordinaria costarricense –que había aprobado inicialmente la extradición– en el proceso de verificación de pruebas, que de acuerdo a la Sala Constitucional resultan insuficientes para vincular a Dojc con los delitos relacionados al desfalco del Fondo Chino-Venezolano.
El magistrado Cruz Castro, además, incluyó en la sentencia una serie de consideraciones adicionales para sustentar la decisión, referentes a las deficiencias del sistema de justicia venezolano, como debilidades de la independencia de la judicatura a causa de designaciones y destituciones irregulares. “Jueces provisionales, fiscales provisionales, sometidos a la dirección y nombramiento de una autoridad política pueden convertirse en delegados del poder (...) En esas condiciones, el proceso de extradición posee vicios esenciales de orden jurídico político”, expone la nota de Cruz Castro. Los otros magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado, también redactaron una nota crítica al juzgado venezolano respecto a fallas en la protección de la libertad personal, e hicieron alusión a los casos de la jueza María Lourdes Afiuni –detenida y sometida a un proceso penal irregular bajo órdenes del presidente Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión– y del ex magistrado, Eladio Aponte Aponte –que hizo declaraciones polémicas sobre los vicios y arbitrariedades de la justicia venezolana–.
“En el proceso de extradición no se aportó prueba ni indicio comprobado de que la persona requerida ha cometido delito en el país requerido. La omisión en sí misma es grave y suficiente para rechazar el pedido de extradición, pero lo es aún más cuando el país requirente ha sido cuestionado reiteradamente por carecer de las garantías mínimas de un sistema de justicia objetivo e imparcial”, reza la sentencia, según la cual el Estado venezolano no aportó copia de alguna prueba sobre el cargo de Dojc en Cavemin para el momento de los hechos delictivos, como tampoco sobre su participación en los mismos. “No es común [negar una extradición], puede ocurrir, pero no es común”, dice el magistrado Cruz Castro.
El magistrado Cruz Castro, además, incluyó en la sentencia una serie de consideraciones adicionales para sustentar la decisión, referentes a las deficiencias del sistema de justicia venezolano, como debilidades de la independencia de la judicatura a causa de designaciones y destituciones irregulares. “Jueces provisionales, fiscales provisionales, sometidos a la dirección y nombramiento de una autoridad política pueden convertirse en delegados del poder (...) En esas condiciones, el proceso de extradición posee vicios esenciales de orden jurídico político”, expone la nota de Cruz Castro. Los otros magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado, también redactaron una nota crítica al juzgado venezolano respecto a fallas en la protección de la libertad personal, e hicieron alusión a los casos de la jueza María Lourdes Afiuni –detenida y sometida a un proceso penal irregular bajo órdenes del presidente Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión– y del ex magistrado, Eladio Aponte Aponte –que hizo declaraciones polémicas sobre los vicios y arbitrariedades de la justicia venezolana–.
“En el proceso de extradición no se aportó prueba ni indicio comprobado de que la persona requerida ha cometido delito en el país requerido. La omisión en sí misma es grave y suficiente para rechazar el pedido de extradición, pero lo es aún más cuando el país requirente ha sido cuestionado reiteradamente por carecer de las garantías mínimas de un sistema de justicia objetivo e imparcial”, reza la sentencia, según la cual el Estado venezolano no aportó copia de alguna prueba sobre el cargo de Dojc en Cavemin para el momento de los hechos delictivos, como tampoco sobre su participación en los mismos. “No es común [negar una extradición], puede ocurrir, pero no es común”, dice el magistrado Cruz Castro.
La familia Dojc figura en eventos de asociaciones religiosas, reseñados en antiguas revistas de la comunidad judía en Venezuela –a la que pertenece–, así como también en sociedades empresariales, con al menos seis compañías inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) del Estado venezolano: MakDojc Arquitectos (2010), Cavemin (1983), Industrias Korzel-Inkorzelca (1998), Inversiones Dobeva (2001), Grupo de Ingeniería ICC (2008) e Incime Ingenieros Civiles y Mecánicos (1998). Las dos últimas están inactivas desde más de cinco años, según Raúl Gouveia, representante y accionista de 50% de las acciones de Incime Ingenieros Civiles y Mecánicos, junto con Druvbaska Dojc, propietaria del 50% restante.
Aunque no tiene acciones ni cargos directivos en Grupo de Ingeniería ICC, Gouviea fue quien atendió al número de contacto de esta compañía. “En su momento estas empresas trabajaron, pero las sociedades se dispersaron. Yo perdí el contacto con esa gente [la familia Dojc] desde 2008 (...) Nos separamos por diferencias sobre cómo manejar las empresas”, explica. Ambas compañías son las únicas de este grupo en las que figura Dan Dojc: en una como director y accionista, y en la otra sólo como director suplente de su madre. También aparece en bases de datos empresariales como presidente de Cavemin de Costa Rica –compañía que inscribió en 2009 con Ana Cristina Van Der Laat Ulloa– y como socio de la empresa suiza Tarago Trading, junto al croata Willy Spinnler y el venezolano Roberto Pfeffer Almeida, uno de los detenidos en 2013.
Miguel Ángel del Valle Seijas, representante y accionista de Industrias Korzel y de Inversiones Dobeva afirma que estas compañías tampoco están en funcionamiento. “Quebraron hace más de diez años”, afirma. Es amigo de la familia y cuenta que Dragan Dojc, el papá de Dan Dojc y Lea Dojc, era quien administraba los negocios de la familia: figura como director de Inversiones Dobeva y de Industrias Korzel, y como presidente de Cavemin. “Yo sé bien la historia. Ellos se quedaron con Cavemin, el señor y la señora, y el que se encargaba de manejar los negocios era Dragan. Él murió de cáncer unos meses antes de la denuncia, ese mismo año”, explica. Los expedientes judiciales no precisan la fecha de defunción de Dragan Dojc, pero sí lo identifican como fallecido.
Lea Dojc obtuvo una medida cautelar con régimen de presentación y prohibición de salida del país en noviembre de 2014, de acuerdo con la causa N° 3647-14 de la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. “Tendría que consultarlo... No, no. Lamentablemente no tengo información”, dijo vía telefónica y colgó. Seijas dice que fue exonerada de todos los cargos y cree que la madre cumple casa por cárcel. “Yo sí puedo decirte que Dan Dojc es un muchacho sano, estudioso, no tiene nada que ver con las cosas que hizo el padre”, afirma. Ni Dojc, ni su esposa contestaron a las solicitudes de entrevista enviadas por correo electrónico. Mientras esperan el pago del Estado costarricense por daños y perjuicios –ordenado en la sentencia-, se desconoce alguna respuesta oficial o nuevo intento de parte del Estado venezolano ante la frustrada extradición.
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
Mundo Digital USA, una empresa creada en Florida, y relacionada con otra compañía asentada en Madrid, está usufructuando casi todo el acervo musical de Venezuela luego de una sospechosa y poco clara operación. Se trata de una situación derivada del cambio de paradigma de consumo de las canciones y de cierta displicencia de las principales casas disqueras y los encargados de sus sellos, quienes no supieron advertir a tiempo los cambios legados por la tecnología. Los afectados -cantantes, compositores- siguen siendo los damnificados de siempre. El dinero que deberían devengar por sus creaciones llega incompleto y, a veces, nunca llega.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
De ser reconocido en la isla de Margarita como heredero de los pintorescos Ranchos de Chana, ha pasado a cultivar otra fama fuera de Venezuela. En Miami, Florida, terruño del exilio cubano y más recientemente del venezolano, Pedro José Castillo Uzcátegui se presenta como un visionario hombre de negocios, pero en la práctica ha consolidado una serie de fraudes que lo han circunscrito a la lista de los buscados por Interpol.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
