Mientras el estado Zulia sufre cortes de luz de hasta 12 horas cada día, el ministerio de Energía Eléctrica planea resucitar una vieja turbina que falló en la unidad 1 de Termozulia 1 luego de solo tres meses de operaciones y cuya instalación costó más millones de lo que dice la norma. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro pagará 55 millones de dólares a la empresa Turbopre Services para reactivar siete turbinas en el principal complejo termoeléctrico de Zulia, pero el proyecto ignora la información vital del fabricante e involucra el ensamblaje de una rareza ingenieril en la TZ01, que incluye la mezcolanza de tres máquinas con seriados distintos en una sola.
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Se le vio sonriente, a punto de la euforia. Luis Alfredo Motta Domínguez, militar de profesión, entonces ministro de Energía Eléctrica, grabó el 23 de septiembre de 2018 un mensaje optimista en el complejo Termozulia, corazón de la generación eléctrica del estado de Zulia, en el noroccidente de Venezuela, fronterizo con Colombia. Era un “día de júbilo, de buenas noticias”, proclamó el comisionado del gobierno de Nicolás Maduro, hoy destituido de su cargo, en un contexto regional colmado de cortes y fallas energéticas frecuentes.
Una arquitectura industrial imponente se erigía a sus espaldas. El ruido ensordecedor de la maquinaria evidenció que operaba de nuevo con vigor. Vistiendo gorra y camiseta azules, ambas grabadas con el logo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Motta Domínguez alzó la voz para anunciar la reactivación del turbogenerador principal de Termozulia 1 (TZ01), hasta entonces fuera de servicio por avería.
“Esto es un logro venezolano, de ingeniería venezolana”, se jactó el ministro, exultante.
La puesta en marcha de la turbina TZ01 significó la generación de 150 megavatios en el complejo eléctrico ubicado en el municipio La Cañada de Urdaneta, a 20 kilómetros al sur de Maracaibo, donde solo se generan 45 de 1.300 megavatios de capacidad instalada, de acuerdo con los cálculos realizados en abril de 2019 por el experto consultor en proyectos energéticos José Aguilar.
Esa cuota, junto a otros cinco megaproyectos en el sector energético zuliano, permitió suspender el racionamiento del servicio aplicado desde el 23 de diciembre de 2017 en los 21 municipios de la entidad occidental. La máquina, sin embargo, estuvo operativa solo tres meses y cuatro días. Se detuvo entrada la cuarta semana de diciembre de 2018. No ha vuelto a arrancar desde entonces.
El turbogenerador instalado en Termozulia 1 en septiembre de 2018 no solo falló porque el aparato era de segunda mano o porque este había estado abandonado durante ocho años en el otro extremo de Venezuela, el suroriental, en los patios de la planta B del Complejo Termoeléctrico Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, conocido como Sidor, en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Ese proyecto nunca fue culminado por el gobierno venezolano.
Tras indagaciones hechas por Armando.info que incluyeron entrevistas con ejecutivos y empleados del sector eléctrico vinculados a las acometidas realizadas en la TZ01, se puede concluir que Corpoelec y la empresa privada contratada para el proyecto instalaron la turbina sin solicitar ni tomar en cuenta la información técnica y confidencial provista por la empresa estadounidense General Electric, fabricante tanto del turbogenerador como de la unidad donde está asentado en el complejo Termozulia.
Sin esa data, exclusiva y determinante para el correcto funcionamiento de un equipo tan sofisticado, la turbina que rugía en septiembre a las espaldas del ministro operó en modo de desgaste, en permanente falla, desde su hora cero.
El colapso de la TZ01 regresó de golpe al Zulia a su dieta eléctrica habitual desde enero de este año, hundiendo sus niveles de generación energética local hasta cifras registradas en 1969, según advierte el Aguilar.
El síncope del Sistema Eléctrico Nacional venezolano ocurrido entre marzo y abril pasados -dos apagones nacionales que duraron al menos cinco días- agravó los cortes del servicio en ciudades zulianas como Maracaibo, La Cañada, San Francisco y Machiques de Perijá, donde se experimentan interrupciones de hasta doce horas diarias o más.
Por eso el Estado venezolano recién emprende otro proyecto milmillonario para intentar reactivar el equipo antiguo que instaló en Termozulia, proclamándolo como nuevo. El plan involucra el reemplazo de múltiples piezas con repuestos de modelos y años de fabricación diferentes a los de la turbina de Termozulia 1, que no se adaptan a sus particularidades técnicas. De nuevo sin la información confidencial del fabricante, gesta una rareza industrial en la TZ01 que también está condenada a fallar.
Corpoelec y la gobernación de Zulia, encabezada por el dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Omar Prieto, decidieron en el primer trimestre de 2018 encarar la crisis eléctrica en el estado occidental con un plan que abarcó al menos seis frentes.
Los objetivos eran reparar la línea sublacustre de 230 kilovatios del Puente Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo; recuperar la generación en la planta Ramón Laguna, que era de cero megavatios; instalar los autotransformadores en la subestación Cuatricentenario; acondicionar las subestaciones Punta Iguana y Las Peonías y reemplazar el turbogenerador en Termozulia 1 para lograr un ciclo combinado que disparara la generación eléctrica en la región.
El 29 de abril de 2018, el gobernador Prieto reportó los primeros avances sobre el proyecto de sustitución de la turbina de Termozulia 1. Ese domingo, llegaron a la ciudad los primeros componentes tras cuatro días de traslado desde Bolívar hasta La Cañada. Se trataba de los cuartos de distribución para activar el ciclo combinado de las tres primeras unidades de Termozulia, cuyo correcto funcionamiento permitiría generar 450 megavatios.
El
traslado del turbogenerador desde los patios de Sidor B hasta el Puerto Palúa,
el único certificado para cargas especiales sobre el río Orinoco, y
desde allí hasta Termozulia, se inició el lunes 14 de mayo del año pasado. La
travesía náutica hasta el occidente del país se realizó en un buque
multipropósito de la Armada, según precisó un comunicado divulgado por
Corpoelec.
El equipo arribó al puerto de Maracaibo la madrugada del viernes 18 de mayo. Las especificaciones técnicas del aparato trasladado en mayo y puesto en marcha en septiembre precisan que se trata de un turbogenerador modelo 7FA, fabricado en el año 2009 por General Electric, número de serie 298959, con un peso de 170 toneladas y capaz de generar 150 megavatios.
Sus carcasas metálicas estaban enrojecidas, lo que evidenciaba que estuvo expuesta a un ambiente corrosivo durante los ocho años que estuvo en Sidor B. El equipo estaba, además, teñido de probable corrupción. La transportada a Zulia fue una de las cinco turbinas que adquirió de segunda mano el consorcio energético Derwick, hoy con investigaciones federales abiertas por blanqueo de capitales en países de Norteamérica y Europa a través de una contratista llamada ProEnergy.
La
compra tuvo sobreprecio. Facturas de las transacciones entre Derwick y Energy
Parts Solutions, una división de ProEnergy, evidencian que el costo de la
turbina que reposó en Sidor B antes de llegar a Termozulia 1 se infló desde los
38,5 millones de dólares –a pesar de que su costo aproximado es de
aproximadamente 33 millones- hasta los 50 millones de dólares.
Las facturas de Derwick y EnergyParts fueron emitidas el mismo día (29 de diciembre de 2009), con el mismo número (2050), aunque con los membretes de cada empresa y reflejando el diferencial de los precios en tres de las cinco turbinas, entre ellas la que fue inicialmente a Sidor B y luego a Termozulia 1. La factura de Derwick iba dirigida a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Los estándares internacionales establecen lucros de entre 1,5 y cinco por ciento adicionales al precio tasado de equipos de esa categoría. El Estado venezolano terminó pagando por ella 60 millones de dólares, es decir, una ganancia de 55 por ciento para los vendedores.
El Estado venezolano terminó comprando el lote de los cinco turbogeneradores por 193 millones de dólares, es decir, 91,5 millones de dólares más de lo que costó al comprador inicial, también bajo la lupa de las autoridades en Estados Unidos, según denuncia del experto José Aguilar.
Organizaciones como Human Rights Foundation advirtieron en 2016 que Derwick y ProEnergy compraban equipos eléctricos de segunda y tercera mano en Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Tanzania para revenderlos con sobreprecio de entre 100 y 200 por ciento al Estado venezolano. Esos contratos, de acuerdo con la ONG, rozaron los dos mil millones de dólares estadounidenses.
La filtración de 14.000 documentos de compras entre ProEnergy y Derwick de parte de Daniel Rosenau, un estadounidense quien trabajó como ejecutivo de ventas de la primera compañía, evidenció múltiples casos de irregularidades administrativas a la prensa extranjera en junio de 2015.
El Estado venezolano pagó por ella 60 millones de dólares, sin precisar ante la opinión pública si se trataba de un pago reciente
Voceros oficiales en Zulia, como el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, y Juan Carlos Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos, insistieron a mediados del año pasado en calificar como "nueva" la turbina comprada a Derwick ocho años atrás, al anunciar su llegada al puerto de Maracaibo.
Ambos funcionarios remarcaron que el Estado venezolano pagó por ella 60 millones de dólares, sin precisar ante la opinión pública si se trataba de un pago reciente –lo que sería irregular, pues el equipo ya pertenecía al gobierno- o uno correspondiente al momento de su adquisición a Derwick para la planta Sidor B, años atrás.
Armando.Info corroboró que la sustitución del turbogenerador averiado y la instalación del “tabaco” en Termozulia 1 –como se conoce coloquialmente a ese tipo de máquinas- estuvieron a cargo de la empresa privada venezolana Instalaciones y Servicios de Venezuela, Inserven C.A.
La compañía número de Registro Único de Información Fiscal J-00105511-8, fue fundada en 1975. Se identifica en su página web como una compañía “especializada en el área de generación eléctrica”, con “una amplia trayectoria en instalaciones, mantenimientos, operación y suministro de repuestos a plantas de generación de electricidad”.
Destacan en su catálogo mantenimientos mayores a 80 unidades turbogeneradoras desde 20 megavatios a unidades de diferentes modelos y fabricantes, entre los que mencionan a General Electric y a Siemens. Entre su experiencia en instalación de turbinas de alta generación, resaltan las de 90 turbogeneradores nuevos.
Inserven C.A. está descrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como una empresa habilitada para brindar servicios al Estado venezolano. Su actividad principal se circunscribe al sector de la construcción y mantenimiento desde hace 42 años y sus labores conexas están vinculadas a la producción y fabricación industrial y la perforación de minería, petróleo y gas.
Representantes de Inserven remarcaron a Armando.Info que su responsabilidad en el proyecto de Termozulia 1 en 2018 fue puntual: desacoplar el “tabaco” del año 2001 para instalar el equipo traído desde Sidor B.
Su contratación fue exclusiva para esa labor, subrayan los delegados de la empresa, quienes recalcan que nunca fue responsabilidad de Inserven ni estuvo a su alcance extraer carcasas y verificar la condición interna de la unidad.
La empresa privada defiende el éxito de la parte del proyecto que acometió en Termozulia. Aclara que no fue contratada por el Estado venezolano, sino por una empresa zuliana que tenía el mando del proyecto por encargo de Corpoelec y cuyo nombre los representantes de Inserven prefirieron reservarse.
“La porción del trabajo para la cual fuimos contratados se realizó satisfactoriamente dentro de los tiempos contractuales y cumpliendo las especificaciones del fabricante. Tenemos más de siete años que no contratamos en moneda extranjera con Corpoelec”, remarcan sus representantes.
Advierten que su personal cuenta con la experiencia, la capacidad técnica e información suficiente para ejecutar los trabajos en Termozulia para los cuales fueron contratados el año pasado, es decir, para sustituir la máquina averiada por su reemplazo traído de Sidor B.
El personal de Inserven tampoco participó en la decisión de cuál sería el turbogenerador que se instalaría en la TZ01, insisten sus voceros.
La turbina de Sidor B estuvo al menos un mes depositada en el puerto de Maracaibo, a la espera de que Corpoelec y la gobernación del Zulia diligenciaran una grúa para trasladarla hasta Termozulia. El 26 de junio de 2018 llegó a la ciudad un equipo mecánico capaz de levantar artefactos de entre 600 y 800 toneladas. También se dispuso de otro de menor envergadura para respaldar los traslados y la colocación del turbogenerador.
El ministerio de Energía Eléctrica y la gobernación de Zulia pagaron al menos 700.000 millones de bolívares en el proyecto -6,1 millones de dólares estadounidenses al cambio oficial de entonces-, según detalló a la prensa el secretario de gobierno y mano derecha de Omar Prieto, Lisandro Cabello.
Solo la contratación de las grúas para movilizar el turbogenerador significó, siempre según Cabello, el pago de 97.000 millones de bolívares, es decir, algo menos de 850.000 dólares.
La cifra es superior a los promedios internacionales para traslados e instalaciones de turbinas de generación eléctrica o equipos de tamaño y peso similares. El envío de un rotor de 45 toneladas desde Inglaterra a Chile en un avión tipo Antonov, mediante empresas privadas, ronda los dos millones de dólares, por ejemplo.
Expertos consultados recelan del precio que pagó el Estado por el traslado de la turbina para TZ01, cuando se hizo por vía marítima –es más económico que la aérea- y, además, con el apoyo de instituciones del Estado venezolano, como la Fuerza Armada Bolivariana y organismos policiales.
Armando.Info logró conocer que la empresa responsable del proyecto de reactivación de Termozulia 1 en 2018 fue Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur C.A., número de Registro Único de Identificación Fiscal J-4007008-7. La gobernación del Zulia acordó su contratación.
Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur solo tiene cuatro años de experiencia brindando servicios de construcción y mantenimiento como actividad principal, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas. También ha participado en proyectos de minería, petróleo, gas, producción y fabricación industrial, transporte y almacenaje.
Pero su experiencia en bienes de diversos rubros, entre los que destaca maquinaria de fabricación y trasformación industrial o minería y perforación de pozos, es de tan solo un año.
El Estado venezolano canceló el 23 de mayo de 2019, poco menos de un año luego de sus trabajos en Termozulia 1, su habilitación para contratar con él.
El Registro Nacional de Contratistas refleja que la actualización de su información fiscal fue anulada, luego que no respondiera a la convocatoria el 22 de febrero pasado de acudir en un lapso no mayor a 30 días continuos “a fin de tratar asunto que le concierne. De lo contrario le será anulada la inscripción y habilitación”.
Su registro refleja, entonces, un “proceso de actualización no validado”, detallando que “el sistema (del Registro Nacional de Contratistas) detectó inconsistencias con la información”.
Los involucrados en el proyecto, con Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur a la cabeza, tardaron cinco meses en instalar y arrancar la turbina.
La máquina reemplazada, también del modelo 7FA, aunque fabricada en el año 2001 por General Electric, poseía el serial 298217. Se había dañado por falta de mantenimiento años atrás.
Era similar a la que la sustituyó, pero jamás se compararían del todo: el turbogenerador de Sidor B era ocho años más nuevo que el original de TZ01; la unidad donde se acopló la “importada” desde Ciudad Guayana era ocho años más antigua; y ambos equipos poseen especificaciones técnicas que, por muy mínimas, les diferencian.
Intercambiar las turbinas no era una tarea similar a instalar una batería en un vehículo solo porque son del mismo modelo y año –que tampoco lo eran, insisten las fuentes consultadas-.
El primer error ocurrió durante la instalación. Los trabajadores de campo en la TZ01 no tomaron en cuenta los sistemas auxiliares de las máquinas, el generador ni los anclajes estructurales. Nunca realizaron una tabla comparativa entre ambas turbinas que incluyera la data de los manuales de su fabricante.
La operación consistió meramente en desacoplar ambos extremos de la turbina a sustituir, la de 2001, para colocar en su lugar la máquina de Sidor B, de 2009. “Ellos nunca la miraron. Simplemente, destaparon dos carcasas antes de acoplarla”, contó uno de los técnicos entendidos del proyecto, bajo condición de anonimato por temor a represalias de parte del gobierno venezolano.
Los delegados de Inserven insisten en que nunca tuvieron obligación contractual de hacerlo. Sus contratantes no se lo exigieron.
“No era parte de nuestro alcance la inspección de la condición interna de la turbina. Tampoco era parte de nuestras actividades contractuales la verificación de holguras ni la verificación del estado de los componentes internos”, señalaron los voceros de la empresa privada.
La falla radicó entonces –y aún persiste- en los sistemas auxiliares. Se teme, además, que haya problemas de desalineación de las carcasas por su mal almacenamiento durante ocho años.
Se teme, además, que haya problemas de desalineación de las carcasas por su mal almacenamiento durante ocho años.
En equipos termodinámicos, como turbinas y compresores, existe una mínima holgura entre las partes fijas y las móviles, explican las fuentes. Ese espacio es de apenas entre 50 y 100 milésimas de pulgadas, que varía de acuerdo con la etapa en la que se encuentra la turbina o compresor.
El más mínimo error de cálculo en máquinas turbogeneradoras, como la acoplada en la TZ01, puede culminar en catástrofe para el equipo al hacer girar un rotor de 45 toneladas a 3.600 revoluciones por minuto (rpm), expuesto a temperaturas que rondan los 1.700 grados farenheit, equivalentes a 926 grados centígrados.
No debe existir nunca en una turbina roce entre sus partes móviles y fijas. En el caso de la TZ01, la masa de 45 toneladas que giró a altas velocidades impactó a un elemento que estaba fijo, es decir, en velocidad cero. Eso provocó un desbalance y un daño en la máquina. Se manifestó entonces un roce de la rototurbina del compresor de un solo eje con los elementos fijos del equipo, que lo fue desgastando.
Poner en funcionamiento una máquina de ese calibre sin saber si se encuentra dentro de las especificaciones técnicas de su fabricante es un absurdo y una irracionalidad en la ingeniería universal, aunque común en los proyectos que encaminaron el ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec y sus contratistas en Termozulia 1 tanto en 2018 como en 2019.
El roce y el posterior desgaste del rotor fue solo la consecuencia. La causa yace en los sistemas auxiliares y estructurales de la máquina, de lo cual no se percataron el ministro, la Corporación Eléctrica Nacional ni la empresa Ideas Proyectos y Soluciones del Sur y sus subcontratistas –que alegan que nunca se lo solicitaron en sus acuerdos-.
La anomalía se acentuó cuando las máquinas cesaban de operar por las fallas frecuentes en el Sistema Eléctrico Nacional, donde la mayoría de las termoeléctricas están interconectadas. Las fluctuaciones en el voltaje del sistema impactaban en Termozulia a falta de protecciones adecuadas.
El ministerio de Energía Eléctrica también presionó para que los trabajos se hicieran lo más expeditos posible. La interrogante sobre cuándo podría encenderse la máquina era constante.
La máquina giró en septiembre, pero el roce entre las partes móviles y fijas de la TZ01 se manifestó a los días y fue empeorando hasta su parada. Era tan notorio que podía escucharse fácilmente. Los técnicos que trabajaban en la TZ01 se percataron de la falla, pero no sabían el porqué.
Una fuente implicada en el proyecto admitió, bajo condición de anonimato, que se sospechaba una eventual falla interna de un equipo almacenado durante tantos años, pero que nunca se chequeó de manera interna.
“La máquina se logró poner de manera satisfactoria en servicio y se puso en servicio por tres meses. Arrancó y operó, aunque tenía problemas internos. No se sabía el estado interno de la unidad”, refirió.
Armando.Info conoció que representantes de Corpoelec y General Electric sostuvieron una reunión para debatir sobre el proyecto en 2016, dos años antes de la sustitución de la turbina de la unidad TZ01 por parte de Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur y sus contratistas. Neuro Leal, gerente regional de Generación Occidental de la corporación estatal, conversó en y construcción tonces con ejecutivos de la empresa estadounidense sobre la posibilidad de que trasladaran la turbina hasta Termozulia.
El encuentro culminó sin convenios luego que los delegados de la multinacional recordaran al vocero del Estado venezolano que no existían acuerdos abiertos ni garantías entre ambos sobre ese turbogenerador en particular, por lo que toda asesoría u operación futuras generarían un costo.
General Electric no tenía la obligación comercial de compartir la información confidencial sobre el equipo, debido a que nunca estuvo involucrado en la compra del mismo de parte del Estado, adquirido a Derwick Associates años atrás.
Se ventilaron advertencias técnicas sobre lo que significaría instalar un equipo con esas características –más nuevo, pero de segunda mano, expuesto a corrosión durante ocho años- en una unidad más antigua. El enviado de Corpoelec replicó a los voceros de General Electric que no le enseñarían cómo instalar una turbina. La reunión culminó con Leal garantizando que él haría arrancar y operar esa turbina.
Aquella fue la última vez que General Electric tuvo conocimiento de las intenciones del Estado con el turbogenerador. El ministro Luis Motta Domínguez implantó la práctica de romper vínculos con todos los fabricantes extranjeros desde su asunción al despacho de Energía Eléctrica, justo en 2015.
Ciro Portillo, exvicepresidente de Enelvén –la corporación eléctrica zuliana, antes de su disolución para dar paso a Corpoelec-, reafirmó que General Electric no participó en la sustitución de la turbina en Termozulia entre mayo y septiembre del año pasado.
“Omar Prieto creó una secretaría de Asuntos Eléctricos en 2017, que no tiene un nivel adecuado de conocimientos para administrar problemas tan graves. Trajeron la turbina, le dieron el contrato a una contratista local, pero no llamaron a General Electric”, precisó el ingeniero zuliano, en el exilio desde 2018 tras amenazas de detención de parte del gobernador por presuntamente causar “conmoción” en la colectividad con sus análisis de la crisis eléctrica en Venezuela.
Esa asesoría de paradas de plantas o turbinas se conoce en el mercado energético internacional como T.A. o Technical Advisor (asesor técnico, en español), que es la empresa, generalmente la fabricante, que aprueba el protocolo y el mantenimiento de equipos, unidades y plantas. En el caso de la sustitución de la TZ01, el gobierno venezolano desestimó el T.A.
Hoy el Estado venezolano insiste en su apuesta de resucitar la turbina averiada en TZ01, apremiado por la ínfima generación energética en el estado Zulia y las fallas frecuentes en la interconexión del estado con el Sistema Eléctrico Nacional, así como por el agobio ciudadano ante los racionamientos.
La intención del ministerio de Energía Eléctrica es sustituir el rotor averiado a finales del año pasado en la TZ01 con un repuesto similar traído desde el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, ubicado en la población de Tacoa, en el estado costero de Vargas, cercano a la capital venezolana.
La pieza fija, fabricada por General Electric, fue vendida entre 2013 y 2015 al Estado venezolano como repuesto de las dos turbinas instaladas en la planta de Tacoa. Se encontraba depositada desde entonces en los almacenes de la termoeléctrica del centro del país y el Estado, con el uso de esta pieza, busca ahorrarse su precio.
Los trabajos de sustitución del rotor están a cargo de la empresa privada Turbopre Services, C.A., una compañía con sede en Maracaibo, que asegura contar con 43 años de experiencia en servicios de mantenimiento a equipos de transformación de energía, tales como turbinas.
El Registro Nacional de Contratistas refleja que está habilitada para contrataciones con el Estado venezolano. Su actividad comercial principal es la producción y la fabricación industrial.
Turbopreca posee amplia experiencia en unidades de la serie 5.000, máquinas más pequeñas que la acoplada en Termozulia –serie 7.000- y que apenas generan 20 megavatios.
El gobierno venezolano adjudicó a Turbopre Services el contrato para la puesta en marcha de siete turbinas dentro del complejo termoeléctrico Termozulia, entre las que se encuentra la máquina de TZ01. El acuerdo asciende a 55 millones de dólares.
La totalidad de las acciones de la compañía pertenece al consorcio venezolano Indigo Services International C.A. (51 por ciento) y a Indigo Services International Corporation (49 por ciento), que se especializa en el diseño y desarrollo de grandes obras de ingeniería, procura y construcción en los sectores de energía, petróleo y gas, renovables y construcción civil. Ha ejecutado proyectos en Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Curazao.
Turbopreca, con una nómina promedio anual de 110 empleados, tiene un amplio historial de servicios prestados entre enero de 2011 y octubre de 2018 a Petróleos de Venezuela, Pdvsa Petróleo, Pdvsa Complejo de Refinación de Paraguaná, Pdvsa Gas, Petrosucre y Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
Según su ficha en el RNC, ha culminado prácticamente la totalidad de las obras que le fueron encomendadas, a excepción de tres proyectos entre 2016 y 2017 en la planta Resor del estado Monagas y la Refinería Cardón, si bien estos superaron 90 por ciento de avance. Su última obra fue el rebabitado de cojinetes de bombas y motores eléctricos del Centro de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón, en octubre de 2018.
Turborpreca inició en mayo, junto a cuadrillas de empleados de Corpoelec, la sustitución del rotor, también sin tener a mano la información técnica que solo puede aportar el fabricante, General Electric. Ya han destapado las carcasas de la turbina de la TZ01, otra vez.
El margen de error es mayor que en 2018, aunque parezca un trabajo más sencillo: las cuadrillas de Corpoelec y Turbopreca incorporarán un rotor que no pertenece a una turbina del año 2009 en un sistema que data de hace 18 años. Son equipos con tres números de serie diferentes.
“Van a cambiar todas las tolerancias internas de la máquina. Eso amerita un estudio más profundo”, advierten las fuentes sobre los trabajos recientes en la turbina paralizada.
“Va a pasar lo mismo. Están arreglando la consecuencia, no la causa de la falla”
La perspectiva de la reparación empeora aún más. Santiago Arrieta, jefe de Corpoelec en Zulia, confirmó públicamente en mayo que, para restituir la TZ01, se están utilizando piezas sustraídas a las turbinas de la planta de generación termoeléctrica Bachaquero, en el municipio zuliano Valmore Rodríguez, en la que el gobierno venezolano invirtió al menos 1.500 millones de dólares, pero que nunca operó.
Expertos familiarizados con el nuevo proyecto en Termozulia 1 calcularon que son altas las probabilidades de que el turbogenerador arranque, aunque dudan de que su operación perdure. Los errores cometidos por Corpoelec juegan en contra.
Las fuentes insisten en que se trata de máquinas fabricadas con estándares de calidad, precisión y perfección, ante lo cual cualquier error humano evidenciaría la carencia de conocimientos ingenieriles de los empleados del gobierno y de su contratista. Ello resultaría en una calamidad similar a la de diciembre de 2018: roce entre partes fijas y móviles, desgaste progresivo de la máquina y, finalmente, su parada.
“Va a pasar lo mismo. Están arreglando la consecuencia, no la causa de la falla”, apuntaron.
El viejo turbogenerador de Termozulia 1 será al final del millonario proyecto -exitoso o no en su arranque y mantenimiento- un nuevo Frankestein de la ingeniería eléctrica de Venezuela.
Desde el primer apagón nacional de este año la zona de Machiques del Perijá se ha convertido en un agujero negro. Tras los seis primeros días sin luz siguió una alumbrada pasajera que coronó con otros quince días de oscurana y a los que hoy sigue un racionamiento irregular e insuficiente. En un recorrido por la zona, Armando.info retrata como la gente languidece entre la mengua en sus negocios, la espera interminable por combustible y una precaria alimentación en la que la carne se daña tan rápido como la leche, de la que se dejan de producir hasta 100.000 litros diarios por falta de electricidad.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Una mole de concreto, solitaria y apenas protegida de la inundación por bombas de achique, yace en las aguas del bajo río Caroní. Es lo que hay de la proyectada central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, al sur de Venezuela, después de pagar 10.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado y en parte con fondos de organismos multilaterales, a varios contratistas, entre ellos la controvertida constructora brasileña. De esa cantidad, al menos 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo (80-20, lo llamaron) que una auditoría interna detectó, y que se usó para financiar comisiones a la gerencia del proyecto.
Un doble prodigio ocurre en el estado del norte costero venezolano, cuenca petrolera por tradición: el desabastecimiento aprieta poco, por un lado, y por el otro, el Gobernador chavista Arias Cárdenas trabaja de la mano con los contrabandistas, a quienes el cierre de la frontera con Colombia, hace un año, pretendía castigar. Acompañamos a la caravana de vehículos de carga que ahora, con escolta militar y gracias al pragmatismo de la administración local, lleva provisiones desde Paraguachón, en La Guajira, a Maracaibo.
Fue en el Zulia donde el gobierno venezolano estrenó el sistema biométrico de regulación de compra de alimentos. Se trataba entonces de una opción voluntaria, pero el experimento ha mostrado una suerte de evolución de la libreta de racionamiento. Hoy está prácticamente en todos los mercados, se pide la huella dactilar para comprar hasta un chocolate y se ejerce a discreción de una cadena de cajeros, comerciantes y funcionarios.
En la sierra de Perijá cunde una leyenda que achaca su tala a una empresa trasnacional. Un periodista recorrió la ruta del ocumo y tras un periplo por el occidente venezolano, encontró que, a contracorriente de las denuncias oficiales, el producto de la discordia se sirve en los mercados del gobierno bolivariano.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
