LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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En una reunión con un congresista estadounidense, el presidente venezolano confesó que fue un error involucrarse en las liberaciones de los secuestrados por la guerrilla. Así se lo reconoció al presidente Álvaro Uribe.
En uno de los momentos más críticos de la relación con Estados Unidos, el presidente Hugo Chávez recibió en marzo de 2009 en el palacio de Miraflores al congresista demócrata William Delahaunt, a quien hizo algunas confesiones relacionadas con la guerrilla colombiana. Chávez reconoció en esa cita que su participación como mediador en la liberación de los rehenes de las FARC había sido un error, y que así se lo había comunicado al presidente Álvaro Uribe.
La afirmación se produjo en el contexto de otra confesión: Venezuela quería mejorar las relaciones con Colombia. Chávez consideraba a ese país como un importante socio comercial. Los contactos entre ambos presidentes acababan de reanudarse después de la polémica por el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador. “Chávez dijo que también quiere mejorar las relaciones con Colombia, al que ve como un socio económico importante. Él reconoció que su participación en las negociaciones del año pasado para liberar a rehenes en poder de las FARC, fue un error, y afirmó que lo había admitido
también al presidente Uribe”.
Con el consentimiento del entonces presidente de Colombia, Chávez inició en agosto de 2007 contactos con las FARC para liberar a varios rehenes, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. En noviembre de ese año, sin embargo, el presidente Uribe cerró las puertas a la mediación. El entonces mandatario colombiano consideró que había sido una extralimitación el hecho de que Chávez hubiera llamado directamente a miembros de la cúpula del Ejército.
En enero de 2008, a pesar del desencuentro, la guerrilla entregó a Caracas a Clara Rojas y a Consuelo González
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Una investigación periodística llevada a cabo por un consorcio internacional de reporteros revela detalles, negociaciones fallidas, errores de los Gobiernos de Quito y Bogotá, y encubrimientos en el secuestro y asesinato de los reporteros del diario El Comercio de Ecuador en marzo pasado, ejecutado por ‘Guacho’, el señor de las tinieblas donde se juntan el narcotráfico y la disidencia de las desmovilizadas guerrillas de las Farc.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.