Albet, la empresa del Gobierno cubano que elabora la nueva identificación para Venezuela, tiene acceso libre a la base de datos de los ciudadanos, incluso a la expedición de los documentos. El contrato tiene cláusulas de confidencialidad que impiden a los técnicos nacionales conocer el proceso.
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Una empresa cubana está en capacidad de manipular los millones de datos que el gobierno de Venezuela le entregó para la elaboración de las nuevas cédulas electrónicas gracias a un convenio secreto que excluyó del proceso la participación de técnicos venezolanos, según documentos a los que tuvo acceso El Nacional. De acuerdo con un exasesor del Ministerio de Interior y Justicia, que asegura que se vio forzado a pedir asilo en Estados Unidos por atreverse a criticar al convenio, el gobierno cubano podrá incluir o borrar información de las bases de datos y hasta expedir documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de otros países.
“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”, dice Anthony Daquin, ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerio en materia de documentos electrónicos. “Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip”, explica el exasesor.
Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y pasaportes venezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para otros extranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “A todo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo ha objetado, lo han amenazado”.
La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro de información fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto. También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.
La empresa cubana favorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es Albet Ingeniería y Sistemas. Ante sus limitaciones operativas y de material, la firma debió subcontratar a la multinacional Gemalto, con sede en México. Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.
Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012 con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado por el gobierno de Cuba.
Aunque la contratista sea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar los proyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debe haber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza Miguel Torrealba, profesor del departamento de computación de la USB y experto en seguridad de la información. “Hay que conocer la data y protegerla de los intereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”, añade.
El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras, históricamente ha sido vulnerable. El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos que cobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada. La policía determinó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices. En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de la Onidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanas falsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el que ya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.
En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a una electrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso. Documentos a los que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitación para determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato para hacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar los bienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en los programas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienen garantizado el acceso a la data.
El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, le encomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La Agencia Bolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema de identificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.
Durante la gestión de Jesse Chacón, como titular del despacho de Interior y Justicia, se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación y modernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzo de 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para la Transformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software para manejarlas. También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares y misiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorio y la instalación de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede del Saime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.
El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginas de este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se advierten desde el encabezado. “No más de 20 venezolanos tuvieron acceso a este contrato. A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo la licitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin. Es la primera vez que conversa –desde un lugar en Estados Unidos– sobre la información a la que tuvo acceso. “Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igual que los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la que vive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque –asegura– fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubana en asuntos como la cedulación.
El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a las instalaciones y sistemas del Saime para los trabajos asociados a la implementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece: “Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”.
“La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para realizarle modificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas, mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto que la parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”, aclara otra cláusula.
Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio ha resultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La transferencia tecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas, como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.
La cédula electrónica venezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente que han adquirido la tecnología de identificación biométrica. Ecuador decidió en 2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema de registro civil, identificación y cedulación. En 2009, después de una licitación pública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional, México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por 51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes.
El acuerdo comercial entre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sido prorrogado consecutivamente. A finales de 2009, el proyecto debía estar en marcha, pero las autoridades venezolanas han aplazado la fecha. Dante Rivas, director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, pero todavía no está en ejecución.
Empleados públicos advierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de los antillanos. “Creen que estás contra ellos y no comprenden que el hecho de que los cubanos subcontraten los desarrollos de software hace que al final Venezuela pague más por los proyectos”, dice un programador de Cantv que solicita no ser identificado. “Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le paga directamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano. Terminamos peor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde las oficinas públicas.
Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni el software para introducir la información en los chips y manejar el sistema, por lo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.
Daquin muestra una comunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionales dedicadas a producir sistemas de identificación. La firma las invitaba a participar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulas electrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdo con el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lote completo de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.
Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de la propuesta técnica y económica. Al final de la misiva, Albet adjuntó un mapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde se encontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las empresas Iris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representación de una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, y Gemalto, cuya casa matriz está en Holanda.
Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en la licitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde y cuándo se hizo. En los registros venezolanos no aparece ningún llamado a licitación para esta contratación en los últimos cuatro años. “La Onidex (actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejores proveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, mediante el correspondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 de febrero de 2008, a la Agencia Bolivariana de Noticias José Javier Morales, entonces director de Identificación y Extranjería.
Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en la proveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La multinacional maneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo, elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela trabaja para la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología de chip.
Daquin trabajó para la rama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina. Asegura que esta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos en la contratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos están acostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron la intermediación de Cuba”, asegura. Representantes de la empresa china declinaron dar detalles sobre su participación.
El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está fechado en La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará los bienes y servicios transados. Lo suscribieron Antonio Romillo Tarke, director general de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto en México. El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato con chip; desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de los datos en las tarjetas; diseñar e instalar un laboratorio para probar las tarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como en Venezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet, como al cliente final.
El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas para cumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictar de común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por el cliente final”, aclaran. Extrabajadores del Saime, que piden no revelar sus nombres por temor a represalias, afirman que cada vez que Venezuela necesite ajustar el software o renovarlo, tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsos nuevamente.
En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generó problemas. Los extrabajadores de la institución señalan que, cuando presentaron sus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, fueron removidos de sus puestos. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.
En Aporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en la que seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, se habla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010, la Dirección de Tecnología de Información del Saime. Unos advierten que los funcionarios salieron bajo coacción por sus denuncias sobre la intervención cubana en el proyecto de la nueva cédula electrónica. Otros señalan que el grupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.
El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime en octubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer los programas informáticos que controlarán la cédula electrónica. En la comunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analiza las leyes que obligan a los organismos públicos a utilizar software libre, algo que no establecen los contratos firmados con Albet. Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no se requiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y les dejara a los venezolanos el control de los códigos fuente, que permiten ajustar el software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla esta normativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”, concluyeron. Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (ente público en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Simón Bolívar) y la empresa española Realsec. Pese a lo expuesto en ese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúa ejecutando el proyecto.
“¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas de la sede del Saime y solo pueden entrar cubanos?”, se pregunta Daquin. Ni el Saime ni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes de entrevista para darle respuesta a esta interrogante.
El cordón umbilical entre las revoluciones chavista y castrista, más que de ideología, está hecho de petróleo. Los generosos despachos venezolanos de hidrocarburos sumaron en los mejores tiempos una factura de 100.000 barriles diarios que La Habana, de pagarla, lo hacía en especies. El compromiso es tal que, en estos tiempos de sanciones internacionales y de penurias económicas en casa, Venezuela todavía se las arregla para enviar 50.000 barriles por día a Cuba. ¿Cómo? Un seguimiento a dos tanqueros que navegan en días recientes entre los dos países muestra las maniobras que los buques deben hacer para llegar a buen puerto.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Armando.info publica un extracto de la edición ampliada de Los brujos de Chávez, el celebrado libro de David Placer, periodista venezolano afincado en España, publicado en Venezuela por Editorial Dahbar. La crónica muestra el que quizá sea el punto culminante de la santería chavista: el acto de exhumación de los restos de Simón Bolívar, ordenada por el fallecido comandante presidente porque estaba empeñado en demostrar que El Libertador había sido envenenado en San Pedro Alejandrino. A partir de allí Placer cita episodios y conversa con los testigos que, en Miami y Caracas, aseguran que Chávez se convirtió en santero antes de asumir por primera vez la presidencia en 1999. Con su investigación Placer ha completado un aspecto deliberadamente ocultado de la volcánica vida del líder del proceso bolivariano
Una investigación en 2015 expuso por primera vez los nombres de los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab como parte de un esquema en el que se usaban las presuntas exportaciones de casas prefabricadas desde Ecuador para conseguir acceso a dólares preferenciales en Venezuela. Ahora este reportaje de Univision Investiga, cedido por su autor a Armando.info, muestra otras facetas de la mancuerna, a la que la Revolución Bolivariana favoreció con contratos por cientos millones de dólares. Un dato: a ambos los investiga la DEA estadounidense.
Una contagiosa enfermedad ha reaparecido en Venezuela. Tras 24 años de considerarse erradicada, los pobladores del sur del país experimentan un brote de difteria de alcances hasta ahora incalculables. La ministra de Salud, Luisana Melo, ha reconocido como único parte oficial solo dos muertes de los cuatro casos confirmados por su despacho hasta el 11 de octubre. Pero varias actas de defunción, recogidas in situ por Armando.info, indican que el número de fallecidos es superior.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
