A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
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La primera vez que Carol Bealexis Padilla Reyes se metió en problemas por un documento del Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) fue en 1998. En aquel entonces, en el marco de una averiguación penal, el organismo emitió un escrito en el que aseguraba que Johann Francisco Arretureta Guevara, un hombre de 37 años al que acusaban de extorsión por hacerse pasar por letrado sin serlo, efectivamente no era profesional del Derecho.
La joven Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la hermana de este, en el que Inpreabogado supuestamente certificaba a Arretureta como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas preventivamente.
Pero la carrera de Padilla, entonces de 25 años de edad, no se truncó por ese incidente. Todo lo contrario: a más de dos décadas de distancia, es hoy la jueza por cuyas manos, en fase de control, han pasado los expedientes de los más recientes y renombrados casos políticos, entre otros, el del atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018, y el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019. Esos y otros casos no solo tienen en común a la jueza Padilla. Aunque con protagonistas distintos, también comparten irregularidades y un retraso crónico.
En 2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una “dictadura judicial”. Aunque, de hecho, ya ha comenzado a perder poder. A principios de agosto de 2019, le quitaron uno de los tres tribunales que controlaba: el 2º de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con Jurisdicción Nacional, por lo que quedó a cargo del 1º de control de terrorismo y del 20º de Primera Instancia en Función de Control de Caracas.
Su nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”, jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora -en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los casos de la jueza María Afiuni y del narcotraficante Walid Makled, y que tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol, quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis, y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); o Gumer Quintana, quien llevó el caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, y también fue suspendido de sus funciones a posteriori.
Llegar hasta ahí no fue fácil para Padilla. Una vez superado el escollo del documento falso, se inició en tribunales, en noviembre de 2002, como defensora de Édgar Márquez, quien se identificó como víctima de la oposición en los sucesos ocurridos en el país entre el 11 y 14 de abril de 2002, e interpuso una querella ante la Sala Plena contra un grupo de magistrados, para que esta determinara si existían o no méritos para su enjuiciamiento en la comisión de los delitos de complot político y privación de libertad psíquica. El juzgado de sustanciación declaró la solicitud “inadmisible para su tramitación”.
En enero de 2004, Padilla insistió con un recurso de habeas corpus a favor de un hombre que admitió haber cometido el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Quince años más tarde, cuando se convirtiera en jueza, le harían a ella la misma pregunta que planteó su defendida, la concubina del condenado, en aquel documento: “El derecho a un debido proceso que tiene un imputado (...) ¿no tiene importancia?”. Padilla estaba próxima a cumplir los 32 años de vida cuando, el 29 de enero de ese año, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del entonces estado Vargas se declaró competente para conocer de la acción de amparo y la declaró inadmisible.
Las pequeñas derrotas no la detuvieron. La joven abogada asumió pocos meses después la defensa de un hombre imputado por homicidio calificado y, nuevamente, denunció ante la Corte de Apelaciones de la mencionada entidad costera violaciones del debido proceso e infracciones de normas de rango constitucional; exactamente las mismas denuncias de las que hoy es objeto.
El recurso de amparo en el que solicitaba fuera declarada la nulidad absoluta del acta policial y de la acusación a su nuevo defendido, sin embargo, fue decretado inadmisible en abril de 2004. Un mes antes, ya el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Vargas había declarado sin lugar su solicitud de requerir la nulidad del acta policial “por ser manifiestamente improcedente”.
Padilla no se amilanó. En noviembre de 2005 lo intentó de nuevo, esta vez como defensora de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, quien casi nueve años después se convertiría en el asesino de la intérprete de señas con 18 semanas de gestación, Adriana Urquiola, cuando en el marco de protestas antigubernamentales le dispararía para abrirse paso entre barricadas.
En 2005, Bolívar ya había sido acusado de cometer los delitos de secuestro, ocultamiento ilícito de arma de fuego, usurpación de título militar, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica, y Padilla fue su apoderada judicial.
En aquel momento, la abogada denunció, una vez más, violaciones “flagrantes” al debido proceso e hizo una solicitud de radicación de juicio, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar.
Aunque su especialización es de Derecho Penal, de acuerdo con información de su síntesis curricular a la que tuvo acceso Armando.Info, Padilla dejó esos casos atrás y comenzó a ejercer el Derecho de Familia, con un poco más de suerte. Entre otros, ya en Caracas, en 2006, volvió a asistir a Arretureta –quien era un hombre casado– y a su mujer anterior, a disolver el vínculo matrimonial que mantuvieron por 16 años, los mismos que tenía el hijo de la pareja al momento del divorcio.
De acuerdo con su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Arretureta trabajó hasta el 31 de octubre de 2018 en la Corporación de Desarrollo de la Región Centro Occidental (Corpooccidente), instituto autónomo de la Dirección General de Coordinación y Planificación (Cordiplan), que auxilia al Presidente de la República y al Consejo de Ministros en la planificación del desarrollo social y económico de la nación.
La abogada Padilla pasó a llevar orgullosamente el apellido de quien se convirtió en su marido. En la actualidad son tan inseparables que el hombre la acompaña con frecuencia al Palacio de Justicia, en Caracas, donde la ahora jueza tiene su despacho, en la mezzanina. De hecho, allí goza de ciertos privilegios. Como ya publicó Armando.Info, Arretureta fue el hombre “extraño” que estuvo presente en la audiencia de presentación –que se suponía privada– del diputado opositor Juan Requesens, quien este 7 de agosto cumplió un año de haber sido detenido por su supuesta participación en el atentado contra Maduro.
Quizás su presencia en ese acto íntimo era de apoyo a la jueza, de quien se rumora se pone nerviosa cuando debe ver al joven parlamentario, reconocido por ser aguerrido. Pero lo cierto es que Padilla siempre está acompañada, ya sea por el marido o por el escolta. Ya no es la misma muchacha sencilla que llevaba el cabello lacio, franelas de algodón y pantalones anchos, y que sonreía genuinamente. Ahora Padilla lleva el cabello más largo, con ondas y mechas, y exhibe llamativos atuendos florales.
Después del divorcio de Arretureta, lo volvió a asistir en al menos dos casos de arrendamientos, uno de ellos en 2009 cuando, tras no haber pagado ocho meses de alquiler, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas lo condenó a hacer entrega de un apartamento en El Paraíso, la misma parroquia del municipio Libertador, al Oeste de Caracas, donde la jueza está registrada para votar.
En 2012, sin embargo, la vida de Padilla dio un vuelco auspicioso. El 5 de enero, el entonces diputado Diosdado Cabello -quien se convertiría en el reconocido número dos del chavismo y actual presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabello creó en ese parlamento de mayoría oficialista la Sección de Seguimiento y Control Legislativo, adscrita a la dirección general del Despacho de Presidencia. Quienes trabajaban en ese momento en el despacho de Cabello aseguran que la sección fue creada especialmente para que Padilla ingresara al parlamento.
La abogada recibió la notificación el 16 de mayo de 2012. Ese día, la entonces directora general de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional, Numidia Flores -prima de la llamada primera combatiente, Cilia Flores-, le informó con una carta que había sido designada para ocupar la jefatura de la mencionada sección a partir del 1º de junio de ese año. Un día antes, la directora general del Despacho de Presidencia, Aura Hernández, había enviado un memorándum interno a Flores en el que le remitía el currículo de Padilla y le solicitaba girar instrucciones para su designación.
No era, sin embargo, el primer cargo público que ocuparía Padilla. De acuerdo con la síntesis curricular que consignó en la Asamblea Nacional, antes trabajó como directora del despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento; como coordinadora de Asesoría Legal, Conciliación y Mediación del Ministerio para la Vivienda y Hábitat; y como abogada adjunta en la Fiscalía General de la República.
De hecho, para el momento de su contratación en la AN, Padilla aún aparecía activa en la cuenta individual del IVSS del Ministerio para la Vivienda y Hábitat, algo que reflejó la entonces jefa de División de Captación y Selección del Parlamento, Ana Malpica, en un informe técnico, en el que informó, además, que por esta razón Padilla tuvo que hacer una carta explicativa antes de ingresar al Parlamento.
Quienes trabajaron con ella en el poder legislativo dicen que se mantuvo ocupada en la AN hasta que Cabello culminó su gestión. Por eso, hasta el año 2015, no hay registros de actividad de Padilla en el histórico de sentencias del TSJ. No fue sino hasta 2017 cuando reapareció, ahora como jueza, primero del Juzgado 9º Itinerante en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y luego del que ha vuelto famoso Juzgado 20º de Primera Instancia en Función de Control también del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Aunque Padilla no tenía experiencia previa en el otro lado de un tribunal, ni siquiera como secretaria, comenzó pronto a recibir los casos políticos más emblemáticos. Uno de los primeros que llevó fue el del general de brigada del Ejército, retirado, Ángel Vivas Perdomo. Vivas y su figura, armada con un fusil de asalto en los jardines -convertidos en trinchera- de su quinta en Prados del Este, una urbanización de clase media-alta de Caracas, se convirtieron en un emblema de las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. Fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política del chavismo) en el marco de otras protestas, las de 2017, en un momento en el que abandonó su residencia.
Vivas fue liberado en junio de 2018 bajo una medida de casa por cárcel. Pero antes, en mayo de 2017, su defensa interpuso una acción de amparo constitucional ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, señalando como presunto agraviante a Padilla, por la que catalogaron como una violación al derecho de acceso a la justicia por la omisión de pronunciamiento en relación a un amparo constitucional en la modalidad de habeas corpus, incoado por ellos un mes antes en el tribunal de Padilla.
Después de tantas derrotas como litigante, por fin la justicia estaba del lado de Padilla. Esta vez, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa del general Vivas. Todavía así fue un logro judicial, pues los defensores de las causas que caen en sus tribunales aseguran que las acciones de amparo contra sus tribunales usualmente no reciben respuesta.
A Padilla le dieron casos cada vez más importantes. En agosto de 2017, cuando el chavismo arremetió contra el equipo de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz- quien finalmente debió huir al exilio-, de entre 52 tribunales que hay en el Área Metropolitana de Caracas, la causa de la presunta red de extorsión que comandaba Ortega fue a dar al tribunal 20º de control de Padilla.
Ya Armando.Info denunció algunas de las irregularidades de este caso. Entre otras cosas, tras casi dos años de haber sido detenido, el ex fiscal auxiliar 55, Luis Sánchez, señalado como parte esa red, no ha tenido su audiencia preliminar. Ha sufrido 20 diferimientos, principalmente porque el tribunal de Padilla no da despacho. Padilla también lleva uno de varios casos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que hay en tribunales, precisamente el de los contratistas de empresas mixtas como Petropiar, que la fiscalía de Sánchez había investigado.
Padilla se mantuvo anclada en el tribunal 20º de control, pese a que en julio de 2016, el TSJ reguló la rotación anual de los jueces. Pronto recibió un nuevo expediente, pero no caería en su tribunal de Caracas sino en otro para el que fue designada como jueza: el 1º de control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con jurisdicción nacional. Allí, a sus manos, llegó la causa del intento de magnicidio, en la que supuestamente estaban involucrados los diputados Juan Requesens y Julio Borges, y posteriormente se dijo que también el concejal Fernando Albán, todos dirigentes del partido opositor Primero Justicia.
Armando.Info también ha reportado irregularidades en este otro caso. Al comienzo, el tribunal no estaba ni siquiera constituido de manera regular según la ley. La secretaria Yasmily Rojas no era profesional del Derecho, como establece el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto se supo por una comunicación emitida, precisamente, por Inpreabogado. Y aunque ya Rojas no es parte del equipo de Padilla, las irregularidades continúan.
Entre otras cosas, el 4 de octubre de 2018 no dieron acceso a la defensa de Requesens para que revisara el expediente, alegando que el tribunal no estaba dando despacho, pero, al mismo tiempo, Padilla supuestamente emitió una orden de captura contra el concejal Albán, quien luego fallecería en circunstancias aún por aclarar, bajo custodia de funcionarios del Sebin: desde el oficialismo alegan que se suicidó, mientras que desde la oposición aseguran que fue un asesinato.
El reclamo lo incluyó la defensa de Albán en una denuncia que introdujo, primero, el 4 de diciembre de 2018, en la Fiscalía General de la República y, luego, el 6 de febrero de 2019, en la Defensoría del Pueblo; y que, más recientemente, el 26 de abril de este año, respaldaron con una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En los documentos, la defensa destaca otras irregularidades, principalmente relacionadas con la supuesta orden de detención: dicen que no era original, sino que se trataba de una “copia simple”; y que no contenía ningún tipo de motivación o razonamiento que justificara la necesidad de dictar la medida preventiva privativa de libertad, lo que a juicio de la defensa viola las disposiciones previstas en los artículos 236 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal, que señalan no solo la verificación de los requisitos que justifiquen la medida, sino la necesidad de una resolución judicial fundada. Esa falta de motivación es, precisamente y en términos jurídicos, una de las críticas más comunes a Padilla en los casos políticos.
A ambas instituciones, Fiscalía y Defensoría, se les solicitó que investigasen a Padilla, entre otros funcionarios judiciales y fiscales “que habrían participado en la producción de la supuesta orden judicial, dictada mientras no existía acceso al expediente y sin que el tribunal diera despacho, y quienes no permitieron que el concejal Albán, detenido en ese momento, se presentara ante el juez competente en los lapsos que prevé la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal”.
Aunque Padilla fue quien dictó su detención, tras estar dos días desaparecido, Albán fue presentado ante otro tribunal, el 6º de control, que declinó su competencia, el domingo 7 de octubre, un día antes de su muerte.
“El tribunal supuestamente, sí laboró ‘a puertas cerradas’ para dictar la orden de aprehensión, pero se mantuvo cerrado para recibir al detenido (Albán), oírlo y decidir si revocar la medida de detención o conceder la libertad plena, lo que hoy incluso significaría que Fernando Albán continuase con vida”, se lee en la denuncia presentada en las instancias nacionales.
En la petición que hicieron a la CIDH, la defensa incluyó un listado de autoridades supuestamente responsables de la muerte de Albán, y ubicó a Padilla en el tercer lugar, después de quien para entonces también era el director del Sebin, Gustavo González López, y del fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Para la fecha, la CIDH no le ha dado entrada al documento, pero una vez que lo haga solicitará información al gobierno venezolano y hará una investigación. Posteriormente, si considera que hubo una violación de Derechos Humanos, el caso será elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, “que puede procesar y condenar a la República”, recuerda el abogado Ramón Aguilar.
Pero ya Padilla está en aprietos, una vez más. El mismo día que se introdujo ese documento en la CIDH, el 26 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) emitió un comunicado en el que informaba que había impuesto sanciones sobre ella y sobre el canciller venezolano Jorge Arreaza.
“El Tesoro seguirá apuntando contra los cercanos al corrupto Maduro, incluidos los encargados de llevar la diplomacia e impartir justicia en nombre de su régimen ilegítimo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.
Sin embargo, Padilla sigue a cargo del caso y del tribunal 1º de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Cosa que no sucedió con el tercer tribunal que encabezaba, el 2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con jurisdicción nacional, en el que llevaba la causa del golpe del 30 de abril, encabezado por los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
A principios de agosto de 2019, otra abogada, Hilda Villanueva, fue designada jueza de dicho tribunal. Pero antes, Padilla fue acusada de retrasar también ese caso. Para el jueves 1º de agosto de 2019 estaba previsto iniciara la audiencia preliminar del diputado Édgar Zambrano, detenido por su supuesta participación en los hechos, la noche del 8 de mayo, en las inmediaciones de la sede del partido de centroizquierda Acción Democrática, desde donde su vehículo fue remolcado por una grúa.
Pero, para la audiencia, Zambrano no fue trasladado desde su sitio de reclusión en Fuerte Tiuna, la instalación militar más conocida de la capital, hasta los tribunales, en el centro de la ciudad. Al llegar al Palacio de Justicia, su defensa se encontró con dos papeles pegados en la puerta de la oficina de Padilla, en la mezzanina, donde para entonces todavía funcionaban los tres tribunales a su cargo, en los que notificaban que no había despacho en los dos de terrorismo.
“Desde el día 21 de junio (de 2019), que fue presentada la acusación (contra Zambrano) en horas de la tarde, hasta el día de hoy (1º de agosto), el tribunal de la causa (2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo) solamente ha dado despacho durante seis días en casi un mes”, denunció el abogado Francisco Banchs a su salida del Palacio de Justicia, al tiempo que recordó que, de acuerdo con la ley venezolana, la audiencia preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después del acto conclusivo, que en este caso se celebró ese 21 de junio.
La demora no es solo en causas políticas. En otro tipo de casos hay abogados que también denuncian esperas de hasta más de un año por una decisión, y que la jueza se desentiende de sus causas dejándolas muchas veces en manos de las secretarias.
Sin embargo, a diferencia de los políticos, dicen que en estos otros casos Padilla “argumenta” bien y es justa con los tiempos de las intervenciones, algo que no sucede en los casos políticos, en los que insisten en que no justifica sus decisiones y limita los tiempos de intervención.
Padilla es el brazo ejecutor de un aparato mucho más complejo que un individuo, e incluso que tres, como es el caso. Antes de que a ella le corresponda actuar, los fiscales hacen lo suyo. No siempre está en sintonía con ellos, pero cuando se trata de Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta la alineación de los tres es casi perfecta.
Uno de los supuestos implicados en la causa del magnicidio, el general Héctor Hernández Da Costa, detalló en una audiencia en la que estaban presentes los 17 imputados, con sus abogados, los mencionados fiscales y la aludida jueza Padilla, las torturas de las que asegura fue víctima en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y mirando a Mora Salcedo le dijo, palabras más, palabras menos: “Usted fue testigo de la tortura. Usted tiene una oficina al lado del ascensor (en la Dgcim)”. Varios de los imputados respaldaron su versión.
Mora Salcedo y Bustamante Puerta también estuvieron presentes en el allanamiento a la casa del jefe de Despacho del líder opositor Juan Guaidó, Roberto Marrero, cuya causa también cayó en manos de Padilla, aunque los dos fiscales posteriormente se desvincularan. Para el momento de su detención, en marzo de 2019, Marrero fue acusado de ocultamiento de arma de guerra y explosivo. En junio de este año, el tribunal de Padilla, con una celeridad atípica, ordenó el pase a juicio de los implicados, y admitió las acusaciones de la fiscalía.
Mora Salcedo tuvo experiencia previa, en el año 2010, como abogado en tribunales con competencia en materia de violencia contra la mujer, defendiendo a los presuntos agresores. En 2011, formó parte de un equipo de apoderados judiciales de Mercal. Luego, entre 2013 y 2014 se desempeñó como abogado laboralista en tribunales de trabajo de Aragua, entidad en la que está registrado para ejercer el derecho al voto, aunque también hay registros de que vivió en otro estado central, Carabobo.
Ya para 2015 era fiscal auxiliar interino 121º del Área Metropolitana de Caracas, donde se mantuvo hasta 2016. A finales de ese año y principios de 2017, estuvo al frente de la fiscalía 55 de Caracas. Hoy día es fiscal 67 nacional con competencia plena y fiscal 11 nacional con competencia en materia contra la corrupción, y está vinculado también a la causa de Luis Sánchez.
Bustamante Puerta fue fiscal auxiliar interina 151 de Caracas, en 2016, luego fue fiscal provisorio 83 nacional, durante el primer semestre de 2017, y posteriormente, al menos desde julio de 2017, fue fiscal 83 nacional con competencia en delitos de legitimación de capitales, financieros y económicos. Ese es el cargo en el que se mantiene.
Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.
Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.
Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
