Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
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En la Venezuela de comienzos de este siglo escuchar el nombre del general de brigada del Ejército, Manuel Barroso, fue sinónimo de millones de dólares. Luego, de silencio. Alejado del escrutinio público desde 2015, tras haber sido nombrado agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasil, reapareció este 11 de septiembre uniformado, al pie de un avión en el aeropuerto internacional de Ciudad Guayana, escoltando al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien despedía a su homólogo brasilero.
En su mano izquierda sostenía un maletín negro, toda una ironía para alguien perseguido por la sombra de las “empresas de maletín” mediante las cuales fueron malversados cientos de millones de dólares durante los siete años que presidió la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el ente que centralizó y gestionó durante más de diez años la entrega de dólares en territorio venezolano.
Semanas antes de esa estampa, el 16 de agosto, se difería una vez más la audiencia por el juicio que hace tres años se abrió contra el teniente coronel del Ejército y ex gerente de importaciones de Cadivi, Francisco Mariano Navas Lugo, y su primo José Daniel Stekman, acusados de favorecer a compañías fantasmas con dólares preferenciales.
Ambos quedaron detenidos desde agosto de 2013 por esa investigación. Navas Lugo es el único exfuncionario de alto rango de Cadivi acusado en un proceso que nunca pareció interesar a las autoridades y que recuerda la historia del “chino de Recadi”, un ciudadano asiático, el único detenido y que simbolizó la corrupción de la oficina que entre 1983 y 1989 otorgó divisas baratas en medio de otro control de cambio mientras los personajes de peso se cubrieron en el manto de la impunidad.
Ahora como entonces, el método siempre es el mismo. “Empresas de maletín” o “fantasmas”, así llamadas por no tener domicilio fiscal, empleados o una verdadera estructura empresarial, solicitaban dólares para realizar importaciones. A veces sobrefacturaban la mercancía, lo que de antemano garantizaba quedarse con una porción de las divisas en cuentas bancarias del exterior, pero otras veces ni siquiera compraban la mercancía y se quedaban con la totalidad de lo pedido ante Cadivi.
Y como ocurrió con el “chino de Recadi”, la historia del caso MP-301151-2013, que sigue la detención de Navas Lugo y Stekman es una secuencia interminable de incumplimientos y de episodios kafkianos. Ni que la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Edmée Betancourt, reconociera en mayo de 2013 que al menos 20 mil millones se adjudicaron a “empresas de maletín” o que el hoy detenido ex ministro de Interior y Justicia -ex jefe de inteligencia en el gobierno de Hugo Chávez- el general Miguel Rodríguez Torres, dijera en diciembre de 2013 que 40% de las compañías que acudieron ese año a Cadivi eran de “maletín”, ha servido para impulsar una investigación real.
La que existe es como un espectro que ha desfilado por los despachos de tres jueces. Desde el 15 de septiembre de 2015 comenzó la siguiente secuencia: ese día comenzó el juicio, pero una interrupción por más de quince días obligó a un reinicio que ocurrió justo un año después. Fue la única vez que Navas Lugo habló ante el juez y expuso el salto abrupto que en 2012 hubo en las peticiones de dólares de Inversora Caejer. En realidad, se trataba de la Caja de Ahorros del Ejército, que desde 2008 hasta 2014 había obtenido liquidaciones por parte de Cadivi de 21 millones de dólares, como reveló Armando.info.
A partir de allí cada tanto se programan las audiencias pero estas nunca ocurren por falta de testigos, porque no trasladan a los acusados desde sus centros de reclusión al palacio de justicia, en el centro de Caracas, o como el 16 de agosto de este año, porque no asistieron los representantes del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), organismo que reemplazó a Cadivi en noviembre de 2013 por decreto del recién investido presidente Nicolás Maduro.
“Le voy a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí porque fue una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas”, prometió Maduro días después en una entrevista televisiva al referirse a Cadivi, el acrónimo asociado al férreo control de cambio que Hugo Chávez instauró en febrero de 2003 y que aún rige la economía venezolana.
Meses antes y aún en condición de “presidente encargado” tras la muerte Chávez, el tono de Maduro era otro. Despidió a Manuel Barroso del cargo argumentando que lo hacía para cuidar su salud tras “siete años sin descanso”, pero alabando su gestión. “Sale como entró, con su honestidad, con su transparencia. Un aplauso al (entonces) coronel Barroso, hijo de nuestro comandante Chávez”.
Francisco Navas Lugo llegó el 24 de octubre de 2006 de la mano del propio Manuel Barroso al organismo del que dependió la suerte de empresas y personas que necesitaban adquirir dólares. Fue su asistente, jefe de despacho, gerente de seguridad y gerente de aduanas antes de asumir como gerente de importaciones en 2009. Pero los caminos de ambos militares se separaron en ese 2013, cuando la corrupción en Cadivi se convirtió en una realidad aceptada por la cúpula del chavismo y hasta Maduro planteaba la necesidad de una “comisión presidencial” para investigar las irregularidades.
Semanas después de perder el mando de Cadivi, Manuel Barroso pasó a la presidencia de La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La Casa), un holding estatal adscrito al Ministerio de Alimentación que controlaba las importaciones públicas de alimentos así como la materia prima para la agroindustria privada. En 2015 voló a Brasil para convertirse en agregado militar de la Embajada de Venezuela en ese país y desde entonces sus apariciones públicas son esporádicas, como la del pasado 11 de septiembre.
Para Navas Lugo, en cambio, empezó un calvario que va por los 2 mil días. Fue detenido en agosto de 2013 como consecuencia de una denuncia que interpuso en su contra ante la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) el 25 de julio de ese año quien fuera Vicepresidente de Cadivi, el coronel Víctor Armando Flores Correa. Dicha acusación, identificada con el número DGCIM 024-2013, señalaba a Navas Lugo de “presuntos cobros” de hasta dos bolívares fuertes por cada dólar “a empresas para proceder a la liquidación de divisas”. Flores Correa también estuvo retenido en la sede de la Dgcim, pero a los pocos días quedó en libertad sin cargos y nunca más se supo de él.
Navas Lugo pasó varios meses en la sede de la Dgcim en Caracas hasta que fue movido al penal militar de “Ramo Verde”, en el estado Miranda, conocido internacionalmente por ser el centro de reclusión en el que el dirigente opositor Leopoldo López permaneció varios años. Desde ese recinto trasladan a Navas Lugo hasta el palacio de justicia en Caracas, pero el viaje siempre termina con la suspensión de la audiencia. “Hoy tampoco podrán hablar, les temen. Ya uno se acostumbra”, suelta en la puerta del tribunal Brigcir García, esposa de José Daniel Stekman, el primo de Navas Lugo. Es mediodía del 16 de agosto y los familiares han esperado casi un año para esa presentación.
A las 3:07 PM aparece Navas Lugo en la puerta del tribunal. Esta vez viene vestido de civil, pero esposado como siempre. Apenas un sargento libera sus manos, saca varias leyes de su bolsillo y entra. 43 minutos después, y casi en la hora de cierre del tribunal, anuncian que la audiencia número 33 es diferida porque no llegaron los representantes del Cencoex. “¡Cinco años!”, exclamó minutos antes la esposa de Stekman.
“El tiempo ha demostrado que no ha habido mayor interés en que realmente se sepa qué pasó en Cadivi”, resume el abogado de los acusados Alonso Medina Roa. Los hechos parecen darle la razón. Tres meses después, el 8 de noviembre, se repetirá la escena en la puerta del tribunal séptimo de juicio de primera instancia penal de Caracas. Antes de entrar a la sede del palacio de justicia, Brigcir García presentía que ese día tampoco se avanzaría en la presentación. Ya en el piso cinco desfilan hombres y mujeres esposados, abogados con fajos de papeles.
A diferencia de la audiencia del 16 de agosto, frente a la puerta del tribunal esperan sentados los representantes de la Fiscalía y los del Cencoex. Ahora el que no acudió a la cita fue el propio Navas Lugo, a quien las autoridades debieron llevar desde la cárcel de “Ramo Verde”. A la 1:20 PM el abogado Medina Roa confirmó una nueva prórroga de la audiencia sin saber las razones por las que su defendido no llegó. “Son cinco años de diferimiento por cualquier cosa”, se queja la esposa de Stekman, a quien sí trajeron ese día desde el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, su tercer centro de reclusión desde que fue arrestado en ese lejano agosto de 2013.
Ni los acusados, ni el abogado o los familiares saben cuándo será la próxima audiencia. Entre tanto, el ex zar petrolero y económico de Chávez, Rafael Ramírez, denunció recientemente haber entregado toda la información relacionada al desfalco vía Cadivi al Presidente de la República.
“Le entregué personalmente a Maduro las grandes carpetas que logramos obtener de las divisas entregadas por Cadivi a las empresas internacionales y nacionales. Con un grupo de expertos de PDVSA, le analizamos la información: identificamos y clasificamos por montos y sector a quien se le habían entregado las divisas de la República, a qué empresas, por cuál concepto, hicimos una búsqueda de los socios de esas empresas y surgieron los mismos nombres, los mismos apoderados, los mismos mecanismos de ocultar capitales”, escribió en Medium el pasado 26 de agosto. “Maduro nunca hizo pública esta información”, sentenció en su escrito.
El 23 de noviembre de 2013 Maduro informó que se reunió con Ramírez, entonces Vicepresidente de economía, y otros funcionarios de su gabinete para abordar lo que ya lucía como una crisis en gestación. “Tengo, no lo traje, lo dejé allá adentro, un informe de este calibre (con las manos dibuja el ancho) con la inversión de los últimos 51 mil millones de dólares que se entregaron en Cadivi, empresa por empresa, y lo voy a publicar, voy a publicar el listado completo porque vamos a iniciar un proceso de auditoría hasta el último dólar que se entregó por lo menos este último año”, expresó desde el palacio de Miraflores.
No está claro si ese informe al que aludió es el mismo al que se refirió Ramírez en su artículo, pero sí es cierto que el mandatario nunca reveló la lista de Cadivi correspondiente a ese 2013.
Pese a su omisión, Maduro culpó el año pasado a la Fiscal General destituida, Luisa Ortega Díaz, por el fracaso de la investigación contra el organismo que asignó dólares preferenciales en tiempos de una bonanza que para los venezolanos hoy luce remota. “Yo en el año 2014 nombré una comisión ¿Ustedes no se acuerdan? Una comisión para investigar lo de Cadivi (…) ¿Ustedes se acuerdan quién presidía esa comisión? Persona en la cual yo confiaba entonces, metía la coba pues, se ponía la pintica, la blusita y uno creía que de verdad trabajaba. Es Luisa Marvelia Ortega Díaz, Fiscal General prófuga internacional de la justicia”, disparó Maduro el 7 de septiembre del año pasado ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instaurada hacía poco más de un mes atrás. Allí mismo le pidió a Tarek William Saab, sustituto de Ortega Díaz designado por esa ANC, que retomara la averiguación. De poco o nada ha servido.
“Pareciera que hay muchas cosas que no se quiere, que no hay interés en que se sepan”, insiste el abogado Medina Roa.
Apenas asumió el cargo, William Saab también enfiló el discurso contra su antecesora. La culpó de no hacer “absolutamente nada” en lo que denomina como “fraude importador” o la “trama Cadivi-Cencoex”. Aunque el funcionario ha asegurado que el origen de la escasez de recursos que sufre hoy el Gobierno puede estar relacionada a lo malversado a través de Cadivi y prometido que investigará hasta las “últimas consecuencias”, sus actuaciones no han pasado más allá de las detenciones de una veintena de empresarios.
“¿Ahí no había un control? ¿Ahí no había verificación? Obviamente que eso nos obliga a investigar también a quienes en esa junta administradora dieron estas divisas de la manera como lo describí. Cuando ocurra una conclusión sobre ello, anunciaremos ya en concreto lo que deba anunciarse”, manifestó en septiembre del año pasado al ser cuestionado sobre una posible citación al expresidente de Cadivi.
Manuel Barroso no ha sido requerido por las autoridades. Tampoco el ex vicepresidente de Cadivi, el coronel Víctor Flores, o alguno de los ex funcionarios que denunció el desfalco como Edmée Betanocurt, Miguel Rodríguez Torres o Jorge Giordani, el mentor económico de Hugo Chávez. El teniente coronel Navas Lugo espera en la cárcel de “Ramo Verde” por el reinicio de un juicio que debería servir para entender cómo cientos de millones de dólares fueron tragados sin que nadie reparara en ello y anticipando quizás la que sería la peor crisis económica del país. “Pareciera que no hay interés en que se sepan muchas cosas”, insiste el abogado Medina Roa.
La debacle de la gran siderúrgica venezolana, en manos del Estado, rima: Cero Acero. En 2019 no consiguió producir nada. Justo en agosto de ese año se atascó el último intento por salvarla: un proyecto con China para construir una máquina que fabricaría tubos especiales para la actividad petrolera. Quedó sin culminar, a pesar de los casi 100 millones de dólares invertidos. Ahora arriesga en convertirse en un vestigio herrumbroso del sueño de convertir a Guayana en un polo de la industria pesada.
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