Ya hay ganadores en la carrera por privatizar una de las joyas turísticas y ambientales de Venezuela. Los mejores postores en la subasta del paraíso -que además es Parque Nacional- han resultado ser José Llavaneras y Victor Martins, empresarios de bajo perfil que prácticamente tienen el control de las construcciones en los principales cayos del archipiélago, a partir de la compra y remodelación de rancherías, pero también se asoman en las concesiones de hospedaje de lujo que el gobierno licencia por doquier para apagar su sed de divisas.
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La noche pintaba joven para una fiesta exclusiva. Siete yates de lujo fondeados en aguas cristalinas, uno al lado del otro en el destino más paradisíaco del Caribe venezolano, donde un grupo muy limitado de personas, anónimas todas y previsiblemente muy poderosas, fue resguardado por un cinturón de seguridad. Más de una decena de hombres de negro portando armas largas amenazaban a quienes se acercaban.
Ocurrió el sábado 13 de junio de 2021 en uno de los cayos Noronquises, al norte del Archipiélago de Los Roques, y sorprendió a todos por lo irregular. La preocupación se extendió entre los lugareños como pólvora: “Nunca había visto que cerraran una isla y prohibieran la entrada a turistas”, dijo uno de los testigos, oriundo de Los Roques.
El secreto a voces no podía hacer otra cosa que estallar. En tiempos de pandemia, marcados por la escasa actividad turística, la interrupción tan llamativa de ese fin de semana se comentaba en todas partes. El cayo “estaba ocupado para un evento privado”, se oyó en el archipiélago, aunque los últimos en enterarse fueron los mismos roqueños. De nada valieron las restricciones de vuelos, las normas de convivencia y las limitaciones en prestación de servicios. La pandemia era para otra gente, la música inundó la paz del lugar.
El Almirante Eladio Jiménez Rattia, jefe de Gobierno del Territorio Insular Miranda desde el 15 de septiembre de 2020 -también presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea) desde la misma fecha-, fue increpado por los habitantes para que “aclarara” la polémica. Aunque prometió respuesta en tiempo corto, nunca hubo explicación para la excentricidad ocurrida en Los Roques, un parque nacional invaluable por su biodiversidad y extensión.
Aunque no es la primera vez que se cierra un islote del archipiélago, el resguardo armado de la fiesta y el impedimento para circular se vivieron como el inicio de un nuevo significado para la etiqueta de "exclusivo" que el propio Estado venezolano ha querido imponer al turismo en la zona.
Así ocurre con los Noronquises, tres cayos coralinos de los 42 que tiene el archipiélago, incluidos en la oferta de inversión turística promovida desde 2019 por el gobierno de Nicolás Maduro. En papel, de acuerdo con la información sobre la oferta pública del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de Venezuela, buscan inversionistas para dos hoteles “especiales” en los Noronquises con servicios wellness -una tendencia del mercado con todo tipo de programas para el bienestar y la salud- y observación de fauna marina.
A los Noronquises, unos islotes más remotos y apartados de las rutas turísticas de paquete, se suman los cayos de Francisquí, Crasquí y Prestonquí (o isla Agustín), donde también se ofrecen lotes de terreno para “socios inversionistas”, a través de un contrato de concesión o alianza comercial por tiempo determinado. Estos contratos o alianzas comerciales están a la orden del día para quienes puedan pagarlos y rondan un costo promedio por edificación de seis millones de dólares, según lo muestra el folleto de inversión turística del ministerio a cargo. Es una opción de riesgo en un entorno incierto como el venezolano, pero puede generar para el inversionista la recompensa de su propia utopía de la Laguna Azul.
Para ajustar el circuito en este esquema de captación de inversionistas, el Ejecutivo venezolano aprobó la Ley de Inversión Extranjera Productiva, el 29 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial y sancionada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente que impuso el gobierno de Maduro para limitar la actuación del Parlamento de mayoría opositora. Entre los objetivos de la ley está: “Promover la inversión extranjera productiva para favorecer el desarrollo integral de la Nación, la Suprema Felicidad del Pueblo y el fortalecimiento de la economía productiva y diversificada”.
En el Archipiélago de Los Roques, por ser un parque nacional, los residentes no tienen titularidad de la tierra sino un permiso provisional, en principio, otorgado por la Autoridad Única cuando dependía del extinto Ministerio de Ambiente. Algunos roqueños lograron sacar el título supletorio que les da derecho sobre la bienhechuría, aunque no todos lo han conseguido por la cantidad de trámites que exige la ley en la actualidad.
El otorgamiento de estos papeles pasó a manos de la jefatura de Gobierno del Territorio Insular Miranda, del Instituto Nacional de Parques (Inparques), y del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, entes todos coludidos ahora en la promoción de facilidades para inversionistas con divisas interesados en adquirir inmuebles en zonas privilegiadas. Un plan que ha producido una concentración de la propiedad bajo la bandera del ecosocialismo.
Dos empresarios se han revelado como los reyes de los bienes raíces en Los Roques.
Uno es José Ramón Llavaneras Kislinger, de 41 años, que suena desde hace casi una década en Los Roques. Tiene su propio avión y ha prestado servicios particulares, no solo a las autoridades de la isla sino a los mismos roqueños. “Más que ‘apoyo’, yo creo que es un acuerdo forzado para que lo dejen hacer sus cosas”, explica una fuente que coincidió en varias ocasiones con el empresario.
Toby Llavaneras no ha pasado inadvertido ante los ojos de turistas frecuentes y residentes, ante quienes muestra sin tapujos su interés por comprar las bienhechurías en el archipiélago para luego venderlas, como confirman tres fuentes independientes que lo identifican como dueño de distintas propiedades. También ha cultivado fama por sus modos poco ortodoxos para negociar: habla directamente con los roqueños dueños de rancherías, los convence de entregar la propiedad por una bagatela que, sin embargo, abre el apetito de cualquiera que vive sin lujos en un rancho sobre la playa. Les paga en efectivo un adelanto, luego plantea el intercambio de un inmueble por otro. Una vez en la propiedad, la ranchería es remodelada.
Una de las primeras casas que adquirió Llavaneras en su campaña de colonización de las islas está en el cayo Francisquí de Arriba, que luego la vendió a “un desconocido”. Unos y otros mencionan el nombre de un poderoso hombre del gobierno bolivariano como el del afortunado dueño, pero no existe confirmación sobre el tracto jurídico de esa propiedad. Luego, Llavaneras compró otra casa, esta vez en Francisquí de Abajo, detrás del palafito de Víctor Manuel Martins.
Víctor Manuel Martins Alfaiate es el otro gran propietario y promotor inmobiliario de las islas.
Empresario de origen portugués, Martins comenzó su carrera regentando pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche. En la actualidad maneja una empresa camaronera y es el dueño de la Cadena Paradise, que incluye dos importantes hoteles del Estado -anteriormente administrados por la red Venetur, ente adscrito al extinto Ministerio de Turismo- en Puerto La Cruz y Cumaná, ciudades del oriente del país. Ese mismo ministerio además le otorgó por 25 años la concesión de la Posada Tsunami, en Gran Roque, cuya estructura antes sirvió como lujosa casa de veraneo para Claudia Díaz, la millonaria exoficial de la Guardia Nacional que fue enfermera de Hugo Chávez y Tesorera de la Nación. Cuando en 2016 los llamados Panama Papers revelaron sus manejos en paraísos offshore junto a su esposo, Adrián "Guarapiche" Velásquez Figueroa, a las autoridades de la fiscalía chavista en Venezuela no les quedó más remedio que abrir una investigación, allanar su casa y confiscar sus propiedades, que incluían obras de arte, autos de lujo e inmuebles en distintas partes del país, entre ellos, la casona de Los Roques. Actualmente Díaz es solicitada en extradición por Venezuela y Estados Unidos, pero España, país en el que reside, no la ha concedido.
En los cayos Francisquí la oferta de inversión del gobierno -publicada en un folleto publicado por el ministerio que está a cargo- es la construcción de un “establecimiento de alojamiento turístico especial desarrollado sobre los tres cayos, con capacidad para 55 huéspedes”, suites de lujo y un restaurante mirador. La primera concesión de windsurf y kitesurf le fue otorgada a la Cadena Paradise, propiedad de Martins, y el espacio predilecto para la práctica es precisamente Francisquí de Abajo, donde tiene su bungaló.
En 2019, Toby Llavaneras adquirió una nueva propiedad en Crasquí, al sur del Gran Roque -este último, el cayo principal del archipiélago y el único con población estable-. En el lote antes existía una ranchería. Otro cobertizo se mantiene allí mientras se concluye la construcción de una inmensa quinta, que destaca en comparación con las bienhechurías vecinas. A propios y extraños les sorprendió que pudiera ingresar material de construcción a la isla durante la pandemia, en 2020, cuando el archipiélago estaba prácticamente aislado. Las autorizaciones de este tipo de trabajos emanan de las autoridades de Inparques y de la misma jefatura de Gobierno.
Crasquí es uno de los cayos con mayor extensión de costa, tres kilómetros de arena blanca coralina y una bahía que permite el anclaje de embarcaciones. En la zona se localizaron piezas de interés arqueológico. Una vasija hallada allí fue donada por una familia roqueña al Laboratorio de Arqueología del Museo de Arte La Rinconada (rebautizado Museo Alejandro Otero) y, a partir de 2005, permanece resguardada por la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Tiene áreas exclusivas de desove de tortugas marinas y un escenario natural que era habitado casi exclusivamente por pescadores, quienes administraban los pocos establecimientos turísticos del lugar. En resumen: un lugar único.
La propuesta actual del gobierno para transformar el cayo es ambiciosa. Promueve la operación de tres establecimientos en lotes de tres hectáreas cada uno, para alojar 126 huéspedes. De acuerdo con el folleto de inversión turística publicado por el ministerio a cargo, ninguno de los terrenos cuenta con un proyecto aprobado.
En una de las zonas ofertadas perduran las ruinas de lo que fue el Camping Crasquí de María Eugenia Joya, una pionera en el turismo ecológico de playa. Recibió la primera concesión de Inparques en Los Roques y echó andar en los años 90. Pero pronto sucumbió entre pleitos legales y el derrumbe del Banco Construcción en la crisis financiera de 1994. El camping pasó de manos privadas al Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (Fogade), y luego terminó bajo la administración de Inparques, en cuyas manos se transformó en el monumento a las desdichas que a menudo aguardan cuando la ambición contamina el hábitat natural.
En octubre de 2019, los medios de comunicación recogieron una denuncia del exdiputado José Luis Pirela, quien presidía para ese momento la subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, entonces dominada por la oposición. En ella señalaba a José Ramón Llavaneras de “cómplice”, en compañía de otros empresarios de nacionalidad italiana que se desempeñan como concesionarios de posadas y restaurantes en Los Roques. Según el parlamentario, el venezolano mantuvo una “participación directa” en negocios ilegales amparados por Carlos Betancourt y Noel Lugo, primo y hermano de la exjefa del Territorio Insular Miranda y exministra de Turismo, Stella Lugo Betancourt -hoy embajadora del gobierno de Maduro en Argentina y exgobernadora del estado Falcón-.
El diputado explicó que “este personaje [Llavaneras] ofrece sus nexos y vínculos en la intermediación del tráfico de drogas entre Los Roques y Bonaire, y utiliza aviones modelos King 200, supuestamente de su propiedad, para cometer delitos”. Aunque Pirela menciona que Llavaneras fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos, la autora de ese reportaje no encontró expediente alguno del caso, y en los años siguientes no hubo acusación pública en ni Venezuela ni en Bonaire, una de las islas de antigua administración holandesa que están frente a las costas, justamente, del estado Falcón.
Desde entonces, el rastro de José Ramón Llavaneras es muy tenue en la red. Hasta 2012 solo hay una fotografía del personaje como asiduo participante de la pesca deportiva de pavón -una especie de los ríos de Venezuela- en varias competencias entre 2007 y 2012. Además de esta afición, es piloto, al igual que su padre, con quien comparte el mismo nombre y registra una empresa en Bahamas, paraíso fiscal por excelencia en el Caribe oriental. La base de datos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestra que es uno de los directores de TMC Latam Corp, registrada el 13 de septiembre de 2012 en esa isla.
Las iniciales de esta empresa apuntan directamente a otra en Venezuela, Técnicas Modernas de Construcción TMC, C.A. cuyo representante legal es Llavaneras y, en la cual, según las fichas de registros de asegurados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) está activa la madre de Toby, la señora Tania Kislinger de Llavaneras. Sin embargo, en una consulta en la base del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, organismo tributario de Venezuela), la empresa no aparece.
Pero hasta abril de 2019 se podía hallar en la web un rastro de Técnicas Modernas de Construcción. Se trata de una historia que se remonta hasta 2012, cuando aparece involucrada en un esquema financiero que se aprovechó de los dólares preferenciales de Cadivi en el marco del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) -creado por los países del Alba-, en complicidad con el Fondo Global de Construcción (FGC), de Ecuador, cuyo representante era el empresario colombiano Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde. La fiscalía ecuatoriana abrió una investigación por posible lavado de dinero. Según la investigación periodística de los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos), en cooperación con Armando.info, FGC “creó una fábrica de paneles ad hoc en Durán (localidad aledaña a Guayaquil, provincia de Guayas) a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción TMC”, a un costo de 6,9 millones de dólares.
En la base de datos aduanera de Import Genius existe un registro de la empresa venezolana TMC, en 2012, que apareció como responsable del envío de México a Guayaquil (Ecuador) de un derivado de poliestireno usado en la construcción.
En la actualidad, pareciera que el negocio de Toby está enfocado en el turismo y en el sector inmobiliario. Armando.info envió solicitud de entrevista a José Ramón Llavaneras, así como al jefe de gobierno del Territorio Insular Miranda, pero no recibió respuesta.
Aunque cayo Pirata -también en Los Roques- no se incluye dentro de los planes de oferta turística o de construcción del Gobierno, está en la mira de los intereses de Toby Llavaneras. Fuentes del sector turístico -dentro y fuera de Los Roques- atribuyen al empresario venezolano la compra de “al menos cuatro rancherías” en el lugar, para el cual se tenía proyectado hacer un aeródromo para la práctica de paracaidismo, según explica una fuente del lugar. “Los hijos de la primera dama [Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro] han realizado esa práctica” dentro de la isla, asegura. En cualquier caso, los actuales dueños de los precarios locales de cayo Pirata siguen en sus puestos “por falta de liquidez” del nuevo comprador, quien no ha terminado de honrar su deuda.
El último de los cayos de la oferta de inversión turística es Prestonquí. Se le conoce más como isla Agustín y conserva una ranchería de pescadores en la que funciona actualmente un pequeño restaurante y, en ocasiones, una zona de camping. Como no es muy concurrida, se presta para el anclaje de yates y las “fiestas privadas”, con langostas todo el año -oficialmente, hay una veda de pesca de langosta durante mitad del año-. Entre las más recordadas por los lugareños destaca la fiesta de Jesús Amoroso, mejor conocido como El Duque en la escena reguetonera, el hijo del exdiputado chavista Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente.
“Él trajo el Covid al archipiélago en una rumba que hizo cuando comenzó la pandemia. En lo que va de año ha venido como tres veces, siempre con artistas y hacen sus fiestas, la última fue hace tres meses”, precisó otra fuente que suele pasar temporadas en el archipiélago. Aunque, a diferencia de la ocurrida en los Noronquises a mediados de julio, El Duque no oculta su espíritu fiestero a los roqueños; de hecho, hasta contrató sus servicios. “Dentro de todo, toma en cuenta a los que viven en Los Roques, les da trabajo. La isla la cerraron para el turismo, y solo vienen los enchufados, los que pueden entrar sin problema”, confirmó otra persona.
Entre las razones del anonimato que piden todas las fuentes consultadas, destaca el temor que se ha instalado entre los habitantes del archipiélago luego de varios episodios de castigo y coacción. A principios de año, dos protestas se hicieron eco en el país: la primera ocurrió el 26 de febrero, cuando los habitantes de la isla exigieron reabrir el parque nacional y reactivar la actividad turística. Según trascendió en redes sociales, por esos días llegó a la isla Raúl Gorrín, el empresario de seguros y medios, en un helicóptero color negro. Gorrín fue sorprendido por los roqueños cuando se disponía a tomar una embarcación, y su presencia intensificó el reclamo. “Con el cuento de que hay coronavirus, el Gobierno no quiere permitir el ingreso de visitantes a Los Roques y nosotros vivimos de eso”, se quejaron los manifestantes.
Gorrín está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con la administración de Nicolás Maduro.
Luego, el 16 de marzo de 2021, a un año de haberse decretado el estado de alarma nacional por la pandemia, los habitantes volvían a exigir que abrieran el parque y reclamar la llegada de material de construcción a través de embarcaciones.
Tres meses después de estos episodios, 18 manifestantes recibieron una citación para presentarse ante el tribunal penal de Macuto, en el estado Vargas -rebautizado por el chavismo como La Guaira-, y solo 16 pudieron asistir. “Los hicieron ir al tribunal bajo engaño, no les dijeron que esos eran los cargos y una vez allí los dejaron detenidos”, confirmó una fuente. Fueron acusados de conspiración para delinquir, agavillamiento y obstrucción de las vías públicas, y permanecieron detenidos. Ocho mujeres estuvieron casi tres días en el retén preventivo de Caraballeda, en el Litoral Central, y los primeros ocho hombres que acudieron permanecieron entre nueve y trece días antes de ser excarcelados. Luego se les uniría los otros dos manifestantes que habían sido citados.
“Uno de ellos salió con escabiosis y coronavirus, otro tuvo que ser hospitalizado mientras estuvo preso”, explicó una fuente que conoció el caso. A todos les solicitaron dos fiadores que debieron pagar 150 dólares en promedio, les impusieron prohibición de salida del país y régimen de presentación. Lo que salió del patrón fue una medida adicional de declarar a los manifestantes como persona non grata, que lleva implícita la amenaza de expulsarlos del parque nacional por un año y quitarle los beneficios de bolsas CLAP y gasolina.
Mientras las autoridades venezolanas terminan de apaciguar el ánimo de los residentes de la isla, la oferta turística se expande, pero con sello VIP. Los cayos privatizados son parte de esa exclusividad, pensada para un sector con influencias, conexiones, poder y alto nivel adquisitivo. No es difícil pronosticar que pronto se les pudieran sumar oligarcas rusos, debido a la firma de dos convenios turísticos, en marzo pasado, que prometen garantizar el flujo constante de dinero fresco y ducto de buscadores de sol entre Moscú y Los Roques como principal destino.
Es la segunda isla más grande de Venezuela, casi inhabitada, con una riqueza biológica única. Pasó inadvertida hasta que el régimen de Nicolás Maduro reflotó los planes de expansión turística y permitió la construcción de un primer hotel, asignado a dedo a un contratista petrolero que no tenía nada que ver con el sector. La tragedia se ensañó con el empresario y dejó abandonado el proyecto.
Los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica son los dueños de una de las ocho estructuras que se erigen en la cabecera de la pista de aterrizaje del Gran Roque. Pero el tándem no tiene obras solo allí. De hecho levanta inmuebles de lujo, incluyendo un hotel, en la deprimida capital venezolana y supera con facilidad las salvaguardas que protegen a los parques nacionales para desarrollar proyectos turísticos o residenciales. También amplía su abanico de personas jurídicas en países como República Dominicana, Estados Unidos y Barbados, y ello en medio de la crisis del sector de la construcción. Todo un prodigio.
Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe. Las autorizaciones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela, que bajo la “revolución bolivariana” sedienta de dólares los mercadea como destinos de un nuevo turismo cinco estrella.
No es el único proyecto turístico que se construye en la costa centro occidental de Venezuela, pero sí el que más ha penetrado en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, al lado del Parque Nacional Morrocoy, zonas protegidas por más de una decena de leyes y normas ambientales. Crear la "nueva Punta Cana" es la ambición de su promotor, un empresario español de gran calado con muchos socios militares. Pero mientras llega la prosperidad prometida, la primera manifestación del desarrollo es el dragado de un canal que pone en peligro a un ecosistema único.
Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
