Más de 11,9 millones de documentos confidenciales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compartidos con más de 150 medios de comunicación en 117 países, incluyendo Armando.info, y que dieron origen a los Pandora Papers, muestran nuevas conexiones de una red de contactos, empresas de maletín y servicios financieros asociadas a Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, todos fundadores y directivos de Derwick, los conocidos bolichicos.

En particular, hay tres nombres que danzan de papel en papel conectando operaciones nacionales e internacionales con los bolichicos: los venezolanos Orlando José Alvarado Moreno, hombre clave de las iniciativas petroleras de Betancourt en Petrozamora y la canadiense Pacific, y los abogados César Alfonzo-Larrain junto a la argentina Alejandra Astrid Hidalgo, residente en Caracas. Todos han sido empleados de Derwick. 

Los tres operan en al menos cuatro empresas amparadas por las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que incluye a sus directores Fernando Antonio Gil y Eloy Edgardo Díaz alternándose en roles administrativos. No son las únicas compañías vinculadas con los bolichicos manejadas por el bufete panameño. Para 2015, de acuerdo con un reporte interno que forma parte de los documentos de la filtración, Alcogal manejaba 14 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y seis fundaciones en Panamá, propiedad de Betancourt y Convit a través de Derwick. 

Alvarado, Alfonzo-Larrain e Hidalgo aparecen en documentos que los conectan con los fundadores de Derwick pero también los relacionan entre ellos, compartiendo en directorios de empresas y recibiendo poderes conjuntos. En muchos de los folios presentan como dirección laboral la Torre Kyra de Campo Alegre, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, donde están las oficinas de Derwick que fueron allanadas en diciembre de 2017 luego de que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, la señaló por corrupción en contrataciones de la petrolera estatal Pdvsa entre 2010 y 2016. 

Orlando José Alvarado Moreno, cuyo padre es uno de los “nuevos amos de Los Roques”, fue vicepresidente de finanzas de Derwick Associates. Aparece como socio de Betancourt en firmas internacionales como O’Hara Administration Co SA, de la que Alejandro Betancourt también es socio; y formó parte de Rock Energy SA y Rolawood Investments SA, todas registradas en Panamá.

En el registro mercantil panameño, Rock Energy SA mostraba a Alvarado como Director Presidente, con César Alfonzo-Larrain como Director Secretario y Alejandra Hidalgo como Director Tesorero, además de señalar en 2017 que su beneficiario final era Francisco Convit Guruceaga. Alcogal sirvió como agente residente hasta julio 2018, cuando Matthias Krull fue detenido y Francisco Convit declarado fugitivo en Estados Unidos por haber participado de un desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, destapado por la operación encubierta Money Flight de la oficina en Miami de Homeland Security Investigations (HSI).

Rolawood Investments le pertenece a partes iguales a Orlando Alvarado y a su esposa, Joanna Margarita Porte García, y para su documentación en Alcogal se tomaron en cuenta referencias profesionales emitidas por César Alfonzo-Larrain y por Alejandra Hidalgo (que las envió desde su correo corporativo de Derwick).

En 2015, Alfonzo-Larrain e Hidalgo recibieron un poder de Rolawood Investments para adquirir un penthouse de más de 407 metros cuadrados con una amplísima terraza en un edificio en Los Palos Grandes, barrio de clase media-alta también en el municipio Chacao de Caracas, que luego fue presentado como la dirección en Venezuela de DOCG International Holdings Limited, dirigida por Alvarado. 

La abogada argentina además firmó en julio de 2017 otra referencia personal declarando conocer a Pedro Trebbau, y calificándolo como un “profesional honesto, dedicado, que disfruta de una prístina reputación en su campo de trabajo”. Ese papel se acompañaba de unas certificaciones de autenticidad de pasaportes que firmó a favor de Trebbau y de Alejandro Betancourt. Para este trabajo se contactó a Alejandra Hidalgo por correo electrónico, llamadas telefónicas a su número celular así como mensajes por Whatsapp, pero no respondió a las solicitudes enviadas.

Orlando Alvarado también es propietario de Stanton Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes en 2014 mediante Alcogal, como queda evidenciado en papeles en poder de este bufete y que fueron enviados a César Alfonzo-Larrain a la Torre Kyra, cuando pidió copias en 2017. Ambos hombres vuelven a encontrarse en los documentos de la empresa Arazen Investments, propiedad del primero e inscrita en el registro mercantil de Islas Vírgenes un día después de aquella.

Al igual que con Stanton Trading Limited, Arazen dejó establecido en su documentación que contaba con una dirección en Caracas que la ubicaba en una quinta de Valle Arriba ahora inexistente. En el lugar ubicado en el este de la capital venezolana solo queda la pared con el nombre y una estructura esquelética de metal.

Por su parte, César Alfonzo-Larrain aparece registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones públicas como director suplente de Centro Tecnológico de Turbinas CTT y de CTT Corp, donde también participa Alejandra Hidalgo. Esas son las caras -nacional e internacional- del centro de operaciones de Derwick en Venezuela que Alejandro Betancourt aseguraba se convertiría en “un gran proveedor de tecnología para Iberoamérica”.

Pero hasta ahora CTT ha tenido como cliente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a GPB Neftegaz Services, la operadora de los campos de crudo asignados a la empresa mixta Petrozamora, la primera aventura petrolera relacionada con Derwick, que nació en 2012 en el estado Zulia por convenio con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

El abogado aparece de nuevo junto a Alejandra Hidalgo, que encabeza sociedades en Panamá y en Chipre, como apoderados de la empresa Calborn Internacional Limited desde 2014, y como directores de la empresa Astronite SA, inscrita en 2018 en el Registro Mercantil de Panamá, donde también figuran como directores de Calandra Business SA, presidida por Alejandro Betancourt.

Toda la madeja de relaciones corporativas que agrupan a los bolichicos con estos tres operadores pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque sus negocios con el Estado venezolano han seguido ocurriendo, incluso con consecuencias políticas y humanas de gran calado y seguiría bajo secreto de no haberse dado la masiva filtración de los Pandora Papers. En esta, se despeja una vieja incógnita sobre la empresa Arazen de Islas Vírgenes Británicas, de cuya existencia se conocía pero no de sus directores y beneficial owners, a quienes cabe atribuir algo de la chispa que detonó la ola de protestas que en 2017 asoló por meses a varias ciudades venezolanas. 

Detrás del estallido

La sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de marzo de 2017 no solo fue pilar para que se desataran las protestas que marcaron con sangre ese año en Venezuela. El bullicio político y la “ruptura de hilo constitucional”, que denunció la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, eran parte de lo que finalmente sustentaba los primeros pilares de la arquitectura jurídica que permitiría a los bolichicos comenzar su segunda aventura petrolera en Venezuela.

Aquella ponencia conjunta se recuerda por sus efectos, pero no por sus motivaciones. Apenas un día antes, el 28 de marzo de 2017, cuatro abogados de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitaron a los magistrados cercenar a la Asamblea Nacional -entonces dominada por la oposición al régimen chavista- la potestad de revisar contratos de interés público, incluyendo los acuerdos pactados por Pdvsa, que entonces presidía Eulogio del Pino.

Tal diligencia era necesaria para poder ejecutar lo que el 22 de marzo de 2017 había acordado la Junta Directiva de Pdvsa: constituir una empresa mixta para la explotación del campo Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal reservorio de crudos pesados y extrapesados del mundo, en el centro-oriente de Venezuela.

Contando con el visto bueno judicial, Nicolás Maduro aprobó el 26 de mayo de 2017 el punto de cuenta presentado por su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, hoy ministro de Petróleo y miembro de la Junta Directiva de Pdvsa, y su ministro de Petróleo, Nelson Martínez, quien poco después fue arrestado bajo acusaciones de irregularidades administrativas y moriría en cautiverio en diciembre de 2018. El TSJ avaló finalmente el negocio el 10 de julio de 2017. 

Así Pdvsa se alió con una desconocida Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi), domiciliada en Países Bajos y sin experiencia en el área, por un lapso de 25 años. Con ese aroma supuestamente holandés nació finalmente Petrosur.

El Registro Mercantil holandés muestra que Saipi era conducida por Arazen Investments, la compañía fundada por Orlando Alvarado, socio de Alejandro Betancourt, y registrada en Islas Vírgenes para servir como holding y ubicada, según ese documento, en el Edificio Yamraj, Market Square, PO Box 3175, Road Town, Tortola, en Islas Vírgenes Británicas. Esa dirección postal ha sido utilizada por Alcogal en al menos una veintena de empresas.

Desde la fundación el 25 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de abril de 2017, quien fungió como director fue el panameño Andrés M. Sánchez, también director y presidente de Alcogal (Europe). Entonces fue sucedido por el propio Alvarado nueve días antes de que apareciera Saipi en el registro holandés y a poco más de un mes del visto bueno presidencial para la creación de Petrosur.

Ya Alvarado había participado de esquemas financieros en el negocio del crudo. Como parte de O’Hara Administration Co SA estuvo en la puja por hacerse del control en 2015 de la petrolera canadiense Pacific, cuyas operaciones sobre el terreno en Colombia, a manos de cinco ejecutivos venezolanos, fueron el próspero ejemplo de éxito de la reforma minera del gobierno de Álvaro Uribe antes de que se hundiera en un pantano de mala administración y pleitos judiciales. En un Informe de Alerta Temprana suscrito por Alejandro Betancourt en 2015, el venezolano detalla la estructura financiera con la que controlaba casi 20% del paquete accionario de esa empresa, incluyendo a Orlando Alvarado, O’ Hara Administration Co SA y Calborn International Limited, entre otras.

En aquel momento se supo que O’Hara había fichado a ocho exejecutivos de Repsol, incluyendo a Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, a la postre retratados en Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El hermano de Alfonso, Alberto Cortina, es socio de Betancourt y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, con el cual han adquirido varios bancos en África.

Alvarado fue consultado para este trabajo sobre su relación con Betancourt, Saipi y Petrosur, pero declinó hacer comentarios.

Documentos “en regla”

En la documentación que recibió el TSJ se incluyó un “Acuerdo de Estudio Conjunto” suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por José Ramón Blanco en nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El español figuraba en el Registro Mercantil ibérico como “apoderado” de Inversiones Petroleras Iberoamericanas SA (Ipisa), creada en 2013, presidida por Alfonso Cortina, con el hijo de su hermano Alberto, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, como vicepresidente. 

Pero esa no es la misma Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) incorporada al registro mercantil de Países Bajos el 19 de abril de 2017 bajo el número 68585209, casi un mes después desde que la junta directiva de Pdvsa acordara hacer negocios con ella. Comparten nombre, y no será la única vez que ocurra.

Al momento de la firma, Orlando Chacín ya había sido señalado por el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por corrupción, y Blanco Balín, que fue vicepresidente de la petrolera española Repsol cuando la presidió Alfonso Cortina, era considerado el “cerebro financiero” de la trama Gürtel, una red de corrupción investigada desde una década atrás por la Fiscalía Anticorrupción ibérica y denunciada formalmente en 2009 ante la Fiscalía de ese país, en la que el bufete panameño Alcogal aparecía involucrado. Blanco Balín fue imputado por presuntamente haber blanqueado unos 275.000 euros. 

Por si fuera poco, como se supo entonces, la dirección física de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) en el Registro Mercantil de Países Bajos, el número 2 de la vía Nassaulaan, corresponde al mismo edificio que albergó hasta 2015 a la Embajada de Venezuela en esa nación. Saipi nació en 2017 cuando el inmueble seguía mostrando una placa en la pared exterior que lo identificaba como sede diplomática, como ocurrió al menos hasta su venta en 2020. La aprobación en Miraflores de la creación de Petrosur, ocurrió mientras Haifa El Aissami, hermana del entonces vicepresidente, era la embajadora en Países Bajos. 

Se envió una solicitud de comentario sobre tal coincidencia al actual embajador, Wilhen Nehomar Diaz Lara, pero no se obtuvo respuesta. Una fuente consultada para este trabajo con conocimiento de las actividades de Saipi respondió que “es bastante común pagar por usar una dirección de correspondencia para el registro. No tienes que ser el dueño de la casa, solo tienes que tener un contrato que te permita usar la dirección. No sé por qué se usó esa, pero Venezuela no tenía nada que ver”.

Ninguna de estas cuestiones impidió el convenio entre Pdvsa y Saipi. El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como “procurador especial” nombrado por la Asamblea Nacional entre febrero de 2019 y junio de 2020, califica la operación como un disparate. “Pdvsa está obligada por ley venezolana a hacer el compliance. Allí están las leyes de hidrocarburos, contra la corrupción, de la Contraloría General, de contrataciones públicas. Todo ese bloque normativo obliga a Pdvsa a hacer un due diligence para contratar a terceros”, dijo a Armando.info. Pero al final se contrató con una empresa sin experiencia en el negocio petrolero, algo que el parlamento denunció también en voz del diputado Elías Matta desde 2017, aunque en 2021 admite que no se adelantaron más investigaciones por parte de los diputados.

En noviembre de 2017, Eulogio del Pino y Nelson Martínez fueron arrestados en Caracas. Se les acusó de participar en una trama que involucraba a al menos 65 gerentes de la industria, según informó entonces el recién estrenado fiscal general designado por la írrita Asamblea Conmstituyente de 2017-20, Tarek William Saab.

Aquellos señalamientos referían a presuntas prácticas irregulares en Petrozamora, una empresa mixta que controla en Zulia seis pozos petroleros, por un acuerdo conjunto entre Pdvsa y la rusa Gazprom Latin América Ventures BV, y en cuya estructura corporativa participó Orlando Alvarado, quien, sin embargo, no fue afectado por las medidas judiciales.

Entonces Francisco Convit figuraba como director de la firma rusa, que había recibido un préstamo inicial para su operación por parte de Derwick Gas & Oil, la cara internacional de la empresa venezolana. El cargo lo dejó en 2016 y lo heredó Alvarado. 

Igual pasó en 2018 cuando, luego de ser acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, Convit dejó a Alvarado el cargo de director de Stichting Administratiekantoor DOG, creada en Países Bajos y propietaria de Latin American Ventures. Esta última empresa tiene el mismo nombre que Latin American Ventures SARL, registrada en Luxemburgo con Betancourt como beneficial owner o propietario último, que recibió transferencias bancarias desde Petrozamora; y similar a LAV Latin America Ventures Cyprus LTD, activa en Chipre y también dirigida por Alvarado.

No solo “disparate”, también improductivo

En 2018, ya sofocados a sangre y fuego los disturbios en la calle, el camino jurídico también quedó libre para la constitución de la empresa mixta Petrosur, que se concretó el 24 de agosto de 2018, como dejó asentado la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.398 que la adscribe al Ministerio de Petróleo, entonces encabezado por Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese documento ya no se menciona a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericana, sino que el socio de Pdvsa pasó a ser Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD (IPI). 

El gobierno de Venezuela nunca explicó tal cambio. Una fuente conocedora de las actividades de Saipi afirma que “varios inversionistas extranjeros internacionales exploraron invertir en campos petroleros. Entre ellos estaban tanto Alejandro Betancourt, como Alberto Cortina. Pero la primera estructura no llegó a nada. Todos se retiraron en grupo y ninguno se quedó en ninguna capacidad”. El informante especifica que el primer “carapacho corporativo que murió”, donde estaban Betancourt y Alvarado, no fue el que finalmente se hizo con el negocio.

Sin embargo, cuando se publicó la Gaceta Oficial, Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, registrada en Chipre el 12 de julio de 2017, tenía como única accionista a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, que a su vez dependía de Arazen Investments, la empresa en Islas Vírgenes Británicas de Alvarado y Alfonzo-Larrain. 

Esa relación terminó el 16 de octubre de 2018. Cuando Saipi fue disuelta dejó sus libros contables en manos de IPI, cuyas acciones transfirió a Rasgos Holding LTD, registrada en Barbados desde 2013 y dedicada a servir como holding de empresas de telecomunicaciones y bienes raíces, según documentos de la filtración de los Panama Papers. Arazen Investments desde entonces no tiene actividad.

En IPI figuraron como directores Evdokia Georgiou y Marinos Mperos, quienes también aparecen junto a Orlando Alvarado en la dirección de LAV Latin America Ventures Cyprus LTD en el registro de ese país. Todo seguía entre allegados.

Pero más allá de madejas administrativas, otra novedad figuró en el acuerdo: el pago inicial de 400 millones de dólares que IPI debía hacer a Pdvsa no se haría en efectivo sino con papeles de deuda -bonos soberanos y de la misma estatal. Ha sido la primera y única vez que tal modelo fue dispuesto.

Manuel Quevedo acudió en 2019 al TSJ, asumiendo el “desacato” declarado para la fecha de la Asamblea Nacional, para solicitar autorización al endeudamiento por esos 400 millones de dólares durante los siguientes cuatro años y del cambio de accionistas de Petrosur. En seis días recibió respuesta afirmativa. 

Con la sentencia 384 del 25 de noviembre de la Sala Constitucional, el máximo juzgado asumió nuevamente competencias parlamentarias, dando el visto bueno al negocio con Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, a pesar de su falta de experiencia en el campo petrolero. El escrito del TSJ enumera los objetos para los cuales fue constituida la empresa registrada en Chipre: todos relacionados con servicios financieros y ninguno con hidrocarburos.

Cuando Quevedo hizo la solicitud al máximo tribunal, y cuando se emitió la decisión judicial, ya la abogada chipriota Evdokia Georgiou había renunciado a la directiva de IPI. Aún así fueron sus credenciales las evaluadas por las autoridades venezolanas y no las de Askin Gungor, quien asumió tal rol.

Casi dos años más tarde, Petrosur no produce crudo. Un reporte interno de Pdvsa fechado el reciente 25 de septiembre de 2021, al que el reportero tuvo acceso para este trabajo, lista la producción del bloque Junín de la Faja del Orinoco con todos sus números marcando descensos y quedando 40% por debajo de la meta de producción. Pero Petrosur no aparece. Solo son incluidas Petrocedeño (ahora en propiedad absoluta de Pdvsa), y las empresas mixtas Petro San Félix, Petromiranda, Petrojunín, Petroindovenezolana.

El juego de caretas detrás de la constitución de Petrosur incluyó nombres repetidos, confusos cambios administrativos y un baile de empresas de cascarón. Y aunque el campo Junín 10 pareciera seguir inactivo, está en manos de quienes lograron evadir controles legales para hacerse con “una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja”, como la calificó el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el hombre que estaba al frente de la industria cuando los bolichicos entraron por primera vez al negocio del crudo con Petrozamora.

La abultada retribución provenía de la firma Highland Asssets Corp, empresa registrada en Panamá y propiedad de Diego Salazar, representada legalmente por el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello. Era el primer hilo que se deshilachaba de lo que terminó siendo una compleja madeja de empresas de maletín, cascarones financieros y millones de dólares, sobre los que todavía hay cabos sueltos, mientras todavía tarda en arrancar el juicio correspondiente en un tribunal de Andorra. 

La relación con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez —ex ministro de Energía, ex canciller, y cabeza de la estatal Petróleos de Venezuela por una década—, parece ser un tatuaje en la vida de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como parte del llamado Grupo Salazar, fue el principal operador de uno de los más grandes desfalcos a la estatal petrolera mediante el cobro de comisiones y sobornos, que involucran a más de una decena de individuos. Como socios en distintas actividades financieras millonarias, Salazar y Rodríguez Cabello reportaron amistades con lujos y dinero y también un pase a la prisión, aunque en distintas condiciones. 

Los FinCEN Files, una filtración de más de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ y 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info, revelan que pese al escrutinio que se seguía de la BPA, los cuantiosos movimientos de dinero a cuentas presuntamente asociadas a Luis Mariano Rodríguez Cabello, siguieron ocurriendo y levantando banderas rojas en otras jurisdicciones y empresas que no habían sido incluidas hasta ahora en el mapa del trasiego de la corrupción de la Pdvsa roja-rojita, como en su momento la proclamó Rafael Ramírez.

En un resumen incluido en el boletín interno semanal de la FinCEN, Kleptocracy Weekly, se recoge que, entre el 7 de octubre de 2014 y el 13 de noviembre de 2015, individuos "supuestamente relacionados con el escándalo de Pdvsa" usaron una cuenta empresarial del banco Morgan Stanley Smith Barney LLC para recibir más de 107 millones de dólares mediante quince transferencias. El escueto reporte de la transacción —cuyo detalle estaría en un reporte de actividad sospechosa o SAR, por sus siglas en inglés, no incluido en la filtración— señala que la cuenta, a nombre de la empresa Energy Risk Indemnity SCC, registrada en la ex colonia británica del Caribe oriental, Barbados, era manejada por Rodríguez Cabello y "cuatro individuos relacionados", por lo que generó preocupación en el banco sobre si el dinero provenía de un esquema de sobornos en Venezuela. 

Este boletín semanal resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel. En el reporte correspondiente a la semana del 18 al 24 de noviembre de 2016, la FinCEN describe a Rodríguez Cabello como socio clave de Diego Salazar, con quien fue grabado en una conversación junto a Pablo Laplana, gerente de la Banca Privada de Andorra, proponiendo sobornar a autoridades andorranas para liberar cuentas bloqueadas en las que habría más de 200 millones de dólares. 

El reporte se refiere a una conversación grabada el 5 de diciembre de 2012 y develada por el diario El País el 17 de diciembre de 2017, en la que Rodríguez Cabello conversa con Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la BPA, sobre la posibilidad de sobornar a investigadores europeos para detener las pesquisas, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían hecho con la justicia en Venezuela. 

No fue sino hasta que ocurrió la purga llevada a cabo por Nicolás Maduro dentro del chavismo, ese reacomodo de lealtades en el que Ramírez acabó como enemigo de la autodenominada Revolución Bolivariana, que la trama que detectó Francia tuvo movimientos en Venezuela. Pasaron siete años de esa escandalosa propina en un hotel parisino, para que el Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, en una sentencia del 1 de diciembre de 2017 que ordena la extradición desde Colombia de Leonardo Díaz Paruta como presunto cómplice de Rodríguez Cabello, iniciara una investigación contra el operador de Diego Salazar, quien fue detenido ese mismo año. 

El documento señala que el expediente se abrió "con ocasión del informe de fecha 30 de noviembre de 2017, emanado de la Policía Nacional Contra la Corrupción, del cual se desprende el análisis de reportes e informes emitidos por la Policía de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y la FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. 

El fiscal Tarek William Saab hablaba de los “Expedientes de Andorra”, que contenían “formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de movimientos de cuentas bancarias indicativos de transferencias desde o hacia cuentas externas a las de la Banca Privada de Andorra SA., o traspasos entre cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de venezolanos, vinculados entre sí para defraudar a empresas del Estado venezolano".

Para ese diciembre de 2017 ya había transcurrido más de un lustro desde que el Ministerio Público recibió el oficio de Diligencias Previas N° 4103434/2012 de la jueza andorrana Canolic Mignorance Cairat, que entonces había hecho una solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal a la Fiscalía venezolana. Las autoridades andorranas pidieron información sobre si existían investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil —esposa de Salazar—, el llamado Zar de los seguros, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo —también primo de Ramírez y alto ejecutivo de Pdvsa—, y los ex viceministros Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

Documentos de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público —defenestrada en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo que creó Nicolas Maduro para evadir el control legislativo— reflejan que ese despacho procesaba el caso lentamente. En 2012 recibió el oficio desde Andorra. En abril de 2016, la entonces directora contra la corrupción de ese despacho, Paula Ziri Castro, informó en una carta a la Asamblea Nacional —con mayoría opositora desde enero de ese año— que no podía aportar datos a la Comisión de Contraloría que intentaba retomar pesquisas que habían adelantado algunos diputados opositores en la anterior legislatura. Argumentó que, al tratarse de una investigación en curso, se debía respetar la reserva de la causa.

En junio de 2016, el Ministerio Público recibió información que había solicitado a Andorra bajo esa misma figura de asistencia mutua, según confirmó Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía para el momento, hoy exiliado en Colombia, quien mostró para este reportaje imágenes de esos registros. Aunque el expediente ya se había empezado a armar, Tarek William Saab afirmó que el caso comenzó en diciembre de 2017. "La improvisada policía contra la corrupción envió un informe y, en lugar de anexarlo a la investigación en curso, iniciaron una nueva. El sistema de seguimiento de casos impedía duplicidades de esa naturaleza, pero fue suprimido", señaló Mundaray.

Mientras en Venezuela los expedientes no tenían consecuencias, las actuaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sí las generaban en otras fronteras. El 10 de marzo de 2015 fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), respondiendo a la denuncia de la FinCEN por presuntas operaciones de lavado de dinero por un total de 4.200 millones de dólares vinculadas a Venezuela.

Una inusual sociedad

En los FinCEN Files es la primera vez que aparece públicamente la empresa Energy Risk Indemnity SCC y se vincula a la trama corrupta en Andorra. Si bien en los documentos judiciales del pequeño principado europeo se precisan los nombres de al menos 34 sociedades establecidas en Venezuela, Ecuador, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, la firma de Barbados no estaba incluida.

Energy Risk tiene sede en Saint James, localidad al oeste de esa isla del arco de las Antillas menores, y continúa activa. Fue incorporada en 2013 con Bernell Arrindell, Trevor Carmichael, Carolyn Humphrey y Grafton Williams como sus primeros directores. De este grupo, solo los dos primeros se mantienen en la cabeza de la firma. Luis Mariano Rodríguez Cabello entró a la directiva de la compañía al año siguiente, el 5 de diciembre de 2014, dos meses después de que comenzaron las transacciones sospechosas reportadas a la FinCEN, y tres meses antes del derrumbe de la Banca Privada de Andorra. 

A sus 72 años, Arrindell es considerado una autoridad en materia tributaria internacional. Su experiencia reciente lo ubica, además de en Energy Risk, en Cidel Bank and Trust y antes en la firma londinense Ernst & Young, en su sede en Barbados. Desde 1998 ha sido consultor del gobierno de ese país en asuntos económicos, de impuestos y legislativos asociados, y ha participado de delegaciones oficiales de Barbados para negociar tratados comerciales con otras naciones, así como en el desarrollo de instrumentos fiscales de la Caricom. Entre otras decenas de ocupaciones, formó parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios entre 2005 y 2013.

Su biografía pública incluye su vasta experiencia y galardones internacionales —como su nombramiento a finales del año pasado como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), un reconocimiento que otorga la Reina Isabel II por recomendación de los gobiernos del Reino Unido y la Commonwealth—, pero no menciona la cantidad de empresas en las que ha participado como director. Una pesquisa hecha para este trabajo arrojó su nombre asociado, aunque no necesariamente en el presente, a otras siete empresas reaseguradoras como Ocean International Reinsurance Company Limited, Three D Insurance Services LTD y Rainmaker Insurance SCC.  

En no pocas de esas firmas su nombre aparece junto al de Trevor Carmichael y Grafton Williams. De hecho, los cuatro directivos, ex socios de Rodríguez Cabello, han tenido distintos enroques en las directivas de otro puñado más de compañías reaseguradoras. 

Carmichael es un hombre dedicado al sector bancario de Barbados desde la década de 1970, considerado pieza fundamental de la fortaleza que ahora tiene ese sector en la economía de la pequeña nación insular del Caribe. Fue nombrado como Consejero de la Reina, un estatus honorífico conferido por la Corona, y entre otras actividades gremiales y hasta filantrópicas, es miembro de la International Bar Association, una organización internacional compuesta por operadores jurídicos, colegios profesionales de abogados y asociaciones de derecho de diferentes nacionalidades, que influye sobre la reforma del derecho internacional. Además es el patriarca de una de las familias más adineradas de Barbados, según la revista Vanity Fair.

Arrindel y Carmichael son los únicos directores que siguen en Energy Risk y compartieron con Luis Mariano Rodríguez Cabello, abogado nacido en 1965 en Caripe, estado Monagas, en el oriente del país, con un portafolio de relaciones en torno a Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, y su primo Diego Salazar, un vendedor de pólizas de seguros que se hizo millonario operando una red de empresas offshore para el cobro de sobornos a empresas a cambio de jugosos contratos, que le alcanzaron también para patrocinar a petromodelos. 

Humphrey y Grafton se retiraron en abril de 2015 y marzo de 2019, respectivamente. Ambos fueron contactados para ser consultados para este reportaje, pero no emitieron respuesta. Pero Arrindell y Carmichael sí respondieron a través de una comunicación firmada por The Board de la empresa, cuando fueron consultados para este trabajo sobre las millonarias transferencias ocurridas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015.

Durante ese período, según explicaron por escrito, la compañía "tenía licencia para participar en negocios de reaseguros desde Barbados", bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de la isla (FSC, por sus siglas en inglés), con vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Barbados (FIU, por sus siglas en inglés). Energy Risk, aseguran, "estaba estatutariamente obligada a cumplir toda la legislación nacional e internacional relativa a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".

La directiva, en conjunto, declara no tener conocimiento de alguna actividad indebida que involucre a la empresa durante el periodo mencionado, ni tampoco "de ningún registro de que la compañía supuestamente habría realizado transacciones con la Banca Privada de Andorra". Además, en la comunicación afirman que no han recibido comunicación alguna de la FSC o de la FIU en relación con alguna actividad de negocios indebidos por parte de la firma o sus directores. "Hasta donde sabemos, la Compañía no recibió durante el período mencionado ni durante su existencia fondos derivados de fuentes no relacionadas con su negocio de reaseguros". 

En su comunicación, la directiva de la empresa no respondió cómo y por qué se iniciaron los negocios con el venezolano, tampoco si alguno de los integrantes de Energy Risk tenía alguna relación previa con Rodríguez Cabello, o si mantienen en contacto con él. Tampoco quisieron emitir algún comentarios sobre las acusaciones por lavado de capitales que pesan sobre su ex socio.

Los directores actuales de Energy Risk niegan haber tenido relación alguna con Diego Salazar o haber firmado contrato con Pdvsa o empresas afiliadas. De hecho, en Caracas no tienen sede física, como confirma un ex empleado de la firma en Venezuela que trabajó durante cinco años allí como asesor en reaseguros y que prefiere mantener su nombre en resguardo. “El reaseguro es el seguro del seguro, no se trata de un tipo de empresas. Es un contrato mediante el cual una empresa aseguradora llamada cedente, mediante el pago de una prima, obtiene una cobertura para determinados riesgos y la reaseguradora se compromete a resarcir sus riesgos. Así que el reaseguro no se refiere a tipo de empresas sino a clases de riesgos y coberturas para ellos", detalla el ex empleado que se retiró de la firma en abril de 2020 y dijo que siempre reportó a Grafton Williams. 

Aunque revelar los clientes que tenía Energy Risk en Venezuela sería violar los acuerdos de confidencialidad de su contrato, asegura que no vio negocios con empresas del Estado; la mayoría eran compañías extranjeras del sector privado. 

La directiva de Energy Risk afirma que Luis Mariano Rodríguez Cabello se retiró de la firma en julio de 2017, supuestamente argumentando su deseo de pasar más tiempo con su familia. En los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparecía el 1° de agosto de ese año como la fecha de egreso de su último empleo con el que cotizaba al sistema: Reinsurance Consulting C.A., una compañía de tres empleados de la que era era el representante legal, de acuerdo con el documento de solvencia emanado de la institución. 

Salvarse de la extradición 

Cuando Rodríguez Cabello supuestamente buscaba más tiempo para estar con su familia, ya su nombre formaba parte de escándalos internacionales, y menos de cinco meses después Diego Salazar fue arrestado en Caracas, mientras las oficinas que compartía con Rodríguez Cabello eran allanadas. 

El 1° diciembre de 2017, la Fiscalía venezolana acusó formalmente a Luis Mariano Rodríguez, y el 13 de ese mes  el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó su aprehensión y la de otras 19 personas. El 17 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a España la extradición de Rodríguez Cabello, quien se había entregado a las autoridades de ese país.

Según declaraciones de su abogado Ismael Oliver, recogidas en medios en noviembre de 2018, Rodríguez Cabello estaba solicitando asilo político en España y se presentó en una comisaría de Madrid al conocer que en Venezuela se había cursado una orden de detención en su contra. En esa oportunidad, Oliver calificó a Diego Salazar y a Luis Mariano Rodríguez Cabello como "primos" de Rafael Ramírez, cosa que luego el ex ministro negó. "Ni siquiera los conozco de trato ni por ningún tipo de relación de nada", le dijo entonces a la agencia EFE.

El 9 de enero de 2019, Luis Mariano Rodríguez Cabello argumentó ante los tribunales españoles que su extradición pondría en riesgo su vida, pues en Venezuela se tortura y maltrata a los detenidos. En aquella audiencia, Ismael Oliver alegó la situación de Diego Salazar, quien supuestamente estaba recluido sin ver la luz solar en La Tumba de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, una suerte de celda de máxima seguridad. También señaló que Salazar estaba sufriendo un retraso procesal. Unas semanas atrás, el 12 de diciembre de 2018, había muerto en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el exministro de Petróleo y exjefe de Pdvsa, Nelson Martínez, detenido como parte de la misma trama.  

Poco más de un mes después, en febrero, la Audiencia Nacional finalmente denegó la extradición de Rodríguez Cabello. En aquel momento, Oliver dijo a El Confidencial que recurrían la decisión porque no se trata "únicamente de salvaguardar los derechos humanos del reclamado, sino también de probar que no es justa una extradición pasiva”, como la que había aprobado el Consejo de Ministros de España en noviembre de 2018 por solicitud de la Fiscalía venezolana. 

Las gestiones de Oliver parecen haber surtido efecto, pues en 2020 Luis Mariano Rodríguez Cabello es un hombre libre, al menos en Madrid. Consultado para este reportaje, Oliver afirmó que el señalado "ya no precisa defensa jurídica, su proceso judicial derivado de la extradición solicitada por Venezuela ya ha concluido", y agregó que "su estatus es el de un ciudadano que no tiene ningún otro procedimiento y es residente en España". Otras preguntas formuladas al abogado al respecto no fueron respondidas. 

Las cuentas pendientes

Luis Mariano Rodríguez Cabello logró escabullirse de la causa en España, según su abogado, pero aún está acusado por corrupción en Venezuela y en Andorra.

En la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aún se recuerda que Rodríguez Cabello sería convocado para una interpelación que le exigiría explicaciones sobre su afirmación de que había pagado 80.000 dólares para frenar investigaciones en su contra en Venezuela, según grabaciones llevadas al parlamento por el diputado opositor Julio Montoya, luego de un viaje a Madrid para buscar más información sobre la trama corrupta en torno a Petróleos de Venezuela y la Banca Privada de Andorra. 

Eran tiempos en los que la Asamblea Nacional estaba dominada por mayoría chavista y no se mostró dispuesta a dar curso a investigaciones sobre las actuaciones del abogado, estrechamente vinculado a la cúpula de Pdvsa. Pedro Carreño, del partido oficial (Psuv), encabezaba la Comisión de Contraloría que decidió "engavetar" las denuncias, según dijo después Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular, que lo relevó en la presidencia de esa instancia.

En la siguiente legislatura, vigente hasta ahora, cuando la oposición se queda con la mayoría del Parlamento, el audio obtenido por Montoya fue mostrado en la Comisión de Contraloría que ahora investigaba al entorno de Rafael Ramírez por las denuncias de lavado de dinero en Andorra. En octubre de 2016, mientras se presentaba un "informe final" inculpatorio, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el trabajo parlamentario. 

La magistrada Gladys Gutiérrez firmó la sentencia con la cual ordenó proteger al entonces embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y suspendió los efectos de la investigación, pues escudriñar tales irregularidades pondría en riesgo la ya complicada situación financiera de Pdvsa.

Más tarde, el panorama de lealtades y compromisos del oficialismo había cambiado. En 2017, Rafael Ramírez ya era visto como enemigo, así como quienes acompañaron su gestión. En diciembre de 2017, Tarek William Saab ya había incluido a Rodríguez Cabello —señalado por Montoya de ser propietario de 100 apartamentos en Dubái— en el denominado Grupo Salazar. El abogado se desempeñaba como socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores de Negocios, propiedad de Diego Salazar, con sede en la Torre Edicampo de Campo Alegre, en Caracas, que había sido allanada por el Sebin tres días antes de la declaración de Saab.

En septiembre de 2018 la magistrada Canólic Mingorance notificó el procesamiento judicial del exviceministro venezolano Nervis Villalobos y otros 15 venezolanos de entre 28 implicados —incluyendo directivos de la BPA—, por el presunto expolio a las arcas venezolanas. Según el juzgado de la magistrada andorrana, los exfuncionarios del chavismo y empresarios cobraron comisiones de más de 10% a compañías —la mayoría chinas— que después recibieron jugosos contratos para proyectos dentro y fuera de Pdvsa. 

La Asamblea Nacional de Venezuela en manos de la oposición calculó que el desfalco pudo superar los 16.000 millones de dólares. Según la Fiscalía venezolana, la cantidad blanqueada a través de la Banca Privada de Andorra asciende a 4.200 millones de euros operados mediante 40 empresas "fantasmas", según información oficial de diciembre 2017. El monto se corresponde con lo alertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015, cuando la Banca Privada de Andorra fue intervenida por blanqueo de capitales. 

Un nuevo 'board'

Mientras el ex directivo de Energy Risk afrontaba causas judiciales en su contra, la firma con la que levantó sospechas ante la FinCEN mutaba y se reacomodaba para hacerse más internacional. En 2017, con Rodríguez Cabello ya fuera del board,  se sometió a revisión por parte de la agencia calificadora AM Best, que en noviembre de ese año le otorgó un B+ en fortaleza financiera. Ese mismo mes, pasó a tener su Legal Entity Identifier (LEI), un número de identificación global único otorgado a entidades que participan de transacciones financieras.

Entonces el argentino Paticio Rubinstein se sumó a la junta directiva, aunque no muestre su participación en ella en su página de Linkedin, donde destacan varios fondos de inversión a los que pertenece como Blue Swan Initiative y Quantum Global Alliance, ubicados en el paraíso fiscal de Luxemburgo, donde apareció relacionado a empresas señaladas en la filtración llamada Bahama Leaks, también coordinada por el ICIJ.  

En la nueva Energy Risk se sumó además Jean-Francois Clermont-Tonerre como director. En su perfil profesional, el francés defiende tener 25 años de carrera en el sector de banca, finanzas y bienes raíces. En 2018 un tribunal de Luxemburgo lo declaró inocente de un fraude masivo que su exsocio Fabien Gaglio —a quien él mismo había denunciado— había protagonizado desde la firma que compartían, Hottinger & Partners (HPSA).

Contactados directamente y consultados a través de la comunicación respondida por The Board, ni Rubinstein ni Clermont-Tonerre quisieron responder para este trabajo si conocían a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Energy Risk tampoco respondió si esos nuevos directores estaban al tanto de las manchas en la trayectoria de un exdirectivo de la compañía cuando ingresaron a la firma. 

En noviembre de 2019, Energy Risk llegó a un acuerdo de fusión con Ocean International Reinsurance Company (Ocean Re), que fue aprobado por las instancias regulatorias de Barbados, la misma empresa que tuvo en su directorio a Grafton Williams hasta 2015 cuando se incorporaron Trevor Carmichael y Bernell Arrindell, actuales integrantes de la junta que encabeza Energy Risk. La operación se concretó en marzo de 2020, para arrojar un portafolio conjunto de operaciones de reaseguros en 73 países repartidos en cuatro continentes, principalmente de América Latina y Reino Unido.