Una réplica de la piedra funeraria de Fidel Castro avanza entre la multitud congregada el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Un triciclo eléctrico que se mueve despacio, al ritmo de la gente, la lleva sobre el techo y, desde el parabrisas, una imagen del dictador encabeza la marcha.

El vehículo lleva el logotipo de Rali, una marca que en pocos años se integró al paisaje urbano de la isla como una alternativa ante la crisis de combustible y el deterioro del transporte público. Uno de los fundadores de esta compañía panameña fue Ramón Carretero Napolitano.

Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Carretero se convirtió en un importante proveedor del Estado cubano durante los últimos años, según miles de registros aduaneros revisados para esta investigación. El empresario se consolidó como intermediario clave en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado cautivo sustentado en la escasez que sufre la isla. 

Esta investigación, realizada por Armando.Info en conjunto con Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),, Transparencia Venezuela y La Prensa de Panamá, revela que las empresas de Carretero han sido importantes proveedoras del Estado cubano durante los últimos años. Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, el empresario se consolidó como intermediario en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado que es cautivo por la escasez que sufre la Isla. 

Esta investigación revela una arquitectura comercial triangular que movió millones entre 2021 y 2025. Los productos comenzaban su ruta en China o Turquía, luego, una parte llegaba a la Zona Libre de Colón para su posterior reexportación a Cuba; otra parte viajaba directamente a Cuba, con empresas panameñas como intermediarias de la operación. Este entramado permitió aplicar sobreprecios de hasta el 300% a mercancías que terminaban en estructuras empresariales del Estado cubano o en manos de miembros de la élite gobernante. 

En esos cinco años, las compañías de Carretero realizaron ventas por más de 11 millones de dólares, que fueron hechas a una docena de sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos la energía, la construcción y los servicios. La red vinculada al empresario incluye, además, la puesta en marcha de una tienda minorista online que comercializó alimentos, artículos de limpieza y otros productos de consumo a precios dolarizados, impagables para los salarios de la isla, pero que eran adquiridos con tarjeta de crédito por los cubanos exiliados para sus familiares.

La identidad del proveedor le añade otra dimensión al negocio. Carretero no es un comerciante internacional desconocido ni un operador dedicado exclusivamente al mercado cubano. El 11 de diciembre de 2025, Estados Unidos lo sancionó junto a miembros de la familia Maduro-Flores por integrar una red que, según el Departamento del Tesoro, ayudó al régimen venezolano a eludir las restricciones para el comercio internacional de petróleo.

Días después, el 19 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro agregó a la sanción a Vicente Carretero Napolitano y a Roberto Carretero Napolitano, hermanos de Ramón.  Durante años los tres hermanos han intercalado puestos directivos en varias empresas, pero Ramón Carretero Napolitano fue quien tejió las relaciones más estrechas con los regímenes de Cuba y Venezuela. 

Las empresas de Carretero obtuvieron, desde 2014, más de 800 millones de dólares en contratos con el chavismo para proyectos de infraestructura en ese país. Una investigación de CLIP y medios aliados reveló en mayo de 2025 que, al mismo tiempo, el entorno familiar de la entonces primera dama, Cilia Flores, recibió transferencias provenientes de compañías del panameño, quien además fue uno de los principales beneficiados en el comercio internacional de petróleo: tres sociedades offshore vinculadas al empresario realizaron exportaciones de PDVSA por unos 2.600 millones de dólares. 

¿Por qué, entre miles de proveedores internacionales, el sistema cubano canalizó operaciones millonarias precisamente a través de la red de Carretero? La documentación obtenida en bases de datos especializadas en comercio internacional, como ImportGenius y Panjiva, expone el patrón de triangulación comercial, intermediación y sobreprecios utilizado por las empresas de Carretero en Cuba. El panameño supo tocar los resortes necesarios para convertirse en uno de los intermediarios favoritos de los grupos de poder en la Isla.

Una red para abastecer a Cuba

La empresa clave para entender las operaciones de Carretero en Cuba es Corporación Logística ZLC SA. Esta sociedad se repite en cientos de “conocimiento de embarque” (B/L o bill of lading, en inglés; documentos oficiales que emiten las navieras durante sus envíos internacionales para controlar sus cargas) que fueron revisados para esta investigación. 

La compañía fue constituida en 2019 en la Zona Libre de Colón, en Panamá, uno de los principales centros de comercio de América Latina, con un régimen de beneficios fiscales. Desde allí, Corporación Logística Zona Libre de Colón funcionó como intermediaria entre fabricantes internacionales, especialmente chinos, y el mercado cubano. Los registros aduaneros examinados muestran que todas las exportaciones identificadas de la compañía tienen un único destino: Cuba.

Corporación Logística ZLC envió a la isla más de 200 vehículos, algunos con valores unitarios superiores a 121.000 dólares, según los registros aduaneros. En una primera etapa, predominaron los automóviles de marcas como Toyota, Hyundai, Ford y Lexus. Pero el perfil de las exportaciones cambió en 2024 para privilegiar los vehículos industriales, como excavadoras, bulldozers, camiones grúa y tractores de carretera. La maquinaria y los vehículos destinados a sectores bajo control directo del Estado ganaron peso en los envíos.

La dimensión de la red construida por Carretero se comprende mejor cuando se conoce a sus beneficiarios. Tres grandes corporaciones estatales cubanas concentran más de la mitad de estas operaciones: Multiservi S.A., empresa de comercio exterior encargada de canalizar importaciones para distintos organismos estatales, concentró entre 2024 y 2025 compras de vehículos por más de 1,3 millones de dólares, equivalentes a 38% del valor total registrado.

Le siguió Imeco, empresa adscrita al Ministerio de la Construcción (Micons), con adquisiciones superiores a 548.000 dólares en 2024 (15% del total), que incluyeron camionetas, vehículos utilitarios, sedanes, microbuses y un ómnibus. En tercer lugar, el Grupo Empresarial Tabacuba, con maquinaria valorada en poco más de 510.000 dólares, alcanza 14% de las operaciones. 

Además, la Empresa de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet), brazo importador de la Unión Cuba-Petróleo, adquirió maquinaria pesada por más de 482.000 dólares entre 2024 y 2025, destinada al sector petrolero y energético. Las operaciones coinciden con un plan con participación china para explotar los recursos de crudo y gas natural en la zona occidental de la Isla.

Una operación permite ejemplificar con precisión el recorrido de los productos en la red Carretero. El 20 de noviembre de 2025, en medio de la crisis energética cubana, Corporación Logística ZLC despachó hacia Cuba un camión cisterna Shacman X3000. El destinatario fue la empresa importadora-exportadora de abastecimientos técnicos Emiat, una entidad subordinada al Ministerio del Interior que, en los años 80, comerciaba con empresas de la Stasi (la policía secreta de la antigua Alemania comunista) y, posteriormente, operó en la Venezuela de Hugo Chávez como una central de compras del Estado cubano.

El camión —el único de su tipo en los registros aduanales consultados— había llegado a Panamá procedente de China. El proveedor, Borey Investment Limited, se lo suministró a la panameña Aceros y Equipos Pesados Panamá S.A. por un valor declarado de 50.470 dólares. Esta última compañía ha tenido vínculos comerciales con Landscape Vision Corporation (Lanvicorp), vinculada a Ramón Carretero, y con Joy Kie Technologies, proveedor histórico de las empresas Distribuidora Rali, Corporación Logística del Caribe y la propia Lanvicorp, según documentos bursátiles de Joy Kie Technologies.

Semanas después de su arribo a Panamá, el vehículo salió hacia Cuba a través de Corporación Logística ZLC. Nuevo valor declarado: 71.846 dólares. En su paso por Panamá, el precio del camión aumentó un 42%. Este caso no es una excepción. En operaciones similares con vehículos y maquinaria analizadas para esta investigación, los precios declarados aumentaron hasta casi el 50% desde su entrada en Panamá hasta su reexportación a Cuba.

El precio del acceso

Recurrir a un intermediario tiene un costo. El transporte, el seguro, el almacenamiento y la financiación pueden explicar parte del aumento del precio de una mercancía. Pero la reincidencia de las mismas empresas, proveedores y rutas comerciales en operaciones sucesivas dibuja un patrón: una estructura empresarial consolidada que, en este caso, prospera en un entorno de escasez y de restricciones económicas.

¿Por qué el sistema estatal cubano canaliza estas compras tan diversas en un único intermediario, en lugar de adquirir las mercancías directamente de los fabricantes o comparar precios y apoyarse en múltiples proveedores?

En un mercado abierto, la competencia limita la capacidad de un intermediario para elevar los precios. Un comprador puede negociar con el fabricante, cambiar de proveedor o buscar mejores condiciones. Pero el comercio exterior cubano —en el país no existe una plataforma de acceso público para ver licitaciones o concursos de precios para las contrataciones del sector público— funciona bajo otras reglas.

Durante décadas, el gobierno cubano ha restringido el acceso de empresas y ciudadanos a la importación directa y concentrado buena parte del comercio exterior en entidades autorizadas. El acceso a las divisas, los canales de importación y el abastecimiento de los sectores estratégicos permanecen sometidos a estructuras estatales, como Multiservi, Imeco, Abapet y Emiat.

El Estado cubano ha hecho de las compañías de Carretero un proveedor internacional clave. El empresario panameño era conocido en Cuba mucho antes de que su nombre se asociara a los negocios del chavismo. Corporación Logística del Caribe, su empresa insignia, opera con una sucursal en la isla desde 1996, el mismo año en que se publicó el Reglamento del Registro de Empresas Extranjeras. La compañía figura en la relación de operadores registrados en las zonas francas cubanas incluida en la Resolución 33/97 de la Aduana General de la República y publicada en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 1998.

La sucursal cubana estaba autorizada a trabajar tanto en la Zona Franca de Wajay como en la Zona Franca Habana, en Berroa, ambas en el área de La Habana. Y se quedó. Sus licencias fueron renovadas durante años. En 2022, la empresa todavía figuraba como oficina de representación comercial autorizada por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

Su red se expandió en Venezuela a partir de 2013. Primero llegaron los contratos públicos entregados por el entorno de Maduro y después el tráfico de petróleo, en el que también se involucró el régimen cubano. Posteriormente, en diciembre de 2025, los hermanos Ramón, Vicente y Roberto Carretero fueron sancionados por Estados Unidos, que los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 

Para entonces, otros documentos habían comenzado a revelar puntos de contacto entre Ramón Carretero y figuras situadas en la cúspide del poder cubano. El 24 de septiembre de 2025, un avión Learjet 55 utilizado por el empresario se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela. El empresario sobrevivió, pero dos tripulantes murieron en el accidente. 

Los movimientos previos de ese mismo avión revelaron que otro pasajero frecuente de la aeronave era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, antiguo jefe de su escolta e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante décadas dirigió el poderoso conglomerado Gaesa, el holding de empresas militar recientemente sancionado por Washington.

Rodríguez Castro había utilizado ese mismo avión para viajar entre Cuba y Panamá en múltiples ocasiones. En una de ellas estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, sucesora de López-Calleja al frente de Gaesa. Además, Carretero y El Cangrejo aparecen también como pasajeros frecuentes de otra aeronave, un Hawker 800XP con matrícula panameña HP-715.

Estos puntos de contacto llegan hasta las operaciones comerciales. 

Tres de las importaciones cubanas analizadas para esta investigación tienen como destinataria a Vilma Rodríguez, un nombre que coincide con el de una nieta de Raúl Castro, hermana de El Cangrejo. Distribuidora Rali —la misma empresa que fabrica triciclos como el que paseaba la réplica del monolito de Fidel Castro— despachó, a nombre de Vilma Rodríguez, acondicionadores de aire, mobiliario y otros artículos domésticos por 5.000 dólares en agosto de 2016, según consta en los registros navieros. 

En ese momento, Vicente Carretero actuaba como presidente de Distribuidora Rali tras reemplazar a su hermano Ramón el mes anterior, cargo en el que se mantuvo hasta el 22 de diciembre de 2025, según los documentos del Registro Público de Panamá. Las operaciones coinciden con el período en que la nieta de Castro estaba vinculada a un negocio de hospedaje turístico en La Habana, según reveló el medio CiberCuba. 

La documentación disponible no demuestra en qué instancia del sistema cubano se decidió canalizar operaciones millonarias a través de las empresas de Ramón Carretero. Tampoco identifica a los funcionarios que participaron en la selección de proveedores o que aprobaron las compras. Pero sí descartan que Carretero fuera un desconocido para los círculos de poder en Cuba. 

De hecho, las últimas importaciones realizadas a nombre de éstas compañías que pudo ver esta alianza fueron registradas el 26 de diciembre de 2025, apenas una semana antes de la captura de Nicolás Maduro y del endurecimiento de la política contra Venezuela y Cuba por parte de la administración de Donald Trump.

Ramón Carretero y su abogada fueron contactados para obtener sus versiones, pero decidieron no responder las preguntas de los reporteros de esra alianza. Por su parte, Vicente Carretero aseguró que no ha tenido ninguna relación comercial en Cuba. "A lo que respecta a Distribuidora Rali SA, ni mi persona, nunca hemos realizado negocios con Cuba", afirmó en un correo electrónico enviado el 17 de agosto. También dijo que no tiene empresas registradas en la isla ni vínculos con el poder: "No he tenido ninguna relación con el gobierno cubano". El empresario aclaró que tampoco tiene relación con Corporación Logística del Caribe.

Después de la publicación de la investigación Negocios de Familias en mayo de 2025, Ramón Carretero demandó en la jurisdicción judicial panameña a periodistas de Armando.info. Vicente Carretero también denunció a miembros del diario La Prensa el mes pasado, luego de publicar la última historia sobre esta investigación. Lo hizo en relación a su negocio de rentar oficinas a entidades del Gobierno panameño al mismo tiempo que fue ingresado en la Lista Clinton. 

Fundada en 1993 por los hermanos Ramón y Vicente Carretero, Distribuidora Rali registró al menos 36 exportaciones con destino a Cuba desde Panamá entre 2012 y 2016, según consta en los registros aduaneros. Aunque su especialidad original son las bicicletas, la compañía panameña envió repuestos para automóviles, impresoras, equipos de fumigación, materiales de construcción y artículos de oficina, entre otros artículos. La operatoria era siempre la misma: Distribuidora Rali enviaba los productos desde Panamá y, en Cuba, eran recibidos por Corporación Logística del Caribe, según el detalle de los documentos navieros.

Hubo una última operación en mayo de 2019. Distribuidora Rali envió 460 bultos de neumáticos para bicicletas a la Federación Cubana de Ciclismo a través de la Empresa Comercializadora e Importadora del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), un organismo estatal subordinado al Consejo de Ministros de Cuba. La marca terminó dando nombre al equipo Cuba-Rali que representó a la isla en el Tour de Panamá. De hecho, el propio Vicente Carretero, entonces presidente de la Federación Panameña de Ciclismo, se fotografió con el equipo en la edición 2025 de esta competición.

La marca Rali se afianzó en el mercado cubano con sus bicicletas, motos y triciclos eléctricos. Sus productos aún se comercializan a través de Cimex y Tiendas Caribe, cadenas estatales del conglomerado militar Gaesa que, según un informe oficial de 2017, controlaban el 98% del comercio minorista en Cuba. 

Las empresas estatales también promocionan en sus canales oficiales la marca Rali, cuyas bicicletas de los modelos Río, Isla y Tornado comenzaron a venderse, al menos en 2020, por precios de entre 125 y 505 dólares. Desde agosto de 2025, triciclos de la marca panameña forman parte de la flota del Ministerio de la Agricultura.

El último eslabón de la cadena

Connus Shop era una tienda online con precios en dólares cuyo objetivo fue captar las divisas destinadas por los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares que quedaron en la gran antilla. Fue inscrita como Connecting Us Pty en Panamá, que es el nombre comercial de Global Technology Inter S.A. Los registros mercantiles de esta sociedad muestran la presencia de operadores vinculados al entorno de Carretero, como Luis Carlos Zambrano, que ocupaba el cargo de presidente cuando se registró como plataforma de ventas por Internet. La compañía fue registrada con domicilio en el Sky Business Center de Panamá, también conocido como Rali Business Center y propiedad de Vicente Carretero Napolitano.

Un actor clave para entender los negocios de Carretero en Caracas y La Habana es Edwin Pitty Madrid, actual embajador de Panamá en Cuba y exrepresentante del empresario en Venezuela. Pitty Madrid actuó como agente residente de Global Technology Inter en 2017, tres años después de su creación, y en 2022 registró en Panamá la marca propia Connus en calidad de apoderado de la compañía. Al mismo tiempo, entre 2017 y 2021, ejerció como apoderado de la Corporación Logística del Caribe, empresa insignia de la conexión con Cuba.

Pero la conexión más significativa aparece en La Habana, donde, según su sitio web, tenía presencia física en el Anillo del Puerto, uno de los principales enclaves logísticos de la capital, que también alberga la División de Comercio Electrónico de Cimex. Allí Connus Shop comparte infraestructura logística con distintos portales de venta de Gaesa dirigidos al mercado cubano, como Puerto Envío, Almacén-On y Carlos Tercero. Estos portales estuvieron agrupados en la plataforma de ventas online EnvíosCuba, formalmente registrada como parte de una compañía española, y que también dejó de operar a inicios de junio, al mismo tiempo que la panameña Connus Shop.

¿Cómo funcionan las tiendas online en Cuba? Mayormente, cubanos de la diáspora hacen compras por Internet con tarjetas de crédito y los productos (previamente importados y almacenados) llegan apenas unas horas después a la puerta de sus familias en Cuba. El catálogo de Connus Shop era tan heterogéneo que abarcaba desde artículos de higiene personal hasta medicamentos para mascotas y vehículos de la marca Rali, como el triciclo que cargó la reproducción de la piedra funeraria de Fidel Castro en Santa Clara.

Connus Shop contrató proveedores extranjeros, principalmente de Turquía, para obtener mercancías genéricas que luego fueron reempacadas y vendidas bajo su marca privada. Esto le permitió controlar la imagen comercial y maximizar los márgenes de ganancia al distribuir los productos a través de sus propias redes logísticas internas hacia el mercado minorista cubano. Armó un modelo que conectó plataformas y pagos gestionados desde el exterior con el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución dentro de Cuba.

El negocio de productos de higiene y de consumo masivo desde Turquía facturó al menos 2,4 millones de dólares desde finales de 2022. 

El modelo destaca por su rentabilidad, con incrementos de hasta 324% en el costo de los productos de alta rotación. Un ejemplo revelador es el limpiador Asperox Blue Power, cuyo costo de fábrica es de apenas un dólar, pero que se comercializa en la isla por 4,75 dólares. Esta diferencia genera una ganancia bruta de 3,75 dólares por unidad. Los márgenes comerciales del papel higiénico, rotulado bajo las marcas Connus y Drop, superan 63%.

El auge del comercio online en Cuba se dio en 2019 con la creación de portales de compra en línea en Moneda Libremente Convertible (MLC), una moneda virtual creada por el gobierno cubano, cuya cotización es equivalente al dólar. La bonanza del comercio electrónico se consolidó tras el Ordenamiento Monetario implementado por el Gobierno en 2021, y se potenció desde la pandemia de la Covid-19. Aunque las autoridades cubanas no publican cifras, los cálculos del portal Statista Market Insights apuntan a un crecimiento del comercio electrónico cercano a 50% entre 2021 y 2026. 

Este nuevo negocio refleja un cambio estructural en el modelo económico cubano. Ante el agotamiento de los subsidios procedentes de la Unión Soviética, primero, y de Venezuela, después, el régimen ha orientado una parte creciente de su estrategia de financiamiento hacia la captación de recursos provenientes de la diáspora. El triciclo Rali es apenas un ejemplo de este esquema: se comercializaba en julio de 2025 por 3.795 dólares en Connus Shop, lo que equivale a 370 veces el salario promedio de la Isla. 

El mismo producto se podía encontrar en la plataforma Alibaba por 1.100 dólares.

La embajada de Panamá en La Habana también importó insumos a través de Carretero, según los registros aduaneros. El 29 de agosto de 2024, dos meses antes del nombramiento de Pitty Madrid, Corporación Logística ZLC exportó a la sede consular en Cuba una camioneta de siete plazas por un valor de 57.000 dólares. En ese momento y hasta enero de este año, Pitty Madrid figuraba como uno de los abogados suscriptores de esta empresa.

A pesar de las sanciones de Estados Unidos contra los hermanos Carretero en diciembre de 2025, Connus continuó operando como tienda virtual en Cuba durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, su actividad fue interrumpida el 5 de junio de 2026 tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por la administración Trump. Esta disposición autoriza sanciones contra bancos, procesadores de pagos y empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en la lista de sanciones, entre ellas Gaesa.

“Muuucha leche” que no es leche

Otro de los artículos que vendía Connus Shop era Muuucha Leche, un preparado lácteo disponible en tiendas online por 8,35 dólares el kilo. Este producto, que se comercializa a más del doble de su costo, es fabricado por la empresa brasileña Alibra Ingredientes S.A., pero llega al mercado cubano importado por la red de Carretero. Un kilo de Muuucha Leche equivale a más de 80% del salario promedio mensual en Cuba.

Pero su valor nutricional no cumple con los estándares internacionales del Codex Alimentarius elaborado por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fueron adoptados por Cuba. El producto contiene apenas cinco gramos de proteína y 313 miligramos de calcio por cada 100 gramos, frente a los 26 gramos de proteína y 950 miligramos de calcio de una leche entera en polvo convencional. Esto significa que un niño cubano tendría que consumir más de cinco vasos de este preparado para obtener la proteína que aporta un solo vaso de leche.

La composición de Muuucha leche incluye altos niveles de carbohidratos, grasas vegetales, jarabe de glucosa y maltodextrina. Aunque se comercializa con un nombre sugerente, la propia etiqueta evita llamarlo leche y lo clasifica técnicamente como "polvo para el preparado de alimentos". 

La sustitución de leche por mezclas de suero y grasas para maximizar ganancias ya fue utilizada en Venezuela con los productos de las cajas CLAP vinculadas a Alex Saab, empresario colombiano procesado en Estados Unidos por un esquema de lavado de dinero relacionado con esos contratos públicos venezolanos. 

Muuucha Leche no solo estaba disponible en Connus Shop, sino que actualmente ocupa los estantes de las tiendas de la Cadena Caribe y Cimex, ambas controladas por el conglomerado militar Gaesa. 

La leche fue históricamente un pilar de la política alimentaria y un símbolo del modelo social de la Revolución Cubana. Durante décadas, su distribución subsidiada para niños y embarazadas fue una prioridad. Sin embargo, el colapso de la producción estatal y las fuertes restricciones al sector privado hundieron la producción nacional, incapaz ya de cubrir esa demanda prioritaria.

Paralelamente, la expansión del circuito comercial en Moneda Libremente Convertible (MLC) y el auge de las plataformas de venta en línea dirigidas a la diáspora desplazaron el grueso de la oferta de leche —o de sus sucedáneos— hacia el mercado dolarizado.

La escasez que sufre Cuba ya trasciende sus causas originales. Al limitar las alternativas de abastecimiento y mantener una demanda cautiva de bienes esenciales, el gobierno cubano ha creado las condiciones para que una intermediación internacional como la de Ramón Carretero forme parte de un mismo mecanismo con el cual se puede hacer mucho dinero en momentos de necesidades críticas. 

Colaboradores de DIARIO DE CUBA en la Isla, con identidad protegida, contribuyeron a rastrear productos en tiendas físicas para este reportaje. 

Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario Carretero Napolitano con los regímenes de Venezuela y Cuba.Es una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, Armando.Info (Venezuela), Diario de Cuba (Cuba) y La Prensa (Panamá).

Entre las ruinas del complejo de viviendas Hugo Chávez en Playa Grande, estado La Guaira (hasta 2019, estado Vargas), una imagen sorprendió a los sobrevivientes, primero, y luego a los corresponsales internacionales que llegaron a la zona del desastre horas después del doble terremoto que estremeció a Venezuela el pasado 24 de junio: esqueletos metálicos retorcidos, hundidos en la tierra o escorados, algunos chamuscados por incendios, recubiertos de algo que a simple vista parecía gomaespuma. 

La presunta gomaespuma era en realidad una fibra de vidrio que funcionaba como aislante térmico entre las paredes de drywall y los listones plásticos color celeste que revestían las fachadas de las 196 torres que, entre 2011 y 2015, con estructuras prefabricadas allí levantó la empresa Summa, una constructora turca hasta entonces desconocida en el país, pero con trayectoria en la edificación de obras civiles como estadios y aeropuertos en países de África y Europa del Este. 

El propio Hugo Chávez definió el proyecto como “una maravilla” y destacó la “tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar” durante una apresurada visita de inspección, transmitida por televisión en agosto de 2012, cuando la obra estaba aún en construcción y el Comandante Eterno se adentraba como candidato a la reelección en la que sería su última campaña presidencial. 

Documentos obtenidos ahora por Armando.info para esta historia revelan la trama de favores y relaciones que se tejió entre funcionarios del régimen venezolano y ejecutivos de Summa tras lograr el contrato, así como los verdaderos costos del proyecto, que supusieron un valor promedio de hasta 76.287 dólares por vivienda.

En la elaboración de esta otra “maravilla”, pero de influencias en vez de urbanismo, destacan dos nombres. Se trata de los de Selim Bora, presidente e hijo del fundador de Summa, y de José Gregorio Bracho Reyes, quien estuvo 15 años como representante diplomático de Venezuela en Turquía, primero como cónsul y luego como embajador. Las trayectorias ascendentes de ambos transcurrieron de manera simultánea, alimentándose una a otra: Summa concretaba sus negocios en Venezuela, y Bracho Reyes ampliaba su proyección en la diplomacia, un área donde apenas tenía experiencia.

Cercanía y paralelismo se sumaron para dar lugar entre ambos a un intercambio de prebendas que incluyó una moción de Bracho para designar a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una lujosa ciudad-balneario sobre la costa mediterránea de Turquía.

Retablo de maravillas

Una fecha resulta clave para entender esos caminos paralelos: 9 de diciembre de 2010. Ese día se vieron en Caracas Selim Bora y José Gregorio Bracho, quien desde septiembre de 2008 se desempeñaba como cónsul venezolano en Ankara, la capital turca.

Las circunstancias de aquella reunión quedaron registradas en un relato del propio Selim Bora que todavía se encuentra en el sitio web de la compañía. “Pocos días después, el 16 de diciembre, el Sr. Bracho vino al Hotel Gran Meliá y nos hizo correr al Palacio Presidencial de Miraflores, donde el presidente Chávez quería reunirse con nosotros”, rememora. Días antes, el 12 de diciembre, Bracho Reyes había conducido al empresario turco a la Casa Amarilla -histórica sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Plaza Bolívar de Caracas-, donde se reunieron con Nicolás Maduro, Canciller para la fecha. 

La relación entre Selim Bora y José Gregorio Bracho no terminó en aquel exitoso correcorre para conseguir el primer contrato, uno muy cuantioso, de Summa en Venezuela. De hecho, se tornó cercana. Tanto como para que, dos años y medio después, en febrero de 2013 y en plena construcción de la segunda etapa del urbanismo en Playa Grande, Bracho Reyes propusiera el nombramiento de Bora como “Cónsul General Honorario de la República Bolivariana de Venezuela en la provincia de Bodrum-Mugla [sic]”.

Así consta en una carta que Bracho Reyes remitió a su cuñado, el entonces Vicecanciller para Europa, Calixto Ortega Ríos, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y exdiputado a la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Agradeciendo la atención que sabrá prestarnos en este sentido y esperando una positiva respuesta de su parte me despido sabiendo que todos los esfuerzos en este sentido redundarán en la consecución de los objetivos y metas propuestas por la Revolución Bolivariana”, se lee en la misiva, datada el 3 de febrero de 2013.

Para esa fecha, y desde agosto de 2012, Bracho ya ejercía su cargo de Embajador de Venezuela en Turquía. En la petición formal ante la Cancillería, solo se refería a Selim Bora como presidente de la “empresa de construcciones Summa”, sin abundar en algún otro detalle de su biografía que le hiciera merecedor de un consulado honorario de Venezuela. 

Selim Bora justificaría después su pretensión de convertirse en cónsul de Venezuela con una carta dirigida en diciembre de 2014 a Nicolás Maduro, ya entonces presidente. En el escrito, el empresario destacaba que, para ese momento, Summa había completado la construcción de 2.336 viviendas en los terrenos de Playa Grande, a la vez que manifestaba su disposición a “representar a la República Bolivariana de Venezuela y velar por su prosperidad, tanto en mi país como ante organismos y personalidades internacionales”. También expresó su deseo de “defender y transmitir los principios y objetivos expuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como velar por los principios de la Revolución Bolivariana”. 

Bodrum es una ciudad costera en la provincia de Muğla, en la costa suroeste de Turquía, sobre el Mar Mediterráneo. El sitio corresponde al de la Halicarnaso de Caria de la civilización clásica helénica -cuna del historiador Heródoto y sede del Mausoleo, una de las Siete Maravillas del Mundo de la antigüedad-, pero su desarrollo moderno ha hecho de esta urbe un balneario para ricos y famosos, conocido como el Saint-Tropez turco. Y estuvo a punto de convertirse en el destino diplomático de Bora.

Sin embargo, fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que el nombramiento de Bora como cónsul nunca se concretó. Pero ello no fue obstáculo para que el turco y Bracho Reyes siguieran cultivando su relación, luego de que Summa ganó el contrato para la construcción de las viviendas en Playa Grande. 

“La relación entre Summa y Bracho Reyes era evidente. Durante años quisieron monopolizar los negocios de empresarios turcos en Venezuela”, afirmó un empresario que solicitó a Armando.info mantener su nombre en reserva. Añadió que, al menos en 2017, otros empresarios turcos se quejaron ante las autoridades de Ankara por el afán del dúo por canalizar los negocios por el embudo de la embajada y la cancillería venezolana. 

Ya en ese 2017 Bora había conseguido la presidencia del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela. El vicepresidente del ente era Erhan Sengel, otro empresario turco que participó en aquella reunión inicial de diciembre de 2010 con Bracho Reyes en Caracas. En ese Consejo de Negocios, Bora tuvo como contraparte al entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega Sánchez, hijo de Calixto Ortega Ríos -el cuñado de Bracho Reyes- y actual representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los documentos revisados para este reportaje no se comprueba si Maduro llegó a considerar el nombramiento del presidente de Summa como cónsul honorario de Venezuela en Turquía. Sí se puede verificar, en cambio, que casi en simultáneo con la expresada aspiración de Selim Bora por obtener un cargo diplomático, el 30 de julio de 2014, José Gregorio Bracho Reyes y su esposa, Sara Elena Flores Vargas, adquirieron un apartamento. Pero no en el proyecto de Summa en Playa Grande, sino en otro litoral, el de la ciudad de Barcelona, España. 

El inmueble hoy está valorado entre 321.000 y 383.000 euros, según una estimación de la plataforma inmobiliaria Idealista.com. El apartamento sirve además de sede a la empresa Floret Import y Export S.L., que Bracho Reyes y su esposa registraron en Barcelona el 6 de febrero de 2023. Ni Bracho Reyes ni su esposa atendieron la petición de entrevista que Armando.info les formuló por correo electrónico. 

La escogencia de una vivienda en Barcelona no parece casual. Hay indicios de que pudiera obedecer a la nostalgia. Bracho Reyes estudió en Barcelona y, entre 1998 y 2004, trabajó en una sucursal de la francesa FNAC en la capital catalana en calidad de “experto en músicas del mundo” o World Music, según consta en su hoja de vida. 

Apenas en 2006 había detentado su primer cargo diplomático, como parte del personal de la embajada venezolana en Bolivia. Pero en apenas dos años, en 2008, obtuvo el cargo cónsul en la capital turca. 

Una sobrina suya, Nathalie Ramos Bracho, también tuvo un cargo en el consulado venezolano en Barcelona entre 2015 y 2019, de acuerdo a los documentos revisados para esta historia.  

‘Drywall’, plástico y metal a precio de oro

Del intento por consagrar a Selim Bora como cónsul se deriva otro hallazgo: a qué costo se levantó el urbanismo Hugo Chávez.

Al respecto, la versión inicial sobre el costo del proyecto de viviendas de Summa en Playa Grande la ofreció al público Ricardo Molina, entonces Ministro de Vivienda y responsable principal de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Fue el 8 de agosto de 2011 cuando Molina anunció el acuerdo por 101 millones de dólares para la construcción de 1.488 viviendas. Prorrateado el monto, suponía que cada unidad habitacional iba a tener un costo de 67.876 dólares, claramente superior a los 45.000 dólares que en 2016 la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) calculó como promedio para una vivienda de interés social.

Aún así, aquel valor inicial no dejó de aumentar. Solo un año después, en agosto de 2012 y mientras acompañaba a Hugo Chávez en su recorrido por la obra, el entonces Ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, informó que las primeras 1.488 viviendas habían requerido una inversión de 113 millones de dólares. Esa cifra elevaba el precio de cada vivienda hasta los 75.940 dólares.

Sin embargo, los documentos obtenidos para este reportaje sugieren que el precio pagado por cada vivienda del urbanismo Hugo Chávez fue todavía mayor. 

Una “carta de referencia” que el propio ministro Ricardo Molina firmó para respaldar la postulación de Selim Bora al cargo de cónsul honorario de Venezuela en Bodrum, con fecha del 8 de noviembre de 2013, informaba que “el valor de los trabajos realizados” en las primera y segunda etapas del proyecto ascendía hasta los 178.206.859 dólares. Este monto exacto, dividido entre las 2.336 viviendas construidas para entonces, se traduce en que cada apartamento prefabricado costó 76.287 dólares, casi 70% por encima de la estimación de la CVC.

Luego del doble terremoto del 24 de junio, ninguna autoridad se ha pronunciado en Venezuela sobre lo ocurrido en el complejo de viviendas levantado por Summa. La Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, evadió una pregunta específica sobre la calidad de esos apartamentos en una rueda de prensa con corresponsales internacionales el pasado 2 de julio.

Días después, Summa difundió un comunicado de prensa en el que aseguró haber cumplido con la normativa venezolana, en especial, el Código Sísmico de 2001 que “sirvió de base para el proyecto”, pero cuyos parámetros pudieron “haber resultado insuficientes en varios aspectos”, si se compara con la fuerza del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. “Las evaluaciones técnicas y de daños sobre los efectos del terremoto están siendo realizadas por las autoridades públicas competentes”, afirmó la compañía en su comunicado del 7 de julio.

Al cierre de esta edición, ni Summa ni la agencia de comunicaciones corporativas de la compañía habían contestado las preguntas enviadas por correo electrónico. 

Recientemente El Pitazo informó que las autoridades habían iniciado la demolición y remoción de escombros en todo el urbanismo, un trabajo que podía representar la pérdida de pruebas forenses cruciales para comprender con exactitud las causas del hundimiento de las torres levantadas por Summa. “Cada edificio derrumbado representa una fuente irrepetible de información”, declaró a ese medio el arquitecto Mario Leghio, presidente de la Cámara de la Construcción de La Guaira. 

Pero las prisas por demoler los restos del urbanismo Hugo Chávez y remover los escombros no alcanzan todavía a borrar los rastros del esquema de favores y parentescos que se armó entre funcionarios del régimen venezolano y la empresa turca.