Frente al amasijo de escombros con formas imposibles, una mujer de rostro ajado espera por una mínima retribución. Han pasado 14 días desde que el doble terremoto destruyó buena parte de las edificaciones del Litoral Central de Venezuela. La mujer, María P., ya solo quiere recuperar el cuerpo de su hermana, atrapado entre las columnas y placas de concreto, las unas pulverizadas y las otras apiladas como panquecas, que hasta el 24 de junio conformaban los 12 pisos de la torre H del urbanismo Opppe 26, en Caraballeda, estado La Guaira (hasta 2019, estado Vargas). “Mi hermana siempre estuvo contenta de vivir en la Ope desde que le dieron su apartamento hace 14 años”, masculla.

Entre las ruinas cuesta imaginar cómo era la disposición original de las torres del complejo Opppe 26 que se desmoronaron a pocos metros de la avenida José María España, entre playa Los Cocos y playa Sheraton. “Las Ope A, B y C y las G, H, I estaban en el medio; fueron las que se cayeron”, orienta un hombre, de paso, a los reporteros de Armando.Info. La voz se le quiebra; dice que varios miembros de su familia murieron allí. 

Como si delimitaran la arena de un coliseo funesto, alrededor del foso de cascotes otras seis torres del urbanismo quedaron en pie, tres de cada lado, pero con notables daños estructurales. Dejaron a la vista sus apartamentos, sin paredes y con columnas agrietadas. Es un atisbo de la intimidad cotidiana que los sismos gemelos del Día de San Juan detuvieron: camisas que cuelgan todavía, camas pegadas a paredes que ya no están, y en los espacios de la planta baja, donde solían funcionar esos negocios vecinales, característicos de los edificios que levantó la gubernamental Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe, siglas que dan nombre a los conjuntos residenciales), se encuentran carritos de perros calientes aplastados y locales que fueron bodegas, ahora apenas identificables por los carteles de cartulinas de colores con precios de víveres escritos a mano. 

La Opppe nació en octubre de 2009 por un decreto del presidente Hugo Chávez, que le asignaba la misión de “identificar, planificar, proyectar y ejecutar acciones urbanísticas, arquitectónicas o paisajísticas de carácter extraordinario”. Pero ese cometido se resumió desde 2010 en atender con carácter de urgencia a los damnificados por los deslaves de ese año, que afectaron a los estados Falcón, Miranda, Distrito Capital y Vargas, algo que otro decreto de Chávez, este de emergencia en diciembre del mismo año, consagró.

Desde entonces la premura se convirtió en la piedra fundacional de muchas ope -como la gente se refiere coloquialmente a estos urbanismos-, entre ellas, las de Caraballeda.

El presidente fundador y cara emblemática de la Opppe fue el arquitecto Francisco Farruco Sesto Novas, quien era al mismo tiempo ministro de Cultura y ministro de Estado para la Reconstrucción Urbana de Caracas (2010-2013), este último despacho que luego se convertiría en Ministerio para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Además de desarrollos habitacionales, la Opppe también erigió el controvertido nuevo Mausoleo para El Libertador, Simón Bolívar, en el centro norte de la capital venezolana, y se le confiaron proyectos como el monumento conmemorativo del bicentenario del 19 de Abril, una Plaza de la Revolución en los espacios de la avenida Bolívar, o el Parque Bolívar en terrenos de la base aérea de La Carlota, todos en Caracas.  

La Opppe 26 ilustraba el prototipo de una mole urbana de estilo soviético, que a ratos recordaba el modelo de los Plattenbauten de la RDA, la antigua Alemania comunista. Este proyecto masivo de vivienda popular agrupaba 876 apartamentos distribuidos en 12 torres, de 12 pisos cada una, de acuerdo con documentos oficiales de la época de construcción. Si se considera como base para el cálculo la convención de una familia nuclear de cuatro miembros, en todos esos apartamentos vivían algo más de 3.500 personas. Habitaban una zona altamente sísmica, que ya con el terremoto de 1967 fue escenario del desastre de la Mansión Charaima. Quizás no tenían suficiente conciencia de ello, pero el doblete sísmico del reciente 24 de junio les ofreció una terrible evidencia. 

Sin embargo, el de las torres Opppe 26 no fue el único complejo residencial de su tipo que colapsó en el Litoral Central a raíz de los sismos. En un recorrido por la zona cero de la destrucción, Armando.Info comprobó que muchos de ellos fueron vulnerados; todos, en realidad, pero en diferentes medidas.

El conteo, visual y directo, determinó que de las 43 torres Opppe, agrupadas en nueve urbanismos construidos por esa oficina presidencial entre Playa Grande, al oeste, y Tanaguarena, al este, 16 se desplomaron, o casi cuatro de cada diez. Las restantes 27 (63%) se mantuvieron en pie pero con daños estructurales de consideración; algunas de ellas exhiben en sus fachadas una gran letra D, pintada con spray, que en la jerga de la emergencia indica que se deben demoler. 

La mayoría de los urbanismos de esa franja, 90% de ellos -Opppe 26, 27, 22, 30, 33 y 34-, se concentraron en Caraballeda. Dos más en Tanaguarena -la 25 y 35- y uno en Playa Grande. Entre todos ellos, de acuerdo con cifras oficiales de la Opppe, sumaban 3.637 apartamentos, lo que equivale a poco más de 14.500 personas potencialmente afectadas por los sismos. Una cifra conservadora si se tiene en cuenta que cada torre de 12 pisos tenía entre 8 y 16 apartamentos por piso, de acuerdo con el relato de varios rescatistas en el terreno.

Las ope del entonces estado Vargas fueron construidas entre 2011 y 2013 a todo galope. La prisa se manifestó en contratos asignados a dedo a empresas con experiencia desconocida en el ramo de la construcción, en la opacidad en la administración de los fondos y en la dudosa evaluación de los terrenos donde se edificaron los urbanismos, factores todos que pudieron servir como catalizadores de una tragedia que entonces tan solo se incubaba. 

Viviendas ‘dignas’, elecciones y poder

La Opppe era una oficina con jerarquía presidencial que detentaba poder. Un signo tangible de ello era la ubicación de su sede, en el tercer piso del Palacio Blanco, frente al Palacio de Miraflores, durante el mandato de Hugo Chávez.

Fue la entidad que tuvo a cargo la construcción del mayor número de viviendas dentro del plan de emergencia 2011-2012. Le asignaron la construcción de 11.188 de un total de 33.476 viviendas, es decir, 33,4% del total de casas y apartamentos asignados para atender la emergencia en el área metropolitana de Caracas. 

Por su eficacia, pronto se volvió una bandera de la gestión chavista. Conseguir un techo propio era una de las inquietudes más importantes entre la población tradicionalmente excluida y no solo de los damnificados de desastres naturales. Además de una justa reivindicación, satisfacer esa demanda constituía un atractivo señuelo electoral.

Con su voz ronca, Farruco Sesto adquirió la categoría de animador en las frecuentes transmisiones especiales de los canales oficiales de TV. "Antes los pobres iban para la orillita, para las quebradas, para los sitios de riesgo, y ahora se están viniendo para donde la ciudad está constituida, con su equipamiento, su servicio, su metro, su escuela, equipamiento de salud, museo, todas las facilidades", presumía en una de esas transmisiones de 2012. En otra de ese mismo año -año en el que se reveló el cáncer que llevaría a Chávez a la muerte en marzo de 2013-, Sesto aclaraba que “el presidente hace esto con mucho amor. Él está con nosotros, esto lo ve por televisión. Él quisiera estar en todas las entregas. Al final, lo importante es hacer el trabajo para nuestro pueblo, para familias con dificultades”. En esta ocasión, informó que la Opppe estaba construyendo 4.300 viviendas en Vargas. 

El Litoral Central fue uno de los epicentros de aquella batida de construcción y propaganda. Allí la Opppe no solo levantaba edificios. Por ejemplo, también en 2012, Sesto asistió a entregas de “viviendas dignas”, unas casas hechas con el sistema constructivo Forsa, en el sector Los Corales de Caraballeda.

En enero de 2011, apenas tres meses después del decreto de emergencia por las lluvias, que se prorrogó varias veces, la Opppe pasó a ser una fundación de Estado con patrimonio propio y atribuciones para manejar fondos, otra muestra del poder que iba acumulando y de cuyo ejercicio nunca ofreció reportes detallados. 

De acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio del Despacho de la Presidencia, ente al cual respondió siempre la Opppe hasta su reciente desactivación en febrero de 2026, entre 2011 y 2015 la oficina manejó un presupuesto de casi 3.300 millones de dólares (exactamente 3.273.625.727,15), según cálculos hechos a partir de la tasa de cambio oficial de la divisa en cada uno de esos años. Pero su ejecución no aparece desglosada. En las Memoria y Cuenta de 2011 y 2012 apenas se informaba que los cuantiosos montos se destinaron a “contribuir a las mejoras y soluciones de los problemas urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos a nivel nacional”. A partir de 2013, ni siquiera se molestaron en enunciar algún proyecto específico.  

Durante ese quinquenio, el de 2012 fue el año de mayor prosperidad para las arcas de la Opppe. Tuvo a su disposición un presupuesto de unos 1.200 millones de dólares (la cifra:1.169.517.397,90). No en balde se trataba de un año electoral, en el que, en octubre, un Chávez ya cerca de morir conseguiría reelegirse frente al candidato opositor, Henrique Capriles Radonski. Otro dato de ese sprint electoral se encuentra en los documentos del Ministerio de la Presidencia: tan solo en 2012 la Opppe entregó 2.306 viviendas en Vargas (hoy La Guaira) y 240 en Caracas.

Entre deslices

A finales de 2021, Sesto -apartado de la Opppe desde seis años antes- participó en un encuentro en Madrid, junto a Mario Isea, entonces embajador de Venezuela en España, para exponer las bondades de la Gran Misión Vivienda Venezuela ante un grupo de miembros españoles de la llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y Leganés. Ante la audiencia, Sesto reconoció: “No hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”, de acuerdo con la reseña del evento publicada por el medio digital Al Navío. 

De acuerdo a un reporte posterior de 2023, publicado en la revista colombiana Ciudades, Estado y Política, durante una serie de debates que tuvieron lugar en 2013 y 2015 en las sedes caraqueñas del Museo Nacional de Arquitectura (Musarq) y la petrolera estatal Pdvsa, el arquitecto Lucas Pou Ruán, sempiterno socio de Farruco Sesto, habría afirmado que “en ese momento de crisis [refiriéndose al año 2011], tuvimos que empezar a diseñar los proyectos sin terreno ni variables urbanísticas determinadas, en paralelo se desarrollaba el proceso de selección de suelo, ocupación y expropiación de parcelas vacías u ocupadas por aparcamientos o instalaciones provisionales de fácil demolición. Los primeros edificios están determinados por la naturaleza de la emergencia, son muy sencillos, pero tienen las condiciones de habitabilidad necesarias para vivir bien”. Otra reseña sobre aquellos debates calificó como “marcha forzada” las circunstancias en la que los encargados de la Opppe abordaron su vasta misión.

 

 

Pou Ruán hizo carrera en la Opppe. Se desempeñó primero desde 2010 como Coordinador de Ejecución de Proyectos. Luego, en febrero de 2011, se le designó Director de Ejecución de Proyectos y, poco después, como Director de Proyectos, hasta alcanzar su último cargo en 2012 como Director de Arquitectura del organismo, responsabilidad que asumiría hasta 2014.

En entrevista telefónica con Armando.info, Pou defendió la gestión de la Opppe, descartando que el apuro condicionara sus obras. “Ese es un trabajo que se hizo en dos años”, aseveró. “La interpretación de la premura no tiene nada que ver con el trabajo que hace uno. ¿Qué quiero decir? Que todo el trabajo se hace bajo unas condiciones profesionales, absolutamente responsables. Es decir, en un proceso de ese tipo, rápido, lento, como sea, lo que es que nunca, nunca, se obvió lo que son [sic] los pasos profesionales: proyectos, cálculos, estudios de suelo, o sea, porque hay que hacer todo lo que hay que hacer”. Sobre los informes publicados que le citan sobre la rapidez de los trabajos, negó que haya usado esas palabras: “Yo no dije eso (...) esas son especulaciones”.

Consultado sobre si los proyectos de la Opppe en Vargas contaron con alguna consideración especial por su desarrollo en una zona sísmica, respondió de una manera más bien genérica: “Había una unidad, vamos a decir, que dirigía los estudios de suelo, tenía alguna capacidad de producir estudios de suelo propios, pero básicamente se contrataban empresas, empresas especializadas, por supuesto, en estudios de suelo, y ellas se encargaban de perfilar cuáles eran las características del suelo para luego darle esa información a empresas especializadas en lo que es la ejecución de los pilotajes [fundaciones]”.

La vaguedad de su respuesta tendría por base el hecho de que, por decisión propia, no habría querido involucrarse en contrataciones y gestión de obras: “Yo dije ‘no quiero, no quiero tener que ver con contratos, no quiero tener que ver con esto, no quiero’. Bueno, por razones de ocuparme de lo que a mí me gusta hacer, que es proyectar”. Si bien admite que tuvo una participación directa en el complejo de edificios de la Opppe en Montalbán, otro en Santa Mónica, además del Mausoleo de El Libertador, todos en el área metropolitana de Caracas, puntualiza que por sus manos no pasó ni uno solo de los proyectos de construcción de viviendas en el estado Vargas: “Cuando yo llegué a la Opppe esos proyectos ya estaban como prototipos, estaban ya diseñados”. Recuerda entonces que el encargado de los proyectos de viviendas de las Opppe, tanto en Vargas como en Caracas, fue Gilberto José Rodríguez González, Director de Proyectos y Director de Estrategias de la Opppe entre 2010 y 2014. Armando.info intentó contactar a Rodríguez González través de sus redes sociales y correo electrónico, sin recibir respuesta. 

También se envió una solicitud de entrevista a Francisco Farruco Sesto, tanto a través de su correo electrónico personal como por redes sociales, pero a la hora de cierre de la presente edición no se había obtenido respuesta alguna de su parte.

En todo caso, queda público un balance de su gestión que Sesto escribió con satisfacción en su blog personal, en agosto de 2015, a propósito de su salida de la presidencia de la Opppe: “Debo decir que la Oficina Presidencial, en las tareas específicas que le fueron asignadas, le respondió al Comandante con lealtad y eficiencia. Solamente en Caracas y Vargas, a partir de 2011, sin tener proyectos ni organización para ejecutar tanta obra cuando comenzamos, emprendimos la construcción de 11.199 viviendas, de las cuales logramos entregar unas 9.500, quedando el resto en condiciones muy avanzadas”. 

 

 

Mucho antes del doblete sísmico del 24 de junio de 2026, varios habitantes de los urbanismos de la Opppe de Vargas habían denunciado vulnerabilidades de las estructuras. Credito: La Verdad de Vargas

Ilustres desconocidos 

En 2012, al término de la vigencia del decreto presidencial de emergencia, la Opppe continuó construyendo viviendas en La Guaira. En enero de 2014, Ernesto Villegas, ya como presidente de la oficina presidencial - venía de ser el ministro de Comunicación e Información que ofreció las versiones oficiales sobre la agonía de Hugo Chávez-, visitó el estado costero para revisar el avance de las obras en los urbanismos Opppe 34, Opppe 33 y Opppe 22 en Caraballeda, las que doce años después quedaron hechas trizas o inhabitables. Según el boletín de prensa, durante la visita Villegas “batió mezcla y compartió con los obreros, arquitectos, ingenieros e inspectores” a quienes habría exigido que aceleraran “las labores de construcción de las viviendas”, mientras exhortaba a los inspectores a dar seguimiento permanente a las obras.  

Todavía en 2016 la oficina presidencial de construcción seguía entregando apartamentos en el edificio L de la Opppe 26, una de las últimas torres en construirse. Ya no le tocaría a Farruco Sesto, sino al hoy fallecido exgobernador de Vargas, general Jorge García Carneiro, hacer entrega de 46 apartamentos: “Esta es la Gran Misión Vivienda Venezuela que el presidente Chávez, con amor y con entusiasmo, quiso darle al pueblo [al] que durante muchísimo tiempo se le negó esta necesidad y, gracias a la continuidad del presidente Maduro, podemos decir que vamos a disfrutar de una vivienda”, dijo entonces.

Armando.Info  intentó obtener la versión de Villegas sobre su período de gestión en la Opppe, sin éxito. También se envió una solicitud de entrevista a Orlando José Martínez Santana, quien de 2011 a 2014 se desempeñó como Director de Ejecución de Obras de la Opppe entre 2011 y 2014 y quien, a la vez, aparece como contacto institucional en dos proyectos de servicios en La Guaira asignados a las empresas Kema Proyectos y Construcciones (inspecciones) y Servicios Integrales LCH C.A (construcción de pilotes de la Opppe 34); tampoco respondió ni a los mensajes enviados a sus correos y redes sociales, ni a las llamadas telefónicas.

Finalmente, la Opppe fue liquidada en febrero de 2026, ya bajo la gestión del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Transparencia Venezuela alertó que el presupuesto asignado a la Opppe sería transferido a la corporación estatal Juntos Todo es Posible. Como siempre, no hubo información oficial sobre la totalidad del monto. 

Pese al finiquito de la Opppe, la dependencia dejó el rastro de las contrataciones caprichosas y opacas que acostumbró otorgar durante su trayectoria. 

Bajo el decreto de emergencia por las afectaciones de las lluvias y al amparo del artículo 102 de la Ley de Contrataciones Públicas, se suspendió la convocatoria de concursos públicos para los contratos de ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes. Las asignaciones a menudo beneficiaron a empresas desconocidas, con experiencia poco comprobable en el sector de la construcción.  

La revisión que Armando.info hizo del Registro Nacional de Contratistas (RNC) encontró que 84 empresas asumieron 163 contratos de obras y servicios otorgados por la Opppe en aquellos años pioneros y de bonanza de 2011-2012. De ese total, 17 contratistas ejecutaron 23 proyectos relacionados de manera directa con la construcción e inspección de edificios residenciales de la Opppe en el estado Vargas. 

Dentro de este conjunto de empresas, se hallaron algunos patrones que llaman la atención: 11 de las 17 empresas con asignaciones en Vargas (65%) fueron creadas o aumentaron significativamente su capital entre 2011 y 2012; ocho (47%) registraron su domicilio fuera de Caracas y Vargas, en estados tan distantes como Barinas, Táchira o Anzoátegui, mientras que el objeto social inscrito en los expedientes mercantiles de cinco compañías (29%) está completamente desligado del sector de la construcción. 

Un ejemplo que reúne todas esas notables características es el de la Asociación Cooperativa Portuguesa Vencedora 2012 RL, con sede en el estado Barinas. Fue incorporada en junio de 2011, justo el año en que entró en vigencia el decreto presidencial por emergencia de lluvias que propiciaba la contratación express para edificar viviendas para damnificados. 

El RNC indica que, en octubre de 2012, la Opppe otorgó a Portuguesa Vencedora un contrato de gran envergadura -de hecho, desproporcionado para su corta trayectoria-, el CJ.OPPPE-115/12, Construcción de urbanismo en la implantación de los proyectos Opppe 25A, Opppe 25B y Opppe 25C, en el actual estado La Guaira. Aparte, firmó dos contratos de construcción de viviendas Opppe situadas en Caracas. 

También en 2012, esa cooperativa participó en el III Encuentro de Oferta y Demanda para bienes, obras y servicios para pymes y empresas comunales, coordinado por los ministerios de Comercio e Industrias y el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).  

Otro caso llamativo es el de Inversiones Rotatech C.A., empresa registrada en Caracas en julio de 2011, que, según el RNC, firmó dos contratos para la  “construcción de pilotes para el desarrollo habitacional multifamiliar” de la Opppe 34 y Opppe 26, dos de los urbanismos que colapsaron en Caraballeda. Para ejecutar estas obras, en abril y mayo de 2012, Inversiones Rotatech subcontrató a Servicios Integrales LCH C.A., una compañía actualizada para contratar con el Estado que, si bien fue creada en mayo de 2007, aumentó de capital y modificó su objeto social en junio de 2011.

Inversiones Rotatech en sí no figura en el RNC como empresa inscrita para contratar con el Estado venezolano; tampoco su accionista mayoritario, P&P Consejeros C.A. Pero uno de sus socios, Oscar Timpanaro Marcoccia, es directivo -mas no accionista- de otra empresa de nombre similar, Rotatech Fundaciones C.A., que sí está actualizada en el RNC y, por lo tanto, permanece habilitada para contratar con el Estado. 

Armando.info intentó contactar a los propietarios de la Asociación Cooperativa Portuguesa Vencedora 2012 RL y de Inversiones Rotatech CA, dos firmas actualmente inactivas, que no cuentan con sitio web o Instagram. Los números telefónicos que aparecen en las fichas de ambas empresas en el RNC no funcionan y los correos electrónicos no consiguieron respuesta. 

Otros contratistas remotos fueron L.C. Ingeniería, C.A., con sede en Guanare, capital del estado Portuguesa, que sirvió como empresa residente en la inspección de 672 apartamentos de Naiguatá; y Pavimentos del Sur, C.A., de San Cristóbal, estado Táchira, beneficiada con contratos por parte de la Opppe, no ya como inspectora sino como constructora de un edificio que no se especifica en el RNC, sin reparar en que su objeto social no menciona la construcción como un área de acción. Para preguntar al respecto se envió un correo electrónico a su socio, Juan Carlos Uzcátegui Serrano. No se pudo establecer comunicación. 

Desde el estado Anzoátegui, Construcciones Inversiones Israel Andrade (Coniad), C.A. quedó encargada, mediante contrato, de la construcción de 96 apartamentos del edificio Opppe 36/B. Tampoco hubo respuesta a la solicitud de entrevista que se envió a su socio, Alirio Morillo. 

Otras aparentes anomalías se evidencian en los archivos del RNC. Un ejemplo: Grupo Gaiga 777, C.A. incorporada en Caracas, no tenía explicitada la construcción en su objeto fiscal, sino la elaboración de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Sin embargo, de acuerdo con el contrato que le fue asignado por la Opppe, la empresa se encargó no solo del proyecto, sino de la construcción de 145 apartamentos en el Bulevar Naiguatá. No se especifica cuál fue el edificio que levantó, que se habría completado en 99%.

La contratista era frágil, sin embargo. Apenas un par de años después, el RNC inhabilitó la contratación con esta empresa por el inicio de un procedimiento administrativo en su contra, tras haber sido demandada por adeudar prestaciones sociales. Para este trabajo se intentó contactar a su director y socio, César Molina Rodríguez, sin que se obtuviera respuesta.

Como se especifica en el RNC, Construcciones e Importaciones I&D, C.A. tuvo a su cargo la culminación de “trabajos” en cuatro pisos (planta baja y uno, dos y siete) de una torre no identificada de la Opppe en Vargas/La Guaira. La disonancia radica en el objeto social, que no detalla nunca la construcción como fin de la empresa, sino la comercialización de materiales y artículos de ferretería, materiales y artículos y máquinas de construcción. Aparte, se le atribuyen “estudios de suelo, cálculos estructurales y análisis de proyectos relacionados con la ingeniería civil”. 

Un arquitecto inspector, que trabajó para una empresa privada que prestó servicios a la Opppe en Caracas, recuerda algunas irregularidades como el tiempo de ejecución de los edificios. “Algo de esa envergadura no se termina en año y medio. Un edificio naturalmente se puede demorar un poco más de dos años. Hasta tres años: ese es un tiempo sano para una obra”, refiere el profesional, cuya identidad se mantiene en reserva 

Aunque no estuvo en las obras de La Guaira, centra su crítica en la escasa atención a las características propias de los terrenos en el Litoral Central. “El suelo de Vargas requiere un estudio especializado (...) La Guaira es mucho sedimento creado por el deslave y no es un suelo firme para trabajarlo. Allí sólo se podían construir edificios de dos o tres pisos”, aseguró, y agregó otro detalle: “La norma Covenin dice que en Vargas solo se pueden hacer estructuras tipo pórtico, es decir, con columnas y vigas conectadas con rigidez”.  

Villas y castillos (de arena)

Las torres de las Opppe 26, 27, 22, 33 y 34 fueron levantadas en el sector Caribe, una de las áreas más cotizadas de Caraballeda. Los edificios de elemental diseño, destinados a personas de bajo poder adquisitivo, eran vecinos de condominios lujosos, algunos diseñados por firmas de arquitectura, que también sucumbieron al poder del doblete sísmico, un fenómeno extraordinario que expuso a todas las construcciones a un estrés extremo.

Las edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela también quedaban cerca de la emblemática marina de Caraballeda y del Club Náutico, en cuyo muelle siguen amarradas lanchas y yates. Al frente resiste todavía el histórico Hotel Macuto Sheraton, en remodelación inconclusa, tras ser estatizado y rebautizado como Hotel Guaicamacuto. Si la paralización de las obras ya lo postulaba para convertirse en un elefante blanco, el par de terremotos parecen condenarlo al olvido.  

En febrero de 2011, los terrenos donde se levantaron las torres de la Opppe en Vargas habían sido recuperados, eufemismo al que Farruco Sesto echaba mano para referirse a las expropiaciones sumarias de tierras de propiedad privada.

En la adyacente Tanaguarena, sobre el cabo oriental de los urbanismos playeros de la Opppe, también quedó afectado el complejo Opppe 25. Desde la avenida José María España se observa el imponente volumen ahuecado que agrupa cinco torres. Detrás se encuentran las ruinas de lo que fueron dos torres más, de un total de siete que concentraba este urbanismo. Hasta el 10 de julio, cuando Armando.info hizo el recorrido, de allí se habían recuperado unos 70 cadáveres, y se continuaba la búsqueda de otros 100 bajo los escombros, según confirmó Esteban Chala, líder del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) de Argentina, uno de los tantos equipos internacionales de salvamento y rescate que llegaron a Venezuela por la emergencia. La unidad argentina se centró en localizar y extraer a personas, vivas y fallecidas. En los alrededores, decenas de personas aguardaban bajo la sombra de los árboles por el hallazgo y rescate de los restos de sus seres queridos.  

Algo más apartado y solitario, frente a la playa Ali Babá de Camurí Chico, los vestigios de lo que fue el complejo Opppe 30, que abarcaba dos torres unidas en bloque sobre la avenida José María España, mantiene a sus hasta hace poco habitantes, ahora damnificados, en carpas improvisadas, vigilantes de que, al caer la noche, nadie robe las pocas pertenencias que quedaron en sus apartamentos agrietados. 

Fuera de la zona cero, Armando.Info verificó en Playa Grande -otra área azotada por los terremotos- que la Opppe 36, renombrada como Luisa Cáceres de Arismendi, frente al urbanismo Hugo Chavez, sufrió daños severos. Una de las cuatro torres colapsó, mientras que las otras tres apenas se mantuvieron en pie, con rupturas estructurales que las exponen al riesgo del derrumbe. 

Tras el sismo doble del Día de San Juan, José Luis Blanco llegó al Litoral Central apenas pudo desde San Rafael de Onoto, en el estado Portuguesa, para instalarse junto a decenas de personas frente a la torre desmoronada de la Opppe 22. Mantiene la esperanza de recuperar el cuerpo de su hermano, que se dedicaba a la albañilería. “En la familia siempre le decíamos que volviera a su pueblo, pero él se enamoró de La Guaira. Era muy feliz aquí, viviendo frente al mar. Ahora todo quedó hecho polvo; estos edificios del gobierno estaban mal hechos, con materiales que no servían. Y nadie de ellos nos ha venido a ayudar”, comenta con voz queda en la plazoleta donde confluyen la mayor parte de las Opppe de Caraballeda. Detrás, un pequeño altar de la Virgen de Fátima sigue intacto, todavía en pie. 

* Valentina Lares colaboró en la reportería.

** El Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) aportó documentos y contactos para esta historia.

A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio, Nancy Rengifo estaba en su casa viendo el partido de la Copa Mundial de Fútbol FIFA entre Brasil y Escocia, que se transmitía por televisión desde Miami y recién comenzaba. A partir de ese instante, una seguidilla de dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, apenas separados entre sí por 39 segundos, sacudieron a Venezuela. 

Al cabo de casi dos minutos de espanto, el movimiento de la tierra dejó estrujada la estructura que rodeaba el apartamento de Rengifo. Ella, junto con su hija y su yerno, quedaron prisioneros de un amasijo metálico, bajo la placa del techo y de los otros tres pisos del edificio, en apariencia intactos. 

Rengifo vivía en la planta baja de una de las 196 torres del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande -también identificado en algunos documentos como Ciudad Chávez-, en el oeste del estado La Guaira, antes Vargas. Se trata de una obra emblemática de la Gran Misión Vivienda, uno de los más importantes programas sociales del chavismo, que el régimen nunca dudó en usar como bandera propagandística. El complejo quedó inaugurado en octubre de 2013, cuando se entregaron las viviendas de su primera etapa, y recibió entonces el nombre del comandante revolucionario -su principal promotor-, fallecido apenas siete meses antes.

Allí los sismos causaron el hundimiento de las construcciones, en lugar de derrumbarlas como enormes milhojas de escombros, que fue lo más común tanto en el resto del Litoral Central como en Caracas. En cuestión de segundos, casi por acto de magia, muchos de los pequeños edificios, de color celeste y cuatro niveles, quedaron reducidos a tres pisos, pues sus plantas bajas se hundieron, aplastaron y desaparecieron. O como dice Nancy Rengifo: “Parece que la tierra se las tragó”. 

Durante un recorrido por el sitio se llega a ver algunos edificios en los que el achatamiento eliminó dos pisos, de cuatro. Los voceros de la comunidad hablan de más de 3.000 familias afectadas. Alrededor de ocho de cada diez edificios, o más de 150 de ellos -aplastados, hundidos o inclinados-, registran daños. Pero, de acuerdo a los vecinos con los que Armando.info conversó, hasta aquellos inmuebles que lucen bien por fuera quedaron destrozados en su interior, sin techos ni paredes. 

Justo al momento del recorrido, funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policía auxiliar del Ministerio Público) retiraban dos cadáveres del lugar.

Nancy Rengifo, de 76 años de edad, es una sobreviviente. A ella y a sus dos parientes, atrapados entre el metal y otros materiales de construcción que las fuerzas telúricas retorcieron, los rescataron otros familiares que por una ventana consiguieron entrar y abrir un espacio en el amasijo. Recuerda que, cuando se vió tapiada, pensó: “¿Cómo salimos si estamos enrejados?”. 

La imagen que en ese momento de angustia acudió a su mente fue certera. Su edificio, como todos los del complejo reservados para viviendas, es un inmueble prefabricado, consistente de una estructura de metal forrada con fibra de vidrio -un aislante térmico que a simple vista parece gomaespuma-, madera contrachapada, paredes de drywall -o sea, yeso y papel-, y recubierta por una fachada de listones plásticos. El diseño y el sistema constructivo, probablemente concebidos para abaratar los costos y agilizar el levantamiento de viviendas, no dejaban vías de escape y, para el caso de los terremotos en la costa caribeña al norte de Caracas, dieron lugar a unas jaulas mortales para los habitantes tanto de las plantas bajas como de los primeros pisos de la urbanización, vecina al aeropuerto de Maiquetía. 

Nancy Rengifo corrió con la suerte suficiente para salvar la vida. Pero muchos vecinos tuvieron suertes distintas. Según relata la propia Rengifo, ahora damnificada, varios de ellos quedaron enterrados en la trampa metálica de las plantas bajas y murieron en el lugar. Otros, también aprisionados, llegaron a ser rescatados, pero fallecieron luego en centros hospitalarios.  

La misma noche del doblete sísmico, tres edificios del urbanismo se incendiaron por la explosión de una bombona de gas industrial que estaba frente a uno de ellos; los planes para el lugar alguna vez previeron la dotación del servicio directo de gas, algo que nunca se materializó. Hoy siguen en pie los esqueletos metálicos, desnudos y chamuscados por el fuego. En medio del paisaje post apocalíptico, se encuentran pistas de por qué las estructuras funcionaron como unas trituradoras de las que fue muy difícil escapar. Las paredes tenían amarres en forma de rombos y unas cruces, también metálicas, que solo dejaban libres unos espacios triangulares muy estrechos para huir durante una emergencia como la del reciente Día de San Juan, el 24 de junio.

Ratonera por etapas

Hasta ahora no se cuenta con cifras oficiales sobre el número de fallecidos específicamente en el urbanismo Hugo Chávez. De cualquier manera, las imágenes de las estructuras prefabricadas, con sus característicos perfiles, como de casitas de cuatro pisos, pero aplastadas y hechas trizas entre materiales dispersos -que incluían la aparente gomaespuma-, llamaron enseguida la atención de enviados de prensa extranjeros. Uno de ellos se animó a preguntar a la Presidente Encargada, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa inusualmente abierta según los estándares de los últimos años en la Venezuela chavista,  sobre la calidad de las viviendas del Complejo Hugo Chávez. La sucesora de Nicolás Maduro, respaldada desde Washington por la administración de Donald Trump, se las arregló para esquivar el cuestionamiento con una generalidad: “El 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los desarrollos sociales [construidos por la ‘Misión Vivienda’), ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto”.

Pero, si bien es cierto que la destrucción resultante de los terremotos gemelos fue extensa en el Litoral Central, el caso del urbanismo Hugo Chávez tiene sus particularidades.

La primera de esas singularidades surge en las redes sociales y en las conversaciones de los lugareños, donde a menudo también se refieren a la urbanización como “Suma”. El apelativo en realidad alude a la empresa que hizo la construcción, el Grupo Summa de Turquía. 

El 8 de agosto de 2012, “jueves de vivienda”, unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre en las que derrotaría al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, y  apenas cuatro meses antes de que se le viera por última vez, Hugo Chávez hizo una visita de inspección in situ a las obras. Al inicio de la transmisión televisada de su supervisión propagandística, el comandante dijo que con ese proyecto creaba “vida, condiciones para la vida”. Saludó además “a los hermanos y compañeros de la empresa turca”, a la que, sin embargo, titubeó en mencionar. Así que enseguida volteó a preguntar a Rafel Ramírez Carreño, para la época Vicepresidente Ejecutivo de la República y Presidente de la estatal petrolera Pdvsa -financista del desarrollo urbanístico-, buscando su ratificación: “¿Suma?”. 

En esa inspección, Chávez calificó el desarrollo como una “maravilla” que contaba con “una tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar”, sin saber que, 14 años más tarde, las fuerzas de la naturaleza dejarían muy en entredicho tanto el tipo de construcción como los materiales utilizados. 

A Summa se le otorgó el contrato en el marco del Convenio Venezuela-Turquía de 2011. Entonces Ricardo Molina, para el momento Ministro de Vivienda y actual miembro de la Dirección Nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció una inversión de 101 millones de dólares para construir, en una primera etapa, cerca de 1.500 viviendas sobre un terreno de 17 hectáreas en el sector de Playa Grande, en la llamada Meseta de Machado, entre Maiquetía y Catia La Mar. 

De hecho, la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda describía en 2011 un proyecto “bajo el sistema constructivo de Marcos Ligeros de Acero Galvanizado” que permitiría completarlo en tan solo diez meses gracias a “la aplicación de una tecnología que no ha tenido mucha difusión en nuestro país y que apunta a la renovación y actualización de la industria de la construcción”. 

Pero en la ya mencionada transmisión de TV de agosto de 2012, Hugo Chávez y el vicepresidente Ramírez enmendaron las cifras: se trataba de un proyecto para levantar 2.368 viviendas a un costo de 113 millones de dólares, sobre un área de 37 hectáreas. “Y ahora es que hay terreno”, se ufanaba el ex Teniente Coronel y líder revolucionario. 

A la postre, se construirían 3.136 unidades habitacionales en tres etapas, de las que la última se completó en 2015, según se documentó en posteriores entregas de la Memoria y Cuenta del despacho de la vivienda. 

Contratados porque sí

En intercambio por correo electrónico con Armando.info, el analista político y actual profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) en Miami, Imdat Oner, asegura que cuando “Hugo Chávez visitó Libia y vio los proyectos de Summa en ese país, le gustó lo que vio y decidió trabajar con ellos”. Oner lo supo y lo recuerda porque estuvo destacado como diplomático en la Embajada de Turquía en Caracas. Por eso ve normal que el Agregado Comercial de la embajada, Ali Attila, estuviera en diversos actos y gestiones de Summa, como parte de la promoción de los negocios de empresas turcas en Venezuela, a la que estaba obligado por su cargo. Pero también subraya que a Summa no se le conoce como una empresa del entorno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, firme aliado del chavismo.

El empresario turco Mete Bora fundó Summa en 1989. Al fallecer el patriarca en 2017, el grupo empresarial quedó en manos de sus hijos Selim, Fatih y Sinan, quienes ya laboraban para la empresa. Hoy, desde su sede principal en Estambul, aunque nacido en Ankara, el Grupo Summa es un conglomerado con presencia en 13 países de cuatro continentes -la mayoría en Europa Oriental y África- y dos frentes corporativos resaltantes: la Sociedad Anónima de Turismo Summa (en turco, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.) y la Sociedad Anónima de Construcción, Industria y Comercio Summa (Summa Zemin Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş, registrada en varios países como Summa Construction).

A la larga Fatih Bora quedaría al frente de una empresa constructora desprendida del holding, FB Group, y Selim, el hermano mayor, pasó a ser la cara reconocible de Summa. Selim Bora, de 57 años de edad, fue quien plantó la bandera de Summa en Venezuela, única nación sudamericana donde la compañía tiene actividades, y su involucramiento con los negocios en el país llegaría a ser tal que en 2017 fue designado como presidente del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela, donde tuvo como contraparte al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025, Calixto Ortega Sánchez, actual representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bora también es miembro del Consejo de Negocios Turquía-Estados Unidos, e incorporó en el país norteamericano la empresa Summa Construction USA en 2014.

En el website corporativo, Selim Bora ofrece con cierta candidez un relato sobre las conexiones que le llevaron a obtener la asignación para construir el urbanismo de Playa Grande. De acuerdo a su propio testimonio, Bora llegó a Caracas el 10 de diciembre de 2010, espoleado por un viejo amigo de su padre, Faruk Sade, quien poco antes le había avisado desde la ciudad de Ankara que “un amigo de toda confianza tiene muy buenos contactos en Venezuela para futuras oportunidades de negocios”. Apenas un par de días más tarde tuvo un encuentro en la Casa Amarilla de Caracas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Nicolás Maduro, entonces Canciller de Venezuela. “Tras media hora de reunión con el ministro Maduro, tuve la sensación de que habíamos superado la entrevista con éxito”, rememora en su relato. El 16 de diciembre, continúa, Bora logró reunirse con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores y, tras esa cita, el propio presidente “llevó a nuestra delegación a Vargas, un barrio cercano al Aeropuerto Internacional de Caracas, donde quería que construyéramos viviendas sociales”. Bora revela además que Chávez ya tenía referencias de la empresa “por nuestra actividad en Rusia y Libia” y que se “había informado sobre nosotros a través de sus canales en esos países antes de nuestra reunión”. Un impulso del caudillo venezolano, en lugar de una presunta recomendación de Erdoğan, bastó para darle inicio a la aventura comercial de Summa en Venezuela y a la construcción del inmenso desarrollo habitacional de interés social.

En cualquier caso, Selim Bora y Summa llegarían a conseguir el reconocimiento del gobierno turco. Estuvieron entre los distinguidos con los Premios al Logro en Servicios de Contratación en el Extranjero, que se entregaron en un acto al que asistió el presidente Erdoğan.

Ciertamente, la cronología de la expansión internacional de los negocios de Summa es impresionante. En mayo de 2022, la revista británica The Economist destacaba en sus páginas a Selim Bora como un ejemplo del éxito de los emprendedores turcos en África. Summa manejaba minas de oro en Níger y desde 2015 proyectos en Eswatini, nación antes conocida como Suazilandia, a la que Selim Bora empezó a servir como Cónsul Honorario en Ankara, la capital turca. Pero en medio de tantas conquistas, un revés ensombreció la campaña triunfal de Bora: según reportes de 2025, en Senegal, en cuya capital había levantado el nuevo Estadio Nacional de 50.000 asientos, Summa perdió el favor del gobierno tras la caída del presidente Macky Sall, depuesto en 2024 tras 12 años en el poder; en consecuencia, Bora mudó su atención a Nigeria, donde capturó el contrato para levantar el nuevo Aeropuerto Internacional Lekki-Epe, al este de Lagos, la capital. 

En 2018, en su rol de presidente del Consejo Empresarial Turquía-Venezuela, y en el marco de una visita del presidente Nicolás Maduro a Estambul, Selim Bora destacó que el mercado venezolano era uno de los más importantes que Summa atendía, donde “desde diciembre del año 2010 estamos muy activos”, en clara referencia a aquellas primeras reuniones que desembocaron en la posterior firma del contrato para la edificación del urbanismo en Playa Grande. 

También en 2018, pero en diciembre, Bora se reunió con el entonces gobernador oficialista del estado Zulia, Omar Prieto, como cabeza de una delegación de empresarios turcos en busca de negocios en esa región del país. En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, el entonces Canciller, Jorge Arreaza, suscribió en Caracas con su homólogo turco varios acuerdos, entre ellos, un “acta de compromiso” para la construcción de un hospital por parte de Summa. La edificación iba a tener capacidad para 288 camas, pero nunca se erigió.  

Resulta llamativo que, en el recuento que de sus obras hace en el propio sitio web, Summa no menciona ningún otro proyecto masivo de viviendas de interés social que no sea el de Venezuela. Destaca, en cambio, proyectos de infraestructura como estadios de fútbol en Senegal y Ruanda, aeropuertos en Guinea-Bissau, Sierra Leona y Moldavia, y hasta hoteles de lujo en Libia y Benín. Para lo que terminaría siendo el Urbanismo Hugo Chávez, la empresa se abocó a enviar materiales y estructuras prefabricadas por barco desde Turquía, un trayecto de 40 días, y puso en el sitio personal especializado turco.

Pese a sus negocios en Venezuela, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no hay rastro de la compañía turca, pero sí hay documentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionados con litigios laborales, en los que se alude a Summa Inversión Turística S.A como responsable del proyecto en Playa Grande, aunque sin especificar el número de registro fiscal, ni una dirección de oficina en el país. 

Armando.info contactó por correo electrónico a Summa, solicitando una entrevista con un vocero oficial o una versión corporativa sobre su trayectoria en Venezuela. En su respuesta, la agencia de comunicaciones de la compañía manifestó que “Summa no puede responder a peticiones de entrevistas en este momento”. 

Pisando la inestabilidad

El Urbanismo Hugo Chávez nació bajo el signo de la premura. Las inundaciones y derrumbes por las intensas lluvias del año 2010, que dejaron miles de damnificados -muchos de ellos en Caracas y el mismo Litoral Central-, urgieron al gobierno a ofrecer una solución. Durante la firma del convenio con Summa en agosto de 2011, el ministro Ricardo Molina impuso como meta la construcción del complejo en tan solo diez meses, “un reto tecnológico (...) nosotros estamos empeñados en que los proyectos tengan fecha de inicio y fecha de cierre ciertas”.  Un año después, durante su inspección a las obras en agosto de 2012, el presidente Chávez se entusiasmó con los avances que había encontrado: “El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga (...) Vean cómo en revolución las cosas cambian rápido”.

A la prisa se sumaron las características del terreno. El desarrollo urbanístico se levantó sobre una explanada elevada, propiedad del Estado, bajo control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que, según denunció Chávez, “los adecos y copeyanos dejaron lleno de chatarra”, en realidad, contenedores, vehículos y equipos en estado de abandono. Lo cierto es que la construcción allí fue una auténtica temeridad desde las perspectivas de la geología y del urbanismo, y lo que el doblete sísmico del 24 de junio dejó podría volver a llamarse chatarra. 

A partir del llamado Deslave de Vargas de 1999, el Estado venezolano creó dos normativas con lineamientos específicos para la construcción en esta región costera. El primero, en el año 2005, denominado Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Estado Vargas y el segundo, llamado Plan de Ordenación Urbanística del Estado Vargas (POU). 

El estado La Guaira descansa sobre un eje sísmico de envergadura, en el que predominan los suelos sedimentarios, propensos a la licuefacción durante eventos sísmicos, y esto era de conocimiento de las autoridades. El POU, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, ya advertía que “el área del Sistema Urbanístico del estado Vargas” se ubica “en una provincia sismo-tectónica activa, correspondiente a la zona de contacto y desplazamiento de la placa de Sudamérica con la del Caribe, formando parte de una de las zonas de mayor actividad sísmica del país”. 

Con eso en cuenta, el mismo documento clasificó el sector de Playa Grande como una zona para Nuevos Desarrollos Residenciales Especiales -tipo 2 (NDRE-2), categoría cuyo rótulo puede aún verse en los mapas incluidos en el POU que corresponden a los terrenos donde tiempo después se erigieron los edificios del Urbanismo Hugo Chávez. 

Las regulaciones contemplaban para el lugar un posible uso residencial “con una densidad bruta máxima de ciento cincuenta habitantes por hectárea (150 hab/ha) sobre área desarrollable, así como actividades de comercio local у equipamiento urbano. Estas áreas deben ser sometidas a estudios geotécnicos de detalle para especificar con exactitud los sectores con mejores posibilidades de ser urbanizados” (cabe destacar que la densidad que al final estableció el complejo habitacional fue mucho mayor, de 450 habitantes por hectáreas, aproximadamente, calculada a partir de la información que Summa da sobre el desarrollo y del número de edificios y unidades habitacionales que realmente se construyeron). Y agregaba: “La ejecución de nuevos desarrollos urbanos planificados deberá seguir en forma estricta las disposiciones y requerimientos de la Norma COVENIN 1756-2001 sobre Edificaciones Sismorresistentes y/o sus actualizaciones”.

El par de terremotos del miércoles 24 de junio dejaron en pie algunas edificaciones, en las que se aprecia que siguen levantadas sobre una losa de concreto. Sin embargo, bajo las hundidas o con niveles aplastados no se puede verificar si también la tenían.

Para que opinara al respecto, al ingeniero civil Julio Gutiérrez, presidente de la seccional del del estado Lara del Colegio de Ingenieros, se le mostraron algunas fotografías que Armando.info tomó en el sitio. Gutiérrez presume que allí “fallaron las fundaciones [de los edificios] y se inclinaron y se hundieron”. 

Las construcciones inclinadas lucen para el ingeniero como un indicio de que “no fueron piloteadas (...) Los pilotes son los que llegan hasta el manto rocoso o a un manto más firme y [permiten] entonces manejar y evitar el efecto de licuación. Presumimos que se fueron para abajo por este efecto”, detalló, agregando que cuando las fundaciones son apenas superficiales o semisuperficiales, “hacen que la estructura de la edificación empiece a hundirse y a inclinarse hacia un lado” durante un  movimiento sísmico, sobre todo en suelos con muchos sedimentos como los del Litoral Central. 

En una entrevista con el canal VPI TV el pasado 1 de julio, Carlos Genatios, Doctor en Ingeniería, quien tras el deslave de 1999 fue designado como Autoridad Única de Vargas y que en el desempeño del cargo desarrolló el plan de reconstrucción para la entidad, refrendó la hipótesis del incumplimiento de normas de construcción. Al referirse al Urbanismo Hugo Chávez, asomó que, por lo que ha podido ver, “fue hecho con materiales inadecuados y lo más probable es que no haya respondido a ninguna norma sísmica como las que existen en Venezuela”. 

Damnificados de nuevo

Por la historia del proyecto urbanístico, su génesis y posterior desarrollo, entre los vecinos del Urbanismo Hugo Chávez abundan los damnificados por partida doble. Nancy Rengifo es una entre muchos. Con el doblete sísmico del 24 de junio se hizo de esa aciaga distinción: venía de quedar damnificada en 1999 por el deslave de Vargas. Vivía en Mare Abajo y la reubicaron lejos, en el estado Zulia; la estadía debía ser temporal pero se prolongó por diez años. Volvió por su cuenta al terruño costero. En diciembre de 2013 recibió el apartamento. Ahora la catástrofe sísmica de hace diez días la vuelve a dejar en la calle. 

“Yo viví el terremoto del 67 y aquello no fue ni la cuarta parte de esto. Horrible. No pude salvar nada, pero salvé la vida”. Cabizbaja, adolorida por el techo que le cayó en la espalda y le afectó la cintura, quedó convencida de que los sismos del Día de San Juan literalmente dejaron al descubierto las fragilidades de su edificio y del resto del complejo habitacional. Apela a una imagen: “Como que montaron tres pisos sobre cuatro hisopos”.   

Williams Pico, vocero de la comunidad de la torre 13 y quien también perdió su apartamento, coincide en el uso de símiles tajantes: “El terreno de aquí es un problema, hay que decirlo, pero además esto es una lata forrada con madera, fibra de vidrio y plástico”. Pico insistió en que los edificios nunca recibieron el mantenimiento debido, a pesar que por un buen tiempo Summa mantuvo una oficina en Playa Grande. “Dijeron que iban a venir todos los años y no lo hicieron. Hace más de un año se quemó una torre y no hicieron nada, no vinieron”, dijo en un tono que mezclaba la frustración con la rabia.  

Las quejas no representan una reacción retrospectiva ante la tragedia actual. En realidad, datan de hace mucho tiempo. Ya en 2017, la revista Clímax reseñaba los reportes de los lugareños sobre filtraciones y daños estructurales en los edificios. Una de las declarantes en ese reportaje ubicó, sin saberlo, un presagio del desastre venidero en otro Día de San Juan. “Cuando llegamos a vivir aquí estábamos muy emocionados (...) El sitio es bellísimo y muy tranquilo. [Pero] nos dimos cuenta de que algo raro pasaba el 24 de junio de 2014. Ese día llovió durante horas y afuera corría un río de agua. Cuando escampó, salimos a ver y toda esa agua ya no estaba, se había percolado por el suelo”. 

A seis días del doble terremoto, buena parte de los afectados habían decidido irse a la casa de algún familiar. Otros permanecían en los colegios del urbanismo, activados como refugios temporales, o en el estadio César Nieves de Catia La Mar, a diez minutos del lugar. También había quienes prefirieron quedarse a custodiar sus apartamentos y las escasas pertenencias rescatables.

Esta precaución no resulta excesiva, aunque lo parezca. Lo que le ocurrió a Carmen Sofía López, vecina del urbanismo, es muestra de ello. Tras el terremoto pudo salir de su vivienda y bajó corriendo por la avenida principal de Playa Grande hacia el mercado de Catia La Mar. Cuando regresó, varias horas más tarde, le habían saqueado el apartamento. “Me robaron la mitad de los corotos, la otra parte la guardé”, dijo López a Armando.info. La amarga experiencia, sin embargo, no la persuadió de abandonar el lugar. Escoge por ahora quedarse a cielo descubierto antes que irse a un refugio: “Eso es horrible, ya uno lo vivió (...) Es mentira que eso es temporal, se olvidan de uno”. En efecto, López quedó damnificada en 2009 tras unas lluvias intensas que derribaron su casa en Antímano, en el oeste de Caracas. Estuvo seis años en un refugio y finalmente recibió un apartamento en el complejo de Summa.

Williams Pico espera que el gobierno llegue a tener la capacidad y la voluntad para costear a los afectados la compra de una nueva vivienda. “Aquí hay bastante dinero, robaron mucho, pero todavía hay dinero y va a llegar más”, señaló Pico, otro damnificado por segunda vez. Antes de vivir en el complejo, residía en Alta Vista, en Catia, oeste de Caracas. Las lluvias torrenciales de 2010 lo desalojaron de allí. “Lo que sufrimos en el refugio ya no lo queremos vivir de nuevo”, avisa. Pero, contrariando tal disposición, el pasado viernes 3 de julio las autoridades notificaron a Pico y al resto de sus vecinos que se disponían a llevarlos a un refugio en Los Caracas, balneario del este del estado La Guaira, y a otros lugares de acogida improvisados en escuelas de la región.

“La revolución bonita nos hizo esto otra vez”, ironiza Pico.

Ese jueves, a las 11:30 de la mañana, al menos seis funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegaron al apartamento de Anyi, en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira, a 30 minutos de Caracas. No se identificaron ni mostraron orden de allanamiento, pero estaban uniformados. Anyi estaba con sus padres (que habían ido a pasar unos días con ella) y sus dos hijos, una bebé de 15 meses y un niño de ocho años. Horas antes, en la madrugada de ese mismo día, un primer contingente había ido a la casa de sus padres, en la urbanización Hugo Chávez de La Guaira, cerca de Playa Grande. No consiguieron a nadie, pero forzaron la cerradura, entraron y destrozaron todo. Buscaban algo.

Los tres son los familiares directos del capitán Ányelo Heredia Gervacio, detenido por la Dgcim el 31 de marzo de 2017 en el estado Táchira e imputado por la Fiscalía Militar Tercera Nacional por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín. Heredia Gervacio fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda, a 50 minutos de Caracas. Pero la Dgcim lo cazaba de nuevo en esos días navideños porque el día anterior, el 25 de diciembre de 2019, había logrado fugarse de ese centro de reclusión.

A Anyi y a sus padres los sacaron del apartamento esposados, los montaron en una camioneta tipo Jeep donde los llevaron a Caracas, a un centro clandestino de torturas. Allí estuvieron ocho días. 

La detención arbitraria de la familia del capitán Heredia fue apenas el preámbulo de un procedimiento que los funcionarios de contrainteligencia militar han estado usando de manera metódica contra familiares de personas perseguidas por motivos políticos, sean militares o civiles. De acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, esta técnica tiene nombre: Sippenhaft. 

El segundo informe de la Misión (FFM, por sus siglas en inglés), publicado el 16 de septiembre de 2021, la menciona por primera vez : “Un acusado de participar en la operación Gedeón en mayo de 2020 dijo al tribunal de control en su audiencia preliminar que unos agentes de la DGCIM lo habían torturado y le habían dicho que utilizarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Posteriormente detuvieron a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta [sic] durante 32 días”.

Su origen se remonta a la Alemania del nazismo y tiene una definición inquisidora, “castigo por responsabilidad familiar”. En casi ocho décadas, el método no ha cambiado. Consiste en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado. En Alemania, era una norma legal que se convirtió en mecanismo de control social y reducción de la disidencia política, como explica el investigador australiano Robert Loeffel, uno de los autores que ha investigado este tipo de castigo.

En el artículo titulado Sippenhaft, terror y miedo en la Alemania Nazi: Examinando una faceta del terror tras el complot del 20 de julio de 1944, publicado en 2007, Loeffel detalla que esta técnica comenzó a aplicarse con más frecuencia tras el atentado del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Claus von Stauffenberg lideró un intento de asesinato de Adolfo Hitler, el de la llamada Operación Valquiria. 

Después de esa fecha, “este castigo fue ampliamente promovido e impulsado por los principales nazis, así como dentro del ejército alemán, donde delitos como la deserción y la traición de las tropas eran tratados como de naturaleza política”, señala Loeffel. 

De acuerdo con su investigación histórica, en los archivos de la Gestapo, policía secreta del Estado nacionalsocialista, no aparecen detalles de las detenciones de Sippenhaft. La técnica incluía castigos que “iban desde el arresto y la ejecución, en los ejemplos más extremos, hasta el encarcelamiento prolongado, la pérdida de la ciudadanía, el empleo, la educación y la confiscación de bienes”.

En otra de sus investigaciones, El castigo familiar en la Alemania nazi: Sippenhaft, terror y mito (2012), Loeffel presenta evidencias de que era usada desde mucho antes del atentado, citando que ya entre 1933 y 1934 había un miedo arraigado entre la población alemana “debido a su uso extensivo contra enemigos políticos como líderes comunistas, socialistas y sindicales, así como sus familias. Particularmente en aquellos casos donde los sospechosos de participar en actividades antiestatales habían logrado huir de Alemania”. Los paralelismos con la Venezuela del madurismo saltan a la vista.

Tras una investigación de 10 meses, Armando.info logró identificar 25 casos que evidencian la práctica del Sippenhaft en Venezuela, entre los que se incluye el de la familia del capitán Heredia, la esposa de un militante del partido Bandera Roja, la novia de una persona que trabajaba con el gobierno interino de Juan Guaidó, el hijo de un alcalde opositor, los hermanos y padres de cuatro militares disidentes, la familia de un productor agropecuario y más de una decena más. Para esta recolección se hicieron entrevistas a representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados, diez víctimas directas e indirectas, y se realizaron búsquedas hemerográficas y documentales. 

 “Me decían que tenía un hijo delincuente y me daban cachetadas”

Armando.info también determinó que este castigo es aplicado en Venezuela al menos desde 2014, primero bajo formas que solo llegaban al hostigamiento, y que a partir de 2017 —año de las protestas masivas contra Nicolás Maduro—, cambió su patrón de ejecución. Desde entonces, empleó de forma sistemática el castigo y la tortura contra familiares de “objetivos políticos”, que pueden ser militares disidentes o civiles opositores (reales o percibidos como tales).

Este método es efectivo porque usualmente logra producir un quiebre emocional y doblegar a su víctima. Uno de los abogados entrevistados para esta investigación, que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad, asegura que las víctimas coinciden en que ese quiebre se produce cuando mencionan a sus familiares durante los interrogatorios y torturas. “Esto agrava mucho más la situación de vulnerabilidad de la víctima y la discrecionalidad del funcionario, que sabe que este método es efectivo para lograr su fin”.

Tras el objetivo político

Cuando los funcionarios de la Dgcim conducían la camioneta con los padres y la hermana del capitán Heredia, con sus caras cubiertas con franelas para que no supieran dónde los llevaban, uno de ellos hizo una llamada en la que pedía que le prestaran una casa por pocos días. Al comenzar a subir hacia Caracas por la autopista se detuvieron durante un rato, recuerda Anyi Heredia, para que varios funcionarios se regresaran a buscar a su hijo de ocho años, que habían dejado en el apartamento de una vecina. A su bebé de 15 meses la dejaron al cuidado de una vecina del edificio. 

Al llegar a la casa —que presumen fue la que el funcionario pidió prestada— los separaron a cada uno en áreas diferentes. En los próximos ocho días, la familia del capitán Heredia fue sometida a interrogatorios, golpizas, amenazas, torturas físicas y psicológicas.

“Me echaban agua y me hacían preguntas [...] Me daban cachetadas y me decían ‘¡habla, habla!’ [...] Tenían un cuaderno con las preguntas y tenían un palo, me lo enseñaban y decían que me lo iban a meter. Yo de verdad no sabía dónde estaba mi hermano, no tenía nada que decir”, cuenta Anyi Heredia, quien entonces tenía 40 años. El ensañamiento hacia ella fue mayor que con sus padres. Le apuntaban un revólver cerca de la cara, le cubrían la cabeza con una bolsa para asfixiarla.  

El 24 de diciembre, el capitán Ángelo Heredia recibió la visita de su papá, Julio Heredia, en la cárcel. Le advirtió que se iba a escapar y le dio una dirección del lugar donde se escondería. Pero se trataba de una dirección falsa para despistar a los funcionarios de la Dgcim si le preguntaban a su padre, explica el capitán Heredia. Y así sucedió, según cuenta. 

Julio Heredia, quien en ese momento tenía 80 años, dijo lo que sabía. Pero cuando los funcionarios no consiguieron nada en la dirección señalada, aumentaron los tratos crueles contra él, su esposa y su hija secuestrada. Saturnina Gervacio, madre del capitán Heredia, interviene: “Me decían que tenía un hijo delincuente y me daban cachetadas. Cuando le pegaban a mi hija yo la escuchaba llorar y les gritaba que no me la mataran”. El objetivo de estas torturas era detener de nuevo al capitán, a quien señalaban de participar en una conspiración contra Nicolás Maduro. 

Además de la familia Heredia, la Dgcim también detuvo a Oscar Martínez, cuñado del capitán y también militar. 

El viernes 3 de enero de 2020, la familia del capitán Heredia fue finalmente liberada. Como si se tratara de un secuestro los dejaron al final de la tarde en un lugar solitario en la zona de Puerto Viejo, en La Guaira, sin dinero, después de ruletearlos por varios lugares a bordo de una camioneta lujosa. Los funcionarios le dieron una orden taxativa: “No podíamos dar información de lo que nos hicieron allá porque, si lo hacíamos, nos iban a agarrar de nuevo y no iban a soltarnos más, nos iban a desaparecer”, dice Anyi Heredia. Toda la familia huyó de Venezuela apenas pudo. El capitán Heredia también logró escapar de sus perseguidores. Primero se ocultó en Colombia y luego siguió a Estados Unidos. “Maduro destruyó a mi familia”, repite desconsolada, al otro lado del teléfono, Saturnina Gervacio. Tenía 63 años cuando la detuvieron y torturaron. 

Hecho en socialismo

De los 25 casos de Sippenhaft que identificó Armando.info, 14 corresponden a familiares de un militar perseguido; los 11 restantes están relacionados con civiles considerados opositores al Gobierno. Los datos recolectados permiten ver que en 2017 hubo cinco casos, seis en 2018, tres en 2019 y ocho en 2020, cifra que destaca por haber sido un año de restricciones a causa de la pandemia de la covid-19. Aunque no son cifras absolutas, sirven como referencia sobre su incidencia. 

La Dgcim suele ser el organismo a cargo de ejecutar este tipo de castigo, pero también se ha documentado la actuación de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en menor escala. De hecho, varios casos están incluidos en los informes públicos de 2020 y 2021 de la FFM. Desde 2019, esta instancia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene la tarea de indagar sobre la ejecución en Venezuela de cuatro tipos de crímenes desde 2014: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fue, en la recopilación de testimonios de víctimas de estos crímenes, que la FFM llegó a un caso de Sippenhaft. 

Al momento de abordar a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos humanos, fue común notar que el término Sippenhaft no les resultaba familiar o no lo consideraban como una categoría de clasificación para las víctimas que atendían. Algunos explicaron que no lo incluyen porque no es un crimen o delito tipificado en leyes internacionales.

Entre las consultadas, solo el Foro Penal tiene una clasificación que se ajusta al concepto de Sippenhaft. El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, explica que en el Manual de Litigio Estratégico de esa organización tienen una categoría de uso interno llamada Extracción. “Aquí encontramos los casos de detención de familiares o amigos de la persona que se pretende perseguir con el objeto de extraer información, en muchos casos bajo tortura, sobre el paradero de un perseguido político o para motivar la aparición de esa otra persona”, explica Himiob.

Martha Tineo, abogada y directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, considera que la práctica es tan común que “podría decirse que al menos 60% de los familiares de presos políticos han sido víctimas de Sippenhaft de una u otra manera”, con torturas directas, hostigamientos o maltratos recurrentes. Según Tineo, existe un subregistro, pues menos de 5% de las víctimas denuncia formalmente esta situación a causa del miedo que sienten. 

El abogado Carlos Marrón Colmenares es parte de ese escaso 5%. El 10 de abril de 2018, su padre de 73 años, Ramón Marrón, salió a caminar como de costumbre por los alrededores de su casa, en la urbanización Valle Arriba (barrio de clase pudiente del sureste de Caracas), cuando de pronto fue interceptado por unos hombres que lo obligaron a meterse en un carro blanco. La cámara de seguridad de uno de los edificios cercanos grabó lo que parecía ser un secuestro planificado por el hampa común. Tras saber que no aparecía, su hijo, que tenía varios años residenciado legalmente en Estados Unidos, decidió viajar esa noche a Venezuela. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lo esperaban agentes de la Dgcim.

Lo llevaron a la sede en Boleíta, Caracas, donde lo interrogó Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales. En medio de las torturas a las que era sometido en el interrogatorio, relata Marrón Colmenares, Granko Arteaga le preguntó si su padre tenía alguna enfermedad y tomaba alguna medicina. Ahí se dió cuenta de que el secuestro de su padre lo había hecho la Dgcim y le reclamó a Granko Arteaga, pero esa actitud desafiante solo le valió más golpes.

“Pasé 60 días incomunicado y aislado, nunca supe si a mi papá lo soltaron o si estaba con vida. Cuando finalmente él me pudo visitar es que me entero de cómo fue todo. Mi papá me cuenta que Granko Arteaga fue el que lo entrevistó, lo llevaron a una casa clandestina de tortura y allí estuvo cuatro días, lo metían en un sarcófago, le daban solamente dos vasos de agua al día. Le decían ‘¿dónde está tu hijo? Si tu hijo no viene te vamos a matar’. Cuando lo liberaron le dijeron ‘te vamos a soltar porque tu hijo se entregó, si no, te íbamos a eliminar’”.

Ante el país, Carlos Marrón fue presentado como el dueño del sitio web dolarpro.com, página que marcaba el precio del dólar paralelo en ese entonces, y señalado de terrorista financiero. “Cuando Granko Arteaga me interroga me dice que yo fui dueño de esa página. “¿En la ley cambiaria dice que un exdueño de un dominio está cometiendo delito?”, le pregunté, y me dijo: “No, pero te jodiste, tengo que presentar a alguien en Miraflores”, relata Marrón Colmenares, haciendo referencia al palacio de gobierno.  

Lo cierto es que Marrón había sido el dueño de ese dominio durante cuatro o cinco años pero nunca tuvo una página activa. En 2018, dos amigos lo llamaron para proponerle activar un sitio web; pero como a Marrón no le interesaba aparecer vinculado a ese portal, sobre todo porque todavía tenía familia en Venezuela, lo traspasó a una persona, a la que llama “María Angélica”, que no tenía a nadie en el país. La página dolarpro.com era la única que se mantenía activa, en tanto que los otros dos portales dedicados al mercado cambiario que existían hasta entonces habían sido controlados por el gobierno, explica el abogado.

Marrón dice no tener dudas de que fue un preso político de Tareck El Aissami, quien era vicepresidente en esa época y estaba al frente de una nueva política cambiaria que pretendía activar las casas de cambio en la frontera. Estuvo 21 meses detenido sin ser llevado a tribunales. 

Su liberación pasó por la intermediación de la expresidenta de Chile, Michel Bachelet, para ese momento Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la mesa de negociación de entonces. Recibió una medida cautelar y, cuando pudo, huyó de Venezuela. Toda su familia está con él en Estados Unidos. 

Madres, hijas, esposas

Entre las amenazas a familiares que han quedado documentadas y han sido elevadas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se encuentran frases como “tus hijas ya están bastante grandes para hacer sexo oral”, dichas como amenaza a un detenido para hacerlo incriminarse o incriminar a otras personas, y así evitar la violación de sus hijas o su esposa.

Este ejemplo, que se refiere a una persona detenida en las protestas de 2017, es citado por otro de los abogados entrevistados, quien también pidió la reserva de su identidad, para explicar que las amenazas de abuso sexual contra mujeres son recurrentes durante los interrogatorios y torturas son usadas cuando los funcionarios quieren obtener no solamente información sobre un hecho o sobre un tercero, sino también una declaración falsa. La violencia sexual es otro patrón investigado por la FFM de Naciones Unidas y más recientemente por la Corte Penal Internacional, que, en los anexos del informe publicado en abril de 2023, recibió relatos que clasificaron como “Violencia extrema, incluidos los crímenes sexuales y de género”.

Un caso que evidencia la persecución contra familiares mujeres es el de Reyes Hernández González. A finales de octubre de 2020, este productor agropecuario recibió libertad plena tras ser imputado por supuesta traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, delitos por los que estuvo preso desde 2017 en el sótano 2 de la Dgcim, conocido como la Casa de los sueños. 

Hernández González recuerda que salió de la sede de Boleíta a las 6:00 de la tarde, pasó por la casa de la urbanización Prados del Este, en Caracas, donde vivían sus hijas y también se encontraba su mamá, y siguió hasta Valencia, capital del estado Carabobo, a dos horas al oeste, para encontrarse con su actual esposa. Estando allá, lo llamó uno de sus hermanos para avisarle que la Dcgim se había llevado a Boleíta a su mamá, de 78 años, sus tres hijas (cinco, nueve y 14 años) y la nana encargada de cuidarlas.

Él era el objetivo pero como no estaba, las tomaron como rehenes. El productor asegura haber llamado a la Dgcim y hablado directamente con el general Carlos Terán Hurtado, a quien le dijo que lo fueran a buscar en Valencia. Éste le exigió regresar por sus propios medios. “Reyes, vente, que tengo a tus hijas y no las voy a soltar hasta que tú no llegues”, le dijo el general. 

“¿Dónde está su hijo? Dígale que no dé más declaraciones”

Su esposa lo llevó a Caracas al día siguiente. Lo dejó en el centro comercial Los Ruíces, cerca de la Dgcim. “Ahí llamé al general Terán Hurtado y le dije que me iba a entregar, que me buscaran”, detalló Hernández González. Sus tres hijas, la mamá y la nana, estuvieron 13 horas en la Dgcim. Cuando él llegó las pudo ver. Pero rápidamente pasó junto con su abogado a una oficina donde lo esperaban el general Terán Hurtado —jefe de investigaciones en ese momento—, el coronel Néstor Blanco Hurtado y el teniente Abel Angola. Allí le dicen que tiene una orden de captura en Apure. “Lo máximo que puedo hacer por ti es soltarte a tu familia. Tú te quedas”, le dijo el general, según recuerda. Fueron 16 meses más de prisión en la Casa de los sueños.

Hernández González sostiene que su persecución se debe a las presiones a las que el gobierno lo sometía para que vendiera el Hato Chaparralito, su finca de 7.500 hectáreas en Apure, atractiva por su ubicación estratégica en la frontera con Colombia y por su pista aérea construida en 1958 y registrada en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac). No la vendió, pero tras su detención en 2017 fue ocupada por funcionarios del Estado y ha sido saqueada, asegura.

En diciembre de 2021, recibió una nueva boleta de libertad plena por el tribunal de Apure que había ordenado su detención en 2020. En ese momento se encontraba bajo una medida de casa por cárcel que cumplía en San Fernando de Apure, la capital estatal. Al conocer la noticia, buscó la manera de salir del país, anticipando que la persecusión en su contra no cesaría. 

Llegó hasta el estado Falcón, donde abordó una lancha hasta la península de La Guajira, que Venezuela comparte con Colombia, e ingresó al país vecino. Actualmente reside en Estados Unidos como testigo protegido, pero su huída intensificó la persecución contra su familia. 

En marzo de 2023, funcionarios de la Policía Anticorrupción y Terrorismo, vestidos de negro y con armas largas, fueron hasta la finca de uno de sus hermanos, Carlos Eduardo Hernández, en El Socorro, estado Guárico. Como no lo encontraron allí, fueron a la casa de su mamá, donde sí consiguieron a otro de sus hermanos, Jorge Luis Hernández, y se lo llevaron detenido. Lo sometieron a un interrogatorio donde le preguntaban dónde estaba su hermano, Reyes Hernández. “Dile que se entregue”, decían. Después de ocho horas lo liberaron. A los tres días regresaron a la casa de su mamá, María Piedad Hernández, para tomarle una declaración. Se llevaron su teléfono, la intimidaron: “¿Dónde está su hijo? Dígale que no dé más declaraciones” a la prensa, le advirtieron. En las siguientes semanas siguieron llamando a su casa, a sus hermanos y a algunos amigos para enviarle un mensajea través de ellos: que se entregue; que se regrese; que no declare ante la Corte Penal Internacional. 

Derecho a no declarar

En todos los casos de Sippenhaft, el marco legal que debe resguardar a los venezolanos es borrado por completo. La seguidilla de violaciones de derechos comienza cuando los funcionarios de inteligencia del Estado detienen arbitrariamente al familiar de ese perseguido por motivos políticos, sigue con la desaparición forzada que -como agravante- suele darse en secreto, y continúa con la tortura. Todo bajo un paraguas de clandestinidad que aúpa la discrecionalidad de los funcionarios y el abuso psicológico de las víctimas. “Nadie sabe que estás aquí, podemos hacer cualquier cosa contigo”, suelen decir los funcionarios.  

La abogada Martina Alcarra, miembro del equipo jurídico de la organización Defiende Venezuela e investigadora del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, recuerda que el derecho a la libertad personal es inviolable. Una detención sólo puede darse tras la presentación de una orden judicial o si la persona es hallada in fraganti.

Pero hay un derecho que las víctimas desconocen: un familiar (cónyugue, descendientes, ascendientes y demás parientes) no está obligado a declarar sobre el paradero de una persona que está siendo buscada. Esta exención ampara a médicos y abogados, y está incluida en la sección quinta, artículo 210, del Código Orgánico Procesal Penal vigente (del año 2021), reformado por la Asamblea Nacional oficialista.

Un tribunal de control también puede ordenar que una persona sea llevada por la fuerza pública hacia el Ministerio Público para que rinda declaración por un hecho que se esté investigando. Esto, sin embargo, no es considerado una detención sino una entrevista, pero, de nuevo, debe haber una orden judicial previa.

“Sucede mucho que le dicen al familiar que va a ir a una simple entrevista y al llegar al lugar ve que está siendo detenida arbitrariamente. Es importante que la persona exija la orden, porque el funcionario no la va a mostrar por iniciativa propia. Igual. cuando se trata de un allanamiento, en lugar de darles entrada, [hay que] exigir la orden, de lo contrario no se considera inviolabilidad del hogar”, advierte Omar Piñango, abogado e investigador de Defiende Venezuela y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad.

El único caso que justifica la detención y testimonio de un familiar es cuando sea coautor de algún delito que por tanto activa investigación previa. En ese caso, se emite una orden judicial con esa solicitud, explican los abogados.

Ninguno de esos escenarios legales se presentó en los casos de Sippenhaft recopilados para esta investigación. 

Luego de la publicación de los informes de la FFM de Naciones Unidas, los abogados han visto una disminución en esta práctica, tras el pico de casos que empezaron a documentar desde 2017, y continuó hasta 2020. Las investigaciones que mantienen Naciones Unidas desde 2019 (el mandato termina en 2024) y la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2018, han provocado un cambio. 

La CPI se enfoca en investigar crímenes de lesa humanidad (establecidos en el Estatuto de Roma), que son distintos a las violaciones de derechos humanos. Éstas conllevan a una responsabilidad estatal, mientras que la CPI establece la responsabilidad penal individual por los crímenes perpetrados. Aquí cobra relevancia la cadena de mando de organismos e instituciones. 

Otra instancia, pero de alcance regional, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ella fue enviado uno de los casos más representativos de Sippenhaft venezolano, el de la detención de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, en el estado Mérida, Omar Lares, quien era miembro del partido opositor Voluntad Popular. Su historia completa puede ser leída en este cómic especial que acompaña a esta investigación. 

En su caso, no hubo orden de aprehensión, ni situación de flagrancia que justificara su detención, pero estuvo en el Helicoide 10 meses, bajo torturas. “Como nunca fue presentado ante la justicia, en el registro venezolano no existe nada, ningún rastro, de que estuvo privado de libertad". Por eso, su liberación en junio de 2018 se produjo sin orden de excarcelación. “Es decir, el tiempo que estuvo allí fue completamente clandestino”, subraya Alcarra.

En octubre de 2017, la organización Defiende Venezuela introdujo una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por él y su familia y, en julio de 2022, después de ser revisado y solicitar información a los representantes legales como al Estado venezolano, la Comisión pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, por la violación de los derechos políticos del alcalde Omar Lares y por la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y tortura de su hijo. 

La Corte Interamericana está en el proceso de determinar si el Estado venezolano ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Como sucedió con la Gestapo, es probable que no se conozca la totalidad de víctimas venezolanas de Sippenhaft porque no hay registro de este tipo de detenciones y castigos en los órganos de justicia y de inteligencia del país. Aunque eso deja abierta la pregunta de cuántos casos de Sippenhaft ha habido verdaderamente en Venezuela queda una primera certeza: al menos 25 familias fueron quebradas por el madurismo.

*Esta es la primera entrega de la serie Rehenes de la ley, investigación sobre casos de Sippenhaft en Venezuela. Una segunda historia será publicada el domingo 30 de julio.

A partir de esa fecha, con la publicación de dos tuits que además incluían las imágenes de las órdenes de citación para los imputados del caso, el interés sobre Constructora Conkor se disparó. Por supuesto, el público quería y tenía el derecho -casi tanto como el morbo- de saber. Pero ese interés, que contrariaba la conveniencia para Ruiz y Koury de pasar inadvertidos mientras amainaba la tormenta mediática, encontraría dos obstáculos formidables para saciar su sed de información: uno, el entorno de censura que rodea a la prensa venezolana; y en segundo lugar, sobre todo, que los directivos de Conkor habían pagado 80.000 euros a Eliminalia, empresa española de gestión de reputación, para que les hiciera una limpieza de imagen en la web, suprimiendo las coberturas y menciones negativas.

Esta confirmación se deriva de la filtración de unos 50.000 documentos internos de Eliminalia recibidos por Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigación que siguen el trabajo de colegas asesinados o amenazados. El consorcio dirige el proyecto Story Killers, una investigación colaborativa sobre mercenarios de la desinformación en la que participan más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación del mundo, incluido Armando.info, que así pudo consultar la documentación filtrada.

Entre esos miles de documentos, procesados por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), otro de los socios del proyecto, se encuentran contratos parciales, correos electrónicos, documentos legales y nombres de al menos 1.500 clientes de 54 países, en los cinco continentes, que requirieron los servicios de Eliminalia, bien sea para borrar su pasado o “enterrarlo” en los motores de búsqueda hasta un punto en que sea prácticamente imposible de conseguir. Constructora Conkor era uno de ellos.

Al revisar el legajo queda claro que la persona de contacto entre la constructora y Eliminalia fue Elías Ramón Koury Guevara, director ejecutivo de la empresa. El contrato con la compañía española lo firmó en noviembre de 2018 y meses más tarde, en abril de 2019, hizo lo propio Ruiz Mazzeo, con otro documento. Éste último, además, aparece como contacto de otra empresa venezolana que también requirió sus servicios, que tiene a ambos como socios y que tuvo contratos con la faja: Petrovez.

El número de clientes venezolanos de Eliminalia que se pudieron rastrear a partir de la filtración asciende a 35, aunque no todos aparecen en la lista de Venezuela. Desde Panamá, República Dominicana, España y Estados Unidos, varios venezolanos contactaron a la empresa española, que tiene sedes en República Dominicana, Ecuador, Bolivia y México en el caso de América Latina, además de Estados Unidos, Italia, Suiza, Turquía y otros países.

¿El elemento común entre la mayoría de los venezolanos de la lista? Suelen aparecer implicados en alguna investigación sobre irregularidades y negociados en conexión con la petrolera estatal Pdvsa. Algunos pocos, que no tuvieron relación comercial conocida con Pdvsa, destacan en cambio por sus vínculos con otros casos sonados de corrupción, como los de Odebrecht, los alimentos vencidos de Pdval, los dólares preferenciales de Cadivi, contrataciones irregulares en el sector militar, o por, simplemente, poseer lazos con altos jerarcas del chavismo que prefieren mantener ocultos.

No se trata de una simple limpieza de reputación por una cuestión de honor. Eliminar esos rastros en Internet o, al menos, relegarlos a la tercera página de resultados de búsqueda en Google, se traduce en la posibilidad de borrar pruebas incriminadoras para futuras investigaciones judiciales y periodísticas, o de salir ilesos ante cualquier chequeo de due diligence que lleven a cabo entidades bancarias para seguir haciendo negocios con los señalados.

Hay mucho en juego allí. Así que el negocio de Eliminalia ha continuado prosperando con clientes y prospectos dispuestos a pagar miles de euros por sus servicios. 

Aunque esta no es la primera investigación internacional que se publica sobre Eliminalia y sus tácticas, ni la primera en revelar algunos nombres de sus clientes, los documentos de la filtración ofrecen una visión más completa sobre sus operaciones y servicios, una lista más amplia de quienes les contrataron, y permite confirmar que en su cada vez más amplio repertorio de recursos figuraban la intimidación de medios y periodistas, con amenazas de acciones legales, o la generación de falsas solicitudes de derechos de autor a Google para activar los mecanismos previstos en la ley estadounidense DMCA, que protege a los propietarios intelectuales de contenidos en soportes electrónicos.

Los usos maliciosos de esos servicios rebasan por mucho a sus potenciales usos honestos. Por eso Eliminalia, que asegura en sus presentaciones que ayuda a eliminar “información no deseada o errónea” para clientes con “derecho al olvido”, a la postre atrajo una clientela a escala global que incluye a estafadores, empresas de software espía, torturadores, criminales convictos, políticos, empresarios corruptos y, en general, gente con reputaciones problemáticas. Venezolanos, entre ellos.

Blancura digital

Los dos trinos de aquel día de julio de 2017, que señalaban a Ruiz Mazzeo y Koury Guevara, hoy no se consiguen en la red social. Solo perdura el texto en algunos medios digitales que lo copiaron como parte de la noticia publicada sobre la investigación contra la constructora.

Eliminalia no los borró; no hizo falta. La cuenta @MPvenezolano dejó de existir después de la destitución de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General en agosto de ese año, 2017, por parte de la írrita Asamblea Constituyente, electa el 30 de julio. La disidente Ortega Díaz terminaría en el exilio, primero en Colombia y hoy en España, mientras Tarek William Saab la sustituía en el cargo, que todavía ostenta.

Meses antes, a comienzos de 2017, la Fiscalía de Ortega Díaz había iniciado la indagación sobre casos de corrupción, contrataciones irregulares y fraude en torno a la Faja Petrolífera del Orinoco, a partir de una investigación mayor que venían realizando sobre Pdvsa y quien fuera su presidente durante 11 años, Rafael Ramírez Carreño, también exministro de Energía. Los fiscales enfocaron sus indagaciones en la gestión de Pedro José León Rodríguez (2010-2016) como director ejecutivo de la Faja y, a medida que avanzaban, surgió el nombre de Constructora Conkor, relataron dos fuentes familiarizadas con el caso.

La Fiscalía identificó, tras el allanamiento a las oficinas de la empresa en Lechería (un suburbio turístico y de clase media de la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela), que entre 2004 y 2012 existían contrataciones directas de Conkor con Pdvsa y las empresas mixtas de la faja, como Petrojunín, Petrocedeño, Petroguárico, Petrocarabobo, Petromiranda, Petrovictoria, Petropiar, Petrodelta, Petrolera Sinovensa y otras más, por más de 650 millones de dólares, sin que las acompañaran los debidos soportes sobre la culminación de las obras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público obtenido por Armando.info.

Además, entre los más de 80 contratos identificados, había decenas con la gobernación de Anzoátegui durante la gestión del entonces gobernador Tarek William Saab, entre 2004 y 2012. Saab es el mismo funcionario del chavismo que hoy encabeza la Fiscalía General de la República.

La información sobre la constructora, generada a partir de la publicación de las órdenes de imputación y su presunta relación con el actual fiscal general, eran justamente los rastros que sus directivos, Koury Guevara y Ruiz Mazzeo, solicitaron enterrar en la red. Hicieron solicitudes expresas para buscar y retirar, en Google Venezuela y Google Estados Unidos tanto los nombres de ambos socios como los de sus emprendimientos, así como desindexar y eliminar más de 100 links molestos relacionados con esos nombres.

Los documentos de Eliminalia evidencian que, según se ejecutaba el trabajo solicitado, se posicionaban en los primeros resultados de búsqueda en Google las publicaciones positivas sobre ambos socios, sobre todo de Ruiz Mazzeo. Pero también demuestran que, a pesar de la inversión de miles de euros, el trabajo de Eliminalia no resultaba siempre tan efectivo, pues aún se consiguen varias de esas noticias inconvenientes en Google. En todo caso, las tácticas de Eliminalia no se reducían a desindexar o eliminar links.

La organización sin fines de lucro Qurium, que desde Suecia ofrece servicios de seguridad digital, incluido el alojamiento de medios independientes, y que ha recibido solicitudes de Eliminalia, identificó 622 sitios web que la empresa española creaba y usaba para blanquear la reputación de sus clientes, y la compartió con los socios del proyecto Story Killers. La lista permite ver cómo Eliminalia creó direcciones parecidas a medios de comunicación legítimos y reconocidos: por ejemplo, CNN News Today o lemonde-france.fr. Relacionadas con Venezuela, maneja denominaciones de sitios como El Nacional Actualidad o Noticias 24-7, entre otras. Con esto podía crear contenidos positivos para sus clientes, publicarlos en esas páginas web falsas y manipular los resultados de búsqueda. 

Investigación congelada

Conkor sigue activa y habilitada para contratar con el Estado venezolano según el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. De modo que podría decirse que el trabajo de Eliminalia tuvo efectividad, o que los propietarios de Conkor se salieron con la suya.

Además de Conkor, Koury Guevara es socio de otras siete constructoras del estado Anzoátegui, en varias de ellas con Ruiz Mazzeo, con las que tienen contratos con Pdvsa y entes de la gobernación de Anzoátegui, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Una de esas empresas, llamada Constructora Ingeservice, tuvo un contrato en 2020 para la “remodelación de oficinas” de Conkor en 2020, luego de todo el escándalo.

De sus otras filiales en el exterior, Conkor USA LLC, con sede en Texas, fue disuelta en junio de 2022; Conkor International SAS, ubicada en Cartagena, Colombia, está en proceso de liquidación, y Constructora Conkor CA, sucursal Colombia, permanece “cancelada” desde diciembre de 2018. Koury Guevara compró una propiedad en Key Biscayne, el lujoso sector insular de Miami, junto con su esposa, en septiembre de 2014, por un monto de 1,85 millones de dólares. Hoy, el inmueble está valorado en 3,95 millones de dólares.

La manera como se manejó judicialmente el caso de Constructora Conkor llegó al conocimiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que verifica los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela. En específico, mencionó la detención de uno de los fiscales que investigó las irregularidades en las contrataciones de Conkor con Pdvsa, Luis Sánchez.

El informe de la Misión, de septiembre de 2021, resume cronológicamente lo ocurrido con Sánchez, quien estuvo en prisión desde agosto de 2017 hasta finales de 2021, tras ser acusado de pertenecer a una presunta red de extorsión que actuaba desde el Ministerio Público durante la gestión de Ortega Díaz y que habría quedado al descubierto con la llegada de Saab. Diosdado Cabello, convencionalmente considerado el número dos del régimen chavista, fue quien lideró la denuncia. “En noviembre de 2018, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento y el archivo judicial de una causa en la que estaba implicado el propio Fiscal General”, dice textualmente el informe.

La faja que no aprieta

Los nombres de Nabetse del Valle Vásquez Gómez, Nelson Bustamante Abidar y los hermanos Pérez Abad se cruzan en los documentos internos de Eliminalia. Los tres venezolanos solicitaron los servicios de esta empresa que, por cierto, tiene sus oficinas principales en Barcelona, España, lejos de la Barcelona venezolana que han de conocer mejor, pues es la capital del estado Anzoátegui, donde confluyen sus negocios.

Las publicaciones que Vásquez Gómez quiso limpiar con Eliminalia se refieren, sobre todo, a tuits donde la asocian con los directivos de Conkor, también por presunta corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco. Pero más allá de esa relación, que no pudo ser confirmada de manera independiente por los reporteros de esta historia, Vásquez Gómez formó parte de la directiva de siete compañías inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, de las que cinco también tuvieron contratos con las empresas de la faja, como Sinovensa, Petrocedeño, Petromiranda y Petropiar. Además, en cuatro de esas compañías también estuvo como socio Bustamante Abidar.

El contrato de Vásquez Gómez con Eliminalia, incluido en la filtración, tiene fecha de octubre de 2018. Allí declaró como lugar de residencia Santo Domingo, República Dominicana, país donde también tiene empresas registradas: Mendiri-Vasquez Petroleo RD e Inversiones Mendiri Vasquez, ambas creadas en 2015 junto con Gustavo Mendiri Borges, un abogado ligado al deporte bien conocido en el oriente venezolano, pues ha pasado por las directivas de Caribes de Anzoátegui (béisbol), Marinos de Anzoátegui (básquet) y los clubes de fútbol Deportivo Anzoátegui y Monagas Sport Club. 

Vásquez Gómez también figura como directora de la empresa panameña Energy Processing & Recycling Inc. en la que entró junto a Gassan Salama Ibrahim en abril de 2013, cuando las compañías de la venezolana obtenían cuantiosos contratos con Pdvsa. Gassan Salama es un empresario de nacionalidad panameña que fue beneficiado por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas para la importación de comida para los Comité Locales de Abastecimiento Producción (CLAP), un programa estatal de alimentos subsidiados.

Un trabajo de Armando.info sobre Salama Ibrahim, detalló que el comerciante reprodujo en sus redes sociales una foto de 2016 en la que aparecían el entonces ministro de Comercio venezolano, Miguel Pérez Abad, junto al presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, en el momento que pactaron la compra de alimentos para los CLAP con autoridades panameñas.

En junio de 2016, Vásquez Gómez fue detenida bajo cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales, de acuerdo con una sentencia de la Corte de Apelaciones de Anzoátegui. Sin embargo, pocos días después fue puesta en libertad, ante la falta de pruebas en su contra. En el caso investigado entonces, Vásquez Gómez había hecho dos pagos para la estadía de una embarcación, de nombre Open Bar, en la que se encontraron dos envoltorios con cocaína. En esa oportunidad, Mendiri Borges fue uno de sus abogados.

Bustamante Abidar, en cambio, contactó a Eliminalia desde Estados Unidos, al igual que Juan Carlos Pérez Abad, uno de los hermanos del exministro Miguel Pérez Abad, actual presidente del Banco Bicentenario.

Doce empresas inscritas en Anzoátegui y en el Registro Nacional de Contratistas tuvieron como socio a Bustamante Abidar. Su historia con Pdvsa es similar a la de su socia Vásquez Gómez: al menos cinco de esas compañías prestaron sus servicios en la faja y otras para la gobernación de Anzoátegui. Los artículos “negativos” que Eliminalia detectó para este venezolano en 2018 (hay registro de cuatro contratos firmados en distintos meses de ese año) hacían referencia a la detención del exdirector ejecutivo de la faja, a una presunta investigación en su contra en Estados Unidos y República Dominicana por sus negocios con la estatal petrolera venezolana, y a una denuncia presentada ese mismo año contra los hermanos Pérez Abad, en la que también se mencionaba a Bustamante Abidar.

En esa oportunidad, la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) consignó ante el Ministerio Público un documento donde solicitaba investigar a los hermanos Pérez Abad y su entorno cercano por presuntos delitos relacionados con una red de empresas. 

Aunque en la lista de clientes de Eliminalia solo aparece Juan Carlos Pérez Abad, en realidad los tres hermanos (Teodoro y Miguel Ángel completan la tríada) firmaron cada uno un poder o contrato con Eliminalia, y casi todos los 20 links que pidieron desindexar o borrar se referían a esa denuncia.

Algo curioso dentro de la lista de documentos relacionados con los Pérez Abad es el contrato firmado por Milagros del Carmen Vizcaíno Villalba con Eliminalia -en la misma fecha que los hermanos empresarios- y las búsquedas que hizo la empresa española con las palabras claves “Mayor Integral de Procura”, compañía donde Vizcaíno Villalba tuvo un cargo directivo. Ninguno de los Pérez Abad aparece como socio de esta empresa que, de acuerdo con el RNC, tuvo contratos con empresas de la faja y, a su vez, tuvo entre sus clientes a Empire Oriente y N&G Ingenieria CA, dos empresas de los hermanos Pérez Abad.

También solicitaron eliminar información sobre otra compañía llamada Global Óleos, donde tampoco tienen participación societaria, y que también se benefició con contratos de la faja. La sociedad, además, tuvo entre sus clientes a dos compañías pertenecientes a Bustamante Abidar, llamadas Acero Mall y Contractors.

Juan Carlos Pérez Abad no respondió a las solicitudes de entrevista enviadas por Armando.info el pasado 14 de febrero. Tampoco dieron respuesta Bustamante Abidar,  Vasquez Gómez ni los socios de Constructora Conkor, Koury Guevara y Ruiz Mazzeo.

Profesionales del escondite

Los miles de documentos filtrados permiten observar en profundidad el abanico de servicios ofrecidos por Eliminalia. Se trata de sus primeras acciones implementadas hace más de cinco años, consistentes en enviar correos electrónicos solicitando, en nombre de leyes de la Unión Europea, borrar nombres o tumbar una historia completa de la web por afectar a un cliente. A esto se suma la eliminación de links y desindexación apoyándose en la creación de más de 600 sitios web para publicar y compartir material entre ellos, hasta llegar a una manera más sofisticada de censurar: llenar ellos mismos los formularios de reclamación de derechos de autor para Google y asegurar, de esa manera, la remoción de una información de interés público.

“Manipulan los resultados de las búsquedas. Esa es la palabra clave”, señaló Tord Lundström, director técnico de la organización Qurium, a los periodistas del proyecto Story Killers, liderado por Forbidden Stories.

“No se trata de no existir, se trata de no ser encontrado. No se trata de eliminar cosas, se trata de no ser capaz de encontrarlas. Y esta es una nueva definición agradable de la censura. Funciona con la desinformación, con noticias falsas, con la política. Internet es un lugar fantástico, definitivamente puedes encontrar cualquier cosa si sabes cómo, pero para la gente normal si la forma predeterminada de encontrar cosas no deja ver, eso significa que las cosas no se pueden encontrar. Son profesionales de esconder cosas”, continuó explicando en referencia a Eliminalia.

La empresa no respondió las solicitudes de comentarios enviadas por el consorcio.

Otro cliente venezolano se desprende de los documentos asociados a María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro Haiman El Troudi, que muestran el uso de todas las estrategias de Eliminalia para desaparecer información, desde los correos amenazantes hasta la más sofisticada manipulación a su antojo de la ley norteamericana DMCA. En representación de El Troudi, como queda reflejado en las comunicaciones internas de Eliminalia, Baptista Zacarías pidió eliminar al menos 61 links de medios venezolanos como Tal Cual, Efecto Cocuyo, Runrun.es, El Pitazo, El Impulso, La Gran Aldea, Punto de Corte, Armando.info, así como de los internacionales DW, Reuters, Nuevo Herald y AP, entre otros. La “limpieza” no fue solo para artículos referidos a El Troudi, sino también a su suegra, Elita Zacarías, y a la propia María Eugenia Baptista.

Tanto Baptista como su madre fueron imputadas por el Ministerio Público (en 2017, antes de la salida de Ortega Díaz), por hechos de corrupción relacionados con Odebrecht, otra decisión sorpresiva para el chavismo, que respondió con una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, la número 537, que limitó la potestad del Ministerio Público de imputar a personas acusadas de cometer algún delito. A partir de esa sentencia solo se puede imputar a alguien con la presencia de un juez. La decisión, de acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, promueve la impunidad. Algo que también promueve Eliminalia.

Por todas las solicitudes de limpieza en Internet, Baptista Zacarías pagó 30.000 euros, apenas un pequeño monto, ínfimo, si se compara con los 1,5 millones de euros que el matrimonio invirtió en la compra de un inmueble en la zona más cara de la capital de Portugal, y con los 90 millones de dólares que, según investigaciones internacionales, la brasilera Odebrecht depositó al entorno cercano de El Troudi.

Sin siquiera cumplir 40 años y como si de un plan de jubilación anticipado se tratara, Rafael Reiter y sus socios crearon un esquema para asegurarse que una compañía venezolana, contratista de la propia Pdvsa para la que Reiter trabajaba, canalizara por el mundo sus ingresos a través de varias sociedades extraterritoriales, conocidas como offshore en la jerga financiera. Así se desprende de los Pandora Papers, la filtración masiva de más de 11.9 millones de documentos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore en paraísos fiscales, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países, entre ellos Armando.info.

La carrera de Rafael Reiter como Gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa comenzó en 2005. Su pasado como portero de una discoteca en Las Mercedes, la zona rosa de Caracas, no resultaba acreditación suficiente para una responsabilidad semejante en la que todavía entonces era la mayor empresa de América del Sur. Pero sí bastaron las conexiones y aval de su madre, Marla Muñoz Olivo, una militante de izquierda que fue secretaria de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional (AN) y quien, según los datos del Seguro Social, todavía labora en el parlamento venezolano -aunque también asistió a Rafael Ramírez tanto en el ministerio de Petróleo como en la Cancillería-. 

Desde la trastienda del poder financiero en un país que nadaba en petrodólares, Rafael Reiter cultivó privilegios y relaciones en los casi diez años que ocupó el estratégico cargo. Casi siempre pasó inadvertido hasta que en 2017 quedó ligado definitivamente a casos masivos de corrupción en Pdvsa, ventilados en investigaciones judiciales de varios países. 

En agosto de ese 2017, por ejemplo, fue señalado en un tribunal de Houston, Texas, en la misma causa que apunta a exfuncionarios venezolanos como Nervis Villalobos, César Rincón y Alejandro Istúriz, por el cobro de sobornos a cambio de favorecer pagos y contratos de Pdvsa a los empresarios zulianos Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables ante las autoridades estadounidenses. A raíz de este caso, fue solicitado en extradición y detenido en octubre de ese mismo año en España.

Antes Rafael Reiter había sonado como parte del elenco en el renombrado caso del maletín con 800.000 dólares que Guido Antonini Wilson llevó desde Caracas a Buenos Aires en 2007 para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, una muestra del tipo de acciones comprometidas y encubiertas que no solo hacía para su jefe corporativo sino para el gobierno de Hugo Chávez. En julio de 2014, fue de los pocos funcionarios que tuvo el honor discutible de recibir a pie de pista al exdirector de inteligencia militar, Hugo El Pollo Carvajal, que entonces aterrizaba en Venezuela tras su breve detención en Aruba, nación insular que cumplía una solicitud de Estados Unidos. Y pocos meses después, cuando la caída en desgracia del todopoderoso Rafael Ramírez lucía inevitable, pero sin abandonar del todo ese perfil de agente de seguridad, Reiter derivó en empresario.

En septiembre de 2014, Maduro minó el poder de Ramírez al alejarlo del sector petrolero y nombrarlo, primero, como ministro de Relaciones Exteriores y, tres meses después, en diciembre, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, escala semifinal antes de su actual exilio en Italia. 

Entre ambos nombramientos, en octubre de 2014, Rafael Reiter registró en Panamá la compañía Inversiones RC 58 Inc junto a uno de los financieros preferidos del chavismo, el francés Charles Henry Du Bosq De Beaumont, y a Said Aurelio Cabrera Abraham, un exoficial del ejército, propietario de Plymouth Overseas Limited en Venezuela y Panamá, empresa con la que vendió sistemas de seguridad a Pdvsa. Meses después, en diciembre de ese mismo año, Reiter fundó en Caracas la firma Consultores Grupo RT, dedicada, precisamente, a servicios de localización de personas, datos y bienes, protección de información, localización satelital de vehículos, instalación de sistemas GPS, blindaje para vehículos y alquiler de autos blindados, entre otros. 

Durante los meses que siguieron hasta la primera mitad de 2015, justo antes de comprar una casa en Barcelona, España, por 1,15 millones de euros, Reiter armó la sofisticada estructura financiera que ahora desnudan los Pandora Papers. 

Las offshore son para siempre

Una carta fechada el 12 de diciembre de 2014 y dirigida al bufete Asiaciti Trust, uno de los 14 que sirven de fuente para la filtración de los Pandora Papers, fue el punto de partida en los planes offshore de Rafael Reiter. Aquella misiva estaba firmada por el abogado venezolano Alexis Hurtado Saravia y daba fe de la honestidad y el “correcto proceder” del propio Reiter y de quienes a la postre serían sus socios: Cristian Figueroa Sans, Fernando Figueroa Sans y Fernando Taranto Núñez.

Poco tiempo después, la sucursal panameña del bufete Asiaciti Trust -cuya sede principal está en Hong Kong- se encargó de formalizar la estructura financiera. En cuestión de meses, Reiter, Fernando Taranto y Cristian Figueroa se convirtieron en propietarios de Uniplexon Group Ltd, en Barbados, isla del Caribe nororiental. Esa sociedad terminó, por un lado, adueñándose de Corporación IESV, contratista de Pdvsa desde 2014, y al mismo tiempo quedó controlada por Septra Foundation, un fideicomiso o trust registrado en las Islas Cook -un archipiélago del Pacífico Sur- del que Reiter y Figueroa poseen cada uno 40%, mientras que 20% restante pertenece a Taranto. 

La Corporación IESV había sido creada en septiembre de 2013 con sede en Maturín, estado Monagas, entidad petrolera del oriente de Venezuela. Desde el inicio su accionista mayoritario fue Cristian Figueroa. Apenas un año después, en septiembre de 2014, la compañía obtuvo por contratación directa de Pdvsa un acuerdo para el “servicio a pozos con unidad de tubería continua” en la “región oriente de Pdvsa Servicios Petroleros S.A”. Los documentos revelan que ese primer contrato ofrecía a la compañía honorarios por 3,6 millones de dólares y otros 6,3 millones de bolívares, estos equivalentes a 120.000 dólares al tipo de cambio del Sicad II vigente en ese momento. 

Rafael Reiter todavía era empleado de Pdvsa y no figuraba como socio de Corporación IESV, pero los documentos contenidos en los Pandora Papers no dejan dudas sobre su conexión con la compañía. Desde un inicio la arquitectura offshore tendría como pivote los negocios de esa contratista de Pdvsa. Otra carta, fechada el 9 de abril de 2015, establecía que una vez creada la sociedad en Barbados y el fideicomiso en Islas Cook, “eventualmente, el señor Cristian Figueroa aportará el total de las acciones” de Corporación IESV. Ese traspaso en favor de Uniplexon Group Ltd, la sociedad registrada en Barbados, se materializó finalmente en febrero de 2017. 

La maniobra convirtió entonces a Rafael Reiter en beneficiario de los negocios de la contratista de Pdvsa, mientras Corporación IESV quedaba amparada por el acuerdo bilateral de protección de inversiones suscrito entre Barbados y Venezuela, como escudo ante alguna expropiación o medida del gobierno contra la compañía.

Además del contrato de 2014, Corporación IESV logró otros acuerdos con la petrolera entre 2015 y 2018, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y en un catálogo disponible en el sitio web de la empresa. “Cinco años continuos de operaciones con nuestro principal cliente Pdvsa S.A”, refiere un folleto, que también detalla actividades realizadas para el “servicio de limpieza y estimulación de pozos” en el oriente del país.

Ni representantes de la empresa, ni el propio Cristian Figueroa, contestaron las peticiones de entrevistas. También se buscó a Fernando Taranto pero no pudo ser ubicado; en una de sus direcciones de casa y oficina en Caracas informaron que vive en España desde hace varios años. “He trasladado a mi cliente las preguntas remitidas y analizaremos la oportunidad y viabilidad de contestar, dado que existen procedimientos judicializados”, contestó por su parte el abogado de Rafael Reiter en España, Nelson De Souza Vilela. Al cierre de la edición de este reportaje las respuestas no habían llegado.  

En simultáneo a esa estructura corporativa, Rafael Reiter también preparó un esquema similar para proteger los activos familiares. Otro fideicomiso en Islas Cook, de nombre Lantag Foundation, registrado el 18 de febrero de 2015 con la finalidad de “proteger activos y la planificación de sucesión”, terminó controlando la totalidad de las acciones de Wegyn Financial Corp, creada semanas antes en Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo a los documentos de los Pandora Papers, el objetivo de Wegyn Financial Corp era “abrir una cuenta de inversión en Panamá” con fondos de origen “empresarial” provenientes del manejo de “maquinaria industrial para la limpieza de pozos petroleros en Venezuela”. Además de Reiter, en el fideicomiso Lantag Foundation figura como beneficiaria su esposa, Vanesa Carolina Yssea, quien también fue detenida en España en su momento y es titular de al menos tres empresas en ese país. 

Los socios de Reiter también replicaron, cada uno, ese esquema offshore de protección de activos en el que un fideicomiso domiciliado en Islas Cook posee una sociedad de Islas Vírgenes Británicas cuyos fondos provienen de la actividad de limpieza de pozos petroleros en Venezuela, el mismo trabajo que Pdvsa contrató con Corporación IESV desde 2014.

Inversionista de película

Si bien los documentos revelados ahora insisten en el negocio petrolero para explicar la procedencia de su fortuna, las dudas sobre cómo Rafael Reiter obtuvo recursos están contenidas en los expedientes judiciales que autoridades de Estados Unidos, España y Portugal tienen en su contra. La acusación de la Corte del Distrito Sur de Texas en Houston, de agosto de 2017, es un compendio de los manejos irregulares con los que durante años Reiter se benefició a la sombra de Rafael Ramírez.

Solo en el caso de Reiter, la corte precisó que entre 2012 y 2013 recibió al menos tres transferencias bancarias por un total de 580.000 dólares en la cuenta bancaria de un familiar; y que además obtuvo de parte de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera , a modo de regalos suntuosos, dos carros blindados valorados cada uno en 107.500 dólares, un bolso de 10.300 dólares para un familiar, el pago de unos días de vacaciones en junio de 2013 en un hotel de lujo en la isla de Aruba, frente a los costas del estado Falcón en Venezuela, y un condominio en el complejo del hotel Four Seasons en la avenida Brickell de Miami, por el cual se giró un pago de 867.619 dólares. La acusación refiere, incluso, que Reiter ordenó a Rincón invertir 1,5 millones de dólares a su nombre en la producción de una película.

Al ser detenidos en España, en octubre de 2017, Reiter y su esposa justificaron la compra de la lujosa casa que poseen en Barcelona, con recursos que tenían en cuentas bancarias de Italia y Florida producto de la “supuesta venta de un inmueble en Miami por 4.350.000” dólares, según el expediente del caso, citado por el medio electrónico español Okdiario. 

Luego de pasar ocho meses detenido en España, Reiter fue dejado en libertad condicional, aunque debe presentarse una vez al mes ante el juzgado. Aún pesa sobre él un pedido de extradición a Estados Unidos, que fue acordado por el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, pero las autoridades españolas decidieron aplazar la diligencia hasta que no sea juzgado por la propia investigación que España adelanta sobre blanqueo de capitales procedentes de los esquemas de corrupción de Pdvsa y que involucra a otros exfuncionarios, como Nervis Villalobos o Javier Alvarado, entre otros.

Por si fuera poco, el nombre de Rafael Reiter también está en la investigación de la justicia portuguesa sobre el quebrado Banco Espírito Santo (BES) y los fondos que empresas como Pdvsa canalizaron por esa entidad financiera, a cambio de sobornos para los funcionarios que decidían los depósitos. En la causa se repiten los nombres de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera como responsables del pago de sobornos usando cuentas del banco. “En febrero de 2013, Rafael Reiter, como director de servicios de seguridad interna en Pdvsa, con supervisión de la regularidad de los contratos con los proveedores de Bariven, recibió USD $500.000 en la cuenta de Safeleader en el ESBD”, se lee en una de las piezas del voluminoso expediente.

Safeleader Investments Ltd es una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Alcogal, otro de los involucrados en los Pandora Papers. El expediente de la fiscalía portuguesa detalla que fue constituida por Paulo Murta, exdirectivo del BES, pero falsamente atribuida a Samark López Bello, considerado por Estados Unidos como el testaferro de Tareck El Aissami. 

A sus 43 años Rafael Reiter aguarda en España, quizás con el mismo secretismo con que actuó durante una década en Pdvsa, por la decisión de la justicia de ese país y su posible extradición a Estados Unidos. De su paso por el poder aún le quedan una ristra de sociedades offshore que supo armar justo cuando se avecinaba la caída de su protector, Rafael Ramírez. 

(*)José María Irujo, del diario ‘El País’ de Madrid, colaboró con esta historia desde España.