Este es un noviembre electoral. El oficialismo convocó para el día 21 unas polémicas elecciones regionales para escoger gobernadores de estados y alcaldes municipales en todo el país. 

En el estado Amazonas se encuentra en plena campaña el gobernador en ejercicio, Miguel Rodríguez, quien aspira a la reelección. Inaugura obras y entrega materiales e insumos en los siete municipios del estado Amazonas. Mediante recursos del Estado –como aviones y helicópteros militares– visita lugares distantes a los que los otros candidatos, por no hablar de la mayoría de los habitantes de la entidad, jamás podrían llegar. La falta de gasolina y el altísimo costo de los pasajes son los principales impedimentos.

En La Esmeralda, en el municipio Alto Orinoco, Rodríguez debió arengar a la gente en medio de la oscuridad. Por falta de combustible, no había luz en la cancha techada en la que se presentó. Pero no se dejó inmutar ni por el inconveniente ni por los gritos de la concurrencia que preguntaba: “¿Y la gasolina?”. Entregó al pueblo una planta eléctrica a gasoil.

La valla en Galipero Viejo y el discurso de campaña de Miguel Rodríguez -quien a la postre resultó reelecto– comparten un rasgo: se refieren sin tapujos a la promoción oficial de la actividad minera en el estado Amazonas, donde está prohibida desde 1989.

Rodríguez, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó el 29 de octubre de 2021, como parte de su oferta electoral, el Plan de Desarrollo La Nueva Amazonas. Aunque no era más que una lista escueta de puntos sin mayor precisión, en el documento destacaban dos premisas: crear y consolidar las Zonas Económicas Especiales, así como promover el “gran debate” sobre la actividad minera en Amazonas. 

“Ahora está naciendo la nueva Amazonas… Porque este 21 noviembre vamos a obtener una gran victoria”, dijo al finalizar el acto en las instalaciones del gimnasio cubierto del Escondido en la ciudad de Puerto Ayacucho. Pero luego, en todos sus mítines a lo largo de la campaña, hasta su victoria en las urnas, enarboló el lema de La Nueva Amazonas. 

Son las más recientes señales de que, desde la jerarquía del Estado, se prepara el terreno para romper los sellos del tabú que hasta ahora prohíbe la explotación minera en el estado Amazonas, una gran área selvática y de reserva biodiversa donde nace el río Orinoco, el más largo de Venezuela y el tercero en caudal en el mundo. 

A Eligio Dacosta, indígena baniva y coordinador general de la Organización Indígena de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), le preocupa el intento de legalizar la minería en el estado Amazonas o de promover una réplica del Arco Minero que el gobierno de Nicolás Maduro instauró en el vecino estado Bolívar. 

“Muchos dirigentes políticos están viendo esto como una alternativa para solucionar supuestamente el bloqueo que tenemos ahorita en Venezuela y la crisis económica del país o, en este caso, de aquí de la región”, observa Dacosta, días después de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), que se realizó en Glasgow, Escocia. “No ven que esto realmente es destrucción en los territorios, porque lamentablemente donde están los recursos minerales están los pueblos indígenas y eso es lo que nosotros no queremos”.

Lo que denuncia Dacosta no es una profecía sin fundamentos. En noviembre de 2018 el gobierno intentó abrir una oficina del Arco Minero del Orinoco en Amazonas. La iniciativa gubernamental fue detenida gracias a las protestas de los pueblos originarios, que ya conocen lo que viene pasando con la CVM en Bolívar. En septiembre de 2020, la comunidad indígena de Santo Domingo de Turasen en el municipio Gran Sabana de ese estado rechazó la instalación y operación en sus tierras de la corporación estatal, a la que acusó de fomentar y formalizar la extracción aurífera en zonas protegidas, entre ellas, el Parque Nacional Canaima.

La CVM ha adquirido un perfil de persona non grata en la Gran Sabana, Personas que pidieron no ser identificadas aseguran que desde el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en el sureste del estado Bolívar, la CVM envía al Amazonas, en aviones del Grupo Aéreo de Transporte N˚ 9  de la Aviación Militar Bolivariana, insumos mineros comprados en Brasil, como turbinas.

La necesidad tiene cara de minero

Al momento de reportear este trabajo, las calles de Puerto Ayacucho se veían desoladas por las tardes. Ningún negocio abría sus puertas después de mediodía por las restricciones horarias impuestas por el confinamiento. Solo vendedores informales e hileras de mototaxis se mantenían en las calles. El letargo se profundizaba en las noches. A veces una fiesta en una plaza, o los niños que rodaban sus bicicletas en parques devorados por la maleza y la oscuridad, rompían la monotonía.

El Mirador, punto turístico desde donde se contemplan los raudales de Atures, también estaba enmontado. En lo alto, sobre una piedra milenaria, unos niños volaban papagayos hechos con bolsas negras. “Este gobernador lo que ha hecho es destruir lo poco que funcionaba”, soltó un transeúnte. “Hemos visto el deterioro”. 

El estado Amazonas se ha transformado en una virtual economía de enclave, en la que el peso colombiano y el oro son las monedas de cambio. En Puerto Ayacucho hay un mercado donde se vende toda clase de productos colombianos. “Casuarito ha sido nuestra salvación”, dice otro de los pobladores al referirse a este poblado colombiano que queda al otro lado del río, un cruce que cuesta 10.000 pesos colombianos (unos 2,5 dólares). Allí los compradores venezolanos se abastecen principalmente de medicinas.

La señal de telefonía celular es precaria. Como cada vez es más frecuente el robo de cables para vender el cobre en Colombia, muchos sectores residenciales de la capital del estado no tienen teléfono fijo desde hace años. 

Cada vez que llueve o la temperatura sube, en Puerto Ayacucho se interrumpe el servicio eléctrico. 

Buena parte de las comunidades del casco urbano en Puerto Ayacucho no tienen agua por tubería. Lugares como el barrio Cataniapo, en el sector El Calvario, no cuentan con este servicio desde hace 30 años. Los lugareños optan por perforar pozos profundos, aunque no sea una solución que esté al alcance de todos: la perforación se cobra en pesos colombianos y una bomba para extraer el agua cuesta alrededor de 62 dólares.

Desde hace dos años, la ciudad capital del estado no cuenta ni siquiera con el tradicional vuelo semanal que todos los jueves la conectaba con otras partes del país. La única vía para entrar o salir ahora es por tierra. Por unos diez dólares, dependiendo del tamaño del carro, una gabarra permite atravesar el río Orinoco entre Puerto Páez (Apure) y El Burro (Bolívar), para proseguir el trayecto hasta Amazonas. 

En Puerto Ayacucho todavía funcionan algunos autobuses que hacen rutas interurbanas hacia las comunidades de los ejes carreteros norte, sur y este; pero el medio de transporte más popular lo constituyen las mototaxis. 

Es común ver personas caminando a lo largo del eje carretero norte. Algunas salen a las dos de la mañana de sus casas en las afueras para llegar al mediodía a Puerto Ayacucho. Quienes caminan dos horas hasta sus lugares de trabajo pueden considerarse afortunados. 

El cuadro postapocalíptico corresponde a la capital del estado. Al interior de la provincia las dificultades se hacen todavía más agudas. Las penurias alimentan las expectativas acerca de una apertura a la minería como única opción económica. “Acá no se consulta. Aquí se hace y luego se dice. El derecho económico no puede prevalecer sobre los demás derechos. Cuando permitimos la ilegalidad, todos somos delincuentes”, advierte Bertha Macurivana, defensora delegada especial indígena del estado Amazonas.  

El cobro de peaje es mejor que nada

Hay varios focos de minería ilegal en el estado Amazonas, por lo general, en las cabeceras de los ríos. 

Uno de ellos se encuentra en la cabecera del río Guayapo, en el Cerro El Quemao, parte del territorio ancestral del pueblo uwottüja. Los indígenas han contabilizado hasta 20 máquinas que están trabajando en el lugar y se han reunido con el jefe de la Zona Operacional de Defensa Integral N° 63 (ZODI) del estado Amazonas, general José Ramón Maita González, para que los ayude a detener la destrucción. Aseguran que las máquinas vienen de Colombia y que hay foráneos y parientes indígenas trabajando en las minas. 

En algunas de esas minas se corrobora la presencia de pastores evangélicos que controlan el lugar. Estas personas dicen que Dios autorizó las minas, que son para todos y, por tanto, el diezmo lo cobran en oro. Las ofrendas rondan el millón de pesos colombianos porque, según ellos, “esa es la voluntad de Dios”. Cuando alguien muere en algún derrumbe el consuelo es que está persona ya cumplió su misión. 

Más al sur, en el municipio Atabapo, se encuentra otro foco de minería de larga data en el Parque Nacional Yapacana, ampliamente documentado por SOS Orinoco, y controlado por la guerrilla colombiana que funge como “seguridad”, con sus propios códigos dentro de las minas. Hasta 2020, según algunos testimonios, había cerca de 5.000 mineros, y esto lo calculan por la cantidad de motos que ingresan al lugar. “Una fiscal quiere aplicar el decreto que prohíbe la minería en el Sipapo, porque dice que en el Parque Nacional Yapacana ya se les salió de control”, dice inconforme uno de los lugareños, que insiste en que estas acciones deben extenderse a todas las zonas donde se está haciendo la minería.  

En agosto de 2021, las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio Ventuari, Kuyujani del Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, que representan los pueblos y comunidades indígenas ye’kwana y sanemá en el municipio Manapiare del estado Amazonas, también denunciaron ante el despacho de la Defensoría Delegada del Pueblo, la incursión de más de 400 garimpeiros brasileños fuertemente armados –con unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales- en sus territorios.

En el alto Orinoco, donde la mayor parte de la población indígena es yanomami, se encuentra otro foco de minería. A pesar de que en las faldas del Cerro Delgado Chalbaud, donde nace el Orinoco, se halla un puesto de la Guardia Nacional, hay garimpeiros que, según los testimonios de varias fuentes de la zona, tienen entre 50 y 80 máquinas dragando el cauce. 

El presidente de la organización yanomami Horonami, Pancho Blanco, ha denunciado que están utilizando a los indígenas como esclavos para los trabajos, violando y prostituyendo a las mujeres yanomami, y hasta han asesinado a varios de sus paisanos, pero estas muertes no son investigadas de manera oficial por parte del Estado. Para entrar en el territorio y comprar a los yanomami, añade Blanco, los garimpeiros les están llevando alimentos, armas, escopetas y machetes. Persuaden a los indígenas a que abandonen el arco y la flecha en favor de las armas del hombre blanco para las labores de cacería.

“Eso es una amenaza para nuestro territorio, para nuestros ríos, para las nuevas generaciones”, insiste Eligio Dacosta, coordinador de la Orpia. “Los indígenas estamos pensando en qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, y un territorio destruido no puede ser. Este es un mandato de los ancianos que nos dan para nosotros continuar haciendo como organización indígena”.

En San Fernando de Atabapo, militares de la Guardia Nacional están sentados a la sombra de un árbol. Visten camisas abiertas, pantalones camuflados y sandalias plásticas. Clavan su mirada en un juego de celular. Los indígenas los corrieron de sus alcabalas hace aproximadamente tres años, cansados de los múltiples abusos y extorsiones. En lugar de los verde oliva, los aborígenes montaron sus propios puntos de control en la vía fluvial, alrededor de 60, desde San Fernando de Atabapo hasta Macuruco, a orillas del Orinoco.

Los manejan distintas personas de las comunidades: indígenas y no indígenas. Cuando llega una embarcación colombiana, algún funcionario se activa: “Les dejamos a los colombianos porque, pobrecitos, ellos también deben agarrar alguito, aquí no les traen ni comida a esos militares”, dice uno de los indígenas apostados en uno de los puntos de control. 

Cobran por toda la mercancía que pasa. “Aquí están sacando nuestro oro, así que tienen que pagar”, argumenta otro de los encargados del punto de control. Si una embarcación no se detiene, ellos la persiguen hasta alcanzarla y cobrar. 

Algunos se avergüenzan por tener que ganarse la vida de esta forma, pero aseguran que no tienen otra opción. La situación es compleja porque, bajo el argumento de la supervivencia, es cierto que violentan el derecho al libre tránsito de los habitantes del lugar. Además, a los centinelas no les queda más que vérselas con los mineros y otros grupos que llevan adelante los tráficos de mercadería ilícita en la región. Todo se enturbia con ellos: “Yo nunca me imaginé que tendría que hacer esto de los puntos, pero si no lo hago mi hijo se muere de hambre”, dice una maestra casi llorando. 

“¿Qué desarrollo tiene San Fernando de Atabapo con la minería? Hay 60 puntos de control que expolian a todo aquel que viaje por el Orinoco. Algunos son indígenas pero no lo avalo. Tal vez están siendo controlados por terceros. Allá llegan helicópteros con ministros. Lo que es ilegal para nosotros, debe ser ilegal para el Estado”, denuncia uno de los pobladores. 

En los juegos de espejos que deforman la realidad en el Amazonas, hasta una iniciativa de reforestación puede resultar engañosa. “En el Parque Nacional Yapacana hay un proyecto que supuestamente es de reforestación; convencieron a unos capitanes indígenas y los vinieron a buscar directamente en un avión desde Caracas, se reunieron allá y lo firmaron”, previene un representante indígena que prefiere no ser identificado. “Aceptaron porque les están planteando que es un proyecto de reforestación, pero primero van a sacar todos los recursos mineros que hay en los espacios que ya están deforestados”.

Asegura que este fiasco es una forma de incidir en la población, abriendo paso a la minería que ya está en curso: “Lo presentan como una visión institucional, de Estado, de Gobierno, de que esa es la salida y hay que seguir destruyendo la naturaleza”.

(*) Esta es la sexta y última entrega de la serie "Corredor Furtivo", investigada con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center.

Lo único decolorado en este lugar anclado en la mitad de la selva es un Santa Claus verde pintado en las escaleras de cemento que debes subir para entrar al pueblo. Del resto todo luce limpio y ordenado. Los primeros negocios tienen carteles que anuncian la compra de chatarra, oro, plata, cobre, bronce y aluminio. Y por supuesto la compra y venta de pesos y bolívares, transferencias a distintas entidades bancarias que están en Venezuela. Por las calles asfaltadas circulan motocarros y en las avenidas se pueden ver gran cantidad de comercios, restaurantes y hasta una concha acústica.

En el departamento de Guainía el mayor número de casos de malaria se concentran en la cabecera municipal de Inírida, seguida por casos procedentes de Venezuela, Vichada y Barracominas. Venezuela y Vichada importan el 15 y 6 por ciento de los casos respectivamente, lo que implica una carga adicional a este departamento colombiano en número de casos, esfuerzos por el control del vector, tratamiento de los pacientes, carga económica, disminución de la calidad de vida, riesgo de mortalidad por malaria, y finalmente de los indicadores epidemiológicos a nivel local.

Lo anterior convierte a Guainía en el departamento de Colombia que tiene más casos de malaria procedentes del exterior, la mayoría de Venezuela. Para la semana 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud – Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública reportó que Guainía tenía un acumulado de 2.043 casos de malaria no complicada, de los cuales 366 eran de Venezuela. Y para la semana 52, la Secretaría Departamental de Guainía indicó que este departamento cerraba con 3.159 casos de malaria.

Tatiana Córdoba, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la Secretaría de Salud de Guainía, asegura que de los 366 casos registrados hasta la semana 48, 19 son de San Fernando de Atabapo y el resto proceden de las minas de oro de Venezuela. Las estadísticas se tornan lúgubres, porque no identifican las comunidades, solo registran el país y si proceden de las minas. “En 2015 Venezuela estaba pasando por la epidemia más grave de su historia y nos terminó afectando. El hecho de que ustedes no tengan medicamento hace que la gente cruce el río, y vaya a donde le den la solución completa”.

Carlos Eric Azcarate, coordinador de vigilancia en salud pública en la Secretaria de Salud de Guainía, asegura que se han presentado muchos casos de malaria complicada en niños, mujeres embarazadas y ancianos, porque se toman los tratamientos sin saber si tienen la enfermedad. Al final un problema que se presenta en un área rural en Venezuela, se convierte en urbano en este departamento.

Otro problema que enfrenta el hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de Puerto Inírida es la atención de casos de venezolanos por otras enfermedades, incluso han llegado personas por accidentes de tránsito. Nelson Evelio Palomar, secretario de Salud Departamental, indica que los pacientes procedentes de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho son remitidos por los médicos de Venezuela. “Nosotros no los podemos atender porque el sistema de salud aquí es diferente. La persona tiene que tener una seguridad social por Colombia o tiene que pagar, a no ser que sea un caso de urgencia. El problema grande es que muchos pacientes de Venezuela llegan en estado crítico, toca remitirlos a Bogotá o a Villavicencio y no tenemos recursos. Tenemos un niño hospitalizado desde hace dos meses en Bogotá, le estamos dando albergue y alimentación al acompañante. Todos los pacientes que remitimos tienen problemas de documento de identidad, por la urgencia sale, pero después que se le da de alta es un complique y nos ha tocado darle un mes más de albergue y comida. Ha tocado traerlos prácticamente a escondidas y rogar allá para que los reciban. Se han hecho intentos con el cónsul, con la cancillería y no ha sido posible”. 

Cooperación internacional

Una antena eléctrica que emerge del río Guaviare puede verse desde San Fernando de Atabapo como una promesa del Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Venezuela; y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE), en Colombia. El acuerdo fue firmado en 2011 por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos y consistía en un proyecto de Construcción de línea de interconexión eléctrica a 34,5 kv entre San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida departamento de Guainía (Colombia). La idea era llevar energía con un servicio óptimo y de bajo costo a las poblaciones selváticas y periféricas de ambos países. Hoy esta antena solo le proporciona electricidad a las 15 casas que están en Amanaven.

“San Fernando de Atabapo viene siendo el patio trasero de Puerto Inírida. La gente viaja para allá a abastecerse. No he visto un diciembre que la gente pase con luz”, dice Cristóbal Colón Suárez, vicecónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo, quien casi no sale de la residencia oficial, porque “para ver Macondo, prefiere leerlo”.

Magda Magris, directora de investigación y coordinadora de la unidad de investigación de Malaria de Caicet, recuerda que antes había reuniones binacionales entre Colombia y Venezuela para hacer la vigilancia epidemiológica en la frontera. De hecho, tuvieron convenios binacionales para las fronteras y proyectos en conjunto para la vacunación, pero no para la malaria.

Por su parte Tatiana Parra insiste en que si en Puerto Inírida conocieran las acciones que realizan en Venezuela, podrían trabajar mancomunadamente para solucionar el problema de la malaria: “Tú eres la coordinadora de malaria allá y yo acá. Decimos 'vamos a hacer una brigada' y nos vamos al mismo tiempo para la búsqueda de pacientes, del mosquito, y la dotación de algunos elementos de protección personal como toldillos, repelentes y campañas educativas. Lo hacemos al mismo tiempo, tú coges de este lado y yo del otro. De nada sirve que yo haga acciones y tu esperes hasta el año que viene, porque vienen los tuyos y me contagian a los míos. Si no tienes medicamentos yo te presto y luego tú me los devuelves. Necesitamos una ayuda mutua entre países, pero no existe”.

Así es la frontera, porosa, y mientras se esperan acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria, la pista del aeropuerto de San Fernando de Atabapo lucha para que la maleza no se la trague; las casas resisten la humedad del clima amazónico; los charcos y la hierba crecen de forma desproporcionada; los atabapeños esperan a que los postes de luz funcionen; y los mineros colombianos, brasileros, venezolanos, se pasean en esta tierra de nadie.

Cae la tarde y la oscuridad se apodera de todo. Menos de la 1º Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 94 y un puesto naval, que si tienen electricidad; y del río Atabapo iluminado por las luces de Amanaven. El toque de queda impuesto por el mosquito transmisor del parásito que produce la malaria, repliega a la gente en sus casas. Pero en San Fernando de Atabapo: “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.

Esta escena se ha repetido con frecuencia desde finales del año pasado porque desde hace ocho años ha recrudecido la malaria en esa zona del sur selvático de Venezuela. Lo sabe Samuel Iribertegui, sacerdote salesiano presente en la zona desde 1974 y con 22 años de residencia en San Fernando de Atabapo. En una zona de febril actividad minera es común la presencia de la enfermedad, caracterizada por altas fiebres y anemia debido a la picadura del mosquito anófeles. Dice el padre Iribertegui, contextura media, alto y de tez blanca, que no hay un registro de los casos diagnosticados en las comunidades a lo largo del río, aunque intuye que la cifra se ha incrementado por una cuenta que lleva en la institución educativa a la que sirve. “Llegamos a tener 110 casos de paludismo en las últimas semanas de noviembre”, afirma.

LEE LA SEGUNDA ENTREGA AQUÍ: "El departamento colombiano con más casos de malaria extranjeros"

A la latente posibilidad de contraer malaria se ha sumado ahora las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que la ocasiona, los problemas que supone abastecer una geografía agreste y la minería ilegal. Las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, la capital de la provincia, indican que en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. De éstos, 4.157 enfermos buscaban atención médica en el municipio Atabapo al momento de ser diagnosticados. De esa cantidad, 1.100 eran extranjeros. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios, se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos. Los enfermos, que en su mayoría trabajan en las minas ilegales de oro de Venezuela, llegan desde esos lugares en busca de alivio. Pero aquí apenas pueden recibir consuelo.

Rumbo al pueblo del caucho

Un telón de neblina cubre el cielo de Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. Son las seis de la mañana y faltan cuarenta y cinco minutos de carretera para llegar hasta el puerto de Samariapo, desde donde sale el transporte fluvial hacia San Fernando de Atabapo.

—Abre ahí para medir la gasolina —dice uno de los guardias en una de las tres alcabalas que hay que sortear para llegar hasta el puerto.

—Puedes verla en el tablero —responde el taxista, desafiante.

El militar se asoma por la ventana, mira el tablero, y deja ir al conductor. “Si tienes siete Harina Pan te quitan una, si llevas 200 mil bolívares te piden las facturas de la mercancía. Siempre se inventan algo. La tarifa son 15 mil bolívares. Si no tienes los papeles en regla te pueden quitar más”, se desahoga el transportista, una vez superado el retén.

En el Puerto de Samariapo hay varios negocios de comida y un pequeño mercado de verduras que a esta hora de la mañana permanecen cerrados. A las diez llega la lancha, conocida como voladora. Los pasajeros desembarcan en una casa flotante, una estructura de metal, donde hay una pequeña bodega. Un funcionario de la guardia nacional comienza a revisar el equipaje de los pasajeros que embarcan. Al terminar, empieza el recorrido por el río Orinoco y el puerto va quedando atrás. La lancha va un poco hundida y algunas gotas salpican a los pasajeros. La vegetación delimita la serpenteante corriente de agua.

Luego de tres horas aparece el puerto de San Fernando de Atabapo: una orilla corta de arena blanca donde hay otras embarcaciones encalladas. Resalta una pared que tiene escrito en letras muy grandes: “Dios existe”. Justo al lado, sentado a una mesa, está un funcionario de migración anotando en una lista a los recién llegados y un militar, ubicado en otra mesa, revisando nuevamente el equipaje. Con tanto control resulta irónico que este pueblo sea una de las puertas principales de entrada a las minas ilegales de oro, que se concentran alrededor del Parque Nacional Cerro Yapacana. A través de San Fernando de Atabapo pasan embarcaciones repletas con alimentos, gasolina y personas. Todo para la mina. Ya son más de 20 dragas que muerden el lecho del río Atabapo de arriba a abajo y aproximadamente 10 mil personas las que trabajan en las minas ilegales.

San Fernando de Atabapo fue la primera capital del estado Amazonas. Parece un lugar detenido en el tiempo de Tomás Funes, militar y explotador de caucho, quien abusó de los pobladores y atropelló a los indígenas, a quienes masacró y convirtió en esclavos. Con él se inició un período de terror hasta que fue fusilado en 1921. Es aquí, en este lugar sin tiempo, donde anida la pavorosa epidemia de malaria que está diezmando a sus habitantes. Son 9.228 personas entre criollos e indígenas, que, en los últimos meses, cuando advierten los síntomas de la enfermedad, no saben si podrán sobrevivir para contarlo.

El incremento de los casos de malaria pudiera tener su origen en las disputas por el control de los yacimientos. “Hubo un enfrentamiento en una mina y llegaron los mineros en tropel hasta San Fernando de Atabapo. Tenemos minería ilegal en el estado y eso es un problema serio”, asegura Magda Magris, coordinadora de la unidad de investigación de malaria del Servicio Autónomo Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet).

La forma de practicar la minería ilegal en estos lugares, con el uso de motobombas, favorece la formación del hábitat del mosquito que transmite la malaria. En los enormes hoyos que cavan los aventureros se empoza agua estancada. Los asentamientos ilegales donde se instalan los mineros carecen de servicios públicos y condiciones básicas de salubridad que favorecen los criaderos de insectos.

Cartas sin respuesta

A nadie parece importarle lo que ocurre. El 11 de octubre de 2016 José Largo, coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo, que tiene a su cargo 16 ambulatorios rurales tipo I, le entregó una carta al Comité de Control de Combustible, para solicitar de la reserva para seguridad y defensa a la salud tres mil litros de gasolina y otros 660 de gasoil para la movilización a diferentes sectores de San Fernando de Atabapo y las parroquias Hucata y Yapacana, con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico y las respectivas fumigaciones. Pero no hubo respuesta.

El 4 de noviembre, Largo y el equipo de salud del Hospital María Garrido, ubicado en San Fernando de Atabapo, volvieron a la carga con otra misiva, esta vez dirigida al comandante del destacamento de fronteras y representante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Atabapo. El coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo contabilizaba entonces 595 casos positivos y una muerte ocurrida en la última semana de octubre. Una semana después, el 15 de noviembre, llegó una comisión de salud ambiental formada por Juan Carlos Moreno, subdirector de malaria del estado Amazonas; Arvey Garrido, inspector de salud pública y un fumigador. Según Largo, para este momento ya en el pueblo había más de 900 enfermos.

Moreno advirtió que los pacientes no solo provenían de San Fernando de Atabapo, sino de comunidades más lejanas como Carida, a tres horas en lancha. La mayoría eran niños que estaban infectados con plasmodium, el parásito que entra en la sangre tras la picadura del mosquito. En vista de eso el grupo se trasladó hacia esos lugares.

En Carida hay una base militar. Desde esta zona hay caminerías hechas de tablas por donde pasan las motos que llegan hasta las minas ilegales de oro, lo cual convierte al poblado en uno de los principales focos de malaria. De 137 láminas tomadas, 86 eran de distintos tipos de plasmodium. De allí siguieron a Macuruco, donde detectaron que no había un buen saneamiento. En La Venturosa, donde continuó el recorrido, solo fumigaron porque llegaron muy tarde y no se pudieron tomar muestras. En Santa Bárbara, donde hay un puesto militar, tres oficiales resultaron positivos. En cada poblado encontraron un panorama que desbordaba su capacidad de respuesta. “Nosotros no estábamos preparados para esta epidemia de malaria, porque como en el año 2015 no tuvimos tantos casos de paludismo, se compraron insumos proyectando un escenario similar para 2016. Ahora estamos haciendo recorte de tratamiento, supervisado y vigilado”, dice William Velásquez, quien tras seis años en el cargo de director de Salud Ambiental de Amazonas entregó su renuncia el 9 de febrero de 2017.

Una epidemia anunciada

Un árbol de Nim, una planta que contiene un ingrediente que sirve para el tratamiento de la malaria, está sembrado detrás de la sede de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho. Sus ramas dan sombra a varias personas, mujeres embarazadas, niños, ancianos y hombres, que están sentados en una fila de sillas en uno de los pasillos. Algunos tienen la mirada perdida, aislados de todo lo que pasa a su alrededor. Otros sostienen sus cabezas tratando de controlar el dolor. Algunos más tiemblan y están abrigados con suéteres y chaquetas pese a una temperatura de casi 29 grados centígrados.

“A mí me ha dado cinco veces, ahora quien tiene es mi mujer”, dice un señor que está sentado en una pila de bloques junto al árbol. “‘Agárrame que me voy para el suelo!’, le gritaba a mi mujer la última vez que contraje malaria. Se me fue el mundo”. Él vive en el barrio Ojo de Agua, saliendo de Puerto Ayacucho, y dice que “allá hay paludismo por demás”.

Cuatro municipios de Amazonas (Atures, Autana, Atabapo y Manapiare) están en epidemia, uno (Alto Orinoco) en alarma, y dos (Maroa y Río Negro) en seguridad. En todos los municipios hay presencia de minería ilegal, excepto en Atures, donde no se practica esta actividad, pero sí recibe a todas las personas con malaria provenientes de las minas, que viajan para abastecerse de alimentos y otros servicios.

El 21 de septiembre 2016 William Velásquez, ex director de Salud Ambiental, envió una carta al entonces director de salud regional, Diony Herey, con copia a la ministra de Salud, donde declaraba al estado Amazonas en epidemia. Pero no recibió respuesta. A finales de noviembre la ministra visitó la entidad y Velásquez le planteó todos los problemas que tenían: “Nosotros trabajamos bien, pero ha habido problemas para hacer el control del vector. No tenemos para hacer rociamiento en las paredes ni un insecticida biológico para echar en los criaderos; tenemos que usar un químico que destruye la flora y la fauna. No tenemos carro, motores fuera de borda, el problema básico de la gasolina y el gasoil para echar el insecticida, bujías y pilas para las máquinas. Yo he tenido que pagar cosas con mis propios recursos. Aquí nadie ha dado nada ni gobierno nacional, ni regional, ni municipal”.

Para el 2 de diciembre de 2016 estaban registradas seis muertes de personas con malaria (una en Atabapo, una en Alto Orinoco y cuatro en Atures). Algunas con complicaciones de dengue hemorrágico y tromboembolismo pulmonar. Velásquez advierte que pueden tener un subregistro de casos porque hay mucha gente que no llega a registrarse, se automedica, o los mismos microscopistas le hacen el diagnóstico, pero no lo registran ni envían la información. Ese mismo mes llegaron 5.000 mineros al municipio Atures y a la institución se le acabó el tratamiento. “Tuvimos que dar medicamento solo por tres días. Ha venido gente hasta de Táchira a trabajar en las minas. Esto sigue peor”, se lamenta el doctor.

Una esperanza a pocos minutos

Amanaven es un pueblo colombiano del departamento de Vichada, que se levanta sobre una montaña de tierra, y está justo al frente de San Fernando de Atabapo, a cinco minutos de navegación. Para entrar al pueblo hay que subir unas escaleras hechas de tablas. Las pocas casas del lugar están construidas con madera, en forma de palafitos. Debajo de una de las estructuras, una mujer está llenando sacos con tierra que sirven como muro de contención. Este pueblo improvisado pareciera que se puede hundir en cualquier momento, pero no su economía. Venta de ropa, alimentos, juguetes y carteles de “Se compra oro”, pueden verse en varias casas.

En Amanaven el único ambulatorio está cerrado porque el enfermero se murió hace tres meses. Pero a unos cuantos pasos hay una pequeña farmacia donde el también enfermero Ancisar López, de 56 años, hace consultas generales y vende medicamentos, entre estos el de la malaria, que para finales de noviembre costaba ocho mil bolívares. Una niña entra junto a su madre: “Tiene dos días con fiebre”. López le hace un pinchazo en el dedo y toma la muestra de sangre. Ambas salen. “Siguiente”. Otra gente comienza a llegar. 

López cuenta que durante el día atiende hasta veinte casos entre venezolanos, colombianos y brasileños provenientes de las minas. La mayoría son del municipio Atabapo. “Todos los que vienen dicen que allá no hay medicinas y traen el récipe. Mientras no fumiguen no se hace nada”, dice. También comenta que llegan muchas personas de las minas con gonorrea y que las mujeres que ejercen la prostitución siempre son renuentes a examinarse.

William Velásquez, exdirector de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho, asegura que en Amazonas nunca ha faltado tratamiento. El problema radica en que los municipios tienen que enviar las estadísticas que avalen la solicitud de medicamentos a ciudades donde sí existe el tratamiento como en Maracay, la capital del estado Aragua (centro de Venezuela). Es un trámite burocrático que muchas veces se complica por la falta de comunicación con las remotas comunidades amazonenses y se suma a las denuncias sobre la venta del tratamiento contra el paludismo, que en Venezuela es gratuito y al acecho del hampa. En octubre hurtaron tres cajas (cada una con 30 tratamientos) de la farmacia que está en la sede de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho. Velásquez hizo la denuncia en la fiscalía y entregó el número de lote de las cajas, que encontraron tiradas en la calle sin el tratamiento.

Mientras los casos de malaria aumentan, la gente sigue buscando una solución al otro lado del río o su rebusque en las minas, muchas veces poniendo en riesgo su propia salud.

No es solo contraer la cepa mortal del VIH-Sida y vivir a la vera de los caños que forman el delta del río Orinoco en el estado Delta Amacuro. El estado no tiene la infraestructura para entregar el tratamiento a los pacientes. Tampoco hay muchos médicos que los atiendan. Cuando la persona sale positivo en las pruebas debe acudir al Hospital Luis Razzeti, en Tucupita, para ser atendido por el infectólogo que asiste dos jueves al mes. El infectólogo es de Maturín, capital del estado Monagas que se encuentra a unas tres horas de Tucupita; y también atiende en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Zenaida Matteus, coordinadora de enfermería del Programa ITS/VIH en Delta Amacuro, cuenta que antes la Dirección Regional de Salud les daba estadía de una semana a estas personas para que asistieran a la consulta y que a veces los alojaban en un ala del hospital. Ahora esto no funciona y cuando vienen tienen que quedarse con familiares o amistades.

Los antirretrovirales, que se entregan a la población de forma gratuita, llegan desde Caracas a Tucupita los quince de cada mes y que generalmente hay una buena dotación del medicamento.

Pero donde existe la falla mortal es en la distribución. “Realmente nosotros le prestamos atención al que viene porque ni siquiera contamos con vehículo para ir al hospital. Usted sabe El Cierre, donde está la venta de comida, bueno de Volcán viniendo a Tucupita hay unas casas indígenas y nosotros no hemos ido para allá y es aquí mismo. Entonces realmente no se está haciendo el trabajo que se debe hacer”, denuncia la doctora Mar Medina, coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH.

No hay embarcaciones para distribuir el tratamiento en las comunidades del bajo delta. A finales de noviembre de 2014 Medina y su equipo en el puerto de Volcán desde las seis de la mañana. Se suponían que ya las lanchas estaban preparadas pero a las once de la mañana le dijeron que el motor no arrancaba. La doctora rememora el momento:

—Pero cómo si hace tres días estaba todo bien.

—Bueno doctora si se quiere ir con un motor.

—¡Cómo! ¿Pero tú eres loco? ¿Con qué me auxilio después si se me apaga el motor?”.

El viaje estaba planificado para Guayo donde entregarían 80 frascos con Viraday, uno de los antirretrovirales.

Ante esta situación Medina responde que los pacientes van a Tucupita a buscar los medicamentos: “Por ejemplo hay un paciente de San José de Amacuro [una comunidad más distante que Guayo] que cuando viene nosotros lo tomamos de transporte y le pedimos que lleve tratamiento a los otros. Se supone que deben de venir cada mes pero ellos como son de allá se les distribuye por hasta tres meses”.

“Los que no vienen es porque no han asumido el conocimiento de la enfermedad, tienen otra cultura, dicen que es brujería”, argumenta, por su parte, Zenaida Matteus

El infierno queda en Tucupita

Otra es la realidad de los caños: “Si le dices a un warao que debe buscar el tratamiento en Tucupita es como si le mencionaras el infierno. Incluso algunos se han ido de la consulta. No tienen dinero para el pasaje, no tienen dinero para la logística que implica moverse”, comenta el doctor Luis José Rodríguez.

“No tenemos un transporte para garantizar que la persona se mueva, aunque en 2009 el ministerio facilitó 20 lanchas pequeñas para todos los centros de salud, pero hoy en día no queda ninguna, están desaparecidas; y sobretodo porque hay desgaste de los motores y todo eso ha afectado la movilización. Lo mínimo es que cada comunidad tuviera su lancha, para moverse y ver si el paciente está recibiendo su tratamiento, porque si no hay garantía de que ese doctor o enfermero pueda ir, es mentira que ese paciente va mejorar su estado de salud”, dice Yaneth Ypuana, directora de la Dirección de Salud Indígena, ente adscrito al ministerio del Poder Popular para la Salud.

En lo que va de año los médicos no han recibido tratamiento para administrar entre los que tienen VIH en Guayo y otras comunidades. Luce inexplicable que el Programa, teniendo una lista de las personas con VIH en los caños, y sabiendo que no cuentan con embarcación, no haya aprovechado la oportunidad para enviar los antirretrovirales con los doctores este julio de 2015 cuando estaban en Tucupita o cada vez que alguno de ellos sale de permiso.

“Nuestras limitaciones de acceso a las zonas indígenas siempre son dificultades logísticas: movilización de recursos, médicos, medicamentos, pacientes. En este momento con el costo de los lubricantes y los repuestos se nos ha incrementado el problema”, se une al coro de penurias Yajaira Segovia, jefe de atención médica y coordinadora de la red hospitalaria de la Dirección Regional de Salud.

Pese a que algunas autoridades argumentan que los warao sí se trasladan a Tucupita a buscar el tratamiento todo demuestra lo contrario, la realidad es otra: el warao muere por no tener medicamentos y más al estar contagiado con una cepa más mortal que la normal.

El riesgo del embarazo

Las warao embarazadas con VIH tampoco están recibiendo tratamiento. En ellas el riesgo se incrementa debido a su desconocimiento de la enfermedad, y a la falta de un control prenatal que permita proporcionar los medicamentos específicos de acuerdo al tiempo de gestación, y posteriormente practicar cesárea para reducir las probabilidades de contagio del niño. Por ejemplo, las embarazadas no pueden tomar Viraday, un antirretroviral, en las primeras 15 semanas de embarazo porque produce malformaciones en el embrión o feto. En cambio deben tomar zidovudina y lamiduvina, que en 2014 presentaron fallas de suministro en todo el país, al igual que ciertos reactivos para aplicar las pruebas de VIH.

En ese momento interrumpe una mujer warao que viene a pedir leche maternizada. Ella tuvo un niño que diagnosticaron con VIH cuando nació. Para su segundo embarazo habían programado una cesárea pero se le adelantó el parto y la hicieron tenerlo por parto natural. “Los obstetras pelotean a las pacientes VIH embarazadas. Muchos piensan que van a salir positivos, pero hay niños que han nacido y no se han contagiado de milagro”. En el estante de al lado reposa un kit quirúrgico para cesárea y cirugía general. Ahora el niño debe ser enviado al Instituto Nacional de Higiene en Caracas para que le hagan el examen de reacción de polimerasa en cadena (PCR), estudio específico para descartar el contagio por VIH.

“La gobernación nos ayudaba a trasladar a Caracas a los bebes que nacen con VIH para los exámenes porque la Dirección Regional de Salud no hacía nada. Les daba el traslado, todo. Incluso llegamos a lograr que le dieran los viáticos a una secretaria del programa para que se fuera con el grupo y se encargara de arreglar todo en Caracas. Este año solo han ido tres y porque los padres tuvieron pagaron el traslado”, denuncia Mar Medina.

Una combinación mortal

Zenaida Matteus tiene las estadísticas de la incidencia del sida en el bajo delta. “En Guayo hay 58 casos de los cuales 25 reciben tratamiento”, afirma. Dice que algunas de estas personas fueron diagnosticadas desde 2006 y que han ido al infectólogo. Matteus prosigue: “Curiapo 9 casos registrados, Nabasanuka 9 casos, San José de Amacuro 7 casos, Tucupita 14 casos”. También dice que de 2010 a 2015 se han reportado 14 fallecidos en Guayo, y que en 2015 murieron dos en el Hospital Luis Razetti de Tucupita, también procedentes de Guayo.

Solo basta un viaje a estas comunidades para confirmar que muchas de las personas registradas han muerto y que hay nuevos casos de contagio. Ha pasado un día y hay contradicción entre los números facilitados por Matteus y las declaraciones de Mar Medina: “Yo le puedo decir que Guayo puede que tenga alguna comunidad indemne, porque existen comunidades donde si hay 100 familias, el 90% tiene a alguien con VIH. Nosotros no le podemos dar la lista a la gente, qué familia ni cuál es el nombre, pero si le podemos decir ‘hay tantos indígenas, tantos niños’. Los médicos que están allá ahorita vinieron alarmados. Todos los que trajeron ya nosotros los tenemos registrados, por eso es que yo me opongo a que estén haciendo estudios en los indígenas a cada rato. Lo bueno sería que a nosotros como nos dieran las herramientas para poder ir y evaluar, porque ¿qué hace uno sacándole la sangre a quien ya está diagnosticado?”.

En Delta Amacuro hay una autoridad única en salud. El director regional de salud es el representante del Ministerio de Salud y de la rectoría de salud de la gobernación. Recientemente el médico Martín Márquez fue designado como rector de salud en el Delta y hasta ahora no se ha pronunciado sobre la situación de los warao. En dos oportunidades se intentó concertar una entrevista pero por motivos de viaje y agenda fue complicado. Del mismo modo se solicitaron cifras de personas con VIH en Delta Amacuro a través de una dirección de correo electrónico facilitada por la funcionaria Yajaira Segovia sin respuesta.

Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud para 2012 se calculaba que 110.000 personas con VIH vivían en Venezuela. De acuerdo con Claudia Morón, viceministra de redes de salud colectiva, había 101.867 pacientes infectados con VIH-Sida 2013. De esa cantidad 42.936 son los que están acudiendo a recibir el tratamiento.

Estas cifras contrastan con las de informes presentados por organizaciones no gubernamentales. Una de estas, Stop-VIH, señala que en el país existen cerca de 220 mil personas con VIH, de las cuales el Ministerio de Salud atiende a 44 mil que ya han sido diagnosticadas.

En una ocasión los doctores de Guayo  necesitaban la lista de las personas VIH-positivas de las comunidades para contactarlas y el Programa no quería dárselas. Finalmente solo proporcionaron los nombres de la gente de Guayo y Nabasanuka.

También ha habido fallas de coordinación. Según Matteus a veces los doctores han traído listados sin número de cédula o a veces los indígenas se cambian el nombre.

“El bajo delta es como una zona de guerra y en Tucupita prefieren tener un muerto antes que falte una cédula, una fecha de nacimiento o un nombre. O incluso han exigido muestras de sangre que deben llegar en menos de 24 horas, conociendo las dificultades que existen con la gasolina. Caiga quien caiga el requisito debe estar completo. Prefieren tener una ficha completa en lugar de resolver”, dice con resignación el doctor Alfredo Silva y recuerda que en Murako murió una niña de 12 años, porque no les dieron el tratamiento para la tuberculosis por no tener en el momento su fecha de nacimiento.

Un gobierno de un médico

En noviembre de 2012 dos médicos se disputaban la gobernación del estado Delta Amacuro. Resultó reelecta la médico cirujano y candidata del gobierno por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Lizeta Hernández Abchi. Los warao continuaron muriendo.

Como reza en la página de la gobernación, Hernández ya había pasado por distintos cargos en el área de salud en la entidad: en el año 2005 fue designada directora de salud del ejecutivo regional. Cuatro meses más tarde es nombrada Rectora de Salud y Desarrollo Social; cargo que desempeña hasta enero de 2008, cuando “atendiendo el llamado de su pueblo” acepta participar en las elecciones internas del PSUV como candidata a la Gobernación del Estado Delta Amacuro.

A principios de julio de este año la gobernadora visitó Guayo en compañía de Amado Heredia, candidato del PSUV por el circuito uno, que comprende los municipios Casacoima y Antonio Díaz. También iban con ella Edgar Guzmán, alcalde del municipio Casacoima; Ramón Antonio Yánez, diputado regional; Fátima Salazar y Evaristo Rodríguez, presidente del Instituto Regional de Atención al Indígena. Un medio de la entidad reseñó: “A la caravana fluvial fueron asistidos, originarios de todas partes del municipio, contando con más de 200 embarcaciones fluviales que casi arropan las aguas de San Francisco de Guayo”. Pero al parecer ni la gobernadora ni ninguna de las autoridades se percataron que la comunidad tenía más de cuatro meses sin luz, tampoco funcionaban los generadores eléctricos del hospital y ni siquiera tenían una ambulancia fluvial.

En 2013 Dalia Herminia Yanez, diputada oficialista y coordinadora de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, Grupo Venezolano, dijo que en las zonas del bajo delta había un problema muy serio. Uno de los dirigentes, Emilio Valenzuela, había denunciado casos de VIH-SIDA. También dijo que era un asunto casi silencioso, que nadie se escapaba de eso pero que aún no había podido recorrer a la zona: “Han muerto indígenas de sida, pero no tengo el número exacto de cuántos están contagiados. También de tuberculosis. A pesar que hay la atención hay una desconexión de instituciones”. Un año después en otra entrevista la diputada de la etnia warao declaró no tener información al respecto, pero denunció la falta de coordinación de las instituciones del Estado que deben velar por los derechos de los indígenas.

“A lo mejor con la Cruz Roja hubiésemos podido frenar la epidemia pero las autoridades sanitarias y civiles los echaron de los caños porque estaban alarmando”, señala Mar Medina.

Para 2015 el Ministerio de Salud recibió 38 mil 705 millones 374 mil 057 bolívares, un incremento de 29% con relación al año 2014. De ese dinero 598.752.120 bolívares se destinaron para el fortalecimiento de los servicios regionales que atienden pacientes con: VIH/Sida/ITS, enfermedades respiratorias, tuberculosis (TBC), asma; enfermedades pulmonares, obstructivas y crónicas (Epoc), hepatitis y bancos de sangre; la cantidad solo representa 1,54 % del presupuesto total.

En 2013, el presupuesto para esas enfermedades fue de 517 millones de bolívares y se pretendía atender a 1.551.052 personas. En 2014 bajó la atención a 750.000 pacientes con 598 millones de bolívares presupuestados.

Al revisar la memoria y cuenta de 2013 y compararla con la de 2014 se advierte el progresivo desinterés del Estado por la suerte de los warao afectados con VIH. En 2013 existía la Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro. Dentro de sus líneas y planes de acción para 2014 no había referencias a la prevención de VIH-SIDA en comunidades warao ni en criollos. Dentro de sus actividades mencionan 586 consultas a pacientes con VIH/ITS/SIDA y 382 educación sanitaria sobre VIH/SIDA, pero no identifican si los beneficiados eran warao o no warao.

Sin embargo, presentan obstáculos que dejan por escrito la situación sanitaria y sustentan las demandas de algunas autoridades sanitarias: falta de embarcaciones, de médicos, de vehículos para supervisar la red ambulatoria y hospitalaria. En la memoria y cuenta de 2014 desaparece esta dirección regional. Así sobreviven o mueren los warao. El Estado está presente solo en costoso material POP, y de vez en cuando en giras que más bien parecen turísticas. Ellos siempre “están planificando su próximo viaje al bajo delta”, pero nada mejora. Y mientras tanto solo las aguas del Orinoco lloran la muerte de este grupo indígena que continúa sumergido en una epidemia de sida.

(*) Este trabajo es el último de cuatro entregas desarrolladas a lo largo del Diplomado de Periodismo de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

A contracorriente del mundo occidental, las familias más notables y acaudaladas de la etnia warao incluían dentro de su estructura a una segunda esposa y se trataba precisamente de los tidawinas, que mantenían relaciones sexuales exclusivamente con su marido y se desempeñaban, en algunos hogares, como ayudante de la primera esposa. Ya está visto que el VIH terminó de trastocar su rol; concretó lo que la Iglesia venía trabajando durante décadas.

Según el antropólogo Olivier Allard, en su libro Pueblos Indígenas e Identidades de Género: el dualismo sexual sometido a discusión, la discriminación comenzó por presión de los misioneros y la sociedad criolla quienes proscribieron, invisibilizaron y ridiculizaron a esta figura transgénero, desestructurando su identidad y llevándolo a ocupar un lugar marginal en el tejido social: “Exiliada su figura social del mundo warao, el tidawina deja de cumplir un rol en él y pasa a convertirse en una figura propia del mundo criollo y ajena al warao, es decir, un 'maricón', una aberración, una desviación, un desterrado social”; y ahora responsable directo del VIH, porque ya muchos warao relacionan al tidawina como un factor de riesgo para contraer la enfermedad.

El antropólogo Luis Felipe Gottopolo explica todo: “Al preguntar sobre los tidawinas, una mujer warao inmediatamente contestó que no los querían, pues ellos salían "por la noche con sujebu a contagiar a los hombres con esa enfermedad Sida". Por otra parte, al preguntarle a otra mujer warao sobre el origen del Sida, contó que seis tidawinas habitantes de la comunidad de Koberuna se contagiaron en San Francisco de Guayo, y propagaron la enfermedad en sucomunidad”.

Los tidawinas han quedado desligados de las relaciones socioproductivas y por ende las personas transgéneros y homosexuales, que antes eran tolerados por la sociedad warao, ya no pueden tener parejas estables, familia, ni ninguna función social. Relegados a la clandestinidad, algunos de ellos se han dedicado a la prostitución.

En el estudio HIV-1 Epidemic in warao amerindians from Venezuela: spatialphylodynamics and epidemiological patters (2013) algunos pacientes VIH positivos confirmaron haber tenido experiencias sexuales con tidawinas o con otros hombres (64%).

Lo anterior supone un cambio muy fuerte en materia sexual y familiar para los warao. El antropólogo Emilio Monsonyi documentó en 1984 en su libro, La sexualidad indígena vista a través de dos culturas: Waraos y Guajibos, que existían normas que limitaban la libertad sexual en estas comunidades.

“Las relaciones entre hombres y mujeres se caracterizan por el formalismo, la sobriedad y la distancia, capaces de neutralizar y controlar emociones y pulsiones”, explicaba Mosonyi en su libro. “Los niños tienen prohibido hablar de sexo y las mujeres deben llegar en estado de virginidad al matrimonio. Las normas que rigen el comportamiento y los hábitos sexuales son más bien estrictas y conservadoras. Los vínculos sexuales fuera del matrimonio son mal vistos y reprobados”.

Gottopo añade ahora, a 30 años de aquel análisis, que las contradicciones actuales pueden ser el resultado de la flexibilización de las normas sexuales tradicionales, como consecuencia de la interacción con el mundo criollo. Sin embargo, este antropólogo insiste en que no son los tidawinas ni las migraciones de muchos warao las principales causas a atacar para frenar la epidemia de VIH.

Por el contrariodice que es necesario garantizar, antes que nada, la atención médica y la prevención a través de campañas especiales. Después de todo, se trata de una enfermedad que llegó del mundo exterior, por lo que también deben recibir tratamientos de ese mundo exterior.

Desde Delta Amacuro, el médico Luis José Rodríguez cuenta que una vez entregaron condones y algunos warao los agarraron para hacer globos: “Ahorita estamos trabajando dando charlas pero no es un método muy efectivo porque está fracasando. ¿Cómo hacemos para educar al warao en prevención sin afectar su cultura?”, pregunta. “¿Cómo tú le dices al warao que no tome agua del río porque le va dar diarrea? Cuando no hay una planta potabilizadora de agua. ¿Cómo tú le dices al warao no cocines en leña porque te van a dar enfermedades respiratorias?”.

Los jebus de la gente de los caños

En su investigación sobre la medicina natural de este pueblo, Fitoterapia Warao, libro editado por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (1996), el antropólogo Wilbert Werner señala que en el imaginario warao existen, paralelamente, dos teorías de la enfermedad. Ambas suponen un origen espiritual o mágico, pero se diferencian en las terapias que se emplean.

Por un lado, de acuerdo a la teoría chamánica, las enfermedades son producidas mediante el ataque de espíritus caníbales devoradores de almas (jebus), objetos patógenos (bajanas) o encantamientos (joas) que se introducen en el cuerpo de un individuo, causándole dolencias. Generalmente este tipo de enfermedades son tratadas por los chamanes. Hay otra teoría que entiende el contagio de patologías a través de olores fétidos que son transportados por el aire, el agua o el fomes, hasta el cuerpo, en el cual se introducen para alojarse en cualquiera de las varias almas que componen la esencia del warao y que se ubican en la cabeza, tórax, pecho y abdomen.

La terapia aplicada a este tipo de enfermedades carece de rituales y se fundamenta en la sustitución de un olor fétido y patogénico, por otro aromático y terapéutico, donde los medicamentos naturales, de índole vegetal, son administrados mediante el consumo oral, inhalación o unción tópica, con el fin de desplazar los olores fétidos causantes de enfermedades.

El diagnóstico de la enfermedad lo hacen chamanes y fitoterapeutas de forma mancomunada. Si ninguno de los campos médicos tradicionales logra determinar la patología, entonces se asume que es de origen exótico y que el paciente debe ser tratado con la medicina del criollo. Es el caso de la tuberculosis o el VIH. El problema es que por la falta de información muchos de ellos solo reconocen los síntomas más no el virus. Saben, de cualquier modo, que es mortal porque casi nadie sale ileso cuando comienzan a sentir diaraya (fiebre), sojo (diarrea), botukataya (pérdida de peso), botobotoya (debilidad), ataearakateobo (mareos).

“El problema con los tratamientos de VIH y tuberculosis no es la disponibilidad, gracias a Dios y al Estado la tenemos, sino el apego del paciente al tratamiento, además que al sentirse bien deja de tomarlo”, señala Yajaira Segovia, jefe de Atención Médica y coordinadora de la Red Hospitalaria de la Dirección Regional de Salud.

En este caso es peor el remedio que la enfermedad porque la persona puede desarrollar resistencia al medicamento. De hecho en el estudio Evidence of at Least Two Introductions of HIV-1 in the Amerindian Warao Population from Venezuela (2012) se encontraron algunas mutaciones del virus, personas con estas resistencias que habían contaminado a otros, aunque no todos los individuos infectados y resistentes al fármaco habían recibido tratamiento antes del estudio.

(*) Este trabajo es el tercero de cuatro entregas desarrolladas a lo largo del Diplomado de Periodismo de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Los doctores, resignados, esperaron hasta el día siguiente para iniciar una travesía vital en esta zona de la Venezuela más recóndita. El extremo oriental es quizá el último lugar de la geografía nacional en el orden de prioridades de todos. Allí, donde la prevalencia del VIH es más alta que en cualquier parte del país, los especialistas quieren evaluar el impacto del virus en la población warao de 15 a 50 años, pertenecientes a 15 comunidades de la parroquia Padre Barral y 11 de la parroquia Manuel Renaud. Hay que aplicar dos pruebas rápidas de diagnóstico (Oraquick y Alere) y determinar cuántos pacientes conocidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (la mayor parte por los estudios realizados por estos investigadores) sobreviven en el hospital Hermana Isabel López de Guayo. La travesía es perentoria: el equipo aspira a que quienes aún sobreviven sean incluidos en las estadísticas nacionales a través del Programa Nacional de ITS/VIH y puedan recibir tratamiento. Los que han fallecido arrojan una conclusión quizá más importante: cuán letal es la cepa que tienen los warao.

Amaneció el jueves en Puerto Volcán, una comunidad con estructuras improvisadas de madera, zinc y bolsas negras donde viven, de forma permanente o pasajera, los warao que vienen de los caños más adentrados del delta, y los doctores Jacobus de Waard, un biotecnólogo holandés que actualmente dirige el Laboratorio de Tuberculosis en el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela; Sergio Poli que trabaja en el mismo laboratorio; Alfredo Silva, Luis José Rodríguez y Jan Costa, quienes actualmente hacen su año de rural en los hospitales de San Francisco de Guayo y Nabasanuka, llegaron al embarcadero con el propósito de zarpar. Los médicos comenzaron a meter la carga en la curiara de hierro azul identificada con el nombre del “Instituto Autónomo de Biomedicina de la UCV”, y se percataron que aún faltaban dos tambores más de gasolina.

Habían pedido seis para poder visitar todas las comunidades. En este puerto la venta de gasolina está restringida a dos tambores, de 200 litros cada uno por mes, lo que apenas es suficiente para un viaje de ida y vuelta desde Puerto Volcán hasta San Francisco de Guayo o Winikina. “Hablamos con el comandante”, decía el doctor Jacobus con una carta en la mano, mientras que uno de los tenientes insistía en que debía llamar para verificar. Luego de unos minutos los militares vendieron la gasolina que necesitaban y el grupo partió a las 10:30am, un día después de lo pautado.

Al principio un sendero de agua es todo el camino. Luego el río Orinoco se abre como un abanico formando una red intrincada de caños y diversas islas deltaicas. Esta cuenca, ubicada en el extremo nororiental del país, cubre una superficie de aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados. Solo el delta tiene 22.500 kilómetros cuadrados, demarcado por el Caño Manamo en el oeste, el Río Grande en el sur y las aguas del océano Atlántico que bordean sus costas.  De lado y lado hay manglares, árboles retorcidos que emergen del agua, la vegetación típica de esta zona.

La travesía duró varias horas porque uno de los motores de la lancha desapareció. A las 8:00 de la noche el equipo médico desembarcó en San Francisco de Guayo, un lugar muy remoto que queda casi tocando el océano Atlántico. Desde ahí se desplazarían a las otras comunidades donde aplicarían las pruebas de despistaje de VIH.

Llegar hasta aquí es un milagro. El resto del equipo que ya está instalado, formado por siete pasantes de la escuela de medicina José María Vargas de la UCV, también vivió una odisea. La Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro solo les facilitó dos camionetas pick up para su equipaje y ellos tuvieron que contratar un camión 350 para el resto de las cosas: comida para dos meses y medicinas que ellos mismos habían recolectado a través de donaciones.

Una vida precaria y a la deriva

Una ambulancia fluvial, corroída por el óxido y llena de agua, permanece encallada frente al hospital Hermana Isabel López. El ir y venir de las pequeñas olas del Orinoco la golpean constantemente y ella permanece ahí, un poco torcida, pero negada a hundirse.

A finales de abril tenían que trasladar a un bebé de seis meses con diarrea hasta el hospital en Tucupita, y no fue posible por no contar con una embarcación. El doctor y los familiares tuvieron que resignarse a verla morir. Otro caso fue el de un niño warao con un cuadro de tuberculosis, que murió al no ser trasladado a tiempo a Tucupita. En mayo Nubia López murió tras 11 días de convalecencia por la misma razón. Un medio local publicó las fotos de la mujer cadavérica. En enero de 2015 se fue la luz y los médicos tuvieron que atender los partos con velas. Otro día nació un niño y no lloraba. Resulta que había inhalado meconio, las primeras heces del bebé, durante el parto, cuando lo estaban aspirando se fue la luz y el recién nacido murió.

A estas historias, que parecen de otro continente y de un siglo lejano, y a una precaria infraestructura se enfrenta el equipo que viene a establecer el alcance de la epidemia de VIH en el Delta del Orinoco. El hospital en Guayo cuenta con 16 camas y cuatro camillas de observación. Existen algunos equipos: dos incubadoras, una centrifugadora que perteneció al doctor Jacinto Convit, una estufa y un microscopio. Pero es como si no existieran. Los dos generadores eléctricos del hospital no funcionan desde hace dos años y el generador que proporciona luz en el pueblo tiene problemas por piezas dañadas o falta de gasoil.

Existe una máquina para tomar placas de rayos X que los doctores descubrieron este año. Había estado dentro de una caja debajo de una camilla por meses y nadie había mostrado interés por su contenido. Pero de poco sirve, no hay un cuarto plomado –un espacio adaptado para trabajar con rayos X– y los doctores hacen las pruebas de la forma más rudimentaria.

El hospital no tiene lavadoras industriales para mantener una higiene continua: todavía los obreros lavan en el río. Tampoco cuenta con los insumos necesarios para atender a los pacientes. En promedio son 1.200 al mes, 45 y 50 consultas diarias, y 4 o 5 hospitalizados a la semana. Un ejemplo es la falta de un yelco pediátrico, una especie de catéter utilizado para administrar suero a los niños, por lo que deben utilizar el de adultos y atravesar sus diminutos huesos. No hay cremas azufradas para la escabiosis; y ni mencionar los tratamientos antirretrovirales para los pacientes con VIH.

Esta situación avergüenza a la hermana Isabel López, de la congregación Terciarias Capuchinas. “Yo dije un día: el hospital no amerita que lleve mi nombre”, dice. Ella está consciente de que los médicos son muy competentes, pero que poco pueden hacer sin insumos. “En la temporada en que descubrieron los casos de VIH morían al menos 5 mujeres al mes porque no podían ser trasladadas”,  agrega López, que tiene más de 50 años conviviendo entre los indígenas warao del bajo delta.

Es esta congregación, la que aporta la comida para los pacientes hospitalizados, la tienen difícil para que todos reciban sus raciones. La Alcaldía del Municipio Antonio Díaz solamente les dona 7.000 bolívares mensuales. A veces los doctores y pasantes deben ir a los mercados populares de la red Mercal y colocar su dedo pulgar en las máquinas captahuellas para comprar la comida con este dinero.

El doctor es como un conserje del hospital. Debe proveer todo lo necesario para él y los pasantes, incluso el agua que consumen. Esta la consiguen en Teikuburojo donde tienen una planta potabilizadora y la compran a cambio de darles un poco de gasolina: “Pensar hacer un hospital en Guayo fue una idea muy buena y estratégica ya que está ubicado en un lugar grande, remoto y de difícil acceso. Pero al no estar dotado y las comunidades no disponer de motores fuera de borda ni gasolina se les dificulta el traslado al mismo”, comenta el médico Alfredo Silva.

El desplazamiento de una comunidad a otra puede durar 10 o más horas, e incluso días si el trayecto se realiza a canalete o remo. Algunas comunidades cuentan con lanchas a motor, pero su uso es restringido por la escasez del combustible.

Dos grupos estadísticos

La mañana del viernes el equipo se reunió en la residencia de los doctores, justo al lado del hospital Hermana Isabel López. Una salita con mueble, una computadora y una nevera para guardar las vacunas es todo el mobiliario. Las paredes están pintadas de rosado y en una de ellas está pegado un papel con el horario de guardias y consultas. Los días están escritos en idioma warao. También hay un José Gregorio Hernández y una virgen. El resto de la casa tiene una cocina, dormitorios, baños y un espacio en la entrada donde están guindados unos chinchorros y las cajas con las pruebas Oraquick que fueron donadas por una empresa estadounidense.

Oraquick es una prueba oral que se usa recogiendo una muestra de saliva mediante el frote de las encías superiores e inferiores con una paleta recolectora. Luego el dispositivo se introduce en el tubo de prueba que contiene un líquido y se obtienen los resultados en 20 minutos: si solo aparece la línea C, los resultados de la prueba son negativos; pero si los anticuerpos contra el VIH se depositan en la línea T esto indica que los resultados son positivos.

En ese caso los médicos aplican una segunda prueba rápida –llamada Alere Determine HIV - 1/2– que requiere una muestra de sangre. El Programa Nacional de Control de VIH incorpora a sus estadísticas a un paciente que haya dado positivo en ambos exámenes.

Deciden que para el estudio tendrán dos grupos. El grupo A donde usarán una muestra probabilística (cada 4 casas en comunidades con más de 40 casas, cada 2 casas en comunidades más pequeñas). El grupo B con una muestra no probabilística, grupo de estudio intencional donde los criterios de inclusión serán: VIH positivo conocido, con síntomas aparentes, contacto de VIH positivo conocido, voluntario.

“Hay que ser activos. Yo acá tenía 10 años que no venía y me recuerdan. Yo venía a hacer pruebas de tuberculosis”, dice el doctor Jacobus de Waard con un acento extranjero muy difícil de ocultar pese a estos 20 años que tiene en Venezuela, y sale de la residencia con el grupo a realizar las primeras pruebas.

La etnia de las aguas

San Francisco de Guayo pertenece a la parroquia padre Barral y forma parte de las más de 365 comunidades asentadas en el municipio Antonio Díaz. El municipio, que es el más grande de los cuatro que integran el estado Delta Amacuro, tiene una superficie de 22.746,49 kilómetros cuadrados.

Según el censo del año 2011, la población indígena venezolana representa 3% del total de la población del país. De ese porcentaje los warao constituyen el segundo pueblo indígena más numeroso, con una población de 48.771 individuos, lo que corresponde a 6,7% del total de los indígenas de Venezuela. Los warao se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional; sin embargo, se concentran mayoritariamente en sus territorios de origen (40.280 individuos), es decir, en el estado Delta Amacuro y, en menor medida, en la región oriental del país y el Distrito Capital. En Delta Amacuro la población ronda los 165.525 habitantes, de los cuales 24% se asumen warao, según el censo de 2011. El 13% de ellos se asienta en áreas urbanas, mientras que 87% restante lo hace en zonas consideradas tradicionales en los municipios de Antonio Díaz (58,7%), Tucupita (29,5%), Pedernales (10,9%) y Casacoima (0,9%).

Fray Julio Lavandero, sacerdote capuchino, explica que los warao se quedaron en la era del palo, ni siquiera la de la piedra. Nunca han salido de las aguas. No en vano el significado de la palabra warao significa “gente de la canoa” o “gente de los caños”. Su modo de vida se desarrolla en las riberas del río Orinoco, en viviendas autóctonas tipo palafito y se transportan usando una curiara. Pero el hecho de haberse quedado en este lugar tan recóndito de Venezuela no les aseguró que su cultura haya permanecido intacta.

Este poblado tiene una misión católica fundada en 1942 por el padre de la orden capuchina Basilio de Barral, quien construyó una escuela y un internado para niños warao. Posteriormente en 1951 llegaron las religiosas de la congregación Terciarias Capuchinas quienes todavía permanecen en Guayo.

Guayo tiene dos sectores: Guayo I (la Calle de los casados y la Ranchería) y Guayo II. Una parte de las caminerías de Guayo son de cemento y los janokos, vivienda de los warao que se levantan sobre las aguas, rozan apenas sus orígenes. Ahora muchas reposan en estas veredas, elevadas a escasos centímetros del suelo para evitar que se inunden cuando llueve, y están construidas con listones de madera pintados, casi no tienen partes abiertas, solo las ventanas y la puerta. En otra parte de la comunidad estos palafitos y caminerías están sobre las aguas, y estás últimas sí son de listones de madera o de troncos.

Los habitantes de las primeras casas de la calle de Los Casados, donde empezó a trabajar el grupo, salen negativos a la prueba de VIH.

—¿Saben cómo se transmite?—le pregunta Jacobus a uno de los jóvenes.

—Relaciones sexuales y drogas—responde.

—Yo le digo a los muchachos que se cuiden—interviene Miguel, profesor de deportes de la comunidad, e inmediatamente menciona el caso de Florentino.

Florentino era muy activo. A sus 41 años pertenecía al equipo de futbol de San Francisco de Guayo y trabajaba como obrero cuando había construcciones. Su cuarto estaba lleno de zapatos deportivos, gorras y medallas. El licor era su único vicio, pero desde el 8 de marzo, día de su cumpleaños, no tomó más. En enero le dio una gripe muy fuerte y a partir de ese momento cada tarde lo visitaba la fiebre. Cada vez que comía le dolía el estómago. Luego se comenzó a poner flaco. “Será la diarrea”, le decía a sus familiares. El 7 de junio lo encontraron tirado en su chinchorro. “¿Qué te pasa, mijo?”, le preguntó su madre Aura y él no dijo nada. “Perdió el habla, había quedado como ciego, parecía como un niño y no quería que lo vieran”, recuerda ella con una tristeza que apenas encuentra consuelo.

Aura fija su mirada en sus pies descalzos. Su hija, que la observa desde la vereda, prosigue: “Él tenía el virus desde 2011, desde que vino el doctor Julián, pero nunca dijo nada. Florentino tenía en el cuarto un montón de pastillas y no sabíamos qué eran. Venía una doctora y se iban para adentro. Él tenía su secreto. Con el doctor Alfredo se dejó colocar el tratamiento pero ya parecía un niño, le cambiaban el pañal varias veces. Se puso duro como una piedra, el cuello, los brazos y, ¡ay!, ese hipo que daba miedo. Él se la pasaba en la Ranchería y los que tuvieron trato con él murieron el año pasado”.

La diarrea era continua. Un día lo estaban alimentando con una manguera y el mismo se la sacó. Otro día Aura le fue a llevar jugo de guayaba y en el pañal había sangre. Y otro día comenzó a golpearse en el pecho: “Lo agarraba a uno fuerte y ni abría la boca”, evoca su madre.  Cuando el padre le administró los santos óleos el cuerpo de Florentino perdió la consistencia de la piedra. La piel se ablandó y cerró los ojos. Sus ocho días en el hospital habían terminado.

Basura y gente enferma

Cuando los doctores llegan a la Ranchería todo cambia. En este lugar, ubicado en Guayo I, hay más ancianos y la mayoría habla warao. También está en peores condiciones higiénicas, hay mucha basura debajo de las viviendas. Comienzan a aparecer las personas con VIH tanto en la búsqueda activa como en el conteo al azar. El primero es un joven de 15 años.

En una de las casas Isaac está enrollado en su chinchorro y se mece lentamente. Tiene ojos tristes y está muy delgado. De las ventanas cuelgan dos afiches decolorados por el sol: “Digna Sucre, alcadesa”. La mujer sale sonriente junto al presidente Nicolás Maduro y la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta González. Uno de los doctores le pide a Isaac que abra la boca e introduce el Oraquick. Minutos después, otro caso positivo. El doctor le da un comprobante para que vaya a hacerse la prueba de sangre en el hospital, que está unas casas más allá pasando la escuela, la Iglesia y la casa de las religiosas. Isaac se levanta bastante débil y con papel en mano comienza a caminar, es inevitable que su cuerpo se vaya de un lado. Hace solo unos meses tomaba ron con Florentino.

Él es hijo de Silvio Rico, el wisidatu (dueño del dolor), que funge como chamán o sacerdote étnico y sirve de mediador entre la gente y el jebu (espíritu malo). Silvio está encargado de mantener la salud de su pueblo y de presidir el ritual del sagú, utiliza la maraca sagrada y canta mensajes curativos. Solo que esta medicina no ha resultado para este mal. A Silvio se le han muerto dos hijos. El primero fue Melesio (35 años): “Pasó dos semanas en Tucupita pero como no había nada que hacer me lo traje a la casa. Vomitó sangre y se murió”. Tenía sida y tuberculosis. El segundo fue Silvano (24 años) que también “murió flaquito”.

“Antes no había la enfermedad. Esa gente que se muere es porque ha estado en San Félix”. Silvio también piensa que este mal salió del ron porque dice que cuando la gente toma se vuelve como animal y no puede hablar con ellos porque lo quieren matar. Pero lo que realmente pasa es que en las fiestas se forman verdaderas orgías donde los tomadores no usan ningún método anticonceptivo y quedan expuestos al contagio.

En otra de las viviendas Jhon Grande viste una camisa ajustada que deja ver parte de su abdomen, un short y tiene el cabello recogido en un moño. Cuando camina marca bien sus pasos y mantiene el pecho erguido. Abre la boca para hacerse la prueba. Positivo. Le dan el mismo papel y lo envían a tomarse la muestra de sangre.

Uno a uno van apareciendo. La mayoría son hombres jóvenes y ninguno está tomando el tratamiento. Queda claro que los hombres mantienen relaciones sexuales con hombres sino no existiría una diferencia tan marcada en la prevalencia entre hombres y mujeres.

El antropólogo Luis Felipe Gottopo explica que aunque en los warao lo habitual es la vida familiar monogámica, no es extraño entre ellos la presencia de individuos transgéneros llamados tida-winas (mujer con pene), los cuales mantienen relaciones sexuales con otros hombres. En un estudio llamado HIV-1 Epidemic in waraoamerindians from Venezuela: spatial phylodynamics and epidemiological patters (2013), algunos pacientes VIH positivos confirmaron haber tenido experiencias sexuales con tida-winas o con otros hombres (64%).

El factor de riesgo no radica en la homosexualidad en sí misma, sino en la práctica del sexo anal. El doctor Jacobus explica que el problema es que el epitelio vaginal tiene mayor cantidad de capas celulares por lo que no se rompe o desgarra con facilidad, a diferencia del anal que son pocas capas de células y es más frágil. A la larga las células epiteliales no se infectan sino las dendríticas.

Durante la jornada un hombre llama al doctor Jacobus y comienza a hacer reclamos “La gente se está muriendo”, le dice Es un exenfermero del hospital. “No están mandando el tratamiento al bajo delta y usted lo sabe”, le contesta Jacobus.

Saliendo de la Ranchería varios jóvenes interceptan a los doctores: “Queremos hacernos la prueba”. En la calle alguien grita: “Reactivo”, y suelta una carcajada. Probablemente tanta muerte los tiene alerta.

Sexo y mosquito

—¿Cuéntame qué es el VIH? —pregunta Jacobus a uno de los jóvenes que tiene 17 años.

—Una enfermedad que se transmite por el sexo y el mosquito.

—Por el mosquito no. ¿Mueres o vives?

—Mueres.

—¿Qué haces para no morir?

—Condón.

“Apenas nos enteramos no nos quedamos con las manos cruzadas, comenzamos a pasar películas, hacer charlas. Estoy segura que en 2009 había como 60 casos y deben quedar vivos como cinco. El primero en morir fue un señor de 50 años, él contagió a muchos”, cuenta la religiosa Isabel López. Mar Medina, coordinadora del Programa de ITS/VIH en Delta Amacuro, también asegura que en Guayo colocaron películas para explicar la situación e incluso se apoyaron en traductores warao, “pero se cayó el interés de la Dirección Regional de Salud”. Muchos doctores que han pasado por esta comunidad han brindado información sobre esta enfermedad, así que algunos habitantes de Guayo conocen la letalidad del virus y aunque muchas veces no lo llamen por su nombre –la palabra VIH o sida no existe en warao– ya identifican los síntomas: diaraya, sojo, botukataya, botobotoya, ataearakateobo. El problema sigue estando en la prevención y el acceso a los medicamentos.

Próxima parada

Los doctores suben a la lancha y siguen su recorrido hacia la Isla de Jobure, a unos 30 minutos de Guayo. Tres perros raquíticos y un joven los recibe en el muelle de tablas desgastadas por la humedad. Sobre estas hay un pescado salándose. Más atrás dos jóvenes observan desde el vaivén de su chinchorro.  El resto de la familia ha salido. Alfredo le explica al joven el motivo de la prueba y se la aplica. El resultado es negativo. Jacobus saca su lista de viejos casos diagnosticados y pregunta por Jhenny Freites de 28 años. “Está en Tucupita con sus hijos”, responde el joven, que resulta ser su hermano. Él no sabe si Jhenny volverá, así que por ahora es una portadora del virus que vive en la capital del estado y no hay información que indique si está recibiendo tratamiento.

Los doctores navegan hasta la segunda casa donde encuentran a tres personas, dos de ellos, una mujer y un hombre, acostados cada uno en su chinchorro. Sus ojos están apagados, han perdido mucho peso y tienen una tos que no se detiene. Ambos tienen tuberculosis y los doctores le aplican la prueba para descartar VIH, porque muchas veces este virus queda silenciado por el padecimiento de la ocasión y los warao no tienen manera de saberlo. De todos modos deberán ir el lunes al hospital de Guayo para hacerles las pruebas. Ellos no tienen motor, así que irán en una curiara utilizando canaletes. “Salimos a las 4: 00 am y llegamos allá a las 7:00 am”, dice Kenny, el esposo de la mujer que está en el chinchorro y el único que está en pie. Él tiene VIH.

En la tercera casa, donde hay un afiche con la cara de Nicolás Maduro que ha ido borrando el sol, todos resultan negativos. El saldo es que en una comunidad de solo tres familias hay dos que tienen a alguien con VIH, lo cual resulta alarmante.  Jacobus saca nuevamente su lista. “Ese se murió hace como dos años trabajaba en Cambalache (…) Ismenia murió hace como una o dos semanas”, responde uno de los hombres del lugar.

Un nuevo contagio

Comienza a oscurecer y los doctores van en la curiara de regreso a Guayo. Las noches en Guayo transcurren con el sonido de las olas que forman los balajús que pasan a toda velocidad por el Orinoco, la lluvia y las historias sobre los fallecidos por la enfermedad. Ya se confunden los nombres y las historias. La hermana Ilvia Rosa dice que en Jobure una familia completa murió: “Primero fue la esposa, luego el señor se casó y murió la otra esposa, sus hijos y él. El último hijo que quedaba murió hace poco”. La hermana Isabel cuenta que un hombre contagió a un montón: “Eran como una pandilla y todos fueron muriendo menos él, luego un doctor me dijo que eso podía suceder pero con el pasar del tiempo él también caería”.

Ronald Ortiz es enfermero de Merejina, comunidad de la parroquia Padre Barral del municipio Antonio Díaz. El ambulatorio es su propia vivienda: “Lo que más hago es inyectar, pero a los niños es difícil porque solo tengo yelco 18 y es demasiado grande”. La embarcación que usa es la de su madre. Cuenta que busca la medicina en Tucupita: “Cuando hay traigo y cuando no me vengo con las manos vacías”.

Su testimonio evidencia la deficiencia en la articulación del sistema de salud en el territorio: no cuenta con ningún tipo de infraestructura oficial, el programa de salud no lo provee con un motor fuera de borda para trasladar a sus pacientes al hospital más cercano, y tampoco para reabastecerse de medicamentos en Tucupita, aunque lo ideal sería que también lo hiciera en el sitio más cercano a su zona de influencia, en este caso Guayo. Además los médicos y el personal auxiliar de los hospitales tipo I deberían evaluar el trabajo de estos auxiliares, pero se vuelve a lo mismo no hay embarcaciones.

Werner y Ayala Lafée-Wilbert lo explican muy bien en el libro Salud Indígena en Venezuela, editado paradójicamente por el Ministerio del Poder Popular para la Salud: “Bajo estas condiciones, la mayoría de los warao no encuentra una solución confiable a sus problemas de salud. En muchos casos, cuando necesitan de atención médica urgente no tienen manera de trasladarse al CAI 2 [actualmente hospitales tipo I en el Delta] y, en el CAI 1 [ambulatorio] de su comunidad, no hay médico o se acabaron los fármacos porque el auxiliar no ha podido trasladarse a Tucupita a buscarlas. Es de esperar entonces que el warao siga atendiendo a su gente a la manera tradicional, a través de sus chamanes”.

En una de las casas Ismael se niega a hacerse la prueba de VIH porque dice que “es evangélico y creen en Dios”. Después de explicarle accede. Sin embargo hay otras personas que deciden no realizarse la prueba por la misma razón.

Del otro lado de la comunidad las caminerías están destruidas. Manuel Beria con tuberculosis se esfuerza en toser para darle un esputo a Sergio, uno de los doctores. Comienza a llover y los doctores se mueven como pueden entre las tablas rotas para hacer el resto de las pruebas de VIH. Afortunadamente nadie se cae, ya en el otro sector de Merejina una de las caminerías había colapsado y más de uno se golpeó. Rafael Niño, uno de los enfermeros warao que trabaja en Guayo y también formado con el Plan Delta, ha sido un gran apoyo en esta jornada.

La lluvia no cesa. Una neblina blanca y densa resta visibilidad. Aun así los doctores deben regresar a Guayo, que queda a una hora. Comienza a oscurecer y faltando veinte minutos para llegar al poblado la curiara se queda sin gasolina. En medio de la noche empiezan a remar con lo que tienen. El sonido de pájaros, ranas, árboles o cualquier cosa entre los manglares los acompaña. Al cabo de un rato pasa una curiara cargada de gente y les regala un poco de combustible. Empapados y sin almorzar llegan a la residencia.

Por primera vez en cuatro meses la noche de Guayo está iluminada. Ayer llegó el gasoil y hoy encendieron el generador eléctrico. Las luces de los palafitos flotan en las aguas del Orinoco y se escucha Bailando de Enrique Iglesias, Como yo le doy de Don Miguelo y No voy a llorar de Los Diablitos, todo es un mix de música urbana, reggaetón y vallenato. Hay risas y los perros también ladran. Aquí muchas fiestas terminan en peleas por los efectos del alcohol o en encuentros sexuales casuales. Las palabras del wisidatu de la comunidad, Silvio Rico, reaparecen en la escena: “Este mal salió del ron”. “Cuando la gente toma se vuelve como animal”. Hoy seguro habrá un contagio de VIH.