Además de que ya confisca cantidades mínimas a las fortunas de los principales cabecillas del narcotráfico, y debe resarcir a terceros por errores en estos procesos -como se viene demostrando en esta serie de reportajes, elaborada a partir de más de 200 documentos oficiales obtenidos por solicitudes de información-, ahora México enfrenta una consecuencia todavía peor de su chapuza en las confiscaciones de bienes del crimen organizado: a pesar de ser el territorio donde esas bandas trafican, matan y hacen negocios, México puede quedarse con las manos totalmente vacías. De la fortuna de El Chapo -que representa una cuarta parte del patrimonio de Bill Gates, considerado este año el más rico del mundo por la revista Forbes-, por ejemplo, México quizás no obtenga un dólar.

La situación ha puesto en guardia a legisladores mexicanos, que están exigiendo al Ejecutivo que su país detenga las extradiciones de narcos a Estados Unidos si no hay una negociación en la devolución de sus bienes asegurados por la administración norteamericana. Las pérdidas para el Estado mexicano serían cuantiosas.

Según documentos obtenidos por la Ley de Transparencia, 1.144 narcotraficantes han sido extraditados a gobiernos extranjeros entre 2000 y 2017. La mayoría -1.064; de ellos, 853 de nacionalidad mexicana- fueron enviados a Estados Unidos. Tan sólo 19 a España y 10 a Canadá, reportan los informes de la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría.

“Ya existe un convenio internacional que regula el tipo de relación cuando se detiene a un criminal en México y se entrega a Estados Unidos”, advirtió Jorge Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja. “Se firmó desde hace siete años y sigue vigente”.

El acuerdo contempla un porcentaje de distribución de los bienes asegurados o incautados dependiendo del nivel de participación de cada país. “Pero no es suficiente”, puntualizó el legislador. “El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías (norteamericana y mexicana) a través de la Cancillería. Se requiere apurar el paso¨, dijo.

Por eso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) -que fue gobierno en México entre 2001 y 2012- proponen ahora que el Estado mexicano reclame 50% de los recursos que asegure Estados Unidos a los delincuentes extraditados.

¿Hay algún antecedente de una devolución? “Negativo, ni uno solo”, aseguró el legislador, “el Gobierno federal está reprobado”. Explicó que se hizo un esfuerzo real con la deportación de Edgar Valdez Villarreal, el narcotraficante conocido como La Barbie, pero la iniciativa no prosperó porque Valdez tenía la ciudadanía americana, una regla que no aplica para regresar el dinero. Debía ser mexicano.

La chapuza frente a EE UU

En octubre de 2015 La Barbie, quien fuera operador del Cártel de los Beltrán Leyva, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, fueron entregados a Estados Unidos con otros 11 delincuentes reclamados por ese país. A pesar del convenio con Washington, México no tiene reportes de la devolución de dinero o bienes asegurados a los criminales por delitos como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado.

Otro caso que revela posibles pérdidas para el Estado, es el de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Fue uno de los 13 hombres más buscados de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), por quien la entidad norteamericana ofreció hasta dos millones de dólares de recompensa. Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en 2007.

En la lista proporcionada por la Procuraduría, se reporta que a Cárdenas se le confiscaron 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34.926 dólares y 146 dólares, entre otros de menor valor. Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen información de lo confiscado por Estados Unidos.

Sin embargo, la situación contrasta con la información en medios públicos de lo congelado a Osiel: 20 millones de dólares en propiedades. Lo mismo ocurrió con el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien fuera condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington. El gobierno estadounidense le confiscó, según reportes de prensa, propiedades por un valor de 529 millones de dólares.

Reciprocidad retardada

El vacío en las arcas mexicanas contrasta con el apoyo que ha dado México a su vecino del norte en algunas investigaciones, indica María Elena Morera, fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.

“México y Estados Unidos siempre han trabajado en conjunto”, apuntó. “Muchas investigaciones que se conocen allá las hicieron en México. Lo ético sería que la recuperación de los bienes se viniera a México. Sin embargo, no estamos viendo eso, no hay una relación con Estados Unidos en este tema”, afirmó.

Pero aunque se coopere, no siempre hay solidez en las investigaciones mexicanas. Son casos como los de Iván Reyes Arzate, un policía federal, y Veytia Cambero, ex procurador de justicia del Estado de Nayarit, en el centro-oeste mexicano. Ambos están relacionados con cárteles de la droga y fueron detenidos recientemente en suelo norteamericano. “México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”, opinó Morera.

Ante la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad. En 2012, el gobierno estadounidense sancionó por 1.900 millones de dólares al banco británico HSBC, en decomisos y multas civiles, por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.

La entidad bancaria fue acusada de transferir miles de millones de dólares a favor de Irán y de los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos. “La investigación se hizo aquí en México, pero Felipe Calderón no la quiso sacar. En cambio, la sacó Estados Unidos y se quedó con todo el dinero”, remató Morera.

Mientras tanto en México, en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se describe el trabajo realizado por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, que tiene bajo su responsabilidad combatir el lavado de dinero, identificar patrimonios ilegales, simulaciones y operaciones ilícitas. En un apartado señala: “Células del crimen organizado desarticuladas: cero”.

En julio de 2000 se decretó la confiscación del avión tipo Sabreliner y la detención de dos pilotos, quienes presuntamente transportaban 67 paquetes de cocaína. Sin embargo, dos años después fueron absueltos porque los agentes policiales alteraron el estado físico de la aeronave, según una sentencia emitida en 2002 por un juez penal en el estado de México (centro del país). Esto impidió que sirviera como prueba durante el proceso.

Así, la Procuraduría estaba obligada a regresar el avión. No obstante, lo utilizó hasta 2006 para luego entregarlo al SAE, entidad pública que lo vendió como chatarra por la cantidad de 3.895 dólares.

La empresa dueña del avión demandó con el argumento de que la confiscación fue resultado de una actividad irregular de la Procuraduría. Además, dijo, el ministerio debió notificarle desde el primer momento sobre el proceso.

En 2003 la nave fue reparada, y sus placas e insignias cambiadas por las de la Procuraduría, para incorporarla a la flota aérea de la institución. Las acciones constituyeron “un secuestro”, indicó la demandante, porque la Fiscalía “nunca tuvo como finalidad salvaguardar un instrumento del delito sino de emplearla en su beneficio”, según señalan los documentos.

Como defensora de la Procuraduría actuó Adriana Campos López, quien fuera directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría. Campos, ahora en el cargo de visitadora de la institución, nunca se refirió públicamente a éste caso ni a otros similares, según se pudo constatar en archivos de prensa. Le fue solicitada una entrevista. Sin embargo, a la fecha de publicación de este artículo, no había sido concedida.

Un litigio largo y perdido a cuenta del erario

La empresa reclamante promovió un juicio de amparo en 2002 contra la Procuraduría, pero la solicitud de devolución de la aeronave que hizo fue rechazada. El conflicto judicial se prolongó hasta 2016 y el letargo obró a favor de la compañía. Durante el proceso, en 2005, el Congreso federal aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo que le permitió demandar por segunda vez.

Años más tarde, la Suprema Corte de Justicia intervino y ordenó en 2014 que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolviera el pleito. A finales de 2015, la justicia resolvió contra la Procuraduría y el SAE. Y aunque luego el Estado impugnó, volvió a fracasar. Una cadena de errores y omisiones legales de su parte, abonaron para ello.

“El caso del avión es una vergüenza. Es el ejemplo de cómo se hacen mal las cosas en México”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Al SAE la compañía lo señaló por incumplir su deber de conservar, custodiar y supervisar el medio de transporte asegurado provisionalmente por el Ministerio Público. “Sin haber mediado resolución que autorizara la enajenación del bien, aprobó su venta el veinticuatro de abril de 2006, cuando lo procedente era ponerla a disposición de la reclamante (…) dicho organismo descentralizado también resulta responsable de los daños que causó su actividad irregular”, argumentó la defensa de la empresa.

La resolución final ordenó a la Procuraduría indemnizar a la empresa por 773 mil dólares por daños y 14,3 millones de dólares por perjuicios. Es un boquete a las finanzas públicas: los montos representan la mitad del presupuesto de 2017 para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que apenas cuenta con 31,5 millones de dólares.

¿Quién era el propietario de los 67 paquetes de cocaína? Un misterio que le salió caro al erario federal por las fallas generales de la Procuraduría.

Las estadísticas del quién sabe

El Gobierno mexicano reporta que, entre 2006 y 2016, se han asegurado 347 aeronaves del crimen organizado. Sin embargo, el SAE declaró reservada por cinco años la información sobre el valor de cada bien.

A través de una solicitud de información también se le requirió sobre la cantidad de bienes vendidos y sus respectivos avalúos. La demanda fue negada y se difirió la consulta a la Dirección Ejecutiva de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles, que tampoco contestó. En otra solicitud solamente entregó información parcial sobre los remates de bienes.

Mientras el Gobierno responde que se han confiscado 347 aviones en ese lapso, el SAE confirma que 166 fueron devueltos. Así las fallas en la integración de las averiguaciones previas por parte de los agentes del Ministerio Público.

También hay discrepancias en aseguramientos de otro tipo de vehículos, confiscados al narco: en el periodo en mención también se han asegurado 720 embarcaciones, pero devolvieron 118. Aseguraron 45 carros de ferrocarril y regresaron 18. Aseguraron 22.392 vehículos y retornaron 4.295 a sus dueños. En cuanto a los inmuebles, se aseguraron 1.239 y se devolvieron 692 bienes.

Información del SAE indica que de los millones de bienes muebles asegurados y decomisados en el periodo 2006-2016, sólo 18.056 cuentan con avalúos. En el caso de los 1.239 bienes inmuebles, apenas 707. Sin embargo, evade desglosar por cada uno: “Cada uno de los bienes, que a la fecha no han sido comercializados o cuyo destino a la fecha no ha sido definido y, en su caso, éste pueda ser la venta, se encuentra reservado por cinco años”.

Avalancha de Juicios

De acuerdo con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, siguen pendientes otros 264 juicios activos contra la
Procuraduría por responsabilidad patrimonial. Aunque se desconocen los montos
demandados, las acciones sin duda amenazan las finanzas de la
institución.

En cuanto a los juicios ya consumados, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa reporta que en el periodo 2006-2016 se
emitieron 1.102 sentencias definitivas en las que se involucran a todas las
instituciones públicas. No obstante, oculta los montos resarcitorios. También
los nombres de las personas o empresas. “Se encuentra legalmente imposibilitada
(la entrega de la información), toda vez que implicaría la creación de un
vínculo que haría identificable a la persona con una controversia
jurisdiccional”, contestó el Tribunal.

En ese cúmulo de juicios contra la
Procuraduría, el Tribunal confirma que hay 16 casos, de los cuales dos han
resultado en el pago de indemnizaciones por el concepto de responsabilidad
patrimonial por la suma total de 779.000 dólares, pero sin contar el caso de la
empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos. No menciona el
fallo.

Rematan lujos de narcos

El 29 de julio de 2010, más de 200 funcionarios del
Ejército mexicano, a bordo de vehículos blindados y helicópteros, se enfrentaron
al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alías Nacho Coronel, en Zapopán
(Jalisco). Controlaba el tráfico de cocaína en la denominada Ruta del Pacífico y
era considerado el tercer hombre más importante del Cártel de Sinaloa, liderado
por Joaquín El Chapo Guzmán.

La versión oficial indica que el capo murió
abatido por las fuerzas castrenses en una finca en la Colonia Colinas de San
Javier. Como resultado, fueron aseguradas dos viviendas, varios vehículos de
lujo, dinero en efectivo, joyas y armas.

Una de esas residencias ya fue
rematada a través del SAE en 2015, por la cantidad de 333.000 dólares.

La
información deriva del SAE, al que se le pidió información vía Ley de
Transparencia del total de casas, terrenos, inmuebles, empresas o vehículos
vendidos o rematados, luego de ser decomisados o asegurados a la delincuencia o
por enriquecimiento ilícito.

La lista de bienes incautados entre 2006 y
2010 incluye 14.748 bienes por la cantidad de 32 millones de dólares. Algunos ya
fueron rematados, como una nave industrial en Toluca, por la cantidad de 10
millones de dólares; un automóvil Mercedes Benz 2011, por 89.000 dólares; otro,
un Lamborghini 2003, por 83.000 de dólares; un Maserati 2009 a 78.000 dólares, y
un reloj Patek Phillippe en oro blanco de 18 quilates, por otros 78.000
dólares.

Sin embargo, ni la Procuraduría ni el SAE han elaborado una
lista detallada de los bienes asegurados o decomisados a los diferentes grupos
delincuenciales o narcotraficantes. “La información es inexistente”,
respondieron.

Aunque la Procuraduría también reportó el dinero
asegurado, no cuenta con bases de datos que precisen el origen o procedencia de
los recursos, con la intención de conocer cuáles estructuras financieras está
combatiendo.

La información parcial proporcionada revela que las
cantidades confiscadas son mínimas si se compara a los ingresos multimillonarios
del negocio de las drogas y la delincuencia organizada.

Francisco Rivas,
director del Observatorio Nacional Ciudadano, lamenta el manejo discrecional de
la autoridad cuando asegura o decomisa los bienes del crimen organizado. “El
dinero, las joyas, las obras de arte e incluso la droga son susceptibles de
extravío. Hasta que no exista un compromiso real para pegarle a los recursos de
los delincuentes no tendremos un avance contra los delincuentes, ya que pueden
seguir operando desde la cárcel”, indicó.

Por otra parte, el Gobierno
desconoce el destino final del dinero recaudado por las ventas o remates del
SAE. Todo va a una bolsa general de la Tesorería Federal. Un destino financiero
por revisar.

La tercera y última entrega de este reportaje será
publicada el próximo jueves 10 de agosto.

La primera huida fue en enero de 2001. Luego fue recapturado en el puerto de Mazatlán en febrero de 2014 y encarcelado. Consumó la segunda fuga por un túnel en julio de 2015. Burló el sistema penitenciario una y otra vez y lo recapturaron a principios de 2016.

Un año después, el Gobierno mexicano decidió sorpresivamente extraditarlo a Estados Unidos, un día antes de que asumiera la Presidencia Donald Trump, el 20 de enero de 2017.

Pasaron tres diferentes gobiernos -los de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- y la Procuraduría reporta que, en el periodo 2001-2017, apenas le decomisaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada y 171 municiones. El valor de lo recuperado palidece en relación al patrimonio estimado de El Chapo, similar al del hombre en el puesto 33 entre los 100 más ricos del mundo, Michael Dell, el creador de la compañía homónima de informática, según la revista Forbes.

El análisis de tres bases de datos de la Procuraduría, obtenidas a través de solicitudes por la Ley de Transparencia vigente en el país, demuestran que, aunque el Estado mexicano ha detenido narcotraficantes de alto vuelo, las mismas autoridades tienden a desconocer la magnitud de sus estructuras financieras. La información que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados es escasa e irregular. Y en los casos que se manejan cifras, el valor de objetos y dinero registrados son ínfimos en contraste con las estimaciones de los haberes de los mafiosos.

La debilidad institucional en la investigación financiera contra las mafias también incide en procesos judiciales que se le revierten al Estado. En algunos casos, el gobierno ha tenido que resarcir daños económicamente a terceros por bienes incautados al narcotráfico. La situación se agrava con las extradiciones de narcos al extranjero, ya que México, al desconocer las estructuras de bienes y recursos económicos del crimen, corre el riesgo de no poder reclamarlas.

Se solicitó una entrevista con el Procurador General, Raúl Cervantes, para aclarar diferencias en la data y ahondar en el tema pero, hasta la fecha de redacción de este reportaje, no fue concedida.

A inicios de mayo, Cervantes afirmó en una entrevista televisiva que El Chapo no utilizaba el sistema financiero. “Siempre que estábamos buscando, decíamos: ‘No utiliza el sistema financiero’. No es tan sencillo. Hay otros que sí lo utilizan”.

El Chapo. En 2015, la PGR acepto´ que no habi´a aseguramientos registrados al capo ma´s buscado del mundo..... by ArmandoInfo on Scribd

“Cero” inmuebles

A la Procuraduría se le solicitó dos veces información sobre todo lo asegurado desde 2001 al cártel liderado por El Chapo. En la primera ocasión, en septiembre de 2015, el reporte fue el siguiente: “Se hace de su conocimiento que respecto de Joaquín Guzmán Loera se tiene un total de 0 inmuebles, casas, terrenos, empresas y cuentas bancarias aseguradas (...)”. Pero el documento también hacía una salvedad: “Pueden existir aseguramientos que, dada la situación jurídica y el estado procesal, pueden no estar reportados”.

En otra solicitud, en febrero de este año, la Procuraduría afirmó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud (Cártel de Sinaloa)”. En su lugar, remitió el total de dinero asegurado a narcotraficantes entre 2001 y 2016. En total, unos 823 millones de dólares. También entregó lo contenido en una serie de boletines de prensa.

En los comunicados, la Procuraduría señala diversas diligencias efectuadas para la detención de personas, encabezadas por El Chapo, así como el aseguramiento de diversos bienes. No obstante, se precisa que de los documentos “no es posible obtener de manera específica los aseguramientos a la persona de su interés”.

Por ejemplo, en un comunicado del 22 de febrero de 2014, la Procuraduría presumió de cómo funcionarios de la Marina detuvieron al narcotraficante. José Murillo Karam, entonces procurador general, declaró: “En razón de este operativo hemos asegurado (…) 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, un lanza-cohetes, 43 vehículos (19 blindados), 16 casas y cuatro ranchos hasta este momento”.

Días después, el 26 de febrero, se amplió la información en otra conferencia de prensa: “97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanza granadas, un lanza cohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 milímetros, dos explosivos, 6.044 cartuchos, nueve granadas de fragmentación, cuatro granadas de 40 milímetros para arma larga, 43 vehículos (19 blindados), 38 equipos de comunicación y 14 casas. También 420 mil pesos (23 mil dólares) y 4.690 dólares, 3.110 kilogramos de metanfetaminas (cristal), 82 kilogramos de cocaína y 25 kilogramos de marihuana”.

La Procuraduría no precisó quién era el propietario de esos bienes ni su ubicación actual. Tampoco aclaró las discrepancias entre los datos de ambos comunicados.

En agosto de 2014, con el principal objetivo de mantener un mayor control de los bienes asegurados a la delincuencia, la Procuraduría puso en marcha el Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados. Hoy está desactualizado, pues no hay data para los últimos tres años.

La página oficial ofrece información de los aseguramientos entre los años 2006 y 2014, con un total de 589,8 millones de dólares (entre pesos, dólares y euros), además de empresas, embarcaciones, inmuebles, vehículos, aeronaves, obras de arte, armas, hidrocarburos y droga, entre otros, que fueron asegurados a la delincuencia. Pero no se especifica el valor de cada uno de los bienes muebles e inmuebles, ni a cuál narcotraficante o cártel corresponden.

El Chapo. Despue´s de su extradicio´n a EU, la PGR informo´ sobre aseguramientos mi´nimos al narcotraficant... by ArmandoInfo on Scribd

Cárteles indemnes

Pero el de El Chapo no es un caso aislado en la benevolencia u omisión continua del Estado mexicano frente a los bienes del crimen organizado. Al ampliar el lente, es clara la inacción frente a las estructuras financieras de líderes mexicanos del narcotráfico. Así lo evidencian las respuestas de la Procuraduría cuando se le requiere el listado de bienes y cuentas bancarias asegurados a los principales cárteles. Entre ellos los de Los Zetas, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia, del Golfo, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, del Milenio, Resistencia, Guerreros Unidos, Juárez o Independiente de Acapulco.

En ambas ocasiones que se dirigió la solicitud de información (en 2015 y 2017) la institución contestó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud”. Y remite el mismo listado general de lo asegurado por la Procuraduría en el periodo 2001-2016. El registro ofrecido no contiene detalles sobre lo confiscado, sólo los montos totales en dólares, euros y pesos.

Está el caso de Ismael El Mayo Zambada, el segundo a bordo del Cártel de Sinaloa en tiempos de El Chapo. Es uno de los narcos más buscados y por quien la Procuraduría ofrece la máxima recompensa de 1,66 millones de dólares. No hay nada incautado de él. “Después de efectuar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos (en el periodo 2001-2016), fue posible localizar cero (0) registros de bienes asegurados, esto es, casas, terrenos, inmuebles, empresas, dinero, cuentas bancaria…”.

Otro ejemplo de cómo las estructuras financieras del narcotráfico sobreviven a los operativos de los cuerpos de seguridad, es el de Vicente Carrillo Fuentes —hermano del difunto Amado, El señor de los cielos —, líder del Cártel de Juárez. De él apenas se reportan los aseguramientos de 115 objetos, dos armas, tres cargadores y 58 municiones o cartuchos.

Hacienda se deslinda

Además de la Procuraduría, en febrero también se consultó a la Secretaría (ministerio) de Hacienda sobre los montos asegurados y los nombres de las empresas sancionadas por ilícitos o lavado de dinero —incluyendo las que son señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos—.

Su respuesta: “La Unidad de inteligencia financiera no puede proporcionar la información solicitada, en virtud de carecer de facultades en materia de clausuras y aseguramientos”. Incluso, indicó que no es su competencia: “Se sugiere consultar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes se estiman las autoridades competentes para atender la solicitud que nos ocupa”, dijo Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.

Es una recomedación estéril. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene la misión de proteger y promover los derechos de las y los consumidores mexicanos, “garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios”.

Faltan investigaciones en profundidad

Las organizaciones ciudadanas de monitoreo no han tenido mejor respuesta a sus solicitudes. “La información que entrega el Gobierno es tan mala que no permite un proceso de sistematización”, indicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. “Demuestran que no hay un control en los aseguramientos”.

Quedan preguntas en el aire, dice, como cuál es el destino de los bienes asegurados. “Esto sin contar lo que devuelven por los malos procesos”, agregó.

María Elena Morera, fundadora y presidenta de otra organización, Ciudadanos por una Causa en Común, subrayó que el gobierno está combatiendo de “manera parcial” a la delincuencia. “Si sólo corta las cabezas, los que están abajo quieren subir y provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arriba”. Los grandes cárteles se multiplican en decenas de bandas criminales dedicadas, además de la droga, al narcomenudeo, secuestro, extorsión, piratería y robo de combustible, explicó.

En otros países, como Estados Unidos, tienen un mecanismo más profundo para el combate a las finanzas mafiosas. “Se investiga a las bandas completas, se las identificada y en el momento preciso rompen los mandos superiores y medios, o las finanzas. Son investigaciones de más largo aliento, donde los resultados son fuertes”, argumentó.

Por eso la activista remarca el fracaso en México de la Ley de Extinción de Dominio, un mecanismo por el que el Estado asegura los bienes de origen ilícito: “No ha servido, es inútil”. En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado más 49.712 bienes de la delincuencia organizada, de los que más de 10.000 se han asegurado a favor del Estado. “Realmente no tenemos un régimen que esté fortalecido para combatir las bandas criminales”.

En el fondo, opinó, existe una debilidad institucional. “La Procuraduría investiga e integra mal las averiguaciones y el Estado mexicano termina pagando. No combaten y causan un daño institucional”.

Osiel Ca´rdenas, li´der del Ca´rtel del Golfo.pdf by ArmandoInfo on Scribd