Una filtración masiva de 13 millones de archivos procedente de Mossack Fonseca, uno de los mayores proveedores de servicios offshore en Panamá y el mundo, dio lugar ese año al proyecto periodístico de Panama Papers, que terminó sirviendo como una radiografía de las entrañas de los paraísos fiscales y de los usos que a esas entidades dan poderosos de todas las nacionalidades, a fin de ocultar sus bienes o transacciones financieras del escrutinio de las autoridades.

Ahora, un segundo lote de documentos de Mossack Fonseca -cerca de una décima parte de la filtración inicial- acaba de ser liberado. Recibido, como el primer lote, por periodistas del diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, fue procesado y convertido en base de datos por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, desde donde coordinó a más de 100 medios de todo el globo para dar lugar a la secuela, Panama Papers 2. La mayoría de los archivos incluidos corresponden al periodo entre 2016 y 2018 y permiten conocer las maniobras que desde el interior de la empresa se intentaron para mantenerla en funcionamiento tras la quiebra de su reputación, infructuosas en definitiva: el bufete cerró su cuartel general panameño y sus 40 oficinas internacionales en marzo de 2018, y muchos de sus directivos y representantes enfrentan procesos legales en diversas jurisdicciones.

La nueva filtración evidencia que una de las primeras reacciones de Mossack Fonseca ante la crisis legal y de reputación que enfrentó desde abril de 2016 fue la de deshacerse del lastre, como se haría en una nave que pierde altura. Tras revisar sus archivos, detectó y ordenó renunciar a las cuentas tóxicas de empresas cuyos accionistas visibles o últimos beneficiary owners cabían dentro de la categoría de Personas Políticamente Expuestas o PEP, según sus siglas en inglés.  

La purga drenó del portafolio de Mossack Fonseca a muchos clientes venezolanos. Pero un caso en particular puso a prueba los nervios de la gerencia corporativa.

Mossack Fonseca suelta el lastre

“Esto de verdad que me parece cada vez más surreal”, escribe exasperada Josette Roquebert, ejecutiva del Departamento de Producción de Compañías de Mossack Fonseca, el 22 de abril de 2016, a su colega Sandra de Cornejo, oficial del Departamento de Cumplimiento. “El tipo tiene cuenta bancaria y si hay dinero ilícito debería ser el banco quien se diera cuenta ¿no? ¡Ponen la carga de la verificación en quien incorpora la sociedad y que nunca tiene nada que ver con las actividades de la sociedad!”.

El “tipo” a quien alude el mensaje es Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa, mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y quien entre 2008 y 2012 ha tenido cargos de comando en la Guardia de Honor, el regimiento militar creado por el Libertador Simón Bolívar en 1815 y que por tradición sirve de escolta para el presidente de Venezuela. La cercanía al primer mandatario de la República y líder de la autodenominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que le había concedido su cargo de edecán del presidente, no hizo del mayor Velásquez Figueroa -apodado Guarapiche por el nombre del río que cruza su ciudad natal, Maturín, en el estado de Monagas (oriente de Venezuela)- un hombre conocido. Convenientemente, quizás.

También bajo el amparo de su proximidad al poder y de un relativo anonimato había prosperado la carrera de la mayor de la GNB, Claudia Patricia Díaz Guillén, oriunda del estado de Táchira (Andes del suroccidente venezolano). Enfermera y oficial asimilada a la milicia, tuvo a su cargo hasta 2010 la salud del presidente Chávez. Un año después, en 2011, ya cumplía funciones como Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y Tesorera de la Nación.

Díaz y Velásquez dejaron sus carreras de funcionarios públicos y contrajeron matrimonio en 2013. Su parábola conjunta de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas podría haber continuado con un “vivieron felices por siempre”. Pero el 3 de abril de 2016, el primer reportaje de la sección venezolana de los Panama Papers, bajo la firma de los periodistas Tamoa Calzadilla de la cadena de TV Univisión en Miami, Florida, y Alfredo Meza, de Armando.info en Caracas, puso sus nombres en la agenda pública, primero, y finalmente, en los legajos judiciales.

La nota evidenciaba que en los archivos de Mossack Fonseca había quedado registrada la incorporación en la República de Seychelles -un archipiélago en el océano Índico, al suroeste de África- de una empresa, Bleckner Associated Limited, con 50.000 dólares de capital y Adrián Velásquez Figueroa, Guarapiche, como beneficiario final. La empresa había sido constituida en 2014 para gestionar una cuenta en el Banco de la Suiza Italiana (BSI, por sus siglas en italiano, luego fusionado con el EFG Bank), un propósito en apariencia inalcanzable para alguien que hasta entonces solo percibía el salario de un funcionario público.

“Yo pienso que debemos salir de él”, opina Sandra de Cornejo, oficial de cumplimiento de Mossack Fonseca, el 14 de abril de 2016, menos de dos semanas después de la publicación. En pleno desarrollo de la crisis de Panama Papers, con frentes que se abren casi todos los días en distintos lugares del orbe, triturando poco a poco la marca corporativa, el correo interno de Mossack Fonseca es un hervidero. Con todo, habrá tiempo de debatir sobre el caso del venezolano. En el intercambio no falta quien sostiene que se trata de una cuenta que pueden mantener. Pero, desde el principio, Cornejo es una de las más firmes partidarias de desprenderse de ese cliente radiactivo. “¿Un capitán retirado del Ejército venezolano con cuenta bancaria en Suiza? Esto huele a dinero de Chávez”, escribe, implacable. Su criterio se impondrá a la larga.

En otras comunicaciones internas, no relacionadas con el caso de Guarapiche, altos ejecutivos de la compañía, incluyendo a uno de sus fundadores, Jürgen Mossack, dejan en claro su escasa disposición a lidiar con dineros chavistas, una postura que tiene que ver más con su opinión política que con precauciones de celo profesional. Entonces, ¿cómo se les ha colado el ex edecán de Chávez? La primera hipótesis apunta a una labor deficiente de due dilligence (debida diligencia). Pero en agosto de 2013, Jesús Hernández, un empleado del Departamento de Cumplimiento, había advertido: “Considero necesario realizarle un caso de enhanced due dilligence (debida diligencia mejorada)”. La observación no fue considerada. Al final, los negocios son negocios.

Para cuando los ejecutivos de Mossack Fonseca deciden rectificar, ya era demasiado tarde. Las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) habían emitido un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) sobre Bleckner Associates Limited, en el marco de una masiva petición de información girada al bufete panameño. El 25 de mayo de 2016, Mossack Fonseca dirige una carta a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Mahe, Seychelles, anunciando su renuncia como agente representante de Bleckner, la empresa de Guarapiche Velásquez.

La pretensión de Mossack Fonseca de separarse por salubridad del emprendimiento del militar venezolano sufrió un ligero traspié el 16 de junio de 2016. Entonces una comunicación de V3 Capital Partners, la empresa de gestión de activos en Ginebra que sirvió de intermediario para ordenar la incorporación de Bleckner, reclama a Mossack Fonseca que esta quiera renunciar a representarla, cuando desde Suiza se le había pedido dos meses antes, en un momento en el que todavía no habían sido publicados los Panama Papers, que procediera a disolver a Bleckner.

La oficina de Mossack Fonseca en Seychelles secundó la solicitud de V3 Capital Partners. Pidió a su comando central en Panamá detener la renuncia a representar a Bleckner para, en cambio, disolver la compañía de Adrián Velásquez Figueroa. Pero los ejecutivos de Panamá insistieron en renunciar. En agosto de 2016, a 90 días de la renuncia de Mossack Fonseca a representarla, Bleckner apareció como “eliminada” (struck off) en un reporte solicitado al registro de Seychelles; no había designado a un nuevo representante durante ese plazo. Para entonces, también V3 Capital Partners había notificado que “el accionista de Bleckner Associates”, es decir, Guarapiche Velásquez Figueroa, “ya no es más nuestro cliente”, debido “al escándalo de Panama Papers y a todo el retraso en tratar con la disolución de la empresa”, como explica Cassio H. Valdujo, especialista en inversión de V3, en otra comunicación desde Ginebra del mismo 16 de junio de 2016.

Espera en Madrid

En diversas oportunidades durante el debate interno sobre qué hacer con Guarapiche Velásquez, los ejecutivos de Mossack Fonseca se congratularon al comprobar que, según sus informaciones, ni en Venezuela ni en ninguna otra jurisdicción se había abierto algún procedimiento legal contra el ex escolta de Chávez.

Desde luego, no tenían cómo saber que 6 de abril de 2016, solo tres días después de la fecha de la publicación de la historia de Velásquez y Díaz en Panama Papers, la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público venezolano había recibido una comunicación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar -el organismo que el propio Guarapiche había dirigido entre 2005 y 2008-, informando de la apertura de una investigación sobre el caso bajo el identificador DGCIM-DAIPT 098-2016.

Por ello, seguramente, solo pudo ser con sorpresa que el 21 de abril una empleada del Departamento de Cumplimiento de la compañía, Vidalma López, reportaba en un correo electrónico: “Favor tomar nota de la noticia adjunta, acaban de detener al director de la sociedad Josmel Velásquez Figueroa, hermano del BO (Beneficiary Owner). Quedo en espera de sus comentarios para saber qué medidas tomamos con esta sociedad”.

En efecto, Josmel Velásquez Figueroa, hermano y socio de Guarapiche, junto a la madre de ambos, Amelis María Figueroa de Denyr, habían sido detenidos el 15 de abril por las autoridades en el Aeropuerto Caracas de Charallave, estado de Miranda, cuando se disponían a abordar un vuelo hacia la vecina isla de Curazao. Como presuntos implicados en delito de Legitimación de Capitales, Josmel Velásquez Figueroa quedó bajo arresto en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, mientras que la mujer fue objeto de una medida de presentación ante el tribunal.

Las averiguaciones de la inteligencia militar y la fiscalía determinaron que Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa figuraba como directivo en siete empresas panameñas y una en Florida, esta última, homónima de la venezolana MJ Box Tool CA, contratista de la petrolera estatal Pdvsa. También se determinó que, junto a su esposa, Velásquez era propietario de dos posadas turísticas en Galipán, un lugar recreativo preferido por los sectores pudientes de Caracas, y en Los Roques, un destino exclusivo en el Caribe venezolano.

El 26 de abril de 2016 la Fiscalía allanó los tres apartamentos propiedad del matrimonio Velásquez-Díaz en el Conjunto Residencial Oasis de la urbanización San Bernardino, en el centro-norte de la capital venezolana. La pareja había habitado uno de los penthouses. Durante el procedimiento las autoridades confiscaron joyas, mobiliario y vinos de alta gama, según reportaron. Los bienes de los investigados quedaron a disposición de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por voluntad del Tribunal 47 de Control de Caracas. Pero, más importante aún, ese mismo día se expidió orden de aprehensión contra Velásquez y Díaz, replicada por una solicitud internacional diligenciada ante Interpol.

Todas las actuaciones fueron adelantadas por el Ministerio Público bajo la conducción de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien se reveló como disidente del chavismo más tarde y se exilió en Colombia, junto a parte de su equipo, desde junio de 2017. Las diligencias parecieron quedar congeladas. Sin embargo, en diciembre de 2017, el nuevo Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado irregularmente por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció la reanudación de las investigaciones. En abril de 2018, Saab hizo saber, erróneamente, que Guarapiche Velásquez y Claudia Díaz habían sido detenidos en España.

Lo cierto era que el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Abreu, tenía bajo su consideración conceder la extradición de la pareja a Venezuela. Velásquez y Figueroa, luego de largas temporadas en un lujoso conjunto residencial del oriente de República Dominicana, se establecieron en Madrid, con lo que quedaron a tiro de la justicia española, que les ha prohibido dejar la capital. Allí esperan la decisión del tribunal.

(*) Este reportaje fue elaborado en conjunto por Armando.info, El Confidencial de Madrid y Univisión de Estados Unidos, y forma parte del proyecto Panama Papers 2, a partir de una filtración recibida por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington D.C.

Entre sus puestos alcanzados al calor del chavismo, fue viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y presidente de la estatal venezolana Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) durante tres años comprendidos en el mismo periodo en el que fue adjunto al titular del Ministerio de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Este también ha caído en desgracia al ser destituido por el presidente Nicolás Maduro en diciembre pasado como representante de su país ante Naciones Unidas y después de que en enero de 2018 el fiscal general Tarek William Saab informara que había emitido una orden de captura en su contra por corrupción.

Villalobos fue arrestado en Madrid a finales de octubre de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y corrupción internacional junto a otras tres personas. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación que se lleva a cabo en Houston. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El auto de acusación del tribunal de la ciudad tejana de agosto pasado describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. El mismo Villalobos era el firmante autorizado de una cuenta en Suiza a la que otros ex funcionarios públicos transfirieron más de 27 millones de dólares, según narra el escrito de la Justicia estadounidense.

La extradición a Estados Unidos por este caso depende de que se resuelva otro procedimiento judicial que tiene ocupados a los abogados de Villalobos en la Audiencia Nacional española desde septiembre de 2017. El juez Ismael Moreno investiga al anterior viceministro de Chávez, a su mujer, a otros ex altos funcionarios venezolanos y directivos de la compañía Duro Felguera de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción narra cómo Duro Felguera, para construir una central eléctrica en Venezuela con una licitación de 1.500 millones de euros a partir de 2008, entregó “varias cantidades de dinero (al menos 105.627.600 dólares americanos) al querellado Nervis Villalobos con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”. Los diferentes pagos se realizaron a empresas controladas por Villalobos -describe el escrito- que tenían cuentas bancarias en diversos bancos españoles, estadounidenses y suizos.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial junto a los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, que parte de una filtración de documentos internos del Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), revela nuevos datos que se acomodan al espíritu de los procedimientos judiciales abiertos en España y Estados Unidos a Nervis Villalobos.

El trabajo periodístico muestra cómo en una memoria interna de 2013 del CBH firmada por Leandre Sappino, entonces gestor de carteras y consejero de inversiones de la entidad suiza, se refiere que Villalobos “dispone de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH”. Informa la memoria que abrió una cuenta en julio de 2011, justo en la época en que las investigaciones judiciales lo acusan de urdir esos supuestos esquemas de corrupción. La misiva está dirigida a Stephane Strub y Philippe Cordornier, vicepresidente y director general de CBH, respectivamente.

Los responsables de los mecanismos de verificación del banco CBH conocen que los llamados PEP (‘politically exposed persons’) -responsables que han ocupado cargos políticos en cualquier gobierno- tienen restringidos muchos movimientos financieros internacionales dentro de los diez años posteriores tras dejar sus funciones en todos los países.

Eso no fue obstáculo para que Villalobos tuviera cuentas en CBH y otras entidades suizas. Él había dejado la función pública en 2006, por lo que hasta 2011 sólo habían pasado cinco años. Sin embargo, la nota bancaria habla de Villalobos como “un cliente de calidad que no representa mayor riesgo para el banco y que tiene un gran potencial de desarrollo”.

Consultado el banco CBH sobre sus relaciones con un ‘PEP’, un portavoz contestó escuetamente con un email en el que argumentaba: “Como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. El mensaje añadía: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“Tuvo cuentas bancarias en distintos países y en distintas instituciones bancarias principalmente porque las entidades multinacionales con quien el señor Villalobos hacía negocio tenían sus bancos preferidos” para las transacciones, responde un abogado del empresario venezolano.

Añade su representante legal que el patrimonio del ex alto funcionario chavista procede de dos fuentes fundamentales: “Su trabajo como consultor y experto en ingeniería eléctrica y sus inversiones en diversas industrias que incluyen inversiones en mercados cambiarios” de divisas.

Un experto en finanzas internacionales, que conoce bien Latinoamérica y que prefiere guardar su anonimato explica que hubo empresarios avezados que en los gobiernos de Chávez hicieron fortuna en la permuta de bolívares y dólares. Básicamente, la estatal petrolera del país que más reservas de crudo tiene del mundo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), vendía fuera su producción y ganaba muchos dólares, pero le hacían falta bolívares para gestionar la compañía en Venezuela. Ahí surgieron intermediarios del mercado de divisas internacional que vendían bolívares por dólares llevándose una plusvalía. No era una actividad ilegal.

Villalobos y Duro Felguera

Los medios venezolanos que participan en esta investigación tuvieron acceso en exclusiva al escrito de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de septiembre pasado y a las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en Audiencia Nacional en otoño de 2017. Fueron hechas ante el juez en el primer trimestre del presente año.

Al margen de Nervis Villalobos, los querellados son su mujer e ingeniero de Sistemas, Milagros Coromoto Torres; Luis Barrios Meleán, supuesto testaferro de Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, presidente de C.A. Electricidad de Caracas; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano; y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Angel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.

El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada “UTE Termocentro” para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas TERCA, C. A., cuyo presidente era Luis Barrios Meleán, y Duro Felguera. Firmaron dos contratos primeros en 2008.

Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, "TERCA e Ingeniería Gestión de  Proyectos de Energía, C. A. (INGESPRE), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. TERCA cedió entonces todos los derechos a INGESPRE sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Meleán era un testaferro de Villalobos y que TERCA era controlada por este desde un principio. Sólo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.

Indica el escrito de la Fiscalía: “Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas”. Añade el escrito: “Entre estas autoridades estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009”.

Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él -entre las citadas por la instrucción judicial, las halladas en esta investigación y en un listado conservador- están Kingsway Holdings Overseas Ltd. registada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Ltda. de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited S.A. de Panamá, Kinsway Europe, SL de España y  Auyantepuy, INC de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.

En sus declaraciones al juez, Villalobos admite que firmó una comisión del 5,5 por ciento de la operación, aunque no admitió nada irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con INGESPRE, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.

Preguntado por el magistrado acerca de cómo se pagó desde el Estado a Duro Felguera, Villalobos contestó: “Básicamente unos recursos del Fondo Chino, que es un fideicomiso que se hace con préstamos del Gobierno chino, que se repaga con petróleo a futuro. Y el Presidente disponía de unas cantidades importantes de dinero en ese fondo, y también del Fonden, que era un fondo que se creaba o que creó el Estado de Venezuela con recursos de los excedentes petroleros”.

Añade que esos pagos grandes siempre los autorizaba Hugo Chávez en persona. “La complejidad de esto es muy criticada. Es decir, que ahora lo ves, ahora entiendes por qué cuando el presidente Chávez muere, el país está como está, porque era el único que controlaba todo. O sea, él creó un modelo que solamente lo podía entender él”, declara Villalobos ante el magistrado.

Añade Villalobos en su declaración en la Audiencia Nacional sobre Chávez: “Tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.

Su esposa, Milagros Coromoto Torres, ante el juez de la Audiencia Nacional se desmarcó de todo conocimiento de los negocios de su marido aunque comparta accionariado en varias sociedades: “No, eso de los negocios lo maneja mi marido, lo desconozco realmente. Todo lo que se relaciona al tema de los negocios y de dónde saca el dinero y en qué cuentas lo tiene y cómo lo moviliza, eso se encarga él”.

Consultada Duro Felguera por la investigación en marcha como compañía querellada, manifiesta que “no ha cometido irregularidades en los pagos realizados” y agrega que “la documentación permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria -prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)- y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía”.

Por Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, citado por el juez el pasado de 16 de abril, no compareció. Ha declinado hablar con los medios de la investigación. También sale citado en la documentación de CBH como “otro cliente cualificado que no representa mayor riesgo”, aunque ocupó cargos como presidente de la empresa pública Bariven, una filial de PDVSA, hasta febrero de 2013.

Alvarado Ochoa era también una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en CBH, pero pasó los filtros del banco suizo sin problemas. La apertura de su cuenta ocurrió casualmente un día antes que la de Nervis Villalobos.

La memoria interna de CBH estimaba que en junio de 2013 su fortuna superaba los  20 millones de dólares. Tenía cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley y CBH, según la nota bancaria.

Por otro lado, Julia Van Den Brule admitió en la Audiencia Nacional que Villalobos le abonó 70.000 euros en 2009 “por motivos personales”.

Houston lo reclama

Nervis Villalobos está en prisión en Soto del Real porque está pendiente de su extradición a Estados Unidos. Un juzgado de Houston lo acusa desde agosto de 2017 de corrupción internacional y blanqueo de capitales junto a otros ex altos funcionarios y empresarios venezolanos. Entre ellos, Rafael Reiter, ex jefe de Seguridad de PDVSA, y ya extraditado a Texas.

La justicia norteamericana investiga a Villalobos por haber participado en una trama de corrupción que consistía básicamente en conseguir licitaciones en Venezuela a favor de empresarios afincados en Estados Unidos a través de sobornos a altos funcionarios del sector energético de su país de origen, principalmente de PDVSA. Según el escrito de acusación, practicaron esos cohechos entre 2011 y 2013 y blanquearon decenas de millones de dólares procedentes de los sobornos por medio de bancos suizos, panameños y estadounidenses.

Recordemos que Villalobos abrió su cuenta en CBH en julio de 2011, según una memoria interna del CBH.

El auto judicial señala de forma anónima varias cuentas en bancos suizos. Informa que Villalobos era copropietario “Swiss Account 1”, a donde se transfirieron una gran parte de los 27 millones de dólares del esquema de corrupción por el que se le investiga.

Los abogados de Nervis Villalobos tienen un gran reto por delante. Un reto transnacional.

Aquel gesto no era nada raro. Exalumnos del colegio, una institución para niños de clase media alta ubicada en el Este de la capital venezolana, aseguraron que aquel chico siempre fue así de travieso, así de tremendo. Por eso, en los noventa, décadas después de aquella época escolar, no les extrañó que el muchacho pícaro hubiese elevado al máximo esa mínima muestra de indisciplina: estar supuestamente implicado en una serie de seis explosiones ocurridas en distintos puntos de las ciudad que lograron que bajaran los valores de la Bolsa de Caracas y el precio de los bonos venezolanos en mercados internacionales. A Díazgranados, específicamente, lo señalaban de ser cómplice de la colocación de un coche-bomba en un centro comercial cercano a la Base Aérea de La Carlota. De todo el proceso, salió sin ningún tipo de cargos penales.

A Díazgranados también lo recuerdan por llevar costosos relojes y zapatos de marca al colegio y porque en aquella casa grande de su niñez, en la urbanización Prados del Este, tenía juegos de video que ninguno de sus amigos poseía y hasta un televisor a color. Él fue el primero de la clase que tuvo uno de estos innovadores aparatos en su hogar.

Hoy, Díazgranados continúa una vida de ostentación, aunque lejos de las fronteras venezolanas y bastante retirado de los flashes. Lo hace desde la casa que compró en la exclusiva zona de Casa de Campo, La Romana, en República Dominicana, donde reside desde hace casi 10 años con su familia y donde cada vivienda está valorada por encima del medio millón de dólares. Allí pasa sus días luego de haberse convertido en banquero en Nueva York, de haber comprado una empresa a uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberse convertido en socio de una de las compañías de desarrollos móviles más importantes de Latinoamérica y de amasar una fortuna mientras trabajaba en Caracas como bróker para funcionarios del Estado venezolano en la era chavista.

Esta última actividad la reseñan un par de memorandos internos de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), los cuales fueron intercambiados entre empleados y altos cargos directivos de la entidad suiza para incluir la información en su cartera clientelar. Los documentos forman parte de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrun.es, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial.

En ambos memorandos, fechados en 2011 y 2013, se certifica que Díazgranados era cliente de ese banco desde 1991 y se le describe como un importante empresario y un conocedor, y al mismo tiempo actor, del mercado financiero venezolano donde durante años trabajó como intermediario en la compra y venta de valores para “instituciones de la República Bolivariana de Venezuela”. La intención de los mismos era contar quién era el hombre que estaba detrás de una nueva e importante cuenta: la de una offshore bautizada como Craft Financial.

Craft Financial S. A. está en opencorporates.com como una empresa registrada en Panamá el 12 de agosto de 2011, apenas mes y medio antes de que se enviara el primer memorando de la CBH. Documentos oficiales confirman esta información y señalan que la compañía se abrió con un capital de 10.000 dólares americanos. El nombre de Díazgranados no aparece por ninguna parte, ni al momento del registro (cuando suscribieron Marco A. San Berguido, Luz E. Rivera y Ernesto Castillo Cho, con Alemán, Cordero & Lee), ni al de la renovación de su junta directiva, hecha en marzo de 2017. Sí están, en cambio, el de una serie de personas que también integran las juntas directivas de cientos de sociedades del istmo. El directorio lo encabezan Justo Reyna (director / presidente), Ruyh (Ruth) Giannina de Sánchez (director / tesorero), Oscar Augusto Cedeño y Edgardo Medina (suscriptores) y Lineth Ponce (director / secretario). Los tres primeros están en la base de datos de Offshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), como socios de distintas compañías radicadas en paraísos fiscales. Ponce, empleada del bufete panameño Morgan & Morgan, tiene el cargo de director / tesorero en una empresa panameña de Díazgranados: Panros Global Inc.

Fue precisamente a través de Craft Financial que, de acuerdo con los documentos de la CBH, se hizo una operación de 1,3 millardos de libras esterlinas  que requirió de una estructura financiera que permitió sacar al exterior fondos del Estado venezolano en dólares americanos o bonos, que fueron cambiados a libras esterlinas y posteriormente a Gilts (bonos del gobierno británico). Así se cobraron comisiones por las transacciones y se regresó el dinero al Banco Central de Venezuela a través de una plataforma llamada Clearstream, con sede en Luxemburgo, que funciona como un sistema de pago y entrega de títulos y dinero totalmente informatizado, desde y hasta cualquier parte del mundo.

“Craft Financial S.A. retiene el spread (diferencia entre compra y venta de un activo financiero) en la cuenta CBH y luego realiza inversiones por cuenta propia. El objetivo de Craft es generar nuevas operaciones. También estamos planificando abrir un fondo de las Bahamas para administrar bonos venezolanos en nombre de otras instituciones en el país”, se lee en ambos memos.

En las comunicaciones de la CBH se registra una serie de transacciones financieras de miles de millones de dólares provenientes de las arcas del Estado venezolano. En el caso de Díazgranados, las operaciones que involucraron a Craft Financial tuvieron su origen en el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), institución creada por Hugo Chávez en 2005 con la intención de destinar, de forma directa, el excedente de los ingresos por exportaciones petroleras del país en proyectos de “inversión social” –es decir, aquellos que buscan el bienestar sin retorno económico– con énfasis en infraestructura y transporte.

El primero de estos memorandos data del 29 de septiembre de 2011 y su autor es Charles-Henry De Beaumont, el operador financiero de la CBH que ayudó a varios funcionarios venezolanos a colocar sus fortunas, forjadas durante los años de los gobiernos chavistas, en la entidad bancaria. Está dirigido a Jacques (Jacky) Ramet, quien aunque no figuraba en la junta directiva, era una de las firmas autorizadas dentro del consejo del banco. De este informe, se remitió una copia a Joseph Benhamou, presidente de la organización y cabeza de la familia que es accionista mayoritaria de la CBH desde 2009; a Christian Maréchal, entonces director adjunto y miembro de la dirección general; y a Turan Henden, quien ocupaba el cargo de asistente de banca privada.

El segundo memorando –fechado en junio de 2013 y con más detalles sobre la trayectoria de Díazgranados– lo escribió Leandre Sappino, quien para ese momento era asesor de inversión del banco, y estaba dirigido a Ramet, con copia a Philippe Cordonier, director general adjunto, y a Stéphane Strub, director adjunto de la CBH.

La operación entre el Fonden y el banco suizo deja algunas dudas en los expertos consultados. Una de estas es la tercerización de la transacción, pues no se explica por qué una institución del Estado relegó las compras de Gilts a la offshore de Díazgranados, tal como lo indican los documentos.  “Como los montos son sustanciales y no quieren aparecer en los mercados, Fonden ha decidido confiar esta delicada tarea a Craft Financial S.A., así como a otro intermediario financiero”, subraya el memorando de la CBH. En esa orden pudiera existir un quebrantamiento de las normas.

El administrador, abogado y ex superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas, destacó que la entrada a la negociación de bonos por parte de una empresa intermediaria genera desconfianza. “Allí pudiera estar planteada una desviación de fondos con unas comisiones creadas artificialmente, porque el Banco Central no tiene necesidad de buscar intermediario para realizar algún tipo de inversión”, apuntó.

"Desde mi perspectiva, no hay nada usual en esa transacción. ¿Por qué un gobierno compraría tal cantidad de bonos a través de una entidad offshore? ¿Quién fue el beneficiario de esta cuenta? Comparado con nuestros estándares, esto se haría a través de la Reserva Federal o del banco nacional y no desde una compañía extranjera", explicó David Zollinger, experto suizo en banca privada y mercados.

El economista Francisco Rodríguez, ex director de la firma financiera Torino Capital, discrepó e indicó que para poder comprar bonos sí se debía acudir a un tercero. Sin embargo, señaló la peculiaridad de que se hubiese recurrido a una offshore recién creada. Hervé Falciani, quien sustrajo la información del banco suizo HSBC que dio origen a la Lista Falciani, está en la misma línea: “Todos los bonos se compran a través de un bróker, incluso son si proceden de fondos públicos”.

Cáribas sostuvo que el Fonden jamás estuvo concebido para hacer compras de Gilts como las que se hicieron a través de la CBH. “Nunca el propósito fue hacer algún tipo de inversiones para que se produjera renta al país, porque para eso era el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), del que ellos se olvidaron. El Fonden tenía una línea de gasto social. Todo el proceso inflacionario viene por allí”, aseveró.

Pero estas compras sí se hacían con frecuencia, aunque lo usual no era que seadquirieran bonos británicos sino deuda pública a países aliados. Así lo relató un reportaje de Reuters titulado “Fonden: la caja negra de Hugo Chávez”.  “Otro de los puntos más polémicos del Fonden ha sido su uso como instrumento de inversión, que lejos de buscar activos seguros apostó por valores de alto rendimiento que, además, servían para echar una mano a países aliados del Gobierno, según un informe de la entidad filtrado a la prensa, que hace referencia a una auditoría hecha al ente en el 2011. El fondo ha evitado revelar cuánto dinero ha perdido o ganado con estas inversiones”, indicó el reportaje.

Otra de las posibles faltas cometidas en el negocio con Craft Financial está en la recepción de los fondos que retornaron Venezuela y el por qué se utilizó Clearstream para estas transferencias. Cáribas advirtió que este tipo de movimientos no son usuales, aunque no hay ninguna ley o normativa que legalmente los prohiba. “Por lo general, desde el Banco Mundial le dan una cierta amplitud a los bancos para realizar algún tipo de negociación, pero la práctica administrativa no es esa”, enfatizó.

Díazgranados confirmó la ejecución de la operación a través de dos respuestas por escrito –del 16 de abril y el 4 de mayo de 2018– emitidas por Llorente & Cuenca, una prestigiosa consultora española especializada en comunicación y gestión de la reputación, que se ha encargado de ser la voz del bróker ante cualquier consulta sobre el tema. En la contestación se señala que la CBH participó en la compra de Gilts, luego de que el Fonden solicitara ofertas a varias entidades financieras.

“Esta entidad –de la que es cliente desde los años 90 y con cuyo propietario principal tiene una relación de cercanía– propone a Danilo Díazgranados Manglano tomar parte en la operación para afrontar conjunta, y únicamente, el riesgo cambiario derivado del posible retraso de pagos de Venezuela tras recibir la oferta”, indica el documento del gabinete de gestión de crisis, a pesar de que los memorandos del banco suizo dejan claro que fue la institución venezolana la que sacó a relucir el nombre del agente financiero debido a sus buenas relaciones.

La respuesta de Llorente & Cuenca también apunta que la offshore de Díazgranados nació con el propósito de hacer la transacción entre el Fonden y la CBH. “Para contar con un vehículo operativo legalmente aceptado en operaciones como la planteada para asumir conjuntamente el riesgo cambiario, se crea la compañía Craft Financial (2011). Como todas la operaciones financieras en las que ha participado, esta se ejecutó conforme a las regulaciones vigentes en el momento de realizarse y en los términos y condiciones pactadas entre las partes involucradas, incluidas las contraprestaciones pactadas entre ambas partes. Todas las operaciones fueron certificadas por FINMA, la institución del gobierno suizo que regula de forma independiente los mercados financieros. A lo largo de la operación de venta de Gilts será la CBH quien mantenga en exclusiva el contacto con el Fonden, manteniéndose Díazgranados Manglano al margen de esta relación”, indica el documento.

Al bróker se le preguntó por escrito cuánto dinero había percibido por esta operación, pero en la última comunicación afirmó, siempre a través de Llorente & Cuenca, que nada le había quedado. “Danilo Díazgranados nunca recibió pago alguno por la gestión de la transacción de compra-venta de los bonos en sí misma, de la que el único beneficiario fue el banco a través de los cargos acostumbrados para dicho tipo de transacción”, se lee en la respuesta.

Un documento obtenido por esta investigación reveló que Díazgranados tenía un poder firmado por un abogado para hacer cualquier movimiento a través de Craft Financial a pesar de que no aparecía como miembro de la junta directiva. El escrito permite que el bróker realice amplias actividades financieras a nombre de empresa, como por ejemplo, acordar contratos con gobiernos, compañías y personas. Al final, aparece la rúbrica de todos los miembros de la compañía registrada en Panamá.

Sobre esto, el economista Asdrúbal Oliveros indica que si bien las operaciones con intermediarios suelen estar permitidas, siempre hay una ganancia por parte de ese tercero. “Nadie va a crear una offshore sin tener algún tipo de beneficio. Tiene que haber o comisión o un diferencial de compra que le haya quedado a él. Y si se trata de una offshore, alguien tiene que haber pagado por los costos asociados a la creación de la compañía, impuestos, registro, erogaciones”, añade Oliveros quien aclara que, aunque el Fonden pudo haber cubierto los gastos de Craft Financial, debe haber quedado una comisión para quien estuvo detrás de esta.

Al respecto de las operaciones, la CBH no ofreció información. Un portavoz de la institución, interrogado por un periodista de los medios que trabajaron en esta investigación, dijo que el banco, como institución suiza, “cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Tras la aclaración, agregó: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

Tampoco De Beaumont quiso pronunciarse sobre el tema cuando se le pidió confirmación de los hallazgos. “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasado con CBH (...) No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”, respondió.

Un fondo financiero opaco

Del Fonden salió el dinero para expandir la Misión Alimentación que intentó contener, a través de las importaciones de productos, el desabastecimiento que ya se veía en 2013; así como para la construcción de las líneas 4 y 5 (aún sin terminar) del Metro de Caracas, las estaciones hoy activas del Metro de Valencia, Los Teques y Maracaibo, el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora (tramo Valles del Tuy), la rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro Occidental “Simón Bolívar”, la autopista Barquisimeto - Acarigua, el Metrocable de San Agustín, la planta de papel Pulpaca; también se financiaron trabajos que todavía hoy no se han culminado como el tercer puente sobre el río Orinoco y el Sistema Metro Ligero Caracas - Guarenas - Guatire.

Pero, sobre el dinero que maneja la institución, comenzaron a existir dudas desde 2007 cuando por última vez se entregó el informe semestral de gestión –contemplado en los estatutos fundacionales del Fonden – a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El mecanismo de rendición de cuentas se acabó y aunado a ello se dificultó el acceso a documentos públicos que confirmaran el porcentaje de ejecución de los proyectos financiados. “Opacidad” empezó a hacerse una palabra de uso frecuente en las notas periodísticas que hablaban del fondo.

El destino de los mil millonarios ingresos del Fonden, poco a poco, se perdió de vista. En el Informe de Gestión 2011 de Petróleos de Venezuela S. A., la empresa estatal señalaba que entre 2005 y 2011 había aportado al fondo 44.187 millones de dólares. Solo en ese último año –2011, el mismo del primer memorando– le había entregado a la institución 14.475 millones de dólares, lo que representaba un incremento de 755% con respecto a los 1.334 millones que había otorgado en 2010.

En junio de 2012, un reporte de Transparencia Venezuela cuestionaba el uso de ese dinero. De acuerdo con la ONG, solo 18.743 millones de dólares habían sido invertidos en obras conocidas, pero sobre el resto poco se sabía. “¿En qué proyectos han sido gastados los restantes 25.444 millones de dólares? ¿En qué bancos se encuentran estos recursos? ¿Cuánto se ha ganado en intereses por los recursos no asignados? ¿Estos recursos no asignados tienen un destino o proyectos ya definidos?”, apuntaba el documento. Seis años después, todavía no se tiene respuestas a estas preguntas.

En medio de esa opacidad, aparece el nombre de Díazgranados. De acuerdo con los memos de la CBH, el bróker tenía “excelentes relaciones” con el Fonden, de allí la confianza que depositaban en él para hacer operaciones mil millonarias en moneda dura.

Cuando se escribió la primera comunicación de la CBH, el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, era el presidente del Fondo, mientras que la secretaría del ente la llevaba la ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén, quien fue retirada del cargo en abril 2013, apenas meses antes de que circulara el segundo memorando y justo en medio de la transición entre la muerte de Hugo Chávez y la llegada de su sucesor, Nicolás Maduro, al poder.

Díaz Guillén, una militar retirada que también fue enfermera de Chávez y que hoy tiene una orden de captura internacional solicitada por el Ministerio Público venezolano por presunta legitimación de capitales, apareció en la investigación global sobre paraísos fiscales Panamá Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, en la cual se expuso que justo después de dejar su cargo en el Fonden, comenzó a hacer vuelos constantes desde Venezuela hasta República Dominicana, donde tenía una residencia, igual que Díazgranados. Su esposo, el ex edecán presidencial Adrián Velásquez Figueroa, creó Bleckner Associates Limited S.A., una empresa offshore registrada en el paraíso fiscal de Seychelles, que fundó por medio del bufete panameño Mossack Fonseca.

Tras la salida de Díaz Guillén, Temir Alfredo Porras Ponceleón se convirtió en el secretario Ejecutivo. En septiembre de 2013 (tres meses después del memo de la CBH y apenas cinco meses de su nombramiento), Porras fue sustituido por Simón Alejandro Zerpa Delgado, uno de los funcionarios venezolanos que hoy están sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

El BCV, la entidad receptora de aquellos fondos, estuvo encabezado por Nelson Merentes y, posteriormente, por Edmée Betancourt, quien al igual que Porras había sido designada en abril de 2013 para el cargo. El 13 de agosto del mismo año (dos meses después del memo de la CBH) había sido reemplazada por Eudomar Tovar, quien venía de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). En el directorio del BCV figuraban Merentes, Jorge Giordani, José Salamat Khan Fernández, Armando León Rojas y José Félix Rivas Alvarado.

Tanto Giordani como Betancourt se distanciaron públicamente del gobierno de Nicolás Maduro poco después de que este tomó las riendas de Miraflores. Giordani, quien se negó a responder vía telefónica o en persona sobre la compra de Gilts hecha por el Fonden a través de la banca suiza, salió del gabinete en junio de 2014, mientras que Betancourt fue depuesta del BCV en agosto de 2013.

Destino: Islas Vírgenes Británicas

El nombre de Díazgranados también aparece como uno de los beneficiarios de las comisiones de una serie de transacciones hechas a través de Violet Advisors SA, una empresa offshore propiedad de los hermanos Luis e Ignacio Oberto, denunciados en 2013 por Henrique Capriles como operadores financieros del chavismo. El documento fichado como “Personal y Confidencial”, escrito por Charles-Henry De Beaumont, anunciaba que en los días siguientes se haría una transferencia de 16 millones y medio de dólares, monto que se dividiría entre las cuentas de dos empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Anam Asset Management Ltd., del bróker venezolano –cuyo registro no fue hallado–, y Mach Advisory Ltd. (que salió del registro de empresas de las islas en 2014 por impago de tarifas anuales), perteneciente a Alessandra Gherardi, esposa del operador De Beaumont.

La carta suscrita por De Beaumont, quien se presentó como vicepresidente senior y asesor a la presidencia de la CBH, data del 13 de junio de 2012 y estaba dirigida a Philippe Schellenberg, especialista en derecho comercial, bancario y financiero, quien para entonces era colaborador (hoy es uno de los socios) del bufete de abogados Budin & Associés, con oficinas en las ciudades suizas de Zug, Lausana y Ginebra. Es a la dirección de esta última a dónde se envió el escrito.

En el documento, De Beaumont es quien ordena la recepción de los fondos para las transferencias y explica que provienen de las comisiones que fueron “pagadas directamente por las contrapartes a los intermediarios”. Seguidamente, menciona a quienes aportaron el dinero sin indicar la cantidad que entregó cada uno, pues aclara que eso lo hará en comunicaciones siguientes.

La mayoría de estos intermediarios está vinculado a casas de bolsa en Venezuela, de acuerdo con datos recabados por la alianza de medios que ha trabajado en esta investigación. Allí se leen los nombres de Gabriela María Dorado Pizzorni, presidenta de Italcambio (único grupo autorizado para operar en la frontera venezolana), fundadora de Casablanca Fashion Group y esposa de Carlos Dorado, allegado al gobierno de Maduro; Ricardo IV Montilla, presidente de la Asociación Venezolana de Operadores (AVO) y de Mercosur Casa de Bolsa; Álvaro Ignacio Rodríguez Hernández, director principal de Caja Caracas Casa de Bolsa; Bruno José Pianezzola Trujillo, director de Cuadra Casa de Bolsa, Manuel Ángel Suena Cagiao, corredor público de títulos valores y asesor de inversión hasta 2017, cuando la Superintendencia Nacional de Valores le retiró la autorización; el empresario Samir Samuel Ibrahim Fares y sus hijos Fouad José y Samir Alberto Ibrahim Chacón, propietarios de la empresa Sistema Integral de Monitoreo SIMSA, y los hermanos Oberto.

“Díazgranados no tiene relación alguna con una sociedad llamada Anam Asset Management Ltd. de Islas Vírgenes Británicas. Cualquier supuesta operación vinculada a esta sociedad, en la que no participa ni ha participado, es completamente ajena a su conocimiento”, subrayó la consultora Llorente & Cuenca en su respuesta escrita. En esa misma contestación, negó que hubiera hecho tratos con Violet Advisors o con los hermanos Oberto, a quienes sí admitió conocer “socialmente”.

El intermediario

Antes de sus operaciones con el Fonden, a Díazgranados se le había mencionado en varias publicaciones digitales en el caso de las notas estructuradas del Banco Central de Venezuela. La web Cuentas Claras Digital, especializada en casos de corrupción, indicó en un reportaje que durante 2006, cuando Tobías Nóbrega llevaba las riendas del BCV, se crearon estos productos financieros que permitieron la emisión de bonos en dólares, pagaderos en bolívares, que fueron utilizados para llevar divisas del Estado que se cotizaron en el mercado negro. “Carmen Meléndez, la actual ministra de la Defensa, cuando se desempeñó como Tesorera Nacional, con la asesoría de su gran amigo Danilo Díazgranados, junto a Merentes en el ministerio de Finanzas, participó en la negociación en el año 2006, de más de 9.000 millones en bonos y notas estructuradas, a tasa oficial”, apunta la publicación digital.

Díazgranados, a través de Llorente & Cuenca, dijo que nunca había prestado sus servicios financieros a Meléndez o a su esposo Orlando Maniglia, ex ministro de la Defensa venezolano. Lo mismo dijo sobre Merentes y Rodrigo Cabezas, y destacó nunca haberlos conocido en persona.

El 30 de agosto de 2006, un cable sobre el sector bancario venezolano enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas hacia otras sedes diplomáticas en Suramérica, incluyó el nombre del bróker venezolano.

De acuerdo con el documento, que se conoció a través de la filtración Wikileaks, el alto diplomático norteamericano Kevin Whitaker, quien en ese momento estaba en Venezuela, afirmó que un contacto le había asegurado que Díazgranados era “el intermediario” entre el gobierno de Hugo Chávez y los bancos de inversión extranjeros para los “depósitos y bonos de deuda (tanto de Argentina como de Venezuela)” que estaban fuera de los balances oficiales (off the books activities). Es decir, de operaciones que no dejaban rastro o documentos registrados pese a que se hacían con dinero público.

Por esos años, a Díazgranados también se le vinculó con otro polémico empresario y asesor de inversiones, Moris Beracha, quien fue el asesor del ex ministro de Finanzas, Rafael Isea, en el mismo caso de las notas.

Pero Díazgranados –por medio de la consultora española– se libró de todos los señalamientos y aseguró que “nunca fue empleado público ni asesor de ningún gobierno”. Sí admitió que ha hecho inversiones en sectores que van desde los seguros y las entidades financieras hasta las bebidas, en naciones tan distintas como Estados Unidos, Suiza, Bélgica y España, entre otras.

“Todos los negocios emprendidos son plenamente conformes con las regulaciones y normativas legales de cada país, a través de compañías y entidades financieras debidamente registradas, autorizadas, reguladas, supervisadas y auditadas. Su ejecutoria empresarial se ha desarrollado siempre libre de cualquier indagación judicial”, añade el documento de Llorente & Cuenca.

Según los dos memos de la CBH, Díazgranados es poseedor de una fortuna superior a los $2 millardos, razón por la que se autoimpuso un destierro. El “riesgo de secuestro para personas de su calibre” es tan alto en Venezuela, dice la comunicación, que se mudó en 2008 a La Romana, desde donde realiza todas sus operaciones financieras y donde también ha tenido participación en el negocio inmobiliario, como en la construcción del Blue Mall de Santo Domingo, que aloja tiendas de marcas tan exclusivas como Cartier, Carolina Herrera y Louis Vuitton, alberga las instalaciones del JW Marriot y es propiedad del Fondo de Valores Inmobiliarios, del también venezolano Luis Emilio Velutini.

La consultora también indicó que Díazgranados es accionista minoritario del séptimo grupo de Estados Unidos de cerveza artesanal y un socio importante de Dolium, una compañía belga que fabrica barriles de plástico para cerveza.

Sueño americano

Desde aquellos años colegiales, de burlas y travesuras, Díazgranados guardaba una cercana relación con Estados Unidos. Frecuentemente, rememoran ex alumnos de su colegio, hablaba de los viajes, largos o cortos, que hacía a aquel país. En uno de sus cumpleaños, cuando todavía no era un adolescente, sus padres complacieron un capricho muy a tono con aquella afinidad ‘gringa’: le regalaron un uniforme completo –con hombreras y casco incluidos – del equipo de fútbol americano de los Dolphins de Miami.

Los años no hicieron más que alimentar esa fascinación por el país norteamericano. Al graduarse de bachiller, Díazgranados despegó con rumbo al estado de Florida para estudiar en la Universidad de Miami. Años después se casó con María Josefa (Fefi) Salvatierra, nieta del banquero Salvador Salvatierra, fundador y propietario del Grupo Unión (que tenía entre sus empresas al Banco Unión), que hasta la década de los 90 fue una de las más grandes e importantes empresas financieras de Venezuela.

Entre finales de los 80 y principios de los 90, abrió varias empresas en Estados Unidos que hoy aparecen inactivas. Mondia Inc. (Miami, 1987), Overseas International Suppliers Inc. (Miami, 1989), U. Travel Inc. (Coral Gables, 1990) y HDC Travel Inc. (Coral Gables, 1990), fueron algunas de estas compañías. Entre todas, destaca Magna International, Inc. (Miami, 1989), donde se hizo socio de Walter Alexander (Alex) Del Nogal, su concuñado, quien años después fue señalado por “terrorismo financiero” en Venezuela, y por tráfico de drogas en Italia.

Fue justamente este allegado quien, según las palabras de Díazgranados, lo involucró en el caso de las seis explosiones sucesivas de 1993 en distintas calles de Caracas, que comenzaron con un sobre-bomba en la Corte Suprema de Justicia e incluyeron un coche-bomba en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, muy cercano a la Base Aérea de La Carlota, al noreste de la capital. “La hermana menor de mi esposa, que se llama Marisol, estaba casada con Alex Del Nogal (...) Cuando él se mete en el lío empieza a decir que era un cuento financiero, montó un show y nombró a 14 personas”, explicó el bróker al diario El Mundo en mayo de 2010 a raíz de un perfil que se publicó sobre él en este periódico.

El diario colombiano El Tiempo recuerda en una nota que “las explosiones forzaron bajas en la Bolsa de Caracas y, en forma especial, en los mercados internacionales en los cuales cayeron los precios de bonos que el Estado venezolano tenía en venta y que pudieron ser comprados por los autores de los atentados”. Los episodios dejaron tres heridos, entre ellos Hugo Betancourt Zerpa, un archivador que perdió la mano al abrir el sobre explosivo en una oficina del máximo tribunal venezolano.

Los negocios del bróker no se vieron afectados por el “episodio bomba”. Durante los noventa –cuando su suegro le pidió que volviera a Caracas a trabajar en InverUnión– y la primera década de 2000, Díazgranados se mantuvo en Venezuela con una fructífera labor de asesor financiero que le permitió hacer crecer su fortuna, mientras mantenía fija la idea de invertir en Estados Unidos. Fue en 2010 cuando se convirtió en noticia por figurar entre los accionistas del Savoy Bank, una entidad que abrió sus puertas en 2008 –y que él mismo ayudó a fundar, según dijo– en el corazón de Manhattan y que tenía entre sus propietarios a los premiados cineastas Ethan y Joel Coen. “Soy el único venezolano aprobado por la Reserva Federal de Estados Unidos para operar un banco… En Estados Unidos te piden justificar el origen de cada dólar. Todo el mundo te revisa”, advirtió al diario venezolano El Mundo. Al mando de la entidad estaba, y continúa, otra venezolana: Elena Sisti, a quien los medios de comunicación describieron como una experta en banca, graduada en Barnard College, que estuvo durante 25 años en Citibank.

Justo por esos años, el empresario venezolano fundó Ron Transatlantic Energy Partners, LLC., localizada en Washington D. C., la compañía que en 2016 lo puso de nuevo en los titulares internacionales. Fue esta sociedad, donde aparece como director y única persona visible, la que compró la mayor parte de las acciones de SkyBridge Capital, una firma de inversiones que era propiedad de Anthony Scaramucci, el especialista en finanzas de Wall Street que Donald Trump echó luego de apenas 10 días como director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

El trato entre Díazgranados y Scaramucci se hizo poco antes de que el segundo asumiera funciones en el Ejecutivo estadounidense y, de acuerdo con especialistas consultados por Bloomberg, estuvo muy por encima de los 180 millones de dólares en los que estaba valorada SkyBridge y se cree que alcanzó los 230 millones de dólares. Para lograrlo, el venezolano se alió con el conglomerado chino HNA Group Co., que durante los últimos años ha mostrado interés por integrarse al mercado latinoamericano. Una muestra de ello fue la intención de compra de la aerolínea Avianca.

Bloomberg también apuntó que, para finales de 2016, Díazgranados tenía en su poder 10% de las acciones de Skybridge. Sin embargo, su abogado Gregory Craig, aseguró a la publicación que su cliente no era parte del grupo de compradores actuales y que ya no tenía participación en la antigua compañía de Scaramucci. “Se negó a comentar más sobre la transacción”, dice la nota.

Un año antes, en marzo de 2015, el nombre del bróker se mencionó en un documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le vinculó a otro empresario cercano al chavismo: Wilmer Ruperti, señalado por haber pagado la defensa de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores que fueron sentenciados a 18 años de prisión por conspirar para traficar droga a Estados Unidos.

En ese archivo se indica que Díazgranados es el propietario de la cuenta Latin American Petroleum Inc. en la CBH, la cual fue congelada por autoridades suizas luego de tener indicios de que se trataba, realmente, de una cuenta de Ruperti, a quien se le condenó en Reino Unido por estafar y cobrar comisiones millonarias a la compañía Novoship (UK) Limited en nombre de Pdvsa. Fue esta misma empresa la que inició un proceso judicial contra Ruperti en Suiza, al denunciarlo por fraude, administración indebida y lavado de dinero.

El documento revela además otra propiedad de Díazgranados: un apartamento en un rascacielos de concreto y cristal ubicado en el corazón de la isla de Manhattan (150 West 56th Street, New York), adyacente a Central Park y al Carnegie Hall.

En Estados Unidos estuvo, hasta 2016, el hijo de Díazgranados que lleva su mismo nombre. El joven se hizo conocido, primero, por ser una de las cabezas de Toys for Boys, una boutique de lujo que abrió sus puertas en Miami en 2013 y que ofrece desde relojes hasta costosos autos.

En julio de 2016, Díazgranados Jr. organizó un evento para un exclusivo grupo de clientes del que todavía se pueden leer reseñas en la web. Ahí, los asistentes disfrutaron desde delicias de alta cocina, saboreadas con botellas de Dom Perignon, hasta paseos en helicóptero y carreras en pistas automovilísticas. "Quería darles a nuestros invitados la oportunidad de vivir una experiencia única en sus vidas (...) Los hombres de Miami ahora cuentan con un lugar donde pueden encontrar los más extravagantes productos y lugares únicos", comentó en una nota de PR Newswire.

El hijo del bróker asistió a Babson College, en Wellesley, Massachusetts, donde obtuvo un título en Ciencias Económicas y Empresariales. Poco después fundó su tienda de lujo y, en 2016, se hizo novio de la blogger e influencer de moda, Michelle Salas, la hija del cantante mexicano Luis Miguel. Las publicaciones del corazón siguieron durante meses el noviazgo con atención, incluso cuando ella se mudó a Madrid, donde él hacía estudios de postgrado. A finales de 2017, terminaron la relación.

Los otros negocios

Después de las explosiones, las notas estructuradas, los cables diplomáticos que lo identificaron como el intermediario de los negocios del chavismo y de hacerse socio de un banco en Nueva York, Díazgranados continuó siendo noticia cuando se supo que una de sus antiguas compañías había sido la protagonista de una estafa. En 2008, Basurvenca Servicios Sanitarios – registrada en 2000 por el bróker y su madre, María de la Concepción de Díazgranados – cobró a Banesco un fideicomiso de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, para importar 21 camiones compactadores de desechos que terminaron siendo catalogados como “chatarra”.

Ocho años después del hecho, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió aplicar un embargo ejecutivo contra Banesco Banco Universal C.A., y no contra Basurvenca, por más de siete millones de dólares (USD 7.751.233,90). Para ese momento, Díazgranados ya no estaba en la empresa, pues tanto él como su madre la dejaron en manos de uno de los socios: Luis Eugene Blayton.

“La operación se realizó dentro de la legalidad, los vehículos le fueron entregados a las autoridades municipales de entonces en perfecto estado y así fueron recibidas por ellas, entregando el documento de descargo”, comentó al respecto el gabinete de crisis que representa a Díazgranados.

Antes y durante los años de Basurvenca, con la que logró firmar varios contratos con alcaldías, Díazgranados se había movido con soltura como asesor de inversiones. Siguió incrementando sus participaciones en negocios tan disímiles como la compra del equipo de baloncesto profesional Delfines de Miranda, que lo llevó hasta la presidencia de la liga, y hasta con una compañía minera que explotaba diamantes (Inversiones Mineras Alto Caroní C. A.), de acuerdo con el currículo de un antiguo empleado suyo. “Su éxito fue tal que las instituciones gubernamentales le consultaron y contrataron para que trabajara para ellos. Él estructuró muchos productos sobre las deudas de varios países de América Latina con numerosos bancos de la talla JP Morgan, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, UBS”, dice el memorando de la CBH.

Lo que sí frenó ligeramente su ascenso –añade el documento de la banca suiza– fue la orden de Hugo Chávez de cerrar las casas de bolsa que, como consecuencia, provocó una caída en los mercados bursátiles en los que se movía tan bien Díazgranados. Pero también ante esta clausura halló una solución: “Los intermediarios financieros no encontraron otra opción que recurrir a vehículos offshore (Islas Vírgenes, Panamá)”, apunta la comunicación. Fue así como creó Craft Financial.

Además de esta offshore, Díazgranados abrió otras tres empresas en Panamá en las que se desempeña como presidente y director: Panros Global Inc., abierta desde agosto de 2012, donde figura la consultora Morgan & Morgan como agente y tres de sus empleados como miembros: Lineth Ponce (director / secretario de Craft Financial) y José Eugenio Silva Ritter y Dianeth Matos de Ospino, mencionados en Investiga Lava Jato, un proyecto colaborativo que involucró a veinte periodistas de América Latina y África para contar las historias del caso de corrupción más importante de la historia brasileña. El bróker también está al mando de Newdome Inc., inscrita en el registro público de ese país en octubre de 2000, y Bell Financial Corp., creada en junio de 2004. En esta última aparece como tesorera, secretaria y directora Jessica Blayton, hija de quien fuera su socio en Basurvenca.

Díazgranados es hoy uno de los directores de Iberonews Limited, creada en mayo de 2012 y registrada en Barbados, que a su vez es propietaria de la web del diario El Nacional. Por eso, su cargo lo comparte con varios miembros del directorio de ese periódico, como Francisco Varela Galino, José Elarba Haddad, Jorge Papatzikos, gerente general del impreso y Miguel Henrique Otero Castillo, presidente-editor de El Nacional. Allí figuran además José I. Palacios Osambela, Ramiro Molina Ríos y José E. Álvarez. La información fue confirmada a través de documentos obtenidos a través de Offshore Leaks – una fuente de información elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que permite navegar en los registros de más de 520 mil sociedades inscritas en distintos paraísos fiscales o jurisdicciones tributarias “blandas” – que señalan que esta empresa fue registrada como una compañía de negocios internacionales.

Pero esta relación con los medios de comunicación no es nueva, y menos con El Nacional. En 2004, Díazgranados entró en el grupo de nuevos accionistas del diario, e incluso ocupar la posición de director adjunto, cuando este decidió ampliar sus fuentes de financiamiento para hacer crecer su capital. Así lo señala el perfil del diario venezolano El Mundo que indica que cuatro años después, en 2008, tres empresas que tenía en sociedad con Moris Beracha (Inmuebles y Acciones Gradiaz C. A., Inversiones 97399 C. A. e Inversiones 26397 C. A.) compraron las revistas Cocina y Vino y Exceso, las cuales funcionaban en las nuevas instalaciones de El Nacional que, para entonces, había mudado su sede a la urbanización Los Cortijos, en Caracas. De estas, sin embargo, se retiró poco después de adquirirlas. “No soy periodista y eso trae muchos enemigos”, comentó al respecto en El Mundo.

Los intereses del bróker también han pisado territorio español. En Madrid, entre 2011 y 2014, estuvo en la vicepresidencia de Movilway, una empresa dedicada a ofrecer servicios de recargas electrónicas y sistemas de pago a través del móviles, que se ubica como una de las líderes en Latinoamérica. Su llegada supuso, meses después, un salto gigante en el capital de la compañía que de 10.000 euros pasó a superar los 8 millones de euros.

Movilway, a su vez, es filial de Celistics Transatlantic, donde también estuvo Díazgranados como consejero entre 2012 y 2017. Es en esta última, considerada en el memorando como “la  mayor operadora y distribuidora de equipos electrónicos (GSM, teléfonos inteligentes, tablas) y prepagos para América del Sur”, volvió a toparse con su antiguo socio, Beracha, quien lo sustituyó en esa posición y fue, hasta 2013, presidente y consejero de Celistics Holdings, la corporación que agrupa a ambas sociedades.

Los nombres de Beracha y Díazgranados también están en otro de los memorandos proporcionados por la filtración, con el mismo remitente y los mismos destinatarios: los directivos de la CBH Leandre Sappino, Jacky Ramet, Philippe Cordonier y a Stéphane Strub. Allí se explica que ambos brókers invirtieron ahorros en Glassbox Fund, creado por DCSI Group, una empresa administradora de activos con sede en Miami que se especializa en la selección y gestión de Obligaciones Hipotecarias Garantizadas (CMO, por sus siglas en inglés).

En Glassbox Fund, se explica, cada cliente tiene su propia clase. “Este fondo no se comercializa públicamente. Se trata de inversores privados venezolanos relacionados Rafael Casas (otro asesor de banca y finanzas) que abren ‘clases’ en las que colocan una parte de sus ahorros para que Glassbox pueda gestionarlos a través de las CMO”, informa el comunicado.

Tal comunicación hizo constar que el dinero del fondo saldría del HSBC Genève a las arcas de la CBH. Una de estas transferencias se hizo a través de Upson Columbus Corp., firma propiedad de De Beaumont, identificado como intermediario.

En medio de todos los escándalos, Danilo Díazgranados permanece de muy bajo perfil y cuesta verlo en alguna fotografía reciente. Sin embargo, hay una imagen que lo muestra en su hábitat actual. Está en la esquina de un grupo de hombres maduros, vestido con short y camiseta azul, con la cabeza de una raqueta apoyada sobre su pecho. Una bandana le sostiene el cabello, ya canoso, y evita que le tape las cejas pobladas y oscuras que le caracterizan. Acababa de participar en el torneo de tenis “Dueños 2017”, en La Terraza Tennis Center, un club ubicado dentro de su vecindario dominicano de Casa de Campo donde suelen reunirse los propietarios de las villas millonarias que rodean el lugar. Su rostro, aunque con el gesto relajado, revela hoy la misma media sonrisa que mostró de chico en la foto colegial.

El hecho de que Venezuela tuviera la mayor reserva de petróleo del mundo no bastó para que en esos años sus habitantes sufrieran continuos cortes de luz. Betancourt y su empresa Derwick Associates acudieron en ayuda de Chávez y su Gobierno para suministrar turbinas a las centrales termoeléctricas que intentaron paliar el desastre energético del país.

Al socorro del decreto de emergencia energética nacional firmado en febrero de 2010 por el expresidente bolivariano acudió Derwick, que después de 14 meses de su fundación y sin experiencia en el sector fue beneficiada con 12 contratos para obras eléctricas sin licitación, de acuerdo con ingenieros consultados, como José García Aguilar. Fueron otorgados por contratación directa, por un monto conservador que se acerca los 2.500 millones de dólares.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es revela que Derwick canaliza gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos  mediante operaciones sospechosas de constituir delitos blanqueo de capitales que están siendo investigadas en varios países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Se aprecian intercambio de transferencias con Gazpromban Latin America.

Según ha podido conocer esta investigación periodística, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó un exhorto en 2015 a las autoridades fiscales suizas para solicitar asistencia de cooperación recíproca y estudiar si Derwick y sus empresas afiliadas y asociadas estaban usando cuentas en el país helvético para blanquear capitales asociados con los contratos llevados a cabo con las empresas estatales venezolanas.

Derwick interpuso un recurso de apelación para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante. Sin embargo, la sentencia del recurso emitada por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país están colaborando con Estados Unidos en una investigación aún viva a marzo de 2017. En el escrito judicial se señala que Derwick remitió decenas de remesas por valor de más de 200 millones de dólares entre 2009 y 2013 a diferentes bancos suizos.

El 14 de febrero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Berna confirmó por email a los reporteros que en enero de 2016 emitió una orden para la recopilación de registros bancarios relacionados con Derwick hasta en 18 entidades financieras. En junio de 2017, “la Oficina Federal de Justicia emitió un primer decreto parcial, que ahora se ha convertido en definitivo, de ese modo, se pudieron presentar las primeras evidencias a las autoridades de Estados Unidos contra los representantes de la compañía Derwick”. Es decir, según la Justicia del país helvético a día de hoy existe una investigación en marcha tanto en Suiza como en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales.

Un intermediario, un banco y un ‘bolichico’

La filtración de documentos internos de la entidad financiera de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y del gestor financiero francés Charles-Henry de Beaumont fue el punto de partida del trabajo periodístico que se ha complementado con la búsqueda otras fuentes, documentales, judiciales y humanas.

La investigación demuestra que De Beaumont fue capaz de constituir una cartera de clientes venezolanos que han sido hábiles para enriquecerse bajo los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. Clientes de De Beaumont están siendo hoy objeto de procesos judiciales en países como España, Venezuela, Estados Unidos o Suiza. A algunos se les investiga por ser supuestamente beneficiarios de adjudicaciones de contratos de obras públicas de los sectores de la energía y el transporte que se afirman otorgados sin la debida transparencia.

Uno de los nombres que aparece en los registros bancarios es Alejandro Betancourt. En su camino exitoso le han acompañado como ejecutivos de sus muchas sociedades los también venezolanos Pedro José Trebbau, primo suyo, y Francisco Antonio Convit Guruceaga. Los beneficios por esas operaciones de intermediación se cifran en centenares de millones de dólares.

Betancourt es el paradigma de los llamados ‘bolichicos’, jóvenes empresarios ahora en la treintena que han prosperado al calor del chavismo. Presidente de la matriz que controla Hawkers, Saldum Ventures SL, ya ha invertido 70 millones de euros en esta ‘startup’ española que está conquistando el mundo con sus lentes de sol y sus accesorios ‘low cost’. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando adquirió en subasta por más de 22 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada al hoy convicto Gerardo DíazFerrán, expropietario del Grupo Marsans.

Los documentos bancarios sobre los socios de Derwick muestran movimientos anuales de más docenas de millones de dólares, transferencias a empresas y familiares como a la madre de Convit, Graciela Guruceaga, remesas con la compañía petrolera rusa Rosfnet, currículos, informes internos, cartas de referencia dirigidas al CBH, registro de compañías en Panamá que intercambió el gestor francés con el banco CBH de Suiza o contratos de préstamos.

Un portavoz de CBH manifiestó que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agrega: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“El gobierno y PDVSA deudores de Derwick”

Desde 2009, Suiza ha ido firmando acuerdos para el intercambio de información bancaria con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de cooperar en la lucha contra la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales. De modo que se vaya superando poco a poco el secreto bancario estricto y tradicional que impera en el país helvético desde una ley que prevalece desde 1934.

“Sin embargo, el problema sistémico es de origen: el centinela sigue siendo el banco. En el Derecho suizo, el gestor del cliente es el que tiene la responsabilidad de ejercer de centinela de que el capital es de origen lícito. Todas las normas de la verificación -principalmente la diligencia debida y el ‘conoce a tu cliente’ (‘due diligence’ y ‘know-your-customer’ en inglés) se basan en la presunción de que el gestor es honesto y responsable, así que el dinero se mueve antes y luego el Derecho viene después”. Quien así habla es alguien que trabajó en el sistema: Hervé Falciani, autor de la filtración del banco HSBC de Suiza que dio lugar a la conocida como ‘Lista Falciani’ que ha permitido perseguir a miles de evasores fiscales y autores de blanqueo de dinero en todo el mundo.

“El punto débil del sistema consiste en que el banco no desempeña el papel de policía ni fiscal, algo que le otorga en buena parte la legislación, sino que es el gestor financiero que atrae a los clientes el garante de la legitimidad del patrimonio, pero ahí surge un conflicto de interés porque el intermediario quiere ganar dinero”, explica Falciani.

Esa categoría de gestor recibe el nombre en inglés de ‘external asset manager’ (EAM) y están sujetos al control la autoridad reguladora FINMA, según el experto David Zollinger.

Como resultado de ese esquema de trabajo financiero, los documentos de CBH muestran memorias internas realizadas por intermediarios como Charles-Henry de Beaumont favorables a varios clientes venezolanos. Este gestor, que llegó a ser uno de los directores de CBH Ginebra, se dedicó entre al menos 2010 y 2013 a captar clientes multimillonarios de mercados emergentes como Venezuela, Brasil y Oriente Medio, según especifica su currículo.

Preguntado por este diario, De Beaumont respondió: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada en CBH”. El intermediario añadió: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban envueltos en hechos ilícitos”.

Entre esos clientes que logró el intermediario francés estaban los propietarios de Derwick Associates: Alejandro Betancourt y Francisco Convit, quienes gestionaban sus cuentas en CBH mediante las sociedades Calandra Business SA y Banstead Assets SA, respectivamente. Ambas fueron registradas en Panamá en otoño de 2012 y disueltas en noviembre de 2015, según la documentación del Registro Público de ese país.

“Han logrado su reputación en el segundo mandato de Chávez durante la crisis eléctrica en Caracas. Mientras que Chávez acusaba a los estadounidenses y a otros imperialistas de haber saboteado el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco importaron enormes generadores que permitieron al presidente restablecer la situación y lavar la cara ante su pueblo”, reza una memoria interna de CBH firmada por De Beaumont en mayo de 2013 en la cual defiende a sus clientes. Chávez había fallecido dos meses antes.

“El Gobierno y PDVSA [la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA] está muy agradecida a sus beneficiarios económicos (…).  PDVSA, que vendió un número de pozos en la cuenca del río Orinoco a grandes empresas del sector del petróleo y el gas, ha permitido a Derwick liderar la explotación de esos pozos para producir más de 100.000 barriles diarios”, continúa leyéndose en ese informe interno de CBH.

Pero en un momento determinado, Betancourt toma medidas para poner a buen recaudo su dinero. En una carta que escribe De Beaumont en octubre de 2013 señala en una misiva dirigida a CBH Bahamas que “debido a los cambios en las leyes suizas y la disminución de la confidencialidad” en el secreto bancario “Mr. Leopoldo Alejandro Betancourt López ha decidido cerrar su cuenta en CBH Suiza para abrir otra en CBH Bahamas”

Es entonces, en octubre de 2013, cuando De Beaumont pide que la cuenta de Calandra Business SA en CBH Ginebra se pase a CBH Bahamas, un paraíso fiscal. Para ofrecer confianza sobre su cliente, el intermediario francés le dice a la destinataria de su carta en Bahamas: “Nos hemos reunido con él en numerosas ocasiones en Venezuela y Europa”.

 “La mayoría de los banqueros te confirmarían que por esa época hubo muchos flujos hacia otras jurisdicciones (hacia países árabes y asiáticos principalmente, pero también hacia Estados Unidos) porque aparentemente se extendió la creencia de que los fondos estarían más protegidos allí”, explica David Zallinger, quien fuera magistrado en el Cantón de Zurich en los años noventa y luego trabajó en la banca privada a comienzos de siglo.

Consultado Betancourt, asegura sobre De Beaumont: “Sé quien es, pero no le conozco en persona”. Añade el mayor accionista de Hawkers: “Mis cuentas nunca han sido cifradas y siempre han sido cuentas en las que el beneficiario ha sido mi persona. Ese cambio de regulación no afectó a mis cuentas. Además nunca he operado con cuentas en Bahamas”.

Alianza con los rusos

Tras el acceso de Derwick a la explotación de recursos petrolíferos venezolanos, los tres socios -Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro José Trebbau- registraron en Barbados en 2011 la firma Derwick Oil and Gas Corporation, un vehículo financiero que les sirvió a su vez para crear una asociación con la firma rusa Gazprombank Global Resources, una filial de Gazprombank.

El resultado de la alianza empresarial dio como resultado Gazprombank Latin America Ventures BV, incorporada en Países Bajos. La jurisdicción fiscal de esta nación permite a empresas que trabajan internacionalmente llegar a acuerdos privados con la Hacienda holandesa para reducir la carga tributaria sobre sus beneficios.

En principio, accedieron a la industria petrolera de Venezuela con concesiones de explotación en el estado de Zulia, noroeste del país. Betancourt niega esa asociación entre las sociedades venezolana y rusa y declina responder sobre cómo consiguió los contratos petroleros en el estado de Zulia.

Las áreas petroleras fueron cedidas por PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal y hasta el pasado diciembre embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Su cargo en Nueva York lo abandonó por petición expresa de Nicolás Maduro tras la detención de diez altos cargos de PDVSA por corrupción. El exdiplomático no ha vuelto por Venezuela de momento.

En noviembre de 2013, Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, tomó los papeles en sus manos antes de comenzar a hablar de forma pausada en la sede principal de la estatal petrolera en Caracas. Presentó a quienes lo acompañaban, Alexander Muravov y Boris Ivanov, ambos vicepresidentes de Gazprombank, institución financiera que financiaba el inicio de las operaciones de Petrozamora, una empresa mixta que hoy tiene como accionistas a la Corporación Venezolana de Petróleo (60%), filial de PDVSA, y Gazprombank Latin America Ventures (40%) de Betancourt, sus socios y Gazprom.

Más allá de las relaciones institucionales, al menos desde 2007, el presidente de Derwick, Betancourt López, tiene contacto directo con los rusos. Según el currículo que entregó De Beaumont a los ejecutivos del banco CBH de Suiza, Betancourt López era representante de Gazprombank en América Latina en 2007.

Las huellas de esa coalición empresarial quedaron también marcadas en la documentación interna de CBH. En una misiva de abril de 2013, firmada por Betancourt, solicita a De Beaumont que transfiera de su cuenta en CBH, a nombre de Calandra Business SA, 12,9 millones de dólares a Gazprombank Latin American Ventures.

El 4 septiembre de 2017 llegaron los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a la sede principal de PDSA Occidente—una de las diez divisiones con las que cuenta la compañía estatal Petróleos de Venezuela--, cerca de 50 empleados estaban reunidos con los altos gerentes de la división.

"Los que vamos a nombrar, pongan sus teléfonos en la mesa y se levantan de sus sillas. Los demás, se van de la sala", dijo uno de los efectivos, según relataron dos fuentes independientes. Llamaron uno a uno a los ocho miembros de la plana mayor de la estatal petrolera en el estado Zulia. Las detenciones de esas ocho personas fueron ordenadas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Las detenciones forman parte de una investigación por sobreprecio y sabotaje en la compra de equipos y materiales para la producción de Petrozamora. De acuerdo con fuentes del sector petrolero, la investigación se inició tras las denuncias de cobro de comisiones y sabotaje realizada por los socios rusos representantes de Gazprombank Latin America Ventures. Entre los detenidos está el exministro de Petróleo. Eulogio del Pino.

Alejandro Betancourt negó a los reporteros toda relación con la supuesta corrupción en el seno de Petrozamora, sociedad participada por su empresa. También declinó contestar sobre sus relaciones con compañías rusas.

Un préstamo dudoso

Los préstamos intragrupo, es decir, entre empresas asociadas, es una práctica común entre firmas internacionales. En muchas ocasiones se realizan para evadir o eludir impuestos o para blanquear capitales, según cuenta un experto financiero de prestigio que prefiere guardar su identidad.

El experto en banca privada David Zollinger apunta a que ese tipo de préstamos se usan habitualmente para “buscar algún tipo ventaja fiscal”

Según la documentación de De Beaumont, en abril de 2013, Derwick Oil & Gas Corporation (Barbados) otorga un préstamo de 35 millones de dólares Gazprombank Latin American Ventures BV. La transferencia desde una cuenta en Bank Julius Baer de Zúrich a otra de Gazprombank en la misma ciudad suiza. El banco intermediario es JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Firman Francisco Convit como representante de la sociedad acreedora y Boris Ivanov como director general de la prestataria.

Otro analista financiero consultado indica que ese es un contrato típico entre partes. Pero le llama la atención que sea Derwick la acreedora, siendo ella accionista del prestatario. “Es francamente muy raro eso. ¿Para qué unos muchachos latinoamericanos le van a prestar 35 millones de dólares a uno de los bancos más grandes del mundo? Aquí debe haber algo más detrás”, comenta.

Otras investigaciones

Al margen de las investigaciones que se llevan a cabo a Derwick y sus directivos en Suiza y Estados Unidos más arriba explicadas, fuentes consultadas hablan de procesos pasados y en marcha.

Desde 2013, un par de demandas civiles fueron interpuestas contra el supuesto enriquecimiento ilícito de Betancourt y los directivos de Derwick por presuntamente haber sobornado a altos funcionarios de Venezuela para conseguir contratos y haber aplicado sobreprecios a los cobros. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York, y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en una instancia judicial de Miami. Ambas acabaron siendo desestimadas por falta de competencia jurisdiccional.

En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados en Venezuela. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por PDVSA, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 concedidos a Derwick, por los que facturó 2.497 millones de dólares y, según sus estimaciones, aplicó un sobreprecio de 1.421 millones.

“Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”, afirma Thor Halvorssen.

Betancourt no desestima que le estén investigando, pero quiere dejar claro que no. “No tengo constancia de ninguna investigación en mi contra ni contra ninguna de mis empresas en España”

Por otro lado, preguntado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre si hay alguna investigación a Derwick en su país, ha preferido guardar silencio. El 11 de diciembre pasado, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas que comparten Derwick y Gazprom en la Torre Kyra de Caracas.

Betancourt niega tajantemente que el objetivo de la inspección policial tuviera relación con las actividades de su compañía.

Alejandro Betancourt es un empresario de éxito, de trato agradable y un bon-vivant. Ha invertido en España en diversas compañías y ha comprado fincas e inmuebles. Desde los balcones de su casa de 453 metros cuadrados en Madrid puede admirar en su plenitud la Puerta de Alcalá, un piso valorado en más de 2,6 millones de euros a precios de mercado de hoy.

Pero España es solo un hito más en la aventura transnacional de Betancourt. Fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio Convit. Esto se pudo saber gracias gracias a Paradise Papers, investigación en la que participó El Confidencial junto a La Sexta en España y que coordinaron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En sus viajes en avión privado ve un paisaje lleno de oportunidades para sus ideas de negocios internacionales. En el medio plazo, las investigaciones en marcha sobre Derwick determinarán la naturaleza de la foto panorámica al alcance de Alejandro Betancourt.

De todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir los "principios de la revolución".

Lejos del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales, tener cuentas en bancos suizos, comprar casa con piscina en Madrid y viajar en jets privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante casi dos décadas de gobierno chavista.

El invisible. "El que nadie lo ve". Así identificó el propio Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002 al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela (hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la campaña electoral que le dio la victoria en 1998.

El mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999); Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).

Pero no por "invisible", Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública, incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un monosílabo.

Así se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una investigación del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Además del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP), a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de EEUU.

Según el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas venezolanos habrían manejado fondos en España "procedentes presuntamente de sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".

Aquella investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de alimentos, construcción y al lobbismo que a la defensa de los valores de "la revolución" que vio nacer.

Con el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de Chávez comenzaron mucho antes.

Cuatro memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza, provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado. Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro. El gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza.

Este perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence” (DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.

El memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera Borjas, propietario de 33 % de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del 65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También, dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el 19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de capitales.

En el CBH describen a Aguilera Borjas como "un cliente de calidad, que no representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales. Aunque el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.

Otro memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas. Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez Parra, con 35%, como "los únicos dos accionistas" de la firma. Ambos son conocidos por la institución "desde hace años" a través del portador Upson Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he visitado muchas veces en Caracas”.

El informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH) y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto Aguilera como Pérez Parra “representan a numerosas sociedades españolas e italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas”. Describe que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades españolas e italianas que la firma representa”.

El documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca. Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como "interlocutores representando a las sociedades italianas y españolas frente a las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas, como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y mantenimiento de las líneas”.

El memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte Terrestre", cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.

El documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su cuenta del CBH "los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del trabajo hecho en Venezuela". Aclara que se trata de "una cuenta de recepción de los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas". Esta información es ratificada en un memo del 07/05/2012.

La empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía de radares, reveló El País de España en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su  cuenta en la  Banca Privada de Andorra, destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó que existe un "presunto acto de corrupción" tomando en cuenta “la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el régimen”, indica el documento citado por el diario español.

La descripción de los documentos del CBH coincide con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015, que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) "CAB (Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en septiembre del mismo año".

Inversiones Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria (registrada en Madrid) y Constructora Girardot 53 (en Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un convenio con cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf, formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones de euros por "asesoría", "apoyo comercial" o "representación", según el informe Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de calidad”, el Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra la prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos presentaban apenas 50% de avance.

Tras una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que "como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

Pérdidas y facturas millonarias

En el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco suizo CBH.

Fue registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones ($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos de agencias y comisiones.

Aguilera Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30% de las acciones.

Entre el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84 veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.

Hasta 2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el 13 de noviembre de ese año

Aguilera, el importador

El mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de "los muchachos del 4 de febrero", "un rebelde", "un alzado" y un "revolucionario", al que ordenaba encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló, Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto dentro como fuera de Venezuela.

No cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en 2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.

Uno de los principales clientes de esta compañía dedicada a "la dotación de insumos y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades institucionales, tanto públicas como privadas", ha sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Netmedical, cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz, en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical, como "antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en lobista".

En el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución médica en el país.

El memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público gracias al "deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados". Una observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en Venezuela.

Netmedical, cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y Asia. Para ello "dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social, Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de Venezuela”.

Agrega que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el número de sociedades de Netmedical le permite"obtener ventajas en los resultados en los concursos públicos venezolanos".

Si bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas, según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.

A pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero domiciliada en Panamá.

Netmedical no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la prensa local entonces.

La importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos y productos farmacéuticos por $31.173.781 entre 2009 y 2013.

Aguilera Borjas no fue accionista desde los comienzos de Netmedical, registrada con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra 25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario con 75% de las acciones.

El capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e higiene doméstica”.

El capitán en Paradise Papers

El excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de 2010 se registró en Barbados como director de la empresa Jetcar V, Inc. con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla del Caribe oriental, esta "compañía internacional de negocios" tiene por objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio internacional.

La existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la industria "offshore". El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200 medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al número 81 está vacío, sin nombre.  

Negocios que tomaron vuelo

Sobre el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una década.

El ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10 viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el Saime.

Saliendo de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces); Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá, Panamá (7 veces).

Después de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril 2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.

Con el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para 2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares.

Ha viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece entre sus destinos en la última década.

Otras empresas “marca CLAB”

Entre los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el gobierno de Chávez.

Pero también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos manejos administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal Venezolana de Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín, muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge) Giordani en una reunión con el Comandante Chávez, y estaba (Henry) Rangel Silva", ex Ministro de Defensa de Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la intentona golpista de 1992.

Lo cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país, constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se ubican en € 28.000 al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la cual fue creada o demuestra poca actividad comercial.

Si bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria - de la cual Aguilera Borjas es su administrador desde el 24/12/2007--no ha presentado el balance general de 2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.

Desde que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid, dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el ejercicio económico de 2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.

El administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la intermediación de otras empresas de su padre en Caracas para obtener los contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el informe del Sepblac de España.

Aguilera Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de "la revolución bolivariana", hiciera su última aparición pública.

El vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton, Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación, administración e incluso entrenamiento de operadores.

En Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21 de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de Beaumont, un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios, exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012, se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones Dirca y la entidad bancaria suiza.

Así como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital. Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Valle Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza, según registran documentos a los que tuvo acceso El País. Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra, según el documento que menciona el diario español.

Otro salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército venezolano.

El 26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones… que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal". En una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no existe ninguna investigación en su contra,  que dejó de ser funcionario público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones bancarias son privadas.

A finales de octubre, a un consultor acostumbrado a rastrear las listas de clientes de los grupos de presión le llamaron poderosamente la atención dos nuevos nombres recién registrados: el de una televisión venezolana, Globovisión, en manos de un empresario cercano al chavismo; y el de la filial de una empresa española que vende lentes de sol por Internet, Hawkers. El consultor resumía su estupor así: “No vas a encontrar a nadie en todo Washington que te pueda explicar eso”.

La idea de contratar los servicios de Ballard no se les ocurrió a los jóvenes emprendedores de Elche que han levantado en tiempo récord la start-up de moda. La estrategia, admiten en Hawkers, proviene del entorno de Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano de 37 años que entró como un vendaval en la alta sociedad española hace poco más de un lustro y cuya fortuna lleva siendo investigada por la justicia estadounidense desde 2014. Su historia ha salpicado durante años las páginas de la prensa venezolana y estadounidense, incluido The Wall Street Journal.

Los creadores de Hawkers lo conocieron a mediados de 2016. Se estaban convirtiendo en los chicos de oro de las start-up españolas y buscaban un socio capitalista a medida. De entre todos los candidatos que se acercaron a ellos, Betancourt era el inversor perfecto. Estaba dispuesto, recuerdan, a meter en torno a 40 millones de euros y gastarlos “en total sintonía con las ideas fundacionales”. Francisco Pérez, fundador y actual director general, dice que el venezolano “fue uno de los pocos ‘players’ que respetaba y le gustaba nuestra cultura y filosofía”.

Como ejemplo, Pérez relata una anécdota reciente. Hawkers acaba de encargar un Tyrannosaurus Rex gigantesco, "igualito al de Parque Jurásico", una mascota que quieren convertir en el símbolo de sus nuevas oficinas de Elche. “Si a cualquier inversor industrial de los que vinieron a vernos le digo que nos queremos gastar decenas de miles de euros en un dinosaurio para ponerlo en la ofi, se piensan que estoy loco. Pero a “Bet” –así le llama–, que es un tío de 37 años, podemos convencerle y acaba más entusiasmado que nosotros”.

Hoy presidente de la sociedad matriz que controla Hawkers (Saldum Ventures SL), Leopoldo Alejandro Betancourt López (Caracas, 1980) no es, efectivamente, un inversor convencional. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando su sociedad Derwick Associates compró en subasta por 24 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada a Gerardo Díaz-Ferrán. El joven empresario, titular de una fortuna inmensa, se hizo pronto famoso por sus fiestas y logró codearse con buena parte del jet-set español, desde los hermanos Cortina a la familia del torero Palomo Linares. A Hawkers llegó de la mano de los cofundadores de Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo.

Por aquel entonces, su nombre llevaba ya un tiempo sonando en Venezuela. Personas cercanas a su entorno explican que es bisnieto de un expresidente venezolano, Hermógenes López, pero se crió en una familia de la alta sociedad caraqueña venida a menos. Su padre es el violinista Leopoldo Betancourt y su madre la diseñadora de joyas Lilia López, relacionada en las páginas cuché al difunto torero Palomo Linares. “Era una familia de dinero, pero no millonarios. Ni siquiera tenían chofer, algo muy común entre la gente con dinero en Caracas, hasta que entró en tratos con el Gobierno”, resumen.

La sociedad alrededor de la cual gravitan sus negocios y el origen de su fortuna, Derwick Associates, está siendo investigada por varias agencias federales en EEUU, según diversas fuentes. En el contexto de varias pesquisas que se están llevando a cabo en ese país, en octubre pasado se desencadenó el arresto en España de cuatro ex-altos funcionarios venezolanos que esperan a ser extraditados a Houston. Aunque pasa mucho tiempo en España (incluso celebró su boda en Madrid), Betancourt sigue manteniendo su residencia fiscal en Venezuela, estrechas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y lleva a cabo fructíferos negocios en asociación con la petrolera rusa Gazprom.

Bolichico Betancourt

Nervis Villalobos Cárdenas, Luis Carlos de León, César Rincón Godoy y Rafael Reiter fueron arrestados a finales de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Un tribunal de la ciudad tejana de Houston los está investigando por supuesto blanqueo de capitales.

Se han vertido ríos de tinta sobre cómo altos funcionarios y ejecutivos cercanos al chavismo se han enriquecido supuestamente de forma ilícita con los negocios de Pdvsa y otras empresas del sector energético venezolano. Han hecho fortuna dos términos para referirse a esos beneficiados de la revolución bolivariana de Hugo Chávez: los “boliburgueses”, que son los representantes del círculo más cercano de la generación del malogrado presidente; y los “bolichicos”, los hijos de los primeros o simplemente personas más jóvenes que están ahora en la treintena. Alejandro Bentacourt es el paradigma del “bolichico”.

Sobre el método que utilizaron para reunir su fortuna no hay tanta información. Es decir, sobre cómo esos “bolichicos” amasaron ingentes cantidades de dinero gracias a supuestos esquemas de corrupción que están siendo investigados a fondo en Estados Unidos por varios órganos federales, según confirman a este diario fuentes cercanas a las diligencias.

Desde 2013, un par de demandas civiles (que no deben confundirse con las investigaciones criminales) han descrito en sus alegaciones esas tramas de supuesto enriquecimiento ilícito de los “bolichicos”. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en uno de Miami. Ambas iban dirigidas contra Betancourt y la sociedad matriz que consiguió los contratos en Venezuela, Derwick Associates, además de contra otras dos personas asociadas a esa empresa con sede en su país de origen y Barbados, su primo Pedro Trebbau López y el ciudadano hispano-venezolano Francisco D’Agostino.

Procesos desestimados

Los dos procesos judiciales fueron desestimados por falta de competencia jurisdiccional, no porque los hechos planteados fueran inciertos. El de Miami, además, está recurrido. Con todo, fuentes cercanas a Betancourt insisten en que las demandas civiles fueron desestimadas, sin que actualmente Betancourt se encuentre vinculado ni directa ni indirectamente a ningún proceso legal en su contra.

El modelo de negocio que describen las demandas era muy sencillo: desde Estados Unidos, los “bolichicos” estarían ofreciendo sobornos de millones de dólares a los altos ejecutivos de las compañías estatales venezolanas para asegurarse la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía. Así, se estarían beneficiando de un “proceso de contratación directa” que les evitaba tener competidores. Una vez que Derwick Associates recibía el dinero de los contratos en cuentas de Nueva York –siempre según las demandas–, lo transferían a los sobornados en bancos de Estados Unidos. Seguidamente, los empresarios subcontrataban a otras compañías para llevar a cabo las obras en Venezuela, ya que sus firmas eran simples intermediarias y no tenían capacidad técnica para llevarlas a término.

Según fuentes cercanas a las investigaciones en marcha, los beneficiarios de este esquema estarían blanqueando el dinero a través de numerosos bancos en Europa y Estados Unidos. En 2016, el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara (destituido por Trump), ya había solicitado a las autoridades suizas información sobre las cuentas relacionadas con esa supuesta trama que estaría esquilmando los recursos de Pdvsa y la sociedad estatal eléctrica Corpoelec. Esas fuentes confirman que el exhorto también afectaba a cuentas relacionadas con Derwick Associates y sus directivos. Menciones a dicha investigación han aparecido en los últimos meses en publicaciones como Wall Street Journal y, con más detalle, en la bitácora del periodista y activista Alek Boyd, quien asegura estar sufriendo una campaña de acoso contra su persona desde que empezó a investigar el caso.

Expertos independientes han denunciado el esquema de sobreprecios pagados por las compañías estatales. En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético, José. G. Aguilar, publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados. En apenas 14 meses entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por Pdvsa, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 que fueron concedidos inicialmente por 2.873 millones de dólares, pero que finalmente Derwick facturó por 5.044 millones, según sus estimaciones. El sobreprecio fue, por tanto, de más de 2.000 millones de dólares.

“No hay ni una sola sombra de duda de que el esquema de malversación de fondos y sobornos denunciado en mi demanda es cierto”, afirma Halvorssen a El Confidencial. Y añade la persona que demandó en Miami a Derwick: “Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt y D’Agostino en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”.

Una fuente cercana a las pesquisas que se siguen en Estados Unidos subraya que “es un hecho que hay investigaciones en marcha (sobre Betancourt). Las agencias federales son muy rigurosas porque no quieren perder ningún caso en sede judicial y se toman su tiempo para verificar la información pero están en ello”. Desde el entorno de Betancourt, sin embargo, lo niegan rotundamente.

Sobre el proceso que ha provocado las recientes detenciones en España de “bolichicos”, Halvorssen afirma que “la investigación de Houston está relacionada con Betancourt, por supuesto. Los que están bajo arresto en España, como Nervis Villalobos, fueron sobornados por Convit (su socio). Sin duda alguna, Convit sobornó a Villalobos personalmente. Y eso me consta porque he visto la prueba documental”.

Francisco Antonio Convit es codirector junto al presidente de Hawkers de al menos dos sociedades en Barbados, Derwick Oil and Gas Corporation y Diamanven Corp., según se ha podido saber gracias a Paradise Papers, trabajo en la que ha participado El Confidencial junto a La Sexta en España y que ha coordinado Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por su lado, Nervis Villalobos fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y viceministro de Energía Eléctrica entre 2001 y2006.

Hawkers en la Casa Blanca

El director general de Hawkers, Francisco Pérez, rehúye comentar el pasado de Betancourt y la procedencia de su dinero. Insiste en que se trata de "un asunto privado del que no sabemos nada y que no tiene nada que ver con Hawkers". Remite a sus asesores: Arcano (fiscalidad) y RCD (servicios legales). "Nos aseguraron que (la inversión) era una operación segura y limpia”.

Como inversor, abunda Pérez, el venezolano es una bendición que les ha permitido profesionalizar su negocio, expandirlo internacionalmente, incrementar la gama de productos en venta y fichar a perfiles técnicos de multinacionales como Twitter, Amazon o Apple. Además, Betancourt está muy implicado en la marcha de la multinacional nacida en Elche: “Es el presidente de la compañía, hablamos todos los días y está de manera activa con nosotros”.

Desde su entrada estelar mediante la ronda de inversión, Betancourt ha ido ganando peso dentro de la empresa. Y algunas decisiones, como el contrato firmado con el lobby de Ballard que se mencionaba al principio, parece haberlas tomado al margen de los fundadores de la compañía. Una fuente cercana a Ballard confirma que “no hay ninguna razón lógica para que una compañía española que vende lentes de sol por Internet necesite los servicios de un poderoso lobby en Washington”.

Entonces, ¿qué está pagando en Hawkers? Según la misma fuente, “muchos boliburgueses y bolichicos trabajan estrechamente con el gobierno de Maduro para asegurar que no se impongan más sanciones a Venezuela. Si rascas un poco, es evidente que esa podría ser la razón por la que Betancourt ha contratado a Ballard. Curiosamente, hay otra empresa que desentona en el listado de clientes y es precisamente Globovisión, la televisión propiedad de Raúl Gorrín, otro de los aliados clave de Maduro”.

Podría haber otra razón más para pagar por susurrar al oído de la Casa Blanca: entre los asesores más prestigiosos del lobby se encuentra nada menos que el embajador Otto Reich, quien durante años fue uno de los peores enemigos de Derwick y de Betancourt.

Preguntados al respecto por El Confidencial en el transcurso de una entrevista, desde Hawkers ofrecieron sucesivas versiones para explicar la presencia de la empresa en la lista de clientes de Ballard. “Estábamos al tanto del registro en el lobby, pero esto toca a Hawkers colateralmente porque ese movimiento está relacionado con la expansión de los negocios de Betancourt en Estados Unidos. Utiliza Hawkers USA como un vehículo porque era una sociedad ya establecida y era más cómodo. Pero está en el proceso de cambio de denominación social”, explicó su abogado, Eduardo Nebot.

Horas después, cambiaron la versión. Se trata, corrigieron, de un contrato de prueba de tres meses “por prestación de servicios de consultoría”, una decisión que sí tiene que ver con la expansión de Hawkers en EEUU. “Lo que se ha firmado con Ballard es un contrato de asesoría con objetivos estratégicos (mercado, financiación, posicionamiento de marca), para la expansión de Hawkers en el mercado de USA. Se trata de un contrato de tres meses de prueba para prestación de servicios de consultoría”, detalla la empresa.

"Dicen que somos una empresa de moda, de tecnología, que parecemos incluso una agencia de creatividad, pero en realidad, Hawkers es una empresa de innovación donde nos estamos especializando en reinventarnos. Las lentes en Hawkers son el vehículo que materializa nuestro propósito", apuntilla Pérez.

El montante del contrato no será público hasta que no se hagan públicos los datos al final del trimestre. Globovisión, por ejemplo, se gasta 150.000 dólares trimestrales desde que efectuó el registro el verano pasado.

Otros negocios

Ante las crecientes trabas que tribunales y autoridades federales estadounidenses han ido poniendo al dinero extraído de Venezuela durante el chavismo, España (y en particular Madrid) se ha convertido en uno de los principales destinos de sus enormes fortunas. Betancourt, y su entorno, no son una excepción. Además de Hawkers y de la finca del castillo del Alamín, adquirió otras viviendas e inmuebles en Madrid a través de Guanabana Real State SL y compró en 2014 el 30 por ciento de la empresa vasca Zigor Corporación SA. Esta última está dedicada a la fabricación de tecnología eléctrica y electrónica y su participación fue obtenida a través de su sociedad de Barbados ZGR International. En estos proyectos casi siempre le acompaña su primo Pedro Trebbau López, quien es, por ejemplo, presidente de la firma vasca.

Betancourt es también uno de los principales accionistas del holding luxemburgués BDK Financial Group, que desde 2015 se está expandiendo en el sector bancario del África francófona por países como Senegal, Mali y Costa de Marfil, entre otros. Como compañeros de viaje tiene a empresarios y ejecutivos como “Los Albertos” –Alberto Cortina y Alberto Alcocer–, César Álvarez (El Corte Inglés) o Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander y actual presidente de BDK Financial Group.

El venezolano parece abrir muchas puertas a quienes se sitúan en su entorno. Ahí está José Ramón Blanco Balín, ex-vicepresidente de Repsol, imputado en varias piezas de la trama Gürtel como “blanqueador” de Correa y persona muy cercana a Betancourt en Madrid. El pasado 10 de julio consiguió una autorización del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para explotar parte del yacimiento conocido como Faja Petrolífera del Orinoco junto con una filial de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con Petrosur S.A.

Pero España es solo un hito más en la aventura transnacional de Betancourt. Fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio Convit. Una de esas compañías, Derwick Oil & Gas Corp., mantiene relaciones comerciales con la petrolera Gazprom, que a través de la sociedad holandesa Gazprombank Latin America Ventures B.V. lleva a cabo proyectos en el sector energético venezolano.

Además de ser propietario de varios inmuebles en Nueva York y Miami, es accionista y miembro de la junta directiva de la petrolera de origen canadiense Pacific Energy and Exploration Corp., que desarrolla proyectos en varios países latinoamericanos. El fondo de inversión O’Hara Administration, del que es parte Betancourt, compró en 2015 un 19,5 por ciento de la petrolera.

Pablo Sánchez, cofundador de Hawkers, la marca de lentes de sol que patrocina a Los Angeles Lakers, se refiere a Betancourt como “el inversor que pone la gasolina al proyecto”. El “bolichico” dota de combustible a Hawkers y a otros muchos proyectos.