Su negocio con el gobierno de Nicolás Maduro fue convenido a espaldas de la Asamblea Nacional, el opositor Poder Legislativo de Venezuela. Se aprobó mediante el decreto presidencial número 3.598 difundido en la Gaceta Oficial 41.472, de fecha 31 de agosto, que estaba acompañado de otras dos disposiciones del Ejecutivo, numeradas como 3.597 y 3.599, que declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autorizan la creación de otra compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat llamada Carbones Turquía-Venezuela, respectivamente.

Las empresas privadas extranjeras ostentan 45% de las recién fundadas binacionales, mientras que el Estado venezolano maneja 55% administrado por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Así, Tareck El Aissami, el titular de ese ministerio, se convierte en la contraparte venezolana de Antonelli y de la italiana Patrizia Fiore, directora de Glenmore Proje Insaat ante los registros mercantiles de Estambul.

Ninguna de las compañías y socios a las que el Gobierno de Venezuela otorgó poder sobre las estatales mineras es reconocida. Ni siquiera figuraban en algún negocio varado en alguna otra parte del mundo, aunque los hilos que tejen sus redes se encuentren dispersos en otras latitudes. Las corporaciones Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 por directores diferentes en Estambul, pero ambas señalan la misma dirección fiscal. No es casual. Las sociedades también tienen sus espejos en el Reino Unido con un mismo beneficiario: Lorenzo Antonelli. Todos los caminos conducen a él.

El empresario estrella en el acuerdo con Venezuela es el principal accionista de Marilyns Capital Limited y de Glenmore Solutions Limited, ambas con la misma dirección en Londres, y también las socias de sus firmas homónimas en Turquía. Pero aún más lejos, el hombre apunta su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.

El oro y el carbón de Venezuela está en sus manos. Al menos, una buena parte a pesar de que Glenmore Solutions Limited había sido manejada antes por otra directiva envuelta precisamente en casos de corrupción de España y Brasil. Se trata de la panameña Lilia Judith Tovar de León que estuvo como directora hasta 2014. Un año después figuró como posible testaferro en las investigaciones de la justicia española contra Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía de España, por blanqueo de dinero. Fue directora de sociedades relacionadas con los sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente de Coast Helicopter Inc, y otras usadas por ocho familiares de la princesa de Parma María Cristina de Borbón para repartir su herencia sin tener que declarar impuestos, según investigaciones periodísticas de los llamados Papeles de la Castellana elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal y publicada el 7 de junio de 2016.

Tovar encabeza las juntas directivas de decenas de compañías, varias radicadas en Reino Unido y Panamá, y también como cliente del bufete Mossack Fonseca con una sociedad, Oxalia Management, creada en Malta en 2013. En este entramado destaca el exgerente de Marilyns Capital Limited, Bunyamin Altun, oriundo de Turquía y residenciado en los Emiratos Árabes Unidos, porque su nombre se halla en la base de datos de los conocidos Paradise Papers por dirigir Parakon Holdings Limited, establecida también en Malta desde 2011. Esos antecedentes y ligeros nexos entre empresarios no generaron desconfianza en el Gobierno venezolano al momento de consignar socios para las joyas mineras del país, Carbozulia y Minerven.

El impotente motor minero

Los principales aliados históricos del chavismo en los negocios son los chinos, los rusos y recientemente los turcos. A mediados de este mes, Maduro improvisó una gira por China y Turquía para establecer nuevos acuerdos de los que no se conocieron detalles. Del viaje solo fue polémica su paso por el lujoso restaurante del chef Nusret Gokce, viralmente conocido como Salt Bae, en Estambul. Pero más allá de la cena, en Turquía se cocinan otros platos fuertes.

Víctor Cano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, declaró a la agencia de noticias Reuters, el pasado 19 de julio, que el Banco Central de Venezuela optó por exportar y refinar oro en Turquía y no en Suiza producto de la “preocupación” por las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos.

El intercambio comercial ha sufrido algunas modificaciones en la última década. Maduro ha retornado a negocios que parecieran distar de los lineamientos del fallecido presidente Hugo Chávez que hace siete años había aprobado un decreto-ley que reservaba al Estado venezolano la exploración y explotación del oro en el país o que en 2007 se opuso a la explotación carbonífera en la Guajira por los daños ambientales. Su maniobra sucede en medio del ocaso de Petróleos de Venezuela, una crisis económica sin precedentes en el país, el aumento de las sanciones internacionales y varios escándalos de corrupción.  

El derrumbe de Carbozulia y Minerven no es menos notorio. El 26 de agosto, Maduro ordenó una reestructuración de la aurífera con la intención de depurar “vicios internos”. Dos meses antes habían sido detenidos el vicepresidente de esa empresa, Doarwin Alan Evans, y otras seis personas por presunto contrabando de oro, mientras la Fiscalía venezolana solicitó la captura de 28 más.

La carbonífera, entretanto, considerada la cenicienta de la minería, tiene un historial de infortunios. La empresa ha sido administrada por Petróleos de Venezuela, la Corporación del Estado de Zulia, el Ministerio para el Desarrollo Ecológico y ahora el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ningún ente ha logrado salvarla de su mengua. Aunque el Gobierno había anunciado su reimpulso como una estrategia para potenciar al “motor” minero, hasta ahora el pacto no ha tenido mayores beneficios para la estatal occidental. Al contrario, su producción fue de 650.000 toneladas en 2017, pese al millonario desembolso.

Según un informe de gestión del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, entre la producción de Carbozulia y de Carbosuroeste (30.000 toneladas) se generaron 48.960.000 de dólares americanos ese año. La explotación carbonífera tampoco parecía prosperar en 2018. Félix Merchán, presidente del sindicato de la compañía, declaró al diario regional La Verdad, según una nota publicada el 22 de junio de 2018, que hasta junio solo se había producido unas 90 mil de las 8 millones toneladas métricas que se solían extraer al año. Su denuncia se hacía en medio de una acalorada protesta de los trabajadores de esa empresa por un aumento de los salarios y la reactivación de las minas occidentales. Entonces, muchos empleados cargaban con pancartas en las que se leía “basta de corrupción y miseria” y “Víctor Cano, persona no grata en Zulia”.

Meses antes de que Carbones del Zulia se fusionara con la empresa turca, Glenmore Proje Insaat, había firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con las sociedades Inter American Coal, China CAMC Engineering CO LTD y Yang Guang Group para restaurar la producción de minas. Fue bendecido por Maduro, Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, en ese momento ministro para el Desarrollo Ecológico, y el propio Cano que se desempeñaba como viceministro de para Exploración e Inversión Ecominera y que sería declarado persona no grata en la región occidental. De aquel pacto se extendió un secreto a voces: ninguna clausulas beneficiaba al país.

Los que hojearon el documento coinciden en que se pierde el control de los yacimientos occidentales. “Se crea un comité de inversionistas que decide con tres votos, quedando prácticamente fuera del juego la empresa del Estado”, dice un exfuncionario del Ministerio para el Desarrollo Ecológico. Agrega que a las compañías extranjeras también se les facultó para crear un plan de explotación, capaz de ejecutar y diseñar a su criterio; estar a cargo del manejo y la comercialización de las minas activas Norte y Paso Diablo, en Zulia, durante 10 años; mientras que la estatal sí asumía las responsabilidades ambientales, gastos laborales, operativos y se despoja de la inversión social en las zonas explotadas.

En un comunicado anónimo difundido en julio se detalla que la empresa colombo-holandesa Inter American Coal se quedaría con 10% de las ganancias por cada buque de carbón como “contraprestación” o pago a la inversión. “Se necesita que el fiscal Tarek William Saab investigue estos contratos y el manejo de estos dólares y bolívares. (…) Investiguen los nexos de Interamerican Coal (…) que son bastante interesantes”, pedía el escrito. Justo el día que se divulgó la denuncia, Tania Ríos, presidenta de Carbozulia, se separó de su cargo.

Ríos fue contactada por ArmandoInfo, pero no quiso ofrecer su versión. Dos fuentes coinciden en que el “verdadero” negocio no está en la explotación carbonífera, sino en un entramado de operaciones financieras que involucran a Carbozulia Internacional, registrada en Panamá, y otras empresas. Acotan que la ruta del dinero comenzaría con operaciones swap entre BOI Bank de Antigua, el Banco Occidental de Descuento y la compañía de corretaje de valores Plus Capital Market, también registrada en Panamá. Ambas entidades bancarias son propiedad de Víctor Vargas, uno de los banqueros más consentidos por el Estado venezolano.

El interés de empresas foráneas en el carbón mineral venezolano es que es calificado de alta calidad por los mercados internacionales. No es como el extraído en otras zonas del Caribe, sino que se trata de un carbón bajo en azufre, cenizas y con alto poder calorífico. Un tesoro sobre el que aterriza Turquía sobre dos empresas en las que se estrena un empresario de tan solo 25 años.

“Yo no tengo nada que ver con Odebrecht”, advierte por si acaso. “Nunca supe que esa persona tenía relación con Odebrecht, si lo hubiera sabido les hubiera dicho que me financiaran un libro de obras de arte como le financiaron a otra galería”.

Más allá de la salida humorística, Freites reconoce las transferencias. Pero asegura que se trataba de la forma de pago que empleó uno de sus clientes: el abogado venezolano Héctor Dáger, el mismo comisionista que primero fue señalado en Brasil como un intermediario del gobierno venezolano y del que ahora se sabe que llegó a compartir cuentas bancarias con el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, quien en diciembre de 2016 lo delató en las interpelaciones del caso Lava Jato.

En total, Dáger aparece vinculado al flujo de 235 millones de dólares que la Fiscalía suiza atribuye a la trama de Odebrecht en Venezuela. Las alarmas se encendieron cuando le encontraron en cuentas bancarias de ese país unos 49 millones que había recibido de Innovation Research Engineering and Development y algunas otras de las fachadas ya conocidas del gigante de la construcción brasileña para hacer circular sus pagos irregulares.

Pero, luego de ese hallazgo inicial, las autoridades suizas repararon en un caudal aún más grueso, que había desembocado en las cuentas del mismo Dáger desde el Consorcio OIV, una trinidad de empresas que, junto a Odebrecht la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler, se constituyó en junio de 2005 para levantar en el estado de Bolívar, en la Guayana venezolana, la tantas veces prometida y todavía inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma.

“Además de los ingresos directa o indirectamente del grupo Odebrecht en cuentas atribuibles a Dáger, constan otros ingresos que podrían ser de interés”, advirtió la fiscal Dounia Rizzonico en un documento con fecha del 10 de noviembre de 2017, que envió desde Suiza a la Fiscalía General de la República de Venezuela con el código SV.17.0220-REZ. “Se registraron cerca de 180 millones USD entre 2010 y 2015, provenientes de una cuenta del Consorcio OIV-Tocoma en el banco Banesco, Panamá, con la referencia de ‘purchase material’ [materiales de compra]”.

La Fiscalía suiza alcanzó a congelar casi 90 millones de dólares represados en cuatro de las trece cuentas bancarias a nombre de empresas controladas por Dáger: BMS Investment, Kenvest Corp, Ocean Business Ltd y Alquimia Holdings. Pero el resto del dinero siguió de largo. Verbigracia, 1,3 millones que terminaron en la sociedad M&L Art Corporation, cuyo receptor es el venezolano Alejandro Freites, dueño de la Galería Freites. Interpelado al respecto, el marchante asegura que la transacción no esconde mayor misterio que la venta a Dáger de unas obras de arte cuyos detalles prefiere reservarse. Además, se muestra sorprendido: nunca imaginó que en Suiza terminaran por relacionarlo con uno de los mayores casos de corrupción que se han visto en toda América latina.  

Pero tampoco sospechó, dice, de otro millón de dólares que recibió ya no directamente de Dáger, uno de los clientes de su galería, sino de la ya mencionada empresa-fachada de Odebrecht, Innovation Research Engineering and Development, que entre 2012 y 2014 había remitido 14 millones a Dáger desde el Meinl Bank de Antigua, el banco que compró e hizo Odebrecht a su medida en la isla caribeña de Antigua.

Fueron dos transacciones que abonaron a Freites en una empresa offshore, que compartía con su esposa e hija en las Islas Vírgenes Británicas con el nombre de Maambe Corporation, y desde la que sólo asegura haber vendido varias obras de arte que envió a Miami Beach, Florida. No más que eso; en la entrevista prefiere guardar los detalles por respeto a sus clientes.

Empeño suizo

La Fiscalía General de Venezuela no se ha referido ni a este aspecto particular ni, en general, al entramado de aportes y pagos irregulares construido por Odebrecht y otras empresas brasileñas de ingeniería civil en Venezuela.  Ahora que de a cuentagotas empiezan a aparecer varias piezas del rompecabezas de Odebrecht en Venezuela, en el despacho del fiscal oficialista, Tarek William Saab, ignoran el caso mientras su archirrival, la fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, conseguía esta semana del llamado Tribunal Supremo en el exilio una condena de 18 años de prisión contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.

Saab descartó hace un año abrir una investigación contra Maduro. "No vamos a trabajar en función de especulaciones", resolvió en agosto de 2017 recién llegado a la Fiscalía. Ahora ni siquiera menciona al caso. En su despacho quedaron en dar una respuesta cuando esta semana se les formalizó una solicitud de información sobre el caso de Odebrecht, respuesta que nunca llegó.

En Suiza, donde yacen aún numerosas pistas sobre el tema, las autoridades de la fiscalía continuaron con las diligencias investigativas. Allí guardan trazas sobre una decena de contratistas y subcontratistas venezolanas, principalmente relacionadas con la represa de Tocoma, que recibieron pagos de Odebrecht, bien a través de Dáger o por los canales paralelos con empresas offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas, como llamó eufemísticamente Odebrecht a su gerencia de pagos de sobornos.

En esa lista figura, entre otros, el nombre de Manuel José Salazar Bianchi, el vicepresidente de la contratista del gobierno venezolano, Constructora Servisaga, quien recibió 3 millones de dólares a cargo de la firma Yellow Sun Group Corp.

También los venezolanos Alan Jesús Rodríguez González y Luis Ramón Serrano, cada uno con más de seis millones de dólares que les abonó Dáger a nombre de las empresas M.L. Intelligence y Gambrel Group, respectivamente. También 4,4 millones para Energy Consultancy Ventures, cuyo dueño es el abogado Freddy Manuel Díaz, secretario general del equipo de básquet Gigantes de Guayana y, en el pasado, parte de la junta directiva de la Liga Profesional de Baloncesto.

Dáger, por su parte, en ese tinglado de transferencias, recibió abonos del ex presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción entre 2002 y 2004, Juan Francisco Clérico, quien ha sido la cabeza de la empresa Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, C.A, la tradicional empresa familiar Vinccler, una de las más importantes en Venezuela en proyectos de infraestructura. Vinccler acompañó a Odebrecht en la inconclusa hidroeléctrica de Tocoma y participó también en proyectos de construcción de líneas del metro, suscritos por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), el general Gustavo González López, cuando era presidente del Metro de Caracas y de Los Teques.

Destacan de igual forma 2,2 millones de dólares que Odebrecht depositó en el Credit Suisse a la empresa Rote Energie de Joan Manuel Fereira Rosillo, un contratista en el estado de Zulia (extremo noroccidental de Venezuela), que ha trabajado para la petrolera estatal Pdvsa y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco. Fereira, en cualquier caso, es mucho más recordado por haber sido parte de la estafa millonaria que entre, 2003 y 2005, fue conocida en la región como La Vuelta, por la que fue procesado.

Aunque se buscó la versión de todos los involucrados, prefirieron optar por el bajo perfil y declinar la oportunidad de publicar sus declaraciones. Varios, sin embargo, reconocieron las transferencias desde las firmas vinculadas a la caja dos de Odebrecht, pero al mismo tiempo insistieron en que tenían contratos, facturas y todo en regla para justificar los pagos detectados en Suiza.

Hace días que Marlon Fuentes, un colombiano detenido en Caracas en 2016, siente curiosidad por ojear la novela El Proceso, el clásico de Franz Kafka. Le han dicho que su historia y la de los 57 hombres y una mujer que le acompañan son parecidas a la de Josef K, el personaje principal. Encerrados en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en La Yaguara, en la capital venezolana, no saben de qué se le acusa y a pesar de tener una orden de liberación –emitida en noviembre de 2017– siguen arrestados.  

Todos son colombianos indocumentados en Venezuela y fueron detenidos después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la captura de un grupo de paramilitares que habrían acampado a 500 metros del Palacio de Miraflores para atentar contra el Gobierno de Venezuela. Fue en vísperas de la movilización opositora bautizada como La Toma de Caracas, el 1 de septiembre de 2016, cuando el mandatario anunció la proeza.

“Están los vídeos. Le he dicho al ministro (para la Comunicación e Información) Luis José Marcano, que preparemos una recopilación de lo que dijeron y de lo hicieron, para que ustedes vean que amenazaron que iba asaltar Caracas, que iban por mí a Miraflores y que el 1° de septiembre se acababa todo, pero no, no se ha acabado nada, ha empezado algo nuevo, la contraofensiva popular revolucionaria de calle”, aseguró el mandatario venezolano. 

Pero no hubo nombres ni testimonios, mucho menos confesiones. Ni entonces, ni nunca. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mostró un fúsil con mira telescópica y otras armas de fuego, mapas con rutas imaginarias y fotos de dos campamentos vacíos, desmantelados. En uno de estos, localizado en la zona caraqueña de Manicomio, supuestamente fueron atrapados los 92 “mercenarios” que atentarían contra el Gobierno. Tampoco hubo alguna imagen de aquella captura colectiva, el fin de aquella “conspiración” solo contó con el megáfono presidencial.

Los testimonios de estos colombianos aclaran que fueron arrestados entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2016, no en un solo operativo cerca del palacio de gobierno -como dijo la versión oficial- sino en unas redadas dispersas en varios puntos de Caracas en las que se les retuvo por no contar con los papeles de migración en regla.

Primero fueron recluidos en la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (Caracas), luego trasladados a la sede del mismo cuerpo policial en el estado de Táchira (en los Andes venezolanos), desde donde serían deportados a Colombia por indocumentados, pero los regresaron sin mayor explicación a la antigua Escuela Vial de la Policía Nacional en La Yaguara, en Caracas. O mejor dicho, el limbo. Poco a poco se fueron enterando que su encierro era por formar parte de una conspiración contra el gobierno.

Hasta estas detenciones, Maduro había denunciado 21 planes de derrocamiento desde que asumió la Presidencia en 2013.  Al momento en que el mandatario anunció la frustración del supuesto plan, Fuentes –nacido en 1982, en Barranquilla– llevaba siete años en Caracas trabajando como zapatero en su casa. El día de su arresto, el 2 de septiembre, fue bajado de un autobús por oficiales de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB en el barrio de Petare. Fue detenido por no contar con una cédula de identidad certificada en Venezuela.

Los hermanos Ever y Deivis Julio –procedentes de Sincelejo– recuerdan que salían de una venta de plátanos en Petare cuando fueron detenidos por la PNB. “Les entregamos documentos colombianos y pasaportes fronterizos, pero nos llevaron a la comisaría y dijeron que sería un chequeo de rutina. Después nos comunicaron que seríamos deportados y finalmente nos mantienen arrestados sin haber cometido algún crimen”, relata Ever.

Para amasar una cantidad notable de “paramilitares” las autoridades venezolanas reclutaron colombianos de cualquier rincón posible. José Moreno e Israel Cáceres, de 60 y 45 años de edad, respectivamente, estaban a punto de ser liberados de las cárceles donde cumplían condenas por otros delitos cuando fueron llevados al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) para efectuar trámites legales antes de salir a la calle. Pero en vez de ser liberados fueron trasladados junto al resto de sus conciudadanos para ser señalados de conspiradores.  “Yo había entrado a la cárcel de Sabaneta en Maracaibo (estado Zulia) por homicidio en 2009 y luego fui trasladado a Barquisimeto (estado Lara). El 5 de septiembre sería puesto en libertad, pero volví a caer en otra celda y con otra acusación”, dice Moreno.

Cáceres, nacido en Santander, había llegado a Guarenas, en el estado Miranda, hace 22 años para dedicarse a la agricultura. Fue arrestado por deforestación ambiental. Por el delito había pasado una década en cinco cárceles de Venezuela: Rodeo I, Rodeo II, Yare II, Uribana y El Dorado. El 5 de septiembre de 2016 iba a ser trasladado por la policía para su país, pero su rumbo cambió y fue acusado de conspirador.

Las historias se repiten hasta completar los 92 colombianos que de un día para otro pasaron de ser indocumentados a ser los “desestabilizadores” de turno de la “revolución bolivariana”.

 En el sinsentido de su prisión muchos se han quedado solos. La mayoría de sus familias regresaron a Colombia empujadas por la crisis económica de Venezuela y los parientes que todavía siguen en el país dicen estar preocupados por las condiciones de vida de sus familiares presos. Luis Alberto, padre de tres hijos, no ha podido cumplir su tratamiento médico en la cárcel. “Mi casa quedó abandonada. Toda mi familia se fue a Colombia. Yo estoy padeciendo con mi enfermedad. No hay nadie que nos defienda. Somos personas de a pie. Me capturaron haciendo mi trabajo de mecánico”, recuerda.    

En el reclusorio todos refieren la historia de José de los Santos Belmonte, uno de los colombianos encarcelados que, según versiones de sus compañeros, murió en la cárcel de Táchira producto de que un insecto entró en su oído. Ninguno ha sido exonerado fácilmente de la pena, pese a que tienen orden de liberación. Los que han salido del cautiverio es por fuga, en su mayoría, quedando los 59 que hoy siguen tras las rejas.

Por su liberación ha pedido el gobierno de Juan Manuel Santos, con más fuerza en los úiltimos meses. El 11 de febrero de este año la Cancillería colombiana informó en un comunicado que en 24 reuniones bilaterales conversó sobre el asunto con las autoridades venezolanas, además de enviar 40 notas oficiales para exigir la libertad del grupo.   Este mensaje ocurre después de que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticara al Gobierno de Colombia por no haber actuado enérgicamente desde septiembre de 2016 para exigir la repatriación de estas personas. “Lamentamos profundamente que, a pesar de la gravedad de la situación, no parece haber priorizado adoptar medidas para lograr la liberación de sus connacionales”, reza una carta del organismo internacional.

Muchos de los prisioneros indican que el verdadero motivo de su cautiverio es no dejar en evidencia que Maduro cometió un error al detenerlos, que lo suyo fue “un falso positivo” y que, más allá de la decisión de los tribunales, dependen de una orden presidencial para volver a ser libres. “El oficial (Alfredo Pérez) Ampueda (jefe de la PNB) no ha podido soltarnos porque no se ha autorizado desde Miraflores”, asevera uno de los reclusos. 

“¡A donde me decían que había un muerto, yo iba! No hay sitio adonde no haya ido. Hasta he querido llegar a Las Rocas, pero es muy profundo y nadie me acompañaría. Quisiera revolver entre las piedras, tal vez él esté ahí”, afirma la mujer. Las Rocas, en la vía a la montañosa localidad de Zea de Mérida, es conocida como una zona de descarga de cadáveres. Es un sitio solitario, a veces cubierto por una delicada neblina, un hondo precipicio. Hasta ahí no han alcanzado a buscar a los cuatro desaparecidos. Las oficinas del CONAS, del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Fiscalía de Mérida y de la Fiscalía de Caracas, de la Defensoría del Pueblo y de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sí han sido visitadas por los familiares de los jóvenes en búsqueda de algún rastro.

Rigoberto Lobo Puentes, director general de la asociación civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM), ha seguido el caso desde el principio.  “En el caso de Cenis y sus compañeros es una desaparición forzada porque hubo un arresto. Aquí no discutimos si fue legal o no porque tampoco sabemos nada de las personas ni de los expedientes. En teoría, no hubo la detención o, por lo menos, eso alega el Gobierno… Esto solo termina una vez aparece la persona viva o muerta, pero hasta ahora no ha sucedido ninguno de los dos escenarios”, asegura.

Los doce misteriosos

Una docena de personas son señaladas como los responsables de la desaparición de Carrero, Mora, Aguilar y Vivas en julio de 2015. De ninguno se conoce la identidad, solo son reconocidos por descripciones y porque ocho son identificados por testigos como funcionarios del CONAS.

Del misterioso grupo cuatro tenían franelas blancas, carnets colgados y volteados, y tres de ellos pantalones negros y uno un blue jean. Solo uno abrazaba una FAL sobre su pecho, mientras los otros asomaban sus pistolas. Uno de los hombres tenía una gorra, puesta hacia atrás, que tenía un distintivo de unas alas de águilas y en el centro de estas un círculo.  Todos abordaron a los ahora desaparecidos.     

De ahí comenzó una búsqueda a tientas de los familiares de los cuatro hombres en Mérida. “Fuimos a las morgues, las comandancias de policías, los hospitales. Por esos días hallaron a varios muchachos muertos por balas, pero no eran ellos. Comencé mis indagaciones propias, en las calles, y siempre sentía que me obstaculizaban algo”, apunta la madre de Carrero.

El delito sería incuestionable de probarse que los captores de los jóvenes eran funcionarios del CONAS. “Una desaparición forzada es cuando una persona es arrestada o tomada por alguna fuerza de orden público y no se sabe su paradero. Pueden ser por horas o períodos más largos. Generalmente, estas vienen precedidas por una detención arbitraria, pero también puede estar fundamentada en una causa o justificación. Sin embargo, si no se sabe dónde está la persona se configura como una desaparición forzada”, explica Lobo.

Gritos de tortura, silencio verdeoliva

Solo algunas pistas han podido obtener Josefa y los defensores del caso de su hijo, aunque ninguna explicación de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía Décima Tercera del Estado de Mérida envió comunicados para solicitar colaboración e información al comandante de la Guardia Nacional de El Vigía, al director de la Dirección de Transporte Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana de El Vigía, a los jefes de las subdelegaciones de Caja Seca y de El Vigía del CICPC, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero de Mérida, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Santa Elena de Arenales del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo de Mérida, al supervisor agregado Ramón Mercado (jefe de la Coordinación de Investigaciones y Procesamiento Policial de El Vigía) y a Yajaira María Aguilar Barrasa. Esta última es hermana de John, uno de los desaparecidos.

Otra mujer sería clave en las investigaciones. Según versiones de testigos, Nereida Puente Pulido, una enfermera, sería la dueña del automóvil y habría estado presente cuando los cuatro jóvenes fueron aprehendidos. Pero una vez que comenzaron las averiguaciones su paradero fue otro misterio. Algunos vecinos especulan que emigró, otros creen que se mudó a un mejor barrio y el resto simplemente prefiere callar. Ella no fue arrestada durante la captura de los jóvenes.  Josefa Carrero, la única de los familiares que ha decidido continuar con las denuncias del caso, la responsabiliza por lo ocurrido.

En 2016, la Fiscalía Décimo Tercera de Mérida abrió una investigación por el delito de desaparición forzada, pero todavía no concluye las averiguaciones.  Los primeros hallazgos son testimonios que coinciden como piezas de un rompecabezas. Se trata de versiones de vecinos, conocidos y un prisionero apodado “Caracas” que, según relata la madre de Carrero, habría visto a su hijo y los otros tres hombres en un centro de reclusión del CONAS. Incluso afirmó que escuchó cómo los torturaron oficiales de seguridad. 

“Caracas” venció el miedo y rindió testimonio el 3 de mayo de 2016 –se omite el nombre por protección– a través de una llamada telefónica hecha por fiscales. En el expediente numerado 14-F13-1693-2016 de la Fiscalía del Estado de Mérida, el que contiene la causa del hijo de Carrero y sus tres compañeros, aparece su declaración: “Fue en la noche, estando detenido con aproximadamente 25 personas en el GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestro)-CONAS, ubicado en la Hacienda Onia, cerca de El Vigía, por donde está la represa del mismo nombre. Encontrándonos en el calabozo, como a las 10:00 de la noche, vi que trajeron a cuatro muchachos jóvenes por la vestimenta que traían. Estaban esposados y sus ojos vendados con (papel) periódico y este a su vez estaba sujetado con cinta transparente (tirro). Casi enseguida que los observé pasar frente al calabozo, los escuchábamos llorando. Se escuchaba, igualmente, que les daban golpes. Luego de media hora, aproximadamente, volvieron a pasar frente al calabozo y los condujeron hacia el área de la piscina, donde sí teníamos visual (visión) y pudimos apreciar que, uno por uno, encontrándose de rodillas, les sumergían las cabezas para que tragaran agua y se ahogaran. Eso lo hicieron en repetidas oportunidades. También les pegaban, daban cachetadas, patadas. Eran aproximadamente seis funcionarios quienes se encontraban maltratando a los muchachos, mientras todo esto ocurría los funcionarios preguntaban: ‘¿Dónde están las motos y los repuestos? (…) Que se iban a morir si no hablaban”, dijo.

Este es solo parte del relato de “Caracas”. El testigo escucharía a unos guardias nacionales afirmar que los detenidos, supuestamente, fueron llevados a una hacienda para ser “tirados los cuatro por un voladero”. Armando.info envió solicitudes de información al CONAS y la Guardia Nacional Bolivariana para conocer su versión del caso, pero hasta ahora no han sido respondidas.    

Josefa Contreras, conocida como “Chepa”, ha visitado a menudo las oficinas policiales, militares y judiciales para pedir una y otra vez explicaciones sobre estas denuncias. Al principio, el caso fue reseñado por la prensa nacional y la ONG PROVEA brindó asesoría. Pero con los días, la historia fue lentamente sepultándose en el olvido, al punto que solo la madre de Cenis Carrero asegura sentirse sola en su búsqueda.

Carpeta para La Haya

No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, pero el caso de los cuatro hombres de El Vigía es uno de los pocos debidamente calificados como desaparición forzada.

En un expediente de 495 folios consignado por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el 16 de noviembre de 2017 a la Corte Penal Internacional, en La Haya (Holanda), deja constancia de, al menos, 505 muertes, muchas de las cuales serían ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un programa de seguridad ciudadana implementado por Maduro desde el 13 de julio de 2015, entre los años 2015 y 2017. La cifra pudiera ser mayor pues la ONG COFAVIC (Comité de Familias de Víctimas) destaca en un informe que 6.385 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano entre el 2012 y los primeros tres meses del año pasado.

La ex fiscal Ortega Díaz pide investigar a Maduro, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; el mayor general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el mayor general Antonio Benavides López, exjefe de la Guardia Nacional, por los delitos. Las denuncias son documentadas entre enero de 2015 y julio de 2017.

Solo hasta esa fecha la ex fiscal pudo documentar los casos porque en agosto del año pasado debió huir de Venezuela en una lancha hacia Aruba y luego en avión hacia Bogotá, Colombia, debido a las amenazas de encarcelamiento del Gobierno. Unos días antes de su extraordinaria fuga había sido destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Fue reemplazada por Tarek William Saab, entonces Defensor del Pueblo y reconocido militante del oficialismo.

Luego de ser ella misma parte del chavismo, Ortega Díaz comenzó su camino a la disidencia al denunciar los excesos policiales y militares durante el mandato de Maduro. Ocurrida en 2017 la “masacre de Barlovento”, como fue denominada por la prensa constituyó el caso más estridente de desaparición de personas al tratarse de una operación militar tras la que no se supo el paradero de 12 hombres durante 46 días hasta que sus cadáveres fueron hallados en dos fosas comunes. Fueron asesinados por militares a machetazos, la mayoría, tras ser arrestados en una OLP.

El ministro de Defensa desmintió que se tratara de uno de estos operativos tras conocer el escándalo y atribuyó las muertes a una operación denominada “Rondón” sobre la que no ofreció mayor detalle.

Los dolientes de estas víctimas reconocieron que las denuncias ante la prensa permitieron agilizar la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, en Barlovento –estado Miranda- es un secreto a voces la presunta desaparición de más jóvenes a manos de los cuerpos de seguridad, pero los familiares se han negado a ofrecer testimonio por miedo a represalias de las autoridades.

Dada la atroz naturaleza de este delito, puede sancionarse en instancias internacionales. Venezuela es miembro pleno del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al haberlo ratificado el 7 de mayo de 2000. Esto obliga al Estado a cumplir con las normas de ese convenio. También el estatuto es ley interna porque fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2000. En 2018, la Corte Penal Internacional aprobó la revisión de la denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela contra Maduro.

El negocio, contra cualquier pronóstico y en pleno auge de la crisis financiera del país, se expandió. En 2017, la aerolínea registró una filial en Panamá con un capital de 10 mil dólares y su apoderado es otro militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Ahora, Turpial Airlines en vuelo a contracorriente planea abrir nuevas rutas a destinos internacionales como Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Miami (Estados Unidos), además del que ya realiza entre la ciudad de Valencia y la capital panameña con una frecuencia de cuatro días a la semana.

Esa ruta internacional y otras tres nacionales representan hoy la actividad de la aerolínea, que cuenta con una flota de tres aviones Boeing 737-400 con capacidad para 158 pasajeros cada uno. En este asfixiante mercado, donde las ganancias son inciertas por la devaluación del bolívar y la estricta regulación de las tarifas por parte de las autoridades aeronáuticas, despunta Turpial Airlines entre otras once aerolíneas nacionales. Toda una hazaña si se toma en cuenta que la suerte de la aerolínea no la manejan empresarios comunes.

Cestari Navarro fue gerente general de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) hace 13 años. Ahí llegó de la mano del mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, entonces presidente de ese ente y luego ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016). Antes, en la década del ochenta, ambos militares ya habían consolidado su amistad como compañeros de formación en la Aviación.

Pero la relación de este coronel con entes gubernamentales es amplia y no se limita a su amistad con Yoffreda. En marzo de 2006, Cestari fue comisionado al Ministerio de Turismo para cumplir funciones como gerente general del hotel estatal Prado Río, en Mérida (Andes venezolanos). Su trabajo en la administración pública no detuvo su crecimiento empresarial por lo que Cestari es propietario de la corporación Cescar (Panamá) y de la empresa Viermeco (Venezuela).

El servicio de la aerolínea tiene sus altas y bajas. El equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui, representante de Venezuela en la Serie del Caribe 2018, acaba de denunciar  demoras en el vuelo que los a la ciudad de Guadalajara, en México,para enfrentar a Cuba como primer rival en el torneo. “A esta hora, 2:21 pm, de hoy (1 de febrero) aún nos encontramos en el aeropuerto ‘La Chinita’ del estado Zulia por la irresponsabilidad de Turpial Airlines debido al incumplimiento del itinerario pautado de vuelo. ¡Exigimos responsabilidad y respeto!”, escribió Caribes de Anzoátegui desde su cuenta de Twitter.

Grandes alas

La cercanía con el poder pudo influir en el ascenso de Turpial Airlines. En 2016, la aerolínea, que ya contaba con tres aviones (valorados entre 5 y 35 millones de dólares, dependiendo de la condición), había obtenido en pocos meses los permisos necesarios para despegar de las pistas del país. “Normalmente, a una empresa eso le puede durar de dos a tres años”, explica una fuente vinculada a la aeronáutica. Se trata de un trámite espinoso que, entre otras exigencias, requiere de la aprobación de manuales y la certificación de operador aéreo.

“Gracias a este tipo de aeronaves se podrá cumplir con nuestro propósito, trasladar a un número significativo de personas desde el centro del país al oriente y occidente, y acercar a los venezolanos a países hermanos”, celebro Cestari Navarro, de acuerdo a una nota de prensa de la compaña.

Sorteadas las diligencias, Turpial inició operaciones con viajes desde las ciudades venezolanas de Valencia hasta Maracaibo, Porlamar y Panamá, en abril de 2017. Cestari, en la inauguración de su empresa en el aeropuerto panameño de Tocumen, reconoció la disminución de las actividades de las aerolíneas en el país sudamericano.

Para su empresa no ha habido muros de contención. Las relaciones con figuras del chavismo siguen vigentes. Su hermano menor, el general William Eduardo Cestari Navarro, también pertenece al alto mando de la Aviación de la Fuerza Armada; mientras que Yoffreda, actual director de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa que centraliza las importaciones públicas, ahora es uno de los hombres con mayor relevancia en el Gobierno.

Pedro Cestari Navarro, como dueño de Turpial, sería la fachada de Yoffreda en el ámbito de los negocios, según fuentes de la aeronáutica y del mundo militar. Armando.info intentó contactar a los gerentes de la aerolínea para conocer la versión del coronel retirado, pero no fue posible.

El director de Corpovex ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusó a él y a Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, de ser responsables políticos de la crisis alimentaria en Venezuela, en diciembre de 2016. Meses antes habían sido convocados para ser interpelados en el Parlamento, pero no acudieron.  El mayor general también es señalado de favorecer a algunas empresas en la obtención de dólares preferenciales.

El director de Corpovex ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusó a él y a Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, de ser responsables políticos de la crisis alimentaria en Venezuela, en diciembre de 2016. Meses antes habían sido convocados para ser interpelados en el Parlamento, pero no acudieron.  El mayor general también es señalado de favorecer a algunas empresas en la obtención de dólares preferenciales.

Con Turpial Airlines la conexión más evidente está en la amistad con la junta directiva. Yoffreda no solo es amigo de Cestari, sino que pudo coincidir con López Capriata, el apoderado de la aerolínea en Panamá. Este último trabajó en la compañía Servicios Puerto El Guamache entre 2010 y 2015, justo la esa época en que Yoffreda era ministro de Transporte Acuático y Aéreo y, por ende, la cabeza más visible de la administración de los puertos del país.

No es extraño que estos militares hayan coincidido en ese momento. López Capriata fue piloto del helicóptero presidencial. En artículos de opinión del portal chavista Aporrea se le acusa de supuestamente planificar una conspiración con los generales retirados de la fuerza aérea Pablo Pérez Pérez y Clinio Rodríguez y el coronel Héctor Díaz, exdirector del Hospital Militar de Maracay (Estado de Aragua), para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, en 2003. Esto solo quedó como una denuncia anónima, pues a diferencia de Turpial, esta investigación nunca agarró vuelo.  

El Gobierno de Venezuela destaca entre 28 países evaluados por la Universidad de Oxford, expuestos en el informe “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation” (publicado en 2017), que apelan a varias herramientas cibernéticas para intentar penetrar en audiencias virtuales. Según el estudio de 37 folios, estas tropas son dirigidas desde el Ministerio de Comunicación e Información con dinero del Estado venezolano y con objetivos políticos. Otras naciones analizadas son Vietnam, Corea del Norte, Ecuador, China, Filipinas, Irán, Siria, Arabia Saudita, Serbia, Israel, México, Estados Unidos, Ucrania, Alemania o India. “Las tropas cibernéticas a menudo se componen de una variedad de diferentes actores. En algunos casos, los gobiernos tienen sus propios equipos internos que se emplean como servidores públicos. En otros, el talento se subcontrata a contratistas o voluntarios privados”, explica el estudio.

Dos testimonios hallados por Armando.Info coinciden en que las ordenes se dictan desde una oficina del Ministerio de Comunicaciones e Información, exclusivamente habilitada para coordinar redes sociales, y que en ocasiones contratan los servicios de empresas privadas dedicadas al mundo virtual. El manual del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, titulado “Proyecto de Formación del Ejército de Trolls de la Revolución Bolivariana para enfrentar la Guerra Mediática” –filtrado al Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela en 2017–, gira instrucciones para la consolidación de un batallón virtual. A lo largo de 14 páginas, el manual advierte que el ejército cibernético estará conformado por varias escuadras: prensa, diseño, sistemas, “incubadores” de contenidos y una escuadra de ataque llamada “flames”, que es capaz de sembrar “falsos positivos”.

Todo este organigrama opera desde  tres puestos comandos que se dividen entre los creativos, los de sistemas y los comisionados para atacar. Así, solo en el Ministerio de Interior y Justicia hay más de 600 personas –entre empleados y contratados– a cargo de unas 15.203 cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ y Whatsapp. De los cinco escuadrones proyectados en esa cartera destaca el de los “fake news” o “falsos positivos”. “En momentos de tensión o conflicto, la orden era generar rumores o noticias falsas para confundir y así, posteriormente, desmentir y desprestigiar a ciertos personajes de la oposición”, comenta un insider que llegó a formar parte de la tropa.    

Es indudable que el Gobierno ha intentado usar a las redes sociales como un medidor de popularidad. El presidente Nicolás Maduro ha asumido como una auténtica guerra el desafío impuesto por el ciberespacio. En junio, el jefe del Estado criticó a la empresa de Twitter por desactivar miles de cuentas de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el “único motivo de ser chavista”, mientras argumentaba que se trataba de “miedo” porque el oficialismo suponía una “mayoría” política en este país. “Claro ellos (Twitter) tienen la llave, tienen el servidor y dijeron ‘se acabó’, y mataron miles de cuentas, pero si ellos nos apagaron mil cuentas, vamos a abrir 10.000 más con la juventud y la fuerza revolucionaria de la opinión pública y de la verdad venezolana… La batalla en las redes sociales es muy importante, ellos saben que es muy importante y utilizan las redes sociales para la guerra psicológica permanente”, dijo. La denuncia se produjo en plenas protestas antigubernamentales ocurridas entre abril y julio, uno de los episodios de mayor desprestigio para el chavismo debido a que murieron más de 120 personas y cientos resultaron arrestadas.  

Gracias a la aplicación Botometer, en Armando.info se analizaron varias cuentas de Twitter de políticos relacionados con el oficialismo. La de Diosdado Cabello –uno de los jerarcas del chavismo– lo retrata con followers falsos. De una muestra de mil de sus dos millones de seguidores, 15% forman parte de usuarios inactivos, robots o spammers.

La cifra, de cualquier modo, tampoco es del todo anormal: entre 9% y 15% de las cuentas activas de Twitter se comportan como bots, destinados a actuar con diferentes grupos “objetivos” para influir en opiniones como y publicar de esa manera contenidos de aplicaciones conectadas, según las conclusiones de la Undécima Conferencia Internacional AAAI (Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, por sus siglas en inglés) sobre Web y Redes Sociales celebrada en 2017.

Pero puede tratarse de cálculos diminutos ante los sofisticados mecanismos para crear perfiles falsos en las redes sociales. Luis Carlos Díaz, periodista enfocado en el estudio de redes sociales, indica que en la detección de una cuenta falsa de Twitter ya no son válidas las anticuadas métricas. “Eso de que si tiene o no identidad, todo eso ya fue superado. Cuando uno consigue las cuentas falsas del Gobierno tienen rostro, un avatar, un nombre. ¿Cómo se detectan? Lo ideal es ver las tendencias que origina el Gobierno en Twitter, por ejemplo, verificar algunos detalles claves: un mismo tuit, replicado una y otra vez, puede ofrecernos indicios de cuentas inorgánicas”.

Muchas de las cuentas del chavismo tienen un perfil caracterizado por la difusión de rumores y teorías de conspiración, al estilo propagandístico del marxismo-leninismo. No es un asunto exclusivo de Venezuela. En Filipinas, muchos de los llamados "trolls de teclado" fueron contratados para difundir propaganda entonces para el candidato presidencial Rodrigo Roa Duterte –actual mandatario– durante la elección. Esta estrategia ha sido continuada con el objetivo de difundir y amplificar mensajes en apoyo de sus políticas ahora que está en el poder, afirma el estudio hecho en Oxford.

El rol de Twitter es particular en Venezuela porque se ha convertido en un canal de información ante la censura de medios tradicionales. Díaz explica, sin embargo, que en ese ecosistema virtual existe una voraz contienda entre actores políticos. “No hay dudas de que Maduro tiene cuentas falsas y un ejército de bots para replicar contenidos y hacerse eco a favor de la propaganda oficial. “Eso es una realidad”.

En el historial de las batallas virtuales del chavismo, Díaz añade una anécdota de antología: se trata del uso de una aplicación para captar a seguidores durante la campaña presidencial de Nicolás Maduro, en 2013. “Muchas personas se afiliaron a la página oficial del entonces candidato del oficialismo. Después de registrar sus cuentas de Twitter automáticamente retuiteaban contenido favorable a Maduro. La trampa fue evidente después de que la compañía suspendiera miles de usuarios por ese motivo, así como lo ha hecho en otras ocasiones. Además, son muchas las denuncias de laboratorios que operan en el estado Aragua, especialmente durante la Gobernación de Tareck El Aissami, y con el apoyo de funcionarios estadales e instituciones públicas con este propósito: hacer campañas oficiales a través de las redes sociales”.

La convulsión política de la República Bolivariana no es ajena a la Web. Con bots y robots, el chavismo crea su realidad virtual.