La última vez que Gruszka abandonó por un motivo distinto ese bajo perfil, no le fue tan bien. En esa ocasión aceptó ser el presidente, con carácter de ministro, del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) entre 2001 y 2003, al comienzo del primer gobierno de Hugo Chávez. Diez años más tarde, su gestión pública sería investigada por presuntas irregularidades. En 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora mencionó una de las empresas representadas por Gruszka entre aquellas vinculadas a presuntos hechos de corrupción en la construcción de seis grandes hospitales. La compañía, sin embargo, no se encargó de las obras civiles sino del desarrollo de planos de arquitectura, trabajos que, en su presentación ante el parlamento, aseguró haber cumplido. 

En un ámbito más reservado, sin embargo, otra movida de Gruszka levantaba las cejas, en ademán de suspicacia, entre quienes tenían que ejecutarla. 

En 2018, Gruszka buscó registrar en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) una comercializadora de suministros y servicios para empresas de gas y petróleo, bajo la denominación de Saigon Oil Corp y con un capital de 10 millones de dólares. Entonces usó los servicios de Overseas Management Company (OMC), un despacho de abogados especializado en servicios offshore con sede en Panamá, cuyos funcionarios iniciaron un encendido intercambio de comunicaciones sobre la idoneidad del cliente. 

Así lo muestran documentos de los Pandora Papers, una filtración masiva de 11,9 millones de documentos procedentes de 14 firmas offshore, cuyos servicios consisten en registrar compañías, fideicomisos u otras entidades en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos para clientes adinerados. Aunque los servicios que prestan estas firmas no son ilegales, en algunos casos facilitan la evasión de impuestos y permiten ocultar las identidades de los propietarios de estas empresas.

Decenas de documentos de la filtración, procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (o ICIJ por sus siglas en inglés) y compartidos con Armando.info, entre 150 medios de todo el mundo, muestran que Gruszka no incursionó solo, sino con un socio, en Islas Vírgenes Británicas.

Dúo dinámico

En la carrera por crear Saigon Oil Corp también participó Igor Flasz Goldberg, otro empresario venezolano con el que Gruszka ha representado en tándem a compañías del sector inmobiliario, deportivo, construcción y de servicios. En ese abanico de empresas se encuentra Pemegas, una sociedad dedicada al área de la construcción y de servicios petroleros que llegó a suscribir contratos con la petrolera estatal Pdvsa.

Pero antes de aprobar la incursión de la dupla a la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas, los empresarios debieron explicar sus nexos con figuras de cuestionada reputación.

“Rafael Gruszka e Igor Flasz son accionistas del equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui, y Rafael Gruszka es el presidente actual del equipo. Ambos también están ligados al sector construcción, llevan más de 40 años en ese negocio”, dice la correspondencia entre oficiales de OMC Group.

“Con respecto al vínculo con Alvaro Gorrín”, continúa el mensaje, “Igor Flasz fue socio de Alvaro Gorrín en una empresa llamada Vale Canjeable Ticketven C.A (conocida como Valeven). Ya el señor Igor vendió esas acciones hace más de un año. Hoy en día ninguno de los dos tiene negocios con Alvaro Gorrín”.

La respuesta bastó para incorporar la empresa al registro de las Islas Vírgenes Británicas a finales de agosto de 2018.

Los registros venezolanos también dan cuenta de la existencia de una empresa homóloga llamada Saigon C.A. con 26 empleados, con Gruszka como representante legal.

Sobre la constitución de Saigon Oil Corp., Gruszka dijo a Armando.info, en respuesta a un cuestionario escrito que se le hizo llegar, que él y su socio crearon la empresa para comercializar aceites y lubricantes en Venezuela ante la escasez de estos productos. La empresa, explicó, fue conformada en esa jurisdicción “con el fin de poder obtener cartas de crédito para la compra e importación” de estos productos. 

Gruszka añadió que Saigon Oil Corp. y Saigon C.A. no tienen ninguna relación y que en esta última empresa, constituida con el fin de comercializar productos para la explotación minera, vendió sus acciones.

En mayo de 2020, tan solo un año y ocho meses después de su creación, Saigon Oil Corp. fue eliminada de los registros de las Islas Vírgenes Británicas. Según la gaceta oficial de la isla, se debió a que los datos de sus agentes intermediarios no estaban actualizados.

El empresario dijo a Armando.info que la empresa nunca tuvo actividad ni relación con ningún cliente.

Ticket-conexión

El bajo perfil que Gruszka ha preservado en los últimos 25 años contrasta con la dimensión de sus contratos o el alcance de sus socios. “Gruszka ha sido un hombre muy hábil. Sigue manteniendo contactos en el alto gobierno más allá de que no posa como su defensor o simpatizante. Es una figura potable para el chavismo”, dice una fuente familiarizada con la trayectoria del empresario en el ámbito deportivo.

Egresado de un colegio religioso de Caracas y de la Universidad Metropolitana, desde sus inicios el ingeniero civil se hizo un nombre en el mundo de la construcción tras trabajar en el sector privado en empresas como Constructora Sambil o Promotora F.G.P., esta última una compañía que dirige junto a Flasz Goldberg desde su fundación en la década de los ochenta.

Sin embargo, en las décadas que siguieron, Gruszka rápidamente empezó a ampliar sus relaciones a otras ligas. A principios de los 2000 aterrizó en Fondur durante los primeros años de la gestión de Hugo Chávez luego de que el empresario financiara la candidatura del fallecido presidente, según afirmó la desaparecida revista Exceso. 

En 2002 y por el Decreto Nº 1.390, el empresario sucedió al general Víctor Cruz Weffer en la presidencia del Fondur. Su paso por el ente adscrito al entonces Ministerio del Despacho de la Presidencia fue breve, pero estuvo salpicado por un señalamiento de corrupción. 

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional alegó años después de la gestión de Gruszka, en 2012, presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de más de 400 millones de dólares a Constructora Pinto C.A. por una obra que no llegó a concluirse. No obstante, la comisión determinó que no hubo nada ilícito en la asignación del contrato y propuso cerrar el caso. 

Tras su salida de Fondur, Gruszka se adentró en 2004 en un nuevo mercado: el de los vales o tickets de alimentación. Lo hizo junto a su socio de confianza y su antiguo compañero en el colegio y la universidad, Igor Flasz Goldberg.

El acta constitutiva de Vale Canjeable Ticketven, C.A. muestra que Gruszka y Flasz figuran en la empresa desde su origen como acreedores de 20% de las acciones, al igual que Inversiones Loyla C.A., compañía vinculada a Álvaro Gorrín. 

Sin embargo, para 2009 Gruszka había vendido su parte y Flasz llegó a hacerse con 80% de Valeven con la ayuda de otra sociedad dedicada a la venta de inmuebles. Así quedó con 40% de las acciones a su nombre y el 40% restante con acciones a nombre de Inversiones Ruda C.A., empresa en la que Flasz también ocupaba el cargo de director. 

Junto a múltiples empresas privadas, el gobierno también figuró como uno de los principales clientes de Valeven, con la Vicepresidencia de la República, la Fundción del Niño, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y varias gobernaciones y alcaldías entre sus contratistas.

Al menos hasta 2016 Gruszka formó parte de la directiva de Valeven, con Flasz Goldberg respaldando su gestión. La junta de ese período, que dista del grupo original que conformó la empresa 12 años atrás, la completaron Yoxeline Albino Romero, exfuncionaria de los ministerios de Economía Comunal, Turismo y Economía y Finanzas durante la gestión de Chávez; Marlene Arenas Colina, esposa del exministro de Turismo de Chávez, Pedro Morejón; y Alejandro Medina Andersen, socio de Arenas y de Omar Farías, este último un empresario del sector de seguros que salió a relucir en los Panama Papers de 2016, y cuyas empresas experimentaron un espectacular crecimiento económico durante el chavismo. 

La compañía de Gorrín también gozaba de una cuota de poder en la empresa de tickets de alimentación hasta ese año.

La correspondencia filtrada de OMC Group señala que en 2017 Flasz Goldberg vendió sus acciones. Sin embargo, el empresario siguió vinculado a la compañía desde Inversiones Ruda C.A., que desde ese año y hasta 2019 pasó a ser la propietaria de 100% de las acciones de Valeven. 

Tras la venta, Valeven cambió su ubicación de la Torre Inecom, en La Urbina —donde los empresarios han alojado al menos otras cuatro empresas, incluyendo Saigon Oil Corp.— a la Torre Ávila, en Las Mercedes. 

La lujosa torre de oficinas fue construida por la Inmobiliaria ZAD 110 C.A., otra constructora que, según muestran los registros venezolanos, pertenece al grupo de empresas de Gruszka y Flasz. 

El mausoleo y otras obras faraónicas

En el 2013 la dupla alcanzó una cúspide simbólica en su rol de contratista del Estado, cuando culminó el nuevo mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Nicolás Maduro inauguró la obra de 2.000 metros cuadrados de construcción el 14 de mayo de ese año.

El contrato para erigir la estructura de 54 metros de alto quedó en manos de la constructora Pemegas C.A., empresa que, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), pertenece al arquitecto y entonces ministro para la Transformación de Caracas, Francisco Farruco Sesto Asís, y al presidente de la fundación Oficina para Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia (Foppe), Lucas Pou Ruán.

De acuerdo con el RNC, junto a los Pou y los Sesto, la dupla Gruszka-Flasz también figuraba en Pemegas C.A.; ambos empresarios como parte de la junta directiva y Flasz como accionista de la mitad de la constructora al menos hasta 2009.

Al respecto, en contacto con Armando.info que Gruszka hizo después de publicado este reportaje, afirmó que Pemegas C.A. "no tuvo nada que ver ni en el diseño ni la ejecución de la obra del mausoleo ", y que Sesto renunció a sus acciones en Pemegas cuando fue nombrado ministro de la Cultura por primera vez.(*)

Aunque el mausoleo fue la más notoria y controvertida de las obras desarrolladas por Pemegas, no fue la única. A la empresa también se le encomendó la construcción de la escultura del Bicentenario del 19 de abril en la plaza El Venezolano, en el centro de Caracas. 

Desde su conformación en 2004, la compañía se convirtió en una importante contratista del Estado y gozó de preferencia al momento de recibir lucrativos contratos por ser la empresa del ministro. Entre sus clientes se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede), el Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, el Instituto Nacional de la Vivienda, PDVSA y el Ministerio de Salud. 

En 2016, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional denunció el desfalco de más de 1.500 millones de dólares destinados al mantenimiento y reparación de la red hospitalaria del país y a la construcción de seis hospitales de distintas especialidades enmarcados en el programa Barrio Adentro IV. De acuerdo con el reporte publicado por la comisión, el Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana (Convialba), adscrito al Ministerio para el Transporte Terrestre, firmó contratos con Pemegas C.A. en 2008 para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería de seis centros de salud especializados.

En el programa de gobierno estaba previsto desarrollar el Hospital General y Materno Infantil, en Apure; el Hospital General, de Oncología y Toxicología de Barinas; el Hospital General y de Urología de Valle de la Pascua, en Guárico; el Hospital General y de Gastroenterología de El Vigía, en Mérida, el Cardiológico de Adultos, en Distrito Capital; y el Centro Nacional del Cáncer en Guarenas, Miranda, posteriormente reubicado a la capital. 

Sin embargo, la inauguración de los centros de salud, originalmente programada para 2009, se postergó para 2011. Ese año, bajo la administración de la ministra de Salud Eugenia Sader, se anunció un nuevo contrato con el Consorcio Conmed-MCC y Pemegas y su contratista, Convialba, desaparecieron de la escena. 

La llegada de la ministra no solo supuso la salida de Convialba, sino también la sustitución de la técnica de construcción. La titular de la cartera de salud dijo que, ante el retraso de las construcciones iniciadas cinco años antes, los hospitales serían terminados mediante la técnica de prefabricado y estarían listos para 2012.

En el reporte, la comisión de la AN declaró a la ministra Sader como responsable de una serie de irregularidades, entre ellas, contratar a Pemegas C.A. —una empresa que planteaba un conflicto de intereses por sus vínculos con el ministro Sesto— y que no estaba debidamente registrada para la fecha de la contratación, además de realizar “pagos de anticipos no permitidos legalmente”. 

El parlamento también denunció la adjudicación de contratos a Pemegas, alegando que los involucrados tuvieron beneficios “excesivamente cuantiosos”.

De acuerdo con Gruszka, Pemegas fue contratada únicamente para llevar a cabo los diseños de arquitectura, así como planos de electricidad, plomería, incendios y otros. Estos trabajos, dijo, fueron entregados en su totalidad y no fueron “cancelados en buena proporción”. 

Aseguró también que los arquitectos entregaron cerca de 5.000 planos del proyecto a la comisión de la Asamblea Nacional para su revisión y negó que Pemegas haya sido contratada para “la construcción de ningún hospital”. 

El salto al campo

Cuando Gruszka se hizo con la mayoría accionaria de Caribes de Anzoátegui, la llamada Tribu ni siquiera contaba con una fanaticada propia y los anzoatiguenses preferían apoyar al Magallanes, tradicional divisa de arraigo en el oriente de Venezuela -aunque la franquicia se asiente en Valencia, estado Carabobo-  antes que al equipo local. Para el año 2007, el equipo no había podido alzarse con ningún campeonato.

Ese mismo año, el círculo de Gruszka y de su socio comenzó a expandirse nuevamente y en paralelo a sus otros negocios, solo que esta vez en un nuevo campo. La incursión ocurrió en un momento en el que algunos llamaban a la LVBP la “liga saudita”; tiempos en los que los dólares preferenciales destinados al deporte fluían con abundancia. 

Luego de unos traspiés iniciales, Caribes alcanzó su primer título en la temporada 2010-2011, una victoria que sellaría la nueva suerte del equipo y sentaría las bases para que la dupla de empresarios construyeran un campeón. 

En 2013 un nuevo socio, pero un viejo conocido, se sumó luego de contar con el visto bueno de la LVBP: el ídolo local, antiguo pelotero de Caribes y el exgrandeliga Magglio Ordóñez. Así, Caribes pasó a contar con dos dueños que se dividían a partes iguales las acciones.

Pero Gruszka y Ordóñez tienen más en común que la titularidad del equipo. A las empresas Orgar Corporación y Venimpro, dos sociedades vinculadas a Magglio Ordóñez y sus familiares, fueron adjudicadas múltiples licitaciones a principios de los 2000, incluyendo una serie de obras para preparar a Puerto La Cruz en su rol de sede de la Copa América 2007, entre ellas el estadio José Antonio Anzoátegui con capacidad de alojar a 40.000 personas.

Ordóñez, al igual que su socio, también tuvo una breve carrera política. Ocho meses después de adquirir la mitad del equipo, el deportista se convirtió en el alcalde del municipio Sotillo por el Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Caribes pasó de no ganar ningún campeonato a convertirse en el equipo hegemón y actual campeón de la LVBP. 

Desde su paso por el Fondur, Gruszka ha erigido sociedades, ha construído contactos y ha acumulado una racha tras otra que ha sabido explotar ágilmente junto a múltiples socios. Sus círculos y negocios se han diversificado de forma próspera en los últimos años, aunque la carrera con Saigon Oil Corp., en las grandes ligas de los paraísos fiscales, fue breve.

(*) Información agregada tras la publicación del reportaje a solicitud del mencionado Rafael Gruszka.

Los esfuerzos del régimen de Caracas, encabezado por Maduro, para acceder a las 31 toneladas de oro valuadas en más de 1.000 millones de dólares se iniciaron en 2018, cuando el entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, viajó hasta Londres para reunirse con oficiales del banco inglés en un encuentro que no arrojó el resultado que sin duda esperaba.

Al mes siguiente, en enero de 2019, entraron en vigor sanciones financieras y comerciales contra la administración de Maduro impuestas por la Unión Europea (UE), que afectaban y afectan a recursos y activos que están en el Reino Unido, y que continuarán siendo efectivas aun después de que se concrete el Brexit, la polémica salida inglesa del conglomerado europeo. Así, el oro que había sacado el gobierno venezolano para dispersar sus activos, quedó atrapado bajo sanciones en las bóvedas inglesas.

Fue entonces, ya en mayo de 2020, que la pugna por el oro se materializó en una demanda del BCV contra el banco inglés ante la Corte Comercial del Tribunal de Primera Instancia (High Court).

En un principio, una experimentada firma inglesa de abogados, Stephenson Harwood —que ha representado a Pdvsa en disputas internacionales—, se encargó de representar al demandante, el BCV. Pero “la junta de Maduro”  —“Maduro board” el término con el que se refieren a los gobiernos de Maduro o de Guaidó en los documentos legales ingleses— terminó escogiendo el escritorio de Zaiwalla para recuperar el oro, en una batalla legal que ha significado un reto para los tribunales locales por lo intrincado del caso. Una disputa que también se ha librado en el terreno mediático.

Mientras algunos abogados optan por ser reservados sobre sus clientes, Zaiwalla habla en público y sin pudor sobre su relación con figuras e instituciones controversiales, por decir lo menos. En entrevistas y en su libro Honour Bound (Obligado por el honor) ha dado cuenta de su defensa del integrante de la mafia calabresa, Giuseppe Zappia. O del dictador iraquí Saddam Hussein, por quien actuó como intermediario ante el gobierno del entonces primer ministro Tony Blair en 2002 para alcanzar, en sus propias palabras, un “acuerdo amigable” y evitar el desenlace de una guerra, que de todas maneras llegó.

Zaiwalla & Co. Solicitors se publicita como un pequeño escritorio de Londres capaz de ofrecer servicios de la misma calidad que las firmas que conforman el magic circle (círculo mágico), cinco despachos de abogados con sede en Londres conocidos internacionalmente por su amplia experiencia y rentabilidad.

A diferencia de estos escritorios, Zaiwalla & Co. dice ofrecer a sus clientes tarifas atractivas bajo acuerdos de facturación flexibles y anticipos mensuales fijos para los honorarios de los abogados, que en las firmas de la mítica calle de Chancery Lane oscilan entre 500 y 850 dólares por hora, en el caso de los honorarios de un abogado junior, y a partir de 1.000 dólares por hora en el caso de uno senior.

Lejos de considerar el tamaño de su despacho una desventaja, Zaiwalla ve su firma como una especie de David enfrentado a los Goliat tradicionales, que pasó de especializarse en arbitraje y derecho de transporte marítimo a representar a clientes de alto perfil en arbitrajes y litigio internacional.

En su website dice que ser un despacho pequeño le permite tomar decisiones rápidamente y “capitalizar nuevas áreas de apertura de la Ley” que, en el derecho común inglés (Common Law), se basa en decisiones judiciales —es decir, precedentes— dictadas por los tribunales.

A lo largo de su carrera, Sarosh Zaiwalla ha forjado una reputación de atreverse a pelear lo que él mismo califica como “casos imposibles de ganar”. Y ahora apunta a replicar el éxito que obtuvo una vez en la defensa cuesta arriba del mayor banco privado iraní, el Mellat, en un caso que guarda similitudes con el del reclamo del oro venezolano.

El precedente iraní

En octubre de 2009 empezó la extensa batalla legal que libró el banco Mellat, la entidad financiera privada más grande de Irán, en los tribunales británicos. Una parte, 20%, del capital de la institución bancaria con sede en Teherán corresponde al gobierno iraní, mientras que el restante 80% a actores privados. 

La disputa legal comenzó dos meses después de que el Ministerio de Hacienda del Reino Unido sancionara al banco, haciendo uso de los poderes que le otorgaba el Acta Contra Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2008, tras asegurar que la entidad estaba involucrada en el programa nuclear iraní.

Una década después de emprender acciones legales ante los tribunales ingleses, el gobierno del Reino Unido acordó resolver la demanda interpuesta por el banco iraní de 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios, por una cantidad que no se reveló. Eso sí, Mellat no cantó victoria sin antes experimentar al menos un par de reveses en las cortes inglesas durante los primeros años de la demanda, justo antes de la incorporación de Zaiwalla & Co. Solicitors al caso.

En noviembre de 2009, Mellat contrató a la firma británica Stepheson Harwood -la misma que empezó a representar a Venezuela en el caso del oro- para impulsar la demanda ante tribunales locales y la Corte Europea de Justicia, bajo el argumento de que la orden promulgada por el Ministerio de Hacienda, que imponía restricciones financieras a entidades iraníes, violentaba el derecho a la propiedad y a un juicio justo. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte de Apelaciones fallaron en contra del banco.

No fue sino tres años después, cuando Zaiwalla pasó a representar a Mellat y el Tribunal General de la UE dictó que no había pruebas que demostraran la relación del banco con el programa nuclear de Irán, que el caso dio un giro.

Zaiwalla llegó a Mellat por recomendación de un antiguo director legal de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní (Nioc, por sus siglas en inglés), empresa que había contratado los servicios del abogado años antes para resolver una disputa legal entre una de sus empresas asociadas y Rosnefteflot, previamente conocida como la Compañía Marítima del Lejano Oriente (Femco), propiedad de la petrolera rusa Rosneft.

El abogado indio cuenta que esa demanda pionera de Nioc terminó en un acuerdo amistoso y que ambas partes quedaron satisfechas.

El trabajo de Zaiwalla con empresas petroleras y marítimas no se limita a este caso. La Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) figura entre sus clientes más prominentes, pues llegó a ofrecer sus servicios al país asiático de forma constante durante una década, hasta principios de los 2000.

El pronunciamiento del Tribunal General de la UE dio un nuevo impulso a Mellat en los tribunales de la región y en los medios de comunicación. En 2013, Zaiwalla llevó el caso hasta el más alto tribunal del Reino Unido, la Corte Suprema, y contrató a abogados de larga trayectoria para representar a los demandantes en las audiencias.

Debido a la confidencialidad de las evidencias, el despacho de Hacienda solicitó realizar el juicio a puertas cerradas. No obstante, en junio de 2013, la Corte Suprema dictó, con una estrecha mayoría de cinco contra cuatro, que las sanciones habían sido ilegales y que la respuesta del gobierno británico era "arbitraria e irracional" y "desproporcionada".

Poco después del fallo de la Corte Suprema, Zaiwalla Solicitors emprendió acciones legales para reclamar al gobierno del Reino Unido una indemnización por daños y perjuicios contra el banco. La victoria no solo sentó un precedente en el sistema judicial inglés y el sistema de justicia de la UE, sino que también le dio a Zaiwalla la notoriedad que tanto buscaba.

Pierde con Rosneft

El resultado del caso Mellat abrió a Zaiwalla las puertas de un nuevo cliente que también intentaba desafiar unas sanciones, esta vez desde Rusia.

Poco después de ganar en la Corte Suprema, Rosneft, la principal petrolera rusa, contactó a Zaiwalla para anular las sanciones impuestas por el Tribunal General de la UE a Rusia en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, la península ucraniana.

El argumento de Rosneft era que la imposición de sanciones dificultaba la recaudación de fondos para que la petrolera estatal y sus otras compañías desarrollaran proyectos, por lo que contrató a Zaiwalla para asistirle, alentada por el precedente que marcó Mellat en los tribunales de la Unión Europea.

La estrategia de Zaiwalla fue mantener el argumento que utilizó con Mellat: que la UE no tenía ninguna evidencia que mostrara la participación de Rosneft en el conflicto con Ucrania.

Representada por abogados ingleses, entre ellos Zaiwalla, el 9 de octubre de 2014 Rosneft interpuso un recurso ante el Consejo de la Unión Europea, acción legal que dio comienzo al contencioso para anular las sanciones.

Después de dos veredictos emanados del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General en 2017 y 2018, respectivamente, que manifestaban la negativa de levantar las sanciones, el Tribunal de Justicia desestimó en su totalidad la apelación de Rosneft el pasado 20 de septiembre de 2020. En su veredicto, el tribunal reafirmó que las medidas fueron justificadas y resultan adecuadas para presionar a Rusia para que cambie o abandone su participación en la crisis ucraniana.

Aunque Zaiwalla formó parte del equipo defensor de Rosneft en un principio y anunció una acreditación de cinco años para el panel legal de la petrolera, el nombre del despacho no aparece en las decisiones más recientes emitidas por los tribunales. En cambio, sí aparece el del abogado Lode Van Den Hende, de la firma Herbert Smith Freehills LLP, como representante de la compañía rusa y sus empresas relacionadas.

La contienda por el oro venezolano

Como ocurrió con el banco Mellat, en el caso del BCV salió el bufete Stephenson Harwood para que entraran Zaiwalla y compañía. Ambos casos tienen similitudes: involucran a entidades financieras, sanciones internacionales y han causado un revuelo mediático. Pero la diferencia ahora es que la contienda se libra por el oro retenido bajo la City de Londres.

De cualquier manera, el caso interpuesto ante la Corte Comercial resultaba atractivo para los medios. El Banco Central de Venezuela, representado por Sarosh Zaiwalla, alegaba que los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra son necesarios para financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus.

No es la primera vez que se plantea entre actores internacionales un escenario que obligue a la justicia británica a decidir entre reconocer un gobierno u otro. Sin embargo, el caso venezolano tiene unas particularidades que lo hacen más complejo y atractivo a abogados experimentados, como el hecho de que en los bandos enfrentados se encuentren partes localizadas en un mismo país y de las que una, el gobierno interino opositor,  controla algunos poderes del Estado venezolano, y la otra, que corresponde al régimen de Maduro, controla otros poderes.

Ante la disyuntiva de tener que decidir si entregar las reservas a Maduro o al presidente interino apoyado por la oposición, Juan Guaidó, el banco inglés quedó atrapado entre dos reclamos y pidió al Gobierno decir a cuál de los dos presidentes reconoce como legítimo.

Para la contienda en la corte, Zaiwalla instruyó a Nicholas Vineall, un aventajado abogado que ostenta el título simbólico de Queen’s Counsel (QC), o consejero de la Reina, reservado a profesionales de trayectoria en el sistema judicial británico. Vineall cuenta con experiencia en la rama del derecho financiero y anteriormente había defendido el multimillonario reclamo de Mellat contra el gobierno del Reino Unido por las sanciones.

En la contraparte, la junta de Guaidó estuvo representada por Arnold & Porter, una firma global y tradicional, con catorce oficinas repartidas en Estados Unidos, Europa y Asia, y cerca de un millar de abogados en su plantel.

El 2 de julio, el Tribunal de Primera Instancia decidió en contra de Maduro y dijo que el Gobierno del Reino Unido reconoce al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino, por lo que las reservas de oro continuarían retenidas en las bóvedas de la City.

Pero, lejos de concluir el asunto con la primera decisión, menos de tres semanas después Sarosh Zaiwalla anunciaba que la firma ganó el derecho de apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Para la segunda vuelta, esta vez en la Corte de Apelaciones, Zaiwalla instruyó a Vineall y a dos QC más, Vaughan Lowe y Dan Sarooshi, lo que representa un verdadero equipo de lujo para complementar la pericia en derecho financiero de Vineall con la experiencia en derecho internacional de los dos últimos.

La disputa tomó un nuevo giro el pasado 5 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones anuló la decisión del Tribunal de Primera Instancia y le pidió a la Corte Comercial aclarar cuál de los dos gobiernos ejerce el poder, Maduro board o Guaidó board.

La Corte de Apelaciones insistió en que es necesario aclarar si el gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como presidente para todos los efectos y, por tanto no reconoce a Maduro para ningún propósito; o, si por el contrario, reconoce que Guaidó tiene derecho a ejercer todos los poderes de presidente, pero también reconoce a Maduro como presidente de facto.

Otro de los puntos principales que se discutió en la última audiencia fue la necesidad de aclarar la capacidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para actuar de forma imparcial e independiente, considerando que declaró sin efecto la junta ad hoc del BCV designada por Juan Guaidó el 19 de mayo de 2019.

Sin embargo, antes de las disposiciones dictadas en el veredicto de la Corte de Apelaciones, el juez Stephen Males hace una salvedad y dice que “claramente, la sentencia del TSJ del 1 de agosto de 2016”, que establece que los actos de la Asamblea Nacional son nulos, “pueden haberse basado, en mayor o menor medida, en la opinión del TSJ de que el señor Guaidó no es presidente”, cuestionando la imparcialidad del Poder Judicial.

El juez Males detalla que ese es un asunto que se deberá considerar en el futuro pero que, de ser verdad, “tales sentencias no pueden ser reconocidas o surtir efecto en un tribunal inglés”.

El veredicto de la Corte de Apelaciones, contrario a lo expresado por el equipo legal de Maduro ante los medios de comunicación, no representa necesariamente una victoria para el régimen bolivariano, pero sí significa un retroceso para la causa de Guaidó.

Ahora ambas "juntas" o boards permanecen a la espera de un pronunciamiento de la Corte Comercial. Mientras la justicia británica desentraña el intrincado caso por el oro venezolano, Guaidó tiene el tiempo en contra y la espera parece favorecer a Maduro.

Los marcadores de los tribunales de la City están cero a cero. Zaiwalla aún no destraba las sanciones que pesan sobre el BCV pero ha preservado un empate que, considerando los antecedentes del abogado, pueden alimentar la esperanza en una futura victoria.