Pero no fue así. De hecho, recibió del Estado venezolano una suerte de promoción, más que un premio de consolación: entró de lleno al negocio de negocios, el petrolero. De la mano, cómo no, del propio El Aissami, obtuvo un contrato de la petrolera estatal Pdvsa, para actividades de subsuelo y mantenimiento del campo petrolero Carito-Pirital, en el estado Monagas, oriente de Venezuela. 

El acuerdo lo hizo principalmente a través de una empresa, Oryx Resources de Venezuela, que constituyó más tarde, el 19 de septiembre de 2018. 

Aunque en el acta constitutiva de Oryx Resources figuran Carlos Abigaíl Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, se sabe que entre sus directores también se encuentra Armando José Salazar Gibory, socio de Samark López en diversos emprendimientos, como Profit Corporation, una de las empresas expresamente aludidas en la lista de 13 activos bloqueados por el Departamento del Tesoro.

Ello, así como la presente historia, se desprenden de la revisión de un grupo de documentos filtrados de Oryx Resources, obtenidos por la organización francesa Forbidden Stories y compartidos con Armando.info. La filtración incluye correos institucionales, informes, presentaciones y comunicaciones internas de diversas áreas.

Aunque en mayo de 2022, López Bello negó a Armando.info, a través de sus asesores legales, que estuviese vinculado con Pdvsa, los correos filtrados —anclados a un servidor ruso, como evidencia la terminal de los emails (.ru) y un mensaje de agosto de 2021, con los datos del dominio— demuestran lo contrario. 

De acuerdo con lo que se ve en mensajes intercambiados, en marzo de 2022, entre Salazar Gibory y sus empleados, incluyendo fragmentos de un “documento para la propuesta de reconocimiento de deuda”, en enero de 2019 Oryx Resources de Venezuela, C.A. inició un proceso de negociación de términos del contrato con la Vicepresidencia de Energía y Petróleo de Pdvsa.

Todavía antes, en agosto de 2018, el manejo de este campo petrolero había sido asignado a Venezolana de Enfriadores C.A. (Venenca), una compañía del sector petrolero que ha tenido directivos cercanos a Samark López, entre ellos su primo, José Esteban Chacín Bello. Fue parte del Proyecto Integral de Recuperación de la Producción de Pdvsa, anunciado por Nicolás Maduro entre bombos y platillos. Pero este cambio de empresa no tuvo un anuncio oficial.

Según lo aducido en el mismo correo institucional, la negociación de términos de 2019 “originó una caída de producción del campo Carito o Pirital de 166.7 MBD [miles de barriles diarios] a 144.5 MBD”. Esta producción representaba, aproximadamente, 10% de la producción de crudo del país para la fecha, cuando frente a la estatal se encontraba el mayor general Manuel Quevedo.

En el texto se señala también que, en agosto de 2021, Oryx Resources reinició las actividades de este proyecto "con ocasión de las disposiciones establecidas en el acuerdo de fecha 13 de mayo de 2021", sin agregar más detalles sobre el contrato. 

Identificado como director de Oryx en el mensaje, Salazar Gibory indica que el borrador del documento en cuestión debe ser enviado a “S” —letra con la que se refieren los protagonistas del intercambio de correos a Samark López, como se deduce de las respuestas a estos correos de otros empleados que lo llaman simplemente “Samark”— “para su aprobación final”. La fecha de reactivación del proyecto coincide con la gestión de Tareck El Aissami en la cartera del Petróleo. A la postre, El Aissami debió abandonar el ministerio -a su cargo desde abril de 2020- en marzo de 2023, y ahora enfrenta acusaciones por irregularidades en las contrataciones durante su gestión.

En los correos corporativos de marzo de 2022 también queda en evidencia que los pagos de nóminas de Oryx Resources y de Profit Corporation, en los casos de Armando Salazar, Marcos Cabello y  López Bello son hechos a través de Oryx. La aprobación de estos pagos en bolívares también debe contar con el visto bueno de este último, quien, a diferencia de sus socios de confianza, prefiere recibir su pago de nómina a través de Profit Corporation, la contratista de Pdvsa sancionada en 2017.

Otros documentos y correos reafirman la clara relación entre la estatal y la compañía privada, como un informe de Gestión Ambiental de Oryx Resources sobre el levantamiento de un derrame de crudo, originado en el área operacional de la Unidad de Producción Pirital de la División Punta de Mata, ocurrido el 28 de abril de 2022, en el que se detalla que “el personal de Oryx estuvo presente en apoyo al personal de Pdvsa para controlar el derrame existente”. 

Todos estos movimientos contractuales ocurrían en simultáneo con los intentos de Samark López por limpiar su nombre y recuperar los activos que las disposiciones del Tesoro estadounidense congelaron. En junio de 2021, apenas dos meses antes de que Oryx reiniciara las actividades en el campo petrolero de Monagas, López Bello demandó al Departamento del Tesoro en una corte federal en Washington, asegurando ser víctima de una “campaña falsa”. “López es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento se ha visto seriamente amenazado por las acciones ilícitas y los reclamos difamatorios”, alegaban sus representantes legales, quienes cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas hasta entonces derivadas de la aplicación de las sanciones. 

Nuevas empresas, los socios de siempre

Oryx Resources no solo ha servido para la reconexión del conglomerado de Samark López con Pdvsa y el Estado venezolano, sino también como brazo ejecutor de tareas administrativas para otras empresas del mismo grupo. 

En uno de los correos revisados por Armando.info, por ejemplo, se adjunta el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) de 18 compañías, muchas de ellas relacionadas con el área petrolera. Para efectos de la presente cobertura, esa correspondencia sirve para pasar lista a algunas de las compañías del emporio de Samark López.

En la lista aparecen Profit Corporation, y Venenca, la encargada inicial del campo Carito-Pirital. También Provandel Consultores, C.A., en donde figuran como director el propio Samark López, y Consorcio Profvenca, en cuya directiva ha estado Salazar Gibory.

De Ilios Energy de Venezuela, también en la lista, no hay mucha información disponible. Sin embargo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aporta el dato de que una de sus extrabajadoras, María Eugenia Rodríguez Pinto, figuró como Gerente de Proyecto de otra empresa de López Bello, Postar Intertrade Limited, con sede en Barbados. Con esta compañía Samark López importó pinos navideños a Venezuela a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa del Estado encargada de centralizar las compras públicas. Rodríguez Pinto también ha sido directiva de 1000 Investment Group Limited, otra empresa de López Bello.

Más empresas del listado: SMT Tecnología, dedicada a las telecomunicaciones, con Samark López y Armando Salazar, nuevamente, a la cabeza, no solo tiene vínculos con el empresario sancionado, sino también contratos, por servicios de mensajería de texto a través de SMS, con Pdvsa, entre 2013 y 2015. Esta sociedad, también entre las sancionadas por Estados Unidos en 2017, logró acuerdos con la alcaldía del municipio Libertador, en 2015, con Corpoelec, en 2015, la Fundación GIS XXI (una encuestadora que ha sido dirigida por dos exministros del Gobierno, Nelson Merentes y Jesse Chacón), en 2015, el Ministerio de Comunicación, en 2013 y 2015, y el Ministerio para la Energía en 2012.

En el caso de Energy Service, C.A. nuevos nombres aparecen, como los de Carlos Abigail Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, quienes figuran como Directores Gerentes de la compañía, y son, a su vez, directores de Oryx Resources, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa a la que tuvo acceso Armando.info. Si bien tanto Gago como Febres están mencionados en los correos institucionales de Oryx, sus cargos no se detallan.

De acuerdo con fuentes que conocen la trayectoria laboral de Gago, este y sus socios de empresas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, se fueron del país en 2017, tras las medidas de la OFAC contra Samark López, por sus vínculos con el sancionado. La misma fuente asegura que Gago Itriago regresó a Venezuela hace unos meses, específicamente a Maturín, estado Monagas, donde se ubica la sede de Oryx.

En el mismo domicilio de Energy Service, ubicado en la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas, se encuentra Fénix Resources, empresa creada en febrero de 2021, directamente vinculada a la industria petrolera y que registra en su corta trayectoria al menos diez contratos con Corpoelec y tres con Pdvsa, todos en 2022. Esta sociedad también es mencionada en el intercambio de correos de Oryx.

Entre sus directivos se halla Luis Javier Martínez Figuera, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) incluye otras dos compañías dedicadas a la construcción: Bitmar, C.A, y Construcciones Gresso, ambas con sede en el estado Delta Amacuro, en el extremo oriental de Venezuela, del que es oriundo Samark López. Su otro directivo es José Gregorio Franco Herrera, quien posee otras cuatro empresas en el Sistema Nacional de Contrataciones. 

Ofertas turcas y chinas

Un correo del 24 de abril de 2022, enviado por Carlos Gago a Armando Salazar, revela que el grupo de empresas está trabajando en el proyecto Ulé-Amuay, un oleoducto que transporta petróleo desde el patio de tanques de Ulé en Tía Juana, Zulia, región ubicada en la frontera con Colombia, hasta la refinería Amuay en Carirubana, Falcón, en el occidente costero del país. 

En este caso, Gago reenvía un correo de Gregg Mitjens, representante de una empresa llamada Triple MG Consult BV, con sede en Bélgica, en el que hace dos ofertas para la compra de una tubería de 30 pulgadas para el proyecto. La primera propuesta es de una empresa china de nombre Cnood Asia Limited, con sede en Hong Kong. La operación se haría a través de DBS Bank (HK) Limited, la sucursal en Hong Kong de esa entidad financiera con sede en Singapur. La otra postulante es Project Materials SAS (PM Piping), la sucursal turca de Project Materials Group, una corporación especializada en el diseño de tuberías petroleras con sede en Alemania. La propia Project Materials SAS, sin embargo, tiene su cuartel general en El Havre, una ciudad portuaria en el noroeste de Francia.

Aunque no se precisan los montos de la posible transacción, Gago explica que “la idea es trabajar con cartas de crédito, entiendo que por Fénix [Resources] ya se tiene el banco con el cual se actuaría”. 

Armando.info envió cuestionarios, el 20 de abril, a Armando Salazar Gibory y a Carlos Gago Itriago, para conocer sus versiones sobre sus vínculos con la compañía y los de esta con Pdvsa, pero hasta la fecha de publicación no obtuvo respuesta. A Samark López Bello se le contactó a través de la persona encargada de sus comunicaciones; si bien este afirmó el 23 de abril que el cuestionario sería contestado "lo más pronto posible", al cierre de este texto no se había recibido su respuesta.

Aunque el vínculo entre Oryx Resources y la estatal se vio fortalecido durante la gestión de El Aissami, en la últimas semanas la trayectoria del exministro ha virado en un sentido diametralmente opuesto, tras investigaciones de la Policía Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de Venezuela sobre una red de corrupción vinculada con Pdvsa, por la que hasta el 19 de abril se totalizaban 61 detenidos, 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos. 

Ante las acusaciones, El Aissami renunció a su cargo. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar de que el propio Samark López negó hasta tres veces, en sus respuestas enviadas el 13 de marzo de 2022 a este medio, que haya retomado los negocios con el estado venezolano, lo cierto es que por esa fecha un nuevo grupo de sus empresas no solo continuó contratando con Pdvsa, sino que sus acuerdos tomaron un nuevo impulso con la llegada del exministro Tareck El Aissami, ahora caído en desgracia. 

*Adrián González, de Cazadores de Fake News, colaboró con la revisión y procesamiento de los datos.

**El 16 de abril de 2024 se introdujo una corrección en sobre los socios de la empresa Venenca C.A. Los hermanos Bevilaqcua antes señalados en la infografía no fueron socios de las personas señaladas, le vendieron a estas personas la empresa en el año 2011.

Sin embargo, los conceptos de credibilidad y fiducia no parecen ser los mismos en este mercado de activos intangibles en Internet. Al menos es lo que se deduce mientras se van conociendo los detalles de un emprendimiento en el que los inversionistas confiaron entre dos y tres millones de dólares, que ahora parecen perdidos o rumbo a generar un retorno mucho más exiguo que el prometido, al comediante venezolano Roberto Cardoso, mejor conocido como Bobby Comedia.

El caso ha asomado en redes sociales, con expresiones de inconformidad y quejas abiertas de los dueños de los NFT que los acreditan como holders del Comedy Monster Club (CMC), una iniciativa destinada a promover a comediantes venezolanos. Quienes se quejan, acusan a Cardoso —el rostro célebre en el esquema— de haber cometido un rugpull: el equivalente a un fraude, en términos naturales.

En 2021, él y los hermanos David y José David Roa anunciaron la creación de un club de comedia cuya membresía se adquiriría a través de monstruos. Usando como vitrinas publicaciones regionales como Forbes México o video shows venezolanos, como Nos reiremos de esto o Escuela de nada, los founders promocionaron lo que sería “el primer y único club de comedia que propone como membresía un activo digital coleccionable NFT”, como aún se lee en su sitio web.

El mismo sitio web indica que, a partir de noviembre de 2021, se abría la venta de un total de 10.100 tokens: “Existen 100 monstruos diferentes y cada monstruo tiene 101 permutaciones. La rareza dependerá principalmente del fondo que tenga el monstruo. Mientras más raro, posiblemente mayores beneficios y seguramente mayor valor tendrá”. 

En palabras más simples: se ilustraron 100 monstruos distintos, cada uno, a su vez, con 101 versiones distintas, dadas por la variación de alguna de sus características. Mientras menos común sea el monstruo, más valor tiene. Por ejemplo, si de 10.100 monstruos, la mayoría fuesen rojos, pero solo 100 fuesen azules, estos últimos tendrán más valor por ser menos usuales. Cada colección de NFT suele tener al menos un token único, el de máximo valor.

Para pertenecer al CMC, cada holder o inversionista podría comprar un NFT por el valor de 0,1 Ethereum (o ETH, una criptomoneda), equivalente a entre 400 y 500 dólares para la fecha de la oferta inicial. La revelación del monstruo (el nombre dado a los NFT en este proyecto) de cada holder es posterior a su compra. Es decir, todos compran su token (activo digital) a ciegas y al mismo costo y este suele ser revelado luego de que el proyecto alcanza el sold out (la venta total de los NFT). De aquí que el verdadero valor de este se conozca posterior a la inversión. Esto suele ocurrir en un promedio de tres meses (o mucho antes) luego del inicio del minteo, momento en el que se crea o acuña un objeto digital único dentro de una blockchain o cadena de bloques, que no es más que una enorme base de datos que recoge y almacena la información de manera compartida, verificable y descentralizada.

Pese a los riesgos que implica una inversión de este tipo, para muchos el proyecto adquirió credibilidad al tener a la cabeza a Roberto Cardoso, Bobby Comedia, reconocido en Venezuela por sus 17 años de experiencia en el mundo del entretenimiento, como promotor —a través de plataformas de producción de eventos— y comediante, y por ser pionero del stand up comedy en el país. Su fama traspasó fronteras y por eso llegó a formar parte, por ejemplo, del panel de humoristas de habla hispana en el programa La culpa es de Colón, una producción argentina que entre 2015 y 2016 tuvo dos temporadas en el canal latinoamericano de Comedy Central.

Por su parte, José David Roa figuraba como un hombre con experiencia en el mundo de los NFT. La triada la completaba su hermano David, quien era el CEO del proyecto y encargado del área administrativa y de finanzas.

Pero más de un año después de hecha la inversión, los holders del Comedy Monster Club no saben cuáles son sus monstruos ni dónde están los fondos que invirtieron.

De acuerdo con el contrato del CMC, Cardoso y los Roa lograron vender un total de 7.660 NFT a 2.321 holders. La variación del valor del Ethereum durante 2021 no permite hacer un cálculo exacto del monto obtenido, pero podría ascender a alrededor de tres millones de dólares.

Ante la interrogante sobre el monto exacto recaudado con la venta de los monstruos, Cardoso respondió a Armando.info, vía correo electrónico, que “no todos los NFT fueron vendidos. Hay un número importante de NFT que se han utilizado para intercambios por publicidad, premios en concursos, airdrops a holders, para realizar dinámicas para la comunidad, entre otros”, aseguró sin precisar ni el monto ni la cantidad de NFT vendidos o regalados, y agregó que la caída del valor de la criptomoneda fue un obstáculo para el club. “En este contexto, muchos proyectos NFT fracasaron durante este último año, y desaparecieron al no lograr el sold out. Sin embargo, el CMC ha entregado y sigue entregando los beneficios establecidos en el roadmap del proyecto”.

El mapa de ruta o roadmap al que se refiere contemplaba que, al alcanzar la venta de 25% de los monstruos, se produciría un podcast y se revelarían eventos secretos privados para los miembros; al alcanzar 50%, se revelaría información del Primer Festival del CMC; con 75% de ventas se abrirían concursos y juegos exclusivos para los miembros donde se repartirían 50 ETH para los ganadores; con 85% de los token vendidos se contarían los detalles del Comedy Monsters Foundation y, finalmente, con 100%: se liberarían los detalles del lanzamiento del CMC USA. 

Aunque los dos últimos hitos no fueron alcanzados, Cardoso asegura que “el CMC acaba de cerrar un primer año exitoso”, y que, pese a lo que un grupo de holders han afirmado, su proyecto no es un rugpull: “El proyecto sigue y estoy acá para trabajar en seguir cumpliendo con el roadmap y sacar el club adelante”. 

Hace énfasis en que, en noviembre de 2022, concretó un festival de comedia en Bogotá, Colombia, con la participación de diez monologuistas de Argentina, Chile, México, Venezuela, República Dominicana y Colombia. También en que, en la actualidad, desarrolla una dinámica con los holders cuyo premio es de un ETH semanal. “En este primer trimestre del 2023 también realizaremos un nuevo curso para los holders, que estará excelente. Esto lo anunciaremos muy pronto en nuestras redes sociales”. 

Sin embargo, de acuerdo con los holders que conversaron con Armando.info, la historia es otra: sí, cierto, se han hecho festivales o eventos de comedia, pero no han sido exclusivos y las entradas para los holders han sido limitadas; sí, cierto, se abrió un primer concurso para repartir ETH, pero luego la premiación se cambió por monstruos, en lugar de la moneda. Denuncian, además, otras irregularidades.

El Smart Contract del CMC especifica en sus líneas 143, 144 y 145 que la distribución de los fondos depositados en este se realizaría de la siguiente manera: 50% hacia una wallet (un monedero o billetera electrónica de criptomonedas) personal de Roberto Cardoso y 25% para las wallets de cada uno de los hermanos Roa. El contrato no incluye la wallet comunitaria (una especie de cuenta que beneficia a todos los inversionistas) en esta ecuación, factor que los holders que conversaron con Armando.info catalogan como una falta. 

Cardoso confirma esta información pero niega que la wallet comunitaria sea un requisito: “En el CMC no existe un contrato social que diga que los fondos son de la comunidad o que hay una cartera 'comunitaria'; esto también es un término acuñado por el mismo grupo de holders y que causa mucha desinformación”.

Con respecto al presunto rugpull, o drenaje de fondos del proyecto, la base de la acusación es clara: el Contrato del CMC fija un balance de 0 ETH y la wallet comunitaria solo posee un monto de 0.196045459257090758 ETH, equivalentes a un poco más de 300 dólares, después de una inversión millonaria.

¿Qué ocurrió entonces con los, aproximadamente, de dos a tres millones de dólares recaudados? De acuerdo con el holder RAMXx, quien hizo un tracking wallet, un seguimiento de las transacciones del proyecto en la blockchain, esto fue lo que pasó: a partir del 22 de noviembre de 2021, los fundadores comenzaron a extraer el Ethereum recaudado hacia sus wallets personales (en la proporción 50%-25%-25% especificada en el smart contract). Esta extracción se hizo en 13 movimientos, entre esta fecha y el 1° de junio de 2022. 

En total, egresaron del contrato 411,9 ETH, equivalentes a más de 1.180.000 millones de dólares, si se toma en cuenta el valor promedio del ETH entre noviembre de 2021 (cuando comenzó la extracción) y junio de 2022 (cuando terminó). Sin embargo, en noviembre de 2021, mes en el que se hicieron cuatro de estas transferencias, por un total de 203,47 ETH, esta criptomoneda alcanzaba su valor máximo (luego comenzaría la caída) de los últimos meses:  4.864,06 dólares por 1 ETH. Es decir, en solo los primeros cuatro retiros, Cardoso y los hermanos Roa transfirieron a sus wallets el equivalente a 989.690,28 dólares.

Parte de estos fondos ingresó, en una segunda tanda de movimientos, a la wallet comunitaria, un total de 223,6 ETH. Este podría parecer un movimiento beneficioso para los holders, si luego entre diciembre de 2021 y junio de 2022 no hubieran registrado, como en efecto ocurrió, nuevos egresos. Esta vez, la mayoría del dinero fue enviado a otras wallets personales y exchanges, plataformas donde puede cambiarse por otras monedas, incluyendo la FIAT (dinero de uso común, como divisas); solo una porción de 25,5 ETH fue devuelta a la dirección propietaria del contrato, pero un monto indeterminado fue extraído de nuevo.

Ante estos hechos, Cardoso asevera que “los fondos se han utilizado para entregar beneficios a los miembros, cumplir con el roadmap, la operación y promocionar el proyecto”. De nuevo, no especifica los montos usados. En cuanto al tema de los exchanges, afirma que “para poder cumplir con el roadmap, realizando los eventos y entregando los beneficios, hay que pagar muchas cosas en FIAT”.

Nada de esto cambia el resultado: una cuenta vacía y otra con menos de 1 ETH disponible, de los 766 ETH recaudados con la venta de 7.660 NFT.

No son solo dibujitos

La propiedad sobre una imagen que sin dificultad se puede copiar y pegar o difundir de manera masiva parece no tener sentido si no se entiende el funcionamiento de este activo y la motivación de los holders. Un NFT puede tener distintos formatos: imagen o arte, música, documento, por ejemplo. En el caso del Comedy Monster Club responde al primero. 

Si bien lo que vemos es una imagen, es la metadata de esta la que la el valor por el que pagan los inversionistas. Cuando el token, vendido a cambio de criptomoneda, es minteado o acuñado, su identidad digital, que es única, se introduce en la cadena de bloques con los datos de su propietario. Es decir, sin importar cuantas veces esta imagen se replique ni de qué manera, el original solo le pertenece a aquel holder que pagó por ella. 

Pero estos datos no son definitivos. Un holder puede vender su NFT en el mercado secundario; esto cambia entonces los datos de propiedad en la blockchain. 

Cuando nace un proyecto o una colección de NFT, los fundadores establecen un precio para el mint: mismo precio para todos, sin certezas de cuál NFT compraron. La revelación del NFT suele hacerse después del sold out, como se dijo antes. Sin embargo, existen excepciones en las que se revela justo luego de la compra, o se le da a los interesados una muestra de cómo serán las piezas. 

¿Por qué alguien compraría un arte sin saber qué es? Si el proyecto es muy popular, luego de la revelación, o incluso antes, si la colección se agota muy rápido, esta pieza aumentará su valor. El holder puede, entonces, venderlo por un monto superior al que lo compró. El ejemplo más claro es el de los famosos Bored Ape Yatch Club, cuyo valor inicial por NFT rondaba los 200.000 dólares, pero que luego multiplicó muy velozmente ese valor en el mercado. En la actualidad, superan los 700.000 dólares, y algunos han sido valorados por más de tres millones de dólares (negociados en Ethereum).

Pero esta no es la única motivación. En el caso de los Bored Ape Yatch Club, por ejemplo, sus propietarios tienen, además, acceso exclusivo a un servidor de Discord (un servicio de mensajería instantánea), en el que otros propietarios—muchos de ellos celebridades—se reúnen y charlan. En el caso del Comedy Monster Club, los holders interesados en el proyecto tendrían “beneficios experienciales”, como los llama Bobby Comedia: eventos, cursos y experiencias alrededor de la comedia; beneficios materiales, como mercancía promocional del club y económicos, como dinámicas donde se premia con ETH.

Es decir, las motivaciones pueden ir desde la inversión —bastante arriesgada— hasta el anhelo simple de apoyar un proyecto al que se es afín, o de pertenecer a una comunidad.

Pero en el CMC, los beneficios no llegaron como fueron prometidos. Y de acuerdo con holders consultados para esta publicación, Cardoso, también fundador de Goliiive —plataforma promotora de eventos de entretenimiento virtuales y presenciales en México y Venezuela— no hizo ni balances ni reportes públicos para los inversionistas de su proyecto que disiparan las sospechas de fraude. 

Ante ello, Cardoso se defiende diciendo que “es importante nuevamente recordar que nunca se ofreció un contrato social donde se presentaran reportes a la comunidad sobre la administración de los fondos del club, pero la entrega de los beneficios está a la vista de todos”,

Ante la caída de popularidad del proyecto y la aparente imposibilidad de sus fundadores —actualmente separados, desde que los hermanos Roa dejaron el proyecto— de vender los casi 3.000 NFT restantes, sumado a la pérdida de valor del ETH, los monstruos pasaron de dar miedo a risa, o al revés. 

Independencia vs indefensión

Para los usuarios de criptomonedas, gran parte de su valor yace en la descentralización de la moneda: no se debe a bancos ni a Estados, su compra o venta no requiere ni de intermediarios ni burocracia, responde a una dinámica de oferta y demanda independiente entre quienes la usan para intercambios comerciales o inversión. 

Si bien algunos gobiernos han aceptado su uso, lo cierto es que no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente y, por lo tanto, sus usuarios son vulnerables ante estafas o hackeos de sus wallets o monederos digitales.

Existen mecanismos de respaldo y protección, como las wallets frías, que para mayor seguridad se apoyan en el uso de un PIN personal para su gestión, generado por una fuente externa. No se encuentra conectada a la cadena de bloques y a internet: no puede hackearse.

Sin embargo, su uso, además, de ser desconocido para muchos nuevos e inexpertos usuarios, puede ser también un poco enrevesado, al menos más que la banca tradicional.

La indefensión es, entonces, un riesgo que solo se puede combatir con otra máxima de los usuarios de esta forma de intercambio comercial: Do Your Own Research o “investiga por tu propia cuenta”; recomendación que, asegura a Armando.info RAMXx, holder del Comedy Monster Club, es la mejor forma de protegerse cuando se invierte en NFT. “Muchas personas invirtieron en el proyecto de Bobby para apoyar a la comedia, porque confiaron en su experiencia, en la de JD y David Roa. Sabíamos que corríamos el riesgo de perder, como en todos los proyectos de NFT, y nunca invertimos si no estamos dispuestos a perder. Ya no creemos en el proyecto ni creemos recuperar nuestro dinero, pero esperamos que, al menos, se siente un precedente y no puedan de nuevo estafar a nadie más”.

El comediante afirma que el CMC no estafó a nadie y que sigue en pie, que las acusaciones son solo parte de una campaña malsana: “Esta matriz de opinión negativa ha significado un retroceso en ese sentido también, donde he tenido que seguir trabajando para recuperar la credibilidad del club y así poder sumar a más talentos y productores para poder garantizar el desarrollo del CMC. Sigo trabajando para que esta campaña negativa no trascienda a niveles que haga inviable seguir construyendo este proyecto”.

Mientras, entre denuncias y alegatos, entre monstruos y criptomonedas sin un destino claro, el puesto para “el primer y único club de comedia del país” parece seguir vacante.

En simultáneo, Mervin Maldonado, exministro del deporte, aseguraba: “Estados Unidos procura que nuestro país (…) no desarrolle sus capacidades y por eso busca limitarlos [a los atletas]”. 

Aunque la de Tokio fue la mayor cosecha de medallas —una de oro y tres de plata- que haya obtenido Venezuela en cualquier cita olímpica desde que en Londres 1948 empezaron sus participaciones oficiales, la clasificación en rankings mundiales y la propia preparación de los deportistas venezolanos se vio mermada durante esta olimpiada -el ciclo cuatrienal entre la celebración de los juegos-. Más allá de las ineficiencias en las que pudieron incurrir el Estado y sus autoridades deportivas, ciertamente las sanciones financieras impuestas por Washington dificultaron diligencias para viajes o pagos de viáticos y becas. Una circunstancia que voceros del gobierno, como el propio Maldonado, no desaprovecharon para atribuirle cualquier decepción en la competencia.  

“El bloqueo ha hecho sus estragos, ha afectado bastante el tema”, remachaba Maldonado su denuncia.

Pero para otros dirigentes deportivos las sanciones sirvieron de pretexto para poner a prueba fórmulas innovadoras y hasta audaces que permitieran sortear las sanciones y asegurar el acceso a financiamiento extranjero. Tan audaces como para implementarse en el propio territorio estadounidense, origen de esas sanciones. Tal fue el caso del Comité Olímpico Venezolano (COV) durante la presidencia de Eduardo Álvarez Camacho, xministro del Deporte en el gabinete de Hugo Chávez.

Comité Olímpico Venezolano C.A. INC es la compañía con la que el COV intentó -y no pudo; no, al menos, por completo, según sus voceros ahora afirman-  trazar un ducto para que su dinero venido desde el exterior vadeara las sanciones. Según los documentos revisados en la División de Corporaciones de Florida, fue constituida allí con el nombre inicial de Corporación Olímpica Tricolor INC, el 11 de junio de 2019. Para esa fecha arreciaban las presiones de la administración de Donald Trump desde Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, arrinconado en apariencia desde comienzos de ese año por la proclamación de Juan Guaidó por parte de la Asamblea Nacional opositora como presidente interino -o paralelo, en los hechos, con el respaldo de las principales potencias democráticas de Occidente-, y por un levantamiento cívico-militar a finales de abril, chapucero pero pronosticador de nuevas conmociones.

La empresa, así como los nombres de Álvarez y Arturo Castillo, presidente y tesorero -mismos cargos que detentaban entonces en el COV-, resaltan entre los hallazgos de Miami Nostro, una investigación conjunta entre Armando.info y el Miami Herald, por la que se sistematizaron los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos cuyos nombramientos aparecieron en la Gaceta Oficial entre 2007 y junio de 2022, para luego cruzarlos con los registros de la División de Corporaciones de Florida. El cruce de las bases de datos permitió comprobar que, a contracorriente de sus repetidos lemas antinorteamericanos, se cuentan por cientos los casos de exjerarcas y funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro que terminaron, si no viviendo, al menos sí abriendo empresas o adquiriendo activos en el sur de Florida, meca dorada del exilio antichavista y, aún antes, de la clase media venezolana. 

La compañía pasó a llamarse directamente Comité Olímpico Venezolano INC en febrero de 2020, y en febrero de 2021 sumó el nombre de Joseba Barreda como vicepresidente, todavía junto a Álvarez y Castillo. 

Franklin Cardillo, Secretario de Deporte del estado Miranda y actual tesorero del COV, afirma que la compañía fue creada para evadir las sanciones que no permitían que en Venezuela se recibieran los fondos de los programas Top y Solidaridad Olímpica provenientes del Comité Olímpico Internacional (COI) en Suiza. Atribuye el cambio de nombre de la compañía en Florida a las condiciones del COI para la transferencia del dinero: “Debía tener el mismo nombre del comité en Venezuela, igual que la cuenta bancaria”. Esta cuenta fue abierta en el Bank of America, según Cardillo, quien indica que previamente el comité contaba también con una cuenta en el banco ItalBank —un pequeño banco intermediario creado por el venezolano Carlos Dorado en Puerto Rico en 2008, que sirvió para canalizar transferencias en dólares del gobierno venezolano y otros clientes privados, luego de que Citibank cesara su prestación de servicios al país en 2016-.

No obstante, la jugada no resultó como esperaba el COV. Cardillo relata que, en 2020, la primera transferencia hecha por el COI como parte del programa Top, por un monto de 108.000 dólares, fue retenida por la OFAC -siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-. Desde Venezuela se gestionó el reclamo para la devolución del dinero a Suiza y se logró, asegura. Pero desde entonces los fondos de este programa hacia Venezuela cesaron. Por Top, el COV recibía entre 300.000 y 400.000 dólares anuales.

Sin embargo, el COV se metió por la ventana y logró, todavía de acuerdo con Cardillo, que el país recibiera dinero del programa Solidaridad Olímpica, esta vez a través de Panam Sports, una organización adjunta al COI que reúne a los Comités Olímpicos Nacionales de América. De acuerdo con el tesorero, el 5 de mayo de 2022 el COV recibió en su cuenta de Bank of America 170.000 dólares de Panam Sports; pero al entregar el comité a la nueva directiva, el 19 de mayo de este año, los exdirectivos declararon que la cuenta no tenía fondos y que había sido cerrada. La versión sobre el uso de esos fondos que se agotaron la ofrece Eduardo Álvarez en otro segmento de este reportaje.

Hasta ahora no se ha gestionado un traspaso ni de la cuenta bancaria, presuntamente cerrada, ni de la empresa -que según la División de Corporaciones de Florida sigue activa- a la nueva directiva del COV.  El tesorero del nuevo comité asegura que, por esa razón, no han podido abrir otras que cumplan con los requerimientos del COI.

Tanto Cardillo como Álvarez confirman que los dirigentes deportivos y federativos venezolanos estaban al tanto de esta medida. 

De hecho, hay rastros en Florida que sugieren que ese ejemplo cundió. Hay registro de al menos cinco compañías homónimas de federaciones deportivas venezolanas. Dos de ellas coinciden con la línea temporal de las sanciones y de la creación de la empresa del COV. La primera es Venezuela Basketball LLC, creada en agosto de 2018 y disuelta en septiembre de 2022; en esta, figura como gerente Efrem Night, extrabajador de la Fundación Greivis Vásquez, aunque el presidente de la federación en Venezuela era, para la fecha, el exjugador Bruno D’Addezio. La segunda es Federación Venezolana de Deportes Ecuestres LLC, creada en enero de 2019 y disuelta en octubre de 2020, donde aparecía como gerente Elena Couttenye, jueza de la Federación Ecuestre Internacional, cuando el ente en Venezuela era presidido por Patricia Velutini. 

Esta última federación se vio afectada en 2018 cuando Emanuel Andrade, su principal atleta e hijo de Alejandro Andrade —militar retirado y exguardaespaldas de Hugo Chávez que fue Tesorero Nacional (2007-2010) y presidente del Bandes (2008-2010) y acusado por el saqueo de mil millones de dólares del erario público venezolano—, perdió todos sus caballos, que estaban entre las propiedades confiscadas a su padre por la justicia estadounidense tras ser sentenciado. Según reportes de prensa, Alejandro Andrade fue liberado en febrero de 2022 de una prisión federal en Pennsylvania tras conseguir una reducción de su pena. 

Versiones que van y vienen

Eduardo Álvarez Camacho —quien fue presidente del COV durante 16 años, hasta mayo de 2022—, confirmó a Armando.info que la empresa en Florida fue creada para evadir las restricciones generadas por las sanciones. Sin embargo, contrario al nuevo tesorero del COV, asegura que la cuenta jamás pudo ser usada. “Se abrió y se cerró en 2020. Desde 2019, Venezuela dejó de recibir recursos del COI porque los bancos nos advirtieron que la OFAC podía retener el dinero. Entonces creamos esta corporación, con la misma acta constitutiva del COV, para abrir una cuenta corporativa en Bank of America, pero no funcionó. Nadie se arriesgaba”.

Dice que, desde entonces, los únicos recursos recibidos fueron los de Panam Sport, mas no como parte del programa Solidaridad Olímpica, como afirma Cardillo, sino por aprobación de proyectos de los que debían rendirse cuentas al órgano internacional. Confirma la recepción de 170.000 dólares en mayo que, asevera, fueron usados para saldar proyectos antes de la entrega del COV a su nueva directiva. “No recuerdo a qué cuenta entraron, debió ser a la de Puerto Rico, porque la de Bank of America nunca se usó”.

No obstante, Armando.info tuvo acceso a un comprobante de pago por parte de Panam Sport a la cuenta de Bank of America del Comité Olímpico Venezolano, del 16 de diciembre de 2021, por concepto de subsidio para pasajes para los Juegos Panamericanos Junior celebrados en noviembre de 2021 en Cali, Colombia.

Álvarez también ofrece una versión distinta sobre la transferencia retenida por la OFAC: “El dinero que se retuvo no fue del COI, sino del Estado venezolano, que trató de pagar una deuda con el comité internacional por derechos televisivos. Ese dinero se congeló y luego se regresó, pero después de eso el COI no se atrevió a enviar más recursos”, asegura, y precisa que ni esta, ni ninguna otra transacción del gobierno, se hizo a través de la cuenta bancaria del COV.

Franklin Cardillo fue cuestionado por Armando.info sobre esta afirmación, pero al cierre de este texto no había contestado la petición.

La mano que mecía el COV

Eduardo Álvarez Camacho dirigió el Comité Olímpico Venezolano desde 2006 hasta mayo de 2022. Sin embargo, sus vínculos con el deporte y con el gobierno trascienden este ente. Desde cierta perspectiva, su trayecto desdice del celo con que el movimiento olímpico global defiende la independencia de los comités olímpicos nacionales, privados, con respecto a los Estados, una postura que con frecuencia se hizo más flexible en entornos como los del antiguo bloque soviético o de dictadurasde otros signos . 

Álvarez fue Viceministro de Educación y Deportes hasta 2006, cuando renunció a su cargo. Aristóbulo Istúriz, entonces ministro de Educación y Deportes, anunció su retiro con pesar: "Yo traje a Eduardo Alvarez y estoy orgulloso con su gestión”, dijo. Fuentes cercanas al COV afirman que Álvarez Camacho siempre contó con la protección de Istúriz. 

En noviembre de 2006, el expresidente Hugo Chávez creó un ministerio independiente para el deporte, que hasta entonces había estado amparado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En enero de 2007, Álvarez, quien ejercía también el cargo de presidente del Instituto Nacional del Deporte (IND), fue nombrado por Chávez como el primer ministro en dirigir el órgano recién creado. 

Posteriormente, fungió como funcionario del Ministerio para la Economía Comunal (2007), y como integrante, representante y parte de la comisión de seguimiento de Mindeporte (entre 2012 y 2017), todo a la par de su gestión en el COV. Así, tenía un pie en la gestión estatal y otro afincado en la olímpica. 

Con la creación, en 2017, del Ministerio de Juventud y Deportes, Álvarez declaró: “Chávez fue muy acertado con la creación del Ministerio del Deporte que coincidió con el mejor momento del deporte venezolano. Ahora tenemos que ver a dónde llegamos y dónde estamos en estos momentos para manejar la actividad deportiva en una misma línea”. Pedro Infante, entonces Ministro de Juventud y Deportes y expresidente del IND, lo rebatió públicamente, exhortando a llevar su propuesta “ante la Asamblea Nacional Constituyente que para eso se creó”. 

Fue un indicio de la rivalidad entre Álvarez e Infante, se hizo cada vez más evidente en múltiples oportunidades durante los últimos años, hasta alcanzar su punto más álgido en una fecha tan reciente como mayo de 2022, cuando Infante interpuso una demanda en contra de Álvarez, por presunta malversación de fondos durante la Copa América en 2007 y la preparación de atletas venezolanos para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Esta acción penal evitó que Álvarez inscribiera su candidatura para ser reelegido para el período 2022-2026, indicó Franklin Cardillo a Armando.info. No obstante, el expresidente del COV asegura que ya no está siendo investigado: “Un día después, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República me otorgaron un sobreseimiento. No lo hice público porque las acusaciones en mi contra eran falsas y no tenía que defenderme de nada”.

Tras este suceso, se conformó en una reunión de federativos una plancha única, con la exjugadora de softbol, María Soto, a la cabeza, Élida Párraga (integrante de la directiva anterior Álvarez) como primera vicepresidenta y Franklin Cardillo (candidato a la presidencia de la plancha que adversaba a Álvarez) como tesorero. A la proclamación asistió la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Luego de seis meses de gestión, el nuevo COV ofreció en noviembre de 2022 su primer balance, donde Cardillo asegura que, si bien la recepción de recursos del COI no ha podido restablecerse, el órgano internacional llegó, en septiembre, a un acuerdo con el COV y el gobierno venezolano. El comité nacional usará para su gestión deportiva los 2,5 millones de dólares que el Estado venezolano debe al COI por derechos de televisión de los Juegos Olímpicos y, a modo de trueque, el COI descontará la deuda de los recursos que corresponden a Venezuela por el programa Top, que han estado retenidos desde 2021 por las sanciones que no pudieron evadirse con la empresa en Florida.

FE DE ERRATAS: En la versión de este texto publicada originalmente, en su penúltimo párrafo, se afirmaba, erróneamente, que Élida Párraga era "esposa de [Eduardo] Álvarez". El error fue corregido. Presentamos excusas a nuestros lectores.