Televisión Azteca, el segundo mayor conglomerado de TV y multimedia de México, enfrenta apuros económicos desde febrero de 2021. Ese año dejó de pagar los intereses de una deuda de más de 630 millones de dólares con tenedores de bonos cuyo fiduciario es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos: The Bank of New York Mellon. 

Como colofón de esta crisis, hace seis meses, el 10 de marzo de 2026, debió empezar en México un proceso denominado “concurso mercantil”, una suerte de declaración de bancarrota donde el deudor negocia con los acreedores condiciones favorables para pagar sus deudas. Pero antes de arrancar, una inesperada maniobra le endosó letras pequeñas al procedimiento. Apenas cinco semanas antes, la televisora suscribió un nuevo préstamo, esta vez por 290 millones de dólares, con un banco offshore de Santa Lucía. El contrato correspondiente estableció condiciones que priorizan los pagos a esa entidad. 

El banco de Nueva York demandó entonces, el 2 de junio de 2026, a TV Azteca ante la Corte Federal del Distrito del Sur de la Florida. Acusa a la televisora y al AlterBank –el presunto prestamista, un banco offshore con sede en Santa Lucía, nación insular a unos 1.600 kilómetros al nordeste de la isla de Margarita– de participar en un esquema fraudulento, por el que habrían simulado un crédito para evadir sus obligaciones de pago con otros acreedores. “Nuestra investigación sugiere que AlterBank no contaba con los fondos para llevar a cabo dicho préstamo por sí solo, y TV Azteca se ha negado a compartir información relativa al préstamo”, dice un recurso interpuesto por el banco de Nueva York, en el que solicitan que la Corte ordene a TV Azteca y a AlterBank compartir toda la documentación relativa a ese préstamo. “La evidencia que está a la vista sugiere que el préstamo de AlterBank puede ser una operación fraudulenta”, asegura.

AlterBank no es un banco tradicional. Su estructura y capital son diminutos: no cuenta con agencias de atención al público y, según documentos internos de la entidad financiera, apenas dispone de un capital de 4 millones de dólares. “Información pública de AlterBank muestra que solo cuenta con una oficina semi-vacía, solo con tres empleados: un recepcionista, un empleado de marketing y un gerente. Los directores del banco cumplen sus funciones desde sus residencias en Florida y AlterBank no tiene clientes en Santa Lucía, debido a que tiene prohibido llevar a cabo sus negocios con residentes de la isla”, resalta la demanda. La gran pregunta de esta historia: ¿cómo una entidad pequeña y sin operaciones aparentes tiene la solvencia financiera para prestar 290 millones de dólares a una de las corporaciones más conocidas de un magnate latinoamericano de la talla de Ricardo Salinas Pliego?

Salinas Pliego es uno de los más destacados empresarios de México. Fundó el Grupo Salinas, un conglomerado de medios, comercio minorista y servicios financieros que incluye a TV Azteca y Banco Azteca. Forbes estimaba su patrimonio, junto con el de su familia, en unos 3,7 billones de dólares. Tiene, además, un perfil activo en política y es conocido por sus posiciones críticas en redes sociales contra la administración de Claudia Sheimbaun. En los últimos años ha sostenido una disputa con el gobierno mexicano por adeudos fiscales.

En TV Azteca responden que la operación se hizo apegada a derecho y que han sido transparentes sobre el destino de los recursos. “Este financiamiento, legal y legítimo, se hizo público hace seis meses y la empresa ha sido igualmente clara al explicar que los recursos fueron utilizados para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, declaró para este trabajo, por correo electrónico, el 21 de septiembre, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca.

Pascoe, sin embargo, no se refirió a las preguntas sobre cómo TV Azteca llegó a un banco de Santa Lucía para obtener un préstamo de esa magnitud ni sobre si conocían que AlterBank contaba con apenas 4 millones de dólares de capital. Como respaldo a su explicación, compartió un comunicado difundido el 7 de julio de 2026 por Grupo Salinas sobre el pago de la deuda tributaria.

Semanas antes de que TV Azteca decidiera someterse al “concurso mercantil”, la televisora y AlterBank modificaron el préstamo para aceptar como garantías de pago las notas de deuda de la propia empresa. Para el banco neoyorquino, que reclama precisamente el pago de esas notas, el momento y los términos de la operación son reveladores: el nuevo acuerdo habría colocado a AlterBank por delante de otros acreedores, justo cuando TV Azteca se preparaba para entrar en un proceso de insolvencia. En la demanda, Mellon Bank sostiene que el crédito fue estructurado de manera fraudulenta para “frustrar el pago de las notas (…) [y] darle prioridad a AlterBank sobre las notas en el concurso mercantil”. En otras palabras, se trataría de una operación para prevenir cualquier embargo.

El expediente menciona que detrás de AlterBank figuraba el venezolano Juan Francisco Ramírez, quien también estuvo involucrado en el escándalo de un grupo de banqueros venezolanos, pero en Puerto Rico: el del Nodus Bank, que está en proceso de liquidación por un fraude a los ahorristas. En este caso, el mismo Ramírez se declaró culpable de haber desviado más de 13,6 millones de dólares. Otro venezolano, Tomás Niembro, ex presidente de la entidad boricua, recibió esta semana en Florida una condena de nueve años de prisión por fraude y cooperación para evadir sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Caracas.

Según registros públicos, Juan Ramírez vendió su participación en Alterbank en noviembre de 2024. El 10 de septiembre de 2026, El Faro y Armando.info, localizaron a Ramírez para obtener su versión sobre la demanda del Bank of New York Mellon y los consiguientes señalamientos de fraude contra el Alterbank. “En este momento, no puedo dar una declaración, porque tengo un caso con Nodus Bank y con Alterbank”, se excusó ante los reporteros. “Les pido por favor que se remitan con los actuales dueños de AlterBank: Tomás Hernández y Augusto Castillo. Que ellos les den la información”. Fue la única pista, parca pero a la vez reveladora, que Ramírez accedió a ofrecer.

Asesor venezolano de Bukele se compró un banco

Los compradores a los que Ramírez señala son dos empresarios, también venezolanos, pero con vínculos con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. 

En diciembre de 2024, un año antes de que ocurriera el supuesto préstamo a TV Azteca, Augusto César Castillo Chávez compró oficialmente las acciones del AlterBank, según el expediente de la Corte del Sur de Florida. Pero la declaración de Ramírez advierte que en esa transacción también vendió a Tomás Hernández, asesor de Bukele y uno de los venezolanos que forman parte de su círculo de confianza en El Salvador.

Augusto Castillo es un venezolano residenciado en México sin trayectoria pública conocida en el sector financiero. En cambio su padre, Wiomar Alfredo Castillo Martínez, es gerente de Aroum Group, una empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas –un reconocido paraíso fiscal del Caribe– que durante la pandemia defraudó al gobierno de El Salvador con la planeada entrega de leche en polvo por valor de de 7 millones de dólares, en el marco de un contrato de 27 millones de dólares del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que anunciaba despensas de alimentos a hogares vulnerables. 

El contrato para suministrar 8.070 toneladas métricas de leche en polvo fue adjudicado el 11 de abril de 2020 por el gobierno de El Salvador. Una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña –la institución contralora de la hacienda pública– determinó que esos 7 millones de dólares en leche en polvo nunca ingresaron a El Salvador. “Comprobamos que se pagó la suma de $1,730,134.20 por producto no recibido, más $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagado”, dice la conclusión del borrador de la sentencia que fue archivada por la Corte de Cuentas.

El socio de Augusto Castillo en AlterBank es Tomás Hernández, quien junto a su esposa, María Alejandra García, fue designado como responsable de la logística del empaquetado de despensas del Programa de Emergencia Sanitaria en los ministerios de Gobernación y de Agricultura, que durante la pandemia impulsó el ya famoso grupo de asesores venezolanos que encabeza  Sara Hanna, una ministra sin nombramiento oficial.

El 19 de noviembre de 2022, Tomás Hernández y su esposa, María Alejandra García, destacaron entre los invitados al matrimonio de Ibrajim Bukele quien, además de hermano del Presidente, es uno de los principales tomadores de decisiones en instituciones del área económica y en las empresas autónomas de energía y telecomunicaciones del gobierno salvadoreño. 

Además de la indagatoria de la Corte de Cuentas por la compra fraudulenta de leche a  Aroum Group –la offshore de Islas Vírgenes Británicas vinculada a la familia de Augusto Castillo–, Hernández era mencionado en otra investigación de corrupción. Cuando la Fiscalía aún no había sido cooptada por Bukele, en 2020, el nombre de Hernández apareció por primera vez en El Salvador como parte de un esquema de corrupción en la compra de alimentos para familias vulnerables.

El Grupo Especial Antimafia, una unidad de la Fiscalía, entonces sustanció el llamado caso Catedral: un expediente que investigaba a todo el entorno presidencial no solo por la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), sino también por el llamado pacto de Bukele con las pandillas. En una indagatoria inicial, Tomás Hernández y María Alejandra García fueron incluidos como sujetos de interés por la Fiscalía, en el “organigrama de estructura criminal”. La investigación quedó archivada tras el golpe parlamentario contra el órgano judicial de 2021, con el que el bukelismo destituyó ilegalmente al Fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, desintegró el Grupo Especial Antimafia y ordenó confiscar información a sus miembros. Los fiscales que lo conformaban marcharon al exilio, incluido German Arriaza, el fiscal anticorrupción que lideraba el grupo.  

El mismo ciudadano venezolano investigado en El Salvador aparece ahora en AlterBank. Aunque en la demanda de Miami su nombre no figura formalmente como propietario del banco, documentos de Santa Lucía muestran que mantiene una participación activa: figura como director y dispone de un usuario y un correo corporativo con el dominio de AlterBank.

No fue posible contrastar esta información con Hernández ni con Castillo. Se les envió comunicación por vía telefónica y correspondencia, pero no hubo respuesta alguna. El abogado que los representa en nombre de Alter Bank, Michael Díaz, tampoco respondió. Aunque había accedido a una videollamada desde Miami, canceló horas antes de publicar esta nota.  

El rastro de la leche quedó en Puerto Rico

Antes de convertirse en los banqueros detrás de un préstamo –que en la demanda de Miami señalan de fraudulento–  por 290 millones de dólares a TV Azteca, los nuevos propietarios de AlterBank ya aparecían en otro banco de capital venezolano, el Nodus International Bank, pero en otra jurisdicción caribeña, Puerto Rico, y no como accionistas sino como ahorristas afectados. Si bien eran apenas dos entre 7.500 ahorristas perjudicados por la intervención y colapso del banco, por la cuantía de los montos depositados en sus cuentas, destacaban como unos de los mayores clientes. 

El Nodus fue intervenido por las autoridades financieras de la isla en mayo de 2023 y posteriormente entró en proceso de liquidación. Las irregularidades iban desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta algo todavía más inusual: una solicitud, después de la intervención, de una comisión para recuperar los fondos perdidos.

Durante el proceso de liquidación apareció AlterBank. En abril de 2024, uno de los antiguos propietarios de Nodus, Juan Francisco Ramírez, solicitó que parte de la cartera crediticia del banco puertorriqueño fuera trasladada a AlterBank, entonces una entidad mucho más pequeña en Santa Lucía. La solicitud fue rechazada por el regulador puertorriqueño, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que advertía que AlterBank no estaba preparado para recibir nuevos clientes ni contaba con las licencias o la infraestructura para hacerlo.

Ahora Ramírez dice a Armando.info y a El Faro que vendió el banco de Santa Lucía a dos personajes que, en paralelo a esta historia, están vinculados a defraudaciones al estado salvadoreño durante la pandemia. Esta conexión resulta especialmente relevante en el caso del Nodus Bank, porque una fuente que forma parte del proceso de liquidación del banco, en Puerto Rico, advierte que la empresa SM Intertrade tiene unos 6,9 millones de dólares congelados en Nodus y cuyo destino depende de cómo concluya el proceso de liquidación. 

Desde 2022, SM Intertrade es el nuevo nombre de Aroum Group, la offshore de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el Registro de Empresas de ese territorio. El cambio de nombre se produjo después del escándalo y de una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña, que señaló el fraude de 7 millones de dólares por la leche que nunca ingresó a El Salvador, casi el mismo monto que quedó varado en San Juan de Puerto Rico. 

Esta historia fue investigada y reporteada por El Faro de El Salvador y Armando.info de Venezuela, que la publican de manera simultánea.

El Faro, medio salvadoreño, analizó declaraciones en eventos internacionales y publicaciones en redes sociales donde algunos de estos venezolanos admiten su rol en el Gobierno; así como fotografías de actividades del Gobierno y de Nuevas Ideas, el movimiento oficialista, celebrados entre el 1 de febrero de 2020 y el 1 de mayo de 2021, en las que los venezolanos aparecen como protagonistas. Conversamos con tres funcionarios y dos empleados de este Gobierno que son testigos del trabajo de este grupo, con un empresario que los ha visto gestionar y resolver asuntos oficiales y dos diplomáticos contaron cómo y qué tipo de órdenes giran hacia ministros y otros funcionarios. Además, dos venezolanos que han trabajado con los asesores radicados en El Salvador y que tienen amistad con ellos desde su época de estudiantes universitarios, describieron algunas de las funciones que desempeñan en el país.

Los cinco funcionarios y los dos empleados manifestaron tener temor a ser identificados, por el riesgo a perder sus empleos o a sufrir represalias en contra de sus familias; el empresario dijo tener temor a recibir acoso de Hacienda; los diplomáticos pidieron la reserva de sus nombres, por no contar con autorización para hablar sobre este tema, y los dos venezolanos, por temor a enfrentar campañas de desprestigio en su país, debido a que trabajan con la oposición en Caracas. 

Los testimonios de estas diez fuentes permiten dibujar un organigrama no oficial, una estructura paralela donde la jefa de gabinete no es la comisionada de Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, sino una venezolana: Sarah Abdel Karim Hanna Georges. Hanna ha sido asistente del líder opositor venezolano Leopoldo López y de su esposa, Lilian Tintori.

En la punta de la pirámide del poder salvadoreño está el presidente Nayib Bukele, seguido de Karim, su hermano más cercano, y luego sus también hermanos Ibrajim y Yusef. Los venezolanos sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el Gobierno y el partido Nuevas Ideas. Trasladan lineamientos en persona y a través de grupos de Whatsapp desde los que giran instrucciones. El Faro ha identificado a un grupo de 30 venezolanos que trabajan en el Gobierno, de los cuales diez pertenecen a un círculo privilegiado de toma de decisiones. De los 20 restantes, unos no viven en El Salvador, pero suelen permanecer aquí durante lapsos que van de días hasta meses.

“Te lo resumo así: casi que por cada ministro tienen un venezolano detrás dando órdenes”, explicó un amigo de los asesores venezolanos. 

A finales de marzo de 2021, tras una publicación de El Faro sobre Lester Toledo, jefe de campaña de Nuevas Ideas y ex dirigente de VP en el estado Zulia, un embajador se acercó a un periodista de El Faro durante un evento. “Sí, es cierto. Hay un montón de venezolanos que participan en reuniones oficiales del Gobierno, y la líder es Sarah Hanna”. Los otros asesores venezolanos tienen áreas específicas en el gabinete ampliado, y le rinden cuentas a Hanna, como ministros no oficiales del Gobierno. 

En el organigrama no oficial de este gabinete paralelo, debajo de Hanna está su persona de mayor confianza, Miguel Sabal, quien se encarga de temas logísticos y del reclutamiento de venezolanos en Caracas para trabajar con el Gobierno de El Salvador. Luego están los asesores por áreas: Miguel Arvelo, en Salud; Tomás Hernández, en el gabinete económico; Roddy Rodríguez ,en Educación y Cancillería; Juan Carlos Gutiérrez, en los temas de transparencia, enlace con la Corte de Cuentas y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (Cicíes); Santiago Rosas ha estado a cargo de la elaboración del Plan de Control Territorial, que nunca ha sido presentado públicamente, y Ernesto Herrera se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Seguridad. Como asesora de Casa Presidencial, en protocolo, estaba María Alejandra García, que actualmente se encarga de coordinar, junto a su pareja, Tomás Hernández, el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). La cabeza del segundo grupo es Lester Toledo, quien ha trabajado para Nuevas Ideas, pero a quien el Gobierno encomendó diseñar el PES, como herramienta de organización del territorio. Las acciones de propaganda en redes sociales son coordinadas por el equipo de Toledo, que incluye a su hermano Lender y a Esteban Vicuña, en coordinación con Hanna.

El 1 de junio, El Faro pidió entrevista a varios asesores de este grupo, a Sarah Hanna, a Lester Toledo, a Esteban Vicuña y a Roddy Rodríguez, a través de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El 24 de febrero, Vicuña prometió brindar una entrevista. “Estoy en un evento, pero mañana con mucho gusto a las ocho de la mañana puedo responder a todas sus preguntas”, dijo, pero no volvió a responder su teléfono. Las instituciones oficiales de comunicación de la administración Bukele no se hacen cargo de gestionar entrevistas con los venezolanos, bajo la lógica de que no aparecen en ningún organigrama.  

Estos asesores no tienen rango oficial y el Gobierno ha negado que existan sus plazas a través de resoluciones de sus oficinas de acceso a la información (OIR). El 16 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud respondió a un ciudadano que solicitó esos contratos que los asesores venezolanos no aparecían como empleados en los registros de Recursos Humanos, y Casa Presidencial declaró que los contratos eran “inexistentes” y “reservados”, según una resolución del 2 de julio de 2020. Dos empleados de esta dependencia dijeron a El Faro que los honorarios de los venezolanos salen de la Dirección y Administración Institucional/Administración General de la Secretaría Privada de Presidencia de la República, y que todos tienen contratos de asesores. 

El 1 de junio, una laboratorista del Instituto Nacional de Salud (INS) denunció que Miguel Arvelo, Miguel Sabal y Sara Hanna le instruyeron no procesar pruebas de Covid-19, incluidas las del personal de primera línea. Esa denuncia interna se conoció por la filtración de un memorando dirigido a la subdirectora del INS, Xóchitl Sandoval. En diciembre de 2020, un funcionario pidió poner atención al esquema que describe ese documento. “Los asesores venezolanos son como los chaneques [guardianes o miembros de un séquito, en Mesoamérica] de los Bukele. Los acompañan a actividades y a reuniones muy específicas de alto nivel”, relató. “Yo sé que los hermanos toman decisiones, pero no es que agarren el teléfono para darnos órdenes sino que mandan a sus emisarios: los venezolanos. Eso sucede en varios ministerios”, añadió.

La relación con estos asesores se comenzó a construir desde la campaña de Bukele para la elección presidencial de 2019. Sarah Hanna y Lester Toledo participaron como estrategas en esa campaña. En mayo de 2019, Bukele realizó una gira a Estados Unidos y participó en una conferencia de Americas Society/Council of the Americas, donde se reunió con Carlos Vecchio, un hombre de confianza de Lester Toledo, que acababa de ser designado embajador en Washington D.C. por Juan Guaidó. El propio Vecchio es dirigente de Voluntad Popular. 

“Agradecidos con el Pdte. Electo de El Salvador, Nayib Bukele, por su apoyo al pueblo venezolano, el compromiso demostrado por nuestra causa de libertad, cese de usurpación y la restitución de la democracia en nuestro país”, escribió Vecchio tras la reunión del 7 de mayo de 2019. El 2 de noviembre de 2019, Bukele expulsó de El Salvador al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro.

En diciembre de 2020, un ministro mencionó a este medio una regla no escrita en este Gobierno: “Si como titular de una institución no tienes una vía de comunicación directa con el presidente, te jodiste, porque los venezolanos mandan”. 

El Faro confirmó que, desde febrero de 2020, algunos de estos asesores participaron como protagonistas en la construcción del “Fondo de Emergencia” de 2.000 millones de dólares en préstamos destinados a combatir la pandemia. “Ellos se encargaron de la coordinación de las donaciones internacionales, en la mesa de crisis que luego fue bautizada como Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica y que funcionó en el Edificio Century Tower, en las inmediaciones de Cifco, en la Zona Rosa”, de San Salvador, la capital, dijo una fuente que aseguró que en esa oficina se definieron las fases durante los meses de confinamiento; ahí se detalló el programa de entrega de canastas de alimentos y también el plan de vacunación que ha sido declarado secreto hasta 2024. “En ese edificio está Corsatur [por Corporación Salvadoreña de Turismo], en el piso 10, y el Mitur [abreviatura del Ministerio de Turismo], en el 11. Ese lugar fue la base de operaciones de los venezolanos”, confirmó un empleado de Casa Presidencial, haciendo referencia a que Turismo gestionó los arrendamientos de los hoteles que funcionaron como “centros de contención”.

Guataca para la pandemia

El 17 de febrero, el gobierno organizó un evento en la Unidad de Salud Atlacatl, para dar por iniciada la campaña de vacunación contra la Covid-19, tras el arribo de un primer lote de vacunas AstraZeneca del programa Covax (Acceso Global a las Vacunas), provenientes de la India. Una hora antes de que iniciara el evento, Sara Hanna ingresó junto con un equipo de asesores a supervisar la logística. Ella entró varias veces a una cabina a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alabí, que esperaba al presidente Bukele. 

Luego del hecho, un embajador dio más contexto a la presencia de Hanna en el evento. “Yo tuve conocimiento de que la persona designada por el Gobierno de El Salvador para coordinar el Covax y para brindar detalles a la comunidad internacional sobre su implementación es ella”. 

En el mismo evento, y en una zona donde la prensa no tenía acceso, un hombre esperaba sentado a que iniciara el evento. Se trataba de Miguel Arvelo, quien primero estuvo destacado en Medio Ambiente, pero que en 2020 pasó a ser un enlace entre Casa Presidencial y el Ministerio de Salud. “Él se encarga de coordinar proyectos en Salud. Él gira instrucciones de Sarah Hanna a personal de rango medio y a técnicos de ese Ministerio”, relató un funcionario que participó en reuniones con él. 

El currículo previo de Arvelo no está relacionado a área alguna de la salud humana. “Cuando ellos arribaron a El Salvador, nadie esperaba que hubiera una pandemia. Ninguno de los asesores subordinados a Sarah Hanna, que es odontóloga, es médico, así que por default seleccionaron al veterinario, Miguel Arvelo, que era el que más o menos entendía esos temas”, relató un amigo venezolano de los asesores. 

En el evento también estaba Miguel Sabal Matheus. Después de Sarah Hanna y Lester Toledo, que fue jefe de campaña de Nuevas Ideas para las elecciones de febrero de 2021, Sabal Matheus es el asesor de mayor rango en la cúpula de venezolanos. Él trabajó en Cúcuta, Colombia, la logística de la ayuda humanitaria enviada desde Miami, Florida, como delegado de Guaidó.

Sabal es un empresario de Caracas que en 2013 fundó en Panamá la empresa Recreaciones Aventura SA, la entidad con la que opera una empresa que organiza campamentos, talleres de liderazgo y de comunicación en Venezuela, y que le ha servido como plataforma para construir una red de apoyo en ese país, según relató una fuente venezolana. El Faro pudo constatar que, en febrero de 2014, Sabal constituyó en Miami la Fundación Futuro Presente Inc, junto con Sarah Hanna, que se dedica a formar líderes que han terminado ocupando cargos con Voluntad Popular, el partido opositor del chavismo fundado en 2009 bajo el liderazgo de Leopoldo López. Otro de los asesores en El Salvador, Roddy Rodríguez Fuentes, es tesorero de la fundación.

Rodríguez Fuentes es también asesor del Ministerio de Educación salvadoreño. Antes estuvo designado a Cancillería. De agosto a noviembre de 2020, fue el responsable del “diseño de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de procesos de formación docente”, dice su hoja de vida en Linkedin. De enero a junio de 2020, coordinó la planificación de los programas en el marco de la pandemia. En su caso, la confirmación de su participación con el Gobierno de Bukele fue escrita por él mismo en su hoja de vida: “Fui el responsable de diseñar e implementar estrategias de cooperación internacional para el Gobierno de El Salvador, las cuales incluyeron el diseño de una Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador (ESCO), la coordinación de la estrategia de cooperación internacional del Gobierno durante la respuesta temprana a la pandemia de COVID-19, entre otras”. 

En julio de 2020, ESCO fue creada por decreto ejecutivo como una institución “que actuará bajo los lineamientos del presidente de la República”. Es la responsable de coordinar la obtención de cooperación internacional y de establecer sus prioridades a través de lineamientos. 

Rodríguez Fuentes es consultor en Bogotá, Colombia, de la empresa SmartEd Education Solutions, que según su página web tiene una filial en El Salvador, cuya oficina está en el Edificio Century Tower, en la Zona Rosa de la capital. Rodríguez Fuentes es el contacto principal de la empresa en El Salvador. Hasta mediados de 2020, el edificio Century era el lugar de reunión de los asesores venezolanos, relató un empresario que debido a su trabajo visitó ese edificio para asistir a algunas reuniones de negocios no relacionadas con ellos, pero que pudo reconocerlos. Un técnico de un organismo internacional dijo que en esas oficinas se reunían los venezolanos: “Durante algunos meses supe que ahí planificaron actividades de la mesa de crisis del gobierno en el marco de la pandemia”. 

Dos funcionarios del gobierno de Bukele que tuvieron conocimiento de las actividades de planificación entre enero a abril de 2020, coordinadas por Casa Presidencial para la atención de la pandemia, dijeron que los asesores venezolanos se repartieron áreas. “Por ejemplo, yo supe que en el equipo de coordinación de compras de alimentos y en la planificación del bono de 300 dólares participaron Sarah Hanna y Tomás Hernández”, relató uno de los funcionarios. “Hernández es el enlace con las instituciones del gabinete económico: Hacienda, Economía, Agricultura y hasta el Banco Central”, dijo.

Tres fuentes de Gobierno que tuvieron conocimiento de las discusiones en Casa Presidencial y en otros espacios de reunión del gabinete dijeron que el arquitecto del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) fue Lester Toledo. “Lester fue la persona que diseñó el PES. Uno de los equipos que se encargaba del empaque y distribución del programa de entrega era coordinado por los venezolanos”, dijo un funcionario de alto nivel de este Gobierno. “Él ya había trabajado en temas logísticos de ayuda humanitaria para Guaidó, entonces era lógico que él se encargara de coordinar la logística. La coordinación de las compras se la delegaron a Tomás Hernández”, relató otro de los funcionarios.

Tomás Hernández, el asesor que transmite las órdenes a los titulares del gabinete económico, no es economista. En un boletín de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB, universidad privada de los jesuitas) lo presentan como ingeniero, y en la descripción de su cuenta de Twitter dice que tiene una maestría en Ciencias Políticas. “Él vino a El Salvador, porque su esposa, María Alejandra García, que había militado en Voluntad Popular, estaba trabajando como asesora de Casa Presidencial”, relató un amigo de los venezolanos. 

Un funcionario que conoció las discusiones de febrero de 2020 para construir un Fondo de Emergencia de 2.000 millones de dólares en préstamos, aprobado por el parlamento el 26 de marzo, dijo que los venezolanos tuvieron un rol protagónico en incluir un párrafo del borrador de decreto que establecía como uno de los destinos del dinero el reparto de canastas de alimentos. “Desde el inicio, los asesores venezolanos insistieron en las reuniones de planificación sobre los beneficios que podía tener la entrega de estas canastas para la campaña legislativa y municipal de 2021”, dijo esta fuente.

El 12 de mayo, Toledo estuvo en Casa Presidencial, y en una fotografía aparece como expositor del PES, frente a funcionarios del gabinete que participaron en la compra, importación y distribución de los paquetes de alimentos, entre los que destaca el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, quien autorizó las compras millonarias de alimentos. 

Semanas antes, el 30 de abril, Toledo compartió en Instagram un video en el “Centro de Operaciones del PES”, en las Aduanas de San Bartolo, en Ilopango, sede del aeropuerto internacional, al este de San Salvador. “Desde hace semanas venimos trabajando junto al presidente Nayib Bukele en un conjunto de acciones para que la población no sienta con tanto impacto los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid-19”, escribió Toledo. En ese mismo lugar, el presidente Bukele y su hermano Karim anunciaron el programa de entrega de canastas de alimentos semanas después, el 18 de mayo.

Toledo, como representante de su empresa Salto Ángel Consulting, dirigió la campaña de Nuevas Ideas para las elecciones legislativas, en las que ese partido conquistó 56 de 84 escaños de la Asamblea. 

La contundente victoria ocurrió en el marco de una de las contiendas más desiguales. El partido de Bukele destinó 8,7 millones de dólares para la campaña en radio, televisión, impresos y redes, versus los 3,6 millones de los otros ocho partidos, según un informe de Acción Ciudadana. Y eso sin contar con el efecto del reparto desde el Ejecutivo de despensas (canastas de alimentos) a los hogares salvadoreños compradas en México, Panamá y Estados Unidos, por un monto superior a los 200 millones de dólares, que fueron repartidas de mayo de 2020 a febrero de 2021, antes de las elecciones.

Cerebros naranja

En noviembre de 2019, Juan Carlos Gutiérrez -ex abogado de Leopoldo López,  apoderado de Juan Guaidó para rastrear la riqueza que se fugó de Venezuela y para gestionar su recuperación ante la Unión Europea- fue designado por Bukele como asesor anticorrupción de la Presidencia salvadoreña. Desde el 26 de noviembre de 2019, Gutiérrez participó en las actividades para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA), y para la creación de una unidad para investigar la corrupción desde la Policía Nacional Civil. 

En abril de 2020, mientras sucedían las primeras compras de la pandemia, Juan Carlos Gutiérrez renunció y partió a España, donde es socio de Cremades & Calvo-Sotelo, un escritorio jurídico privado, el bufete de Madrid que coordinó la defensa de Leopoldo López cuando este fue apresado por el gobierno de Nicolás Maduro. Consultado por su salida del Gobierno, Gutiérrez dijo a El Faro el 8 de abril de 2021 que no haría comentarios: “Por razones éticas y legales no puedo suministrar más información”. 

Según la propaganda oficial, en noviembre de 2019, el Plan de Control Territorial (PCT) para la seguridad ya llevaba cuatro meses de haberse implementado. Un venezolano cercano a los asesores reveló a El Faro que el encargado de trabajar ese plan -al menos el documento- no fue el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, sino Santiago Rosas. Sobre eso, un funcionario del gobierno confirmó lo siguiente: “Él era el principal asesor del Ministerio de Seguridad y elaboraba las estrategias sin consultar con el entonces ministro Rogelio Rivas. Fue el encargado de diseñar el Plan de Control Territorial”. 

El 5 de septiembre de 2019, el empresario textil Rodrigo Bolaños, reconocido por impulsar programas de responsabilidad empresarial en temas de rehabilitación y reinserción, presentó al venezolano como un interlocutor del gobierno. "Hoy nos acompañó Santiago Rosas, master en Oxford, encargado del tema de rehabilitación y reinserción. Estoy seguro que su aporte fortalecerá las iniciativas del nuevo gobierno en esta área. Bienvenido”, publicó Bolaños en su cuenta de Twitter ese día. 

El embajador del Reino Unido, David Lelliot contestó la publicación: “Me da gusto ver a un becario Chevening tomando un papel tan importante en El Salvador”. Chevening es el principal programa de becas de estudios de posgrado del Reino Unido. Dos funcionarios dijeron a El Faro que, tras la irrupción del presidente Bukele con militares a la Asamblea para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo del Plan de Control Territorial, Rosas renunció. 

Junto a Rosas, el venezolano Ernesto Herrera Núñez asesoró al Ministerio de Seguridad, según estas mismas dos fuentes del gobierno. Sobre Herrera no aportaron más detalles acerca de sus funciones. 

Rosas y Herrera trabajaron en la alcaldía de El Hatillo, un municipio de clase media y alta del estado Miranda sobre las montañas al sureste de Caracas, entre 2013 y 2017, cuando estaba a cargo del joven dirigente de VP, David Smolansky, cercano a Lester Toledo y en el exilio de 2018. Actualmente forma parte del equipo del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, en Washington, en el rol de comisionado de esa organización para los migrantes y refugiados venezolanos.  En ese periodo, Rosas era el director de gestión de la Policía Municipal y Coordinador de Planificación Estratégica y Transparencia; y Herrera, investigador de estrategias de optimización policial para la Policía en El Hatillo. En 2018, ambos trabajaron con Amnistía Internacional una “Propuesta de Reingeniería de la Seguridad Ciudadana” para “reducir los homicidios y la delincuencia en Venezuela”.

*Con reportes de Efrén Lemus y Sergio Arauz.

** Este reportaje fue publicado por El Faro de San Salvador y cedido de manera explícita y exclusiva a Armando.info para su reproducción en el mercado venezolano.<< Back to List