Las granadas fragmentarias tienen dos números que permiten rastrear su procedencia: uno en la boquilla, o espoleta, y otro en el cántaro metálico. En el cuerpo metálico quedó el rastro del propietario: el número de serie LS84 L059-001, que estaba registrado como parte de los inventarios de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Este cotejo solo es posible cuando las granadas no explotan. Si hay detonación, se requiere una técnica postexplosión y se necesita el número de espoleta. La granada destinada al comerciante tenía grabada en la espoleta la serie FUZE M213. ME184G 007-001.

El Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía General de la República (FGR), en el proceso judicial que se siguió por el hurto de 9,563 granadas en la hacienda el Ángel, de Tapalhuaca, que el LS84 L059-001 era parte de un lote de granadas propiedad del Ejército salvadoreño, que nadie más puede tener granadas con esas características, y que ese lote llegó a El Salvador en calidad de donación durante el conflicto armado. En un oficio fechado el 15 de febrero de 2012, el entonces ministro de la Defensa Atilio Benítez dio cuenta del inventario militar y señaló: “Por tratarse de explosivos o pertrechos de guerra ningún particular puede adquirirlos o poseerlos, por tanto el único propietario y poseedor es el Estado”.

Los investigadores acordonaron la cuadra y usaron una tenaza roja para quitar el alambre. El comerciante no quiso declarar en un proceso judicial. No lo fulminó la granada, pero sí el miedo. Únicamente permitió que la policía retirara el explosivo y que levantara un acta del hallazgo. Luego se marchó en su microbús, con una calcomanía afianzada en la retaguardia con la leyenda: Paz social.

Su caso quedó consignado, con muchos otros de extorsiones, en un expediente de un tribunal especializado de San Salvador. El proceso se dividió en dos partes: una en la que se procesó a 15 miembros de la Mara Salvatrucha por cuatro casos de homicidios, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Y la otra, donde consta que los pandilleros usaron una granada de la Fuerza Armada para intentar matar al comerciante, a la que el sistema le impuso reserva total.

***

Entre febrero de 2009 –después de lo que le pasó al comerciante de Opico– y diciembre de 2010 hubo una sucesión de ataques con granadas M-67 en todo el país: por lo menos 22, de acuerdo con los registros de este periódico. Murieron siete personas y hubo más de 100 heridos. Entre las víctimas hubo niños, mujeres, hombres, empresarios de transporte, agentes del CAM, vendedores y una profesora. 100 heridos.

Cojutepeque se convirtió en una diana para esos ataques. El 28 de diciembre de 2009, una mujer lanzó una granada industrial M-67 adentro de la clínica Santa Mónica, mientras 13 personas, niños y adultos, esperaban a pasar consulta. Víctor tuvo la sensación de que lo arrancaron del suelo y lo levantaron de las piernas. En el aire, sintió que un pedazo de cristal le penetró la cabeza. Luego cayó sentado en el piso y observó a Rosa Mayra, su compañera de vida, y a Silvio, su hijo de cuatro años. Empapados en sangre. Tirados, junto a otras 10 personas más, en el piso de la clínica pediátrica.

Todo ocurrió en segundos.

Víctor y Rosa Mayra fueron trasladados al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima. Los colocaron en dos camillas contiguas. Las últimas palabras que él recuerda de su compañera de vida son las que ella articuló para preguntar por Silvio. La profesora de 42 años no sabía que su hijo era uno de los dos niños que no sobrevivieron a las esquirlas en el abdomen y en el tórax. Víctor le pidió que se tranquilizara.

El humo ya se había dispersado en el consultorio Santa Mónica. La onda expansiva se trasladó al hospital nacional, donde enfermeras salían del área de emergencias con sábanas teñidas de rojo. En uno de los pasillos estaba la jefa de la delegación policial de Cojutepeque, Verónica Uriarte, quien se atusaba su pelo con una mano, mientras sostenía con la otra su radio comunicador. “Mire, uno cree que esta profesión ya lo ha visto todo, pero esto… Los niños, quedaron destrozados”, comentó con ojos vacíos, para expresar que este caso había trastocado su umbral de indignación.

Un día después, cuando los investigadores ya tenían los primeros testimonios de las víctimas, empezó a tomar forma la hipótesis: los atacantes habían visto a la perfección a quiénes le tiraban la granada. Dos de ellos se apostaron al lado de un vehículo estacionado frente a la clínica, y el tercero se encargó de vigilar desde un poste. Lo habían hecho en represalia porque la clínica no había entregado la extorsión.

Víctor sufrió múltiples heridas, un edema cerebral severo y lesión vascular, según el reconocimiento médico que le practicaron. Fue interrogado el 9 febrero de 2010 en el octavo piso del Hospital General del Seguro Social, donde permaneció ingresado después de un mes del ataque. Ese día le contó al investigador de la Policía que pasó varios días sin poder levantarse de la cama y que el 3 de enero le avisaron que Rosa Mayra no había resistido, que al igual que su hijo Silvio había fallecido a causa de las heridas.

Víctor era agente de la División Antinarcóticos de la Policía. En el octavo piso le contó al investigador que también era amigo del propietario de la clínica. Que su amigo el doctor le contó que desde 2007 estaba siendo extorsionado. Que el doctor le pidió consejo y él le dio algunas recomendaciones.

Dos pisos abajo, en el nivel cinco del Hospital General, estuvo hospitalizada Sandra, la madre de Verónica, la niña de seis años, que falleció en el ataque. Desde ahí rindió su declaración de lo sucedido el 28 de diciembre de 2009. Contó que llegó a la clínica a las 11 y que esperó dos horas porque había pacientes antes que ella. Le dijo al investigador que el día del ataque tenía a su hija sentada en sus piernas, que solo escuchó como que tiraban una lata y que la recepcionista gritó: ¡Levántense! Después del estruendo, ella y su hija estaban bañadas en sangre.

Once, otra de las víctimas, recibió una llamada a las 9 de la mañana del 28 de diciembre de 2009. Era su esposa para avisarle que ya había hecho cita en la clínica Santa Mónica. Que había siete pacientes inscritos. Llegó a su casa a las 11, pero el niño estaba dormido. Entonces esperó 15 minutos para tomarlo en sus brazos y salir rumbo a la clínica. Estacionó su vehículo como a 50 metros de la clínica, porque al frente no había parqueo. La recepcionista les dijo que tenían que esperar a que atendieran a cuatro pacientes, según su relato.

Once y su esposa decidieron ir al banco a pagar unos recibos, pero como en el banco encontraron una fila más grande, su esposa se regresó con el niño. Once se incorporó después. Llegó a la clínica y se percató de que su hijo tenía sucio el pañal. Lo colocaron sobre una mesa plástica y lo cambiaron. Después tomaron un juguete de la juguetera de la clínica para entretenerlo. Once estaba de espaldas y escuchó a un hombre gritar: “¡Una bomba!” La granada acabó con la clínica.

Alma, el seudónimo que el sistema le asignó a uno de los testigos clave del caso, relató que era un día claro, con sol y sin lluvia. Se dirigía a realizar comprados. Iba por el Biggest, ubicado a unos metros de donde estaba la clínica, cuando observó movimientos extraños desde varios vehículos. Observó a un joven al que Alma identifica como “Hecho Mierda” en uno de los postes cercanos a la clínica. También vio a alias “Cucharita” y a una joven, a quien conocía como “China”, recostados en un vehículo estacionado frente a la clínica. Alma los reconoció como pandilleros de la Mara Salvatrucha. Dijo que los tres se dedicaban a “andar fregando” o a andar “aplanando las calles” de Cojutepeque. Alma también relató que “Hecho Mierda” hacía señas a la pareja apostada frente a la clínica y que fue “China”, quien llevaba la granada dentro del morral cruzado en el pecho. Esa joven, según la testigo, abrió la puerta corrediza de la clínica, lanzó la M-67 y corrió.

El testimonio de Víctor, el de Sandra, el de Once, el de Alma y otros que fueron recabados antes del día del juicio constan en las diligencias de investigación que se siguieron en el proceso penal contra Carlos Alberto Alvarado Ávalos, alias “Cucharita”; Éder Wilfredo Beltrán, “Hecho Mierda”; y Sonia Maryli Ramírez, alias “China”. Los tres fueron llevados a juicio ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador. En el expediente se agregó la experticia realizada a la argolla y a la palanca metálica que fueron recolectadas después de la explosión. La palanca tenía el número de lote FUZE M213, MIE1840, 007-001. Una de las conclusiones de los peritos fue que se trató de una granada de fabricación industrial, de uso privativo de la Fuerza Armada, y que “por lo duro de la superficie del suelo, la mayor dirección de las esquirlas salen hacia arriba en todas direcciones”.

El 30 de agosto de 2010, el entonces director de logística del Ministerio de la Defensa, el coronel Salvador González Quezada, después procesado en otro caso por comercio ilegal de armas de guerra, envió un oficio a la Fiscalía para decir que la espoleta FUZE M213, MIE1840, 007-001 no estaba inventariada por la Fuerza Armada. El número de serie, sin embargo, es casi idéntico al de la espoleta de la granada encontrada meses antes en el microbús de San Juan Opico, que sí pertenecía al Ejército: la FUZE M213, ME184G, 007-001.

El juicio contra los pandilleros “Hecho Mierda”, “China” y “Cucharita” se realizó el 16 de agosto de 2011. Lo presidió el juez especializado Godofredo Salazar Torres. Ni los testimonios de las víctimas ni el de Alma convencieron al juez Salazar. Tampoco le pareció que el testigo clave solo mencionara el alias de los acusados, y no se refiriera a ellos con sus nombres y apellidos. Los absolvió a los tres.

Y culpó a la Fiscalía por el fallo absolutorio que otorgó. Le recriminó una investigación deficiente: “El hecho que ocurrió puede considerarse funesto, y que escapa a la comprensión humana la capacidad de realizar tales acciones, sobre todo porque las principales víctimas fueron niños; por lo que se hubiese esperado una indagación más exhaustiva del mismo; sin embargo, el proceso investigativo se limitó a lo dicho por los testigos, no incorporándose prueba científica suficiente…”, se lee en la resolución.

El caso llegó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta notificó en diciembre pasado que se debe celebrar un nuevo juicio, que Salazar Torres no hizo una valoración adecuada de las pruebas y que los testigos no están obligados a conocer el nombre de los acusados. El tribunal superior también constató que hubo “la falta de valoración integral de los datos probatorios obtenidos por el juzgador, los cuales son de tal importancia que de haberlos incluido y ponderado de manera completa, el resultado de su decisión habría sido diferente”. El caso ha regresado, después de cinco años de la explosión, al Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador, donde deberá celebrarse un nuevo juicio.

“Este es un mensaje de parte de LA MARA les exsijimos que los colabores con $3000 dólares tenemos todas las direcxiones de sus familiares y de qui de su tienda y si no quiere que le pase nada a su familia ni a usted tiene que colaborarlos con lo que le pedimos porque used sabe que con la mara no se fuega porque sino les bamos ha ir a tirar una granada a sus casas”. Así. Sin puntos y sin comas. Ayala tenía ese mensaje ante sus ojos a las 6 de la mañana del 3 de septiembre de 2009. Encontró la hoja debajo de la puerta de su casa. Nuevamente en Cojutepeque. Cojutepeque. Extorsión. Granada.

Los pandilleros advirtieron que no se asomara a la Policía, porque si lo hacía ellos siempre se enterarían.

“Y esto no es una broma en berdad es bastante serio y tiene tres días para entregarlo y por fabor comunicar se a este número comunicar se lomas pronto posible”.

La denuncia llegó a la policía de Cojutepeque el mismo 3 de septiembre de 2009, cuatro horas después del hallazgo del anónimo. Ayala, quien en la delegación recibió ese apellido para proteger su identidad, dijo a los agentes que sospechaba que los emisarios de aquella “güila” eran dos vecinos que tenían un hermano preso. Le pidió al agente que lo entrevistó que un investigador siguiera con la negociación, y entregó su teléfono celular para que la policía se encargara del resto.

Un investigador se comunicó con los pandilleros ese mismo día a las 3 de la tarde. Los pandilleros lo insultaron y le ofrecieron muerte, según consignó el agente en un reporte. Le advirtieron, creyendo que se trataba de Ayala, que sabían que su negocio le daba para pagar los $3,000 y que también sabían que tenía familiares en Estados Unidos. Le dieron un ultimátum: cinco días para entregarlos.

El día siguiente, el 4 de septiembre, el investigador le comunicó a Ayala que había logrado negociar. Que uno de los pandilleros había rebajado la exigencia a la mitad. Y le explicó que solo debía llevar a la delegación $20 y papel periódico recortado del mismo tamaño de los billetes para rellenar el paquete y simular los $1,500. Ayala siguió al pie de la letra las instrucciones. El 5 de septiembre entregó los $20 y el papel periódico recortado. En la delegación le sacaron fotocopias a los dos billetes de $10 que el hombre había llevado.

La entrega se pactó en el parque Francisco Menéndez de Cojutepeque, conocido como parque viejo, el 8 de septiembre. Había niños y cachiporras del Centro Escolar Anita Alvarado que ensayaban previo al 15 de septiembre. Unas 15 personas, según los cálculos de la víctima. Ayala se sentó en un arriate cercano a la zona de patinaje. Tenía la bolsa con el papel en la mano. Y ahí esperó por 25 minutos. Hasta que se le aproximó un hombre que, según recuerda, le preguntó: “¿Tú eres quien me va a entregar el dinero?” y Ayala respondió que sí, agarró la bolsa y le dijo que le llamaría después. Había caminado unos 10 metros cuando los policías, que habían rodeado el parque antes de la llegada de Ayala, le ordenaron que se detuviera. Al grito de “¡Alto. Policía!”, el joven sacó una granada de su pantalón y gritó: “¡Los voy a hacer mierda a todos!”.

ññLa gente corrió y el parque viejo de Cojutepeque quedó desierto. La granada no explotó.

Los policías lo persiguieron y neutralizaron. Lo identificaron como miembro activo de la Mara Salvatrucha. Le decomisaron documentación a nombre de José Manuel Hernández. En su bolsón de nailon llevaba una hoja donde constaba que estaba bajo prueba y libertad asistida.

La granada no estalló. Los policías llamaron a los técnicos de la División de Armas y Explosivos (DAE), quienes determinaron que la granada industrial, y de uso privativo del Ejército, se encontraba en “perfecto estado de funcionamiento” y que era capaz de ocasionar lesiones, la muerte de una o varias personas y daños materiales en un radio de acción letal a 15 metros y máximo a 40 metros a la redonda.

Ayala regresó a la delegación a ampliar su declaración en el caso por extorsión. Dijo que el pandillero “era un desalmado, un hombre sin corazón, y que al tirar la granada iban a pagar justos por pecadores, sobre todo por los niños que estaban ahí, que esperan que le impongan la pena más alta, porque él y su familia están traumados”.

La DAE consignó en su informe que el número de serie de la granada estaba borroso. En ninguna de las 200 páginas del expediente consta que la Fiscalía haya solicitado que se ampliara el peritaje a la granada. Tampoco que pidiera explicaciones a Defensa para esclarecer la procedencia del pertrecho.

La única experticia que se amplió fue la grafotécnica. Hernández, el acusado, hizo planas dentro de las bartolinas. Llenó cuatro páginas tamaño oficio con las palabras “pandiya, berdad, berdad, por fabor, por fabor”. Esa prueba determinó que fue Hernández quien redactó el manuscrito del 3 de septiembre. El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque lo condenó a 30 años de prisión el 30 de junio de 2010.

Cojutepeque, la cabecera de Cuscatlán, fue el epicentro de los ataques con granada en 2009. Un mes después de lo del parque viejo, el viernes 23 de octubre, murieron dos personas en un restaurante de comida rápida.

***

No solo ataques. Las investigaciones también refieren a hallazgos de armamento propiedad de la Fuerza Armada, como el del 23 de julio de 2011, cuando dos fusiles M-16, dos lanzacohetes Law y 19 granadas lumínicas en un predio baldío de la colonia Lomas San Francisco, Antiguo Cuscatlán. Esos dos cohetes, al igual que las granadas, salieron de los depósitos del Ejército. Tienen el mismo número de lote que los encontrados en una bodega de San Pedro Sula, en Honduras, los que fueron a parar a manos del mexicano Cartel del Milenio.

“Este tipo de armamento pesado solo puede salir de los almacenes del Ejército y es preocupante que las pandillas tengan acceso a los almacenes”, dijo Herard Von Santos, un exmilitar que elaboró el estudio titulado “El entrenamiento de las pandillas salvadoreñas: Análisis de su letalidad, poder de fuego e implicancias de seguridad pública”, un documento que en 2014 evidenció el fácil acceso que las pandillas tenían a las armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada.

Otros hallazgos consignados en investigaciones policiales dan cuentas de al menos una docena de granadas encontradas en diferentes partes del país con número de serie coincidente con las inventariados por la Fuerza Armada. Como las dos granadas M-67 localizadas en marzo de 2010 en una finca de La Libertad. O la descubierta después en otra finca de San Juan Los Planes, municipio de Santa Tecla.

Los informes regionales sobre el tráfico de armas perfilan a los Ejércitos como la alacena para el suministro de armas del crimen organizado. Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de México lo resume con las siguientes líneas: “Así, los arsenales militares en Honduras, El Salvador y Guatemala, parecen ser las mayores fuentes de armas de fuego ilegales en la región”.

Existe un Juzgado de Primera Instancia Militar. Es el único en su especie en el país. En cinco años ha procesado a 26 militares, entre estos Gilberto Espinoza Hércules, a quien sobreseyó definitivamente y quien luego fue condenado en un tribunal de lo penal. En 22 casos dictó sentencia favorable para los militares. Solamente en tres casos dictó una condena, sentencias condenatorias con beneficios o reemplazo de la pena. Hay un caso que todavía está en trámite.

Fallos absolutarios abundan en todas las instancias. En diciembre de 2009, el CAM de San Miguel fue víctima de un atentado con una granada M-67, que sí explotó y lesionó a un agente. Un exmiembro de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel fue identificado por testigos como responsable del ataque. Y fue procesado. Pero, al igual que los procesados en el ataque a la clínica Santa Mónica, fue exonerado.

Los ataques con granadas se reactivaron a finales de marzo de 2015. Entre el 27 marzo y el 22 de abril, siete granadas industriales fueron arrojadas a diversos puestos de la Policía Nacional Civil. Los investigadores han apuntado a las pandillas como responsables de los ataques hechos con armamento exclusivo de la Fuerza Armada. Consultado al respecto en una conferencia de prensa de esta semana, el ministro de la Defensa, David Victoriano Munguía Payés, reconoció que parte de las granadas hurtadas a la institución que él dirige fue a parar a narcotraficantes mexicanos. Entonces no dijo nada de las granadas de las pandillas, de la Mara Salvatrucha, pese a que las evidencias así lo demuestran.

“Y las granadas, igualmente, esas granadas que en un momento se sustrajeron en un polígono donde debieron ser destruidas, la información que tenemos nosotros es que salieron para los grupos de narcotráfico en México. No obstante, aquí en el país, ya lo ha dicho el director de la Policía, hay tráfico de armas”, dijo el general el 9 de abril.

Luego agregó: “Es un error estar pensando o pensar que solo porque se habla de armas de uso privativas de la Fuerza Armada pertenecen a los inventarios de la Fuerza Armada, eso es totalmente falso”.

(*) Esta nota fue publicada el 24 de abril de 2015 en un proyecto conjunto entre Connectas y La Prensa Gráfica.