Nueva documentación obtenida y revisada en conjunto por Armando.info y el diario El País permite comprobar que, en realidad, los nombres de Saab y Libre Abordo constituían apenas la punta del iceberg en ese esquema. Conectada con ambos cabos se desplegaba una sofisticada red, bajo el mando de Saab y de los empresarios Joaquín Leal -mexicano- y Alessandro Bazzoni -italiano-, que a través de compañías fantasmales registradas para la oportunidad en jurisdicciones como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos, mercadean despachos de millones de barriles de crudo de Pdvsa, a precios millonarios en euros.

El nombre de Leal, un ejecutivo de apenas 28 años de edad, ya había salido a relucir a mediados de 2020 con el destape del andamiaje construido en México con Libre Abordo y la empresa Schlager Business Group, sometidas ambas a sanciones de Estados Unidos.

Bazzoni tampoco es un desconocido. Cabeza gerencial de la comercializadora Swissoil Trading S.A., figura además en Elemento Ltd, una compañía socia de Pdvsa en la empresa mixta Petrodelta para explotar yacimientos en la faja petrolífera del Orinoco. Esa trama de negocios, que también incluía al finado Oswaldo Cisneros y a Francisco D'Agostino, fue expuesta por la filtración de los llamados Paradise Papers de 2017. Pero es apenas ahora que se comprueba con nitidez la importancia de Bazzoni en la operación multimillonaria por la que, junto a Saab y Leal, crearon un virtual departamento de comercialización paralelo en outsourcing informal para Pdvsa.

Turquía, Malasia, Singapur y hasta los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina estuvieron entre los destinos, a menudo exóticos, de los cargamentos petroleros que esta red manejó.

Los papeles revelan además que los mismos actores intentaron, primero, revender el petróleo venezolano a Petróleos Mexicanos (Pemex), y que luego falsificaron documentos para comprar a la estatal mexicana gasolina y combustóleo, un combustible pesado que se utiliza para barcos y generación eléctrica.

Queda claro también que, en su esfuerzo por esquivar las sanciones y la supervisión internacionales, Pdvsa y sus intermediarios están reproduciendo fórmulas ya utilizadas con éxito para la compra e importación de insumos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). No en vano, fue desde México que Saab y su primer socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, empezaron a extender su imperio comercial, alimentado con los petrodólares del gobierno de Nicolás Maduro. 

Desde Rusia con amor

Como se verifica en los papeles obtenidos por Armando.info y El País, el pasado 11 de agosto de 2020 llegó un correo electrónico al departamento de “administración de contrato” de Pdvsa. Desde un usuario con dominio en Rusia (.ru) se pedía un “estado de cuenta al 31 de julio” para las empresas del “consorcio” integrado por: Proton, Delta, Schlager, Loran, Xiamen, Novosi Solution, Zervekas y Shamrium, todas desconocidas en el mercado petrolero internacional, registradas en Rusia, pero ahora compradoras del crudo venezolano.

El email resulta revelador. No sólo porque fue enviado un mes después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Joaquín Leal en la denominada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) por considerarlo el “conducto fundamental” entre Libre Abordo y Schlager Business Group para evadir las sanciones estadounidenses contra el régimen chavista, sino porque descubre que un mismo grupo controlaba numerosas compañías para la misma operación de compra y reventa del petróleo venezolano.

Aunque las cifras de exportaciones petroleras venezolanas de 2020 fueron las más bajas en décadas, las más recientes permiten inferir que el engranaje alterno está funcionando. En noviembre pasado, por ejemplo, 24 cargamentos de petróleo salieron de Venezuela con 639.000 barriles diarios de crudo y productos refinados. Esos volúmenes suponen casi el doble con respecto a los del mes precedente, octubre de 2020, según reseñó Reuters, pese a que ya estaban en vigencia las sanciones contra Pdvsa y diversas navieras que registran tanqueros con ruta a puertos venezolanos.

Previamente, el Departamento del Tesoro había calculado que hasta abril del año pasado la mexicana Libre Abordo, integrante de la red de Saab y Leal, se había llevado de Venezuela unos 30 millones de barriles y que, antes de la sanción, la empresa estaba concentrando 40% de las exportaciones de crudo de Pdvsa.

Reuters atribuyó el salto de noviembre, precisamente, a las exportaciones vía “compradores fantasmas en Rusia”. Varias de esas desconocidas empresas coinciden con las listadas en el correo enviado a Pdvsa y, de acuerdo a Reuters, fueron registradas en Moscú por OGX Trading, fundada en marzo por Sergei Basov, un nombre que también termina conduciendo hasta Alex Saab.

Basov es un empresario ruso que tiene relaciones comerciales con Betsy Desireé Mata Pereda, una venezolana que, tal y como en su oportunidad reveló Armando.Info, forma parte de la estructura corporativa que levantó Saab para el manejo de las llamadas Tiendas CLAP, la cadena de mercados al detal levantada en Venezuela a partir del esqueleto de los antiguos Abastos Bicentenarios. Mata Pereda figura al frente de la sociedad turca Mulberry Proje Yatirim, que sustituyó a la firma registrada en Hong Kong con la que Saab y Pulido Vargas manejaron al menos dos contratos millonarios para el suministro de los Clap y otros para el suministro de medicinas desde la India.

Hace poco la agencia de noticias también reportó la aparición de empresas registradas en Emiratos Árabes Unidos como nuevos compradores fantasmas del petróleo venezolano. En los documentos vistos por Armando.Info y El País, una firma registrada en esa jurisdicción figura como la responsable de exportar petróleo a Palestina, en una operación triangular marcada por el secretismo en la estatal venezolana. “El personal de la embajada de Palestina solicitó no utilizar correos electrónicos con la empresa POGC Petroleum and Energy debido a las limitaciones causadas por las sanciones a Pdvsa. Hasta los momentos todo ha sido de manera personal o vía telefónica, tanto con el embajador como con la encargada de negocios”, se lee en un correo electrónico del 12 de agosto de 2020 enviado desde la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa.

De acuerdo al contrato, Pdvsa debió despachar entre julio y agosto del año pasado 1,8 millones de barriles de crudo, de las variedades Merey 16 y Boscán. El pago de la empresa POGC Petroleum and Energy FZ-LLC a la estatal venezolana se efectuaría en dirhams, la moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos. 

Modus operandi

Tanto con las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business, así como con las empresas rusas o de los Emiratos Árabes, el esquema ha sido siempre el mismo desde mediados de 2019. Las compañías consiguen el petróleo de Venezuela, a veces a crédito o con descuentos. Swissoil Trading, la vendedora de commodities representada por Alessandro Bazzoni, lo transporta a puertos asiáticos (principalmente Singapur), de acuerdo a numerosos manifiestos de carga vistos por Armando.Info y El País. Aunque la empresa negó a Reuters su participación en la comercialización de crudo venezolano, Bazzoni también ha usado en esa operación a Elemento Ltd, la compañía aliada de Pdvsa en Petrodelta y en la que comparte sociedad con Franciso D’Agostino, cuñado del diputado opositor Henry Ramos Allup, y el recientemente fallecido Oswaldo Cisneros.

Un antecedente de esas intenciones de Bazzoni se consigue en marzo de 2018. El empresario, conocido también por su afición al juego de polo, en representación de Elemento Ltd, envió una carta a Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez y entonces presidente de Citgo, el brazo de Pdvsa en Estados Unidos. Allí expresó sus ganas de “participar como comprador en la oferta de productos y como suplidor en sus requerimientos de crudo”. Todavía Citgo no había pasado a control del Gobierno interino de Juan Guaidó.

Los papeles y comunicaciones muestran que, en la mayoría de los casos, los buques a cargo de las operaciones de transporte, tanto con las compañías mexicanas como con las rusas, fueron los tanqueros Lion King, Delta Kanaris, Delta Harmony, A Melody, Perfect, Azimouth, Nichioh, Commodore, Euroforce y Athens Voyager.

Cuando las compras del petróleo venezolano todavía corrían por cuenta de Libre Abordo, era el propio Joaquín Leal quien mantenía esa comunicación directa con Pdvsa. “Estimado equipo Libre Abordo S.A de CV. Pdvsa espera por la presentación de su oferta de crudo Merey 16, la cual estamos interesados en evaluar”, se lee en un correo electrónico enviado el 28 de agosto de 2019 por el Departamento de Mercadeo Internacional a Leal. Son numerosas las comunicaciones, como esta, entre la petrolera estatal venezolana y el joven empresario mexicano, que se encuentran en los documentos a los que tuvieron acceso Armando.Info y El País. 

La respuesta de Libre Abordo llegaba en forma de una carta con la confirmación del interés para adquirir el petróleo. A partir de allí comenzaban las comunicaciones para hacer las pruebas de calidad al producto y coordinar el barco que se llevaría el crudo en los puertos venezolanos, o bien bajo la modalidad de barco a barco. En ese momento entraba en acción Swissoil Trading, la compañía suiza de commodities encabezada por Bazzoni.

Entre mediados de agosto y octubre de 2019, Libre Abordo tomó casi 20 millones de barriles de mezclas de crudo venezolano como Merey 16, Hamaca Blend, Boscán y Special Hamaca Blend, así como fuel oil, según los papeles vistos para esta investigación. En junio del año pasado, mes en que Alex Saab fue detenido y Joaquín Leal sancionado por el Departamento del Tesoro, entre Delta y Protón se llevaron, al menos, unos 15 millones de barriles de puertos venezolanos, en su mayoría del crudo Merey 16. 

Los documentos revelan que los descuentos de Pdvsa oscilaban entre 10% y 15%, dependiendo del destino y las condiciones del mercado. Las facturas de Pdvsa, por su parte, descubren que la mexicana Libre Abordo debía pagar a la estatal venezolana en euros con transferencias a cuentas bancarias de bancos rusos como Evrofinance y Gazprombank. De acuerdo a esas facturas, el 19 de junio de 2020, apenas un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara a Joaquín Leal y sus compañías mexicanas, Pdvsa facturó a Libre Abordo casi 33 millones de euros por un buque con poco más de un millón de barriles de crudo Special Hamaca Blend, y otra carga de un poco más de un millón de barriles del mismo tipo de crudo por casi 29 millones de euros. Ese mismo día, Pdvsa facturó a Libre Abordo otros 47 millones de euros por algo más de 1,8 millones de barriles de crudo Merey 16. 

No queda claro si finalmente Libre Abordo pagó todo el petróleo venezolano que recibió de parte de Pdvsa, ya que cuando se hizo público que las autoridades norteamericanas le seguían el rastro, la empresa se declaró en “bancarrota” y reportó una pérdida de 90 millones de dólares. Sí es claro, en cambio, que el valor del petróleo recibido desde mediados de 2019 supera ampliamente el supuesto “intercambio humanitario” con el que empezó su negocio con Caracas y que la obligaba a entregar 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, valorados en 139 millones de euros y 53.193.900 euros, respectivamente. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, alertó en junio de 2019 el Departamento del Tesoro.

Tocando a la puerta de Pemex

El volumen de petróleo venezolano que acumularon Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni les animó a ofrecerlo a Pemex, empresa petrolera del Estado mexicano y un jugador relevante en el mercado global de los hidrocarburos. El 18 de noviembre de 2019, Libre Abordo envió un correo a Pemex ofreciendo dos cargamentos de un millón de barriles cada uno del crudo Special Hamaca Blend de los buques Delta Harmony y Delta Kanaris.

“Tenemos los siguientes dos cargamentos disponibles para la venta, los cuales están totalmente libres de cualquier lien, injunction, attachment order, o cualquier orden similar resultado de algún arbitraje. Le envío un recap borrador para abrir discusión al respecto y proponer una llamada para discutir detalles”, refiere el email enviado por Alexander Rodríguez, a nombre de Libre Abordo, a los ejecutivos de comercialización de Pemex. 

Ese no fue el único intento de negocios con Pemex. A través de otras dos compañías mexicanas, sin experiencia en el mercado petrolero, pero que confirman la alianza de Joaquín Leal con Alessandro Bazzoni y Swissoil Trading iniciada alrededor del comercio de petróleo venezolano, intentaron comprar gasolina y otros combustibles a Pemex. Swissoil Trading no respondió a la solicitud de entrevista enviada vía email. 

En mayo de 2020, la empresa Promotores del Fomento, dedicada inicialmente a la seguridad privada bajo el nombre de Servicios Integrales de Seguridad Privada, ofreció comprar a Pemex cinco millones de barriles de petróleo, dos millones de barriles de gasolina y otros tantos de combustóleo por mes. 

Durante la enmienda de la razón jurídica de la compañía se cuidó que el nombre de Joaquín Leal no apareciera en las actas, pero eso cambió nueve días antes de llevar sus papeles a Pemex. Leal aparece como el dueño del 50% de las acciones y Alessandro Bazzoni, el trader italiano vinculado a Elemento y Swissoil Trading, como propietario de la mitad restante.

En la solicitud ante Pemex también se muestra Philipp Apikian como director de la compañía mexicana. Apikian es el dueño de Swissoil Trading, la empresa que ha transportado buena parte del crudo de Pdvsa para sortear las sanciones norteamericanas.

El estadounidense Richard Rothenberg, que funge como director de Elemento en la isla de Malta -un paraíso fiscal en el Mediterráneo oriental-, es el jefe de finanzas de Promotores del Fomento en México. También están mencionados el chileno Joaquín García, como jefe de operaciones, y el ruso Slava Aleksandridi, como director comercial. Todos ostentan sus cargos, según Leal, por lo menos desde hace tres años, es decir, desde antes de que existiera formalmente su empresa.

Swissoil Trading hasta llegó a extender una referencia comercial para que su compañía hermana lograra el trato con la petrolera estatal mexicana. “Los negocios entre ambas empresas se concentran en transacciones de petróleo de alta densidad, así como en envíos marítimos a Asia y Oriente Próximo”, se lee en el documento, en el que se asegura que ambas firmas comercian más de 100 millones de dólares cada trimestre. La carta está firmada por Philipp Apikian, director de Swissoil y al mismo tiempo de Promotores del Fomento.

No es el único punto que llama la atención de los papeles presentados por Promotores del Fomento. Para avalar su oferta ante Pemex, Leal la hizo llegar acompañada por una serie de cartas de recomendación y contratos celebrados con socios insólitos. Por ejemplo, se ve un acuerdo con Eastern Refining Limited, la única refinería que tiene Bangladesh Petroleum Corporation, la petrolera estatal de ese país asiático. También un contrato con Hellenic Petroleum, la mayor refinería de Grecia, perteneciente al gobierno de Atenas y a la multimillonaria familia Latsis.

Según esos convenios, la mexicana Promotores del Fomento aportaría el crudo y tanto Eastern Refining Limited como Hellenic Petroleum lo refinarían para su posterior reventa. En ambos acuerdos se dice que el petróleo vendría de “proveedores conocidos”, pero en el caso de Hellenic Petroleum hay un apartado de calidad que habla, con gran precisión, de que se deben cumplir los estándares de varias mezclas venezolanas como Boscán, Merey 16, Zuata, Mesa 30 y Santa Bárbara. La empresa de Leal, según el documento, debía entregar los cargamentos en el puerto de Hamriya, en los Emiratos Árabes Unidos. La propuesta de Leal era llevar el petróleo mexicano que eventualmente adquiriera a Pemex a clientes en Rusia, China e India.

“Desde enero de 2019, nuestra compañía ha estado trabajando con la división comercial de Promotores del Fomento en actividades de abastecimiento y distribución de productos petrolíferos en el mercado local griego”, se lee en una carta de recomendación con la papelería de otro socio en Grecia, Aegean Oil, una empresa ligada a Dimitris Melissanidis, ex presidente del club de fútbol AEK de Atenas. “Los negocios entre ambas compañías rondan los 32 millones de dólares al año”, se agrega.

Papeles forjados

Entre las credenciales bancarias que Promotores del Fomento presentó a Pemex hay tres cartas de recomendación que aparentan haber sido emitidas por dos bancos noruegos, Instabank y Sparebanken More, y uno sueco, Handelsbanken. “Es nuestra opinión que su gerencia ha tenido una amplia experiencia en actividades comerciales de petróleo y es confiable, y que Promotores del Fomento tiene una situación financiera suficiente para desarrollar estas actividades comerciales”, se lee en la carta con sello del Instabank.

Sin embargo, se trata de documentos apócrifos, de acuerdo a todos sus presuntos emisores.

“No estamos familiarizados con las cartas presentadas”, contestó el Handelsbanken, “son producto de una falsificación”. El banco sueco detalla que los sellos utilizados no son suyos y que quien firma no es empleado del banco. “Nuestra empresa no ha emitido ni otorgado ninguna de las cartas de recomendación adjuntas y por lo tanto se trata de una falsificación”, responde Aegean Oil, que asegura nunca haber tenido ni a Promotores del Fomento ni a Leal en su lista de clientes.

Hellenic Petroleum, la refinería griega, también afirma que el “contrato” es falso, así como el nombre de la refinería que se supone que es la contraparte y el empleado que lo firma, pero va un paso más allá: “Tenemos la intención de examinar el caso a profundidad y la posibilidad de ejercer acciones legales contra cualquiera que haya utilizado el nombre de nuestra compañía de mala fe”. Los bancos noruegos no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios formuladas por Armando.Info y El País. En el caso de la refinería en Bangladesh, el firmante sí aparece como uno de sus empleados, pero sus voceros tampoco respondieron a los autores para aclarar la situación. En todas las misivas se dice que Promotores existía desde 2018, a pesar de que el registro mercantil de México señala que la empresa apareció casi dos años después.

Finalmente, Pemex rechazó el 27 de mayo de 2020 la solicitud de Promotores del Fomento para hacer negocios. La respuesta fue que la documentación estaba incompleta y que no contaba con infraestructura propia para garantizar el trato. La petrolera dictaminó que Promotores buscaba beneficiarse como un intermediario en el mercado, lo que chocaba con las políticas de PMI Trading, el brazo de Pemex para el comercio internacional, que busca tratos directos con las refinerías interesadas. La empresa insistió en el trámite, pero a la fecha no aparece en el padrón de compradores de la paraestatal mexicana.

En julio, semanas después de la inclusión de Leal en la lista negra de la Ofac en el Departamento del Tesoro estadounidense, ante Pemex apareció una solicitud de compra similar a la de Promotores del Fomento. Esta vez a nombre de Suministradora Bennu, una empresa mexicana especializada en el mercado eléctrico, donde Leal dio sus primeros pasos como accionista y asesor energético. El empresario era su asesor desde hace tres años, mientras que su hermana y empleados se encargaban también de la administración y el website de la compañía.

El nombre de Leal no aparece en las actas comerciales de Bennu, pero es una de las empresas mencionadas en el portafolio de negocios de The Mystic Universe Capital, un fondo de inversión creado por Leal en Canadá en 2019. The Mystic Universe Capital sólo ha invertido en empresas vinculadas a Leal, según su portal electrónico, hoy eliminado.

Bennu presentó a Pemex prácticamente las mismas credenciales que Promotores del Fomento para sustentar su solicitud, incluidas sendas cartas de recomendación de Instabank y Handelsbanken, y una referencia comercial de Aegean Oil, desechadas de igual forma como documentos apócrifos. En este caso la propuesta era comprar 20,8 millones de barriles de combustóleo en doce meses. Los primeros embarques empezarían con cargamentos de 700.000 barriles y continuarían con entregas masivas de 2,8 millones de barriles, con la intención de hacerlas llegar a mercados en Asia.

Enrique Woodhouse, el dueño de Bennu, reconoce que tuvo una relación comercial con Leal, pero asegura que no estaba al tanto de esa solicitud y que su empresa no tiene nada que ver con el mercado petrolero. Añade que rompió con su antiguo socio después de que se dieron a conocer las sanciones del Tesoro.

Pemex también rechazaría a la postre la solicitud de Bennu, argumentando que no tenía suficientes suministros para completar el pedido, según comentan fuentes gubernamentales mexicanas. A principios de junio, Promotores del Fomento fue liquidada, según consta en el registro comercial de México. El encargado de cerrar la empresa fue Adán Jimenez Alfaro, tío de Leal por el lado materno.

La idea de comprar gasolina -como la intentada con Pemex- estuvo en los planes de Alex Saab y Joaquín Leal desde el comienzo del negocio petrolero con Pdvsa a mediados de 2019. Esas intenciones se hicieron más explícitas cuando se agudizó la escasez de combustible en las estaciones de servicio venezolanas. Fue así como con otra identidad corporativa, la del Grupo Jomadi Logistics & Cargo, empresa mexicana relacionada a Libre Abordo y Schlager Business Group, plantearon un contrato de swap o intercambio con la estatal venezolana. El trato implicaba la permuta de millones de barriles de crudo venezolano Merey 16 por gasolina mexicana de 95 octanos. 

El contrato de suministro se extendería desde el 25 de marzo hasta el 25 de julio de 2020. El petróleo venezolano debía transportarse a puertos de Turquía. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que al final el contrato no se ejecutó y que, por eso, Alex Saab diseñó el esquema para importar gasolina desde Irán desde mediados del año pasado, algo que recientemente reconoció su abogado, el ex juez español Baltasar Garzón. “En abril de 2020, cuando la epidemia del Covid-19 causó estragos en la economía venezolana, también se le encomendó la adquisición de la muy necesaria gasolina de Irán. Poco después de la ampliación de su función, el enviado especial Saab viajó a Irán y negoció la entrega de once millones de galones de gasolina, que llegaron en mayo”, declaró Garzón al diario El Espectador de Bogotá.

Pero sería en una desafortunada escala en la isla de Sal del archipiélago de Cabo Verde, en junio de 2020, justo en medio de uno de esos periplos a Teherán para la compra de provisiones, que Saab fue capturado. Ahora espera su posible extradición a Estados Unidos, un destino del que quizás no lo salven los recursos intentados por su defensa, algunos tan imaginativos -por ejemplo, su designación extemporánea como Embajador de Venezuela ante la Unión Africana- como los esquemas comerciales y financieros y las personas jurídicas que el propio Saab concibió para seguir haciendo negocios con Maduro.

Comparten, pues, perfiles propios de los yuppies, esa tribu urbana que entre finales de los 80 y comienzos de los 90 sobresalió en esa era dorada de la liberación de las economías y las privatizaciones salvajes. Y como si fueran tales, en esta historia lo que los une son los negocios. 

Ninguno de los dos es muy conocido. En los últimos tiempos el nombre de Joaquín Leal Jiménez empezaba a despuntar en la prensa mexicana, que le consultaba en su doble rol de precoz gurú y descollante empresario del sector eléctrico. Pero entró en tropel al conocimiento público el reciente 18 de junio. Ese día el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como articulador, junto al colombiano Alex Saab -principal contratista de Nicolás Maduro-, de un esquema para evadir las sanciones financieras de la administración de Donald Trump contra el régimen chavista.

Joaquín Leal, de sólo 28 años de edad, fue el “conducto” de esa trama, aseguró Washington, por lo que lo incluyó en la llamada Lista Clinton de personas naturales y jurídicas del extranjero sancionadas por la Ofac, siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La operación en México buscaba adoptar la apariencia de un intercambio humanitario de petróleo por mercancías de primera necesidad. Pero la puesta en escena fue descifrada por las autoridades estadounidenses. Por lo demás, las cuentas del negocio a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group no cuadraban, con lo que el pretendido intercambio no resultó muy equitativo para la parte venezolana, según los documentos vistos por Armando.Info y El País para esta serie de dos reportajes.

El nombre de Axel Galit Capriles Hernández, por su parte, podría resultar familiar al confundirse con el de su padre, Axel Daniel Capriles Méndez, psicólogo y empresario, fundador de los estudios junguianos en el país, columnista de prensa, autor de obras como El complejo del dinero o La picardía del venezolano, y miembro de la reconocida familia de editores e inversionistas venezolanos. A su alto perfil público se agrega desde 2012 la reputación ganada como empresario de éxito en el negocio inmobiliario en España gracias a una veintena de sociedades. Su nombre se convirtió en sinónimo de la gentrificación de algunos barrios tradicionales del centro de Madrid, cuyos edificios adquiere para remodelar y convertir en unidades de lujo.

Si bien Axel Galit Capriles Hernández no ha sido mencionado como integrante de la estructura de empresas y accionistas que el Departamento del Tesoro sancionó, lo comprobable es que desde hace tiempo comparte sociedad con Joaquín Leal Jiménez en la compañía Generadora de Electricidad y Gas en México (Gasemex).

Esa compañía fue registrada en julio de 2019 por la madre y un tío de Joaquín Leal, pero apenas un mes más tarde Capriles Hernández compró las acciones del tío, mientras que el propio Leal se quedó con las de su madre, formalizando así una sociedad a partes iguales, según los documentos mercantiles. En noviembre del mismo año Capriles se mudó desde la ciudad de Nueva York, donde vivió algunos años, a atender ese y otros emprendimientos en México.

Para Leal el sector eléctrico no era desconocido. Con sólo 23 años fundó Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex), empresa que facturó millones de pesos, pero de la que se apartó en 2017 tras el cuestionamiento de algunas de sus actuaciones por parte de sus socios. Para Axel Capriles Hernández, en cambio, suponía un cambio tras su recorrido en el mundo financiero y el mercado petrolero.

Algo eléctrico entre ellos dos

Casi en simultáneo con el registro de Generadora de Electricidad y Gas en México, Joaquín Leal hacía movimientos en Venezuela para el negocio petrolero con la administración de Nicolás Maduro. En junio de 2019, sólo dos meses antes de que Leal y Axel Capriles sellaran la sociedad en la empresa eléctrica, en Caracas, Libre Abordo firmaba con Corpovex, la estatal que centraliza las importaciones públicas, dos contratos por casi 200 millones de euros para el suministro de 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, como contraprestación a los barriles de petróleo que Pdvsa debía entregar.

Olga María Zepeda Esparza firmó en Caracas los contratos en representación de Libre Abordo el 13 y 17 de junio de 2019. En esas fechas Joaquín Leal estaba en Venezuela, según se desprende de los datos que manejan las autoridades mexicanas que ahora rastrean el flujo de los 200 millones de euros. A su vuelta a México se hizo socio de Axel Capriles Hernández en Generadora de Electricidad y Gas México (Gasemex).

Tras un año de creada, Gasemex no es una empresa conocida en el mercado eléctrico mexicano. Tampoco está claro cómo se inició el enlace entre Joaquín Leal y Axel Capriles Hernández. Ni Leal ni Capriles atendieron a las solicitudes de entrevista hechas para esta cobertura.

El punto de conexión entre ambos fue el petróleo, según aseguran varias fuentes que conocen al joven empresario venezolano y que lo califican como un “fichaje” del mexicano. “Leal hizo mucha plata en el sector eléctrico y quizás pensó en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo”, refiere un empresario que conoce a Leal y Capriles Hernández, pero que prefiere el anonimato.

A diferencia de su padre, Axel Capriles Méndez, y de su hermano menor, Edric Daniel Ossian Capriles Hernández, quienes manejan el negocio inmobiliario en España a través de firmas como Orinoquia Real State, con la cual gestionan al menos 22 apartamentos de renta turística en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, y otras inversoras inmobiliarias donde confluyen los fondos de miembros de la familia Capriles, como Miguel Ángel Michu Capriles López, el camino de Axel Capriles Hernández fue el del petróleo y demás commodities.

Axel Galit Capriles Hernández, próximo a cumplir 35 años de edad, es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con postgrado en la IE Business School de Madrid. En Caracas trabajó en Maximiza Casa de Bolsa, al menos hasta finales de 2009, según consta en el seguro social venezolano. Su salto profesional lo dio en Nueva York trabajando como broker para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Durante un tiempo buscó negocios de commodities en Colombia y Venezuela, pero con escaso éxito, relatan algunos conocidos.

Tras abandonar Glencore en 2019, Axelito, como lo llaman sus amigos, recaló en México, donde se casó a comienzos de este año con una joven venezolana. La boda, fastuosa según testimonios de conocidos, tuvo lugar en el balneario de Tulum, sobre la llamada Riviera Maya de la costa mexicana que da al Caribe. Del evento quedan algunas gráficas dispersas en Internet, así como de la presencia de Axel Capriles Hernández en otras ocasiones de gala de la alta sociedad mexicana.

Capriles Hernández mantiene participación en empresas incorporadas, al menos, en otros tres países además de México: Panamá, Estados Unidos y Barbados.

Antes de conformar la sociedad con Joaquín Leal en Gasemex, Axel Capriles Hernández fundó en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnológicos en Monterrey, Nuevo León, ciudad industrial del norte del país. Según los papeles de registro, el objetivo es el desarrollo de una app para comparar los precios del combustible en estaciones de gasolina. Esa fue, precisamente, la oportunidad de negocio que lo llevó a México, de acuerdo al testimonio de sus conocidos, que saben además que la visa que permitía hasta entonces a Capriles seguir trabajando en Estados Unidos estaba patrocinada por su anterior empleador, Glencore. Al dejar de trabajar para Glencore no podía seguir en Estados Unidos.

Pero ahora se sabe que esa circunstancia lo llevó a atender su cita con el destino en México. Allí nació la sociedad con Joaquín Leal. Algunas fuentes, incluso, sostienen que Axel Capriles Hernández llegaría a “despachar” desde la oficina en México de Joaquín Leal.

El frenazo

La sanción del Departamento del Tesoro contra Joaquín Leal ahora parece un muro contra el fulgurante ascenso empresarial de alguien que aún no ha cumplido los treinta años. Además de su participación en el esquema de intercambio petrolero con Venezuela y de la empresa eléctrica en sociedad con Axel Capriles Hernández, Leal creó otras sociedades en varias jurisdicciones en los últimos meses y cuando quizás ya estaba en la mira de las autoridades norteamericanas.

En septiembre de 2019 se anunció que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertiría en Luzy, una empresa creada por Leal en Estados Unidos en agosto de 2019, y por familiares un mes antes en México. En su página sólo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y el grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex -en 2017- hasta noviembre pasado. Se aseguraba, además, que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal.

En noviembre de 2018 Leal fundó ALEL Technologies LLC, con sede en Delaware -un estado de Estados Unidos que en la práctica funciona como un paraíso fiscal- , y con la que en junio de 2019 solicitó un permiso al Departamento de Energía estadounidense para exportar electricidad a México. Ese mismo mes creó Luzy Technologies, también en Delaware, una empresa que promueve estilos de vida saludable con una app. Ambas compañías tienen su domicilio en el 778 Boylston Street de Boston, donde Leal había estudiado Administración de Empresas años atrás en el prestigioso Babson College.

Desde finales del año pasado, Joaquín Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios mexicanos y presumió de hacer donaciones de alimentos y equipo médico para apoyar durante la pandemia de la covid-19 a zonas marginales de la periferia de Ciudad de México, según se lee en varias publicaciones de la prensa de ese país.  En abril de este año Leal apareció también como socio de Cosmo Resources PTE LTD, establecida en Singapur, una de las jurisdicciones donde según las autoridades norteamericanas se termina comercializando el crudo proveniente de Pdvsa.

Esa carrera ahora parece haber entrado en un callejón sin salida. Todos los activos de Joaquín Leal han sido congelados en México y Estados Unidos. Su ascenso, al menos, se ha detenido y quizás también su sociedad con el venezolano Axel Capriles Hernández.

(*) Este reportaje es la segunda entrega de un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

FE DE ERRORES: En una versión anterior de este reportaje se afirmaba que Axel Galit Capriles Hernández estudió en el Instituto Cumbres de Caracas, dato que no era cierto. Se ha corregido en línea. Ofrecemos excusas a los lectores. 

La detención de Saab, solicitada por Estados Unidos y consumada en respuesta a una circular de Interpol, tuvo lugar en la Isla de Sal el 12 de junio. Sólo seis días después, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció que incorporaba a la llamada Lista Clinton de la Ofac (por las iniciales en inglés de su Oficina para el Control de Activos Financieros) las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza. También sumó al ciudadano mexicano Joaquín Leal Martínez, un empresario de 28 años de edad que con frecuencia aparecía citado en la prensa de su país como un gurú en temas de energía y petróleo.

Un año antes ya el propio Alex Saab, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, habían entrado a la lista, oficialmente conocida como la de Extranjeros Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). En ella se reúnen los nombres de aquellas personas jurídicas o naturales del extranjero que Washington ha hecho objeto de sanciones financieras, como el congelamiento de activos en territorio norteamericano y la prohibición de realizar operaciones financieras.

Las firmas mexicanas eran integrantes de una trama recientemente diseñada y puesta en funcionamiento por Saab, con conocimiento del Vicepresidente del Área Económica de Venezuela y Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para burlar mediante un supuesto intercambio de crudo por mercancías las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional al régimen de Caracas.

Las autoridades de Washington sostienen que mediante la trama se vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un trueque por el que, al menos sobre el papel, las contrapartes evitaban el uso de dinero, de modo de eludir las cláusulas de las sanciones y ofrecer un aspecto de intercambio humanitario a la operación.

Tras recibir el crudo venezolano, Libre Abordo y su relacionada, Schlager Business Group, entregarían al régimen venezolano 1.000 camiones cisterna para transporte de agua potable y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado casi un año antes, en junio de 2019. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Los documentos del acuerdo entre Libre Abordo y el gobierno venezolano, a los que han tenido acceso Armando.info y El País, revelan esas inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula concebida por Alex Saab en sociedad con el mexicano Leal, a quien Washington calificó como el “conducto” de toda la trama.

Que parezca un ‘quid pro quo’

De acuerdo a la documentación, la empresa mexicana llegó a un acuerdo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, que incluyó dos contratos por casi 200 millones de euros para suministrar bienes que la compañía no acostumbraba comercializar.

En uno de los contratos, fechado el 13 de junio de 2019,  Libre Abordo se comprometía a proveer 1.000 camiones cisterna por un valor de poco más de 139 millones de euros, a razón de casi 140.000 euros cada uno.

Cuatro días después, el 17 de junio, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que la compañía mexicana enviaría a Venezuela 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900 euros, unos 280,9 euros cada tonelada.

Ambos convenios aparecen firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, como director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal -la eminencia gris del entramado- se encontraba en Venezuela, según se desprende de parte de los datos que manejan las autoridades mexicanas antilavado de dinero que hoy investigan el rastro financiero de esos casi 200 millones de euros.

Extrañamente,  ninguno de los contratos alude al previo pago de la mercancía con petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que 70% del abono se debía realizar de forma anticipada, quizás como una cita velada de ese petróleo recibido con anterioridad, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la fórmula imprecisa y poco frecuente con la que se menciona al beneficiario de los pagos en ambos convenios, que también puntualiza que los mismos se podrán hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El pago restante de 30%, siempre según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin precisar tampoco a quién se refiere.

A finales de marzo de 2020 Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos quince millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con Pdvsa”, explicaron entonces desde la empresa a la agencia Reuters. Apenas dos meses después de vanagloriarse sobre las perspectivas de su negocio con Venezuela, el 31 de mayo, Libre Abordo se dio a la quiebra, reportando pérdidas por 90 millones de dólares. En la misma comunicación se quejó de la persecución del Gobierno norteamericano e insistió en el carácter “humanitario” de esos acuerdos. Ciertamente, para la fecha Estados Unidos ya había informado que el FBI investigaba el negocio y apenas faltaban unos días para que el Departamento del Tesoro diera a conocer la inclusión de los protagonistas en la lista de sancionados de la Ofac.

Para este reportaje se intentó recabar la versión de Joaquín Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza en México, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Por su parte, el gobierno chavista ha evitado dar una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje. Sin embargo, fuentes del entorno de Nicolás Maduro que aceptaron hablar en off rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que el diseño particular de este esquema obedece a las dificultades que enfrentan para hacer cualquier transacción por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de empresas novatas en el comercio de hidrocarburos, según un alto funcionario, se debe "a la situación de bloqueo, no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan". Según el mismo funcionario, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos: "Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes", remata. 

Lo que llegó a puerto

Los documentos obtenidos para este reportaje ofrecen indicios de que la mercancía enviada por Libre Abordo a Venezuela podría haber cubierto solo parcialmente lo acordado en los convenios.

Armando.info y El País solo tienen constancia, con los papeles de aduana disponibles, de que a Venezuela llegaron dos embarques vinculados al acuerdo.

El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, que sirve a la ciudad de Caracas, 299 unidades cisterna y diez semi-trailer, valorados en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaba unos 61.000 euros, la mitad del valor cotizado en el contrato original suscrito en 2019 entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao.

El 20 de abril se descargaron en La Guaira otros 222 semi-trailer cisterna, un tractor camión y 20 camiones tanques cisterna.

En total, se trató de 552 vehículos de distintos tipos para el transporte de agua potable, poco más de la mitad del millar pactado en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros. 

Aunque no se hubiera completado el envío, el régimen de Nicolás Maduro no dudó en exhibir el convoy de cisternas blancas, cada una con capacidad para 30.000 litros, en un evento transmitido en mayo desde la autopista Caracas-La Guaira.

No obstante, el alto funcionario del Gobierno de Caracas que accedió a dar una versión para este reportaje, asegura, sin ofrecer documentación que lo respalde, que toda la mercancía llegó al país.

La documentación además ofrece pistas sobre una sucursal de Libre Abordo en Venezuela, Libre Abordo Venezuela C.A, que figura en los papeles del primer despacho. En el segundo, el del 20 de abril, los datos de aduana conducen a las oficinas de la petrolera Southern Procurement Services Ltd, ubicada en el penthouse de una de las torres del Centro Banaven, mejor conocido como el Cubo Negro de Chuao, en el sureste de Caracas. En los últimos años, Southern Procurement Services Ltd ha sido contratista de la estatal Pdvsa y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

De las 200.000 toneladas de maíz blanco ofrecidas junto a los camiones cisterna como parte del intercambio, no se sabe si finalmente llegaron a puertos venezolanos. Hay evidencias para creer que no. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que Libre Abordo nunca envió esa mercancía a Venezuela, ni ningún tipo de alimento a granel. Se sabe, sí, que representantes de la estatal mexicana Diconsa estuvieron pidiendo cotizaciones a traders de granos para enviar maíz blanco a Venezuela, algo que tampoco sucedió. “En el mercado mexicano el que sonaba ante el público por ese negocio de Libre Abordo era Joaquín Leal. Él iba a Venezuela con frecuencia”, reconoce un empresario, que prefiere el anonimato. 

En cualquier caso, si solo el valor del petróleo cedido por Pdvsa asciende a los 300 millones de dólares, como alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está claro que excede al valor de la mercancía que, por lo que se sabe, Libre Abordo hizo llegar al puerto de La Guaira.

La fuerte e inesperada caída del precio del crudo en los mercados globales como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con toda probabilidad, causó un desajuste a las equivalencias previstas en el acuerdo original de 2019 y pudiera explicar que Libre Abordo al final haya quedado en deuda con Venezuela. En ese escenario, de acuerdo a fuentes conocedoras del negocio, la petrolera estatal venezolana entregó de manera anticipada volúmenes de crudo sin la contraprestación acordada, algo que desde el oficialismo se niega. 

Socios ‘navegaos’

El endurecimiento de las sanciones del Gobierno norteamericano a comienzos de año contra uno de los principales socios comerciales de Pdvsa, la empresa rusa Rosneft Trading y su subsidiaria TNK Trading, abrió una oportunidad de negocio para los mexicanos, al quedar de inmediato convertidos en una alternativa para la colocación del petróleo que Venezuela seguía produciendo. Fue así como los tratos con Libre Abordo pasaron a representar de 3% de las exportaciones de Pdvsa, en enero, a 40% en abril. Una nueva intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos segó definitivamente esa bonanza.

Los cargamentos operados por los socios mexicanos y sus correspondientes intermediarios navieros -también sancionados por Washington- empezaron en noviembre del año pasado, según el Departamento del Tesoro, y replicaban las operaciones que ejecutaba la propia Rosneft. Un ejemplo es la bitácora de ruta del Delos Voyager, un buque que navega con bandera panameña, y que el pasado 18 de marzo atracó en el puerto de Amuay, en el estado Falcón, con un cargamento de 680.000 barriles de fuel oil, según el portal El Pitazo. El Delos Voyager zarpó al día siguiente con un cargamento de más de 500.000 barriles de crudo rumbo a Asia, en cuyos mercados spot se vienen transando los volúmenes llegados de Venezuela o se desvían hacia el cliente final. El encargado de la transacción, consta en los registros marítimos, era Libre Abordo. Su subsidiaria, Schlager Business Group, se encargaba de dar apoyo administrativo.

El buque ancló en Gibraltar, enclave británico sobre la costa andaluza de España, donde es común que la carga de un barco se trasborde a otro. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Delos Voyager y a su propietaria, Delos Voyager Shipping LTD, una empresa fundada en noviembre de 2017 con sede en las Islas Marshall, una república insular en medio del océano Pacífico, donde la información de los propietarios de la compañía es confidencial. Delos, así como otras empresas y embarcaciones con sede en el Mediterráneo, sobre todo griegas, fueron excluidas de la lista negra estadounidense el pasado 2 de julio, bajo promesa de que ya no harían tratos relacionados con Venezuela. Los destinos de Pdvsa habituales en Asia, según citan las autoridades estadounidenses, eran China, Malasia y Singapur. Para que los cargamentos desde Venezuela lleguen hasta las refinerías asiáticas sin levantar sospechas en Washington, se utilizan varias embarcaciones e intermediarios, se reetiquetan los productos y se alteran los registros aduanales, según una investigación de Reuters publicada en junio.

“Teníamos un convenio de petróleo por alimentos con una empresa mexicana y el Gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia, Juan Guaidó, fueron a amenazar empresa por empresa para tumbar el acuerdo para traer los alimentos a Venezuela de México”, se quejó Nicolás Maduro el 30 de mayo, un día antes de que Libre Abordo anunciara su presunta bancarrota en México. Jorge Arreaza, canciller del régimen venezolano, advirtió que el caso de Libre Abordo se sumaría a la “denuncia contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional”.

“El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto”. replicó en junio Justin G. Muzinich, el subsecretario de ese ministerio en la administración Trump, al comunicar la sanción contra Libre Abordo.

Chiste repetido

La trama de la venta de petróleo recuerda a la de alimentos, el millonario negocio de los Clap (por Comités Locales de Abastecimiento y Producción) detrás del programa bandera de Nicolás Maduro, y en la que se vieron involucradas también varias empresas mexicanas coludidas como proveedoras de Alex Saab. Entre 2016 y 2018, Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para el negocio detrás de los Clap. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos productos de muy baja calidad nutricional para las combos que luego enviaban a Venezuela.

Con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab y Pulido obtuvieron dos contratos para el suministro de los Clap por poco más de 765 millones de dólares. Con Asasi Food FZC, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, otro convenio por 345 millones de euros, según ha documentado Armando.info. Estas sociedades y otras manejadas por la dupla colombiana en el negocio de los alimentos fueron igualmente señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019.

Pero las irregularidades del negocio ya habían sido denunciadas antes por la Fiscalía mexicana, entonces Procuraduría General de la República. El 18 de octubre de 2018, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, declaró que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”. Todavía estaba en ejercicio el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Empresas mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI) o Grupo Brandon, entre un total de catorce, fueron incluidas en la investigación a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la postre esas compañías, como las intermediarias manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios” que Santiago Nieto, el ahora jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, califica como “ilegales”.

Ese organismo, precisamente, es el que acaba de reactivar la investigación por posible lavado de dinero detrás de los Clap y sigue también el rastro de los 200 millones de euros pactados entre Libre Abordo y Corpovex tras el aviso de las autoridades estadounidenses y de la propia Secretaría de Energía de México.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas tienen constancia de al menos 28 operaciones de Libre Abordo con el extranjero, con compañías de China, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Lituania o Polonia, pero ninguna de esas asociadas a ingreso de dinero.

(*) Este reportaje es la primera entrega de dos en un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

El próximo domingo 2 de agosto de 2020, La última trama de Alex Saab- Parte 2: "Los yuppies contratacan (y salen perdiendo)".