Pero hasta esa dadivosidad interesada tiene límites. Según se comprueba en una docena de documentos oficiales de la empresa petrolera estatal, Pdvsa, a los que se tuvo acceso para este trabajo, la cooperación internacional venezolana encontró su no-más-allá en Nicaragua. Tomó nota de una situación que ya el periodismo independiente denunciaba desde 2007: que los fondos inyectados a través de la petrolera para incentivar pequeñas y medianas empresas o que formaban parte del convenio de financiamiento a largo plazo de la factura petrolera del país centroamericano estaban siendo privatizados en los hechos para costear la construcción de un emporio empresarial para la familia del presidente Daniel Ortega y su entorno, que hoy incluye medios de comunicación, hoteles, empresas eléctricas y distribuidoras de combustible.

Los documentos revelan que al menos desde 2012 altos funcionarios de la administración de Hugo Chávez –quien moriría en marzo de 2013– cuestionaron el desvío de la cooperación estatal venezolana a través de la cooperativa privada nicaragüense Caruna, la Caja Rural Nacional, advirtiendo el riesgo de no poder recuperar los préstamos derivados de una transferencia que a finales de 2015 superaba los US$3.600 millones. Los ejecutivos de Pdvsa y el Alto Gobierno venezolano estaban plenamente informados de las violaciones de Managua al acuerdo petrolero suscrito entre las dos naciones.

En uno de los documentos, elaborado en 2013, Patricia de Oliveira, consultora jurídica de PDV Caribe, S.A., reporta a Bernardo Álvarez, actual Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y entonces presidente de esa filial petrolera, que el análisis legal sobre la administración de los fondos provenientes de la porción de largo plazo de la factura petrolera, indica que esos recursos “están siendo administrados fuera del marco legal de dicho acuerdo”. También expresa serios cuestionamientos sobre la idoneidad de Caruna para manejarlos. El análisis de los expertos jurídicos de Pdvsa determinaba que “Caruna no posee cualidad para administrar los fondos en cuestión”, y que “más allá de lo financiero y de los informes que pudieran obtenerse, nos interesa garantizar el retorno de estos recursos”.

Para lograrlo, sugieren “que el Estado nicaragüense avale las obligaciones de conformidad con los acuerdos”, y que a partir de ese momento “Pdvsa reciba pagarés de Albanisa” para cubrir el tramo de 25% de los fondos que le eran entregados en administración, y que Nicaragua como país, entregara pagarés para cubrir el otro 25%. Pvdsa por su parte, se limitaría a “conocer en qué se van a administrar esos fondos”.

Las indagaciones de los funcionarios venezolanos refuerzan la principal preocupación que aún predomina en Nicaragua, a pesar de que la administración Ortega ha tratado de tranquilizar a la opinión pública diciendo una y otra vez que “se trata de una deuda privada”. La opinión del acreedor parece tajante en los documentos: se trata de una deuda del Estado nicaragüense, que representaría 80% del PIB del país, aún si se Ademó para incrementar los negocios del clan Ortega.

Para Venezuela, el problema es que el Contrato de Administración de Fondos suscrito en mayo de 2007 por Asdrúbal Chávez –entonces vicepresidente de Pdvsa y presidente de Albanisa, el holding binacional creado en el marco del pacto petrolero– en nombre y representación de Pdvsa Petróleo, S.A. por un lado, y Petronic –la petrolera oficial nicaragüense– por el otro, estaba lejos de garantizar la protección de esos recursos, en parte, por la “falta de precisión en cuanto a la administración e inversión, uso y destino” de los montos transferidos.

En los documentos también se cuestiona “la falta de definición del fondo transferido”; el hecho que “no existe ninguna mención a inversiones seguras”, o bien, que en los contratos no se especifica que el rendimiento que generen esas inversiones le corresponde (pertenece) a Pdvsa.

En otras palabras: la parte venezolana cree más probable que se pierdan esos fondos, antes de que se conviertan en un compromiso atado al cuello de las finanzas nicaragüenses.

Más puntos débiles encontrados por los expertos venezolanos en los contratos: no se define el monto a pagar en concepto de administración del fondo, y no autorizan a Pdvsa a realizar auditorías legales y financieras sobre Caruna cuando los venezolanos lo consideraran procedente.

Tampoco se determinaba el plazo de vigencia del contrato, así como que la facultad de terminarlo fuera de Caruna. No había una sede arbitral predeterminada; y hasta se señala que “la redacción en general es muy pobre y por lo tanto, confusa”.

Puntos oscuros

Del análisis de esos documentos se deriva una serie de “hallazgos legales”, en los que se pone en duda la idoneidad de Caruna para administrar los recursos, y el hecho que las garantías que se otorgan no son las apropiadas para asegurar que Venezuela podrá recuperar el dinero que estaba entregando a sus camaradas nicaragüenses.

La consultora de Pdvsa detalla que el tramo de 25% de los fondos que según los acuerdos deberían ser asumidos por la República de Nicaragua “está siendo utilizado para actividades financieras del sector agrícola y de microempresas nicaragüenses a través de Caruna, y no a través del Estado en sí”.

Eso, en los hechos. Pero como agravante, el estudio jurídico menciona que las leyes nicaragüenses no facultan a Caruna para “asumir la administración de los recursos en los términos en que está previsto en los contratos suscritos al efecto con Pdvsa. En consecuencia, la operación se ejecuta en violación al Tratado Energético del Alba y a la Ley de Nicaragua, respectivamente”.

“Vale decir que la ausencia de facultad de Caruna no puede ser en modo alguno subsanable o susceptible de ser suplida por la sola autorización o designación que Pdvsa haya hecho a Caruna para que reciba los fondos”, añade.

El segundo hallazgo legal del estudio jurídico de Pdvsa, el de la naturaleza de las garantías, se fundamenta en que según el Tratado Energético del Alba se requiere una garantía soberana, recordando que la aplicación del Acuerdo debía ejecutarse “de forma exclusiva” por “entes públicos avalados por la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua”.

“Al ver la instrumentación que se hizo del acuerdo bilateral Alba, se expresa como garantía la figura de una cesión de los créditos a favor de Pdvsa, una garantía como un derecho de crédito contra terceros de Caruna que ni siquiera es un ente público, es un ente privado: una cooperativa que ni siquiera goza de prestigio”, indica el documento de Pdvsa.

El estudio confirma con estupor que ni la Ley 499, Ley General de Cooperativas con su Reglamento, ni el Estatuto de Caruna y su Reglamento, evidencian que Caruna esté “sometida a la regulación de los organismos competentes para la prevención de legitimación de capitales”.

“Lo que se esperaba era una garantía soberana, sin embargo, se reciben unos pagarés emitidos por Caruna con legislación y jurisdicción de ‘domicilio especial y excluyente’ a la ciudad de Caracas”, detalla el texto.

El gobierno de Nicaragua nunca ha brindado alguna explicación sobre estas anomalías y los reclamos de Venezuela en relación al manejo privado de la cooperación y la deuda por parte de Caruna. Pero en febrero de este año, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que había “cambios en la administración del régimen de colaboración de petróleo”. Según el FMI, Nicaragua informó al multilateral que “a petición del gobierno de Venezuela, todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de Caruna a Albanisa”.

Albanisa es una empresa mixta, en la que el 51% de las acciones pertenecen a PDVSA de Venezuela y el 49% a Petronic de Nicaragua. Y para cerrar el círculo, el Banco Central de Venezuela (BCV) compró la deuda de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con lo que ahora, el acreedor de la empresa mixta ya no es su socia venezolana, sino el propio Banco Central de ese país.

“Las cuentas por cobrar no corrientes se disminuyeron en US$5.620 millones (67%), en comparación con el año 2014, alcanzando un total US$2.788 millones al 31 de diciembre de 2015, originado principalmente por la venta al Banco Central de Venezuela (BCV), de pagarés por Convenios de Cooperación Energética”, según se refleja en un documento de la Asamblea Nacional venezolana.

Ninguna autoridad gubernamental, en Venezuela o en Nicaragua, ha brindado una explicación sobre las implicaciones de esta operación, y si esto significa, como interpretan algunos economistas, que al pasar al BCV la deuda nicaragüense se convierte en una “deuda soberana”, y por lo tanto Nicaragua enfrentaría a un acreedor mucho menos flexible que Pdvsa.

La triangulatura de la arepa

Las contrariedades de Venezuela con su pícaro aliado nicaragüense no terminaron con lo que detectó en los contratos de la cooperación petrolera. Las autoridades de Caracas cuestionaron los mecanismos de “triangulación” de exportaciones utilizados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para pagarle a Venezuela la factura petrolera.

El reclamo surgió desde 2012 pero subió de tono en los niveles burocráticos de Pdvsa cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Los venezolanos estaban molestos no solo porque Nicaragua le estaba enviando comida para pagar el 50% de la factura que debía ser cancelado en el corto plazo (cuando los acuerdos especificaban que esos abonos debían aplicarse a la factura de largo plazo), sino también al confirmar que Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), estaba comprando alimentos en Centro y Suramérica, para revendérselos a ellos.

En el “punto de cuenta” denominado “Modelo para homologar la compensación de la factura petrolera con productos de Nicaragua”, presentado por el Presidente de PDV Caribe, Bernardo Álvarez, al Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez C –actual Embajador de Venezuela ante Naciones Unidas en Nueva York–, en noviembre de 2013, se presentan algunos ejemplos de embarques de productos enviados por Nicaragua, que no habían sido producidos por manufactureros locales.

“En la compensación con Nicaragua se han recibido productos provenientes de otros países (triangulación): de El Salvador (café); de Argentina (caraotas negras); de Honduras (aceite de palma); de Guatemala (novillos), y de Brasil (azúcar refino)”, detalla el informe interno de la administración venezolana.

“Esta triangulación vulnera los principios de Petrocaribe de promover la producción nacional en los países beneficiarios y eliminar la intermediación. La Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), ha manifestado la necesidad que los productos a compensar por los países sean originarios de los mismos”, le recuerdan a Ramírez.

Por ello, le piden “establecer que todas las compensaciones se realicen sin permitir triangulaciones, para el caso de Nicaragua, y extensivo a los demás países que utilicen el mencionado mecanismo de pago”, a menos que fuera la misma Venezuela la que aprobara de previo alguna excepción a ese requisito.

Para probar la triangulación, adjuntan copia de un documento de abril de 2013, en el que Carlos Osorio, presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La Casa), le informa a Víctor Aular Blanco, director de Pdvsa, haber recibido de parte de Albalinisa, 2.984,4 toneladas métricas de aceite crudo de palma, por un valor de 3,95 millones de dólares, “provenientes de la República de Honduras”.

Otro documento de septiembre 2012, refleja la recepción de un embarque de 20.764 toneladas métricas de azúcar cruda, valorado en US$15,8 millones, provenientes de Guatemala; o las 3.281 toneladas métricas de frijoles negros, de julio de 2013, valoradas en US$4,2 millones, “provenientes de la República de Argentina”.

Además de la triangulación, el problema de fondo residía en otra astucia de Managua: si bien los acuerdos binacionales firmados en 2007 detallan que Nicaragua pagaría en 90 días el 50% del costo del petróleo recibido, y que dispondría de 25 años (entre ellos, dos años de gracia) para pagar el 50% restante, a esas condiciones, blandas por sí mismas, se añadía la posibilidad de cancelar el financiamiento de largo plazo con alimentos, a través de un “mecanismo de compensación comercial”, en el que Venezuela debería indicar cuántos alimentos recibiría en las ocasiones escogidas. Pero los nicaragüenses estaban cargando el pago por especias, como un hecho consumado, a la deuda de corto plazo, que debía cancelar en efectivo.

Es por eso que Álvarez presenta el punto de cuenta a Ramírez, tratando de encontrar una solución al desaguisado. En el documento Álvarez admite que el Acuerdo Energético del ALBA “no especifica la porción de la deuda a la cual se va a aplicar la compensación”, aunque recordaba a continuación que, en cambio, “el Acuerdo Energético Petrocaribe sí establece expresamente que la compensación debe hacerse con la porción de largo plazo”, detalle que fue ratificado en diciembre de 2011, durante el octavo Consejo Ministerial de Petrocaribe.

A pesar de lo que dicen los acuerdos, los asesores jurídicos de Pdvsa hacen ver a sus superiores que entre 2008 y junio de 2013, el país sudamericano recibió 1.764,5 millones de dólares en alimentos, montos que “Nicaragua cuenta con que sean compensados de la factura a corto plazo (por lo que no ha pagado dicha porción). Sin embargo, Finanzas Corporativas de Pdvsa no tiene ningún documento que la autorice a compensar del corto plazo”.

Dada la situación planteada, los asesores jurídicos solicitan al ministro Ramírez que decida “de forma excepcional y concesional, aprobar todas las compensaciones recibidas de Nicaragua hasta la fecha, con la porción a corto plazo”.

En la práctica, la propuesta implica beneficiar a Nicaragua con un “borrón y cuenta nueva”, aceptando que los 1.764,5 millones de dólares que ya habían sido enviados en alimentos, se aplicaran a la deuda de corto plazo (90 días), y no a la de largo plazo (25 años), que es lo que en realidad establecen los acuerdos.

Para regularizar la situación de cara al futuro, se proponía un abanico de opciones que iban desde exigir que a partir del 1 de enero de 2014, el 100% del costo de los futuros embarques se debitaran de la cuenta de largo plazo, o bien, que se implementara un cronograma progresivo de cuatro etapas (que podían ser trimestrales, semestrales o anuales), en la primera de las cuales el 25% del costo de los envíos se aplicaba a la deuda de largo plazo, mientras el 75% restante se usaba para abonar a la deuda de corto plazo.

En una segunda etapa, los envíos se usaban para abonar 50% - 50% a la deuda, pasando en la etapa tres a una proporción de 75% - 25%, para quedar a partir de la cuarta etapa, aplicando el 100% del costo de los envíos a la deuda de largo plazo.

Aunque la documentación consultada para este trabajo no permite saber cuál fue la decisión del ministro Ramírez, sí es sabido que desde mediados de 2014, y con más fuerza a partir de 2015, Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), fue disminuyendo el monto de sus envíos de animales y productos a Venezuela, por causa de una realidad que nadie supo prever: el descenso del precio internacional del petróleo. Las exportaciones nicas a Venezuela se han reducido a menos de la mitad de lo que eran.

Al bajar el precio de los hidrocarburos, disminuyó por partida doble la cantidad de dinero que quedaba en Nicaragua: por un lado, porque al estar el petróleo más barato, Nicaragua tenía que dedicar menos recursos para pagar esa factura; y, por el otro, porque los acuerdos especifican que si el precio del petróleo superaba los 100 dólares, Nicaragua se quedaría con el 50% del costo de la factura, pero si descendía a 80 dólares, el país solo podría retener el 40%. Con el barril de petróleo a 60 dólares, solo el 30%, de la factura se quedaba en Nicaragua.

Sin embargo, el auge del esquema de intercambio y todo lo que el Gobierno de Daniel Ortega estiró sus términos le ayudó a fortalecer las exportaciones de la agroindustria y, en especial –algo único en un régimen en que se tilda de revolucionario–, a forjar una alianza política con el sector empresarial, y todo sin necesidad de desembolsar ni un céntimo de las arcas públicas nicaragüenses. Una jugada maestra.

(*) La presente es una versión editada de una serie de reportajes producida por Confidencial.com.ni, cuyos derechos de publicación fueron cedidos a Armando.info

La vasta maniobra de apropiación de recursos de la cooperación internacional venezolana para favorecer a la familia presidencial nicaragüense ha tenido por vértice a Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A.), una empresa que, aunque propiedad conjunta de la estatal petrolera venezolana Pdvsa (51% de las acciones) y de su contraparte Petronic (49% de participación), se constituyó en 2007 como una compañía privada. La decisión para registrarse así se remonta a motivaciones políticas: se quería evitar que el Congreso de Nicaragua, que incluía a una importante bancada opositora, tuviera potestad para supervisar a la empresa. Pero sus consecuencias más gruesas se reflejaron en el crecimiento del patrimonio y poder económico de los Ortega.

De este entramado se conocen detalles desde 2010. Desde entonces no ha hecho más que extenderse y sumar riqueza, a pesar de las denuncias periodísticas. Al día de hoy, el grupo de empresas detenta una posición casi de dominio en los negocios de venta de gasolina y de generación y distribución de electricidad. Acapara también el negocio de las exportaciones agroalimentarias a Venezuela, el mayor cliente del campo nicaragüense. Se calcula que en ocho años, el Gobierno de Ortega ha privatizado 3.047 millones de dólares provenientes de Venezuela, del total de 3.423 millones de dólares en cooperación estatal (que también incluye aportes del Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes), con la venia activa del régimen de Caracas.

Al principio fueron los dólares

El trasfondo de este negocio es político. Dos aliados ideológicos y geopolíticos, el sandinismo y el bolivarianismo, sellaron su pacto con los acuerdos de cooperación suscritos en marzo de 2007 entre los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. Antes, en enero de 2007, también se habían hecho partes del acuerdo fundacional de Petrocaribe. Apenas cuatro meses más tarde, se conformó Albanisa, la empresa encargada de administrar la factura de los diez millones de barriles de petróleo al año subsidiado que Caracas concedería a Managua.

El esquema que sirvió de marco al acuerdo establecía que Nicaragua pagaría 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años de plazo, con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales.

Unos meses después, a finales de abril de 2007, ambos presidentes suscribieron el acuerdo energético de la Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos), que comprendía una modificación de las condiciones: 25% de la factura pendiente quedaría como cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y el restante 25% sería asumido por Nicaragua. Pero faltaban nuevas alteraciones del acuerdo, que resultarían funcionales para el trasvase de los fondos venezolanos al patrimonio de la familia gobernante.

“En enero de 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que ‘corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) Pdvsa recibir’ una parte de la cooperación”, explica Adolfo Acevedo, un economista nicaragüense conocedor de la materia. La persona jurídica beneficiada terminó por ser la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), 599 millones de dólares  entre 2007 y 2009, una cantidad de cuyo uso no hay muchos detalles.

Ese esquema de financiamiento funcionó hasta 2010. Entonces toda la factura petrolera pospuesta como fondo para el desarrollo fue asumida como préstamo para Caruna. A la vez, se cambian de nuevo las reglas del juego para destinar 38% de la cooperación petrolera a donaciones de índole social, y 62% a inversión en proyectos con fines de lucro. Esto último se conoce por los términos en que, ese año, el Gobierno de Managua informaba al Fondo Monetario Internacional (FMI).

De la noche a la mañana quedaba así legitimada la inyección directa de recursos a empresas privadas.

No es de extrañar que sea el año 2010 cuando se detonan las denuncias sobre financiamiento abierto a empresas privadas. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual 302,3 millones de dólares a proyectos de inversión con fines de lucro y 155,3 millones de dólares a los que el Gobierno denomina proyectos sociales, aunque el FMI los distingue como operaciones cuasi-fiscales”, Acevedo saca cuentas.

En enero de 2010 se supo de un préstamo de 11 millones de dólares de otra empresa del grupo, Albalinisa, para que los Ortega adquirieran el Hotel Seminole, un tres estrellas de Managua, y desarrollaran un proyecto agropecuario con cinco mil cabezas de ganado. Albanisa destinó 9,7 millones de dólares para la compra del canal 8 de televisión, y Caruna concedió un préstamo de 160.000 dólares al canal 4, ambos gerenciados por los hijos de la pareja presidencial. Casi cuatro millones de dólares fueron entregados a constructoras de Francisco Chico López, el tesorero del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –también vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic–.

El accionista principal de Albanisa es la petrolera estatal venezolana Pdvsa, representada en su Junta –como presidente– por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido comandante Chávez y actual ministro de Petróleo en el gabinete de Nicolás Maduro.

Si todas estas transacciones se realizaron sin la anuencia de la parte venezolana, Chávez no hizo valer su mayoría. Pero todo parece indicar que los accionistas venezolanos estaban al tanto y de acuerdo. En 2010, cuando se divulgaron las primeras versiones sobre las puertas giratorias que comunicaban los fondos venezolanos con las empresas privadas de los jerarcas sandinistas, Rafael Paniaguas Barras, Gerente General de Albanisa para la fecha, declaró desafiante a la prensa: “Es cierto que compramos Canal 8, ¿y qué tiene de extraño?”.

Paniaguas, ingeniero venezolano cercano a Asdrúbal Chávez, fue retirado de su cargo a raíz de esas declaraciones y devuelto a Pdvsa. En 2014 recibió su jubilación de la estatal petrolera y más nunca ha salido en público. Ni siquiera en su nuevo destino: Houston (Texas, Estados Unidos), capital mundial del negocio de los hidrocarburos, donde no pudo ser contactado para este reportaje.

Electricidad: Negocios poco comunes pero corrientes

Luego de ese zafarrancho inicial, casi como una consecuencia lógica de su origen, Albanisa se ha convertido durante los últimos cinco años en un actor principal del mercado energético en Nicaragua.

En el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantenga sus máquinas apagadas. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Energía, las nueve plantas –diez, pronto– de Albanisa concentran 25.4% (331 megavatios/hora) de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el país (1,311 megavatios/hora). Todos sus contratos han sido el resultado de asignaciones directas, sin licitación.

Se trata de un crecimiento exponencial del negocio, desde que en 2007 llegaron a Nicaragua las primeras plantas Hugo Chávez para superar los crónicos apagones que azotaron al país en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.

Esas plantas, llegadas desde Venezuela, funcionan con diesel y están concebidas como soportes de emergencia, y no para servir de bases a un sistema eléctrico regular. Sus costos de producción son altísimos y tienden a dañarse. De hecho, han funcionado muy poco.

No es de extrañar que sea el año 2010 cuando se detonan las denuncias sobre financiamiento abierto a empresas privadas. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual 302,3 millones de dólares a proyectos de inversión con fines de lucro y 155,3 millones de dólares a los que el Gobierno denomina proyectos sociales, aunque el FMI los distingue como operaciones cuasi-fiscales”, Acevedo saca cuentas.

En enero de 2010 se supo de un préstamo de 11 millones de dólares de otra empresa del grupo, Albalinisa, para que los Ortega adquirieran el Hotel Seminole, un tres estrellas de Managua, y desarrollaran un proyecto agropecuario con cinco mil cabezas de ganado. Albanisa destinó 9,7 millones de dólares para la compra del canal 8 de televisión, y Caruna concedió un préstamo de 160.000 dólares al canal 4, ambos gerenciados por los hijos de la pareja presidencial. Casi cuatro millones de dólares fueron entregados a constructoras de Francisco Chico López, el tesorero del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –también vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic–.

El accionista principal de Albanisa es la petrolera estatal venezolana Pdvsa, representada en su Junta –como presidente– por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido comandante Chávez y actual ministro de Petróleo en el gabinete de Nicolás Maduro.

Si todas estas transacciones se realizaron sin la anuencia de la parte venezolana, Chávez no hizo valer su mayoría. Pero todo parece indicar que los accionistas venezolanos estaban al tanto y de acuerdo. En 2010, cuando se divulgaron las primeras versiones sobre las puertas giratorias que comunicaban los fondos venezolanos con las empresas privadas de los jerarcas sandinistas, Rafael Paniaguas Barras, Gerente General de Albanisa para la fecha, declaró desafiante a la prensa: “Es cierto que compramos Canal 8, ¿y qué tiene de extraño?”.

Paniaguas, ingeniero venezolano cercano a Asdrúbal Chávez, fue retirado de su cargo a raíz de esas declaraciones y devuelto a Pdvsa. En 2014 recibió su jubilación de la estatal petrolera y más nunca ha salido en público. Ni siquiera en su nuevo destino: Houston (Texas, Estados Unidos), capital mundial del negocio de los hidrocarburos, donde no pudo ser contactado para este reportaje.

Electricidad: Negocios poco comunes pero corrientes

Luego de ese zafarrancho inicial, casi como una consecuencia lógica de su origen, Albanisa se ha convertido durante los últimos cinco años en un actor principal del mercado energético en Nicaragua.

En el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantenga sus máquinas apagadas. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Energía, las nueve plantas –diez, pronto– de Albanisa concentran 25.4% (331 megavatios/hora) de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el país (1,311 megavatios/hora). Todos sus contratos han sido el resultado de asignaciones directas, sin licitación.

Se trata de un crecimiento exponencial del negocio, desde que en 2007 llegaron a Nicaragua las primeras plantas Hugo Chávez para superar los crónicos apagones que azotaron al país en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.

Esas plantas, llegadas desde Venezuela, funcionan con diesel y están concebidas como soportes de emergencia, y no para servir de bases a un sistema eléctrico regular. Sus costos de producción son altísimos y tienden a dañarse. De hecho, han funcionado muy poco.

A un costo de 4.000 millones de dólares, la obra debía concluir en 2012 para poner en funcionamiento una instalación capaz de refinar 150.000 barriles de petróleo al día.

A ocho años de su inicio, en el sitio solo se ve movimiento de tierras y la construcción de tanques de almacenamiento, 16 en una primera fase. Los trabajos están a cargo de la empresa china CAM Engineerring Co., Ltd. y, según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta la fecha Pdvsa ha invertido 312,7 millones de dólares, menos de la décima parte de lo que se calculó costaría la refinería.

Ahora se duda de que la refinería se construya jamás. Es un caso parecido al de la proyectada refinería José de Abreu y Lima, en la que Pdvsa debía participar con Petrobras para levantarla en Pernambuco, Brasil, según la visión compartida de Hugo Chávez y el expresidente Inácio Lula Da Silva. Pero, aún si se completa o no, ¿por qué empezaron la construcción en Nicaragua por la cola, los tanques de almacenamiento, que son una instalación secundaria? Una fuente de la empresa privada en Managua, que pide no ser identificada, lee esa peculiaridad del proyecto con suspicacia: “Con esa inversión en tanques de almacenamiento, Albanisa tiene capacidad para convertirse en el gran importador y, luego, el gran revendedor de productos terminados en el mercado regional”.

La llave de la despensa de Venezuela

Se llama Albalinisa y no es un trabalenguas ni una competencia al estilo de Descubra las diferencias. Es otra empresa que termina por conectarse al grupo de su casi homónima, Albanisa. Alba Alimentos de Nicaragua, S.A. (Albanilisa) es identificada como una de las empresas mixtas binacionales que CVAL (la Corporación Venezolana de Alimentos, adscrita al ministerio de Agricultura y Tierras y ahora en proceso de liquidación) declaraba haber constituido también con naciones aliadas como Rusia y Siria. Pero, en el caso de Nicaragua, Albalinisa quedó encargada de administrar el mecanismo de compensación creado en el marco de Petrocaribe y por el cual Managua puede pagar una fracción de su deuda petrolera en especies.

“Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, podrá aceptar que parte del mismo se realice con productos, bienes o servicios establecidos mutuamente”, ofrece Caracas a sus contrapartes en el texto del acuerdo de Petrocaribe.

Nicaragua le sacó partido a este párrafo. Y cómo. En 2006, las exportaciones de Nicaragua a Venezuela totalizaban dos millones de dólares, menos de lo que exportaban Haití o Belice al país suramericano. Pero de 2007 a 2014 las ventas nicaragüenses a Venezuela se multiplicaron 49 veces, de 7,6 millones de dólares a 375,95 millones, según datos oficiales del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). La caída constante del precio del petróleo desde fines de 2013, y la subsecuentemente menor disponibilidad de divisas por parte del Estado venezolano, hacen difícil creer que se volverá a alcanzar el tope de 444 millones de ventas anuales de Nicaragua a Venezuela, que data de 2012.

Pero, de todas maneras, el negocio sigue siendo pingüe. Venezuela se convirtió en el mayor mercado de exportación del campo nicaragüense y no solo en cantidad: con frecuencia, el ávido cliente venezolano –que es el Estado– paga precios por encima del promedio internacional. Solo lo superan Estados Unidos y Taiwán. Además es un cliente voraz, que siempre vuelve por más, paga rápido y, hasta hace poco, se daba el lujo de pagar por adelantado.

Las agroindustrias nicaragüenses de la carne, del café, de la leche, del azúcar y del aceite y oleaginosas, viven una verdadera bonanza con el maná venezolano. De todos los regímenes bolivarianos del continente, quizás sea el de Daniel Ortega el que mantiene mejores relaciones con los capitanes empresariales, y todo gracias al canal privilegiado de colocación de sus productos que ha logrado con sus aliados en Caracas.

Resulta curioso que, en contraste con su prédica de izquierda, los miramientos del Gobierno de Ortega se hayan concentrado en los grandes productores. “Los principales productos que gozan de acceso preferencial al mercado venezolano, con excepción del frijol negro o caraota, se encuentran en manos del gran capital nacional”, apunta el economista Adolfo Acevedo. “Para la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, para las plantas industriales de procesamiento de productos lácteos como Centrolac y Parmalat, para el Matadero San Martín, entre otros, el mercado de Venezuela ha sido un excelente negocio”.

En cambio, de las pocas contrapartidas que los pequeños productores del campo habrían podido recibir de la alianza con Venezuela, se sabe poco, y eso que se sabe es sombrío. Por ejemplo, los suministros de urea venezolana para fertilizar se centralizaron en una organización oficialista, Nicaraocoop, que estableció precios diferenciales según la afiliación política o familiar del comprador.

Una asignación de contado por diez millones de dólares que Hugo Chávez entregó para financiar prestamos dirigidos a pequeños y medianos productores, terminó distribuida “en solo cinco empresas”, según escribió la economista Gloria María Carrión Fonseca en una nota de la revista Envío. “Cuando los miembros de” la federación campesina “preguntaron por el criterio que se usaría para acceder a los préstamos, el gobierno les informó que los criterios ya habían sido establecidos y los recursos distribuidos”, aseguró.

A cambio del impulso para sus negocios, los grandes productores agrícolas nicaragüenses se dejaron acostumbrar a que Albalinisa intermediara en sus exportaciones. Albalinisa era en 2009 la número 48 entre las firmas exportadoras de Nicaragua. En 2014 se convirtió en la segunda.

La llave de Albalinisa para exportar a Venezuela la tiene Francisco Chico López, vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN. “Él es quien decide en última instancia”, coincidieron varias fuentes consultadas. Con el que hay que firmar las negociaciones y acuerdos.

Cuando elige proveedores, López prácticamente elige a quién le va a ir mejor en la temporada.

Por ejemplo, en el azúcar. “Todos los ingenios exportan a Venezuela. Pero no hay una regla. Algunos años van todos, otros años van unos cuantos; unos venden mayor cantidad, otros, menor cantidad (…) Albanisa nos dice: necesitamos equis cantidad de azúcar. Los ingenios dicen: ‘Yo tengo tanto, tengo compromisos por tanto, puedo darte tanto; este es mi plan de exportación o no tengo nada este año’”, refiere Mario Amador, Gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA).

En todo caso, si Venezuela no le compra más alimentos a Nicaragua, es porque hay un techo: el trueque de alimentos por petróleo solo puede llegar hasta un valor equivalente a 25% de la factura petrolera. El otro techo a las ventas nicaragüenses se lo ponen la burocracia y las ineficiencias venezolanas.

“Desde el primer día fue difícil comenzar a venderles leche, aún a través del mecanismo de Albanisa, pero fue haciéndose más difícil con el paso de los años, porque todo camina lento en Venezuela: las certificaciones, las inspecciones”, admite Alfredo Lacayo, Gerente General de Centrolac. La leche y bebidas saborizadas de Centrolac se ven de cuando en vez en los anaqueles de tiendas venezolanas. “A pesar de ser un país que importa todo lo que consume, los requisitos para importar en Venezuela son sumamente engorrosos, y la burocracia que vive de eso es enorme, poderosa e independiente”.

“Conseguir un registro sanitario en Venezuela te toma más de un año”, sigue Lacayo. “Aunque el presidente diga: ‘Denle mañana el registro sanitario’, igual tarda un año”.

Mario Amador, de los productores de azúcar, recuerda una vez que el gremio recibió un reclamo de Albalinisa por un embarque de azúcar. Su contraparte venezolana rechazaba el producto recibido porque decían que se les había enviado azúcar sólida, petrificada, “pero era mentira. Era un problema de descarga que ellos tenían en Venezuela”.

Lacayo, el gerente de Centrolac, recuerda algo similar. Su contraparte venezolana dejó varado por tres meses un contenedor en Puerto Cabello (estado de Carabobo) “y la leche no está supuesta para permanecer en un contenedor a 27 grados centígrados por todo ese tiempo”. Pero entiende que “sacar un contenedor de Puerto Cabello también es engorroso. Eso es parte del problema económico de Venezuela, que la burocracia ha crecido a tal grado que los trámites se hacen muy difíciles”.

El que calla, otorga

En 2010 Rodolfo Obregón, un ingeniero que se desempeñó como gerente de Albanisa y Petronic, anterior amigo de Francisco Chico López, rindió testimonio para Confidencial de Managua sobre los entretelones administrativos del emporio. Su relato hablaba de montos de divisas en efectivo guardados en casas de los ejecutivos y un creciente endeudamiento de la empresa, a pesar de su notoria liquidez. “Pareciera que no estamos ante una empresa normal, sino ante un esquema de endeudamiento para transferir fondos a terceros”, barruntó entonces Obregón.

El poder político y una dinastía familiar consiguieron sacar réditos de controlar el acceso a la cooperación venezolana en Nicaragua. De ese manejo surgió una nueva clase social congregada en torno a los Ortega. “Era imposible tapar el sol con un dedo”, recordaba Obregón. “Inmediatamente vino el cambio de estilo de vida de Chico López, de la familia presidencial, los que estábamos ahí lo mirábamos”.

Los jerarcas cambiaron sus viejos carros por vehículos de lujo. Literalmente. La cooperación venezolana costeó la renovación del parque vehicular al servicio del partido de Gobierno, FSLN. Unas 25 camionetas fueron a parar a la casa de Ortega, que funciona al mismo tiempo como cuartel partisano, hogar, y sede de la Presidencia de la República.

En 2009 unos inspectores de Pdvsa –sobre el papel, accionista mayoritario de Albanisa– concluyeron que esta empresa, constituida apenas dos años antes, resultaba inauditable. Es la única diligencia que se conoce desde la orilla venezolana para proteger unos recursos de los que, se supone, son vigilantes. De resto, la Asamblea Nacional venezolana, controlada desde 2005 por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, nunca se ha avenido a discutir el caso de Albanisa. Todas las pistas muestran a una administración venezolana conforme con lo que ha ocurrido en Nicaragua con los fondos de la cooperación.

Apenas una mención al tema aparece en el Informe de Gestión de 2014 del diputado opositor por el estado de Táchira, Homero Ruiz, quien reseña informaciones de la prensa nicaragüense y una nota de un website venezolano, subrayando la paradoja de que Nicaragua estrene plantas eléctricas pagadas por el gobierno venezolano, mientras en el país se registran apagones.

“De acuerdo al anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional del 2010, y a la Ley sobre la materia de 1958, diría que no hay base legal para que la cooperación internacional venezolana se dirija a entes con fines de lucro”, opina un abogado venezolano que trabaja para institutos de la Universidad de Harvard (Massachussets, Estados Unidos), y que pide mantener su nombre en reserva. “Sin embargo, de lo que ve en los acuerdos entre Venezuela y Nicaragua pareciera que son tratados interestatales. En este caso, el manejo a lo interno de Nicaragua hacia entes privados podría violar el espíritu del tratado bilateral y debería venir de parte de Venezuela el interés por denunciar esto. Pero la manera en que se ha estructurado los acuerdos de la Alba buscan crear estos mecanismos no convencionales en los que grupos de lado y lado se están beneficiando de la implementación de los acuerdos de cooperación”.

(*) Este trabajo, que forma parte de un proyecto conjunto de investigación periodística entre Confidencial.com.ni de Nicaragua y Armando.info de Venezuela, contó con el apoyo de Open Society Foundations.