El cacao venezolano representa menos del uno por ciento del cacao que se comercia a nivel mundial, pero sus granos y el chocolate que se obtiene a partir de él se exhiben en ferias internacionales a través de empresas nuevas en el negocio y estrechamente vinculadas con la familia presidencial. A través de guiños al sistema cambiario, el extraordinario producto venezolano genera grandes cantidades de divisas que quedan fuera de Venezuela, paradójicamente, gracias a un monopolio del Estado que mantiene férreo control sobre la cadena de comercialización y exportación. Todo ocurre en medio de una escalada de violencia y criminalidad que mantiene secuestrado a las zonas productoras, principalmente Miranda y Sucre, obligándolos a abandonar los campos o morir en el terreno.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.
Un brote letal de la bacteria Shigella y el Norovirus en ese estado del oriente del país acaba de advertir sobre la catástrofe que se gesta en el deficitario servicio de agua, donde el problema ya es, más que el acceso, siempre irregular, es la calidad del líquido. El incidente puso en evidencia la acumulación de problemas, como la escasez de cloro para la potabilización, mala gestión del sistema, infraestructuras en quiebra, todos vectores de la nueva crisis de servicios públicos que se aproxima.
Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.
En 2005, un hijo del hoy presidente Tabaré Vásquez -entonces en su primera administración- cerró con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez jugosos contratos para compañías uruguayas de software, de las que era empleado y representante, que prestarían servicios a un proyecto de telefonía nunca completado. Lo que entonces pareció sospechoso de tráfico de influencias y pago de sobornos no se pudo comprobar. Pero un nuevo examen a documentos oficiales y comunicaciones incluidas en los llamados Panama Papers permite establecer que el negocio coincidió con pagos irregulares para, al menos, un alto funcionario venezolano.
A los productores se les paga un precio irrisorio por “el mejor cacao del mundo” y se vende al exterior en divisas a precio internacional. El negocio, aunque todavía no exhibe números de envergadura, es redondo para el que logre establecer el control de las cosechas, su transporte y comercialización, una labor a la que se abocó el nuevo gobernador del estado Miranda apenas asumió el cargo y que pretende establecerse en otros estados productores como Aragua, Sucre y Zulia.
