Los fiscales en España alegan que Martin Rodil (n. Barquisimeto, 1974), el consultor en cuestión, un abogado y destacado experto en temas de corrupción venezolana, dirigió un grupo que extorsionaba a venezolanos ricos sospechosos de corrupción. Los 13 miembros de esta trama, que, con Rodil a la cabeza, incluye a tres policías españoles -Daniel Renuncio Mateos (de la policía municipal de Madrid), David Berruguete (inspector de la Policía Nacional) y José Manuel Betanzos (oficial retirado de la policía regional vasca o Ertzaintza)- y a un exmilitar hispano-israelí, Alberto Avi Galán, son investigados por los delitos de tráfico de influencia, corrupción y lavado de dinero, entre un total de siete cargos. En documentos judiciales del caso, todavía en fase de instrucción, los fiscales españoles dicen que los exfuncionarios que aseguran haber sido chantajeados son figuras prominentes en escándalos masivos de corrupción pública en Venezuela, que pagaron grandes sumas de dinero a Rodil y sus asociados en la aparente creencia de que les ayudarían a evitar cargos criminales en Estados Unidos.

Rodil, que no ha sido acusado formalmente, no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Los aliados de Rodil dicen que los exfuncionarios venezolanos que lo señalan están tratando de desacreditar de ese modo las investigaciones de Estados Unidos sobre su propia presunta malversación, desplegando una campaña contra un asesor clave de las autoridades en Washington. Dicen que los fiscales en España, un país que algunos expertos consideran un refugio seguro para los venezolanos corruptos, están siguiendo de manera errónea una agenda que en realidad forma parte de la campaña de desinformación orquestada por estos exfuncionarios del chavismo, ahora residenciados en el país ibérico.

Roger Noriega, exsubsecretario de Estado (equivalente a un viceministro de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos en la administración del republicano George W. Bush (2000-2008), y quien más recientemente trabajó con Rodil en su negocio de consultoría, calificó al venezolano como un eficaz cruzado anticorrupción y dijo que los pagos a Rodil "se hicieron en el contexto de cuando Martín estaba cooperando en actividades cuidadosamente monitoreadas", bajo supervisión de las autoridades estadounidenses. La investigación española se derivaría de "una historia que está siendo tejida por criminales con sus asesores legales", sostuvo Noriega.

Con una amplia práctica de consultoría, Rodil ha trabajado con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como con las principales fiscalías de la nación.

Rodil ha mantenido dos especialidades profesionales que se complementan entre sí. Brinda servicios de consultoría privada a venezolanos ricos que buscan reubicarse en los Estados Unidos, en parte, poniéndoles en contacto con funcionarios involucrados en su otra línea de negocios: ayudar al gobierno de Estados Unidos a perseguir casos de corrupción y narcotráfico. Aquellos venezolanos podrían, en esencia, intercambiar su conocimiento interno de los delitos por la residencia en Estados Unidos.

En extensos expedientes judiciales presentados en el Tribunal 29º de Instrucción de Madrid, los fiscales españoles alegan que Rodil intentó extorsionar al menos a tres exfuncionarios venezolanos: Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera Borjas. En informes de investigación y una propuesta de orden de arresto presentada ante el tribunal en octubre -antes de que Rodil, quien todavía no se ha apersonado ante la juez en Madrid, nombrara abogado-, los fiscales afirman que el factor clave de influencia y credibilidad de Rodil fue la percepción de que, con sus extensas conexiones con las policías estadounidense y española, podría ayudar a los venezolanos a mitigar sus problemas legales. Los documentos de investigación presentados en la corte española, que ICIJ revisó para esta historia, incluyen supuestos episodios en los que Rodil instaba enérgicamente a los venezolanos a contratar sus servicios de consultoría, pero proporcionan escasa evidencia de que lo haya hecho mediante amenazas directas o utilizando coerción alguna.

Las sumas en cuestión en el proceso contra Rodil por parte de España palidecen en comparación con los miles de millones de dólares de las arcas públicas que los exfuncionarios venezolanos, incluido Nervis Villalobos, un antiguo alto funcionario del ministerio de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, supuestamente malversaron. Algunos de los acusados más prominentes han estado esperando juicio en España durante años.

El caso de Rodil pone de relieve las dificultades de perseguir casos de corrupción internacional y las trampas que enfrentan los fiscales, quienes trabajan con una variopinta colección de informantes y consultores que, a menudo, son cruciales para hacer que tales casos funcionen pero, a la vez, arrastran relaciones complejas con negocios riesgosos que pueden generar acusaciones de conflictos de intereses.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

Los fiscales españoles declinaron hacer comentarios.

Experto, mago y artista

En los últimos años, Rodil también ganó prominencia pública como experto sobre corrupción venezolana y ha sido citado en inglés por la agencia AP y por la radio pública NPR, así como por el propio ICIJ. Ha escrito artículos sobre Venezuela para The Daily Beast. También se le ha podido ver en programas de canales de noticias en español de Estados Unidos. 

Un extenso perfil de la agencia Bloomberg en 2016 describe a Rodil como alguien sociable y de una presencia imponente, que "dominó el arte de ser tanto una aplanadora como un encanto a la vez”, a fin de ofrecer avances críticos a los fiscales estadounidenses.

En solo unos años, Rodil salió de la oscuridad como investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya sede está en Washington-, para convertirse en una figura importante en el esfuerzo internacional para combatir la corrupción venezolana, según Bloomberg. Mientras estuvo en el FMI, Rodil tuvo la tarea de investigar pagos ilícitos relacionados con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, cuya notoria corrupción se le convirtió en una obsesión, también según Bloomberg. Pronto se encontró trabajando como consultor con Noriega, un diplomático de carrera devenido cabildero, quien en Washington es una voz prominente de las posiciones políticas conservadoras hacia América Latina y un feroz opositor de los gobiernos izquierdistas de los presidentes Hugo Chávez y, más tarde, Nicolás Maduro, en Venezuela.

Para 2016, Rodil estaba trabajando con una serie de agencias de la ley federales en Estados Unidos y era considerado un activo clave para los esfuerzos de Washington contra la corrupción venezolana. Era un momento en que los fiscales estadounidenses se estaban enfocando en un grupo de exfuncionarios venezolanos que supuestamente habían saqueado miles de millones de dólares de Pdvsa. Estados Unidos impuso una serie de nuevas sanciones a los líderes del país y acusó al entonces presidente de Venezuela, Maduro, y a su predecesor, Chávez.

Varios exfuncionarios y profesionales financieros fueron acusados a la postre en distintas jurisdicciones de Estados Unidos por delitos relacionados con la compañía petrolera. En medio de esa ofensiva, según Bloomberg, Rodil era tenido por un "hacedor de lluvia" (rainmaker, en inglés) por las autoridades estadounidenses, en referencia al valor decisivo de sus gestiones en favor de la aplicación de la ley. Trabajó en casos venezolanos con la DEA y fiscales estatales y federales en Miami, Florida, y Manhattan, Nueva York. Según Bloomberg, Rodil también comenzó a ayudar al gobierno israelí en sus propias investigaciones. 

De acuerdo a Bloomberg, en su oportunidad, Venezuela se rehusó a renovar el pasaporte a Rodil. No era de extrañar: se había ganado la inquina del régimen de Caracas.

Ya en 2016, en su programa semanal por televisión, el entonces considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, nombró públicamente a Rodil como parte de un grupo de “traidores a la patria”. En esa emisión, Cabello, también sancionado por Estados Unidos, describía así las gestiones de Rodil: “[Hay una] oficina de extorsión a los venezolanos bolsas que se roban los reales aquí y después no hallan cómo legalizar sus reales, y les dice allá en Estados Unidos: ‘Dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tú quedas sano’. Así han arreglado sus problemas muchos”.

Después de eso, según ICIJ pudo comprobar, Rodil obtuvo la nacionalidad en Israel, país en el que mantiene importantes conexiones de negocios.

"Martín es probablemente una de las personas más efectivas en términos de conseguir información y reclutar testigos que se han utilizado para acusar a venezolanos corruptos", dijo Roger Noriega a los reporteros de la presente entrega.

Te enfermo y te curo

Javier Alvarado Ochoa, un exejecutivo de Pdvsa y quien también ocupó un alto cargo del ministerio de Energía, que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos y desde 2016 vive en España, donde se avino a servir como colaborador de los cuerpos policiales y la fiscalía, le dijo a ICIJ que Rodil le habló en Estados Unidos de sus extensas conexiones con fiscales estadounidenses y funcionarios de la DEA. "Tienes problemas aquí", recuerda Alvarado que Rodil le dijo. "Los fiscales te están esperando, te están investigando en Estados Unidos. Déjame ayudarte".

Rodil "es un extorsionador muy bueno y sutil", le dijo Alvarado a ICIJ. "Él te enferma para que tengas la necesidad de curarte".

Alvarado dijo que Rodil le exigió dos millones de dólares a cambio de ayuda con los problemas legales de aquel. Según documentos proporcionados por el abogado de Alvarado al fiscal español en septiembre reciente, Alvarado pagó a Rodil más de 1,1 millones de euros (para la fecha, alrededor de 1,2 millones de dólares) mediante tres transacciones entre marzo y diciembre de 2015, pero, aún así, aseguró Alvarado, Rodil no le proporcionó ningún servicio útil. 

Según relató Alvarado Ochoa al reportero Marcos García Rey de Moncloa.com, en Madrid, la supuesta extorsión tuvo por parte de Rodil dos fases diferenciadas: esa primera en Estados Unidos, entre 2013 y 2016, y una segunda en España.

Rodil lo llamó en Madrid y le sugirió que tenía un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con otras investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, Rodil lo habría amenazado con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según el relato de Alvarado. 

Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera Borjas, uno de los militares de confianza de Chávez y exdirector de la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención). Aunque Aguilera no ofreció declaraciones para este reportaje, Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del Tribunal 29 de Instrucción de Madrid y los fiscales, ofrecida el pasado 6 de octubre de 2022.

Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía: “Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos, cobrando por ello”.

Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalcó que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases, una en el extranjero y otra posterior en España. Pero la inicial no pudo tener lugar en Estados Unidos, a donde Aguilera no puede entrar, sino en destinos turísticos del Caribe.

A comienzos de 2015, relató el exmilitar venezolano, se reunió en la isla franco-neerlandesa de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, este, un consultor israelí y socio de Rodil. Se ofrecieron a ayudarle con sus problemas en España y le advirtieron que sabían dónde estaba su dinero.

Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión ─según relató Aguilera─ acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Galán, (a) Avi. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.

Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, siempre según Aguilera en su deposición judicial, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y Avi. Tanto a viva voz como por correo electrónico, el supuesto equipo de Rodil en España le siguió presionando: “Me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional”.

Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de 500.000 euros y 130.000 dólares.

Aguilera concluyó: “Yo sentí una extorsión desde el principio cuando hablé con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu, porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros”. Añadió: “En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de ‘Avi’], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por este [Rodil]”.

Los fiscales en Houston, Texas, acusaron a Alvarado en 2019 de lavado de dinero, alegando que manejó millones en ganancias corruptas de Pdvsa como parte de un vasto esquema de sobornos. Estados Unidos ha presentado solicitudes de extradición para Alvarado que los tribunales españoles vienen rechazando. Los abogados de Alvarado han afirmado que su enjuiciamiento en Texas es"fatalmente defectuoso", debido a un estatuto de limitaciones aprobadas, cuestiones jurisdiccionales y lo que llaman inexactitudes fácticas en la acusación.

Mientras tanto, entre 2016 y 2017, Rodil recibió más de seis millones de euros en pagos de Nervis Villalobos, según los registros judiciales españoles. En 2018, Villalobos fue acusado en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con sobornos extranjeros. Los abogados de Villalobos también han negado los cargos y se han activado para desestimar el caso.

Según los registros judiciales españoles, Hugo Góis, un ciudadano portugués, envió millones de dólares que había recibido de Villalobos y otros venezolanos a empresas ficticias registradas en jurisdicciones como Chipre y Escocia. Entre esas empresas se hallaban entidades supuestamente controladas por Rodil.

Más tarde, en 2018, Góis fue acusado en Miami por presuntamente lavar dinero para funcionarios venezolanos, como parte de la trama revelada por la operación Money Flight de la oficina de Homeland Security Investigations. Los cargos de Estados Unidos en su contra están pendientes en el tribunal. Los registros judiciales españoles indican que las autoridades en España utilizaron los extensos archivos de Góis para construir su propio caso contra Rodil. 

Góis se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en abril de 2018 y desde entonces ha entregado una documentación copiosa. Entre tanto, se le investiga en el marco de la llamada macrocausa de Pdvsa que cursa ante la Audiencia Nacional española. 

Góis no respondió a una solicitud de comentarios.

Los registros judiciales españoles detallan las actividades de una firma propiedad de Rodil, Glenfield Corp. LP, con un formato de sociedad limitada escocesa, un tipo de registro mercantil que se ha vuelto popular entre los lavadores de dinero y oligarcas en los últimos años. Un expediente de registro, compartido con ICIJ por el diario Expresso de Lisboa, indica que Rodil utilizó un agente que se presentó a sí mismo como el único accionista de Glenfield en los documentos corporativos, ocultando efectivamente la propiedad última de Rodil en los archivos públicos.

El nombre del agente, Adrian Matthew Bradley, o a veces solo Matthew Bradley, aparece con diferentes variaciones en los registros de docenas de compañías fantasmas en todo el mundo, según documentos filtrados y registros públicos. ICIJ envió solicitudes de comentarios a la aparente dirección de correo electrónico de Bradley, pero no recibió respuesta. Según un artículo en el sitio web del Atlantic Council -un think tank de Washington-, Bradley Matthew Adrian es en realidad un "nombre señuelo" usado por un oligarca ucraniano fugitivo llamado Sergiy Kurchenko. Los fiscales ucranianos han acusado a Kurchenko de acumular millones de dólares a través de la evasión de impuestos y el robo a inversionistas bancarios.

¿Contraofensiva de desinformación?

Noriega dijo que no tenía la información suficiente sobre los pagos de Villalobos y los otros venezolanos a Rodil como para proporcionar una explicación completa, pero aseguró que confía en que los pagos se hicieron como parte de una operación estadounidense.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración jurada presentada ante el tribunal español en octubre reciente, un exagente supervisor de la DEA, Robert Zachariasiewicz, afirma que, después de diez años de trabajo con Rodil, "nunca observó ni tuvo motivos para sospechar irregularidades o violaciones de la ley en las actividades profesionales del señor Rodil". 

En la misma misiva, Zachariasiewicz explica que “debido a reservas éticas, laborales y de seguridad” no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo, señala que sabe que Rodil ayudó a personas para “trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles” y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.

Zachariasiewicz declinó hacer comentarios para esta historia. 

Debra LaPrevotte, una exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cuya carrera tuvo foco en casos de corrupción, dijo a ICIJ que las acusaciones de extorsión le parecen extrañas porque Rodil no trabajó directamente para el gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en la dirección de los casos. "Esto no me suena como extorsión", dijo.

LaPrevotte agregó que pagos así a un contratista del gobierno pueden ser parte de una operación encubierta de Estados Unidos.

"El gobierno puede participar en algo que luce como una actividad ilegal para ver si alguien muerde", dijo LaPrevotte.

Noriega, amigo y excolega de Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusados están tratando simplemente de desacreditar los cargos de Estados Unidos en su contra. "Esos tipos son unos delincuentes", dijo Noriega. "Todavía estoy en una etapa de la vida en la que creo más en lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que dice un personaje del crimen internacional ante la justicia en España".

Noriega dijo que la investigación española está desacreditada por el trato indulgente que España prodiga a los venezolanos ricos que huyen de las acusaciones de corrupción. Aunque hayan sido fiscales españoles quienes acusaron a Villalobos, Alvarado y otros por delitos relacionados con Pdvsa, los casos se han prolongado durante años. Mientras, España ha negado las solicitudes de extradición de Estados Unidos. Los exfuncionarios, mientras tanto, viven allí en el lujo.

"Los narcotraficantes y los actores corruptos tienen una larga historia de huir a España para evitar la extradición a Estados Unidos", dijo Paul Pelletier, un exfiscal federal que trabajó por mucho tiempo en casos de corrupción. "Es una fórmula probada y verdadera".

En un artículo de 2019 que examina los casos de larga data de Villalobos, Alvarado y otros, el investigador alemán Jan-Michael Simon concluyó que los procesamientos tardíos de España "podrían crear el riesgo de que la jurisdicción española sea percibida como un refugio seguro para aquellos involucrados en el crimen organizado estatal venezolano".

Tres años después de esa publicación, nada ha cambiado en los casos de Alvarado y Villalobos, dijo Simon a ICIJ, señalando que en Madrid hay toda una industria de abogados y costosos consultores corporativos que sirven a los intereses de los clientes venezolanos ricos. Simon dijo que dinámicas similares han surgido en otras jurisdicciones, como en Perú, donde se refugian los brasileños presuntamente implicados en casos de corrupción. "Este es el esquema perfecto de un refugio seguro para las principales figuras de la corrupción internacional".


(*) Versión de Armando.info, con información y extractos tomados de ICIJ (Spencer Woodman y Brenda Medina) y Moncloa.com (Marcos García Rey).

Micael Pereira, Gerardo Reyes y Uri Blau contribuyeron con este reportaje.

Este es un proyecto conjunto de reportería transfronteriza liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), con Expresso (Portugal), Moncloa.com (España), La Sexta (España), Shomrim (Israel), Univisión (Estados Unidos) y Armando.info (Venezuela). 

Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, del presidente de Ecuador, del primer ministro de República Checa, del exprimer ministro británico Tony Blair y del ministro de Economía de Brasil, entre otros. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones. 

La filtración permite identificar empresas offshore pertenecientes a más de 1.200 venezolanos, entre ellos exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas a casos de corrupción. Esto ubica a Venezuela como el séptimo país con mayor cantidad de beneficiarios o propietarios de empresas en paraísos fiscales que figuran en los Pandora Papers.

Los documentos filtrados evidencian que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en empresas de maletín y trusts –o fideicomisos--, mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece a los delincuentes y empobrece las naciones.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos destacan:

•  Tres mansiones en la costa de Malibú (California, Estados Unidos), que el Rey de Jordania compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.
•  Un castillo en la Riviera Francesa, equipado con un cine y dos piscinas, comprado a través de sociedades offshore por el Primer Ministro de República Checa, un populista multimillonario quien ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.

Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers.

Los 11,9 millones de documentos filtrados provienen de 14 firmas de servicios offshore instaladas en varios países. Estos proveedores registran empresas de maletín y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. La información en los archivos rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.

En una era de expansión del autoritarismo y de la desigualdad, la investigación de los Pandora Papers ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI, y cómo el secreto financiero impulsado por Estados Unidos y otras naciones doblaron y quebraron el imperio de la ley alrededor del mundo.

El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo las capitales financieras de las economías más ricas y poderosas.

Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados, con Armando.info por Venezuela, exhiben cómo las finanzas ultrasecretas han infiltrado la política internacional, y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore.

Un análisis realizado por ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculadas con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de las dos terceras partes de estas sociedades estaban incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo fue considerada como una pieza clave en el sistema offshore.

Por lo menos 11,3 billones de dólares están guardados en jurisdicciones offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés). Debido a la complejidad y el secreto de este sistema, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están vinculados a la evasión fiscal y otros delitos y qué parte corresponde a fondos que proceden de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades correspondientes.

Todos los rincones del mundo

La investigación de los Pandora Papers devela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones, obras de arte de Picasso, Bansky y otros maestros. La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales,que a menudo padecen medidas de austeridad.

Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la diva de la música pop, Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como Lell El Gordo.

Este mafioso, Raffaelle Amato, ha sido vinculado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, para instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la multipremiada película Gomorra, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años. Los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentarios.

Un abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales. Representantes de Schiffer dijeron que la top model pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside. 

En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar empresas de cascarón -shell companies- o de maletín para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades offshore para llevar a cabo sus asuntos financieros.

Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados -donde se generan estos ingresos- hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial para figuras políticas, porque consiste a menudo en estrategias para alejar sus actividades impopulares -o incluso de corrupción- del escrutinio público. 

El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo las democracias más sólidas. El sistema se basa también en instituciones de las élites --como los bancos multinacionales, los despachos de abogados y las firmas de contaduría-- con sede en Estados Unidos y Europa.

La filtración revela la relación de las empresas extraterritoriales con el gigante de servicios financieros Morgan Stanley, y el papel Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, en la creación del sistema offshore moderno y la economía que se mueve en las sombras.

“Ya sabes quién”: el rey de Jordania

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panama Papers de ICIJ, que sacudió al mundo en 2016 y desembocó en operativos policiales, en la adopción de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.

Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Pandora Papers arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore.

Los Pandora Papers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos beneficiarios vienen de más de 200 países; pero los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China. Venezuela ocupa la séptima casilla.

Los 14 proveedores de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo, desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico, pasando por el Mar de China Meridional. Tres de los proveedores pertenecen o son administrados por exfuncionarios; uno fue ministro y otro asesor del presidente en Panamá; un exprocurador general de Belice, por su parte, controla dos proveedores. 

A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar a sus clientes a registrar sociedades offshore cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de 2.000 hasta 25.000 dólares, pueden crear un fideicomiso que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan; una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes de quiénes los podrían buscar, como potenciales acreedores, policías, agentes fiscales o exesposas.

Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano de otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y fideicomisos en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor secreto y protección para los clientes.    

Los Pandora Papers muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar el rey de Jordania, Abdalá II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 compañías de maletín entre 1995 y 2017.

En 2017, el rey compró una propiedad de 23 millones de dólares, con vistas a una playa de surfistas de California, a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas.  El rey pagó un extra para que otra empresa en esa misma jurisdicción, propiedad de sus gestores patrimoniales suizos, actuara como director nominee -nominado o fachada- de la compañía que compró la propiedad.

En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey, indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final (…) sea accesible al público”.

En correos, los asesores offshore se referían al rey de Jordania en clave: “Ya sabes quién”.

Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos.

Una empresa offshore del Ministro de Economía de Brasil

Figuras políticas en el mundo se han pronunciado contra el sistema offshore mientras están rodeadas de personas designadas y otros partidarios que tienen activos guardados en paraísos fiscales. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.

En junio, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200.000 millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto.

“No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Debes avergonzarte por no pagar impuestos”.

Después de que banqueros y líderes empresariales se opusieron al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover el impuesto sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.

Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las BVI.

En respuesta a la Revista Piauí, socio de ICIJ en Brasil, un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil. El vocero no entregó documentos que lo demuestren, y no contestó a una pregunta sobre la remoción del impuesto offshore en la legislación.

El edificio victoriano de Tony Blair

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y refugios offshore, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana.    

En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a los tomadores de decisión a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, expremier británico, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.

“Para quiénes pueden pagar a los contadores adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios... y ganancias”, dijo durante un discurso en West Midlands. “No deberíamos convertir nuestras leyes tributarias en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada, mientras otros pagan más de lo que les corresponde”.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se hicieron dueños de un edificio victoriano de 8,8 millones de dólares, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.

Los documentos indican que Cherie Blair y su esposo, quien fue diplomático en Medio Oriente después de renunciar al cargo de primer ministro en 2007, adquirieron la sociedad inmobiliaria offshore a la familia del ministro de Bahrein para la Industria y el Turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani. Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad.

Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito –según ella-- consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de Islas Vírgenes Británicas” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.

“Estos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian. “Los políticos deben corregir el sistema fiscal para que todos paguen su justa parte”.

Un fideicomiso del Presidente de Ecuador en Dakota del Sur

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos escasamente poblado, que se ha convertido en un importante destino de activos extranjeros.

En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. Al mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las islas Caimán y otras islas paradisíacas.

Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.. 

En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de fideicomisos eran estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow.

A partir de los documentos de Pandora Papers, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 fideicomisos basados en Estados Unidos vinculados a extranjeros acusados individualmente de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas por malas prácticas. 

Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es uno de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos muestran que Lasso creó dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los documentos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore a los trusts de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá. 

Lasso dijo que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.

Los fideicomisos creados en Dakota del Sur y en muchos otros estados de EE.UU. siguen estando envueltos en el secreto, a pesar de la promulgación este año de la Ley Federal de Transparencia Corporativa, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.

“Estados Unidos es, claramente, una gran, gran laguna en el mundo”, dijo Yehuda Shaffer, extitular la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel. “Estados Unidos critica a todos los demás en el mundo, pero tienen problemas muy, muy serios en su propia casa”.

Magnates cercanos a Putin y Erdogan 

El 2014 fue un gran año para el imperio de la construcción del multimillonario Erman Ilicak: la empresa del magnate turco, Rönesans Holding, terminó la construcción del palacio presidencial de 1.150 cuartos de su obstinado líder, Recep Tayyip Erdogan; lo hizo a pesar de las revelaciones mediáticas acerca de los sobrecostos y la corrupción, y del intento de un tribunal de suspender el proyecto.

También en 2014, la madre de 74 años del titán de los negocios, Ayse Ilicak, se hizo dueña de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers. Ambas sociedades tenían como fachada a directores y accionistas de papel, que hacían muy difícil rastrear la sociedad hasta su dueño real.

Una de las compañías, Covar Trading Ltd, tenía activos del grupo empresarial familiar de la construcción, dicen los documentos. Durante su primer año en operación, Covar Trading ingresó 105.5 millones de dólares por dividendos, según estados financieros confidenciales. El dinero terminó en una cuenta bancaria en Suiza.

Y no se quedó allí mucho tiempo. El mismo año, según el estado de cuenta, la compañía desembolsó casi todos los 105.5 millones de dólares en “donativos”, justificados como “gastos extraordinarios”. El documento no describe quién ni qué recibió el dinero. Ilicak no contestó a un cuestionario sobre esta historia. 

Ilicak y los otros multimillonarios de los Pandora Papers vienen de 45 países; el mayor número de ellos es de Rusia (52), Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10). 

Un despacho legal de Chipre, Nicor Chr. Anastasiades and Partners, aparece en los Pandora Papers como un intermediario offshore para millonarios de Rusia. La firma retoma el nombre de su fundador, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y sus dos hijas son socias.

El despacho chipriota preparó cartas de recomendación para el magnate de la siderurgia ruso Alexander Abramov, incluso días después que el gobierno de Estados Unidos incluyó al multimillonario en su lista de oligarcas sancionados, cercanos al presidente Vladimir Putin.

Abramov no respondió a las solicitudes de comentario de ICIJ. Theophanis Philippou, el director de administración de la firma, dijo a la BBC –socio del ICIJ—que nunca burló las autoridades al esconder la identidad del dueño de una compañía. Se negó a comentar sobre sus clientes, citando las reglas de confidencialidad de su oficio.

Konstantin Ernst, ejecutivo de la televisión y productor nominado a un Oscar, es otro ruso ligado a Putin que aparece en los Pandora Papers. Se le identifica como el gran arquitecto de la imagen de Putin, cuyo talento creativo ha vendido a la nación la idea de que el presidente es el “sabio de fuerte carácter de Rusia”.

Los Pandora Papers revelan que Ernst tuvo la oportunidad de participar en un negocio altamente lucrativo, poco tiempo después de producir las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, en espectáculos que impulsaron los niveles de aceptación de Putin dentro y fuera del país. 

Ernst se convirtió en un socio discreto, oculto detrás de capas de empresas offshore, en un contrato de privatización financiado por el Estado: un acuerdo para comprar docenas de cines y otras propiedades de la ciudad de Moscú. 

Los documentos filtrados muestran que, en 2019, las participaciones personales de Ernst en la operación superaban 140 millones de dólares. Ernst dijo a ICIJ que “nunca escondió” su participación en el negocio de la privatización, y que ese negocio no fue una retribución por su trabajo en las Olimpiadas de 2014. “No he cometido ninguna acción ilegal”, dijo.

Después de los Panama Papers

En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las empresas fachada y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.

Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.

Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la convierten en un argumento de mercadotecnia para atraer hacia ellos a sus clientes que huyen hacia refugios más seguros.

Un análisis del ICIJ identificó cientos de empresas offshore que terminaron sus relaciones con el bufete de abogados Mossack Fonseca, salpicado por el escándalo tras la publicación de la investigación de los Papeles de Panamá. Otros proveedores tomaron el relevo como agentes offshore de las empresas. 

Después de los Panama Papers estallaron protestas en Islandia y Pakistán, que ayudaron a derrocar a sus líderes. 

Muchos obstáculos permanecen. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes, y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en muchos países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones.

Pero la caja de Pandora ha comenzado a abrirse.

(*) Contribuyeron con la historia: Scilla Alecci, Michael W. Hudson, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Serdar Varder and Pelin Ünker (DW Turkey), Elyssa Christine Lopez and Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, Czech Republic), Hala Nassredine (Daraj, Lebanon), Allan de Abreu (Rivista Piauí, Brazil), Leo Sisti (L’Espresso, Italy), Simon Goodley (The Guardian, U.K.), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, U.K.), Francisco Rodriguez and Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, U.S.), Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard H.P. Sia,  Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert,  Miguel Fiandor, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani,  Carlos Monteiro, Douglas Dalby y Laura Bullard.

Los Pandora Papers son una colaboración global de 117 medios, entre ellos Armando.info, y la organización sin fines de lucro Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Si te gusta el periodismo, por favor haz un donativo a ICIJ para apoyarlo.

Los archivos muestran que cinco bancos globales —JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon—continuaron beneficiándose de poderosos y peligrosos personajes, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por fallos a la hora de contener los flujos de dinero negro.

Las agencias de Estados Unidos encargadas de hacer cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero en raras ocasiones han procesado judicialmente a los megabancos que han incumplido la ley, y las acciones que han tomado las autoridades apenas han repercutido en la avalancha de dinero saqueado y posteriormente blanqueado a través del sistema financiero internacional.

En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les avisaron de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

JP Morgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y sociedades ligadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según revelan los documentos filtrados.

El banco movió más de 1.000 millones de dólares [un billón en el sistema de EE UU] para el financiero fugado que está detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los archivos. Entre el fajo de transacciones sospechosas están los 2,1 millones de dólares que movieron entre 2011 y 2012 unos jóvenes venezolanos magnates de la energía, Alejandro Betancourt y otros directivos de Derwick Associates. La suma es una pequeña parte de los 5.000 millones de dólares que recibieron en contratos con el gobierno venezolano para resolver la crisis eléctrica de Venezuela, que todavía sigue en gran parte del país, que con frecuencia se paraliza por los apagones.

JP Morgan también movió dinero de Alejandro Piojo Istúriz, un antiguo funcionario del gobierno venezolano que ha sido acusado por las autoridades de Estados Unidos como un actor en el esquema internacional de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que,  entre 2011 y 2013, Istúriz y otros pidieron sobornos para manipular los contratos de energía del Gobierno. El banco movió más de 63 millones de dólares para empresas relacionadas con Istúriz y el esquema de blanqueo de dinero entre 2012 y 2016, según muestran los FinCEN Files.

Según la filtración, JP Morgan también gestionó pagos por más de 50 millones de dólares durante una década para Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña del presidente Donald Trump. El banco movió al menos 6,5 millones de dólares en transacciones de Manafort en los catorce meses posteriores a su renuncia de la campaña en el marco de un sinfín de acusaciones de blanqueo de dinero y corrupción, a partir de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.

Transacciones contaminadas continuaron apareciendo en cuentas bancarias de JP Morgan pese a las promesas del banco para mejorar sus controles de blanqueo de dinero, como parte de acuerdos que alcanzaron con las autoridades de Estados Unidos en 2011, 2013 y 2014.

JP Morgan dijo que tiene prohibido legalmente contestar preguntas sobre transacciones o clientes. Agregó que ha tomado un “rol de liderazgo” en la realización de “investigaciones proactivas de inteligencia” y en el desarrollo de “técnicas innovadoras para ayudar a combatir el crimen financiero”.

La filtración conocida como FinCEN Files incluye más de 2.100 reportes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para la Red de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por su acrónimo en inglés FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para luchar contra el blanqueo de dinero.

BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y este organizó un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el blanqueo de dinero.

En total, los documentos muestran transacciones realizadas entre 2000 y 2017 por un monto de al menos dos billones de dólares [trillones en el sistema de EE UU], marcadas por las oficinas internas de cumplimiento de las instituciones financieras como potenciales de blanqueo de dinero u otra actividad criminal. La cifra incluye 514.000 millones [514 billones en el sistema estadounidense] de JP Morgan y 1,3 billones [trillones en el sistema estadounidense] de Deutsche Bank. Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de la primera línea de vigilancia de los bancos y no son necesariamente evidencia de conductas criminales o malas prácticas.

También evidencian que al menos 20 bancos ayudaron a la brasileña Odebrecht -acusada por el mayor caso internacional de sobornos en la historia- a mover 677 millones de dólares entre 2010 y 2016. De esta cantidad, Deutsche Bank movió más de 560 millones de dólares, según muestran los registros.

Aunque representan una gran cantidad, los 2 billones identificados en transacciones sospechosas en el marco de este grupo de documentos son solo una gota en un mayor océano de dinero sucio brotando a través de los bancos en todo el mundo. Los FinCEN Files representan menos del 0,02% de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras realizaron entre 2011 y 2017.

La FinCEN ni el Departamento del Tesoro respondieron una serie de preguntas enviadas el mes pasado por ICIJ y sus socios. La FinCEN le dijo a BuzzFeed News que no haría comentarios sobre la “existencia o no existencia” de reportes de actividades sospechosas específicas, a veces conocidas como SAR por su acrónimo en inglés. Luego publicó una declaración sin nombre sobre "medios de comunicación" que  decía que "la divulgación no autorizada de SARs es un crimen que puede impactar la seguridad nacional de los Estados Unidos". Y días antes de la publicación de esta investigación por parte de ICIJ y sus socios, FinCEN anunció que estaba buscando comentarios públicos sobre formas de mejorar el sistema contra el lavado de dinero de Estados Unidos.

El conjunto de informes de actividades sospechosas, junto a cientos de hojas de cálculo rellenadas con nombres, fechas y cifras, detallan flujos de transacciones potencialmente ilícitas que involucran a clientes bancarios en 170 países. Para los FinCEN Files, el ICIJ y sus medios asociados obtuvieron más de 17.000 archivos adicionales de empleados y denunciantes, archivos judiciales, solicitudes de acceso a la información y otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en crímenes financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a víctimas.

Según BuzzFeed News, algunos de los archivos filtrados fueron reunidos como parte de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Otros fueron compilados tras solicitudes de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a la FinCEN.

Los FinCEN Files ofrecen una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, el crimen financiero. Los documentos muestran a los bancos moviendo ciegamente dinero a través de sus cuentas en favor de personas que no pueden identificar, fallando a la hora de informar de transacciones con las características habituales del blanqueo de dinero hasta años más tarde del hecho, e incluso haciendo negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos públicos de corrupción.

Autoridades de Estados Unidos, país que juega un rol principal en la batalla global contra el blanqueo de dinero, han ordenado a los grandes bancos a reformar sus prácticas, los han multado con cientos e incluso miles de millones de dólares, y los han amenazado con cargos judiciales como parte de los llamados acuerdos de procesamiento diferidos.

La investigación de 16 meses del ICIJ y sus medios asociados muestra que estas tácticas no han funcionado. Los grandes bancos continúan desempeñando un papel central en el movimiento de dinero ligado a la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo.

“Al fallar por completo en prevenir transacciones corruptas a gran escala, las instituciones financieras han abandonado su papel como defensas en primera línea contra el blanqueo de dinero”, afirmó al ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscal de delitos financieros. Los bancos, señaló, saben que “operan en un sistema sin controles”.

Los reincidentes

Cinco de los bancos que aparecen con más frecuencia en los FinCEN Files —Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan y HSBC— violaron en repetidas ocasiones sus promesas oficiales de buen comportamiento, según muestran los archivos secretos.

En 2012, la sede de Londres del HSBC, el banco más grande de Europa, firmó un acuerdo de procesamiento diferido y admitió que había blanqueado al menos 881 millones de dólares de carteles de droga de América Latina. Los narcotraficantes usaron cajas especiales que se ajustan a las ventanillas de los cajeros del HSBC para dejar enormes cantidades de dinero de la droga que estaban empujando al sistema financiero.

Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC pagó 1.900 millones de dólares [1,9 billones en el sistema estadounidense] y el gobierno acordó poner las acusaciones criminales contra el banco en cuarentena y desistir de ellas a los cinco años si HSBC mantenía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.

Como muestran los FinCEN Files, durante esos cinco años de período de prueba, HSBC continuó moviendo dinero de personajes cuestionables, incluidos sospechosos de blanquear dinero de Rusia y de una estafa piramidal Ponzi bajo investigación en varios países.

Pese a ello, el gobierno permitió a HSBC anunciar en diciembre de 2017 que había “cumplido con todos sus compromisos” establecidos en el pacto de procesamiento diferido, y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales para siempre.

En un comunicado dirigido al ICIJ, HSBC rechazó contestar las preguntas sobre clientes específicos o transacciones. HSBC dijo que la información del ICIJ es “histórica y precede” su acuerdo de procesamiento diferido de cinco años.  El Departamento de Justicia se negó a contestar preguntas específicas. En un comunicado, un portavoz de la división criminal del departamento afirmó: “El Departamento de Justicia respalda su trabajo, y mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros —incluyendo el blanqueo de dinero—, donde sea que lo encontremos”.

Recompensas y riesgos

El análisis del ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN Files a menudo procesan transacciones a sociedades registradas en jurisdicciones opacas y lo hacen sin saber el último beneficiario de carne y hueso de la cuenta. Los propietarios de estas cuentas corporativas a menudo ofrecen direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos 20% de los informes tienen un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.

En el análisis que hizo ICIJ se encontró que la mitad de los bancos no disponían de información sobre entidades que se encuentran detrás de transacciones. En 630 reportes las instituciones financieras preguntaron por más información sobre estas sociedades y en más de 160 de los casos los otros bancos no respondieron. Algunos bancos o filiales en países como Suiza citaron leyes nacionales de reserva de la información para denegar esta información.

La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen calcula que 2,4 billones de dólares en fondos ilícitos son blanqueados cada año -cifra equivalente a casi el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo-. Pero las autoridades, dice la agencia, detectan menos de 1% del dinero negro mundial.

“Todos lo están haciendo mal”, admitió en una entrevista con el ICIJ David Lewis, secretario ejecutivo de Financial Action Task Force, con sede en París, una asociación de gobiernos de todo el mundo para establecer estándares contra el lavado de dinero.

Los informes de evaluación por países de su organización —que profundizan en cuán bien los bancos y las agencias gubernamentales ejecutan las leyes y reglamentos contra el blanqueo de dinero— muestran mucha verificación de casillas pero poco progreso práctico. Muchos países parecen estar más preocupados por cómo aparecen sobre el papel que por acabar con el blanqueo de dinero, afirmó.

Los FinCEN Files también muestran, por ejemplo, lo que pasaba detrás del Arab Bank, acusado en tribunales —por familiares de un sobreviviente de un atentado en un autobús en Jerusalén en 2003— de ayudar a mover los fondos con los que se financió un ataque terrorista. A la par del litigio, el banco jordano se estaba beneficiando de una relación laboral con un banco más grande e influyente: el Standard Chartered. El banco con sede en Reino Unido ayudó a los clientes del Arab Bank a acceder al sistema financiero de Estados Unidos después de que los reguladores encontraran deficiencias en los controles del Arab Bank contra el blanqueo de dinero en 2005, obligándole a reducir sus transferencias de dinero hacia Estados Unidos.

Standard Chartered continuó su relación con el Arab Bank a medida que la demanda contra el banco jordano proseguía su curso por los tribunales de Estados Unidos e incluso después de que las autoridades estadounidenses avisaran a Standard Chartered de que debía detener el procesamiento de transacciones en favor de clientes sospechosos.

Los reguladores de Nueva York concluyeron en 2012 que Standard Chartered había “conspirado con el Gobierno de Irán” por cerca de una década para mover 250.000 millones de dólares en transacciones secretas, obteniendo “cientos de millones de dólares en comisiones” y dejando “el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos”. Este patrón de conducta le costó a Standard Chartered casi 670 millones de dólares en multas en la segunda mitad de 2012, como parte de dos acuerdos de procesamiento diferido y otros acuerdos con las autoridades de Nueva York y Estados Unidos.

Luego de esto movió casi doce millones de dólares más en transacciones para clientes del Arab Bank referidas a “beneficencia”, “donaciones”, “apoyo” o “regalos”. El informe de seguimiento advirtió que los registros de pagos aumentaron la preocupación de que “actividades ilícitas” estaban siendo financiadas "bajo la apariencia de la beneficencia”.

¿Por qué los bancos mueven dinero sospechoso? Porque es rentable. Los bancos pueden llenar sus resultados finales con las comisiones que cobran a medida que el dinero se mueve a través de redes de cuentas mantenidas por clientes corruptos. JP Morgan, por ejemplo, sumó una estimación de 500 millones de dólares en beneficios por ser el banquero jefe de Bernie Madoff y su multimillonaria estafa bajo el esquema Ponzi.

Pero tratar con clientes turbios también tiene sus riesgos. JP Morgan pagó 88,3 millones de dólares en 2011 para solventar las reclamaciones de los reguladores de que había violado las sanciones económicas contra Irán y otros países sujetos a embargos de Estados Unidos. Funcionarios del Tesoro golpearon al banco con una orden de “cese y desistimiento” en 2013 que detalló “deficiencias sistémicas” en sus esfuerzos contra el blanqueo de dinero “a la hora de identificar volúmenes significantes de actividades sospechosas”.

Pero el banco continuó moviendo dinero para personas envueltas en supuestos delitos financieros, según muestran los FinCEN Files, entre ellos Jho Low, un banquero que salía de fiesta con Paris Hilton y Leonardo Di Caprio y que fue acusado por las autoridades de varios países de ser el autor intelectual de un fraude de 4.500 millones de dólares a partir de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB.

Una búsqueda en Google

La FinCEN y otras agencias estadounidenses juegan un importante papel en los esfuerzos contra el lavado de dinero en todo el mundo, en gran parte porque los blanqueadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros clientes bancarios que operan entre fronteras: convertir su dinero a dólares de Estados Unidos, la moneda global de facto, a través de bancos corresponsales. Un pequeño grupo de bancos con importantes operaciones en Nueva York, en su mayoría estadounidenses y europeos, se embolsillan comisiones realizando este truco, aprovechando su privilegiado acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos (el equivalente en ese país al banco central).

La ley estadounidense confía a los bancos la responsabilidad en primera línea de prevenir el blanqueo de dinero, a pesar de que sus incentivos financieros se dirigen completamente a que el dinero —sucio o limpio— continúe moviéndose. Si bien los bancos están autorizados para detener una transacción si parece sospechosa, no están necesariamente obligados a ello. Simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa a la FinCEN.

La FinCEN, con aproximadamente 270 empleados, recopila y analiza más de dos millones de nuevos informes de actividad sospechosa cada año procedentes de bancos y otras firmas financieras. Comparte información con las agencias estadounidenses de cumplimiento de la ley y con unidades de inteligencia financiera de otros países.

Dentro de los grandes bancos, los sistemas para detectar flujos ilícitos de dinero dependen de personal con exceso de trabajo y falta de recursos, que normalmente trabajan en oficinas internas lejos de la sede central y con poca influencia dentro de sus organizaciones. Documentos en los FinCEN Files muestran que los empleados de cumplimiento en los grandes bancos a menudo dependen de búsquedas básicas en Google para intentar saber quién está detrás de transferencias de cientos de millones de dólares.

Según los documentos secretos, los bancos a menudo completan los informes de actividad sospechosa sólo después de que una transacción o un cliente se convierten en protagonistas de un artículo periodístico negativo o de una investigación del gobierno, generalmente después de que el dinero ya ha corrido lejos.

En entrevistas con el ICIJ y BuzzFeed News, más de una docena de antiguos empleados de cumplimiento en HSBC cuestionaron la eficacia de los programas del banco contra el blanqueo de dinero. Algunos dijeron que el banco no les dio lo suficiente para ir más allá de una mirada superficial sobre los grandes flujos de dinero, y que las oficinas de HSBC fuera de Estados Unidos a menudo los ignoraban cuando solicitaban información sobre quién se escondía detrás de las grandes transacciones.

“Ellos decían: ‘Claro, te volveremos a contactar’. Pero nunca se ponían en contacto de nuevo”, recuerda Alexis Grullon, quien supervisó la actividad sospechosa internacional para HSBC en Nueva York entre 2012 y 2014.

Según una demanda judicial presentada en diciembre de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, empleados del Standard Chartered Bank que se opusieron a que transacciones ilegales fueran ignoradas resultaron amenazados, acosados y despedidos.

Julian Knight y Anshuman Chandra, los demandantes, afirman que se vieron obligados a abandonar sus trabajos de gestión en el banco después de que el banco se enteró de que habían cooperado con una investigación del FBI sobre transferencias de dinero que Standard Chartered había realizado a través de empresas de Irán, Libia, Sudán y Myanmar (Birmania) sancionadas por Estados Unidos. Según la demanda, Standard Chartered participó en un “esquema de blanqueo de dinero altamente sofisticado”, alterando los nombres de las partes sujetas a sanciones en Estados Unidos en los documentos de las transacciones y creando una solución tecnológica que permitió que estas transacciones ilegales pasaran inadvertidas para el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Chandra, que trabajó en la filial del banco en Dubai entre 2011 y 2016, concluyó que la eliminación de las sanciones ayudó a financiar ataques terroristas “que mataron e hirieron a soldados que servían en la coalición liderada por Estados Unidos, así como a muchos civiles inocentes”. La demanda afirma que el esquema permitió al banco beneficiarse de la “alta prima” que Irán y sus agentes estaban dispuestos a pagar para convertir los riales iraníes —la depreciada y sancionada moneda del país persa— en dólares.

“Puedes ejecutar un programa como este probablemente durante unos pocos meses sin ser pillado si se trata de un grupo pequeño el que lo coordina dentro del banco”, manifestó Chandra en una entrevista con BuzzFeed News, socio del ICIJ. “Pero algo como esto sucedió durante un período de años y generó miles de millones de dólares. Alguien en la cima debió haberse preguntado: ¿Cómo estamos ganando este dinero?”.

Chandra y Knight afirman que el banco admitió sólo una parte de sus incumplimientos y mintió sobre cuándo se detuvieron las transacciones ilegales. Esto ocurrió cuando el banco compareció para asumir las sanciones como parte del acuerdo de procesamiento diferido, con las autoridades de Estados Unidos, en 2012. La agencia prorrogó el período de prueba del banco una y otra vez durante varios años. Finalmente, en 2019, el banco pagó 1.100 millones de dólares más por incumplimientos reiterados de sanciones contra Irán y otros países, y acordó ampliar su pacto de procesamiento diferidos por dos años más.

En diferido

Los fiscales americanos y otros funcionarios han elogiado los acuerdos de procesamiento diferido y otros tipos de acuerdos por blanqueo de dinero como herramientas efectivas para asegurarse de que los grandes bancos cumplieran la ley y dejaran de trabajar para delincuentes. Cuando las autoridades anunciaron el acuerdo de procesamiento diferido de Standard Chartered en 2012, un empleado del FBI manifestó: “Nueva York es una capital financiera mundial y un centro bancario internacional, y tienes que cumplir con las leyes para realizar negocios aquí”.

La investigación del ICIJ muestra que cinco de los bancos que aparecen más frecuentemente en los FinCEN Files —HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y Bank of New York Mellon— continuaron moviendo dinero para personas y empresas sospechosas a raíz de acuerdos de procesamiento diferido y otras acciones de cumplimiento de la ley contra el blanqueo de grandes cantidades de dinero.

Cuatro de estos bancos firmaron acuerdos de no procesamiento o de procesamiento diferido relacionados con blanqueo de dinero en los últimos quince años. El único banco de los cinco que no ha sido objeto de un acuerdo de no procesamiento o de procesamiento diferido es el Deutsche Bank. No obstante, el banco alcanzó un acuerdo civil por 258 millones de dólares en 2015 como consecuencia de una investigación por los reguladores bancarios de Estados Unidos y Nueva York que encontraron que el banco había movido casi 11.000 millones de dólares a nombre de instituciones financieras de Irán, Líbia, Siria, Birmania y Sudán y otras entidades sancionadas por Estados Unidos.

¿Por qué aparentemente las grandes sanciones financieras no han servido para cambiar el comportamiento de los bancos?

John Cassara, un experto en delitos financieros que trabajó como agente especial asignado a la FinCEN entre 1996 y 2002, dijo que el tamaño de las multas pagadas por HSBC y otros bancos pueden sonar grandes pero son una pequeña fracción de los beneficios de los bancos. Y el dinero no es pagado por los banqueros que deben rendir cuentas, dijo, sino que es pagado por los accionistas.

BNP Paribas, el mayor banco de Francia, recibió la mayor multa de todas en 2014, cuando tuvo que pagar 8.900 millones de dólares [8,9 billones en el sistema americano] frente a la abrumadora evidencia de que ayudó a transferir miles de millones de dólares al sistema financiero de Estados Unidos a nombre de entidades de Sudán, Irán y Cuba que eran objeto de sanciones de Estados Unidos.

Al contrario que los acuerdos con HSBC y otros, este no fue un procesamiento diferido. El banco acordó aceptar una condena penal y despedir a trece empleados. La prioridad en las negociaciones del acuerdo fue asegurar que su licencia para procesar transacciones en dólares en Estados Unidos no fuera revocada permanentemente. Tras el anuncio del acuerdo, el precio de la acción del banco subió 4%.

James S. Henry, un economista de Nueva York, abogado y escritor que ha investigado el mundo del dinero sucio desde los setenta, dice que se necesita “voluntad fiscal” para cambiar realmente la relación entre los bancos y los flujos de dinero ilícito. Esto se traduce en responsabilizar a los banqueros, no solo a los bancos y sus accionistas. “Tenemos que poner en riesgo a algunos altos ejecutivos que están a cargo de estas cosas”, afirmó Henry. “Y eso significa multas y/o cárcel”.