La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato que obtuvo, verificó y analizó La Nación durante las últimas semanas.

Esos documentos muestran que la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez como interlocutor determinante.

Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como “consultor” durante años. Pero tanto él como Wagner actuaron frente a los representantes de la compañía brasileña como emisarios de De Vido, y así lo entendieron quienes negociaron con ambos y acordaron pagar esos US$ 25 millones entre 2007 y 2014, de acuerdo con el material al que accedió La Nación como parte de un proyecto periodístico regional liderado por el equipo peruano IDL-Reporteros desde hace un año y medio.

La Nación consultó a Rodríguez y a Wagner, quienes rechazaron las sospechas. “Eso que dicen es falso”, contestó el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. “No facilité ninguna reunión”, abundó.

Rodríguez también rechazó los dichos de los delatores brasileños. “Es mentira”, replicó. “¡Me usan para tapar otros temas y otras personas, que sí estuvieron metidas!”, añadió, sin dar nombres.

De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. “Nunca podrán imputarme nada con seriedad”, contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil. Consultado ayer por La Nacion, De Vido se negó a responder preguntas o hacer comentarios, mientras que su vocero subrayó que el contrato bajo sospecha era para la extensión de las redes troncales como un acuerdo “entre privados”.

Pero las desmentidas de De Vido, Wagner y Rodríguez se contradicen con las confesiones en Brasil. Allí, uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Marcio Faria da Silva, se acogió al régimen de “delación premiada” para reducir su tiempo en prisión a cambio de contar lo que sabía sobre las coimas que pagó la compañía durante décadas en varios países. Y habló sobre los millones que se pagaron en la Argentina.

El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia brasileño, Edson Fachin, reveló los primeros y acotados datos sobre ese negociado en un documento de apenas tres carillas que remitió a la Procuración General de su país, según reveló La Nación en abril pasado.

Según reconstruyó desde entonces La Nación, Faria reconoció que él mismo se reunió dos veces con De Vido, quien sin embargo evitó hablar sobre esas coimas.

Por el contrario, el brasileño detalló que la operatoria ilícita quedó en manos de dos colaboradores: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, quien pasó de levantar quinielas a asumir como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y Roberto Mandolesi, quien como director de Nación Fideicomisos destrabó el pago de $ 1000 millones para la empresa BTU durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.

Señalada desde hace años por una supuesta excelente relación con De Vido, BTU también quedó bajo la lupa en Brasil. Según detalló el ahora “delator premiado” Faria, esa empresa fue recomendada por el Ministerio de Planificación Federal.

El rol de Wagner

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión en Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, Faria se convirtió en delator para reducir su paso por la cárcel. Y detalló quiénes son los otros ejecutivos de Odebrecht que saben sobre las coimas que se pagaron al entorno directo del entonces ministro y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV). Contó que uno de ellos es Flavio Bento e Faría, por entonces máximo jefe de la constructora en Argentina.

Flavio Bento e Faría -sin parentesco alguno con Marcio Faria- fue quien se reunió con Wagner, de Esuco, quien expuso el pedido de coimas requerido por los funcionarios públicos. Indicó que si querían hacer negocios en la Argentina, debían pasar por él, lo que Wagner negó de manera tajante a La Nación.

Sin embargo, Marcio Faria también señaló a otro exejecutivo de Odebrecht como negociador directo de esa coima por US$ 25 millones. Dijo que fue Hilberto Mascarenhas da Silva, quien también se acogió al régimen de la delación premiada y contó ante los investigadores brasileños que la empresa pagó cerca de US$ 3340 millones en coimas y aportes ilegales a campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países entre 2006 y 2016. Es decir, lo que en Brasil se conoce bajo el paraguas de “Caixa 2?.

¿Cómo fue la negociación delictiva? Cuando Odebrecht comenzó a moverse para pujar, desde 2007, en la licitación para la ampliación de ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias argentinas, su entonces superintendente en el país, Flavio Bento e Faria, fue contactado por Wagner, quien se presentó como dueño de Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pero expresó su verdadera misión en cuanto vislumbró la oportunidad.

Con su nombre en la “ruta del dinero K” -causa en la que está imputado- y en al menos seis sociedades offshore que aparecen en los Panamá Papers, Wagner fue directo. Según Marcio Faria, “le pidió coimas” a Bento e Faria, pero se cuidó de darles los nombres de los destinatarios, aunque a los brasileños les quedó muy claro quiénes eran.

Fue entonces cuando uno de los máximos responsables de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -es decir, el área dedicada a las coimas de la empresa-, Hilberto Mascarenhas ajustó los detalles para el pago de los sobornos.

A partir de allí, el camino de los negocios con el Estado argentino se simplificó para Odebrecht, que sólo recibió elogios de De Vido durante dos reuniones que mantuvo con el ahora delator premiado.

Sin embargo, el entendimiento ilícito se quebró en octubre de 2010. Con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el pacto se quebró, y Odebrecht comenzó a padecer todo tipo de problemas con la ejecución y cobro del multimillonario contrato.

Esos problemas sólo se solucionaron con la aparición del lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, quien reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora brasileña, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar el dinero de las coimas.

Según reconstruyó La Nación, sin embargo, Rodríguez actuó más como emisario de De Vido ante Odebrecht que como lobbista de la constructora brasileña ante el entonces ministro. Y los datos públicos que se conocen sobre él como operador alientan la confusión.

Así, como lobbista de Odebrecht, el “Corcho” recibió a varios empresarios en las oficinas de la compañía, pero al mismo tiempo viajó a China con De Vido. Lo hizo como operador de la empresa brasileña, aunque también produjo los discos del hijo guitarrista del entonces ministro.

Consultado por La Nación, Rodríguez rechazó las sospechas. “Nunca estuve en ninguna negociación de ninguna obra”, replicó. “Hasta por una cuestión de tiempos no es posible. Ese contrato se negoció años antes. Mi relación con la empresa comenzó en 2011?, retrucó.

Ahora, el acuerdo para desembolsar coimas por US$ 25 millones se encuentra bajo investigación en Brasil y en la Argentina. Allá llegó a las manos de Edson Fachin, ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia -el equivalente a la Corte Suprema-.

A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin analizó los dichos de Faria y emitió la “Petición N° 6712?. Dirigida a la Procuración General, le pidió que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar este tipo de actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.

En la Argentina, en tanto, la operatoria que ahora sale a la luz ya había quedado bajo la lupa del fiscal federal Carlos Stornelli, quien desarrolló una investigación preliminar. Encontró indicios y radicó una denuncia, que quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo, para luego recaer en el juzgado de Daniel Rafecas.

(*) Este trabajo es parte de una investigación en equipo reporteada por IDL-Reporteros en Perú, La Prensa en Panamá, La Nación en Argentina y Armando.info en Venezuela.

El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas "DGI" que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas.

Anotar "DGI" en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido "compromisos políticos", afrontar "favores", "contribuciones", "pagos a agentes públicos", "donaciones" u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato. Así lo revelan documentos que analizó La Nación como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior.

Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo.

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos "socios locales" por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.

En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban "obligadas" a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los "accesos políticos" y los contactos para canalizar cualquier pedido.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.

No sólo eso. La constructora también debió contratar los supuestos "servicios de consultoría" de Jorge "Corcho" Rodríguez. Y el propio Odebrecht, según reconstruyó La Nación, identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países donde más peso tenían y tienen esos operadores.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, Odebrecht lidió con tres equipos de interlocutores distintos al operar con Iecsa. Porque la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces flamante jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Pero a partir de marzo de este año, ya con Macri como presidente y con el capítulo local del Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño. Marcelo Mindlin tomó el control de la compañía con una condición: armar un "fondo de contingencia" -una reserva sobre el precio total de venta- que le permita afrontar las eventuales multas y penalidades que las autoridades argentinas puedan imponerle si se verificaran esas coimas.

¿Cómo habría sido la operatoria delictual por el soterramiento del Sarmiento? Al confesar sus crímenes, Odebrecht explicó que las siglas "DGI" no eran más que un rubro de la "Caixa 2", la frase con la que en su país se conoce al dinero negro que mueven las empresas brasileñas por fuera de sus balances para pagar coimas y financiar campañas electorales.

Otro protagonista del lado más oscuro de la compañía, Hilberto Mascarenhas, incluso detalló a los investigadores los porcentajes que, por lo general, se consideraban habituales para ese rubro "DGI". Entre el 5% y el 8%, dijo, "dependiendo de las negociaciones", aunque ese valor se redujo, en ciertas operaciones específicas, al 3 por ciento.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, en tanto, las coimas se pagaron en la Argentina, pero también en Brasil, para destrabar el financiamiento. Le pagaron 15 millones de reales (US$ 5 millones al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño, Fernando Pimentel, según confesó el ex ejecutivo de Odebrecht Joao Carlos Mariz Nogueira -hoy uno de los delatores premiados- y publicó ayer el diario Perfil.

Ése y otros desembolsos ilegales, explicaron los investigadores brasileños en uno de los documentos del Lava Jato que ya fueron desclasificados, se autorizaban con un único objetivo: obtener "ventajas indebidas" para el emporio Odebrecht. Y fueron "ejecutados por el sector de operaciones estructuradas", y reafirmaron que esos "pagos se realizaban e incluso eran autorizados por Marcelo Bahía Odebrecht".

Pero el heredero del imperio que lleva su apellido no fue el único que vinculó las siglas "DGI" con el pago de coimas. Al referirse a la Argentina, al menos dos ejecutivos de la división de operaciones estructuradas -el lado oscuro de la compañía-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, también aludieron a pagos ilegales, de manera específica por el soterramiento del Sarmiento, en mails que recuperaron los investigadores.

En uno de esos correos, por ejemplo, Couri Ribeiro aludió a su reunión de junio de 2010 con un ingeniero, Héctor Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de Iecsa, para debatir el supuesto pago de sobornos, según reveló el diario brasileño Estadao el 17 de febrero.

Lugarteniente de Calcaterra en Iecsa durante años, Sánchez Caballero actuó como director titular de la constructora hasta el 16 de marzo, cuando Mindlin ingresó a la empresa, la rebautizó Sacde (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) y reemplazó todo el directorio por gente de su confianza.

Ahora, cuando le resta un mes para cumplir 62 años, Sánchez Caballero continúa cerca de Calcaterra y presta servicios de asesoramiento al equipo de Mindlin mientras completan la transición. Y les dice a sus íntimos que él nada sabe de pagos de sobornos y que, al menos delante de él, "nunca se habló de eso", según reconstruyó La Nación.

Odebrecht dio otra versión durante su confesión. Planteó que a menudo eran los socios locales los que se encargaban de canalizar las "contribuciones políticas", ya fueran lícitas o ilícitas.

Apoyado en fuentes de la Policía Federal brasileña, Estadao aportó más datos sobre la operatoria de Odebrecht en la Argentina. Reveló la aparición de "al menos cinco mensajes relacionados con el pago de sobornos para las obras del tren Sarmiento", siempre enmarcados bajo el eufemismo de las siglas "DGI".

Así, en otro de los correos electrónicos de Couri Ribeiro -titulado "Reunión Sarmiento"- que recuperó la Policía Federal brasileña, el ejecutivo consignó la existencia de tres sumas distintas que asoció a "DGI". ¿Suma total? US$ 20 millones.

La Policía Federal brasileña también detectó un intercambio de correos entre Couri Ribeiro y Migliaccio, en los que aludían a distintas transferencias bancarias que se canalizaron en el exterior por el proyecto del Sarmiento. Algunas de ellas con el operador Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.

(*) Este trabajo es parte de una investigación en equipo reporteada por IDL-Reporteros en Perú, La Prensa en Panamá, La Nación en Argentina y Armando.info en Venezuela.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. La Nación obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

La Nación intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió La Nación, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a La Nación que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".

"Irregulares"

Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a La Nación que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

Reactivación en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

(*) Este trabajo es parte de una investigación en equipo reporteada por IDL-Reporteros en Perú, La Prensa en Panamá, La Nación en Argentina y Armando.info en Venezuela.