Peto, un municipio de aproximadamente 25.000 habitantes ubicado justo en el cono sur del estado de Yucatán, en México –que ocupa la parte septentrional de la península homónima que se proyecta hacia el Caribe, donde una tercera parte de la población es de origen maya– es conocido por ser una de las localidades de la que más trabajadores emigran a los Estados Unidos. Ya en 2009, la Encuesta de Migración con Perspectiva de Género, el más reciente esfuerzo gubernamental por ubicar a los migrantes de la entidad, reveló que 5.200 personas, una quinta parte de la población del municipio, había migrado a la Unión Americana.

Sentada en la sala de su casa de la colonia Benito Juárez, en la periferia petuleña, donde abunda la maleza, el alumbrado público es inexistente y las calles están hechas de una terracería que se inunda apenas comienzan a caer las lluvias, María del Socorro dice que Saúl, junto con unos amigos del pueblo, cruzó el desierto mexicano y sus peligros para pasar la frontera hacia el norte, sin documentos. Tal como hacen 90% de los migrantes yucatecos. Quería ahorrar para una cirugía de riñones y curarse de una malformación congénita con la que nació. Buscaba también una oportunidad para salir de la pobreza a la que, según ella, “estaba condenado”. Si casi la mitad (41.9%) de los dos millones de yucatecos es pobre, en Peto la proporción crece al 73.9% de sus habitantes, como indica el más reciente informe –2010– del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Saúl terminó viviendo en la zona de la bahía de San Francisco, la metrópolis californiana, con otros 70.000 yucatecos. Varias veces expresó su deseo de retornar al pueblo. María del Socorro, de 70 años, y su marido Bartolo Naal, de 80, miran fijamente el altar que tienen al frente, con una foto de Saúl, una selfie impresa, además de dos floreros hechos de frascos de mayonesa y una imagen de la Virgen de Guadalupe. El hijo era moreno y tenía el pelo corto. En la imagen lleva una gorra de las Grandes Ligas de béisbol y muestra un collar con la imagen de la virgen.

Fue el 8 de mayo de 2017, dos días antes de la celebración del Día de las Madres en México, cuando a María del Socorro le dieron la noticia de que su hijo había fallecido a los 33 años de una complicación pulmonar.

Tras 20 días de realizar trámites con el gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Peto, el cuerpo de Saúl salió del aeropuerto de San Francisco al de la Ciudad de México, luego trasbordó a Mérida, y de allá una carroza fúnebre lo trasladó al pueblo. Es un recorrido conocido. En lo que va de 2017, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) ha repatriado 13 cuerpos, incluyendo el de Saúl.

A María del Socorro le cuesta platicar del tema sin ahogarse en el llanto. Cuando quiere hablar se da cuenta de que en realidad sabía muy poco de la vida de su hijo. Hasta hoy no le queda claro dónde vivía y, de hecho, nunca supo que, poco más de tres semanas antes de morir, Saúl fue detenido en San Rafael, el suburbio al norte de San Francisco, por ofrecerle cocaína a un policía encubierto, como consta en una ficha publicada en el sitio web de las autoridades de esa ciudad. Antes de volver a llorar comenta que el joven se había ido “allá lejos” y que armaba cocinas integrales, trabajo que le permitía enviar 250 dólares mensuales (unos 4.600 pesos mexicanos) que alcanzaban para comprar alimentos y pagar servicios como la energía eléctrica y medicamentos de su padre, enfermo del corazón.

Los padres de Saúl cuentan que los vándalos de la colonia se aprovechan de su soledad y de la escasa vigilancia policiaca para robarles los animales de traspatio –gallinas, pavos– con los que apoyan su economía y alimentación. Al morir su hijo migrante de Estados Unidos, también desapeció el ingreso permanente con el que se mantenían. Los sueldos de sus otros dos hijos en Cancún, polo turístico del vecino estado de Quintana Roo, no alcanzan para enviar una remesa fija a sus padres. Como muchos adultos mayores de Peto y de Yucatán, sin pensiones ni ingresos fijos, cultivan frutas y hortalizas para el autoconsumo.

Rocío Quintal e Iván Franco, doctores en Ciencias Sociales y Políticas respectivamente, y autores del libro El fenómeno migratorio en Yucatán, contextos e impactos, confirman que la pobreza es el “telón de fondo” de la migración en este estado, el quinto con menor entrada de remesas del todo el país (0.5% de los 26.993 millones de dólares que recibió México ese año). Sin embargo, los efectos colaterales de esta diáspora, como el abandono, la soledad y desintegración de las familias, pasan inadvertidos por los gobiernos.

Es precisamente por la falta de censos o estadísticas actualizadas de los migrantes en Estados Unidos –en su mayoría indocumentados– que se vuelve casi imposible que las autoridades de Yucatán puedan ubicar, apoyar o guiar a los parientes que se quedan, si se lo propusieran. Esto incide en que la migración no tenga un impacto real en la mejora de las comunidades. El contacto más común de las familias con el gobierno se reduce a trámites como el de localizar o repatriar los cuerpos de sus seres queridos, como en el caso de Saúl.

El Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que Yucatán es el quinto estado con menor intensidad migratoria de México. Los 180.000 yucatecos que viven en Estados Unidos (son los datos de Indemaya) son una cifra pequeña entre los más de 12 millones de mexicanos que se han mudado a ese país, pero la proporción es significativa cuando se mira dentro de la propia entidad, tan lejos de la capital –1.300 kilómetros en el extremo más oriental del país–. La cantidad de personas que radican “del otro lado” representa casi 9% de la población total de Yucatán. Alrededor de 68% de ellos elige el estado de California -el más rico de Estados Unidos- para trabajar, de acuerdo con el Conapo. Miles de familiares en Yucatán terminan sufriendo la ausencia del padre, la madre, el hermano o el hijo y deben adaptarse a nuevos estilos de vida donde el común denominador son la soledad y el miedo por la seguridad del migrante, que reside sin papeles en ese país al norte.

***

María del Socorro muestra el resto de la casa, en la que solo viven ella y su esposo. Una parte es de concreto y está compuesta por dos habitaciones de nueve metros cuadrados impecablemente pintadas de blanco, propiedad de sus otros dos hijos migrantes de Cancún (la pareja tenía, además, otro hijo que falleció hace 16 años por una fibrosis pulmonar). Por su cercanía, el estado de Quintana Roo -que aloja Cancún y la llamada Riviera Maya- es el segundo destino preferido de los yucatecos para migrar, solo después de Estados Unidos. En este caso, las familias pueden verse con más frecuencia debido a que está a unas cuatro horas de distancia por carretera.

Esa parte de la casa es la más costosa de toda la edificación. Unos metros afuera está una tradicional choza maya de unos veinte metros cuadrados, a la que la pareja de ancianos llama hogar. Como es común en el paisaje de Yucatán, el techo está hecho de huano, las hojas secas de una especie de palma endémica que, en su combinación con las paredes de bahareque –el material tradicional de las casas mayas–, ayuda a refrescar el interior, aunque el calor húmedo supere afuera los 40 grados de temperatura.

Como en la casa de los Naal, la migración yucateca ha dejado este nuevo paisaje en los municipios con más emigrantes en Estados Unidos, en el que coexisten dos estilos arquitectónicos opuestos: el maya de barro y huano y la casa estadounidense de concreto a la manera californiana. Por un lado, casas grandes de dos pisos, con tina, finos acabados y cocina ensamblada con estufa. En el otro, viviendas donde el agua todavía se saca a mano del pozo y los alimentos se preparan en el comal a base de leña con el que aún cocinan 159.000 familias de comunidades indígenas del estado.

“Se le conoce como arquitectura de remesas”, observa Carlos Ojeda Cerón, antropólogo petuleño y doctor en Desarrollo Regional. Cuando los migrantes son deportados, se quedan sin dinero o sus remesas se invierten en necesidades más inmediatas, las casas se quedan a medio construir.

Una casona en Kimbilá, una localidad de aproximadamente 3.000 habitantes en la región central de Yucatán, habla con claridad de ese paisaje mixto de los pueblos yucatecos.

En vez de albarradas -los muros de casi metro y medio de altura de grandes piedras apiladas sin cemento o algún otro material que las fije-, la casa tiene una reja de herrería forjada en color rojo con delicados detalles reproducidos a partir de una fotografía de una casa de California. Es de dos pisos y mide unos 40 metros de alto por 25 de ancho: es visible desde varias calles atrás. Es una rareza, por su alto costo, ver en la zona predios de dos niveles. Los que hay son propiedades de políticos que han llegado a ser alcaldes, o de los contados empresarios prósperos.

Kimbilá es una de las pequeñas localidades llamadas comisarías –de entre los 106 municipios de Yucatán– donde no viven más de 5.000 personas y en las que el gobierno municipal ejerce la autoridad directa. En estas comisarías no hay actividades económicas que permitan a sus habitantes ser autosuficientes, por lo que muchos tienen que acudir a trabajar de obreros a Mérida, la capital de Yucatán, o al vecino Quintana Roo.

O, claro, a Estados Unidos, como los tres hijos de Sebastián May Llanes y Ligia Arjona –los habitantes de esta casona-, José, Abel y Sebastián, quienes hace 18, 15 y 13 años, respectivamente, emigraron sin documentos a la ciudad de Fort Bragg, California, a cuatro horas al norte de San Francisco. Con las remesas de Abel de los últimos siete años (2 millones de pesos o 120.000 dólares, unos 17.000 dólares al año), Ligia y Sebastián, quienes no tienen pensiones, han podido edificar esta casa de amplias ventanas que emula las típicas residencias vacacionales de las familias estadounidenses. El segundo de los hijos, jardinero independiente, fotógrafo y camarógrafo de eventos sociales en Fort Bragg, diseñó personalmente la casa. La terraza está en construcción. Pero hay una cocina al aire libre techada con láminas de metal que nos recuerda que todavía estamos en Yucatán.

Ligia está sentada en su hamaca, donde duerme; la mayoría de los yucatecos se resiste a la cama. Sebastián está fumigando la entrada. Los dos hablan maya y un español que se les dificulta sobre todo a la hora de conjugar verbos. Hace 40 años, en su antigua vivienda de huano, tenían que dividir una manzana en siete pedazos para dar de comer algo a sus hijos. Es un recuerdo familiar muy presente con la que ilustran la pobreza de otrora. Ahora tienen piscina y jacuzzi –una vez unos niños del pueblo se colaron en la casa para darse un baño–, y las manzanas se han multiplicado en su refrigerador dentro de la cocina decorada con detalles de piedra, diseño exclusivo hecho a mano.

Desde que sus hijos se fueron, la pareja no los ha vuelto a ver. Se asumen como cuidadores de los bienes adquiridos con las remesas: compran los diseños de piedra y herrería, vigilan la construcción y preservan la casa en la que sueñan ver correr a sus nietos algún día. Muestran las fotos de estudio enmarcadas de José, que tienen apiladas sobre una mesa de madera protegida con bolsas de plástico. Así conservan todos los otros muebles que Abel ha mandado a comprar. En el segundo piso tienen una cama matrimonial tendida con edredones de flores desde hace varios años, esperando.

Al final de la obra levantaron una habitación independiente donde esperan pasar sus últimos años de vida. Ven esa gran casa ajena a ellos. Ligia sigue cocinando en la parte de atrás, en la vieja estufa junto a la mesa de madera cubierta con un mantel de plástico, donde puede ver a sus aves de traspatio, gallinas y pavos, así como sus árboles de naranjas, limones y ramón, una planta endémica usada como forraje para consumo de animales de corral.

Para los yucatecos trabajar en Estados Unidos es una alternativa para salir del rezago y la pobreza. Para un local, alcanzar el nivel de vida de la familia May, por ejemplo, es una rareza. Aquí un obrero gana en promedio 46.680 pesos anuales (alrededor de 2.593 dólares) –apenas 15% de lo que recibe la familia May por las remesas en un año–. La migración no ha tenido un impacto real en la economía del estado y sus comunidades. Las remesas anuales de 142 millones de dólares se quedan en las casas y no se traducen en más fuentes locales de empleo.

En Yucatán todavía hay 900.000 personas, casi la mitad de su población, que no tienen acceso a una alimentación adecuada, ni a la seguridad social ni a servicios de salud, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En Kimbilá, el pueblo de los May, donde la venta de ropa típica bordada ofrece algunas oportunidades de trabajo, esto es visible en la falta de acceso al agua potable, las calles de tierra, la falta de alumbrado público y la ausencia de ambulancias.

***

El antropólogo Pedro Lewin Fischer, uno de los pocos investigadores en Yucatán que estudia la migración desde la perspectiva de los que se quedan, asegura que cuando las familias del estado se fragmentan, todo se convierte en “un drama”. Los niños crecen sin una figura paterna y las mujeres enfrentan prácticamente solas el grueso de su vida adulta.

Y cuando se habla de migración, aún persisten sesgos económicos y de género; es decir, solo se piensa en las personas que se fueron, en su mayoría hombres, y en el dinero que mandan. El autor del libro Las que se quedan, para el cual entrevistó a más de 200 mujeres de Yucatán, encontró en esta investigación que las parejas de los migrantes tienen en promedio entre 20 y 40 años, sufren por la soledad y se sienten desprotegidas, además de que renuncian a la plenitud de su vida sexual, emocional y creativa cuando sus esposos se van a Estados Unidos.

En la sociedad yucateca, como en otras sociedades, está bien visto que el migrante tenga una pareja fuera del matrimonio; pero es lo contrario con las esposas que se quedan. La madre o la familia del esposo suelen controlarlas a través de los teléfonos móviles o incluso por las redes sociales. Leticia Paredes Guerrero, especialista en estudios de género del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), afirma en su trabajo La violencia de género contra las mujeres en Yucatán, que la condición étnica es un componente que las hace vivir más discriminadas a nivel social, económico, educativo y político. En 2011, Yucatán registró el mayor porcentaje de mujeres hablantes de alguna lengua indígena violentadas por familiares (16,6%) y ocupó uno de los primeros lugares entre los estados con mayor porcentaje de mujeres indígenas que declararon alguna clase de agresión en lugares públicos (18,6%), según la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Estas mujeres tienen, además, acceso limitado a la educación o al trabajo. El último censo realizado en el país en 2010 reveló que en Yucatán 9% de la población es analfabeta. De cada 100 mujeres, 10,62 no sabe ni leer ni escribir, mientras los hombres son 7,78 por cada 100. En la sociedad maya las mujeres tienen un acceso más limitado a la educación porque están destinadas a casarse para que sus esposos sean los proveedores. El censo también evidenció la desigualdad en los ingresos provenientes del trabajo remunerado: mientras las mujeres ganaron un promedio anual de 4.521 dólares per cápita, los hombres percibieron 10.065 dólares, más del doble.

Hay otros ejemplos. Las mujeres mayas necesitan consultar a sus maridos antes de hacerse pruebas médicas. En comunidades rurales del estado todavía no es aceptado que las mujeres se realicen exámenes preventivos de cáncer de mama o cervicouterino, porque se entiende que los médicos las van a tocar. Es una sociedad en la cual se acentúan los roles del hombre como proveedor y jefe y el de la mujer como ama de casa, a cargo del cuidado de la casa e hijos, con poco que decir. En las mujeres que se quedan recae una doble carga que pocas veces se discute en público y que no es tangible como la económica: la de asumir el rol de madre y padre, y la de no poder reclamar la ausencia del marido. Entre los mayas de Yucatán no es aceptable que una mujer se queje por esto, si recibe de él dinero suficiente para cubrir necesidades básicas –alimentación, educación– de los hijos. El hombre habrá cumplido.

***

“Me sentí viuda cuando se fue”, dice Lidia Tuz sobre Sebastián, uno de los tres hijos del matrimonio May que migraron a Fort Bragg. Lidia lo espera en Kimbilá desde hace más de 13 años, cuando Sebastián cruzó como indocumentado a Estados Unidos para conseguir los más grandes anhelos de su vida: la casa de concreto y dinero para abrir un negocio cuyo giro decidirá al volver. Lidia ha vivido con el temor de que su marido encuentre a otra mujer en California, haga otra familia y se olvide de la suya.

Lidia tenía 22 años cuando Sebastián se fue, y sus dos hijos tenían ocho y tres. Tardó cuatro años en adaptarse a la nueva situación. El hijo mayor de la pareja, Emanuel, sufrió depresión cuando su papá emigró porque pensó que lo había abandonado. Johnny, el menor, suplió a su padre con los juguetes, videojuegos, teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas, inalcanzables para la gran mayoría de los niños del pueblo, que juegan a la pelota en las calles de terracería o en el único parque de Kimbilá, que solo tiene una cancha de baloncesto. Ahora tienen 21 y 17 años y manejan motocicletas deportivas de unos 3.000 dólares (60.000 pesos mexicanos) que han podido comprar con las remesas que les envía su padre desde Fort Bragg.

Pero han reclamado a Lidia la ausencia de Sebastián, quien, por no tener documentos, no viaja de visita a Kimbilá. Tendría que atravesar la frontera otra vez y, para regresar a Fort Bragg, volver a contratar a un coyote o pollero –como llaman a quienes los guían desde México–. Hace trece años, Sebastián pagó a uno de ellos 25.000 pesos (unos 1.300 dólares) con el dinero que le envió su hermano Abel, quien ya vivía en Estados Unidos. Actualmente, el costo de un cruce oscila entre los 12.000 y 15.000 dólares -cifras cotejadas en reportes del Indemaya y el testimonio de un migrante sin documentos de Oxkutzcab con el que hablamos, que planeaba su viaje de regreso a San Francisco, después de quince años--, cantidades estratosféricas que los que se van solo pueden juntar vendiendo sus terrenos o empeñando sus casas. En el mejor de los casos, deberán trabajar mínimo un año o dos en la Estados Unidos solo para devolver lo que gastaron al llegar.

El patrimonio de la familia creció de dos cuartos de concreto junto a la casa de los padres de Sebastián a una vivienda con sala, comedor, cocina, baños y tres habitaciones. En solo dos años consiguieron lo que en muchos más de trabajo en la maquiladora de pantalones jeans de marca Lee en Izamal no habrían alcanzado, cuando apenas reunían 207 dólares al mes, 4.000 pesos, lo justo para comer; además de un predio más grande, ahora tienen dinero suficiente para las comidas, ropa y calzado para Lidia y sus hijos. Los dos empleos de Sebastián en Fort Bragg –como mesero en una cafetería y cajero en un supermercado– le han permitido juntar el dinero suficiente para comprar dos terrenos más donde edificó las casas que heredará a sus hijos.

Lidia dice que su esposo espera estar máximo dos años más en California, que es el tiempo en el que terminaría el trámite para regularizar su situación migratoria, que inició hace unos meses. Está consciente de que sus ingresos económicos bajarán cuando Sebastián regrese, pero hasta ahora no ha hecho planes concretos para cuando llegue el momento. Quizás abrir una tienda de ropa tradicional bordada y cubrir el resto de los gastos con las rentas de sus casas.

Por lo pronto celebraron hace poco en Kimbilá los cuatro años de su nieta Melani, la hija de Emanuel, con una fiesta temática de la princesa Sofía de Disney. Lidia recreó un castillo de cuento de hadas, Melani llevó el vestido de la princesa. En vez de tamales y panuchos, había pasta, manzanas acarameladas y cupcakes.

De Tekax, un pueblo de 39-000 habitantes localizado a las faldas de la pequeña sierra del sur de Yucatán, han salido 1.400 personas a Estados Unidos. Aquí vive Yamily Novelo esperando a su esposo, que se fue hace dos años a Pensilvania, a 2.500 kilómetros de distancia, en el noreste de Estados Unidos, durante diez de los doce meses del año. Emigró con visa de trabajo para laborar en un vivero: es de ese 10% de migrantes yucatecos que cruzan la frontera con papeles, lo que le permite regresar de visita sin mayores problemas.

Aunque su marido (cuyo nombre Yamily se abstiene de dar por temor a un problema migratorio) no expuso su vida atravesando el desierto, ella pasa la mayor parte del tiempo con su hija, una beba de año y medio, esperando noticias. Es sábado por la tarde. Ella está asomada a la puerta de la casa de su madre, donde vive para tener compañía y para ahorrar el dinero que le envía su esposo para construir su propio domicilio. Pasará el fin de semana en casa esperando hacer una videollamada. Se considera afortunada porque su marido gana el dinero que en Tekax era imposible ingresar; sus estudios universitarios apenas le permitieron obtener una ganancia promedio de 4.800 pesos al mes –alrededor de 260 dólares–, cifra que se multiplica hasta ocho o nueve veces en Pensilvania.

Según Indemaya, los migrantes yucatecos están repartidos en 43 ciudades de Estados Unidos como Portland, Oregon; Denver, Colorado; Seattle, Washington; Las Vegas, Nevada; Dallas, Texas. Pero sin duda el estado de California es su destino preferido, y en él, en particular la bahía de San Francisco: 68% de ellos lo eligen para trabajar, reportan cifras del Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población (Conapo) de México.

La única autoridad que puede realizar deportaciones desde Estados Unidos es ICE (Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés), pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia la presión entre los migrantes yucatecos por no llamar la atención de las fuerzas del orden ha ido en aumento.

Así que mueren de miedo, insiste Sara Mijares, porque muchos ni siquiera van al hospital por temor a perder lo poco o mucho que hayan conseguido en Estados Unidos; hacerlo puede convertirse en un ticket de regreso a la pobreza de Yucatán, donde 41.9% de la población no puede satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, una casa de concreto y acceso a la salud, como indica el más reciente informe –2010– del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de México.

Mijares nació en Muna, municipio del sur de Yucatán muy próximo a la zona arqueológica de Chichén Itzá, y llegó legalmente a Estados Unidos a los 15 años de edad, en 1968, a vivir con su padre, un agricultor que participó en el programa Bracero, esquema de colaboración con México que permitió que los primeros migrantes yucatecos viajaran a Texas y California para trabajar el campo. El programa estuvo vigente entre 1942 y 1964. Históricamente, las zonas con más emigrantes del estado han sido la región sur y central, donde se concentra la población maya que todavía se dedica a la agricultura, sobre todo al cultivo de maíz y de cítricos como el limón y la naranja. De acuerdo con el Indemaya, el éxodo se hizo más fuerte en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y se disparó con la crisis económica mexicana de finales de 1994, añade Pedro Lewin Fischer, investigador y antropólogo especialista en movimientos migratorios de Yucatán.

El 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la vida de muchos migrantes yucatecos cambió también. Están muy desinformados y temerosos ante una potencial deportación, afirma Sara Mijares.

Eyder Ávila, de 31 años y Carmita Hernández, de 32, nacidos en Peto, al sur de Yucatán y radicados en San Rafael, una ciudad a 30 kilómetros al norte de San Francisco, en la que habitan aproximadamente entre 15.000 y 20.000 yucatecos, viven con el temor de que su peor pesadilla se haga realidad: que por ser indocumentados el gobierno les arrebate a sus dos hijos nacidos en Estados Unidos, Eyder y Daphne, de 11 y siete años respectivamente, y que nunca los vuelvan a ver.

“Siempre tuvimos miedo de salir a la calle, pero ahora siento terror. Cuando suena el timbre no sé si será la Migra o los policías que van a llevarnos y se quedarán con mis hijos”, dice Ávila, quien hace 13 años llegó a California huyendo de la pobreza en su pueblo, el municipio yucateco con mayor cantidad de migrantes mayas y del que lo separan 5.000 kilómetros de distancia. Allí caminaba libre, pero sin dinero ni esperanzas de una vida mejor. Hoy día teme que en cualquier momento la policía lo detenga y encañone solo por no tener documentos.

Aunque salió de Peto, se trajo el pueblo consigo. Conversa en español, con modismos y el acento aporreado característico de Yucatán, que mezcla con palabras en inglés. “Dale né, quédate para la party de mi esposa, yo voy a cocinar. Vienen todas las amigas de Carmita, se pondrá muy chingón”.

La pareja es reconocida por sus habilidades en la jarana, el baile tradicional yucateco que se caracteriza por su zapateado y la música de orquesta heredada de las regiones españolas de Andalucía y Aragón. Aprovechan cualquier vaquería —fiesta popular donde la jarana se prolonga hasta el amanecer— para lucir sus mejores pasos, enfundados en coloridos y elaborados trajes regionales que les envían desde su tierra natal.

Luego de cenar tacos de carne asada y carnitas con la clásica cerveza yucateca Modelo, charlan en la sala del pequeño departamento de dos recámaras que rentan (baño, un cuarto y la sala) al noreste de San Rafael. Hay una imagen de la virgen de Guadalupe en la pieza principal. Durante varios meses dieron en renta su sofá a otros migrantes yucatecos para completar el alquiler de 2.500 dólares mensuales, veinte veces más caro de lo que se paga en promedio en Peto (unos 1.500 o 2.000 pesos mexicanos). Eyder dice que desde los quince años trabajó mucho para sobrevivir. Trató de estudiar, pero sus padres no tenían dinero para pagarle la escuela. Comenzó a manejar un triciclo con el que vendía panes en las calles de Peto. Meses después entró a trabajar a una tienda de materiales de construcción donde ganaba 70 pesos a la semana (poco menos de cuatro dólares), que apenas le alcanzaban para invitarle un helado y un sándwich de jamón y queso a su —en aquel entonces— novia Carmita, en la heladería Holanda del centro del pueblo. Eyder no almorzaba por temor a no poder pagar la cuenta. Le decía a Carmita que “ya había comido en su casa”. Ella ríe al recordar la anécdota.

Eyder y Carmita iniciaron su vida de pareja a esa edad; vivían con los padres de él. Pronto abrieron un establecimiento de venta de comida, refrescos y antojitos yucatecos que se llamó La Bendición de Dios pero, a pesar del gran esfuerzo que hicieron, el negocio fracasó. A los 19 años, en 2005, acordaron que Eyder saldría hacia Estados Unidos el 1 de septiembre, día del cumpleaños de su esposa, en busca de dinero para construir su casa e intentar emprender otro negocio, el sueño recurrente de los migrantes de Yucatán. Dos años después, Carmita lo siguió y cruzó la frontera como indocumentada, luego de cuatro intentos. Reunida, la pareja empezó su vida adulta en un país ajeno con un idioma que no conocía, pero en el que por fortuna tenía el apoyo de los padres y hermanos de ella, quienes desde hace varios años también viven en California, en la ciudad de Santa Rosa, a 50 kilómetros al norte de San Rafael.

Eyder recuerda “el infierno”, como él mismo lo describe para referirse a lo que vivió al llegar a un lugar tan grande y diferente de Peto. No hablaban su idioma y no podía expresarse. Se sentía inútil, porque no podía articular una frase en inglés para pedir ayuda, para saber qué autobús tomar y buscar trabajo o simplemente comprar una gaseosa. Como muchos de los migrantes yucatecos, empezó a trabajar como lavatrastes en un restaurante italiano de Sausalito, localidad costera cercana a San Francisco. Allí aprendió inglés traduciendo, en sus tiempos libres, los ingredientes de los platillos y accesorios de la cocina. Luego ascendió a la parrilla, y al puesto de garrotero y así hasta que se convirtió en mesero. Carmita, por su parte, trabaja poniendo uñas de acrílico en un pequeño espacio que ha montado en su departamento para conseguir un dinero extra. No puede trabajar en una estética. Aunque no necesita papeles para hacerlo, sí requiere tomar un curso de 2.500 dólares —lo mismo que paga de renta cada mes— para obtener una licencia que la certifique.

Eyder dice, de camino a llevar a sus hijos a la escuela, una elementary school donde todos los niños hablan inglés, que extraña a su país y a su pueblo. Por eso trata de enseñarle a Eydercito y Daphne el amor por México y Yucatán, aunque sus hijos no saben casi nada de español. “Amo a México, pero aquí mis hijos podrán tener una educación y una mejor vida”, concluye.

***

La belleza uniforme de las casas de estilo victoriano y la imponente altura de los rascacielos del distrito financiero de San Francisco, en California, se cortan de manera abrupta al llegar al sur de la calle Mission. Aparece entonces un contenedor rebosante de basura, y una mezcla de aromas en la que predomina el olor de masa de maíz frita. Un hombre vestido con jeans, playera y una gorra del equipo de béisbol local, los Gigantes, habla en lengua maya por su teléfono móvil a las afueras de un restaurante de comida yucateca.

El distrito de Mission, ubicado al sureste de la ciudad, es un barrio de unos cinco kilómetros cuadrados con una alta concentración de migrantes centroamericanos y mexicanos, entre ellos yucatecos, que llegaron a San Francisco, sobre todo, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado a trabajar principalmente en el ramo de los servicios, como lavaplatos, meseros y cocineros. Recorrer el barrio da la sensación de estar en una extensión de Latinoamérica, con anuncios en español y varios negocios de productos mexicanos.

El área de la bahía de San Francisco, una península rodeada por nueve condados, es hogar de poco más de siete millones de personas. Entre ellas se encuentran alrededor de 70.000 yucatecos, casi la mitad de todos los contabilizados en Estados Unidos. La zona metropolitana de San Francisco es un destino atractivo no solo para los migrantes de Yucatán, sino para personas de casi todo el mundo debido a su desarrollada economía. De acuerdo con cifras del United States Bureau of the Census, que depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el ingreso promedio de un hogar es de 63.024 dólares al año, el más alto del país. La bonanza económica generada por la fiebre del oro de California —que transformó la aldea de San Francisco en una gran ciudad— de mediados del siglo XIX jamás desapareció, e incluso consolidó el llamado sueño californiano, esa motivación mental por conseguir “grandes riquezas en poco tiempo”, como la describe el historiador estadounidense H.W. Brands en su libro La era del oro. No en vano California es el estado más próspero de Estados Unidos y si fuera una nación independiente sería la sexta economía del mundo.

Años después, pero en el sector de los servicios –aunque también trabajan en la construcción y en el campo-, los migrantes yucatecos siguen, en esencia, el mismo camino que los buscadores de oro de California. Han sido bien recibidos porque también es una ciudad muy diversa en lo étnico —33% de su población es de origen asiático y 14% de origen hispano, por lo que las minorías son mayoría— y tolerante con las diferentes ideologías y formas de vivir y pensar. No por nada en sus calles se han gestado movimientos que marcaron la historia moderna.

Aunque la zona de Mission atraviesa, desde hace unos años, un proceso de gentrificación y está siendo repoblada por adultos jóvenes de entre 25 y 35 años que trabajan en grandes empresas de San Francisco y el cercano Silicon Valley —la meca de la tecnología del mundo, sede de compañías como Google, Apple y Adobe—, la presencia de los mayas yucatecos en las últimas tres décadas ha sido tan importante que en junio de este año el gobierno de la ciudad los reconoció con la construcción del In Chan Kaajal Park, un espacio de 3.000 metros cuadrados cuyo nombre en lengua maya se traduce como Mi Pueblito. Según reportes de la prensa local, este fue el primer parque que se edificó en la ciudad en toda una década.

La calle Mission, una vía de once kilómetros que atraviesa San Francisco de norte a sur, tiene varios restaurantes de comida mexicana y yucateca, especialmente desde sus cruces con las calles 16 hasta la 24, que van de oriente a poniente. Entre ellos destacan El Castillito Yucateco, Mi Yucatán y Yucatasia, este último, en el que trabajan Isaías Chan Cauich, de 43 años y Martha Peraza Carrillo, de 50. Son originarios de Tekax y Oxkutzcab, respectivamente, municipios del sur de Yucatán con altas tasas de migrantes. No tienen papeles, pero desde 2004 trabajan con la vietnamita Sandy Duong, también migrante que estuvo casada con un yucateco que conoció en San Francisco, con quien tuvo una hija, Effy, que ayuda a su madre en el negocio sirviendo los pedidos. Como si fuese un restaurante popular de comida regional del sureste de México, Yucatasia ofrece alrededor de 50 platillos de la gastronomía yucateca como el relleno negro, cochinita pibil y poc chuc (puerco asado), así como galletas Dondé y refrescos Cristal, también emblemas de Yucatán.

Sandy, quien ha aprendido algunas frases en maya como ma'alob (está bien), bet uts (por favor) y mix bo’al (gracias) por su contacto diario con sus empleados, muestra en la cocina lo que tienen preparado para el día siguiente: una olla repleta de hirviente mondongo, guisado típico de Yucatán, un caldo hecho con especias, chiles y panza de res. Junto a ella, Isaías pone a hornear el pollo que servirá para los panuchos y salbutes, antojitos hechos con masa, lechuga, cebolla y tomate tan exitosos que son tanto del agrado de la nostálgica comunidad yucateca que visita el lugar, como de clientes como Michael, un estadounidense que vive a unas cuadras y compra a diario un par de panuchos para comer en casa con unas cervezas.

Ángel Granados Ontiveros, presidente de la Federación de Clubes Yucatecos del Norte de California, organización que congrega numerosos grupos de migrantes de todas partes de la región, dice: “La mayoría de nosotros vinimos aquí soñando con hacer una casita y poner un negocio en nuestro pueblo”. La llegada de sus paisanos, cuenta, se intensificó a raíz de las redes que creó Tomás Bermejo, un emigrante de Oxkutzcab que abrió, en 1965, un negocio de comida yucateca, Tommy’s, en el distrito de Richmond, a unos cuatro kilómetros al sur del mítico puente Golden Gate, y que sigue abierto. Con el paso del tiempo, Tomás Bermejo —quien falleció en 2011— se convirtió en un coyote; pasaba migrantes a través de la frontera. Luego daba empleo en su propio restaurante a las personas que traía desde Yucatán, primordialmente del sur del estado, para que le pagaran el cruce, que por aquel entonces costaba unos 500 pesos mexicanos (alrededor de 26 dólares en la actualidad).

Los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un hito en la seguridad migratoria. Testimonios de migrantes veteranos coinciden en que hace unos veinte años bastaba con cruzar el río Bravo —la división natural entre ambos países— o brincar una pequeña barda para llegar a la Unión Americana. Actualmente tienen que pagar entre 12.000 y 15.000 dólares al coyote o pollero solo para intentar pasar, pues el ingreso no está garantizado.

Cada vez hay más tecnología, más agentes y sensores de movimiento que hacen todavía más complicado el tránsito de la frontera como indocumentado, pero también se han reportado casos de coyotes que secuestran migrantes y exigen altas sumas de dinero a los familiares de sus víctimas para liberarlos. El peligro es latente en ambos lados de la frontera.

Desde que Tomás Bermejo institucionalizó la figura del coyote entre los mayas, la gran mayoría de los yucatecos conservó la costumbre de trabajar en la restauración. Cuando llegan a Estados Unidos, lo más común es que sus amigos o parientes les consigan empleos como lavaplatos en restaurantes. Las redes de los yucatecos funcionan como las de cualquier comunidad migrante: refuerzan sus lazos por la cultura común, se recomiendan en los trabajos, se juntan en las casas en las festividades tradicionales. Pero hay algo que los distingue, según varios testimonios: no se quejan o se quejan menos de las largas y extenuantes jornadas de trabajo en el sofocante calor de las cocinas de los restaurantes. Se lo atribuyen al hecho de que su vida anterior la vivieron en un clima que rebasa los 40 grados centígrados y en sus pueblos trabajaron en el campo o como alarifes, actividades que demandan un gran esfuerzo físico.

Ángel Granados -quien salió de Oxkutzcab en 1985 a los 16 años tras graduarse de la preparatoria y ahora es mesero en uno de los restaurantes más populares de San Francisco, The Stinking Rose, famoso por su cocina a base de ajo- añade que actualmente el grueso de inmigrantes yucatecos son hombres jóvenes de municipios y las comunidades indígenas más apartadas, sin preparación académica, mayahablantes, que con dificultades entienden un poco de español y no saben nada de inglés. El Indemaya confirma este perfil: 45% de ellos tienen entre 18 y 29 años. Por cuatro hombres que emigran, solo lo hace una mujer. La tercera parte de la población de dos millones de personas de Yucatán es de origen maya, habla la lengua. Al llegar a Estados Unidos, encuentran en la diversidad de nacionalidades la comodidad para platicar sin pena en la lengua indígena, a diferencia de lo que ocurre en su natal Yucatán, donde 67% de la gente que habla maya se considera discriminada, como revela la Encuesta Estatal sobre Discriminación 2014 que realizó la Comisión de Derechos Humanos del estado. Los yucatecos en las cocinas, como Martha e Isaías prefieren comunicarse en maya, ya que así expresan sus inconformidades o quejas con libertad, a sabiendas que ni sus jefes ni compañeros inmigrantes de otros estados de México o de otros países, los entenderán.

Esa misma tercera parte no había salido nunca de su pueblo antes de emigrar. Llegar a a San Francisco u otras ciudades de Estados Unidos les produce un fuerte choque cultural: el cruce de costumbres de personas de varios países, los grandes edificios y los cientos de automóviles son diametralmente opuestos a lo que están acostumbrados a ver en sus comunidades de origen, donde casi todo lo indispensable, como el parque principal, el mercado, el trabajo y las casas de los familiares, convergen en un radio no mayor a uno o dos kilómetros. Pueblos en los que la mayoría de habitantes son amigos, conocidos o parientes, o alguna mezcla de las tres, y en los que no hay cines, restaurantes, museos o discotecas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 73% de los 106 municipios en los que se divide Yucatán, no supera las 10.000 personas.

Granados observa que, para enfrentar la depresión causada por este choque cultural, los migrantes se refugian en las drogas y el alcohol. “Con ese dinero que nunca antes habían tenido, y lejos de sus familias, se sienten libres de hacer lo que quieran”, lamenta. A razón de diez dólares por hora, un migrante yucateco en esta ciudad puede ganar cuando menos unos 30.000 dólares al año. En la zona de la bahía se encuentran tratando de reproducir conductas que se aceptan socialmente en los pueblos de Yucatán, como beber y orinar en la vía pública, lo que les cuesta multas que se quedan en su récord policial, y que podrían marcar la diferencia entre ser deportados o no. En un recorrido por la calle Canal de San Rafael, se ven varias botellas de tequila vacías detrás de los arbustos, un espacio que se convierte en el lugar ideal para ocultarse y embriagarse. Allá en casa, Yucatán es el estado de México con la mayor cantidad de intoxicaciones por abuso de alcohol, con 7.057 reportadas durante 2016, según la Secretaría de Salud, casi el doble de Jalisco, que ocupa el segundo puesto en el ranking, con la mitad de los casos, pese a que triplica la población de Yucatán.

Para Ángel Granados, la clave para sobrevivir en Estados Unidos es trabajar fuerte y no meterse en problemas con nadie. “Solo queda juntar dinero y cruzar los dedos para que puedas regularizar tus documentos”.

Sara Mijares, la activista de Los Ángeles, asegura que los mayas que viven en este país buscan “desesperados” que el gobierno de Yucatán los tome en cuenta y se involucre más con ellos y las familias que dejan en sus pueblos. No quieren que la acción gubernamental se reduzca a repatriar cadáveres de vez en cuando, el único trámite del que las autoridades mexicanas se ocupan de manera regular.

***

José May dejó hace 18 años el pueblo de Kimbilá, una localidad de 3.000 personas del centro de Yucatán. Vive desde entonces en Fort Bragg, una ciudad turística de unos 7.000 habitantes situada a orillas del Pacífico y a cuatro horas de distancia de San Francisco, donde intenta cumplir el sueño fundamental de casi cualquier emigrante yucateco: construir en su pueblo la casa de concreto y, además, comprar otros terrenos, a costa de hasta tres jornadas de trabajo y la lejanía de la familia. Todavía no tiene documentos. Hace unos meses lo estafó una persona que le aseguró que completaría los trámites para regularizar su estatus migratorio. Por miedo a ser deportado, no denunció ni solicitó ayuda al Consulado de México. Fueron sus propios empleadores quienes lo impulsaron a demandar luego a la defraudadora, que ahora está en la cárcel. José desconocía que podía hacerlo.

El mayor de tres hermanos, fue el primero de ellos en cruzar la frontera. Abel, el segundo, llegó a California tres años después, luego de cumplir los 20. Dos años más tarde, en 2004, se les unió Sebastián, quien dejó a su esposa Lidia Tuz y a sus dos hijos al cuidado de sus padres, con los que comparten el terreno donde edificaron las casas que ahora habitan en Kimbilá, entre ellas una casona estilo californiano valuada en unos 120.000 dólares (aproximadamente 2 millones de pesos), de dos pisos, con una cocina armada y tina de baño donde inicialmente había dos piezas de concreto y una casa de paja en la que crecieron cuando eran niños. Ni trabajando toda una vida en el pueblo hubiesen podido construirla.

Ninguno de los tres tiene todavía los papeles de residencia en regla y por eso no pueden volver a Kimbilá. Viven aquí en Fort Bragg en un conjunto de ocho apartamentos. El de ellos mide diez metros de largo por quince de ancho. Tiene dos habitaciones, cocina en la que apenas cabe un par de personas, y una sala, donde sobresale una televisión LED de 50 pulgadas. Los trabajos redoblados les permiten ciertas comodidades, enviar remesas suficientes a la familia, y equiparse con artefactos —principalmente adquiridos por Abel— que jamás en su infancia soñaron tener, como sistemas de televisión por cable y teatro en casa, equipos fotográficos y computadora con software de Abel, así como un automóvil deportivo y una camioneta de trabajo.

Los tres han pasado dificultades, pero fue José quien hizo la avanzada. Durante los primeros meses tuvo miedo de salir a las calles, se enfrentó con el muro del idioma, trabajó sin recibir un sueldo, sin quejarse, pasó la noche a la intemperie en el bosque, una noche nevada, después de una jornada entera cortando madera, porque sus patrones olvidaron recogerlo. “Pensé, Dios mío, ¿qué vine a hacer aquí?”, narra. A los dos años se adaptó, se sintió más seguro, más cómodo con el inglés, con trabajo estable y ahorros. Fue cuando llegó Abel, a quien lo movía más la aventura que una motivación económica. Ahora José tiene dos trabajos, un turno lo ocupa en una casa de descanso de adultos y otro como encargado de un pequeño supermercado en Fort Bragg. “Con lo que se gana en Estados Unidos rápido se ven los resultados allá (en Yucatán), pero siento que perdí mi juventud”, confiesa. Abel, por su parte, ha trabajado como jardinero, por el conocimiento del campo con el que creció, pero también se rebusca como fotógrafo de eventos sociales. Es él el diseñador de la casona en Kimbilá que han ido construyendo Sebastián May Llanes y Ligia Arjona, los padres de los tres. Cuando se fue de Yucatán, lo que él deseaba era conocer el mundo, otras culturas, otras maneras de ver la vida. Por eso ha viajado por varias ciudades de Estados Unidos. Pero dejó de hacerlo porque teme subir a cualquier avión y que lo deporten.

La historia de Sebastián, el menor, es diferente porque la necesidad económica lo animó a irse de Kimbilá para mejorar los ingresos de su familia, su esposa Lidia, sus dos hijos y ahora una nieta de cuatro años. El sueldo mensual de 4.000 pesos de costurero (unos 207 dólares) en la maquiladora de pantalones jeans de marca Lee de su pueblo natal, donde trabajaba con Lidia, le alcanzaba solo para comida y para los gastos de la casa de dos pequeños cuartos de concreto. Ahora, recibe esos ingresos en tres días de trabajo en Fort Bragg, por las mañanas en una cafetería y por las tardes en un supermercado —el mismo en el que labora José—. “En ocasiones pienso que ya no puedo más, pero luego veo lo que hemos alcanzado y creo que ha valido la pena”. Con las remesas, sus hijos siempre tuvieron juguetes, videojuegos, teléfonos inteligentes y, de adultos, motos deportivas, pero Sebastián no los vio crecer, aunque ha mantenido contacto con la familia por obra de la tecnología. Y ahora, dice, está listo para volver pronto a Kimbilá y quedarse allí definitivamente. Ya tiene la casa y los dos terrenos.

Hoy es 5 de septiembre de 2017. José, Abel y Sebastián están deshechos en nervios mientras esperan en el aeropuerto internacional de San Francisco. Ingresaron a la terminal aérea con miedo, incluso se confundieron de entrada, pero no quisieron preguntar a los guardias por temor a la deportación. Sus papás, Ligia Arjona y Sebastián May, están por aterrizar desde Yucatán. Vienen a quedarse dos meses por un programa del gobierno estatal que reúne a migrantes yucatecos con más de diez años en Estados Unidos con sus familiares, llamado Cabecitas Blancas. Es un “respiro” que les ayudará a esperar el trámite para regularizar el estatus legal de los tres en Estados Unidos, ordenado por un juez que constató que José y, por extensión, sus hermanos fueron afectados emocionalmente por aquella estafadora. Es la primera vez que se ven desde que salieron de Kimbilá. Cuando llegan, José los recibe con flores y lágrimas. “¡Papá, soy Sebastián!”, exclama el hermano menor, como si temiera que no lo reconocieran después de estos años.

Ya en el apartamento, con los padres recuperados del viaje en avión, de casi diez horas, los hermanos May Arjona no escatiman en atenciones. Compraron por internet un colgador de hierro para instalar en la sala las hamacas en las que dormirán sus padres. Hay un ambiente festivo. Hablan todos en maya sobre las llamadas que se hacían en Navidad. Abel sirve de traductor. Recuerdan que cuando vivían en su pueblo querían llenarse de aparatos electrónicos y el padre les repetía siempre: “¡¿Dónde vas a poner tu tele si no tienes casa?!”. Ahora tienen la casona, carros y ahorros. Sebastián padre compara sus vidas con la de hombres jóvenes de su pueblo, pobres y adictos a la bebida que hasta se quitan la ropa que llevan puesta para venderlas por 10 pesos (50 centavos de dólar) y así poder comprar más alcohol.

Como los hermanos May Arjona, a pesar del endurecimiento del cruce de la frontera y las constantes amenazas del presidente Trump, aún hay muchos yucatecos que ven en cruzar la frontera la única manera de escapar de la pobreza de sus tierras de origen. Datos del Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población de México señalan que a diario, al menos tres yucatecos lo siguen haciendo, sin documentos. En un mes, serán cuando menos 90. En un año, habrá alrededor de 1.100 migrantes que dejarán en sus comunidades padres, esposas, hijos y hermanos, a quienes, por su estatus migratorio, no verán por 10, 15 ó 20 o más años. Todo para mejorar el presupuesto familiar y conseguir la anhelada casa de concreto.