Las tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos (85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente condicionada.

Y la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.

Pero ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las entidades más rurales y lejanas de la capital.

Es como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos por Armando.Info, actualizada hasta abril de 2019. 

Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y los que más tienen (el céntrico estado Miranda y Trujillo, en los andes) apenas llegan a la proporción de tres por cada diez (27.2% y 33.3%, respectivamente). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres, las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que el juez abandone el caso).

En Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 95.1% de los jueces de Yaracuy no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.6), Delta Amacuro (92.5%) y en Amazonas (84.7%).

Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de justicia queda desdibujado.

Pobre injusticia, justicia pobre

Investigaciones publicadas en Armando.Info sobre el sistema judicial, con base en los primeros hallazgos de esta base de datos, revelaron que 40% de los jueces penales son en realidad jueces políticos, y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años también han sido jueces contratistas que se beneficiaron ejecutando obras o dando servicios a entes del Estado.

Ahora la información completa permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye casos de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a no estar contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo porque han recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han rotado hasta por cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias áreas y niveles.

Un ejemplo: Si algo es común en la ciudad de San Fernando, capital del estado llanero de Apure, en la frontera sur con Colombia, es el reconocimiento del poder que concentra la alcaldesa oficialista Ofelia Padrón, del Partido Socialista Unido de Venezuela y que le permite actuar más allá de sus atribuciones. Por eso, la presencia de varios familiares directos dentro de los tribunales locales no reviste de mayor sorpresa para los apureños.

Una de sus hermanas, Ana Trina, es juez laboral, y Carmen Elena, la mayor de las tres, ocupó el cargo de fiscal superior de Apure hasta 2017, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz huyó del país. Sus actuaciones sesgadas para encubrir el delito de dos familiares generaron una investigación ante la dirección contra la corrupción del Ministerio Público, en 2016. Ahora Carmen Elena trabaja en la Alcaldía de San Fernando, la que dirige su hermana, y se le ha visto participando en las reuniones del movimiento político identificado como Frente Amplio, en el lado del “chavismo disidente”.

“El nepotismo en el sistema judicial de Apure se hizo más evidente con la llegada de Ofelia a la alcaldía. Es una maraña”, alcanza a decir un abogado. Otro prefiere dar el beneficio de la duda sobre las capacidades de sus familiares para ejercer esos cargos. Ninguno quiere ser identificado en este reportaje para evitar problemas. Ofelia Padrón fue electa alcaldesa en diciembre de 2013 y reelegida en 2018. Antes de llegar a este cargo trabajaba como secretaria ejecutiva del estado junto al gobernador de la entidad, el coronel del Ejército Ramón Carrizález, ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez. Una relación política estrecha que no ha cesado.

También tiene un sobrino alguacil y otro familiar directo, Francisco Javier Padrón, como juez civil. Sobre el nepotismo y preferencias vinculados con su posición, la alcaldesa Padrón dijo al otro lado del teléfono que no podía hablar al respecto porque estaba en una reunión, y que “ese tipo de situación que estás planteando es falso”.

En esta entidad, 94.6% de los jueces activos actualmente no son titulares y 76% tiene una militancia política precisa. Por eso no extraña que fuera precisamente un juez de Apure uno de los que participaron en la acción en la que cinco tribunales penales, sin competencia alguna en el área electoral, ordenaran en octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Pedro Rafael Solórzano Martínez fue quien cumplió con el mandato emitido desde la gobernación, al firmar la querella introducida por el gobernador Carrizález en compañía de la alcaldesa Ofelia Padrón, y tres personas más. Quienes lo conocen lo describen como un joven que había comenzado su carrera en la administración pública con cargos políticos antes de llegar al sistema judicial, en marzo de 2016, cuando le dieron un cargo como juez penal sin experiencia previa. Luego de firmar esta querella como juez provisorio del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, mejoró con un nuevo cargo escalando a la Corte de Apelaciones del estado.

En Barinas, también en los llanos venezolanos y vecino de Apure, el carnet del Psuv es la llave que abre las puertas a los tribunales. La presidenta del Colegio de Abogados de la entidad, Lucía Quintero, no tiene reparos en afirmar que la mayoría de los jueces de la entidad no tienen credenciales, preparación o mérito para ocupar los cargos que tienen. “Lo único que tienen es ese carnet. Yo siempre digo que la razón por la cual ellos son tan dóciles en los lineamientos que les dan es porque ellos saben que la única razón por la que están allí es porque poseen ese carnet”, expresa.

Lo que Quintero da por hecho consigue respaldo en los números obtenidos de la base de datos. Barinas es el estado con más jueces militantes con 78.7%. Con casi ocho de cada diez jueces militando en el partido de Gobierno, contraviniendo los artículos 145 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además en esta entidad 85.3% de sus jueces no tienen titularidad de sus cargos.

Quizás como resultado de esa mezcla de desconocimiento académico, falta de preparación y lealtad política, ocurren hechos insólitos como la entrega de las sentencias en un pendrive, o su envío por correo electrónico, a una de las partes involucradas en el juicio para que impriman el documento y lo lleven de vuelta en físico al tribunal, porque en la sede no tienen papel ni tinta para hacerlo, como si se tratara de una monografía que hay que entregar en el colegio y no de un veredicto que debe tratarse con rigurosidad para no afectar el acto jurídico. Esta práctica iniciada en 2018 y agravada en el primer trimestre de 2019 es común en el Circuito Judicial Penal y en los tribunales de protección, precisa la presidenta del Colegio de Abogados de Barinas.

Que la justicia sea menos independiente, los jueces más vulnerables y el sistema menos eficiente en entidades como Barinas y Apure, es algo que se repite en Delta Amacuro, Amazonas y Monagas según el cruce de datos realizado por Armando.Info tras organizar la información proveniente de los 5.881 jueces que han pasado por el sistema judicial en los últimos 20 años (2.396 de ellos activos al menos hasta abril). De oeste a este del mapa de Venezuela, estos cinco estados muestran un patrón donde la pobreza y la escasa administración de justicia van entrelazados, y donde la población que menos tiene es la peor tratada por el sistema.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) los incluye dentro del grupo de entidades que reúnen entre 10% y 20% de hogares en pobreza extrema o incluso más, según el último censo nacional de población y vivienda de 2011, mientras que la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela, también los identifica como parte de los estados que para 2018 presentaban mayores niveles de pobreza multidimensional en sus localidades.

Delta Amacuro es, posiblemente, el más afectado. Es el segundo estado menos poblado de Venezuela pero con mayor desigualdad, con un acceso tradicionalmente difícil por su geografía fluvial, y con una población indígena de la etnia warao tan importante como olvidada por el Estado. En los tribunales de Tucupita apenas quedan tres jueces de carrera de los 40 que aún dictan sentencias, de acuerdo con los datos del propio TSJ.

Lex Bejarano es uno de los activos. Ha sido juez provisorio en el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Protección de niños, niñas y adolescentes y de Tránsito, juez rector del estado y juez superior. Y en 2014 coqueteó con el TSJ postulándose para ser magistrado. Pero Bejarano también ha sido un “juez contratista”. Su empresa de obras y servicios denominada Proyectos, Construcciones e Inspecciones Mara, C.A, ejecutó proyectos para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), Fundavivienda y el Instituto de Vialidad de Delta Amacuro.

No quiso dar declaraciones sobre cómo se encuentra el Poder Judicial en su estado: “No podemos hablar de eso”, dijo. Y se negó a hablar sobre su empresa y el conflicto de intereses por su cargo como juez: “No sé de qué me habla”, respondió. Sin dar ningún margen para más preguntas finalizó la llamada con una afirmación: “Todo funciona bien en Tucupita”.

Trampolín a donde sea

Que los cargos dentro del sistema de justicia dependan de decisiones tomadas en el cuestionado TSJ ha instaurado vicios e irregularidades que hasta los trabajadores tribunalicios reconocen.  

No es normal que la abogada Margarita García Salazar, juez agrario, cuente en su expediente el paso por cinco estados del país desde 2005 (Apure, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Guárico y Yaracuy) en tribunales afines con su especialidad y de lo contencioso administrativo. En junio de 2015 fue designada como contralora provisional del estado Aragua, donde apenas estuvo “prestada” tres meses para luego seguir su camino en los tribunales agrarios de Guárico. Aunque se intentó contactar por varias vías, en el juzgado superior agrario de San Felipe, estado Yaracuy, informaron que desde el año pasado la jueza García está de reposo y de vacaciones, alternando los permisos. Por ella hay otro juez provisorio. Como García, dos jueces más han transitado por cinco entidades.

Tampoco es buen síntoma que un jurista sume 29 nombramientos en 14 años, rotando por distintos tribunales y haciendo suplencias especiales, así como actuando en calidad de juez provisorio o accidental. Es el caso de Saturno Ramírez, del estado Falcón, que en promedio ha dedicado cinco meses a cada asignación. Es el ejemplo más extremo, pero en la información del propio TSJ (incompleta y con retrasos en su actualización), se evidencian las altas rotaciones: dos jueces con 27, uno con 20, otros 74 juristas que han recibido entre 10 y 19 nombramientos.

Una de las figuras que suele cumplir este patrón de movilidad es la del juez rector. “En el área penal es como el ministro de justicia en esa entidad, y la verdad es que un juez rector en las regiones tiene muchísimo poder. Ellos son los que recomiendan a los nombramientos de los nuevos jueces”, detalla Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.

Desde el TSJ se envían lineamientos a los jueces rectores, por lo que llevan una carga política en sus cargos. José Luis Cárdenas Quintero, expresidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y actual juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal de Barinas, expresa abiertamente en sus redes sociales su afinidad política. Al menos desde 2012 ha hecho vida en el Poder Judicial, pasando por los estados Mérida, Táchira y Barinas. Su poder en la entidad llanera es de tal nivel que creó una “coordinación de fianzas” en el Circuito Judicial Penal, oficina donde cobran a los abogados un arancel para otorgar una medida cautelar, algo absolutamente ilegal que no está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el Colegio de Abogados de Barinas. La oficina funciona al margen de la ley.

En Caracas, el juez rector Juan Pablo Torres Delgado es de los que llevan sus aspiraciones políticas tatuadas. En 2008 participó en las primarias del Psuv para postularse como alcalde del municipio Anaco en el estado Anzoátegui. En 2009 fue postulado por la Universidad Bolivariana de Venezuela para ser rector del CNE, y fue una de las personas por la cuales la organización civil Súmate introdujo un Recurso Contencioso Administrativo en el TSJ para que anulara la lista final de candidatos por su vinculación directa o indirecta con organizaciones políticas, o por haber demostrado parcialización en el ejercicio de sus funciones públicas. En 2014 ejerció funciones como síndico procurador del municipio Libertador del Distrito Capital (gobernado por el Psuv), y fue seleccionado en diciembre de ese año como uno de los magistrados suplentes “express” de la Sala de Casación Civil del TSJ.

Pero quizás lo más elocuente de su trayectoria es haber apoyado en los 90 a los abogados que defendieron a Hugo Chávez y a los militares que participaron en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Cilia Flores y Tarek William Saab, así como al naciente movimiento político MBR 200, como recuerdan viejos conocidos.

Que Venezuela figure entonces como el país con el peor índice de estado de derecho según el World Justice Project (WJP), que evalúa el sistema de justicia en 126 países, no sería una exageración, considerando los propios datos del Poder Judicial venezolano. En la edición 2019, el país suramericano también ocupó el último lugar entre las naciones con la peor justicia penal y el penúltimo en justicia civil. 

Además, el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, presentado el 5 de julio y referido a la situación de los derechos humanos en Venezuela, también subraya las irregularidades existentes en el Poder Judicial. No se trata de un asunto menor.

En el apartado sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos detalla que “las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”. Pero además cita entre los factores que propician la impunidad a “la elevada rotación de los fiscales, jueces y juezas”.

Y en el capítulo referido al acceso efectivo a la justicia advierte que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.

Aunque los datos del propio Tribunal Supremo de Justicia sobre los jueces del país no estén completos y la radiografía que muestren pueda ser parcial, no dejan de estar a tono con lo que día a día pasa en los tribunales del país, con las irregularidades recogidas por el equipo de Michel Bachelet, y con la parcialidad que empeora en las ciudades más recónditas de Venezuela.

*Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez e Isabella Reimi.