Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear 4.200 millones de dólares de dinero saqueado. Entre esos clientes había exfuncionarios de alto rango de Pdvsa, una institución plagada de corrupción en un país sumido en el caos, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.

La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados en el escándalo eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero. Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo de la decisión: "El impacto de las noticias negativas" y "el nivel de riesgo que representan dichas sociedades por las personas que forman parte de ellas", según un informe interno de 2015.

Para un prestigioso bufete de abogados que representa a empresas de la talla de Citibank y Pfizer, la creación de sociedades para antiguos miembros del Gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar sin querer a blanquear dinero.

Pero no fue por rechazar a los clientes de riesgo que Alcogal llegó a representar un papel destacado en el sector de la evasión fiscal y la protección de activos.

Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de más allá que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Estos documentos se conocen como los Pandora Papers.

La empresa sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras del mes que viene, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania. Al final, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal.

Alcogal también ha prestado servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht S.A (ahora conocido como Novonor), el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.

La investigación de los Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal. ICIJ obtuvo los documentos y los compartió con 150 medios de todo el mundo. 

Casi dos años de investigaciones hechas por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales. El precio lo suele pagar la gente de a pie.

Los Pandora Papers contienen información sobre más de 14.000 entidades extraterritoriales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996.

En una carta al ICIJ, Alcogal declaraba que la constitución de empresas "es solo un aspecto" de sus servicios legales y que opera en "pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos". La empresa "lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio", afirma en la carta.

Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de Pdvsa en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una "preocupación principal por el blanqueo de capitales". La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en la lista negra en 2015.

También a petición de BPA, Alcogal creó dos empresas de maletín que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.

Los documentos muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. Varela fue vicepresidente de Martinelli y en 2014 le sucedió en la presidencia de Panamá. A los tres meses de que llegara Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado proveniente de apuestas ilegales en internet. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones, que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.

En 2017, Varela admitió que durante su campaña vicepresidencial recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña que se halla en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de Latinoamérica, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones de la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales. Las autoridades panameñas también han recomendado que se presenten cargos contra Varela en el caso Odebrecht. 

En 2006, el bufete de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones se transfirieron a Nasry Juan "Tito" Asfura, según los documentos. Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras el mes que viene. 

El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio. A través de un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.

Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, y tampoco sobre otros clientes, citando las leyes de confidencialidad y las "obligaciones éticas con nuestros clientes''.

Sobre el banco andorrano afirmaba: "No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación".

La debida diligencia

Se supone que investigar a los potenciales clientes es una prioridad absoluta para los abogados y los agentes financieros. Las normas legales y bancarias internacionales exigen que las empresas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando sin querer al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente. 

Pero a veces, según los documentos, Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información, confiando en que hubieran hecho un buen trabajo de investigación del cliente.

Por ejemplo, en 2015, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información sobre el propietario y los documentos sobre las comprobaciones debidas de una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal señaló que no podía facilitar esos documentos porque su cliente intermediario, una rama de la banca privada de Morgan Stanley en Miami, se negaba a entregar los documentos necesarios.

Alcogal sí conocía el nombre de un accionista de Firelli: José María Marín, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol caído en desgracia. Marín había sido detenido un mes antes con relación al Fifagate, un caso de fraude que implicaba sobornos para obtener los derechos de los principales torneos de fútbol. No está claro si Marín era el verdadero propietario de Firelli, pero documentos judiciales en Estados Unidos revelaron posteriormente que utilizó la cuenta bancaria de la empresa fachada para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.

Alcogal dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli "de acuerdo con nuestras políticas y la ley vigente". La firma señaló que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real. Las nuevas leyes le obligan a incluir esta información en acta, afirmaba.

Incluso mientras ayudaba a mantener una flota de empresas fantasma para clientes destacados, Alcogal trató de distanciarse de su antiguo competidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá por el ICIJ en 2016. Tras el escándalo, Alcogal elaboró una presentación llamada "Desmitificación del mundo de los paraísos fiscales", que hacía hincapié en las reformas y señalaba la mejora de las evaluaciones de Panamá por parte de las organizaciones internacionales contra el blanqueo de capitales, según muestran los nuevos documentos. 

Un año después, durante un desayuno-foro organizado por un grupo comercial de las Islas Vírgenes Británicas, Ayana Liburd, directora de la filial de Alcogal en las Islas Vírgenes Británicas, se quejó de que los bancos estaban metiendo a Alcogal y a otras empresas del sector "en el mismo saco" que Mossack Fonseca.

Un análisis de los documentos de los Pandora Papers realizado por el ICIJ descubrió que, a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá, 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.

"La honestidad no tiene precio" 

A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, joven abogado e hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, aspiraba a labrarse un nombre.

Tras licenciarse en la facultad de Derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D C, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar en el bufete de su padre. Pero no estaba contento con el salario y con el tiempo que hacía falta para que los abogados nuevos como él escalaran posiciones en la empresa, según sus memorias de 2014, Honesty Is Priceless (La honestidad no tiene precio).

Las memorias y los documentos filtrados muestran a un abogado ambicioso con una férrea ética del trabajo, que se levantaba a las 4 de la mañana para leer el periódico, responder a los correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran las meticulosas notas que Alemán se escribía a sí mismo a modo de ayuda a la memoria, detallando los rasgos personales de un nuevo contacto o los pormenores de una interacción. "Le regalé ron y quedó feliz. Regálale más", se lee en una nota sobre un caddie de un club de golf de Maryland.

Tras trabajar brevemente como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, en 1985 Alemán reclutó a otros tres abogados, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundaron Alcogal. Desde el primer día, la empresa se dedicó a los asuntos confidenciales.

Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias. 

La creación de este tipo de empresas, escribía, es un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, un papel de representación en el que gestionan documentos legales y reglamentarios. Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores, escribía Alemán. De ese modo, el propietario real quedaba oculto al público.

"El cliente simplemente iba a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abría una cuenta cifrada cuyo beneficiario era una sociedad anónima panameña, que a su vez operaba en forma totalmente secreta, y que no tenía la obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá", explicaba Alemán en su libro. " Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos, con lo cual no podían cobrarle impuesto a este".

Lo que describía Alemán son los cimientos de la economía de los paraísos fiscales: montar empresas pantalla en jurisdicciones de impuestos bajos o inexistentes; en esas empresas la titularidad se oculta tras unos administradores que no representan ninguna función significativa en la empresa.   

Se trata de un negocio de volumen, escribía Alemán. Cuantas más empresas creen los proveedores de servicios offshore, mayores serán los beneficios. 

También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan la confidencialidad suelen tener algo que ocultar. Ese fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. En el momento de su muerte, en 2006, Pinochet se enfrentaba a cargos por crímenes de lesa humanidad y por el robo de millones de dólares de fondos públicos.

En los documentos judiciales, Alemán reconocía que su bufete de abogados había creado las empresas, pero señalaba que en ese momento ignoraba que estuvieran conectadas con Pinochet. Alemán declaró que su bufete descubrió la conexión en 2004 y que procedió a dimitir como agente registrado. Alcogal tiene "una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas", afirmaba en una declaración judicial.

Conexiones de alto nivel 

Los fundadores y los socios de Alcogal forman parte de la clase política para la que trabaja su bufete. Han entrado y salido del Gobierno panameño, ocupado y abandonado cargos políticos durante décadas. Uno de los fundadores, Galindo, era el vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y uno de los asesores presidenciales de Martinelli. Cordero, la “C” de Alcogal, es un exviceministro de Asuntos Exteriores. Lee, la “L”, fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de Trabajo. Alejandro Ferrer, un socio, fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y juez del Tribunal de Apelación.  

Los miembros de la familia Martinelli son clientes de Alcogal al menos desde finales de la década de 1990, y el propio Martinelli fue director de una empresa creada por el bufete. 

El por aquel entonces presidente Martinelli nombró a Alemán para que ocupara el antiguo cargo de su padre, el de embajador de Panamá en Estados Unidos, en 2009. En enero de 2011 lo dejó: Alemán dice que abandonó el cargo, y Martinelli dice que lo destituyó. 

Unos años después, Martinelli y Alemán discutieron en una boda. Los medios de comunicación informaron de que Alemán llamó al presidente “ladrón y corrupto”, y le dio un puñetazo en la cara. Martinelli niega que le golpeara. Las noticias convirtieron a Alemán en un héroe popular entre los enemigos de Martinelli. En su libro, Alemán afirma que ambos se reconciliaron más tarde. Martinelli asegura que mantienen una “relación cordial”.        

En 2015, Alcogal comunicó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) que había creado y mantenido una empresa que perteneció al cuñado de Martinelli, Aarón Ramón Mizrachi Malca, después de que algunos medios de comunicación revelaron que la empresa había ayudado supuestamente a adquirir aparatos de espionaje fabricados en Israel. A Martinelli le acusaron después de utilizar los aparatos para interceptar las comunicaciones de políticos de la oposición y otras personas.  

Martinelli actualmente está en juicio, acusado de realizar vigilancias y seguimientos sin autorización judicial. Él niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política iniciada por Varela, su exvicepresidente. 

Mizrachi declaró al ICIJ que su empresa fue absuelta en la investigación y que nunca lo han investigado o acusado en el caso de espionaje.  

En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, un exejecutivo del gigante de la construcción Odebrecht admitió que su antigua empresa había pagado en secreto 30 millones de dólares en sobornos a dos empresas pantalla, Pachira Ltd. y Mengil International, para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Los medios brasileños relacionaron a las dos empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos ⎯no está claro cuál⎯ recibió seis millones de dólares, aseguraba Soares, según algunos informes de prensa.  

Al cabo de unos días, Alcogal rompió los vínculos con ambas empresas, según informes internos de cumplimiento. Había recibido información de que las compañías se utilizaban para "actividades ilícitas", de acuerdo con las circulares internas. Alcogal escribió que "consideraba" a dos hombres para los que había emitido poderes -que no eran los hermanos Martinelli- como los verdaderos propietarios. En 2017 esos dos hombres dijeron a las autoridades panameñas que Ricardo Martinelli Linares estaba detrás de ambas empresas, según algunos informes de prensa.

En julio de 2020, los hermanos Martinelli fueron detenidos en un aeropuerto de Guatemala después de que Estados Unidos les acusara de pertenecer al entramado de Odebrecht. Siguen en la cárcel a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, y niegan las acusaciones.  

Bajo sospecha

A los proveedores se les piden informes de actividad sospechosa como el en la mayoría de las jurisdicciones cuando sospechan que un cliente puede estar relacionado con una actividad delictiva. 

Las autoridades prefieren los informes proactivos: los que se presentan antes de que un proveedor de servicios realice una transacción o una actividad, en vez de después de que se haya utilizado una sociedad instrumental en un delito. En una presentación de una Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas descubierta en los documentos filtrados de Alcogal se asegura que los informes proactivos ayudan a minimizar el riesgo de lavado de dinero. Los informes reactivos “añaden un valor mínimo a las investigaciones para que tengan algún efecto útil”.  

Una vez tras otra, como muestran los documentos, el bufete de abogados enviaba los informes de actividad sospechosa solo después de que las autoridades o los periodistas hubieran hecho público que sus clientes eran posiblemente corruptos o estaban implicados en otros delitos. 

Un análisis del ICIJ de los informes de actividad sospechosa presentados por Alcogal en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas entre 2007 y 2018 muestra que la gran mayoría de ellos, 87 de 109, fueron “reactivos”. Más de la mitad de los informes de Alcogal se realizaron después de la investigación de los Papeles de Panamá del ICIJ.    

Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato. 

Alcogal fue el agente registrado de varias empresas propiedad de Paulo Roberto Costa, un director de Compras de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña. 

En 2014, Costa confesó que había blanqueado casi 26 millones de dólares en sobornos por su participación en el amaño de licitaciones para favorecer a Odebrecht y otras empresas. Según muestran los documentos judiciales, para mover el dinero a cuentas de bancos suizos, Costa utilizó empresas instrumentales constituidas en Panamá, incluidas dos para las cuales Alcogal actuaba como agente registrado. 

Alcogal dice que prepara informes de actividades sospechosas en cumplimiento de la legislación local. Si encuentra "información negativa" sobre una empresa o un cliente, como que se sospeche o se le acuse de un delito, "procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de descargos de responsabilidad hasta la renuncia como Agentes Registrados y/o presentar informes de actividad sospechosa según corresponda en cada caso", dijo al ICIJ. Los clientes de alto riesgo se revisan con más frecuencia que los de bajo riesgo, señalaron.

“Entendemos que el cumplimiento es uno de los principales pilares de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales”, agregó la firma. 

Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, Alemán afirmó que mantener el cumplimiento era una tarea complicada. “Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”.  

Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado. Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada.   

“La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”. 

(*) Colaboraron con esta historia: Delphine Reuter, Valentina Lares, Joaquin Gil, Agustín Armendariz, Andrés bermúdez, Jennifer Ávila, Sean McGoey, Kathleen Cahill, Fergus Shiel, Ben Hallman, Dean Starkman y Sydney Freedberg. 

Los Pandora Papers son una colaboración global de 117 medios, entre ellos Armando.info, y la organización sin fines de lucro Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Si te gusta el periodismo, por favor haz un donativo a ICIJ para apoyarlo.

Como sucedió con los escándalos de los WikiLeaks y los Luxleaks, esta tercera filtración masiva de datos confidenciales que llega a la prensa, y que ya aspira al título de SwissLeaks, surge de un insider que descargó las bases de datos de un ente financiero, en este caso, la sucursal suiza del banco HSBC. La filtración expuso a la luz pública miles de nombres de clientes: entre ellos figuran astros del jet set, multimillonarios de todo el mundo y hasta personajes enjuiciados por tráfico de armas.

Los clientes proceden de 203 países incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití. En total, los latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000 millones de dólares, casi la mitad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas fortunas la ubican de tercera, solo detrás de las cuentas de la propia Suiza y del Reino Unido.

De los 14.800 millones de dólares registrados que corresponden a cuentas de venezolanos, la gran mayoría es dinero del Estado. Casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro.

La del Banco del Tesoro, por ejemplo, fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de ministro para las Finanzas y vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento.

Dos meses después la Oficina Nacional del Tesoro también inició operaciones en Ginebra. Fue el 8 de diciembre de 2005 a las 10:49 de la mañana, según el reloj suizo. Así quedó asentado en el banco y así se lee ahora en una serie de archivos que aparecieron en medio de una historia que empezó en 2008 con Hervé Falciani y su llamada lista Falciani, una de las más grandes filtraciones de los últimos tiempos, que hoy publica Armando.info, en alianza con una red de periodistas de más de 45 países motorizada por el diario Le Monde de París y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington DC.

Sospechoso de haber robado la data del banco en el que trabajaba, la Policía Federal de Suiza arrestó al informático Hervé Falciani el 22 de diciembre de 2008. Allanaron su casa, registraron su computadora y lo conminaron a declarar en un interrogatorio que se prolongó hasta la noche.

Las autoridades le permitieron ir a dormir a su casa con la condición de regresar al día siguiente, pero Falciani alquiló un carro esa misma noche y recogió a su esposa y a su hija para emprender camino a la frontera francesa, donde se convirtió en testigo protegido de un escándalo en el que seis años después ha venido documentando –a través de HSBC– casos en los que la banca suiza se ha hecho de la vista gorda para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción, el contrabando de minerales y hasta el narcotráfico.

Agazapada entre nombres de banqueros reconocidos y empresarios tradicionales, la filial suiza de HSBC guardaba una cuenta de 31 millones de dólares ligada al ex ministro de Industria y Comercio de Epipto, Rachid Mohamed Rachid, condenado por despilfarro y especulación por la justicia de su país, en un juicio celebrado en su ausencia luego de que en febrero de 2011 huyera de El Cairo hacia Dubai en medio de la revueltas contra el gobierno de Hosni Mubarak.

Entre tantas otras cuentas figura el nombre de Aziza Kulzum, a quien han llegado a llamar la Reina del Coltán y sobre quien pesa una condena de la Organización de Naciones Unidas, por conflictos como el de Burundi y el Congo. También el español Arturo del Tiempo, sentenciado a siete años de prisión por tráfico de cocaína.

También hay rastros de dos cuentas de Horacio Cartes, presidente de Paraguay, y por mucho tiempo señalado como uno de los cabecillas del entramado de contrabando de cigarrillos desde el país sureño.

Junto a ese tipo de clientes, y en la misma entidad –cuya sede se encuentra al pie del río Ródano en el 9-17 del muelle de Bergues de la ciudad de Ginebra– las autoridades venezolanas de finanzas colocaron el dinero público. Y lo mantuvieron allí al menos hasta el año 2007, cuando Falciani descargó la data del banco.

El diario Le Monde obtuvo la base de datos de cada una de las cuentas –a través de fuentes dentro del gobierno de Francia– y la compartió así con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), para coordinar una red que ayudara a jerarquizar y poner en perspectiva la masiva nómina.

El Congreso de Estados Unidos puso en tela de juicio el nombre de HSBC y, tras una investigación en el seno del Senado, señaló en 2012 laxitud en los controles de la filial suiza de esa institución financiera. Tanto así que advirtió sobre millones de dólares de los carteles de la droga de América Latina, que fueron a parar a las arcas de la banca suiza.

HSBC, con sede central en Londres, nació en 1865 en Hong Kong –bajo el nombre de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation– como vehículo para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. Casi 150 años después, se ha mantenido a la vanguardia de los servicios financieros del mundo, por eso sus directivos atajaron el escándalo cancelando casi 2.000 millones de dólares en Estados Unidos para evitar que las denuncias del Congreso terminaran en un juicio.

Mientras las autoridades de Francia y Estados Unidos tomaban cartas en el asunto, los fondos públicos venezolanos hacían escala en las bóvedas del HSBC en el país alpino. “¿Por qué tenemos que enterarnos dónde están las cuentas del erario por una filtración periodística?”, se pregunta el diputado Andrés Velásquez, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela. “El Gobierno puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado, pero también debe explicar con detalle a qué responden esos recursos”.

Velásquez, diputado de la oposición por el partido Causa R, aprovecha para preguntar dónde están los 500 millones de dólares que el gobierno chino entregó a sus aliados venezolanos para oxigenar la economía del sur de Venezuela por medio de las empresas básicas de Guayana. “Dijeron que esos fondos habían sido depositados en la filial libanesa del Gazprombank de Rusia pero luego desaparecieron”, denuncia. “El Gobierno nos tiene acostumbrados a no informar y, entretanto, ahora resulta que aparecen dos cuentas en un banco suizo”.

Las autoridades venezolanas no han dado luces sobre el tema. Tampoco los funcionarios que aparecen a cargo de las cuentas suizas. Aunque se intentó en repetidas oportunidades consultar al ex tesorero nacional, Alejandro Andrade, a través de contactos en el sur del estado de Florida, Estados Unidos, no fue posible localizarlo para obtener un comentario.

Fue Andrade uno de los funcionarios que manejó los casi 700 millones de dólares que aparecen colocados en el HSBC suizo. El resto de los recursos suman 11.900 millones de dólares a nombre del Banco del Tesoro, un banco del Estado nacido en revolución, según presenta su propio eslogan en una retahíla de cuñas que abundan en la radio y la televisión venezolana.

Al menos hasta 2007, esa institución financiera disponía de 9.500 millones de dólares en una cuenta principal y otros 2.200 millones repartidos en un par de cuentas espejo, que fueron creadas cinco meses después de la principal, la noche del 15 de marzo de 2006.

Conocidas en el argot de la banca como cash pooling, las cuentas espejo sirven –de acuerdo con varios especialistas consultados– bien para dar transparencia y seguridad sobre el monto principal o, precisamente, para simularlo y poder tener libertad para desviar los recursos a otros instrumentos financieros.

En agosto de 2011, cuando Hugo Chávez aún gobernaba el país, informó que sacaría las reservas de oro depositadas en Europa y Estados Unidos, para guardarlas en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV). En medio de esos anuncios, varias voces empezaron a advertir sobre una serie de rumores que, finalmente, el chavismo confirmó: las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela pasarían, a partir de ese momento, a bancos de la órbita de aliados como Brasil, China y Rusia.

"¿Qué está pasando que no sabemos los venezolanos?”, cuestionó en ese momento el diputado de la oposición, Julio Montoya, tras filtrar documentos oficiales que daban cuenta de la intención de transferir las reservas de la Nación. Esa misma pregunta ahora la hace su homólogo Andrés Velásquez, quien desde ya anuncia solicitar una investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para precisar qué pasó con los recursos que, al menos hasta 2007, estaban en Ginebra al resguardo de la sucursal que HSBC mantiene en Suiza.

Como en Estados Unidos y Francia, la llamada lista Falciani, o lo que ya se conoce como los SwissLeaks, han fomentado investigaciones sobre la data de HSBC-Suiza. Argentina es el primer país que lo hace en la región; su Administración Federal de Ingresos Públicos acusó a HSBC de desarrollar “una plataforma ilegal” que involucra al menos 3.000 millones de dólares con el fin de evadir impuestos.

Las filtraciones que hoy empiezan a aparecer en los medios imprimen un nuevo capítulo en una serie de señalamientos que ponen a la institución bancaria en el peor escándalo de su historia. Al principio, sus autoridades insistieron al ICIJ que debían destruir la data, pero ahora hacen un mea culpa.

A finales del mes pasado, después de conocer detalles sobre una serie de investigaciones periodísticas que hoy publican en simultáneo en más de 45 países, dieron una respuesta más resignada: “Reconocemos que la cultura de cumplimiento y los estándares de procedimiento en el banco HSBC de Suiza, así como la industria en general, fueron significativamente más bajos que en la actualidad”.

A través de una carta, señalaron que el banco había dado pasos importantes en los últimos años para poner en práctica reformas necesarias. Hablaron incluso de haber sacrificado clientes. “Como resultado de este reposicionamiento, el banco privado suizo HSBC ha reducido su base de clientes en casi 70% desde el año 2007”.

Fueron un poco más de 1,77 millones de dólares. Entre los años 2004 y 2012, Cadivi desembolsó un total de 1.776.273 dólares en respuesta a siete solicitudes de divisas que la Fundación Marcos Pérez Jiménez presentó al Estado. Así quedó asentado en “la lista de Cadivi”, que ese mismo organismo publicó a finales del año 2012 como un ejercicio de transparencia, para aplacar las críticas que –aun a lo interno del Gobierno– han venido acusando corrupción en la asignación de las divisas que desde hace 12 años controla el mismo Gobierno.

No hay detalles que precisen las cuentas de la Fundación Pérez Jiménez. Cadivi ya no existe y en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) tampoco ha dado luces sobre los balances que heredaron de ese organismo. En el Registro Subalterno del Sexto Circuito del Municipio Libertador tampoco pueden precisar más que los datos que quedaron asentados en sus archivos.

Más que el nombre de la fundación, a los empleados del registro les llama la atención que el expediente no tenga otro documento que el acta constitutiva que el 29 de agosto de 2003 presentó uno de los nietos de Pérez Jiménez. Ese día Lee Marcos Brook Pérez-Jiménez formalizó los trámites de una entidad privada sin fines de lucro, de cuya actividad rinde cuentas, 12 años después, con una relación de obras de caridad y beneficencia.

“Hemos hecho operativos para donar juguetes, entregamos sillas de ruedas, repartimos lentes, pintamos la iglesia de Michelena, ayudamos a niños víctimas de quemaduras y donamos una ambulancia al ambulatorio de Michelena entre muchas otras obras”, dice. “Tenemos un dossier inmenso guardado en cajas con todo lo que hicimos, estoy hablando de obras de hace más de 12 años que de un día a otro no podría enumerar”.

En el municipio Michelena del estado Táchira, donde nació Pérez Jiménez, ciertamente conocen a Brook. En ese rincón de los Andes venezolanos, el nombre del dictador es todavía –a 57 años de la caída de su régimen, que se cumplieron el viernes– como el de un prócer. Tal vez por eso recibieron con los brazos abiertos al nieto de ese hijo ilustre.

Al nieto, Marcos, como se presenta, lo recuerdan por una temporada en la que se apareció ofreciendo becas y ayudas médicas. Bajito como su abuelo, aunque con acento de España, en algunas ocasiones se vio rodeado por gente que le pedía ayudas y favores. Eso comenta el dirigente local del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ely Pernía, quien entonces era el alcalde del pueblo: “La gente lo seguía a él en todos los actos que se hacían, le mandaban cartas, pero desconozco de dónde sacaba sus recursos”.

Fue en 2002. El nieto de Pérez Jiménez se convirtió en el acontecimiento del pueblo. Tenía poco tiempo de haber llegado al país cuando se apareció en el terruño familiar. Iba y venía ofreciendo ayudas hasta que al año siguiente no volvieron a saber de él en esa localidad de poco más de 20.000 habitantes. A partir de entonces su nombre quedó asentado en los registros de Caracas como autoridad de la Fundación Pérez Jiménez y como solicitante de dólares ante el Gobierno nacional, que en febrero de 2003 se reservó todas las operaciones de cambios de divisas mediante un régimen de control, a cuyo cargo puso a Cadivi.

“Una vez lo vi en el Círculo Militar de Caracas”, cuenta el ex alcalde de Michelena, Ely Pernía. “Acudía a unas reuniones con gente del Gobierno, con diputados, con personalidades no sé si cercanas a Miraflores”.

Y fue precisamente en el Círculo Militar, el club de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, donde la Fundación Marcos Pérez Jiménez se presentó por primera vez en sociedad. Ya no agazapada entre carpetas Cadivi ni entre los expedientes de las notarías, su nombre se vio y se escuchó el 30 de septiembre de 2006 en el evento “Humor, amor y baile”, organizado a beneficio de esa fundación y convocado para el Salón Venezuela, el mismo sitio donde, redundancias de la historia, bailaba la élite de los años 50.

Como atracciones musicales estuvieron la orquesta Los Melódicos y el trío romántico de Los Hermanos Rodríguez; se presentó el Che Gaetano y Rafucho El maracucho. También el humorista Wilmer Ramírez, estrella del canal Venevisión, a quien todavía le llama la atención que tantos artistas juntos no llenaran el salón.

“Yo era el conductor del show; recuerdo que me dijeron: ‘¿Tú tienes algún problema en trabajar para el público del Salón Venezuela?’, y dije que no porque trabajo para todo el mundo. Lo que sí me llamó la atención fue cuando vi la pancarta. Me dije: ‘¿Qué fundación se llama Marcos Pérez Jiménez?’. Pero como nunca se habló del tema, ni siquiera en el show…”.

“El objeto principal de esta fundación es el de fomentar, desarrollar, dirigir, administrar, ejecutar y coordinar ampliamente la capacitación académica de ciudadanos venezolanos a través de la adjudicación de Becas y/o Créditos Educativos al cual podrán optar mediante concursos de oposición en el que deberán presentar los requisitos establecidos por las leyes venezolanas y españolas”, señala el acta constitutiva de la fundación.

Las ayudas estudiantiles, sin embargo, no fueron tantas. “Se becaron tres estudiantes por un lado, cuatro por otro, cinco por otro, no recuerdo ya”, afirma Brook al otro lado del teléfono. Dice que seleccionaron algunos beneficiarios para estudiar carreras como Medicina y Arquitectura en España, pero que suspendieron el programa cuando empezaron a ver que los jóvenes aprovechaban la oportunidad como un trampolín para no regresar a casa.

Los dólares de Cadivi, de cualquier modo, entonces sirvieron a la Fundación Marcos Pérez Jiménez para entregar ayudas sociales: unos camiones de víveres para las víctimas que en 2005 sufrieron los efectos de una segunda vaguada en Naiguatá, estado Vargas (litoral central de Venezuela); apoyo económico para financiar un equipo de fútbol más allá; también insumos y aparatos médicos para los necesitados...

¿Para que serían entonces los dólares de Cadivi? “Trajimos sillas odontológicas entre otros equipos médicos por courier”, dice. “Nosotros no usamos todo lo que estaba estipulado; tendría que ver partida por partida, pero sé que algunas no fueron aprobadas y, en otros casos, reembolsamos parte del dinero”.

El gobierno de Socialismo del Siglo XXI, el mismo que "celebra" el 23 de enero –fecha del derrocamiento de la dictadura militar–, fue quien financió a la Fundación Marcos Pérez Jiménez.

No es la primera vez, sin embargo, que el Bolivarianismo de Hugo Chávez tiene atenciones con el régimen militar que sometió a la disidencia bajo la impronta de una dictadura de derecha aliada de Washington. Ya en 1998, en medio de su primera campaña presidencial, Chávez visitó a Pérez Jiménez en Madrid, en la misma casa de la exclusiva urbanización La Moraleja, donde el general pasó la mayor parte de su exilio hasta sus últimos días.

Chávez nunca tuvo malas palabras para el militar que dominó Venezuela 40 años antes de él. “No hay que decir que cayó la última dictadura con Pérez Jiménez, porque la última dictadura fue la del Pacto de Punto Fijo”, proclamó en cadena de radio y televisión el 23 de enero de 2011 frente a una masa de partidarios que lo acompañaban en el Palacio de Miraflores.

Aún más: Chávez tuvo sus deferencias para el viejo dictador.  Quiso invitarlo para su primera toma de posesión, en febrero de 1999. Mucho más tarde, el 25 de abril de 2010, ya proclamado el carácter socialista de su revolución, el mandatario se animó a afirmar: "Yo creo que el general Pérez Jiménez fue el mejor presidente que tuvo Venezuela en mucho tiempo”. Eso soltó desde la población de Mantecal, en los llanos del estado Apure, al suroeste de Venezuela, en la edición 355 de su programa de radio y televisión Aló, presidente. “¡Ufff! Fue mejor que Rómulo Betancourt, fue mejor que toditos ellos. No los voy a nombrar. Fue mejor, ¡Aahh! Lo odiaban porque era militar”.

Y ese es precisamente uno de los imanes que atrajeron a los dos caudillos, advierte el historiador Luis Alfredo Angulo, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida: “No hay afinidad ideológica pese a que comparten una base común, soporte fundamental de cada régimen, que son las Fuerzas Armadas”.

Claro que con Chávez llegaron a verse militares dirigiendo hasta geriátricos, acota el historiador. De cualquier modo, el andino se esmeró más por dirimir los asuntos de Estado desde su despacho que por girar instrucciones sobre una tarima. “Era un contraste con lo que fue Hugo Chávez, que gobernó con la lengua o a través de la lengua y coloca en su discurso la reivindicación de la palabra pueblo”, concluye.

“La lista Cadivi” suma 10.373 empresas que aprovecharon la bicoca de obtener dólares preferenciales. Se trata de tan solo 2% de las casi 472.000 empresas que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calculaba para el año 2008, y entre esos privilegiados estuvo la fundación que el nieto de Pérez Jiménez registró el año en que comenzó el control cambiario.

El cineasta Carlos Oteyza, autor de Tiempos de Dictadura –un documental que en 2012 mostró en pantalla grande la época de Pérez Jiménez– no encuentra problemas en que el nieto de una figura pública reivindique a su familiar a través de obras sociales. “Forma parte de lo que Venezuela debe tener: pluralidad”, dice. “Lo que me llama la atención es que sea con recursos del Estado”.

Brook, de cualquier modo, señala que en su caso no hubo ningún tipo de influencias. “Son solicitudes normales”, dice. “Yo acababa de llegar al país por el proyecto de la fundación, me dijeron cuál era el procedimiento y lo único que sé es que cumplimos con el proceso”.  No tiene nada que ver con el Gobierno, asegura, y su permanencia en Venezuela obedece más al hecho de haberse topado con su actual esposa precisamente en esos tiempos en que vino de España a reivindicar el nombre de su abuelo. “Tengo un anillo aquí que pesa mucho”.

De otra forma, en Venezuela no quedaría ningún heredero del general. Sus cuatro hijas y 10 nietos echaron raíces en España, donde terminaron un periplo que comenzó en República Dominicana, siguió en Estados Unidos y se prolongó otra vez Venezuela, cuya justicia lo condenó a cuatro años de prisión en una cárcel de San Juan de Los Morros por peculado y corrupción.

El 23 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez había abandonado el poder a bordo de un Douglas C-54 Skymaster de cuatro motores, que en la historia ha quedado con el nombre de La vaca sagrada, el apelativo que le había asignado su anterior usuario, el presidente de Estados Unidos. Olvidó, sin embargo, una maleta que horas más tarde reclamó su esposa, Flor Chalbaud, desde Santo Domingo. “¿Qué sabe usted de una maleta que dejé olvidada en la casa, usted no la ha visto?”, preguntó la ex primera dama al equipo de su marido, en una conversación que documentó el cronista Oscar Yánez en la edición del 29 de enero de 1998 de El Universal en su ya célebre columna, Así son las cosas.

“Búsquela, por favor. Es una maleta blanca, de piel. Tiene una placa pequeña dorada con las iniciales 'M.P.J.'. Yo lo llamo después. Debe estar en el cuarto o cerca de la puerta que va al jardín...”.

La maleta finalmente apareció. Tenía ropa, un uniforme de General de División talla 42, dos pijamas de seda con las inscripciones de “MPJ”. Pero también contenía una serie de títulos valores: alrededor de 3 millones de bolívares en bonos del Centro Simón Bolívar, otros 300.000 bolívares y cerca de 100.000 dólares en billetes, que luego fueron usados como pruebas en el juicio contra Pérez Jiménez.

Así terminó la dictadura. Entre la maleta de entonces y los dólares de Cadivi han pasado muchas cosas. Brook recuerda que la historia la escriben los vencedores. “Yo no viví la historia de mi abuelo; hay cosas reprobables, pero hay otras que destacar”, opina. “Yo juzgo en base a resultados, la situación económica de Venezuela en 1958 fue la mejor de la historia y si sacas el Gobierno fuera del contexto de ese año es evidente que es anacrónico”.

Lejos de los libros, Brook conoció a un Pérez Jiménez cercano y sensible. “No fue una persona sanguinaria como han querido decir; fue más bien alguien muy humano y pendiente de su pueblo”, asegura. “Yo viví con él hasta que murió, él quería regresar. ‘Marcos, tienes que entender que es mi patria’, me decía”.

La alianza política con el nacionalismo saharaui no pasa de las palabras y otros gestos, como la construcción de una escuela en ese territorio desértico pero rico en fosfatos, que hasta 1975 fue colonia española. “¡Un saludo a la delegación del Frente Polisario!”, dijo el presidente Nicolás Maduro durante la sesión inaugural del III Congreso del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el 26 de julio reciente. Dos hombres –el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Caracas, Mohamed Salem Daha, y su ministro consejero, Hadi Laroussi- se levantaron de entre el público de la platea e hicieron reverencias. Luego, el locutor oficial del acto leyó un breve documento del movimiento independentista en salutación al evento del chavismo. “Son los saharauis hermanos de Venezuela y traemos la gratitud de la resistencia civil saharaui en las zonas ocupadas de nuestros país, que sufren a diario los excesos y abusos del ocupante marroquí”, decía el texto.

Casi en el mismo instante, el Shi Long Ling llegaba al principal puerto de Venezuela. El fosfato saharaui, esencial para la industria agroquímica, está siendo importado regularmente por empresas del Estado venezolano, que paga por ello a proveedores marroquíes.

El último barco llegó hace dos semanas, pero no se trata de un caso aislado. Marine Traffic, ExactEarth y otras bases de datos de tránsito marítimo del mundo colocan a Venezuela entre los destinos de las embarcaciones que salen de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, controlada por Marruecos –el ocupante- y de cuyo puerto zarpan buques graneleros cargados con fosfato.

El primero de agosto de 2012 desembarcaron 22.000 toneladas de roca fosfática del Sáhara Occidental en Venezuela; el 9 de noviembre de ese mismo año se recibió otro lote de 24.200 toneladas y el año pasado llegaron 59.560 toneladas más, en dos barcos que atracaron primero el 17 de enero y luego el 12 de mayo de 2013 en los muelles que la Fuerza Armada Nacional se reserva en Puerto Cabello, a través de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar).

Las notas de embarque (Bill of ladings) precisan que Pequiven, Bariven y otras empresas del consorcio petroquímico del Estado importan fosfato del Sáhara Occidental. Así queda asentado en los registros portuarios con lugar de origen en “El Aaiún, Marruecos”, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) viene condenando en diversas declaraciones la extracción de los recursos naturales de ese territorio, y de que el gobierno nacional cierra filas por la independencia del Sahara Occidental. Tanto así que el propio presidente Hugo Chávez se declaró siempre defensor de la causa saharaui.

Chávez tomó partido

En silencio, lejos de los focos noticiosos de Gaza, Siria o Ucrania, en el Sáhara Occidental se libra una guerra de intensidad variable desde hace casi 40 años. Cuando España abandonó esa colonia en 1975, el vecino Marruecos se anexó el territorio, que reivindicaba como una provincia más del antiguo Gran Marruecos. Sus ansias expansionistas pasaron por encima de los deseos de libertad y autodeterminación de la población nativa, el pueblo saharaui.  El llamado Frente Polisario (acrónimo en castellano de Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) se alzó en armas contra el ocupante marroquí, al que ni Naciones Unidas ni la comunidad internacional han reconocido soberanía alguna respecto al Sáhara Occidental.

La ONU ha condenado repetidas veces tanto la ocupación como la extracción de las riquezas del pueblo saharaui en una serie de resoluciones y pronunciamientos. En 2002 el Informe Corell –nombrado por el entonces subsecretario general para Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell- advertía sobre la “explotación y saqueo” del territorio.

En el corazón del conflicto late la lucha por el control de los ricos yacimientos de fosfato del territorio. La prospección española hizo los primeros hallazgos del mineral en 1947. En 1963 se desarrolló la mina de Bou Craa, una de las más grandes del mundo. Marruecos ya es, de por sí, el mayor exportador de fosfatos en el planeta. De sus exportaciones, estimaciones de El Economista calculan que unos 1.750 millones de dólares al año se originan en yacimientos que se encuentran en territorio ocupado saharaui.

También desde 1975 la lucha saharaui se convirtió en una causa célebre de la izquierda internacional. No hay evento progresista del que no salga una declaración, como fue el caso del reciente Congreso del PSUV.

En 2004, el propio Hugo Chávez recibió con honores a Mohamed Abdelaziz, presidente de la proclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y cinco años después, en 2009, le envió al embajador de Venezuela en Argelia, Héctor Michel Mujica, para que cumpliera la formalidad de presentar sus credenciales en los campamentos de refugiados saharauis que permanecen en Tinduf y otras zonas del suroeste argelino.

Mujica reiteró entonces el respaldo de Venezuela “al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y a la constitución de un Estado independiente”, lo que una semana después desencadenó el cierre de la embajada de Marruecos en Caracas.

Como China con Tíbet o Taiwán, o, en su momento, Indonesia con Timor Oriental, el reino de Marruecos no reconoce al Polisario ni a ningún otro grupo como representante del pueblo saharaui, y ve con recelo a cualquier nación que lo haga.

Marruecos lamentó que Venezuela no asumiera una postura más neutral frente al tema del Sáhara y la acusó de hostil. "Las autoridades de Caracas han participado activamente en las campañas bélicas de los adversarios de la unidad nacional y han comprometido, en esa escalada absurda, a las más altas esferas venezolanas", concluyó el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país en un comunicado difundido por la agencia oficial MAP el 15 de enero de 2009, fecha en la que cerró su representación en Caracas y la mudó a República Dominicana.

"La apertura y la presencia de una representación en un país refleja la voluntad de reforzar las relaciones con ese país en diferentes ámbitos, pero esa presencia resulta inútil cuando consideraciones mayores dificultan el desarrollo de esas relaciones", añadió la cancillería marroquí.

Chávez no habló sobre el asunto, como tampoco lo hizo el ahora presidente Nicolás Maduro, que entonces se desempeñaba como canciller. El pronunciamiento de réplica estuvo a cargo de Reinaldo Bolívar, viceministro de relaciones Exteriores para África, quien manifestó sorpresa porque, según su testimonio, no había recibido ningún llamado que anticipara alguna molestia de Rabat. Si bien señaló que el reino de Marruecos tenía derecho a clausurar sus embajadas en cualquier parte del mundo, juzgó "tendenciosas e irrespetuosas las especulaciones marroquíes acerca de que Venezuela financia y participa en campañas belicosas contra ese país".

Solidarios, pero no tanto

De ese impasse no hubo más. Pero incluso en medio de la refriega, y todavía después, diversos buques dejaron su estela en el Atlántico mientras transportaban fosfato expoliado del Sáhara Occidental a la República Bolivariana de Venezuela, el brioso aliado de la insurgencia saharaui.

El embajador saharaui en Caracas, Mohamed Salem Daha, advierte que “cualquier explotación de los recursos del Sáhara sin la autorización de los saharauis es ilegal”. Desconoce sobre importaciones de fosfato para esta parte del Caribe. Asegura que jamás ha escuchado sobre el tema pero no deja de subrayar, por si así fuera, que quienes comercian con el fosfato, la pesca, el petróleo y la arena que se extraen del Sáhara Occidental alimentan un conflicto interminable con desaparecidos, minas antipersonales y la construcción de un muro de 2.700 kilómetros que dividió a la población.

No obstante, Daha destaca el apoyo que Venezuela ha brindado a la liberación saharaui desde 1982, cuando Caracas reconoció a la RASD como país soberano. La diplomacia bolivariana ha ido más allá: el 17 de septiembre de 2011 inauguró, en alianza con Cuba, la Escuela Simón Bolívar para más de 350 alumnos de 4 wilayas, como se conoce a los asentamientos de refugiados que se establecieron en un pedazo de Argelia.

El del Sáhara Occidental es un conflicto olvidado, ya no del todo cruento pero con implicaciones complejas. El internacionalista Julio César Pineda, que se acercó al caso cuando se desempeñó como embajador de Venezuela en Libia, cree que el gobierno de Maduro debe ser prudente. “El tema es delicado en la parte comercial porque se trata de un mineral estratégico, pero en el terreno diplomático es lamentable que Venezuela haya roto el equilibrio que siempre había mantenido y que terminó con el cierre de la embajada de Marruecos”.

Para Pineda, el conflicto se ha prolongado en una suerte de guerra fría entre Marruecos y Argelia, alrededor de la que se ha conformado la diáspora del pueblo saharaui. Sin contar la población dispersa en el exilio, los saharauis suman más de medio millón de personas repartidas entre los territorios ocupados y una serie de campamentos enclavados en zonas casi ignotas del desierto del Sáhara.

La roca de la discordia

La calidad de la roca fosfática saharaui es reconocida en todo el mundo. Se trata de “un mineral de color entre amarillo y castaño claro con escasos fósiles –algunos restos de peces y coprolitos– y sin materia orgánica, consolidado apenas por un cemento arcilloso-margoso que permite su disgregación con facilidad y, en consecuencia, su tratamiento posterior”, describe la revista de Técnica Industrial de España en su edición de junio de 2004.

A pesar de las disposiciones internacionales que cuestionan la extracción y comercialización de productos provenientes del Sahara Occidental bajo control de Marruecos, la empresa gubernamental marroquí Office Cherifien des Phosphates (OCP) explota la mina de fosfato en Bou Craa, territorio ocupado, a través de su subsidiaria Phosphates de Boucraa S.A. (Phosboucraa).

Marruecos es uno de los principales exportadores del mineral, que llega a Puerto Cabello a través de sus empresas estatales Phosboucraa y OCP, según se puede leer en los informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Al menos cinco barcos, entre 2012 y julio de 2014, han descargado 137.260 toneladas para las empresas estatales venezolanas Pequiven y Bariven –esta última, encargada de las adquisiciones internacionales de Pdvsa-. En el resto del mundo los clientes del fosfato saharaui suelen ser empresas privadas. En Venezuela, Pequiven y algunas de sus filiales, como Tripoliven, procesan en sus plantas el fosfato saharaui para la elaboración de distintos productos químicos, como fertilizantes y detergentes.

El país importa fosfato desde África porque no explota la mayoría de las minas que tiene principalmente en Falcón y Táchira. “Venezuela, a pesar de poseer yacimientos de rocas fosfáticas que podrían cubrir la demanda nacional, tiene la necesidad de importar rocas fosfáticas, con la consiguiente pérdida de divisas”, explica el geólogo Francisco Raúl García. “Si se ponen en producción los yacimientos de rocas fosfáticas que se conocen podríamos en corto plazo cubrir la demanda nacional y hasta exportar excedentes a los países vecinos”.

Tripoliven, que tiene entre sus accionistas a Pequiven, Valquímica y a la empresa privada española FMC Foret, admite que compra el mineral proveniente del Sahara Occidental a Marruecos. Nicolás Marín, presidente de su junta directiva, sostiene que se trata de una operación transparente. “La roca que se está consiguiendo más acorde a los requerimientos de Tripoliven es la de Bou Craa,  importada de Marruecos”, explica. Se trata de la mina saharaui que, según cifras de la OCP, en promedio produce y exporta entre 2,3 y 2,5 millones de toneladas al año, un poco menos de diez por ciento de la producción de fosfato marroquí. Marín agrega que los proyectos para la explotación de fosfato made in Venezuela están en desarrollo: “Lógicamente, cuando el producto esté disponible en el mercado, lo buscaremos aquí”.

La empresa española FMC Foret, una de las accionistas de Tripoliven, fue cuestionada en el pasado por comprar roca fosfática del Sahara Occidental a Marruecos. Un reporte del Consejo de Ética del gobierno de Noruega del año 2010 hizo un llamado de atención a esa firma, que reconocía sin empacho la compra del mineral y su disposición a mantener las importaciones desde El Aaiún, en el entendido de que, a su juicio, Marruecos era legalmente y de facto el administrador del territorio: “La planta de la compañía en Huelva, España, es dependiente en gran medida en el acceso al fosfato de la calidad que se encuentra en Bou Craa”.

Pero la planta de Huelva cerró en 2010. FMC Foret informó que el cierre no tuvo que ver con las exportaciones desde el Sáhara que, en todo caso y desde entonces, se detuvieron.

Sobre sus inversiones en Venezuela, a donde siguen llegando despachos de fosfato saharaui, la española FMC Foret indicó, en un reporte entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC, siglas en inglés del supervisor bursátil de Estados Unidos), que mantiene una inversión no controlada en el negocio de Tripoliven valorada, para el 30 de septiembre de 2012, en nueve millones de dólares.

Para el Consejo de Ética del gobierno de Noruega, “la explotación que hace Marruecos de los recursos de fosfato del Sáhara Occidental constituye una gran violación a las normas.  Esto no es solamente por el hecho de que la población local no está recibiendo los beneficios; sino que la forma actual de explotación contribuye también a mantener una situación no resuelta y, en consecuencia, la presencia de Marruecos en un territorio sobre el cual no tiene la soberanía que le corresponde”.

Técnicos contra políticos

Tripoliven fue creada en 1972 y comenzó operaciones en 1977. Desde entonces, de acuerdo con Nicolás Marín, presidente de la junta directiva, la empresa compra roca fosfática a Marruecos para su producción. Para Marín, las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son un asunto de otro nivel que no correspondería a su empresa definir.

“Estos temas son ajenos a lo que es la operación normal de Tripoliven. No sé cómo se está manejando, pero nosotros preferimos mantenernos al margen de eso”, dice. Ningún organismo del Gobierno, entretanto, ha dado luces sobre el tema: Pequiven y Bariven, ambas empresas del Estado, no dieron respuesta a la solicitud de entrevista realizada para abordar este tema hasta la fecha de esta publicación.

Tripoliven procesa en Venezuela alrededor de 100.000 toneladas de roca fosfática al año, en su mayoría comprada a Marruecos –incluyendo la de procedencia saharaui- y sus productos sirven de suministros para la industria de detergentes del país.

Marín advierte que nunca han recibido algún reclamo de la ONU, pero sí recuerda que fueron contactados alguna vez por una organización no gubernamental. Se trataba de Western Sahara Resource Watch (WSRW) que, desde su sede en Noruega, señala que la respuesta ofrecida no mencionó al Sahara Occidental: “En relación a su solicitud de información cumplimos en informarle que Tripoliven no está importando roca de la empresa OCP. FMC Foret es uno de los socios de Tripoliven ostentando el 33.33% del total de las acciones”, aseguró entonces la empresa venezolana a sus interlocutores noruegos.

La organización, con representación en 38 países, defiende la preservación de los recursos del territorio ocupado para el uso de los saharauis. “La mitad de la población del Sahara Occidental ha huido del territorio a raíz de la brutal ocupación marroquí”, indica Erik Hagen, presidente de WSRW. “Ellos viven en una profunda pobreza en campos de refugiados y no ganan ni un centavo de este comercio, el ingreso que los marroquíes obtienen de esto es usado para financiar y atrincherar la costosa ocupación”.

El rastro sigue hasta Colombia

El fosfato del Sáhara Occidental también llega a puerto colombiano, pero a nombre de una empresa de capital estatal venezolano. Se trata de Monómeros, “la única empresa filial en la que participa Pequiven, con sede fuera del territorio venezolano, creada para promover productos químicos básicos e intermedios a la industria manufacturera y fertilizantes para el agro”, según indica Pequiven en su website.

En Barranquilla –el puerto atlántico colombiano al que van destinados los cargamentos- está su sede principal. Allí llegaron el año pasado, al menos, cinco buques con 107.000 toneladas de fosfato compradas a Marruecos por un valor aproximado de 17 millones de dólares, según un reporte de la organización WSRW.

En años anteriores ya habían llegado cargamentos de roca fosfática al puerto de Barranquilla, que en ocasiones hacían primero una parada en Puerto Cabello. El DD Vigor, por ejemplo, hizo un alto en el puerto venezolano antes de descargar el 23 de julio de 2008 en Colombia cerca de 15.000 toneladas de fosfato provenientes de El Aaiún. Como ese, al menos otros cinco barcos hicieron lo mismo durante ese año.

De los países que reconocen a la República Saharaui, varios han incorporado como parte de su respaldo la prohibición de importar productos provenientes del territorio ocupado. En América Latina, Argentina, Brasil y Chile, no se han pronunciado a favor de la causa saharaui. No resulta sorprendente, por lo tanto, que sea justamente en dos de estos países (Argentina y Brasil), donde la OCP marroquí mantiene oficinas en la región.

Para Hagen, presidente de la organización Western Sahara Resource Watch, frenar este intercambio comercial del fosfato saharaui a cargo de Marruecos con Venezuela, sería la mejor muestra de apoyo por parte de Caracas. Y quizá, de consistencia.

“El gobierno venezolano ha tenido excelentes palabras de solidaridad para la gente oprimida del Sáhara Occidental. Por eso, es triste ver que es el único gobierno en el mundo cuyas compañías estatales están involucradas en estas importaciones”, dice. “Culminar con este comercio sería la mejor muestra de solidaridad, y de apoyo a la legislación internacional, que podría hacer”.

Este reportaje es producto de un trabajo en equipo publicado en simultáneo por El Universal y el sitio web de periodismo de investigación www.armando.info

-    El síndico John. J Carney dijo en su demanda contra usted que usted ayudó a mantener el esquema Ponzi de Illarramendi al inyectar dinero fresco al esquema a cambio de “tarifas exorbitantes y sobornos”, y a través de su red de contactos en Venezuela, incluyendo oficiales del gobierno. El alega que usted e Illarramendi hicieron más de 170 millones de dólares en transferencias electrónicas vía compañías offshore. ¿Cuál es su respuesta a estos cargos?

Lo primero que debo decirle es que puedo asegurar que yo nunca tuve conocimiento de que Illarramendi estaba estafando a nadie hasta que se hizo público el procedimiento en su contra. Es tan así que durante varios años llevamos a cabo operaciones financieras con el grupo Michael Kenwwod, grupo que él dirigía, siempre con el aval de una de las más prestigiosas instituciones financieras a nivel mundial como lo es Credit Suisse. Lejos de estar involucrado yo en las denuncias hechas en contra de Illaramendi, lo que soy es una más de las muchas víctimas. Para esta fecha, me deben a mí y a varias empresas en las que tengo participación, un total de US$ 140,787,894.  ¡No conozco a nadie a quien Illarramendi haya estafado más que a mí! Y adicional al daño patrimonial, debe sumarle el daño que ha causado a mi reputación, luego de más de 25 años de impecable trayectoria profesional en el sector financiero, siempre llevando a cabo operaciones absolutamente normales y transparentes, a través de empresas reguladas por las autoridades financieras de los mercados en los que hemos operado.

Este es un caso que desde el principio ha mostrado importantes irregularidades. Desde nuestro punto de vista, la más preocupante y que nos genera muchísimas dudas, es el desempeño del receiver del caso, John J. Carney, quien tiene un interés muy personal en litigar este caso, alargándolo en el tiempo sin importarle los hechos, solo para cobrar más honorarios profesionales. Carney, quien fue contratado por la Corte en calidad de Receiver, con el fin de llevar a cabo las investigaciones y velar por los derechos de las personas afectadas por la estafa de Illaramendi, ha contratado como abogados a la Firma  Baker & Hostetler, de la cual él es socio, lo que representa un evidente conflicto de intereses. Es un socio en la firma de abogados, además de ser administrador judicial del grupo Michael Kenwood. La corte le ha permitido utilizar su propia firma Baker como sus abogados. En mi caso, hay doce abogados de Baker que asesoran a Carney cobrando por hora, y su firma le reconoce personalmente como socio, el beneficio económico que él genera para ellos como administrador y cliente. Según han calculado mis abogados, las facturas de Baker & Hostetler (de la cual Carney es socio), a la Corte, ya deben superar los $30 millones, aun cuando ni siquiera ha sido capaz de publicar un estado financiero que detalle lo que pasó en las empresas intervenidas. Y lo peor, sin ser capaces de presentar una sola declaración o prueba que demuestre mi supuesta intervención en el caso.

Ahora bien, yo reconozco que tuve contacto comercial con Illarramendi igual que otros.  Llevé a cabo durante algunos años varias operaciones financieras con Illarramendi que se realizaron fuera de EE.UU., todas normales y transparentes.

Debo destacar, que la naturaleza del tipo de operaciones que llevé a cabo con Illarramendi, hacía imposible que se pudiera producir estafa alguna por mi parte, por la naturaleza de las mismas.

Estas operaciones fueron de dos tipos:

•    La primera a través de Notas Estructuradas (o Credit Linked Notes), que no son más que un instrumento financiero utilizado en todos los mercados del mundo. Las Notas Estructuradas son instrumentos financieros emitidos por un intermediario como una alternativa de inversión donde se puede llegar a obtener rendimientos superiores a los del mercado de renta fija, teniendo por lo general una garantía del capital o un porcentaje de este invertido al momento del vencimiento, son papeles que permiten una diversificación de riesgo contra deuda pública de un país por ejemplo, en este caso deuda venezolana. Estas operaciones además estaban avaladas por Credit Suisse, la entidad financiera internacional que supuestamente ejecutaba las transacciones que nosotros realizábamos con el señor Illarramendi.  Si la documentación que garantizaba el aval por parte de Credit Suisse no era real, se trataría en todo caso de documentos fraguados por parte del señor Illarramendi en contra de mi confianza y perjudicando mis inversiones.

•    El segundo tipo de operación  que llevamos a cabo con  el señor Illarramendi durante los años 2006 y 2007, fueron varias operaciones de permuta denominadas internacionalmente como “Swap”, un tipo de operación perfectamente permitida por la normativa legal de Venezuela a raíz del control de cambio vigente en el país, y que consistía básicamente en una operación de cambio de un tipo de divisa por otro, en este caso dólares por bolívares, en las cuales actuamos exclusivamente como contraparte, lo que hace imposible generar ningún tipo de estafa ya que el cambio de moneda solo se desarrolla con el propio intercambio de una por la otra, y se resuelve en menos de 48 horas. La naturaleza de este tipo de operaciones, tanto las permutas como las notas estructuradas, hace imposible que se genere una estafa por nuestra parte.

•    Fuera de este tipo de operaciones no hemos realizado, ni yo ni mis empresas, ningún otro tipo de transacción o producto financiero con el señor Illarramendi.

Todas las operaciones que llevamos a cabo con el Sr. Francisco Illarramendi estuvieron apegadas al marco legal correspondiente, las cuales a pesar de ser inversiones de alto riesgo financiero, siempre nos rindieron los dividendos calculados, y en los tiempos establecidos, por lo que se puede considerar una relación de negocios exitosa, hasta el momento en el que fuimos sorprendidos por el reconocimiento por parte de Illarramendi, de haber cometido el delito de estafa con otras operaciones ajenas a las nuestras.      

La confianza o decisión de llevar a cabo operaciones financieras con el Sr. Francisco Illarramendi se basaron permanentemente en el respaldo que le ofrecía su reconocimiento en el mercado bursátil venezolano, y su trayectoria como parte de la reconocida institución financiera internacional, Credit Suisse, cuyo aval con más de 150 años de trayectoria y prestigio internacional, con operaciones en más de 50 países, fue suficiente para que confiáramos en la respetabilidad del Sr. Illarramendi, y decidiéramos llevar a cabo con él transacciones financieras y bursátiles.

También quiero añadir que el propio Sr. Francisco Illaramendi aclaró en una declaración jurada, el 21 de septiembre de 2012, que él actuó solo, sin conocimiento de otros, en los hechos en los que se declaró culpable.  El receiver del caso, el Sr. John Carney, ignorando estos hechos, y sin pruebas que me involucre, está dejando de velar por las víctimas del caso, entre las que me cuento.

-  Además, Carney alega que cuatro compañías de las Islas Vírgenes Británicas que usted controlaba en ese momento –Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp—recibieron millones en pagos por “ningún trabajo, servicio o valor”. ¿Cuál es su respuesta a este cargo? ¿Qué servicios proveyeron sus compañías a Illarramendi y/o sus compañías?

Yo no soy propietario ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International Ltd.  No existe ninguna documentación o declaración alguna que sustente este señalamiento en mi contra. Puedo asegurarle que en el caso de Northwestern International, que es la única por la que puedo hablar, nunca se recibieron regalos de Illarramendi, es completamente falso. El Sr. Illarramendi siempre se me presentó como el intermediario de Credit Suisse y otros grandes bancos que él me decía necesitaban permutar divisas, o disminuir su riesgo país.  Me ofrecía bolívares o riesgo país, que eran operaciones normales en el mercado para ese tipo de negocios, amparados siempre bajo el marco regulatorio del momento.  

Insisto en que no tengo ninguna responsabilidad en este caso. Todo lo contrario, soy una más de las víctimas pues se me ha involucrado sin ninguna prueba que demuestre mi supuesta participación, lo que me ha causado un gran daño reputacional, además de la retención por parte del interventor del caso, de más de 140 millones de dólares que corresponden a varias empresas en las que tengo participación, que son producto de las inversiones completamente lícitas y que también han involucrado de manera errónea en el proceso.

-  ¿Por qué hace usted negocios a través de entidades offshore como las Islas Vírgenes Británicas y Panamá?

Por la misma razón que tantas empresas en EE.UU. escogen al pequeño estado de Delaware para organizarse allí, por ejemplo. Las pequeñas jurisdicciones como esas se dedican a facilitar mucho la creación de empresas y ofrecer atractivos intereses a los accionistas. Además, hay importantes beneficios tributarios en esos lugares, precisamente para poder atraer inversiones. Según recuerdo, el presidente Obama le hizo esta misma pregunta a su contraparte, el republicano Romney, durante la campaña electoral del año pasado, y Romney respondió que los demócratas también tienen cuentas offshore. No me imagino la existencia de grandes grupos económicos, radicados en EE.UU. u otro país y cotizados en New York, Londres o Frankfurt, que no hagan gran parte de sus negocios offshore.

-    El síndico también alega que los sobornos para pagar al gerente de PDVSA, Juan Montes (también conocido como Black), fueron canalizados a través de compañías offshore que usted controlaba en ese momento. Por ejemplo, según los registros de la corte, el 22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para sobornos fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas bajo su control, Northwestern Ltd, así como otras dos compañías (Dobson y East Coast). ¿Cuál es su respuesta a esto?

Eso es una imputación que no solo es falsa, sino que ni siquiera está incluida en el expediente judicial. En más de un año, Carney no ha presentado ninguna prueba contra mí. Sin embargo, en el caso particular al que hace referencia haciendo mención a PDVSA, le aseguro que las únicas operaciones que llevé a cabo con el Fondo de Francisco Illarramendi, de las que tuve conocimiento que estuviera de alguna manera involucrada la empresa petrolera, fueron algunas operaciones en el mercado venezolano de permuta entre dólares y bolívares, las cuales eran totalmente transparentes y legales en Venezuela. La relación como Casa de Bolsa, era con el Fondo de Illarramendi y no con PDVSA. De hecho, Illarramendi fue empleado de PDVSA, por lo que no me necesitaba a mí para relacionarse con nadie en esa empresa.

Yo confío plenamente en que muy pronto mis declaraciones y documentación entregada serán consideradas lo suficientemente contundentes como para que la Corte del distrito de Connecticut descarte el caso planteado en mi contra. Y precisamente por no existir ninguna documentación o declaración alguna que sustente esas demandas, una vez cerrado el proceso, me reservo el derecho de ejecutar acciones legales contra el administrador John Carney, por daños económicos y reputacionales.  

-    El síndico dijo que en 2008, otra compañía de las Islas Vírgenes Británicas que usted controlaba en ese tiempo, Brave Spirit, recibió más de 3.6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a cambio de absolutamente nada”, reporteros de ICIJ han revisado registros de corporaciones que indican que usted y otras cuatro personas que comparten el apellido Beracha fueron accionistas de Brave Spirit en ese momento. Los registros muestran que usted era dueño de 50 por ciento de las acciones y era el único director de la compañía. ¿Cuál es su respuesta a este cargo?

No soy propietario ni tengo ninguna participación en una empresa con ese nombre.  

-  ¿Por qué le dijo usted en un email a Illarramendi de fecha 23 de octubre de 2007 que usted iba a abrir una cuenta bancaria en HSBC a Black? ¿Es Black el señor Juan Montes, el gerente de PDVSA al que se refiere el síndico? De cualquier manera, ¿por qué abrió usted cuentas bancarias para personas distintas a usted?

En primer lugar puedo asegurarle que no recuerdo ningún email como el que refiere, y de hecho no existe en el expediente una referencia a esa supuesta comunicación. Y menos aún, con un planteamiento como ese, pues tengo la seguridad de que ningún banco como HSBC, permitiría que una persona abra una cuenta en nombre de otro, sin cumplir con las normas que le exigen conocer sus clientes y el motivo de la transacción

-  ¿Por qué algunas de sus compañías en las Islas Vírgenes Británicas como Bradleyville Ltd y Northwester fueron transferidas a Nevis en 2010?

De las empresas que menciona, Northwestern efectivamente es de mi propiedad y se mantiene operativa en BVI. No tengo ni he tenido ninguna participación en alguna empresa llamada Bradleyville LTD. Otras empresas de BVI, en las que tuve algún tipo de participación, fueron liquidadas a principios de 2010, no transferidas a ningún otro lugar.

-  Usted le dijo a la reportera de ICIJ Emilia Díaz-Struck que usted había sido extorsionado en Venezuela. ¿Se encuentran conectadas esas extorsiones a este caso?

Las extorsiones de las que fui objeto surgieron a raíz de algunas publicaciones que se hicieron en el año 2010 de una manera muy irresponsable, en las que se me atribuía un monto falso y sumamente elevado, como mi supuesto patrimonio personal, cantidad que discrepaba completamente de mis activos reales.

Lamentablemente en los últimos tiempos en Venezuela suelen hacerse acusaciones sin base, con demasiada facilidad y de manera irresponsable.

Además, se sumó un intento de secuestro, lo cual afortunadamente no ocurrió, pero todo esto provocó que decidiera junto a mi familia viajar temporalmente fuera de mi país.

Una de las personas señaladas por este caso, popularmente llamado “La Vuelta”, como uno de los posibles intermediarios –brokers- (de un grupo de 17) que facilitó el fraude iniciado en 2003, abrió en el año 2004 una compañía en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal.

Samuel Maya Mayzel, empresario zuliano y parte del grupo de los 17, registró en las Islas Vírgenes Británicas, junto a tres socios más, la firma Polaris Consulting Management en diciembre de 2004, momento en el que la estafa estaba en pleno curso. La compañía en el paraíso fiscal ya no se encuentra activa. La información, proveniente de una serie de 2.5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), muestra que el proceso de incorporación de la firma se dio a través de la venezolana Gloria Araujo, quien a su vez hizo las gestiones con Portcullis Trustnet.

Los socios de Maya Mayzel también registraron empresas de forma independiente en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

Juntos, Marco Villasmil, Joan Manuel Fereira y Neptali Morillo –accionistas junto a Maya Mayzel de la firma en las Islas Vírgenes Británicas-, inscribieron en el año 2004 la compañía Lumarcoval Corporation en Panamá, según datos del Registro Público de Panamá, con un capital social de “500 acciones sin valor nominal -0- que podrán ser nominativas o al portador”. Además, Villasmil y Fereira están vinculados con el mundo de la construcción y tienen participación en firmas que han sido contratistas del Estado venezolano, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas.

Marco Villasmil, por ejemplo, fue socio de la compañía Proyectos Kit Casas, que participó en construcciones con el Ministerio de Infraestructura entre los años 2001 y 2003 como el Comando Aeropuerto Nueva Esparta y Las Josefinas en San Félix.

Por su parte, Joan Manuel Fereira aparece como Director Gerente de la firma Deconferca S.A., que además de tener registro en Venezuela, fue inscrita en Panamá bajo el nombre Deconferca Panamá en el año 2009 y está enfocada en el desarrollo de proyectos de construcción tanto civiles como industriales.

Un documento del Tribunal Supremo de Justicia también asoció a Fereira con el caso de “La Vuelta”. En el año 2006 la jueza Irasema Vilchez de Quintero, como presidenta de la Corte de Apelaciones, se inhibió en la causa llevada contra Freddy Manzano Tiniacos por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera, captación indebida de recursos y estafa, a raíz de sus vínculos familiares con Fereira.

“Por cuanto si bien es cierto el supuesto que se recurre no es precisamente en contra del ciudadano Joan Manuel Fereira Rosillo, el mismo aparece en la causa como querellado y como quiera que las decisiones no solo deben convencernos a nosotros mismos sino que también deben convencer al colectivo, es por ello que me inhibo del conocimiento de la presente causa”, argumentó Vilchez.

El artículo 430 de la Ley General de Bancos establece una pena de 8 a 10 años de prisión a quienes, sin estar autorizados, “practiquen la intermediación financiera, crediticia a la actividad cambiaria (…) y capten recursos del público de manera habitual”, por el delito de captación indebida.

Por la estafa de “La Vuelta”, que inició en el año 2003 después del paro petrolero de 2002, a través de la compañía Auto Leasing que ofrecía servicios de alquiler de vehículos a la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que terminó captando fondos en dólares de inversionistas con la promesa de altos porcentajes de retorno al mes para sostener su negocio, fueron señaladas más de 20 personas, entre ellas los dueños de la empresa implicada en el caso, como Nelson Navarro. La Dirección de Criminalística Financiera había determinado entonces que los montos recaudados por Auto Leasing llegaron a los 112 millones 962.680 dólares, según reseñas de esa época.

Samuel Maya Mayzel figura como elector venezolano, aún después de fallecido. Su deceso trajo el pronunciamiento de quien fuese amigo de la familia y primer alcalde del municipio San Francisco en el Zulia, Saady Bijani: “Samuel sostenía ayudas importantes a instituciones educativas y eran como sus propios hijos muchos niños y jóvenes becados. Ayudaba con recetas médicas y alimento a familias necesitadas. Era un hombre exitoso y emprendedor y por eso daba sin mezquindad”.

Su fortuna quedó en manos de su esposa y sus hijos, según indica una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que los declara como sus únicos y universales herederos después del deceso ocurrido el seis de diciembre del año 2010.

Samuel Maya, quien en la actualidad tendría 52 años, aún está como votante activo en el registro de electores del Consejo Nacional electoral actualizado para los comicios del 7 de octubre de 2012, en la Unidad Educativa Nacional Privada Natalicio del Libertador del municipio San Francisco en el estado Zulia. También los tribunales consideraron llamarlo a comparecer en 2012, dos años después de su fallecimiento, a raíz del cobro en bolívares a una empresa suya por parte del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, antes conocido como Fogade.