De tomarle la temperatura al presidente Hugo Chávez, Díaz pasó a convertirse en la cabeza de la Oficina Nacional del Tesoro venezolano en apenas unos años. Y de tener una vida de lujos en Madrid, llegó a una celda en una cárcel de mujeres en California, donde ahora comienza a cumplir una condena de 15 años de prisión impuesta en abril de este año por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, tras haber sido hallada culpable de participar de un esquema en el que permitió acceso a dólares del Estado venezolano a cambio de sobornos.

En el caso específico estudiado por el tribunal, Díaz, como cabeza del ente encargado de gestionar y custodiar los fondos de la República -así como determinar la emisión y colocación de bonos-, permitió al empresario Raúl Gorrín el acceso a dólares al precio controlado entonces por el gobierno venezolano, seguidamente. Gorrín transaba las divisas en el mercado negro y obtenía ganancias millonarias, según el esquema descrito por la justicia estadounidense.

El acceso privilegiado de Gorrín a divisas venezolanas significó un súbito enriquecimiento para Díaz y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa  también conocido como Guarapiche, oficial del Ejército, quien fuera jefe de seguridad del palacio presidencial también durante el mandato de Chávez. La pareja fue beneficiada con sobornos que permitieron la compra de todo tipo de caprichos, incluyendo un yate, dos aviones y hasta el lanzamiento de una línea de ropa de alta costura que comenzó -y terminó- en República Dominicana. El jefe de la sección de Fraude de la Fiscalía estadounidense, Markenzy Lapoint, en el escrito oficial donde pidió hasta 23 años de prisión para cada miembro de la pareja, describió con dureza que Díaz “actuó a sabiendas y deliberadamente para ejecutar su parte en el plan y se benefició sustancialmente al recibir más de 136 millones de dólares en sobornos”.  

A pesar de su exhautiva investigación y del veredicto condenatorio contra Díaz, emitido en diciembre de 2022, entre los fiscales quedó la sospecha de que la pareja pudo haber amasado una fortuna que se escapó del escrutinio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El escrito final de la fiscalía calificó como “engañosas y vagas” las respuestas de Díaz y Velásquez durante ese proceso judicial, que “podrían dar lugar a intentos en el futuro de recuperar el acceso a fondos ilícitos procedentes de sus delitos que no han revelado o de los que no han rendido cuentas”. 

El mismo día de la condena en Miami, otro integrante del equipo de la Fiscalía, Paul Hayden, advirtió con precisión que las autoridades federales “creen que [Díaz Guillén] está ocultando activos” por hasta seis millones de dólares. 

No dio detalle sobre a qué activos se refería. Pero, de todas maneras, al otro lado del Atlántico, en el bucólico Principado de Liechtenstein, en los Alpes, hay pistas de que las sospechas de Hayden y sus colegas fiscales estaban en lo cierto: se trata de la compra de 250 lingotes de oro (de un kilogramo cada uno) entre 2014 y 2015, valorados en 9,5 millones de dólares, a través de la empresa Amaze Holdings Limited, constituida en San Vicente y las Granadinas, cuya beneficiaria final era Claudia Díaz. De esta operación no hay constancia en los documentos del juicio en Florida ni entre los 537 elementos de prueba presentados por la fiscalía estadounidense.

Entre tanto, una investigación judicial que desde 2019 adelantaban en Liechtenstein, desentrañó una trama que reunía a empresas offshore, operadores bancarios, señalados testaferros de funcionarios del gobierno venezolano y, como gran hallazgo, a dos hasta entonces ilustres desconocidos: un ciudadano suizo de nombre Ronnie Budja, y otro venezolano, José Antonio Alcántara de la Torre, quienes, con 32 y 34 años en ese momento, fueron los únicos autorizados por Díaz Guillén como custodios, con acceso y capacidad de movilización de aquel oro hasta que su hijo, hoy con 14 años de edad, destinatario final del metal, cumpliera la mayoría de edad. 

Ahora, tras seguir su rastro a través de documentos judiciales de Liechtenstein, mercantiles e inmobiliarios en Francia, Mónaco, Luxemburgo, y de sus gestiones ante los programas de visa dorada de Chipre y Malta, los reporteros de Armando.info y del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) comprobaron que los dos hombres entraron de lleno en el mundo de las finanzas –juntos y por separado–, a la vez que buscaron hacerse de un nombre como mecenas de arte, en un período que coincide en el tiempo con la custodia del oro.

El engranaje suizo

Según la investigación de Liechtenstein, Ronnie Budja fue el representante de Amaze Holding Limited, la empresa que en 2015 efectuó la compra del oro, que por un tiempo reposó en la bóveda G1 de la empresa privada Liemeta AG, de origen suizo pero con las instalaciones de resguardo de metales en Liechtenstein. El documento señala que fue Budja también quien, tres años después, entre abril y noviembre de 2018, retiró 120 lingotes en cinco tandas. Más tarde, autorizó la salida de otros 90 lingotes, también en noviembre de ese año, y finalmente el traspaso del valor de 30 a su cuenta en enero de 2019 (lo que da una suma de 240 lingotes vendidos; el documento oficial no refiere que ocurrió con los restantes 10). 

En ese período, justamente, Claudia Díaz empezaba a concentrarse en su defensa contra los intentos judiciales en España -país donde se había instalado junto a su marido tras dejar República Dominicana- para extraditarla a Estados Unidos, cuya justicia la reclamaba y finalmente la obtuvo en mayo de 2022. Aunque no se sabe exactamente cómo Ronnie Budja pudo haber logrado tal nivel de confianza de parte de Claudia Díaz, como para ser uno de los custodios del oro, algunos mensajes intercambiados en las redes sociales X (antes Twitter) y Facebook, que datan de 2012 y 2013 y que todavía pueden encontrarse en Internet, sugieren que era amigo de Norka Martínez Luque, la hija mayor de Norka Luque, esta última íntima amiga de la exministra y hoy alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Investigaciones adelantadas por Armando.info como parte de los llamados Pandora Papers de 2021 revelaron entonces que Luque y sus tres hijas fueron las creadoras y beneficiarias de, al menos, 19 compañías incorporadas en distintas jurisdicciones, a través de las cuales compraron seis inmuebles, valorados en 5,5 millones de dólares, y un avión de 1,5 millones de dólares.

Por cierto, el vínculo con la familia Luque no fue la única intersección de Budja con protagonistas del movimiento fraudulento de capital venezolano en el sistema financiero internacional. Budja es el hermano menor de Nathalie Budja, antigua ejecutiva de los bancos suizos Credit Suisse, primero, y Julius Bär, después, que aparece mencionada como operadora de las cuentas en esos bancos del exviceministro venezolano, Nervis Villalobos, quien hoy tiene causas penales abiertas en su contra en España, Estados Unidos y Andorra por presunta corrupción y lavado de dinero. 

El parentesco entre Ronnie y Nathalie Budja lo confirma un documento elaborado por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) al momento de registrar una de las primeras empresas de Ronnie, Magma Capital, en la nación del istmo. En su hoja de vida se detalla que el propio Ronnie Budja trabajó, como su hermana, en el Julius Bär, entre 2006 y 2009.

Al año en que se autorizó la compra de los lingotes de oro a Budja corresponde también a los primeros indicios de su asociación con el venezolano José Antonio Alcántara de la Torre, dos años mayor que él y el otro nombre apuntado por la extesorera y exenfermera de Chávez, Claudia Díaz, como custodio de los lingotes de oro. 

Justo en 2015 ambos aparecen como los beneficiarios finales de una empresa registrada en la Isla de Man -una de las islas británicas en el Canal de la Mancha y paraíso fiscal- de nombre Goodfellas LP. Poco después, en 2016, Budja incorpora a Alcántara de la Torre como uno de los dueños de una empresa que había registrado en Mónaco, Midas Group, y establece el cambio de nombre de esta a JR Group, que combina las iniciales de los nombres de los socios. El capital social de esa empresa fue de 100.000 euros.

Mientras continúan las revelaciones del caso Liechtenstein, los expertos afirman que la corrupción entre funcionarios en Venezuela es extremadamente común, pero es muy difícil seguirles la pista y procesarlos dentro del país. “Los funcionarios en funciones pueden abusar de su poder, obstruir la justicia o manipular a los organismos hasta detener las investigaciones u obtener sentencias favorables", dijo Nikos Passas, profesor de criminología y justicia penal de la Northeastern University en Massachussets, Estados Unidos. “Siempre es difícil ir tras funcionarios públicos en ejercicio con influencia y poder”. Los abogados de Díaz no respondieron a múltiples peticiones de comentarios. 

Un europeo carabobeño

Nacido y registrado para votar en Valencia, capital del estado Carabobo en Venezuela, José Antonio Alcántara de la Torre aparece por primera vez ligado a la trayectoria de Claudia Díaz Guillén en 2008, cuando ambos fueron nombrados directores de rango medio en el Ministerio de Finanzas, a cargo entonces de Alí Rodríguez Araque. Según la Gaceta Oficial número 38991, Alcántara fue designado como Director General de Inversiones y Valores, mientras a Díaz la encargaban en “comisión de servicios” de la Dirección General de Egresos. 

Pero Alcántara estuvo en aquel cargo solo un año. De hecho, su paso desde la burocracia del Estado chavista al sector financiero privado se completaría pronto. Para 2013, año del fallecimiento de Hugo Chávez y del término de la gestión de poco más de dos años de Claudia Díaz como Tesorera de la República, Alcántara contrataba los servicios de la oficina suiza del bufete Henley & Partners para solicitar, en calidad de inversionista, la tramitación de la nacionalidad maltesa.

Al mismo tiempo, Alcántara introdujo los documentos en Chipre para obtener la nacionalidad de la isla. A la postre fue este intento el que rindió frutos y en abril de 2014 se convirtió en ciudadano chipriota. 

Malta y Chipre son estados insulares de la Unión Europea en el oriente del mar Mediterráneo. Aunque sujetos a la normativa continental, sus permisivos sistemas bancarios les otorgaron características de paraísos fiscales. No en balde, sirvieron de refugio a dineros negros y capitales golondrinas llegados desde Rusia y otros países del Este. Ambas naciones, además, coincidieron -como otros pares europeos- en la implementación de programas de las llamadas visas doradas o pasaportes dorados, por los que se prometían estatus de residencia o de ciudadanía a quienes aportaran determinadas inversiones. En el caso de Malta, la ciudadanía se concedía a quienes comprometieran una inversión neta de al menos 600.000 dólares, inamovible durante 36 meses. En Chipre, en cambio, la inversión alcanzaba 2,5 millones de euros.

Chipre canceló su programa de pasaportes dorados en 2020, tras comprobar que se había convertido en el subterfugio preferido para decenas de personajes implicados en casos de corrupción y lavado de dinero, que deseaban despistar a sus persecutores. Pero entonces ya había dado tiempo para que Alcántara, junto a otros cinco venezolanos, obtuvieran sus documentos chipriotas.

Tras aquella diversificación de su origen nacional, Alcántara procuró la financiera. También en 2013 el valenciano registró, junto a su hermana Bárbara Alcántara de la Torre, una empresa en París de nombre Creatum, con un capital inicial de un millón de euros. El objetivo de la empresa, todavía vigente según los registros de la capital francesa, es la gestión y administración de un apartamento en la avenida Foch, una de las más costosas de París, en un lujoso edificio con jardín interno.

Documentos a los que han tenido acceso OCCRP y Armando.info dan fe de que, a través de Creatum, Alcántara de la Torre compró ese inmueble por 1,4 millones de euros. También se supo que vive allí de forma intermitente. En dos oportunidades, entre marzo y junio de este año, le fueron enviados cuestionarios que, hasta la fecha, no ha respondido.

También los reporteros de esta historia le enviaron una solicitud de entrevista al lugar que, en los documentos de Creatum, apuntó como su residencia en el estado Carabobo, en Venezuela. Un residente del edificio, ubicado en el sector Valle del Camoruco en la capital carabobeña, confirmó que Alcántara de la Torre residió allí “hasta hace unos ocho años y no ha vuelto más”, y comentó que en el lugar sigue viviendo su padre, Pedro Alcántara, custodiado por un par de guardaespaldas.

Curso acelerado de filántropo

La investigación judicial de Liechtenstein revela que el oro en cuestión fue comprado entre 2014 y 2015, a través de Amaze Holdings y una trama de empresas registradas en San Vicente y las Granadinas, un paraíso fiscal del Caribe oriental cuyo gobierno es firme aliado del chavismo gobernante en Venezuela. El expediente del principado alpino alude a “fuertes sospechas” de que los recursos utilizados para ello provinieron de “fondos públicos transferidos fuera de Venezuela”.

Las pesquisas señalan que la empresa utilizada para la compra y almacenamiento del oro fue la suiza Liemeta AG. Aunque no se encontró una página oficial en la web de la central suiza, la de su filial en Chipre describe sus servicios: “Liemeta es una de las mayores casas de compraventa de monedas, lingotes y metales preciosos del Principado de Liechtenstein y de Suiza (…) Somos el socio ideal para intermediarios financieros (bancos, fondos, asesores de inversión, compañías de seguros, etc.) pero también para clientes particulares”. 

También en ese website la referida empresa se jacta de contar con la última tecnología de almacenamiento -solo guardan en la sede de Liechtenstein- y seguridad. Abunda en las ventajas de lo que llama la “custodia segregada”, que implica que “el oro, la plata, etc. almacenados con nosotros se asignan a nombre de nuestros clientes y se almacenan en custodia para nuestros clientes (...) no forman parte de nuestro patrimonio y no son patrimonio de nadie más. Pertenecen legalmente sólo a nuestros clientes específicos”.

Esto concede una importancia fundamental a la instrucción de custodia del oro emitida por Díaz en favor de Budja y Alcántara, quienes, durante el tiempo en que los lingotes estuvieron en la bóveda de Liechtenstein, emprendieron nuevos negocios y adoptaron nuevos roles de perfil público.

Alcántara, por ejemplo, pasó a formar parte del Comité de Adquisiciones para América Latina de la famosa Tate Modern Gallery, en Londres, uno de los museos de arte moderno más importantes del Reino Unido. Alcántara había mantenido esa posición hasta el año pasado, al menos, según lo reportado en el informe anual de 2022.

“Para pertenecer a esos comités por lo general no es solo gente que tiene dinero, o más que dinero, vale que tengas alguna fundación o seas coleccionista o das algún tipo de apoyo para tu comunidad artística [pero] tampoco tienes que ser necesariamente un experto en arte”, comenta una galerista y experta venezolana en arte contemporáneo que prefiere mantener su nombre en reserva. Dicho esto, tanto esa experta como otro miembro del Comité de Adquisiciones de la Tate consultados por los reporteros, aseguraron no conocer ni de oídas el nombre de Alcántara de la Torre. La oficina que regenta el mecenazgo de la Tate Gallery no respondió a la solicitud de comentarios enviada por Armando.info y OCCRP. 

En 2019, Alcántara de la Torre figuró junto con Budja en la lista de colaboradores de Serpentine Galleries, también en Londres, un importante complejo dedicado al arte moderno en los jardines de Kensington que aloja el proyecto de su pabellón anual, que se encarga cada año a alguno de los mejores arquitectos del mundo. Solicitudes de comentario enviadas a esta galería tampoco fueron respondidas. 

Por su parte, Budja fue más allá del mecenazgo artístico en la construcción de su perfil filantrópico. En 2017 se convirtió en donante de la fundación amFar (The Foundation for AIDS Research), dedicada a la investigación de paliativos del sida y su eventual cura. Ese año, Budja fue uno de los asistentes a una gala de la fundación para recaudar fondos en Milán, Italia, como parte de una lista de invitados que incluyó tanto a diseñadores de moda como Donatella Versace o Kenneth Cole y actrices como Mila Jovovich. 

Budja incursionó a fondo entre 2016 y 2019 en operaciones de gestión financiera y de bienes raíces. En una empresa radicada en el principado de Luxemburgo, BV Diamond, aparece como miembro del consejo de administración junto a otro ciudadano suizo, Daniel Hans Vogt, ejecutivo de una compañía de gestiones financieras y que es mencionado por la investigación en Liechtenstein como el que llevó a cabo el papeleo para la compra de los lingotes de oro. En 2019, poco después de terminar la extracción del oro de la bóveda, según el documento de Liechtenstein, BV Diamond fue disuelta.

En el resto de las empresas de Luxemburgo en las que Budja figura como socio (Con 2 Aif, Turicum Aif, Isabela Hold Co y Venloer4711), lo hace como un inversionista que aporta capital, en montos que oscilan entre cientos de miles hasta dos millones de euros. Son empresas con un amplio abanico societario, en las que llaman la atención los nombres de algunas figuras rusas de gran calado como Ilya Rybalkin, conocido abogado de magnates rusos (entre ellos, algunos sancionados por Estados Unidos), Evgeniya Tyurikova, también sancionada por Estados Unidos, y Mikhail Bondarenko, cabeza de la empresa i-Teco, pero descrito por reportes de prensa como trabajador en el área de inteligencia de la policía política rusa.

Fuera de estas complicadas asociaciones, la vida de Budja en otro principado, Mónaco, luce apacible. Cada año, eso sí, sale a participar en carreras de esquí en Los Alpes de su Suiza natal.

La historia de la sociedad entre Alcántara y Budja parece haber llegado a su final también con la custodia compartida del oro, pues con la salida de la última fracción del oro de la bóveda en Liechtenstein, en enero de 2019, también se consumó el final de JR Group, que fue disuelta por decisión de ambos socios en abril de ese mismo año. Su otra empresa en común, Goodfellas, no registró otra actividad más allá de su mera conformación.

A comienzos de este año, al ser contactado por Armando.info y OCCRP, Budja envió un amenazante acuse de recibo de un cuestionario a través de sus abogados y su hermana, Nathalie Budja, también respondió que "no desea ser contactada". Una tónica de opacidad que reconoce la misma investigación de Liechtenstein que, admite, no pudo “establecer el paradero posterior de estos lingotes de oro”.

Ese antecedente tuvo como beneficiario al régimen de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y considerado como el último dictador de Europa. Solo se conocen ahora los detalles del impago por documentos filtrados y obtenidos recientemente por una coalición periodística conformada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), el Centro de Investigación de Bielorrusia (BIC, por sus siglas en inglés) y Armando.info.

De acuerdo a la documentación, Bielorrusia quedó debiendo, deliberadamente, un pago restante que supera los 1.400 millones por cargamentos de crudo venezolano recibidos en medio de una amenazante crisis político-energética con su vecino oriental, Rusia, que le había cerrado las fuentes de suministro.

Fueron un total de 9,2 millones de toneladas (equivalentes a 65,8 millones de barriles) las vendidas por Pdvsa a Minsk mediante una fórmula de 80% de pago al contado, y 20% diferido. Este último fue el tramo que Bielorrusia nunca pagó.

Regálame eso

La operación se inició en 2010. En una de sus periódicas riñas, los gobiernos de Minsk y Moscú -aliados a veces mal avenidos, que a menudo planean federarse en una sola nación para enseguida enemistarse- estaban distanciados. La Rusia de Putin se negaba a seguir vendiendo crudo a la Bielorrusia de Lukashenko a precios subvencionados. Eran otros tiempos para los hoy socios en la guerra de Ucrania.

Ante ese virtual cerco, Lukashenko acudió al presidente Hugo Chávez. Que encontrara la solución en Venezuela, a miles de kilómetros, podía lucir extravagante y escasamente factible. Pero aún así tenía visos de realidad: de hecho, desde 2007, ambas partes ya habían firmado y puesto en práctica diversos acuerdos de cooperación, que si a la larga resultaron estériles, en lo inmediato habían convertido a Minsk en un proveedor de Caracas en materia de tecnología, camiones, tractores, y construcción.

En uno de los documentos revisados por la alianza periodística, suscrito originalmente por siete gerentes de Pdvsa y otros tantos de la bielorrusa JSC Belarusian Oil Company, se deja asentado que la estatal venezolana se comprometía a surtir de crudo tipo “Santa Bárbara o cualquier otro crudo de mutuo acuerdo” a su par bielorrusa entre 2010 y 2012. Los despachos serían pagados de la siguiente forma: 80% de cada cargamento a un máximo de 35 días después de recibido y “el 20% restante se abonará en la cuenta del vendedor y el uso de esta cantidad se definirá entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bielorrusia en un acuerdo diferente”.

Pero otro documento posterior, esta vez interno del régimen de Lukashenko, obtenido por BIC y fechado en mayo de 2015, admitía que de aquella fórmula 80-20, a Pdvsa nunca le llegó el pago correspondiente al tramo final. El documento bielorruso lo expresaba en contante y sonante: Pdvsa había dejado de recibir un poco más de 1.440 millones de dólares. Eso representaba 20% de la factura total de 7.057 millones de dólares, el precio de las 9,2 millones de toneladas de crudo que Venezuela había suministrado. 

Sin embargo, en el mismo documento, el gobierno bielorruso declara su posición sin ruborizarse: considera esa deuda como una “asistencia” del gobierno venezolano y, por lo tanto, no la pagará.

Minsk acepta en el documento “declarar su voluntad, de conformidad con las obligaciones contractuales entre JSC y Pdvsa, de establecer un grupo de trabajo intergubernamental para liquidar la deuda existente (…). Como posible alternativa, en respuesta a la asistencia venezolana en 2010, considerar la posibilidad de proporcionar asistencia a la parte venezolana (por ejemplo, mediante la organización de suministros periódicos de bienes de consumo no vendidos como productos químicos de uso doméstico, medicamentos, etc.), sin vincular el importe de la asistencia al importe de la deuda”.

La conformación de ese “grupo de trabajo”, todavía según el mismo documento, había sido propuesta por el entonces ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, en 2014.

Ramírez respondió desde su exilio a las preguntas de los autores de este reportaje, con la advertencia de que hablaba "de memoria porque no tengo acceso a los documentos". Con todo, recuerda que los bielorrusos "en algún momento comenzaron a negarse a pagar eso. Sobre todo cuando el presidente Chávez estaba enfermo. Cuando Chávez muere, lo primero que le digo a Nicolás Maduro es: 'hay una deuda de Bielorrusia con Venezuela, está documentada, ahí están los documentos, y tú como presidente tienes que hacer la presión ahí'. Maduro no hizo nada. Recuerdo que la única vez que hice una gira con Maduro estuvimos en Bielorrusia y él no me dejó entrar a la reunión porque sabía que yo iba a cobrar esa deuda (...)  Los bielorrusos dijeron una cosa insólita.. Que eso era un acuerdo de Chávez y Lukashenko y que si se Chávez se murió ellos no.... Y claro, nos faltó, del lado venezolano, que Maduro como presidente exigiera a su contraparte bielorruso que pagara esa deuda, sobre todo porque los bielorrusos a partir de la muerte de Chavez, y antes, incluso, tenían interés de vender equipos militares".

Asegura Ramírez que durante su gestión en Pdvsa el acuerdo con Minsk se asumió como un intercambio de petróleo por bienes y servicios. Pero "creo que se aprovecharon mucho de la buena voluntad de Chávez, tuvimos muchos problemas con las obras que ejecutaban en Venezuela y al final hubo una situación de acumulación de deudas. (...) Ese monto de 1.400 millones [de dólares en deuda] a mí suena más a 2.000 millones, que es el monto que yo tengo en la cabeza".

Ante esas deficiencias en las contraprestaciones bielorrusas, siempre según Ramírez, Pdvsa debía aguardar la extinción del contrato por incumplimiento, lo que no significó que se quedara de brazos cruzados. "Creo recordar que suspendí el suministro de petróleo ante el incumplimiento de la compañía y, bueno, lo que procedía era una demanda, pero yo ya no estaba allí (...) Hice la alerta a nivel de jefes de Estado. Si el gobierno bielorruso no quiere cumplir porque dice esta cosa loca de que Chávez se murió, entonces corresponde demandar a esta empresa bielorrusa (...) Ahora, ¿a quién correspondía demandar? Al gobierno nacional,  los que quedaron después en la junta de Pdvsa". Según Ramírez, el acuerdo original de venta de petróleo fue firmado por Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez y hoy también expresidente de Pdvsa, pero la relación con Bielorrusia la habría llevado el ministro Ricardo Menéndez -"que tiene ya como 50 años en el gobierno", apunta Ramírez- en coordinación con el viceprimer ministro, Vladimir Semashko, por la parte bielorrusa.

Los periodistas no encontraron pruebas de que se hubiera redactado algún otro acuerdo para el pago del 20% restante. Anatol Kotov, que trabajaba en la oficina del presidente Aleksandr Lukashenko en aquel momento, declaró que nunca se puso nada por escrito sobre el cierre del saldo. “Al final no se registró sobre el papel. De hecho, fue un acuerdo verbal entre Lukashenko y Chávez. Y en general, digamos, para Minsk oficialmente el problema de la deuda con Venezuela no existe en absoluto. Porque pagó 80% del precio y todo lo demás se consideraba un regalo. Tras la muerte del comandante [Chávez], en general, la postura oficial fue que se trataba de un regalo del hermano pueblo venezolano al pueblo bielorruso”, dijo a BIC.

Pdvsa no registró la deuda de Bielorrusia en un documento público y oficial más allá de una mención de su existencia en el informe anual de 2011 de la petrolera, sin mayores precisiones. La cifra superior a los 1.400 millones de dólares, según los cálculos de Minsk reflejados en los documentos, nunca se hizo pública.

Por su parte, Mikhail Kostechko, director general de la JSC Belarusian Oil Company, la petrolera estatal bielorrusa implicada en el acuerdo, afirmó que no existía tal deuda. "No sé en absoluto de qué tipo de deudas están hablando", dijo. Comunicaciones enviadas a Pdvsa y a la embajada de Bielorrusia en Caracas solicitando información o comentario al respecto no fueron respondidas.

La existencia de una deuda de esta magnitud poco sorprende a estudiosos de la relación entre Venezuela y Bielorrusia, sobre todo por el carácter informal y populista de sus líderes. El analista bielorruso, Pavil Slukin, lo explica de esta forma: “No sabemos en realidad cuánto pagó Lukashenko en petróleo y cuánto pagó Venezuela por esos servicios. Sólo la gente de adentro [lo puede saber]. Puedo imaginar que fue bueno para ambos. La razón es el poder sin control. Lukashenko no está controlado por la gente, no comparte información. Lo mismo ocurría con Chávez. (…) Lukashenko estaba contento de recibir petróleo barato y Chávez estaba contento de recibir tecnologías que, aunque no eran las mejores del mundo, eran bastante buenas para Venezuela. Todos estaban contentos, pero desde mi punto de vista era más interesante para Lukashenko, porque las empresas bielorrusas no tenían que invertir y todo se hacía con dinero venezolano. Eran servicios muy bien pagados”.

Mucho precio, pocas casas

En esa relación desigual, donde Bielorrusia podía ufanarse de estar ganando más, la construcción de viviendas de interés social en Venezuela fue un desaguisado emblemático.

Un documento interno del gobierno venezolano muestra que entre 2008 y 2010 ambos países pactaron en diez acuerdos la construcción de al menos 27.000 viviendas. En ese total, los proyectos más renombrados eran los de la promesa de construcción de 6.968 unidades en los sectores de Guasimal y la Base Libertador, en el estado Aragua -80 kilómetros al oeste de Caracas-, y el de otras 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna, en Caracas. Por Venezuela firmó el Ministerio de Vivienda y Hábitat y, por Bielorrusia, la empresa Belzarubezhstroy.

En 2014, Loymar Díaz se mudó a un apartamento de tres habitaciones junto a su primer hijo, que apenas tenía un año, y su madre, en el complejo construido en Guasimal. La vivienda le fue adjudicada dos meses después de haber hecho la solicitud formal ante el programa gubernamental Misión Vivienda, y aunque no deja de mostrar gratitud, hace un comentario llamativo: “No puedo quejarme. No tenía vivienda y ahora sí. El problema son los acabados. Pareciera que el dinero se acabó a mitad de construcción”.

Pero para esa construcción en particular había suficiente dinero, al menos asignado. Los documentos oficiales muestran que para las viviendas en Aragua el gobierno venezolano pagaría 695 millones de bolívares en 2008, que al cambio oficial de entonces representaba 323,3 millones de dólares, lo que equivalía a un costo prorrateado para cada vivienda de 46.403 dólares.  

Casi nueve años después de mudarse, Díaz muestra las paredes de su apartamento, manchadas por el agua que se filtra por las paredes al quedar depositada en las juntas de la fachada. Las fisuras en las tuberías forman burbujas en el friso. “Los primeros edificios que entregaron están en mejores condiciones que estos. El problema son los acabados y quizá los materiales que se usaron para finalizar el proyecto”, aventura Díaz una hipótesis con sus pocos conocimientos de construcción y plomería. El proyecto de Guasimal consistió en la fabricación y entrega de 2.520 viviendas proyectadas, 720 en un primer lote y las 1.800 restantes en un segundo lote, en el que estuvo la que finalmente sería la residencia de Díaz.

No llegó Chávez a ver la totalidad de las construcciones bielorrusas en Fuerte Tiuna, como tampoco lo ha hecho Nicolás Maduro, aunque en junio del año pasado hizo un acto simbólico de entrega de viviendas en el que banderas venezolanas y bielorrusas colgaban del edificio mientras una banda tocaba música folclórica tradicional. Tras chocar los puños con una cantante de 12 años, Maduro entregó las llaves a un grupo de niños, que condujeron a sus familias a las nuevas viviendas. 

Los apartamentos formaban parte de los 21.000 (de los 27.000 pactadas inicialmente) que la constructora estatal bielorrusa, Belzarubezhstroy, había acordado construir. En Fuerte Tiuna, la principal guarnición militar del país, en el suroeste de Caracas, menos de una décima parte de los 10.000 apartamentos prometidos están habitados. Una vista efectuada en diciembre de 2022 por Armando.info permitió comprobar que los edificios recién inaugurados por Maduro seguían vacíos. Los esqueletos inacabados de una docena de otros edificios se alzaban en las inmediaciones. 

Según los documentos revisados, una orden de pago firmada por el ministro venezolano de Vivienda en 2011, Ricardo Molina Peñaloza, explicaba al detalle los números de cuenta para pagar a Belzarubezhtroy: 227 millones de dólares “correspondientes al 30% del anticipo con cargo al Fonden” para “la construcción de 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, según el convenio Venezuela – Belarús”. Esta orden implica que el costo total del proyecto era de 756 millones de dólares, lo que dejaría a cada vivienda, si se cumpliera el proyecto de construir 10.000 de estas, a un costo de 75.600 dólares cada una. 

A mediados de 2011, un documento obtenido por BIC muestra que a Belzarubezhtroy se le transfirieron unos 525 millones de bolívares, aproximadamente 120 millones de dólares a la tasa oficial de la época. El trabajo se detuvo seis meses después, mientras Belzarubezhtroy esperaba otro desembolso de 227 millones de dólares, según un informe del gobierno de una reunión entre Chávez y Lukashenko en junio de 2012.

Una fuente familiarizada con el caso dijo que el ministro de Vivienda de Venezuela ordenó el pago después de la reunión, pero nunca se recibieron los fondos. Al final, la empresa bielorrusa señala haber construido 912 apartamentos, 20 guarderías y 40 pequeños locales comerciales. Los cálculos basados en estos datos muestran que cada unidad habría costado unos 122.000 dólares, según el tipo de cambio oficial de la época. 

Esto es más del doble de lo que, según los expertos, deberían haber costado. Un informe de 2018 de la Cámara Venezolana de la Construcción estimó que para levantar una unidad de vivienda social no deberían hacer falta más de 45.000 dólares. En el caso de Fuerte Tiuna, el presidente de la cámara, Enrique Madureri, estima que cada unidad debería haber costado aún menos, alrededor de 30.000 dólares. "Hemos hecho antes estimaciones de precios de las viviendas de interés social y 45.000 dólares por vivienda es un número muy conservador, que incluye, por supuesto, los costos del terreno, el financiamiento de la obra y el costo de la vivienda en sí. Tomando en cuenta que para construir en Fuerte Tiuna no había que hacer pagos de terrenos urbanizados, financiamiento, seguros, promoción y venta, podríamos decir que cada vivienda debió haber costado unos 30.000 dólares por unidad", afirmó.

Otro experto en urbanismo en Venezuela y estudioso de la Misión Vivienda, que pidió tener su nombre en reserva, señaló que de todas las construcciones de ese proyecto elaboradas en la zona metropolitana de Caracas, la de Fuerte Tiuna “fue la más ineficiente, simplemente porque fue donde más se prometió y donde menos se construyó”.

Por su parte Kotov, el funcionario bielorruso que trabajaba en la oficina de Lukashenko en el momento de los acuerdos, afirmó que Belzarubezhtroy cobró más del doble de lo que deberían haber costado las viviendas. Un cuestionario con preguntas dirigido a la empresa para aclarar los costos del proyecto nunca fue respondido por Belzarubezhtroy, ni las fuentes consultadas accedieron a aclarar el costo unitario real de cada una de las casas construidas o cuánto dinero recibió del gobierno venezolano.

En todos los escenarios de cálculo, incluso si se calcula al precio del dólar paralelo para la época, el costo de las viviendas hechas por Bielorrusia en Fuerte Tiuna excede la estimación de 45.000 dólares por unidad. Un sobreprecio que para Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, es uno de los grandes motores que impulsó la crisis económica del país.

“La Gran Misión Vivienda fue una de las grandes culpables de la crisis que vive Venezuela y no porque lo diga yo o lo digan los periodistas, sino porque lo dijo [el ex ministro de Planificación, Jorge] Giordani en aquella carta en que dijo que Chávez había quebrado al país con la Misión Vivienda para ganar las elecciones. Los montos a los que llegamos a tener acceso eran tan increíbles que uno no podía creer en lo que veía de las construcciones, tan deficientes. Sobre el manejo de los recursos públicos me faltan palabras para explicar lo terrible. Primero, para los temas de contratación no había formato de contratación ni exigencias básicas conocidas o condiciones, ni necesidades de permisos para los servicios de luz, agua, conectividad, transporte, el urbanismo. Eso no se consideró ni se exigió a las empresas que contrataban. Los acuerdos se firmaron sin tener en cuenta el tesoro de Venezuela o sus leyes anticorrupción, y ahora es difícil encontrar información sobre dónde fue a parar el dinero”. 

El Ministerio de Vivienda y Hábitat en Venezuela tampoco respondió a las preguntas.

Sobre ese contexto queda casi como una anécdota el incidente en el que el jefe de Belzarubezhtroy, Viktor Shevtsov, aliado de Lukashenko, fue detenido por la inteligencia bielorrusa en 2011, acusado de malversar unos diez millones de dólares de proyectos de construcción en Venezuela. La investigación se archivó y fue puesto en libertad al año siguiente, según informaron los medios bielorrusos. No está claro si entre los fondos malversados estuvieron algunos correspondientes a la construcción en Fuerte Tiuna, y Shevtsov no respondió a las peticiones de comentarios. 

Ganó la maleza

La deuda pendiente y el proyecto de viviendas muy bien pagadas pero nunca terminadas no son los únicos temas pendientes de aquella cooperación entre Chávez y Lukashenko. Otras manifestaciones de esa asociación no solo atraen la atención sino que muestran el alcance del despilfarro de modos más que elocuentes.  

En el último kilómetro antes de llegar, en la localidad de San Silvestre del estado Barinas, entidad llanera que fue tierra natal de Chávez, el paisaje advierte lo que viene. La vía, llena de huecos, flanqueada por altos pastizales, comienza a mostrar letreros desgastados por el sol y el agua. Uno apenas dice “Veneminsk” y otro, metros más allá, “Mazven”, conjunciones de las palabras Venezuela y Minsk -la capital bielorrusa- y de Venezuela con el acrónimo de “Minski Autamabilny Zavod” (MAZ) de los famosos camiones bielorrusos.

Con estos nombres fueron bautizadas dos empresas que, una frente a otra, pretendieron ser la perla de un “eje productivo” creado por Chávez y Lukashenko, abiertas en 2012 y cuyas enormes instalaciones hacen más intensa la soledad del único custodio del lugar. Veneminsk y Mazven, empresas mixtas que construyeron algunos tractores -la primera- y algunos camiones -la segunda- hoy están casi abandonadas a pesar de un exiguo intento de reactivación anunciado en marzo de 2022 de lo que también se ha bautizado como el Complejo Industrial Santa Inés. Las plantas debían fabricar miles de vehículos al año, pero la producción se retrasó desde el principio. 

Desde su inauguración hasta 2015, las fábricas, aunque con una capacidad instalada para producir 10.000 vehículos por año, produjeron menos de un tercio de los más de 13.700 vehículos que tenían programados, según cifras de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias que no se volvieron a publicar después de ese año. Específicamente, para 2012 y 2013 tenían programado producir 1.344 vehículos cada año pero se hicieron 100 y 605 respectivamente, para 2014 la meta eran 1.566 vehículos pero se hicieron 367 y en 2015, para la meta de 2500 apenas se alcanzaron a hacer 325.

Pero aquel relanzamiento de marzo de 2022, con la foto de 12 tractores en período de prueba (de un total de 30 recién ensamblados) que buscó ser la imagen del fin de cuatro años de paralización de una empresa creada para producir 18 tractores diarios, no fue más que otro gesto publicitario. La reactivación ha sido exigua, según confirmó un trabajador de Veneminsk. “No hay producción, lo que hacen es servicio de mantenimiento. Hay comedor. El personal unos se han retirado y otros que son de nuevo ingreso. Me dicen que Mazven está igual. Eso está todo parado, ahí no hay nada”. 

No está claro cuánto invirtió finalmente cada país en el proyecto. Bielorrusia calculó que la construcción de las dos fábricas costaría 55 millones de dólares, de los que Venezuela asumiría el 60% y Bielorrusia el resto. No está claro cuánto invirtió finalmente cada país en el proyecto pero en 2014 -apenas dos años después de su puesta en marcha- el entonces ministro de Agricultura de Venezuela, Yván Gil, hoy Canciller, visitó las plantas y pidió que se invirtieran 70 millones de dólares adicionales para mejorar su decaída producción. 

En 2016 y 2017, el medio digital del chavismo crítico, Aporrea.org, denunció que Venezuela llevaba años sin suministrar materia prima a las plantas, lo que casi paralizó la producción. A finales de 2021, el ministro de Industria de Venezuela visitó una de las plantas, Veneminsk, y prometió que la producción se "reactivaría". Y en 2022 una comisión parlamentaria inspeccionó la fábrica tras ser denunciada por supuestas irregularidades, pero todavía no muestra signos reales de recuperación. 

El Ministerio de Industria de Venezuela, responsable de las fábricas, no respondió a una solicitud de comentarios. 

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Este reportaje se hizo con el apoyo de Isayén Herrera.

Addenda: En la versión original de este reportaje, publicada el miércoles 12 de abril de 2023 a las 11:00 am de Caracas, no aparecían declaraciones del exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño. Ramírez habló con los reporteros luego de la publicación, y en consecuencia se agregaron al texto, a las 8:00 am del jueves 13 de abril (hora de Caracas), algunos segmento de esa conversación, editados para su mejor comprensión.